Nacionales

Fuente:  Adrián Murano| El Destape Web Fecha: 21 de diciembre de 2020 “Cristina tiene el papel de llevar al debate público lo que nosotros venimos pensando, fantaseando y pergeñando de una forma más tímida. Cristina nos pone un norte, lo que hay que hacer, pero no es sencillo llevarlo adelante. Nos pone en esa situación complicada. De eso trabaja, Cristina”. El sábado por la tarde, en el cierre del VII encuentro nacional de Salud, el gobernador Áxel Kicillof ofreció la mejor definición sobre el rol de Cristina Fernández en la coalición de gobierno: sacar a dirigentes y funcionarios de la zona de confort que ofrecen las poltronas de los despachos. El gobernador lo dijo en alusión al llamado de la vicepresidenta a reformar el sistema de Salud, uno de los tabúes más oscuros y delicados a los que un gobierno se podría enfrentar. El propio Kicillof, que en los inicios de su carrera de economista hizo una investigación profunda sobre el tema, trazó las dificultades que presentará esa batalla. “En el plano de la salud hay intereses poderosísimos y prácticamente imperceptibles, que operan subrepticiamente -describió el gobernador-. La clave para enriquecerse y hacer de la salud un negocio es hacerlo de manera oculta. Y eso involucra inmensas complicidades. Detrás de lo que conocemos como ‘la salud’ -la aparatología, los medicamentos, los diagnósticos- hay negocios multimillonarios, espanta saber el dinero que mueve el negocio de la salud” concluyó Kicillof. El llamado a reformar el sistema de salud argentino formó parte del discurso de Cristina en el acto del Frente de Todos en el ex estadio único de La Plata, rebautizado esa misma tarde como “Estado Único Diego Armando Maradona”. Los medios del sistema de poder interpretaron el acto como una “marcada de cancha” pública de la vicepresidenta al presidente, Alberto Fernández, por poner al consumo como motor de la recuperación económica o plantear que los funcionarios que no funcionan se busquen “un laburo mejor”. Nada que Cristina no hubiese dicho antes, porque como bien describió Kicillof: “De eso trabaja, Cristina»: de marcar objetivos delicados. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE  Gobernar es afectar intereses. Los gobiernos, en tal caso, se definen por qué intereses afectan o protegen. Imposible conformar a todos en un país con la mitad de sus habitantes bajo la línea de pobreza, seis de cada diez hogares con problemas de ingresos y siete de cada diez jóvenes en la marginalidad económica y laboral. Un país así -como la Argentina- requiere de modificaciones “de raíz”, como pidió Cristina, en el encuentro nacional de Salud. “Después de la pandemia estamos ante otro mundo, otro país en materia sanitaria -dijo la ex presidenta-. Por lo tanto las soluciones parciales, los parches, no sirven. Debemos imaginar algo muy diferente”, arengó Cristina, como antesala de su propuesta a crear un Sistema Integrado de Salud que involucre al sector público, al privado de medicina prepaga y a las Obras Sociales. Claro que, como recordó Kicillof en ese encuentro, en política rige el principio de acción y reacción: cuando se toca al poder fáctico hay réplica. Y el vuelto no es en caramelos. Parte del Poder Judicial custodia a los dueños del dinero, al igual que los principales medios de comunicación. Esa estructura fraguó el lawfare, que goza de imperturbable vitalidad, militó contra la cuarentena y ahora opera contra la campaña de vacunación. Total normalidad. El Ejecutivo se ampara en la asimetría de recursos mediáticos para justificar sus problemas de comunicación. “Yo a veces siento que hablo con un megáfono y enfrente me responden con el sistema de sonido de una banda de heavy metal” le dijo el presidente a la madre de la plaza Taty Almeyda, en El Destape radio. Atentos a esa percepción presidencial, los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano -del grupo mediático América- elevaron una propuesta de “plan canje”: el control de la energética Edenor a cambio de una línea editorial “albertista” en sus medios de comunicación ¿Win-win?  La relación con las corporaciones es materia de debate interno en el Frente de Todos. También hay diferencias de criterios sobre las prioridades, la audacia y la velocidad en la agenda de gobierno. Pero el acto en La Plata fue un modo de ratificar la unidad como método de convivencia y táctica electoral. Los números convalidan el esfuerzo. Un estudio de opinión pública de la consultora Proyección señala que el oficialismo casi duplica en intención de votos a la oposición. “En cuanto a la representación del electorado -detalla el informe-, el Frente de Todos agrupa un 40.9% y Juntos por el Cambio 22,5%, mientras que un 27,4% no se siente representado por ‘Ninguno’”. El detalle: la encuesta de Proyección se concentra en la provincia de Buenos Aires, un territorio clave para la vida política argentina. Pobreza, desempleo e inseguridad lideran las preocupaciones en el distrito, donde Kicillof mantiene una alta ponderación. Un 59,8% destacó positivamente algún área de gestión del Gobierno Provincial. Entre las áreas con mejor desempeño se posicionan Salud, Desarrollo Social y Obra Pública. El líder opositor con mejor imagen en territorio bonaerense es Horacio Rodríguez Larreta, que gobierna otra jurisdicción. El fenómeno no es casual: con un presupuesto que supera varias veces a los municipios vecinos del conurbano, Larreta gobierna un distrito rico rodeado de carencia estructural. Es natural que muchos bonaerenses consideren que los brillos porteños son mérito de la gestión, y no, como fue, del malogrado diseño de un país federal con rasgos unitarios. En el gobierno porteño creen que la buena performance de Larreta en las encuestas bonaerenses llevaron al oficialismo a corregir el 1,5% de coparticipación que Mauricio Macri le regaló a la Ciudad. Es probable: en ocasiones, como suele ocurrir con el bacheo, las buenas acciones políticas surgen de la especulación electoral. 

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 20 de diciembre de 2020 Habitamos un mundo muy desigual. Los gobiernos que tienen como objetivo transformar sus economías y sus sociedades en un sentido progresista están llamados a implementar medidas que, gradualmente, vayan reduciendo esa desigualdad. El Instituto de Estudios de Políticas (IPS) estadounidense junto a Norteamericanos por la Equidad Fiscal (ATF), en base a datos de la revista Forbes, hicieron un relevamiento actualizado sobre los milmillonarios de EE.UU. Según este informe, en ese país hay 651 personas que tienen una fortuna personal superior a los mil millones de dólares. Durante la pandemia, estos milmillonarios aumentaron su riqueza en un 36 por ciento. Ello significa que lo acumulado por ese grupo creció más de un billón de dólares. Pasaron de tener 2,9 billones en marzo a casi 4 billones la semana pasada.PUBLICIDAD El informe agrega que, de esas 651 personas, los 15 más ricos tuvieron una ganancia de 477 mil millones de dólares. Ello indica que las fortunas de esas 15 personas crecieron durante la pandemia un 56 por ciento. El resto –los otros 636 milmillonarios– incrementaron su riqueza un 28 por ciento. Es decir, unos 588 mil millones de dólares. ¿Quiénes son estos milmillonarios? En los primeros lugares de la lista se encuentran los propietarios de Google, Amazon, Facebook y Apple, entre otros. Es el mundo del capitalismo digital o de plataformas. La mayoría son empresas que enfrentan duros conflictos con los países de Europa y los Estados Unidos y están siendo investigadas por declarar gran parte de sus ganancias y patrimonios en países de baja tributación. El informe también señala que el dinero que ganaron estas 651 personas permitiría que, por ejemplo, en Estados Unidos cada familia compuesta por cuatro personas recibiera un cheque de 12 mil dólares. “Nunca antes Estados Unidos había visto tal acumulación de riqueza en tan pocas manos”, afirmó Frank Clemente, director ejecutivo de ATF. Tomando otro ejemplo, Mackenzie Scott, la ex esposa de Jeff Bezos, se convirtió, tras su divorcio, en la mujer más rica del planeta con una fortuna estimada en 67.400 millones de dólares. Además, su patrimonio creció un 81 por ciento desde agosto de 2019. Recientemente, ha decidido donar a 384 organizaciones de los 50 estados de los EE.UU., más Puerto Rico y Washington D.C., 4.158 millones de dólares en bancos de alimentos, fondos de ayuda de emergencia y servicios de apoyo para los más vulnerables, entre otros destinos. ¿Cuál es el dato que más me interesa resaltar? Que 4158 millones de dólares es una cifra comparable a la que podemos recaudar en la Argentina, en un escenario óptimo, con el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas. Por supuesto, lo que queda claro es que la riqueza está concentrada en pocas manos, tanto a escala global como local, y que es necesario tener políticas de redistribución. Imaginemos, por ejemplo, la posibilidad de implementar una política pública global según la cual todos los milmillonarios del planeta tuvieran que hacer un aporte similar al que Mackenzie Scott hizo de manera voluntaria en los Estados Unidos. Seguramente, se podría generar un fondo de asistencia que permitiría resolver a nivel mundial problemas que hoy son dramáticos. Lo que siempre decimos: recursos hay, lo que sucede es que no están donde deberían estar. En síntesis: un pequeño sector acumula riquezas inmensas mientras otra parte mayoritaria de la sociedad aumenta sus niveles de pobreza. Por eso, allí donde crece la desigualdad es necesario generar una tendencia en sentido contrario a través de medidas que la reduzcan. La acumulación permanente de riquezas de una parte minoritaria de la sociedad sólo puede ser limitada por políticas públicas activas que son, justamente, las que tienden a ser atacadas por esos sectores privilegiados. En nuestro país es lo que sucedió con el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas aun cuando alcanza sólo al 0,02 por ciento de la población y, por lo tanto, exceptúa al 99,98 por ciento restante. Además, buena parte de este sector mayoritario accederá a algunos de los beneficios previstos en la ley que acaba de ser promulgada por el Poder Ejecutivo. En este escenario, la Argentina está llevando adelante varias medidas relevantes porque se orientan a restringir cierto accionar de los grandes conglomerados empresarios. Por ejemplo, cuando el Gobierno da una batalla por los 5 mil millones de dólares exportados no liquidados, está trabajando para aumentar sus reservas y reducir las presiones de grandes empresas exportadoras sobre el mercado de cambios. La supervisión, por parte de la AFIP, de las triangulaciones de las grandes compañías que exportan, sobre todo de las cerealeras, es otra de las medidas que van en la misma dirección. La triangulación es una maniobra que se realiza en el mundo entero: consiste en despachar la producción a un destino final haciendo pasar los trámites por lugares intermedios donde rige una menor tributación. Por ejemplo, una empresa exportadora argentina le vende a China, los productos exportables salen efectivamente de nuestro país hacia su destino final pero, en los papeles, figura que son despachados a una estación intermedia, por ejemplo Uruguay, un lugar donde se pagan menos retenciones. Eso se llama elusión tributaria. La hacen posible las imprecisiones o fallas de las reglamentaciones y de los mecanismos de controles, agravadas durante los cuatro años de gestión de Juntos por el Cambio. Otra iniciativa en el sentido que estamos describiendo es la reglamentación de la Ley de Góndolas, un avance para restringir la concentración, favorecer la competencia y abrir el espacio a terceras marcas en los grandes centros de compra. La nueva norma reglamentada introduce una serie de regulaciones para corregir, entre otras deformaciones, la ocupación por parte de las primeras marcas de casi todo el espacio de exhibición, mientras los productos de otras empresas son relegadas a lugares poco visibles. Con la nueva ley se establece un tope de la ocupación de las góndolas por parte de las marcas de una misma firma y ello contribuye a limitar las conductas monopólicas o de posición dominante de las grandes corporaciones. El Gobierno toma medidas permanentemente.

Fuente: Demián Verduga | Tiempo Argentino Fecha: 6 de diciembre de 2020 Dos decisiones en una semana. El autoritarismo político judicial está vigente. La Cámara de Casación avaló el accionar que se hizo con los arrepentidos en la Causa Cuadernos y la Corte Suprema confirmó la condena contra Amado Boudou en la Causa Ciccone. Casación refrendó la violación a la Ley del Arrepentido. El artículo 6 de la norma dice expresamente que las delaciones deben “guardarse en un soporte técnico” que permita su posterior verificación. El tribunal consideró que un escrito era “suficiente”. El Congreso puso un artículo específico sobre el soporte y el Poder Judicial avaló el sistema que se usa desde la era de la familia Picapiedra. El fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio tomaron decenas de declaraciones de supuestos arrepentidos en Cuadernos. Ninguna se filmó. ¿Qué tenían que ocultar? Uno de los dueños de la empresa Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, fue de los tantos empresarios que aparecieron en los supuestos cuadernos de Oscar Centeno. Declaró en abril de 2019, cuando llevaba preso seis meses, que Stornelli le había dicho que si quería volver a su casa y no seguir en el penal de Ezeiza tenía que ayudar a encarcelar a “los mugrientos”, los Kirchner.PUBLICIDAD Lo contado por Ferreyra en un tribunal de segunda instancia deja claro por qué nada se filmó. Hubieran sido las pruebas del delito. Sería como un narco que se grabe en el momento que realiza la transacción. Pocos días después, la Corte rechazó la posibilidad de revisar lo actuado en la Causa Ciccone, en la que el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado. Los medios del establishment quieren ver a Boudou en la cárcel. Se apuraron a presionar al tribunal oral que le concedió el arresto domiciliario en abril. La Causa Ciccone está fundada en la declaración del arrepentido Alejandro Vanderbroele, que al ingresar al programa de protección de testigos consiguió financiamiento del Estado para montar su hostería en Mendoza. Un hábil emprendedor turístico. ¿Y quién era el presidente del Tribunal Oral 4 que condenó a Boudou durante el gobierno de Macri? Uno de los miembros del trío maravilla: Leopoldo Bruglia, a quien Macri premió trasladándolo a dedo a la Cámara Federal porque mandó a la cárcel a Boudou. ¡Que se note! Esa es la consigna del lawfare.PUBLICIDAD Este viernes hubo una movilización para respaldar a Boudou. Es fundamental instalar la disputa contra el lawfare en la calle. El día en que Alberto Fernández inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso tuvo pasajes centrales dedicados al autoritarismo disfrazado de lucha contra la corrupción. Fue un eje clave del discurso. La vocación del presidente por desterrar esa práctica fue clara desde el principio. El tema es que 18 días después de ese discurso vino la pandemia. Y la derecha recibió un milagro. Porque solo la pandemia más importante de los últimos cien años podía lograr que la situación social y económica que dejó Macri empeorara. Hasta el expresidente, con su 65% de imagen negativa, se ilusiona. Cree que el Covid puede producir la magia de que muchos argentinos digan: “Con Macri estábamos mejor”. La pandemia puso todo en segundo plano. Gobernar es poner prioridades. El Ejecutivo trató de salvar la mayor cantidad de vidas posibles buscando un equilibrio para que la economía no se destruyera. No se puede analizar este primer año de Alberto sin poner la pandemia en el centro. El impulso que toda gestión tiene cuando empieza tuvo que ser invertido en el Covid. El efecto “benéfico” para la derecha es que le permitió recobrar fuerza. La Argentina tiene un faro eterno cuando hay que batallar contra el autoritarismo. Son las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. No se trata de comparar el macartismo de Macri con el plan de exterminio de la última dictadura. Se trata de encontrar ahí la guía para la batalla cultural contra esta forma de autoritarismo. El lawfare es un tema que impregna en sectores hiperpolitizados. Ni siquiera es trascendente para el grueso de los votantes del Frente de Todos. ¿Cómo ampliar la conciencia sobre su funcionamiento y su peligrosidad para la democracia? Son interrogantes más fáciles de escribir que de responder. Es una batalla cultural necesaria para construir una relación de fuerzas que impulse las reformas.

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 6 de diciembre de 2020 Durante la última semana Horacio Rodríguez Larreta comprendió que su precandidatura a la presidencia deberá contar con algo más que el soporte comunicacional de la trifecta mediática, el apoyo de las grandes fortunas y/o el aval de las delegaciones diplomáticas de los países centrales. Ser el consentido de los centros de poder no parece ser suficiente, por ahora, para disimular los negociados y los desatinos diseminados junto a su promotor político, el ex Presidente Mauricio Macri. La derecha local, articulada en la actual etapa bajo el sello cambiemita, se caracteriza por patrocinar a los más privilegiados en detrimento de los más vulnerables. Esa marca en el orillo es la que justificó el pago de 10.000 millones de dólares a los fondos buitre en 2016, cuando la ONU se había expedido a favor de la Argentina en su pleito contra esos hedge funds ocurrido pocos meses antes, en septiembre de 2015. Y esa predilección también es la que se observa en la caída de un 20% del salario de lxs trabajadores en el cuatrienio, mientras los sectores más acaudalados fugaban 85.000 millones de dólares durante el mismo periodo. También se manifiesta, análogamente, cuando se analiza el exorbitante endeudamiento externo y la distribución inequitativa de la coparticipación federal. Afinidades conducentes: privilegio para los poderosos y escarnio para los más necesitados. El último viernes Alberto Fernández convocó a los mandatarios provinciales a firmar el Consenso Fiscal 2020. Dicho acuerdo autoriza a las provincias a mantener algunos impuestos que el macrismo buscó eliminar, impide el endeudamiento en dólares –una de las fuentes más asiduas del financiamiento de la CABA­– y limita los pleitos de las provincias contra la Nación. Los tres puntos son contradictorios con las políticas de Juntos por el Cambio, y se convierten en los motivos centrales de la autoexclusión del Consenso Fiscal. Sobre todo el último, que le impediría darle continuidad al esquema de judicialización de la política, remanido recurso utilizado por la derecha local desde que el kirchnerismo osó disputarle genuinos espacios de poder a los grupos monopólicos concentrados. La Ciudad de Buenos Aires recibía hasta 2015 el 1,4% de los recursos coparticipables; y el gobierno macrista elevó dicho porcentaje a un 3,75% en 2016 para dejarlo en 3,5% un año después. El ex Presidente duplicó el monto sin debatir dicha decisión en el Congreso y pretendió justificar su resolución en el traslado de una parte de la Policía Federal a dependencias de la seguridad metropolitana, sin divulgar los montos a ser orientados específicamente a esas tareas. Dicha decisión motivó la airada crítica de los gobernadores y el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que era un incremento desmedido y que debía corregirse: “Vamos a asegurarnos que la Capital sólo llegue lo que implica al traspaso de la Policía Federal”, afirmó el 27 de enero de 2016. El último martes 1º de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que recupera fondos coparticipables para reorientarlos en forma más equitativa. Esa decisión fue el prólogo del Consenso Fiscal, sellado el viernes, cuya imagen evidenció la comunión de la totalidad de las provincias argentinas y puso en evidencia la desconexión de Larreta, responsable de administrar la jurisdicción más acaudalada del país, donde arraiga el PBI per cápita más voluminoso de la Argentina. Dibujar presupuestos En octubre pasado Alberto Fernández había dispuesto, a través del decreto 735, que el porcentaje orientado a Ciudad será del 2.32% hasta que el Congreso disponga el monto adecuado para financiar la seguridad metropolitana. El proyecto aprobado el martes, que debe ser refrendado por la Cámara Alta para convertirse en ley, establece un 2.4% de coparticipación y un monto a ser consensuado entre la CABA y Nación respecto a la financiación de la seguridad metropolitana. El blindaje comunicacional, sin embargo, no alcanza para eludir que el tema de fondo es a quién se beneficia y a quién se condena. Y son los propios integrantes de Juntos por el Cambio los que no pueden eludir esta encrucijada: “Con respecto a las diferencias entre jurisdicciones –afirmó el senador Martín Lousteau el último 21 de septiembre, en el plenario de comisiones– todos nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires está discriminada fuertemente en el reparto de recursos…” La Ley de coparticipación (23.548 de 1988) dispone que CABA recibe lo que le fija la Nación. Mauricio Macri dispuso por decreto que ese monto alcanzaba el 3.75% (y luego el 3.5%) y Alberto Fernández –con la misma atribución constitucional que su predecesor– dispuso otro porcentual. La controversia central refiere al monto que debiera recibir CABA para solventar el servicio transferido por la Nación (el fragmento de la Policía Federal integrada a la metropolitana). Sin embargo, el larretismo se negó en forma sistemática a exhibir los montos derivados a ese financiamiento, pretendiendo justificar su porcentaje del 3.5% obtenido gracias a su vínculo con su mentor. De ahí su amenaza de recurrir a la Corte Suprema, que deberá hacer malabares, si quiere beneficiar a sus protegidos, para explicar por qué puede ser cuestionable la decisión del actual Presidente cuando los anteriores hicieron lo propio con idénticos instrumentos institucionales. Los cambiemitas insisten en caracterizar al 2.5%, asignado por el decreto o por la futura ley, como una quita o una confiscación enmarcada en “una decisión inconsulta”. Esta aseveración es análoga a la hipotética denuncia por desfalco efectuada por un delincuente luego que un allanamiento policial se dispusiese la custodia de los bienes previamente hurtados por el denunciante. Para darle un barniz justificatorio, el larretismo ha decidido incrementar, al límite del ridículo, sus previsiones de gasto con relación a Seguridad. Mientras que en 2016 esa partida era asimilable –en porcentaje– a Educación y/o a Salud, en 2020 y 2021 (para fundamentar la continuidad del 3.5% otorgado por Macri) han previsto llevar el gasto al triple que en Educación y casi el doble que en Salud. Prioridades claras y dibujos presupuestarios de nula calidad pictórica. Este derrotero revela la autoexclusión arrogante de Larreta en ocasión del

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 6 de diciembre de 2020 Juntos por el Cambio suele intervenir en la política argentina utilizando su aptitud para construir ficciones. Durante estos últimos días presenciamos un nuevo intento de generar un relato integralmente falsificado. Han sostenido que se le está quitando recursos a la Ciudad de Buenos Aires, se la está asfixiando financieramente o se la está intentando poner de rodillas. Por supuesto: todo ello no es verdad. Es una construcción mediática sin sustento. Seguramente piensan que si una mentira se repite muchas veces se transforma en verdad. Y no es así: una mentira es siempre una mentira. Veamos el tema en detalle. Lo primero que es necesario aclarar: lo que se está debatiendo en la actualidad no es la coparticipación. Lo que se discute es el exceso de recursos que la Nación le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires en ocasión del traslado de algunas funciones de la Policía Federal. Corría el año 2016, la Ciudad recibía un 1,40 por ciento de recursos coparticipables y el presidente Mauricio Macri elevó por decreto ese porcentaje a 3,75 por ciento, si bien al poco tiempo corrigió ese dato y lo bajó a 3,50. La cuestión es que la diferencia entre 1,40 y 3,50 por ciento excede largamente el costo de los servicios de seguridad transferidos. Es decir: lo que se produjo allí fue una especie de donación graciable por parte del entonces reciente Presidente de la República, Macri, en favor del distrito que él mismo había gobernado hasta muy poco tiempo atrás y que había quedado a cargo de su socio político, Horacio Rodríguez Larreta. Esto es lo que pasó. Por eso, ahora lo que se está intentando hacer es poner las cosas en su lugar. Es decir, sumarle al 1,40 por ciento de coparticipación que por ley tiene asignada la Ciudad, el monto del costo de los servicios transferidos tal como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso dos, quinto párrafo. El mismo dispone que no se puede transferir un servicio sin los recursos para su prestación. Por supuesto: esos recursos están garantizados en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con media sanción del Senado y modificado por Diputados, y lo que estamos corrigiendo es simplemente el exceso que Macri le transfirió por decreto a la Ciudad en 2016. Pero no es el único exceso cometido por el ex Presidente y el actual jefe de Gobierno de la Ciudad. Hay otros: por ejemplo, las transferencias de 135 inmuebles, muchas de ellas efectuadas luego de las elecciones, es decir, después de octubre de 2019. Por otra parte, el texto que aprobamos en la Cámara de Diputados, y que ahora vuelve en revisión al Senado, fija un periodo de 60 días para que las partes alcancen un acuerdo. También dispone que la Comisión Federal de Impuestos —un órgano técnico inobjetable— establezca un dictamen sobre cuáles son los montos que la Nación le tiene que trasladar a la Ciudad por los servicios transferidos. El proyecto, además, sostiene que las transferencias deberán hacerse en forma mensual y automática y se actualizarán de manera trimestral. Para ello, se utilizará un índice compuesto por el 80 por ciento del salario promedio de la Policía Federal y el 20 por ciento del Índice de Precios al Consumidor de CABA. Por eso, creo que la discusión que está promoviendo Juntos por el Cambio tiene que ver con la interna que tienen adentro. No hay otra explicación. Escuchándolo a Rodríguez Larreta da la sensación de que desconoce lo que se aprobó. Sus argumentos no tienen ningún sustento. En la misma perspectiva, y dentro de la ficción general que intentan construir, está la afirmación de que quienes fuimos elegidos como diputados por la Ciudad de Buenos Aires, al votar este proyecto de ley, habríamos traicionado los intereses de los vecinos de la Ciudad. Es otra falacia. ¿Ello quiere decir que para representar a los habitantes de la Ciudad tenemos que avalar procedimientos irregulares? Además de proteger los intereses de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de este distrito tenemos que defender los intereses de la Nación, porque somos diputados nacionales y, entre otras cosas, debemos cumplir con lo que establece la Constitución. Esta última dispone, tal como hemos dicho, que cuando se transfiere un servicio hay que hacerlo con los recursos para que ese servicio se pueda prestar. Y eso es lo único que estamos queriendo hacer. Ni siquiera se les está pidiendo que devuelvan los recursos que recibieron de más: en tres años alrededor de 86 mil millones de pesos que actualizados por inflación darían hoy una cifra sustancialmente mayor. Ni tampoco los cerca de 900 millones de dólares en inmuebles que la Nación graciosamente también transfirió a la Ciudad. En este mismo sentido se pronuncia el comunicado de los diputados y diputadas del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires: “actuamos siempre, y también lo hicimos en la última sesión de la Cámara, de acuerdo a nuestras convicciones, con honestidad y con compromiso con el pueblo que nos votó. Teniendo la certeza de que esta adecuación de los recursos necesarios para financiar la policía transferida a la Ciudad no generará ningún perjuicio a los ciudadanos y ciudadanas porteñas. Estamos simplemente obedeciendo lo que dicta nuestra Constitución para reparar una acción ilegal de Macri que Rodríguez Larreta aceptó sin más”. Pero, el debate que acabamos de reseñar sucedió junto a otra serie de hechos relevantes. Por ejemplo, entre otros temas, el Senado acordó con el Poder Ejecutivo la modificación del proyecto sobre los aumentos jubilatorios: el 5% de incremento de diciembre, que en el proyecto original era a cuenta del aumento de marzo, ahora quedó como firme, es decir, como un incremento consolidado y no como un anticipo. Otro cambio importante es que los ajustes serán trimestrales y no semestrales, lo cual es una modificación significativa en la actualización de los haberes del sector pasivo. Este viernes el Senado también convirtió

Fuente: Eduardo Aliverti | Marca de Radio Fecha: 21 de noviembre de 2020 El Gobierno recuperó iniciativa y hasta sus contendores admiten que perdieron centralidad de agenda. A partir de ahí puede discutirse cómo se sitúa cada quien frente los asuntos en danza, pero es innegable que hoy la oposición corre detrás de las instalaciones temáticas oficiales y no al revés. Que por fin se haya debatido y sancionado en la Cámara baja el propósito de aplicar un tributo a las grandes fortunas (apenas 360 de ellas significan el 60 por ciento del monto imputable); que el Presidente se comprometa a empujar la legalización del aborto como decisión de salud pública imprescindible; que ya esté en marcha un operativo fenomenal para la vacunación masiva contra el coronavirus (aunque comunicado con una dosis excesiva de optimismo, quizá); que se lance una gran ofensiva de obra pública, son ingredientes positivos. Una consideración similar correspondería a que el arreglo con el FMI fue trasladado al año próximo, con Biden asumido pero, sobre todo, con un panorama económico (muy) eventualmente más claro si es que todas o alguna de las vacunas producen efecto. Nada de eso significa un horizonte despejado, ni por asomo. Los números inflacionarios; el nuevo festival de bonos para controlar la cotización del dólar; la incertidumbre por cómo se ejecutará cierta recuperación con los índices de desempleo y falta de trabajo que deja la pandemia; atravesar diciembre; el interrogante inmenso de la vuelta a clases; los haberes jubilatorios, son componentes angustiantes. Pero por algo será que la oposición, a falta a de disparadores más atrayentes, se concentra en la novela aburrida del Ministerio Público Fiscal; el pedido de indagatoria a Carrió por la red de espionaje macrista; la obsesión continua por cada señal intrascendente de Cristina contra Alberto y viceversa; el militar la palabra “ajuste” nada menos que desde sus antecedentes espantosos, que la llevaron a la derrota. Una mirada rápida a los sumarios de la prensa opositora revela que noticias frívolas, ligadas mayormente al mundo del espectáculo, a los escándalos de personajes mediáticos, a “la inseguridad”, al deporte, son principales. Cualquiera diría que hay una relación inversamente proporcional entre eso y el hecho de que el grueso confrontativo no da muestras de saber para dónde desembuchar, excepto por el agotador denuncismo anti K y la protección al macrismo vandorista. Tienen además un intríngulis complejo con la sobreexposición de los cruzados libertarios. Los Milei o los Espert aseguran griterío y extravagancias antipopulistas para satisfacción del panelismo televisivo; pero a la vez, con elecciones legislativas a la vista que habilitan -como siempre- toda cana al aire de un sector del electorado, corren el riesgo de estimular la división del voto gorila. Sería más útil observar otros aspectos. Hay un dato de enormidad pedagógica, no solamente simbólico, que Alejandro Bercovich recordó el viernes en su columna de BAE Negocios, con base en lo que otro colega, Hugo Alconada Mon, publicó en su libro La raíz de todos los males. Se trata del aporte solidario y extraordinario que Mauricio Macri les pidió a los dueños de grandes haciendas para la campaña presidencial de 2015: un 1 por ciento de sus patrimonios. Es la mitad de lo exigido a esos magnates en el proyecto que recibió media sanción de Diputados, para ayudar en la emergencia. “Aquella contribución era sobre el total y no sólo sobre lo declarado, tal como el propio autor ratificó más tarde bajo juramento ante el juez platense Ernesto Kreplak. La ventaja era que podía integrarse en efectivo o en especie, porque el comité de campaña prefería todo ‘barrani’ para no exceder el gasto permitido”. La cuestión es que Macri recaudó unos 7500 millones de pesos, a valores de hoy, para sufragar actos, medios y cartelería; una cifra once veces superior a lo declarado por los recolectores cambiemitas ante la Cámara Nacional Electoral. Como señala Bercovich, el subregistro difícilmente pueda ser impugnado con autoridad moral por el Frente de Todos, pero sí expone la contradicción de los grandes contribuyentes que, si era por Macri Presidente, estaban bien predispuestos a la exacción privada mientras ahora se indignan por la estatal. Es también en el libro de Alconada Mon donde figuran como aportantes macristas los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que el jueves agregaron su grito en el cielo por el “impuesto a la riqueza”: Rocca, Bulgheroni, Roggio, Eurnekian, Pescarmona, Escasany, Elsztain, su ruta. Como elemento mucho más directo -aunque en el mismo sentido- puede tomarse el tweet que, desde su cuenta oficial, lanzó el bloque del PRO. Fue tarde cuando quisieron borrar que, ante a la imposición del aporte a patrimonios individuales portentosos, en tanto representantes del 46 por ciento de la Cámara de Diputados votarían a favor de los intereses del 0,02 por ciento más rico de la población argentina. Y por si poco fuese en materia de sincericidios, colmaron el vaso las declaraciones de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, en su diálogo con el humorista Fernando Iglesias. La formación docente es uno de los vectores de lo que dijo la funcionaria, y lo abordó con una superficialidad que espanta al mínimo rigor requerido. Es llamativo que ni uno solo de los cuadros o figuras académicas de que dispone la derecha se dispuso a respaldarla. Se borraron del mismo modo colegas y autoridades mayores del gobierno de la Ciudad, ayudadas por un periodismo independiente al que le pareció mejor no insistir con el tópico so pena de embarrarla más todavía. Nadie discutiría con seriedad que es todo un tema cómo se forman los educadores, y precisamente por eso es una ofensa inaguantable que Acuña lo haya remitido a la proveniencia de clase, el ventajerismo de la pobreza, la edad, la militancia política. Todo eso en medio de cómo vienen cargándose los docentes una coyuntura inédita y dramática, más allá de factores individuales que nunca pueden ser elevados al rango de conjunto del área. En percepción absolutamente subjetiva, la ministra no se dio cuenta o relativizó que sus afirmaciones trascenderían y, más bien, se sintió en una charla reservada de compinches. Si

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 22 de noviembre de 2020 Al calor del debate sobre el aporte solidario a las grandes fortunas, el último jueves las propaladoras comunicacionales del establishment local difundieron las 20 propuestas del Grupo Constituya, un nuevo think tank de la derecha argentina que prioriza la protección de los colectivos más opulentos de la sociedad para sobrecargar el peso de la crisis sanitaria en las mayorías populares. Su programa insiste en favorecer a los más poderosos. Promueven la reducción de salarios, la eliminación de la doble indemnización y la potestad para aplicar suspensiones y/o despidos. Se autodefinen como un colectivo digital ciudadano, apartidario, plural y con raigambre federal, pese a que sus iniciativas no difieren de las motorizadas por la actual oposición. Sustentan visiones ortodoxas, sus integrantes son porteños y varios de sus integrantes fueron funcionarios o asesores del cuatrienio macrista. Es decir, ni apartidarios, ni plurales, ni federales. Coherentes con el resto de los colectivos comprometidos en imponer un sentido funcional a los intereses de los grupos concentrados, el Grupo Constituya se muestra compasivo con los multimillonarios, a quienes considera discriminados y víctimas de políticas confiscatorias. Insisten, además, que dicho aporte redundará en una serie de abominaciones gigantescas. Las  cuatro advertencias de estos defensores de los millonarios son: Se generará una reducción de la inversión local; Se incrementará la desconfianza externa y se perderán oportunidades de inversión extranjera; Se perderán empleos; Se ahondará la recesión como producto de la presión fiscal. La primera proposición asevera que una política de índole aperturista, orientada a la desregulación creciente del mercado, es más recomendable para garantizar el incremento de la inversión. Sin embargo, la performance evidenciada en este rubro por parte del macrismo alcanzó en 2019 el mismo guarismo que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, un 17 % del PBI. No hubo cambios pese a la flexibilidad otorgada a los capitales y la promocionada lluvia de inversiones. En donde sí hubo sustanciales modificaciones fue en la fuga de capitales, que no dejó de incrementarse durante el cuatrienio macrista, llegando a triplicar los valores durante tres de los cuatro años de su gestión: La segunda afirmación busca fomentar el pánico en relación a una supuesta pérdida de inversiones externas productivas. Sin embargo, si se observa con detenimiento la  Inversión Extranjera Directa (IED) en las últimas décadas, su comportamiento estructural aparece como autonomizada de las políticas decididas por los diferentes gobiernos. La IED en América Latina y Argentina es cada vez menos relevante dado que sus flujos se han trasladado al sudeste asiático y hacia regiones donde no existen regulaciones laborales. En el año 2000, la IED en nuestro país representaba 0.91 % del total global. En 2010 ese porcentaje se redujo al 0.43 %. Y en 2019 –bajo la mendaz euforia macrista– al 0.19 %.  Esa pendiente es similar a los guarismos que se observan en América Latina: en el año 2000 –plena efervescencia neoliberal local, protagonizada por Domingo Cavallo– el total de la IED de Argentina suponía el 20 % del total latinoamericano. En 2010 se desplomó al 5.39 % y en 2019 alcanzó apenas el 3 % del total. Diversas razones pueden explicar esta mala performance. Pero la más importante radica en que la IED elige costas donde el trabajo carece de derechos y la Argentina no ha sido el mejor lugar para sojuzgar a las sindicales. La inversión externa se resiste a ingresar porque no logran imponerse las flexibilidades laborales que exigen. Extorsiones La tercera presunción se vincula con la pérdida de empleos que ocasionará el aporte extraordinario. Esta aseveración también supone una falacia de origen, basada en la teoría de que las políticas promercado, motorizadas por la ortodoxia, garantizan la empleabilidad, y que –por el contrario– las políticas tributarias progresivas son perniciosas para la inclusión laboral de índole formal. La realidad empírica no parece coincidir con esa hipótesis: el empleo privado (el más valorado por la narrativa neoliberal argenta) decreció en el cuatrienio macrista en forma progresiva y absoluta, tanto en su volumen como al interior de los sectores de las grandes empresas, las medianas, los pequeñas y las microempresas. Todos resultados antagónicos a las jactancias del libre mercado. La cuarta advertencia apocalíptica se vincula con la potencial recesión que, advierten, va a generar al aporte extraordinario, como producto de la denominada presión/carga fiscal. Según Luciano Laspina, uno de los diputados del interbloque de JxC, el proyecto de Ley “es confiscatorio. El Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad”. Sin embargo, en términos tributarios, Argentina no aparece entre los países con mayor presión tributaria. Viene debajo de Uruguay y Brasil en el ranking internacional de ingresos fiscales clasificado por la OCDE, el centro de análisis de los países ricos que admira el establishment local. La UIA es otra de las organizaciones que funcionan como guardaespaldas de los magnates. En su defensa aseveran que el aporte “profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida”. Sin embargo, el FMI exige el incremento de los impuestos a los sectores más ricos: “Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario, y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”. El director del Departamento de Finanzas Públicas de ese organismo multilateral, Vitor Gaspar, justificó la recomendación en la necesidad de invertir los ingresos resultantes en el financiamiento de los servicios críticos, como las redes de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”. La derecha argentina se sitúa, sin sonrojarse, a la mismísima diestra del FMI. Hay quienes sienten que al proteger a los poderosos se transforman en sus pares, buscan ser como ellos para participar, aunque sea marginalmente, de sus lujos. Otros, son subyugados por prosaicos intereses crematísticos: apuestan a recibir las migajas monetarias que los empresarios reservan para sus fieles servidores. En este grupo se destacan diversos comunicadores del establishment, habituales empleados de la trifecta mediática, que son seducidos por sobresueldos