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Judíos protestan por condiciones en centros de detención de migrantes

Fuente: Voz de América | Redacción Fecha: 9 julio 2019 Link a video:  https://www.youtube.com/watch?v=_tcVkPYJF1U 18 judíos fueron arrestados este martes cuando participaban en una protesta en el corazón de Washington por las condiciones de los centros de detención de migrantes de Estados Unidos en la frontera con México. De acuerdo a la nota de prensa publicada por el colectivo Never Again Action, que organizó la manifestación junto a Sanctuary DMV y La ColectiVA, la idea era tomar acción y mostrar solidaridad por el “ataque del gobierno de los EE.UU. a las comunidades de inmigrantes, que constituyen una crisis moral”. El grupo explicó que protestaron en el edificio de oficinas de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, porque “esta crisis moral está ocurriendo en todo el país, no solo en la frontera” y consideran que el Congreso es “responsable”. “Los perpetradores y facilitadores de estos campamentos no son solo agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y CBP (Patrulla Fronteriza). El Congreso financia a estas agencias”. Recientes reportes de agencias federales denunciaron una sobrepoblación importante y condiciones de salud delicadas en centros de detención de Texas. Además, el foco también se ha puesto en los menores de edad, quienes pasan días o semanas detenidos, cuidándose los unos a los otros, en instalaciones sin las condiciones adecuadas. El grupo recordó que en los últimos meses han fallecido siete niños y 12 adultos bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. “Como judíos, sabemos que lo que comienza como deshumanización puede convertirse en violaciones graves de los derechos humanos. Nos negamos a dejar que estos horrores sigan por más tiempo”, indicaron en el texto. El comunicado también hace referencia a los 4.600 millones de dólares aprobados por el Congreso recientemente y firmados por el presidente Donald Trump que servirán para camas e instalaciones temporales. Indican que esos fondos servirán para financiar “la criminalización, detención y deportación de aquellos que buscan refugio en nuestra frontera sur. El argumento de que ICE y CBP necesitan fondos para mejorar las condiciones es una mentira descarada. Necesitamos libertad, no jaulas más bonitas”. Never Again Action aseguró que no “permaneceremos en silencio” mientras siga ocurriendo esta situación en la comunidad de migrantes en EE.UU. Funcionarios estadounidenses han asegurado que los reportes sobre alimentos y agua inadecuados y celdas sucias en una estación en Texas no tienen fundamento. El presidente Donald Trump ha asegurado que el informe sobre las malas condiciones de los centros de detención es «falso» y «exagerado».

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Crece la injerencia militar estadounidense en Argentina

Fuente: Matías Caciabue y Paula Giménez | Estrategia.la Fecha: 29 junio 2019  La hecatombe económica del gobierno neoliberal de Mauricio  Macri ahoga a la Argentina en el mar de intereses militares y geopolíticos de Donald Trump. Bajo patrocinio de los Estados Unidos la Conferencia de Ejércitos Americanos realiza ejercicios militares en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, y el responsable del Comando Sur, Craig Faller, visita Buenos Aires para cerrar diversos acuerdos y alinear a la Argenitna en contra de Rusia, de China y de Venezuela. Crónica de una Argentina ocupada en “defensa del medio ambiente” La protección de la biodiversidad está siendo la excusa para la realización de prácticas de ocupación en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, corazón del Acuífero Guaraní. La provincia argentina de Misiones fue el epicentro de un “Ejercicio Internacional de Operaciones Interagenciales en Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales”, organizado por la Conferencia de Ejércitos Americanos –organización interamericana surgida luego de la revolución cuban,a que cuenta con el patrocinio del Pentágono-, el Ejército argentino y la Subsecretaría de Protección Civil de esa provincia. Esto es posible gracias a las nuevas reglamentaciones que el gobierno de Mauricio Macri impuso para permitir la articulación de las instituciones de protección ciudadana (bomberos, defensa civil, entre otras), de las fuerzas de seguridad interior (policía), las fuerzas armadas argentinas, y su actual alineamiento neoconservador con las fuerzas extranjeras. El nuevo marco jurídico, como el brindado por la Ley 27287 promulgada en 2016 sobre el Sistema de Gestión de Riesgo, rompe con el entramado jurídico que el país se dio luego del retorno democrático de 1983. Los ejercicios se realizarán en la localidad de Puerto Libertad, en alrededores de la represa Urugua-í, con la presencia de representantes de ejércitos de quince países, donde destaca la presencia de Canadá, Estados Unidos y España. En una entrevista con el diario “El Independiente” de Misiones, el subsecretario de Protección Civil de la provincia, Enrique Parra, puso en evidencia la centralidad militar en estos supuestos ejercicios civiles: “hemos trabajado en otras oportunidades con las fuerzas federales lo que pasa es que el ejército viene con toda su estructura y vamos incorporándonos en su estructura de trabajo”. El portal Infobae, especializado en informar la agenda neoconservadora en el país, acreditó la participación de 450 civiles y militares en los operativos. Por su parte, la prensa de Misiones detalla la realización de cuatro grandes ejercicios militares que, detrás del relato de la protección al medio ambiente, parecieran estar direccionados a aceitar la acción civil y militar ante un eventual ataque militar o “terrorista”. El primer ejercicio simuló una fisura de la represa de agua de Urugua-í.  El segundo simulacro, la caída de un avión en plena selva misionera. El tercero fue sobre el hundimiento de una embarcación en el lago Urugua-í, y el último fue el de una simulación de un accidente de un camión con productos químicos de riesgo. ¿“Terrorismo” internacional en el país? Desde que asumiò Macri la presidencia, en más de una oportunidad en la prensa hegemònica se planteó la existencia de células “dormidas” de Hezbollah en la zona de la triple frontera, la zona donde casualmente se hicieron los ejercicios militares, algo que nunca pudo ser fehacientemente comprobado. Al contrario de lo que el martilleo mediático informa, Hezbollah es una organización política y militar que surgió en Líbano en 1982 como respuesta a la invasión de Israel a su territorio. Su estatus de organización “terrorista” para los Estados Unidos apareció cuando en 1983, en plena guerra contra esa ocupación israelí y occidental, mediante ataques suicidas que mataron a 258 estadounidenses en un cuartel de la Marina de los EEUU en Beirut. Lo extraño es que, luego de la guerra, Hezbollah se ha transformado en un partido legalmente constituido que cuenta, actualmente, con una de las bancadas más importantes en el parlamento libanès. Eso lo ha llevado a formar parte, sin inconvenientes, del gobierno de coalición del presidente cristiano, Michel Aoun. En Argentina, esa organización fue, sin pruebas, reiteradamente acusada de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA (1992 y 1994), e incluso de hasta haber sido responsable del “asesinato” del fiscal Alberto Nisman (aunque todo indicaba que fue un suicidio). El Comando Sur estadounidense visita Argentina  Casual o causalmente, los ejercicios militares en Misiones coinciden con la visita del almirante Craig Faller, Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU a Argentina, para luego dirigirse a Chile. El objetivo de la gira de Faller es señalar a China, a Rusia y a Venezuela como amenazas para las “democracias” hemisféricas. “Creo que una alianza fuerte entre nuestros dos países dejará fuera de la competición a otros países, incluidos China y Rusia”, señaló el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas norteamericanas que atienden, controlan e intervienen en Latinoamérica. Venezuela, como escenario geopolítico central de la región, no escapó del análisis del comandante estadounidense, señalando que la tarea del momento “es estudiar los informes de inteligencia, aprender y conseguir un cierto entendimiento de la situación y de la complejidad de este desastre, para así poder planificar el día después”. El jerarca militar visitó al ministro de Defensa argentino, el radical Oscar Aguad, y a la secretaria de Estrategia y asuntos militares, Paola Di Chiaro (vinculada al influyente Fulvio Pompeo (1), junto a Liliana Ayalde, una especialista en asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado que ofició como embajadora norteamericana en Paraguay, durante el golpe de Estado a Fernando Lugo,  y en Brasil, durante el impeachment (juicio polìtico) a Dilma Rousseff. La presencia de Craig Miller viene con el ofrecimiento de aviones y vehículos blindados a las Fuerzas Armadas argentinas. En otras palabras, la industria militar estadounidense provee las armas y el Comando Sur los entrenamientos. Palabras finales En tiempos de definiciones electorales, pareciera que la estrategia oficial es empujar a discutir sobre Hezbollah y Venezuela y dejar de discutir el hambre, la pobreza, la desocupación de millones de argentinos y argentinas. Argentina transita una feroz recesión provocada por un proyecto económico que

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Un ALCA a la europea

Fuente: Emiliano Guido | Nuestras voces Fecha: 29  junio 2019 Mauricio Macri festejó ayer con globos y épica el pre-acuerdo político entre la Unión Europea y el Mercosur. Este convenio es el camino hacia un pacto comercial primarizador que destrozará la competencia de nuestras economías regionales. Europa ingresará al mercado latinoamericano sin aranceles y a cambio ofrecerá mínimas cuotas de acceso a su mercado agrícola. Sin embargo, el consenso logrado implica solo el aval para una negociación técnica que deberá ser aprobada luego por el Congreso. ¿Es el fin de la soberanía de América Latina? El gobierno nacional dio ayer un carácter de histórico al pre-acuerdo político alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, el consenso logrado implica solo el aval a una negociación técnica donde aún no se ha suscripto la letra chica del tratado. En lo concreto, Cambiemos festeja la posibilidad de pactar un tratado de libre comercio que, dada las asimetrías del bloque zonal con Bruselas, ahondará la primarización nacional, pulverizará la competencia de nuestras economías regionales, pondrá en un pie de igualdad a las empresas europeas que busquen competir en las licitaciones locales de compras gubernamentales y fortalecerá el poder de arbitraje de los tribunales extranjeros cuando una corporación pretenda litigar al Estado nacional. En 2016 el Secretario de Comercio Miguel Braun advirtió que el verdadero objetivo del tratado era “cerrar la puerta de la región al populismo”. “Car for cows”, autos por vacas, advirtió el día jueves el portal Político explicitando cuáles eran los nichos negociables entre el Mercosur y la Unión Europea. De esa manera, el medio europeo, con acceso a fuentes diplomáticas que estaban pujando en la letra final del anuncio, visibilizaba con mucho ingenio las expectativas de cada bloque: Bruselas intentando consolidar la entrada de su producción industrial de autos en el Cono Sur, y el bloque mercosureano con el horizonte puesto en buscar acrecentar el ingreso de nuestras exportaciones de carne y lácteos en el amurallado comercio europeo, donde su sector primario está muy subsidiado. Un día después, y tras veinte años de un diálogo intrabloque sin consensos, ayer se alcanzó un acuerdo de carácter político entre las dos ententes comerciales para avanzar en un tratado de libre comercio que profundiza el rol de Argentina y de la región como abastecedora de materias primas a los países centrales; en este caso, a Europa. Lo que no pudo lograr la administración de Fernando De la Rúa, a inicios de siglo, cuando su gobierno, y los pares zonales alineados con su visión aperturista, intentaron avalar el pacto desregulatorio interamericano conocido como ALCA, sí pudo ser concretarlo –aunque a nivel transoceánico– la gestión de Mauricio Macri y la de su colega  brasileño Jair Bolsonaro, que traccionaron con su voluntad a economías menores como la de Paraguay y Uruguay, el último país en pleno cronograma electoral, al igual que nosotros. Es decir, sobre la narrativa autocelebratoria de los medios argentinos que ayer sobrevendieron el acuerdo con Bruselas dándole una capa de épica a una negociación diplomática incluyendo pasajes literarios en sus crónicas –La Nación consignó que Macri “no pudo dormir en las horas finales de las negociaciones” y Clarín detalló que el Canciller Jorge Faurie “lloró” al momento de comunicarle la noticia al Jefe de Estado– lo que terminó de plasmarse es una hoja de ruta que redibuja el comercio intrabloque con el clásico sesgo de metrópoli y periferia. Nosotros exportaremos vacas, ellos nos venderán autos. “Car for cows”. Varios sectores políticos, sociales y referentes de la investigación académica salieron a dar su mirada crítica acerca de lo suscripto por Cambiemos. “Este acuerdo comercial es una expresión actualizada de la presión que la Unión Europea y Estados Unidos vienen sistemáticamente realizando en las negociaciones comerciales, promoviendo una apertura indiscriminada de las economías de la región y buscando las mayores garantías para la colocación de sus productos, tal como se intentó con el ALCA”, comienza advirtiendo un comunicado de los sindicatos de la CGT nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores. Ese documento difundido ayer con el título “No al acuerdo Mercosur- Unión Europea” alerta que gracias al TLC suscripto con Bruselas, la Unión Europea “obtendrá mayores nuevas aperturas y concesiones en las áreas de inversiones, compras gubernamentales, servicios (educación, salud) y propiedad intelectual. En contrapartida, el acuerdo incluirá en la oferta mínimas cuotas de acceso a su mercado agrícola. De esta manera, el Tratado le asegura a la UE poder continuar con su política de subsidios a sus agricultores para competir vendiendo sus productos a precios inferiores a los costos de producción, lo que constituye una práctica comercial desleal conocida como dumping”. Por su parte, días atrás la Red Observar –un capítulo integrado por usina de ideas populares como el centro de investigación económica CEPA– publicó un interesante informe titulado “Mercosur- Unión Europea: un ALCA silencioso” donde, al contrario de lo que puede pensarse, vaticinan que el TLC en marcha no sólo va a impactar sobre el capítulo económico del Cono Sur. “Parte de la opacidad existente en torno al proceso negociador entre el Mercosur y la Unión Europea es atribuible a un equívoco fundamental: que las negociaciones en marcha serían sobre todo de tipo comercial. Lejos de ser así, la mayor parte de los temas en discusión son de carácter estructural y comprometen ámbitos críticos para el desarrollo nacional”, sostiene la Red Observar en uno de los párrafos significativos de su documento. A su vez, el paper “Mercosur- Unión Europea: un ALCA silencioso” justifica lo explicitado con las siguientes líneas argumentales: “El Secretario de Comercio Miguel Braun indicó en el año 2016 que el Acuerdo contribuiría a que el populismo no retorne a América Latina. En el marco de la negociación la UE no reconoce en ningún tramo el concepto de asimetría entre las partes, y avanza en consecuencia. Pese a que quintuplica en PBI al Mercosur, registra casi 10 veces más patentes al año, y más que duplicó sus exportaciones a la región en los últimos diez años, ha obtenido hasta el momento un sinnúmero de concesiones en materia de desgravación de

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Honduras, una década de golpes e inestabilidad

Fuente:  Nery Chaves García y Esteban De Gori | Celag.org Fecha: 28 de junio A diez años del Golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la crisis social, económica y política en Honduras no deja de profundizarse, como así tampoco la movilización democrática popular. El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, aparece en pijamas en Costa Rica. Denunciaba un Golpe de Estado. Un sector del Partido Liberal, el Partido Nacional y las Fuerzas Armadas habían consensuado el fin abrupto de su mandato constitucional, el cual se había iniciado en 2005. El consenso bipartidista había funcionado en un país donde ambos partidos habían organizado por décadas el juego político. El Gobierno de Zelaya intentó solucionar dos grandes problemas que le granjearon tensiones con actores económicos y políticos que luego se organizaron ante la instalación de la llamada “cuarta urna”. Esos dos graves problemas fueron la crisis energética y la crisis social. Para ello, introdujo un decreto de salario mínimo que lo enfrentó con empresarios, y se alió con Petrocaribe para reducir el precio del petróleo y todo lo que ello implica en la economía. Zelaya se fue convirtiendo, así, en un líder inesperado, sobre todo porque era el empresario que participaba de las cámaras empresariales que mayor influencia poseía en ese país. También se opuso a la privatización de la empresa nacional portuaria y profundizó la Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) que se había iniciado en 2001 desde el Estado y que retomó como propuesta para distribuir la riqueza y potenciar el crecimiento económico, que estaba estancado. De hecho, podemos observar que el porcentaje del PIB destinado al gasto social —educación y salud inclusive— aumentó durante el periodo 2006-2008. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema tuvieron una caída durante su Gobierno. Esta ERP era alentada porque suponía la condonación de la pesada deuda externa. Donde se coagularon todos los malestares políticos de los sectores tradicionales que veían en Zelaya la puesta en duda del imaginario neoliberal -colocando sus críticas en la intervención estatal y en distribuciones no grandilocuentes de la riqueza-, fue en el llamado a participar en una “cuarta urna”. En ella se preguntaría acerca de si se debía o no convocar a una asamblea constituyente y en las otras tres urnas se elegiría presidente, Parlamento y alcaldes. El mismo día en que debían realizarse las elecciones, cuarta urna incluida, Zelaya fue sacado el poder y llevado a Costa Rica. Por ello el 28 de junio significa muchas cosas: quiebre del orden constitucional, clausura de un proceso electoral, y apertura de una inestabilidad y conflictividad que llega hasta hoy. Pero también 28 de junio es el punto cero de la ruptura del bipartidismo y la puesta en cuestión de un elitismo conservador que se había profundizado con la recuperación democrática en 1982. Hoy dos imágenes: en 2009 Zelaya en pijamas, despojado del poder constitucional y presidencial, y en 2018 -en una encuesta del ERIC- Mel Zelaya es considerado por el 30% de la población como el mejor presidente de Honduras, seguido por Juan Orlando Hernández (JOH), con el 18,7%. El golpe del 2009 continuaría con golpe electoral de 2017. Entre Zelaya y Juan Orlando Hernández solo gobernaron presidentes del Partido Nacional. Como si la conclusión del golpe de 2009 no sólo fuera la salida del presidente constitucional sino, al mismo tiempo, la disolución del bipartidismo y caída abrupta del partido del cual provenía Zelaya, el Partido Liberal. La resistencia al golpe fue el laboratorio de varios partidos políticos y liderazgos: por un lado, el del propio Zelaya y su Partido Libre y, por otro, Salvador Nasrrala con su Partido Anticorrupción. Esa resistencia politizó a la ciudadanía y la ocupación del espacio público ganó terreno. Se observaron represión y beligerancia estatal. La crisis abierta por el golpe de 2009 se intentó clausurar con una elección que le dio el triunfo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional. Éste no sólo redujo la intervención del Estado en la economía -cuestión que aumentó la pobreza y la desigualdad- sino que restituyo un camino “ganador” para un Partido Nacional, que podía ganar elecciones y que podía realizar golpes electorales, pero que no lograba clausurar las trayectorias de acción de movilización y reclamo sobre un sistema político que intentó recrear fuertes dosis de elitismo conservador y excluyente. En noviembre de 2009 asumió Porfirio Lobo en unas elecciones militarizadas, bajo Estado de Sitio y con muy baja participación.[i] En su intento por legitimar el Golpe de Estado, impulsó los Acuerdos de Cartagena, que posibilitaron el retorno de Mel Zelaya, la fundación del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) a partir del Frente Nacional de Resistencia Popular y la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2011. La OEA había presionado para resolver una crisis de inestabilidad política y de ilegitimidad que cargaba el sistema político hondureño. En las elecciones en 2013 -en medio de diversas denuncias del Partido LIBRE, que llevó la candidatura de Xiomara Castro Zelaya, enfrentada a Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción (PAC)- es elegido como presidente Juan Orlando Hernández, quien había sido presidente de la Asamblea Nacional, jefe de bancada del Partido Nacional (2005-2009) y su secretario general (2006-2019). Su estrategia política fue garantizar la continuidad del Partido Nacional, centralizando su propio partido frente a sectores minoritarios del mismo. Tal concentración de poder posibilitó que su candidatura presidencial en los comicios de 2017 se transformara en legal, tras el fallo de la Corte Constitucional hondureña que violó la Constitución hondureña de 1982, que lo prohibía expresamente. El intento de consulta sobre la posibilidad de reforma constitucional llevó a Zelaya a su derrocamiento; la violación del carácter pétreo de la Constitución condujo, ya no a su salida del poder sino a un profunda inestabilidad y conflictividad políticas. Las elecciones nacionales de 2017 en un marco de concentración del poder de Hernández y el rechazo a la violación de la Constitución provocó la unidad política de la oposición política. Se constituyó la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, la cual quedó conformada

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Nuevo intento de golpe contra presidente Maduro

Fuente: Geraldina Colotti | Coloinet.com Fecha: 27 junio 2019 Prender fuego a todo y mostrar al mundo el cuerpo de Maduro y de Cabello como trofeos. Este era el plan puesto en marcha por la oposición golpista venezolana para derribar al gobierno bolivariano y desencadenar una guerra civil. La rueda de prensa del Ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, no deja lugar a dudas. Muestra claramente la cadena de complicidad internacional que impulsa los intentos desestabilizadores, y que los halcones del Pentágono y los gobiernos vasallos como el de Duque en Colombia anuncian casi cada día. Deberíamos traducir los videos, los discursos, las confesiones, la evidencia incontrovertible, en todos los idiomas de los países cuyos gobiernos apoyan al autoproclamado Juan Guaidó y que les gustaría ver esta camarilla de ratones voraces mandando en Venezuela. Los diversos organismos de «derechos humanos» que consideran a estos asesinos como «presos de opinión» o «demócratas que luchan contra la dictadura» deberían ser obligados a escuchar sus intenciones de sus vivas voces, recogidas y grabadas por aquellos patriotas que han puesto sus vidas en peligro por hacerlo. Mostrar al mundo de qué están hechos estos campeones de la democracia burguesa. En los videos mostrados por Rodríguez con la calma y precisión usuales, se los escucha planear masacres como si estuvieran pescando. Planean matar al «95% de los generales», organizan los asesinatos selectivos de líderes de organizaciones sociales, de médicos, deportistas e intelectuales cubanos que está en Venezuela. Los asesinos destinados a sacar a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, son israelíes y provienen de Colombia, que tiene una experiencia sangrienta que vender en el sector. Los otros francotiradores se encuentran en el interior del país, en las zonas grises de policías, soldados y servicios secretos retirados que son enemigos del proyecto humanista bolivariano, que se centra en la paz con justicia social y no en la resolución militar de conflictos sociales e internacionales. Los videos muestran el choque de todos contra todos que existe dentro de estos grupos golpistas y que confirman lo que fue filtrado por la conversación de John Bolton, según el cual habría unos 40 aspirantes a la presidencia venezolana, una vez que derrocarán a Maduro. Aquí vemos a al menos tres de ellos actuando: el autoproclamado Guaidó, el ex general Baduel aún en prisión y el habitual Leopoldo López. Todos decidieron fabricar sus zapatos para perseguir un único objetivo: conseguir el botín o sea los inmensos recursos de Venezuela. Grandes jactanciosos, pero que disfrutan de la complicidad en los niveles más altos. En un momento dado, uno de los principales conspiradores, Eduardo José Báez Torrealba, asegura que cuenta con apoyo dentro de la ONU, sostiene que después del planeado y espectacular asesinato de Maduro, habrá un gran respaldo internacional: desde los EE. UU., por supuesto, y desde el Grupo de Lima, y por el «Instituto IDEA, donde 37 presidentes -dice- justificarán nuestra acción». Sin embargo, Torrealba también menciona al Nuncio Apostólico. Y Jorge Rodríguez pregunta: «¿Sabe el Nuncio Apostólico que Torrealba lo cita de esta manera? ¿Qué dicen las embajadas de República Dominicana, Panamá y Colombia desde donde se estarían actuando estos planes? ¿Y qué esperan estos asesinos, esperan que el Secretario General de la ONU los aplauda? ¿Conoce Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos? ¿Lo sabe el gobierno italiano? El impresentable secretario general de la OEA, Luis Almagro, seguro que lo sabe, dado que los golpistas les está apoyando directamente: como lo está haciendo ahora en una reunión especial de la OEA en Medellín, donde sigue acusando a Maduro de violar los derechos humanos… Los videos muestran claramente la razón de las deserciones, el cobarde escape a Washington o en las embajadas española y latinoamericanas de estos «héroes» con una billetera hinchada y un alma siniestra: dinero, ríos de dólares pagados por la audaz fuga del ex comisario Simonovis, bajo casa por cárcel debido a «9 enfermedades crónicas», o el ex jefe del Sebin Cristopher Figuera, ahorita lacayo de los Estados Unidos. Traidores, dedicados al dinero y no a la bandera. Si no han tenido éxito hasta ahora, es gracias a los «anticuerpos» que existen en la revolución bolivariana. Jorge Rodríguez citó algunos, que se derivan de la conciencia del pueblo bolivariano: la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la alta capacidad de investigación e inteligencia popular, que permitió frustrar este nuevo intento de golpe de Estado, controlando los movimientos de conspiradores desde adentro, y durante meses. La fuerza de los ideales contra la intriga, la fuerza de la revolución contra la del capital. Para aquellos que deseen tener una idea directa, el video completo de la rueda de prensa del Ministro Rodríguez está disponible en YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ODSmn-8s2PU Revisión de la versión en castellano Gabriela Pereira

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La acusación de Israel a un palestino por violación revela la podredumbre moral

Fuente: Editorial de Haaretz Fecha: 26 junio 2019 El anuncio del martes del defensor general militar de que retiraba la acusación contra Mahmoud Qatusa por el cargo de violar a una niña de 7 años y su puesta en libertad no es suficiente para poner fin a este duro asunto. El caso permite una mirada aterradora sobre la podredumbre que se ha extendido al «sistema de justicia» que Israel ha creado para sus súbditos palestinos que viven bajo la ocupación militar. En el patio trasero de la democracia israelí existe un mundo legal paralelo donde se asume que los palestinos son terroristas a menos que se demuestre lo contrario. Est falla general incluye a todos los miembros del sistema: la policía, que mantuvo a Qatusa bajo custodia durante dos meses sin pruebas suficientes; los fiscales militares, que presentaron una acusación aunque el archivo carecía de pruebas suficientes; los medios de comunicación, que en lugar de servir como el perro guardián de la democracia se humillaron con un diálogo enfermo que implica que la reserva de la última palabra sobre la violación de niñas pequeñas dependen de los gustos y los caprichos políticos; y los políticos, que vieron este incidente impactante como nada más que una oportunidad para sembrar el miedo y ganar votos. La semana pasada, el jefe de Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, describió el caso como un «ataque terrorista bien planeado contra una niña» y declaró que exigiría la pena de muerte para el «terrorista despreciable». Uno de los líderes del partido de la Derecha Unida el ministro de Transporte, Bezalel Smotrich, se unió a él: “Si solo fuera posible imponer la pena de muerte a esta escoria. Tal monstruo no merece respirar el aire en nuestro mundo”. El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, dijo que tal incidente debe ser investigado como un» incidente nacionalista». Es por eso que la decisión del Abogado General Militar fue un evento dramático. Este no es un asunto técnico menor, sino un cambio de sentido. A medida que continúa la investigación de la violación, ahora también debemos investigar las acciones de la policía que mantuvo al sospechoso tras las rejas durante dos meses sin pruebas suficientes, y con las imperfecciones que llevaron a la acusación. El Abogado General Militar Sharon Afek anunció que él y la policía llevarán a cabo un proceso adecuado para sacar conclusiones del asunto. Pero es difícil entender por qué sigue tratando a Qatusa como sospechoso. ¿Se atrevería Afek a conferir tal marca de Caín a un ciudadano judío que fue víctima de una serie de imperfecciones? El asunto de Qatusa expuso una podredumbre moral general cuyas raíces son el racismo y el nacionalismo malignos. Este es el resultado de líderes afectados por un microbio racista y nacionalista que a través de un proceso largo y constante han infectado a más y más ciudadanos. Para liderar los cambios necesarios para evitar la repetición de tales casos, debemos terminar con el gobierno del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el tronco del árbol del cual crecen todas estas ramas podridas. Traducción: Dardo Esterovich    

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Cómo Netanyahu explota las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Fuente:  Akiva Eldar | Al-Monitor Fecha: 25 junio 2019 Su contribución a la retirada de Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear con Irán se considera uno de los mayores logros del primer ministro Benjamin Netanyahu. Su campaña contra la amenaza iraní combinada con una alianza cercana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha producido un enorme capital político para Netanyahu. Sin embargo, un año después de la salida del acuerdo, la política de sanciones que defendió no ha logrado poner a Irán de rodillas. Por el contrario, Teherán anunció el 17 de junio que cuadruplicaría el ritmo de su producción de uranio enriquecido de bajo grado y superaría el límite de 300 kilogramos establecido por el acuerdo nuclear con las potencias mundiales. Por lo tanto, mientras los iraníes están subiendo la apuesta ante Trump, el presidente estadounidense -el as de Netanyahu en la cubierta- está buscando una trampa para escapar de un enfrentamiento con Teherán. Y mientras Netanyahu el 23 de junio posaba para las fotos en el valle del Jordán con el asesor de seguridad nacional de los EE. UU. John Bolton, Trump expresó sus reservas sobre su halcón traficante de guerra y condena a las personas que «quieren arrastrarnos a la guerra». La única campaña en la que Trump está interesado desde ahora hasta noviembre de 2020 es la de las elecciones presidenciales. El New York Times informó que el veterano presentador de Fox News, Tucker Carlson, fue quien convenció al presidente de que abortara el ataque contra objetivos iraníes y trajera a los bombarderos a casa. Según informes, Tucker le dijo a Trump que en lugar de provocar un cambio de régimen en Teherán, como Bolton esperaba, una nueva guerra en el Medio Oriente provocaría un cambio de régimen en Washington. Los líderes árabes están conscientes del enfoque de Trump. Los jefes de los estados de la Liga Árabe no se apresuraron a aceptar la invitación al foro económico que el presidente inició en Bahrein. Mientras enviaban funcionarios de nivel bajo a medio para discutir la ayuda a los palestinos, sus ministros de finanzas se dirigieron a El Cairo para discutir el mismo tema. Los líderes árabes se negaron a cooperar con el intento de Estados Unidos de enmascarar el callejón sin salida en su política a favor de Israel y la presión sobre la Autoridad Palestina. Por lo tanto, además de los vanos intentos de Netanyahu de aislar a los palestinos y desarrollar un atajo diplomático público con los estados del Golfo, liderados por Arabia Saudita, Netanyahu tampoco ha logrado poner a Irán de rodillas. Contrariamente a los comentarios del embajador estadounidense David Friedman en una entrevista del 8 de junio al New York Times, los palestinos sí “tienen un veto sobre el progreso». Pero junto con el hecho de no aislar o eludir a los palestinos, Netanyahu falló en otro nivel. El tercer lado del fracaso de Netanyahu, el triplete, consiste en la propuesta de los Estados Unidos de reabrir un corredor entre la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. La iniciativa de «paso seguro» fue originalmente parte del Acuerdo de Oslo de 1993, pero desde que Hamas tomó el control de Gaza en 2007, Israel ha hecho de la separación de Gaza de Cisjordania un elemento central de su política. Y aquí viene la propuesta de Trump de construir un puente palestino en el corazón del territorio soberano israelí. La idea de «paso seguro» no parece excluir el control continuado de Hamas sobre Gaza y, por lo tanto, abriría las puertas a los que refutan el derecho de Israel a existir y les permitirá cruzar a Jerusalén y Cisjordania. Hamas no vendrá solo. La organización sunita está estrechando sus relaciones con los ayatolás. El 16 de junio, aproximadamente una semana antes de la reunión en Bahrein, una delegación de Hamas encabezada por el subjefe del movimiento, Salah al-Arouri, aterrizó en Teherán y se reunió con el ministro de Defensa iraní, Mohammad Alawi. Un comunicado emitido después de la visita decía: «Las partes reiteraron la necesidad de mantener los lazos para enfrentar los desafíos y peligros derivados de la obstinación de la administración de los EE. UU. para promover el ‘acuerdo del siglo’, que el pueblo palestino rechazó por unanimidad.” La aparente falta de preocupación de Netanyahu sobre el peligro de abrir Cisjordania a Hamas, una organización que él ha comparado con los nazis, se debe a su escepticismo sobre el acuerdo de Trump entre Israel y Palestina y su propia capacidad demostrada para encauzar al instigador. Véase, por ejemplo, el traslado de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, el reconocimiento de los Estados Unidos de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y el aparente apoyo a la anexión israelí de partes de Cisjordania. Por un lado, Netanyahu, como Trump, no tiene ningún interés en una sesión fotográfica en el contexto de las escenas del campo de batalla y los cementerios. Por otro lado, Netanyahu, que también es ministro de defensa de Israel, tiene un gran interés en mantener la amenaza iraní en los titulares, al menos hasta las elecciones del 17 de septiembre, siempre y cuando los medios no profundicen en el escándalo de corrupción que involucra a él y su esposa En lo que a él respecta, los iraníes o sus representantes pueden bombardear un petrolero japonés en el Golfo de Hormuz todos los días e interceptar un avión no tripulado estadounidense cada dos, siempre y cuando Trump no incluya de repente al líder espiritual de Irán, Ali Khamenei, en su lista de regalos de Navidad. Lo hizo con Kim Jong-Un de Corea del Norte, cuyos dedos han estado colocados sobre el botón nuclear. El «conflicto de baja intensidad», como los analistas militares describen este tipo de enfrentamientos, es ideal para el primer ministro de Israel, pero no es una situación deseable para los ciudadanos. Intensificar el boicot a Irán podría resultar en una escalada y una guerra total. Cuando Trump aborta un ataque militar en el Medio

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LAVA JATO GLOBAL – Supremacismo 2.0 en tiempos de guerras económicas y comerciales

Fuente:  Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 16 junio 2019 La publicación de tres notas en el portal The Intercept, firmadas por Glenn Greenwald y Victor Pouggy, han vuelto a poner en evidencia la tríada de dispositivos básicos utilizados para disciplinar a diferentes actores políticos y económicos latinoamericanos, considerados como reacios a someterse a los mandatos de la lógica monopólica trasnacional. [1] El divulgación de los intercambios realizados a través de la plataforma Telegram, entre el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, son inentendibles por fuera del entramado estructural que implicó el origen de la investigación del Lava Jato, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la posterior detención de Lula Da Silva y las simultáneas persecuciones a dirigentes políticos populares en América Latina, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. La ofensiva busca garantizar la supremacía de los intereses estratégicos de quienes se perciben como desafiados por la emergencia de actores estatales o corporativos dinámicos, capaces de disputar espacios de influencia o preponderancia política y económica, y/o de diluir o debilitar la histórica aspiración de control geopolítico estadounidense. El denominado Lava Jato tuvo su origen en la aplicación de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA, por su sigla en inglés), motorizada y aplicada por el Departamento de Justicia (DOJ) con sede en Washington. Bajo esa norma doméstica, aprobada en 1977, el gobierno de Estados Unidos se arroga la persecución de todos los empresarios y políticos que interfieren (en la actualidad o en forma potencial) en la supremacía de las cadenas de valor coordinadas por las corporaciones trasnacionales monopólicas. En ese marco, cualquier empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, que posee cuentas bancarias en su territorio, tarjetas de crédito o que registra interacciones con alguna empresa radicada en Estados Unidos, puede ser investigada o perseguida, a nivel local o extraterritorial, por el largo brazo de la justicia de la DOJ, sin mediar acuerdos de extradición u otros protocolos jurídicos bilaterales. Esta legislación autoriza a Washington a una literal jurisdicción internacional, ajena al derecho internacional, para perseguir delitos reales o ficticios de corrupción. Dado que es infrecuente la existencia de empresas o particulares que carecen de interacciones a través de cuentas o tarjetas de crédito cuya terminal es Estados Unidos, el mundo entero es pasible de ser espiado, interferido o interdicto. El portal The Intercept, fundado y dirigido por Greenwald, residente desde hace 14 años en Río de Janeiro, fue el encargado de hacer públicas, junto al diario The Guardian en 2013, las operaciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) contra la entonces Presidenta brasileña Dilma Rousseff y la empresa Petrobras, entre otras.[2] Los documentos divulgados, recabados originalmente por el contratista de la NSA Edward Snowden, daban cuenta con lujo de detalles del entramado de investigaciones ilegales articuladas por las distintas agencias de inteligencia y las empresas internacionales de telecomunicaciones, las proveedoras de internet y los responsables de la infraestructura de redes.[3] Para acceder a las comunicaciones encriptadas de los gobiernos y de las empresas consideradas antagonistas (o capaces de desafiar la hegemonía corporativa estadounidense), la NSA desarrolló los programas PRISM, FAIRVIEW y BLARNEY, idóneos para interceptar comunicaciones, datos encriptados e imágenes provenientes de redes de todo el mundo [4]. Estas aplicaciones, que son actualizadas en forma permanente para sortear contrafuegos y detectores de interferencias, fueron utilizadas tanto para relevar  las conversaciones de la Presidenta de Brasil como para examinar las operaciones comerciales llevadas a cabo por distintas empresas brasileñas con aspiraciones trasnacionales, entre ellas Odebrecht y Petrobras. Dicha información permitió, gracias a los datos suministrados (o manipulados) por la DOJ, el desmantelamiento de las multinacionales brasileñas y el reparto de las distintas licitaciones entre candorosas empresas estadounidenses que poseen el hándicap de no ser espiadas por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA). A nivel doméstico, las corporaciones estadounidenses están resguardadas por la IV Enmienda y la Informational Privacy Act, conocida como Privacy Act 124, relativas a la protección de datos, no pasibles de ser registrados por la autoridad pública sin una orden judicial previa fundamentada [5]. Una voz en el teléfono Los datos provistos por la NSA que divulgaban los secretos comerciales de Petrobras (nada originales, cotejados con otras gestiones corporativas de empresas de hidrocarburos a nivel global) fueron esgrimidos para derogar en Brasil, en 2017, la Ley 4567, aprobada durante el gobierno del PT, mediante la cual se garantizaba la exclusividad de la explotación del crudo por parte de la empresa estatal. Desde ese momento, gracias a la labor de Michel Temer, refrendada luego por Bolsonaro, lo que pertenecía a la sociedad brasileña pasó a ser extraído, operado y comercializado por Chevron y Royal Dutch Shell. Dos corporaciones en las que sobreabundan los capitales accionarios cuyos titulares son fondos especulativos radicados básicamente en Estados Unidos y en el Reino Unido. Paradójicamente los mismos paquetes accionarios tienen presencia en las mismas empresas de telecomunicaciones, cooperantes de la NSA, con la que se llevaron a cabo las labores de espionaje [6]. En forma sincrónica, las plataformas del tipo FPSO (Unidades flotantes de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo y gas) ancladas a unos 200 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, cuadruplicaron las existencias del recurso: de los 40.000 millones de barriles conjeturados para 2013 se pasaron a contabilizar pozos capaces de producir 176.000 millones. Dicha cifra, divulgada por el Instituto Nacional de Aceite y Gas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro, equivale a cinco años del total del consumo mundial. La ventaja extra radica en su costo de extracción: alrededor de 8 dólares por barril, muy por debajo del valor promedio de la producción mundial [7]. Otro tanto sucedió con la empresa Embraer, que fue adquirida por Boeing en un 80 %, de su valor accionario (por un monto de U$S 4.200 millones) después de un sistemático esquema de espionaje gestionado por la NSA para impedirle a la empresa estatal brasileña la realización de acuerdos con corporaciones europeas y asiáticas. Dicha operación, ejecutada mediante la aplicación de espionaje ECHELON,

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La temible cruzada del gobierno estadounidense contra Julian Assange y Chelsea Manning

Fuente: Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now! Fecha: 14 Junio 2019 “El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) que limite la libertad de expresión, ni la libertad de prensa”. Así lo indica la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, por primera vez, un editor está siendo procesado en virtud de la Ley de Espionaje, que data de la Primera Guerra Mundial. Julian Assange, cofundador del sitio web de denuncia WikiLeaks, podría enfrentar una condena de hasta 170 años de prisión en caso de ser extraditado a Estados Unidos desde el Reino Unido. El caso podría asestar un gran golpe a la libertad de prensa en Estados Unidos. Estados Unidos acusó formalmente a Assange por primera vez en abril de este año, por el delito de intentar ayudar a un informante del Ejército estadounidense a ingresar a un sistema informático militar, delito por el cual Assange podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Más adelante, el 23 de mayo, el Departamento de Justicia emitió una acusación adicional, en la que se sumaron 17 cargos más, por violar la Ley de Espionaje. Los nuevos cargos, según escribió el comité editorial del periódico The New York Times el día en que se anunciaron, “podrían tener un efecto escalofriante sobre el periodismo estadounidense tal como se ha ejercido durante generaciones. Está dirigido directamente al corazón de la Primera Enmienda”. El periódico The New York Times fue una de las varias organizaciones de prensa en asociarse con la plataforma web de denuncia en la publicación de material que se brindaba de forma anónima. Desde su lanzamiento en 2007, WikiLeaks demostró ser una fuente confiable de evidencia documental crítica en torno a actividades ilícitas empresariales y gubernamentales. En 2007, WikiLeaks publicó un manual secreto de la cárcel de la Bahía de Guantánamo, escrito en 2003, que contenía instrucciones para que los guardias les negaran a los prisioneros el acceso al Corán y a las visitas de la Cruz Roja para “explotar la desorientación y la desorganización que siente un detenido recién llegado”; esto constituye una violación de la legislación internacional acerca de los derechos humanos. No mucho después, el Centro de Contrainteligencia del Ejército estadounidense elaboró un documento secreto –posteriormente filtrado y publicado por WikiLeaks– donde se calificaba a la web de denuncia como “una potencial amenaza a la protección de las fuerzas, las operaciones de contrainsurgencia, la seguridad operacional y de seguridad de la información del Ejército de Estados Unidos”. En abril de 2010, WikiLeaks saltó a la primera plana de la prensa internacional cuando hizo público un video en el que se muestra un ataque y masacre indiscriminada de civiles en Bagdad. El video fue grabado el 12 de julio de 2007 por un helicóptero militar estadounidense de combate Apache e incluye el audio de las transmisiones de radio militares. Dos empleados de la agencia de noticias Reuters –el periodista iraquí Namir Noor-Eldeen y su chofer, Saeed Chmagh– murieron en el ataque, junto con al menos otras ocho personas. Dos niños resultaron gravemente heridos. Las transmisiones de radio muestran no solo la absoluta insensibilidad de los soldados, que se ríen e insultan mientras matan, sino también el estricto procedimiento que siguen, donde se aseguran de que todos sus ataques estén claramente autorizados por su cadena de mando. Reuters había solicitado en reiteradas ocasiones información al Pentágono sobre la muerte de sus dos empleados, pero no había recibido nada. Fueron necesarios un denunciante valiente y WikiLeaks para revelar el horror del ataque del helicóptero, una clara prueba en video de un posible crimen de guerra. El denunciante fue finalmente identificado como el soldado Bradley Manning. Manning fue encarcelado en régimen de aislamiento, en condiciones que Naciones Unidas describió como equiparables a la tortura. Luego fue juzgado y condenado. Inmediatamente después de recibir una condena de 35 años de prisión, Manning anunció una transición de género y cambió su nombre a Chelsea. El presidente Barack Obama finalmente conmutó su sentencia y Manning fue liberada en mayo de 2017. No obstante, su calvario no había terminado. En febrero de 2019 la convocaron a comparecer ante un gran jurado para declarar sobre WikiLeaks y Julian Assange. Ella afirmó que ya había dado testimonio completo ante el tribunal militar que cursó su juicio en 2013, por lo que se negó a declarar de nuevo. Por ello, la encarcelaron durante dos meses. A continuación, la convocaron para testificar ante un segundo gran jurado. Por negarse a declarar una vez más, permanece encarcelada desde el 16 de mayo. En cuanto a Julian Assange, desde el año 2012 estuvo viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde le habían dado asilo político. Assange huyó a la embajada porque temía ser extraditado a Estados Unidos. El pasado 11 de abril, las autoridades británicas ingresaron a la embajada y lo arrestaron por la fuerza. Ahora está cumpliendo una sentencia de 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional en otro caso aparte. Nils Melzer, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, afirmó tras visitar a Assange en la prisión británica donde se encuentra recluido: “El señor Assange muestra todos los síntomas de una persona que ha estado expuesta a la tortura psicológica durante un período prolongado de tiempo”. Julian Assange no pudo comparecer en su audiencia judicial más reciente debido a problemas de salud. Ben Wizner, director del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó acerca de la nueva acusación: “Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno ha presentado cargos penales contra un editor por la publicación de información veraz. Esta es una escalada extraordinaria de los ataques del gobierno de Trump contra el periodismo, y un ataque directo contra la Primera Enmienda”. Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira Frega. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras

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