Internacionales

Fuente: Ricardo Gotta | Tiempo Argentino Fecha: 20 de octubre de 2019 El presidente anoche suspendió el aumento del transporte público tras las nuevas protestas que desafiaron el estado de emergencia decretado. Fuerte presencia juvenil en las calles. El boleto fue llevado al equivalente de U$S 1,18, lo que sube el gasto del transporte a más del 15% del salario promedio chileno. Como si en la Argentina se pagarán unos $ 80 por viaje. Además, aumentaron servicios públicos, combustibles y aranceles de la universidad, entre varios otros insumos. La respuesta se venía insinuando desde el lunes y estalló, literalmente, en el atardecer del viernes. «¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!». Los gritos de los estudiantes secundarios, otra vez ellos, resonaban en la estación Santa Lucía del metro de Santiago. El hashtag #evasionesmasivas copaba las redes. Entrada la noche en la estación La Moneda, a metros de la casa de gobierno, decenas de miles de manifestantes indignados eran repelidos por la policía con chorros de agua y gases de toda índole. Horas después, 40 estaciones del subte resultaron con destrozos, la mitad de ellas, incendiadas; más de 80 comisarías atacadas; 16 autobuses reducidos a cenizas; miles de locales saqueados; barricadas en las calles, fuego por aquí y allá; represión, destrozos. Fue incendiado uno de los edificios de Enel Chile. Las cifras de detenidos van de 180 al triple. Unos 60 carabineros heridos tras una intervención que hizo recordar la habitual violencia de las fuerzas especiales. La posterior aplicación del «estado de emergencia» y fueron los militares los que pisaron las calles nuevamente. Un somero balance de otro estallido popular con alto grado de espontaneidad. Como días antes en Ecuador, como viene sucediendo en Haití, como se sospecha podría ocurrir en Colombia. Como en cada uno de los sitios de la región que, en los últimos tiempos, se implementaron severas recetas neoliberales y ajustes salvajes, salvo claro, los particulares casos de Argentina y Brasil. Situaciones habitualmente más graves de lo que los medios suelen mostrar. Aunque la de Chile tenga sus propias señales, se trata de masas disconformes que no necesariamente responden a los partidos políticos o los gremios, sino a una lógica distinta. Un país que hace una semana parecía ordenado, hasta sumiso, de pronto estalló. Como al inicio de los 2000 ante el gobierno de Ricardo Lagos, otra generación de estudiantes reclamó ante el sistema escolar impuesto por la dictadura. Años después fue la Revolución de los Pingüinos, en el primera era de Piñera. Ahora, de nuevo lideran las protestas. Incluso, para algunos, esta escalada alcanzó una intensidad no observada desde la dictadura. No es un dato menor que haya estado la distribuidora eléctrica privada Enel Chile en el ojo de fuego: los chilenos la consideran una de las corporaciones que realizan la estafa pública a sus bolsillos. Las similitudes con el proceso en Ecuador saltan a la vista: la protesta se disparó cuando Lenín Moreno quitó el subsidio a los combustibles, lo que impactó directamente en el trasporte público. De todos modos, el propio presidente del sindicato Metro chileno, Eric Campos, señaló: «Los más pobres terminan pagando gran parte de su ingreso en un servicio cuando, en realidad, entendemos que un transporte de calidad con una tarifa justa es un derecho». No se habían apagado los focos en la noche de Santiago y lejos de surgir el hombre nuevo de las alamedas, cuando a Piñera se le borró el rictus sonriente habitual y anunció: «Queridos compatriotas… he decretado el estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo». No es el histórico estadio de sitio, amargamente remanido. Ahora no se habilita a hacer arrestos masivos, pero sí permite a los militares patrullar las calles. Tendrá vigencia de 15 días y una prórroga de otros 15. De todos modos, restringe la libertad de locomoción y reunión. Esta modalidad, además, fue incluida en la Constitución de 1980, la constitución de Pinochet. La que fuera reformada pero no abolida. Ese «estado de emergencia» que fue enfrentado, ayer, cuando se vivieron nuevos momentos de tensión, tras  espontáneos «cacerolazos» populares, básicamente familiares, por caso, en la céntrica Plaza Italia. Al sonido de ollas y sartenes se le sumaron otros grupos y se reiteraron los enfrentamientos. Los carabineros ya eran secundados por las fuerzas militares Finalmente, cuando caída la tarde de ayer se conoció la noticia. Mientras en varios puntos de Santiago se sucedían las barricadas, y en la ciudad de Merilla manifestantes arremetían contra una entidad bancaria, desde La Moneda, el presidente anunciaba la suspensión del alza en la tarifa del metro de Santiago, que había desatado la crisis. Además, llamó a los otros poderes del Estado “para conocer sus opiniones y propuestas para enfrentar esta difícil situación».  De todos, los transportes no circularán hasta el lunes. Pero, el menos, en ese punto, el clamor popular le torció el brazo al ajuste.

Fuente: Atilio Borón | Blog de Atilio Borón Fecha: 15 de octubre de 2019 Concluida la supuesta negociación entre la cúpula dirigente de la CONAIE y Lenin Moreno este 14 de Octubre quedó sentenciada la derrota del alzamiento popular. La movilización había comenzado, según un tuit oficial de la CONAIE, para poner fin a “las políticas económicas de muerte y miseria que genera el FMI y las políticas extractivistas que afectan a nuestros territorios.” En la muy completa y detallada “Declaratoria de Agenda de Lucha de Organizaciones de Pueblos, Nacionalidades y Comunidades Indígenas y Amazónicas en Apoyo a la Movilización Nacional y el Ejercicio de Nuestra Autodeterminación”, aprobada en Puyo (Pastaza), el 7 de Octubre de 2019 destacaban como algunos de sus contenidos más sobresalientes el rechazo a “las medidas económicas, denominadas el ‘paquetazo’, y se agregaba que “demandamos la reversión íntegra de la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional cuyo contenido no se ha hecho de carácter público violando la obligación de transparentar los actos del ejecutivo; así como la terminación de los intentos de privatización de las empresas públicas encubiertas bajo la figura de ‘concesión’.” La Agenda y otras declaraciones de la CONAIE también denunciaban “los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica” y diciendo que había llegado el “momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”. Esto se traducía, según los líderes del movimiento, en escandalosas medidas a favor de los   bancos y grandes empresas que fueron exoneradas del pago de  4.295 millones de dólares en impuestos así como la “colonización” por parte de sus representantes de los principales cargos de la administración pública  así como la desregulación y precarización laboral exigida en el “paquetazo” del FMI. Recuérdese que las medidas anunciadas por Moreno el 1º de Octubre establecía que los trabajadores de las empresas públicas “deberían aportar cada mes un día de su salario” y que con el objeto de “reducir la masa salarial los contratos ocasionales se renovarían con un 20% menos de remuneración, al paso que el tiempo de sus vacaciones se baja de 30 a 15 días.” A esto había que añadirle el enorme aumento del precio de los combustibles ocasionado por la eliminación de unos subsidios establecidos hacía ya cuarenta años, lo que encarecería casi todas las mercancías de consumo popular y generaría un fuerte recorte en los ingresos de la población.[1] Sorprende que esta frondosa agenda quedara por completo al margen de la discusión entre la dirigencia de los pueblos originarios y el presidente ecuatoriano. No se entiende, por consiguiente, el triunfalismo que trasuntan algunos protagonistas y observadores del conflicto al hablar de la “negociación” que puso fin a la revuelta. Salvo la cuestión del precio de la gasolina –sin duda importante- todo lo demás sigue intacto, como si la enorme movilización popular en contra de las imposiciones del FMI no hubiera ocurrido. Los temas que hacían al “paquetazo” asombrosamente quedaron fuera de la discusión, lo mismo que el reclamo, anteriormente expresado por la dirigencia indígena, de revertir la carta de intención firmada con el FMI “de manera inconsulta.” No sólo esto: también quedaron sepultados en el olvido, al menos por ahora, el hecho de que Moreno hubiera llegado al gobierno con el programa de la Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa que contemplaba continuar aplicando las medidas de corte pos-neoliberal que habían sido encarnizadamente combatidas por las elites económicas del Ecuador y con una agenda que reposicionaba a ese país en línea con los gobiernos progresistas de la región, pugnando por emanciparse de la pesada tutela que Washington tradicionalmente había ejercido sobre las naciones ubicadas en lo que con tanto respeto por nuestros pueblos denominan el “patio trasero” de Estados Unidos. Mediante una espectacular voltereta política Moreno malversó ese mandato con una velocidad y radicalidad pocas veces vistas al tiempo que convirtió a Rafael Correa -quien hasta el día de la toma de posesión no se cansaba de decir que había sido una de las más señeras figuras del Ecuador, sólo superado por Eloy Alfaro-  en un nefasto personaje causante de las mayores desgracias jamás padecidas por el Ecuador y a quien persiguió – y persigue- con enfermiza saña y sin tregua. Moreno no sólo revirtió el camino transitado por Correa sino que lo hizo sometiéndose vilmente a los mandatos de Washington: abandonó el ALBA; entregó una base militar en Galápagos (uno de los últimos refugios incontaminados de la humanidad); desalojó a las autoridades y funcionarios de la UNASUR del edificio construido en las afueras de Quito, precisamente sobre la línea ecuatorial; y se puso de rodillas ante Donald Trump para satisfacer con inigualada ignominia (en un continente pródigo en lamebotas del imperio) los menores caprichos del emperador Por empezar, tratar de destruir la Unasur y promover el nefasto Grupo de Lima para atacar a la Revolución Bolivariana. En suma, Ecuador pasó de la autodeterminación nacional conquistada por el gobierno de Correa a ser un  “proxy”, mejor dicho: un estado-peón que se limita a obedecer las órdenes emanadas de Washington y de las corruptas oligarquías dominantes en el Ecuador. Nada, absolutamente nada de esto, apareció en las “negociaciones” que la dirigencia de la CONAIE mantuvo con Moreno y que puso fin al conflicto. Tampoco hubo en esa peculiar “negociación” una condena de la brutalidad de la represión policial y militar, los muertos (mínimo diez), casi 100 desaparecidos, centenares de heridos y encarcelados, estos últimos por millares, y nada se dijo sobe el pedido de dimisión de los ultra-reaccionarios ministros del Interior y Defensa y sobre los atropellos a los derechos humanos. ¿Toda la conmoción que sacudió al Ecuador fue tan sólo por el precio de la gasolina? ¿Y qué hay del “paquetazo” del FMI? Por lo visto los montes parieron un ratón. Permítasenos ofrecer algunas conjeturas para tratar de desentrañar lo ocurrido y sus razones. Primero, lo que caracterizó esta revuelta fue su

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 6 de octubre de 2019 La Subsecretaría de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs, WHA), dedicada al relevamiento de los derroteros políticos de América Latina —eufemismo con el que se designa el aparato burocrático-militar destinado a incidir sobre la región—, empieza a evaluar con preocupación el encadenamiento entre crisis políticas y convulsiones sociales que se suceden en el área que denominan, en forma despectiva y arrogante, como su patio trasero. Varios de sus socios más cercanos –los primeros mandatarios de Perú, Ecuador, Honduras y Argentina– atraviesan contratiempos políticos e institucionales motivados por la incapacidad de los programas neoliberales para ofrecer soluciones consistentes a los graves problemas estructurales que afectan a la región. Por su parte, los experimentados funcionarios del Comando Sur, responsables de sugerir y/o imponer las visiones de seguridad continental, han dejado trascender a varios diplomáticos acreditados en el Cono Sur que el impeachment contra el Presidente Donald Trump tiene amplias posibilidades de generar una considerable merma de legitimidad de las instituciones estadounidenses sobre la región, provocando una mayor incertidumbre al interior de los gobiernos aliados a Washington. Los efectos del enfrentamiento entre demócratas y republicanos, de cara a las elecciones del próximo año, limitarán –según los analistas adscriptos al WHA–  las capacidades de la Casa Blanca para influir o digitar los convulsionados acontecimientos que se suceden en América Latina. Saqueos del Fondo Uno de los asociados de Washington en la región, el ecuatoriano Lenín Moreno, divulgó el último 1° de octubre la firma de un acuerdo crediticio con el FMI por 4.500 millones de dólares. Como contrapartida impuesta por el organismo multilateral, anunció el incremento del valor de los combustibles y el envío al Parlamento de un paquete de medidas dispuestas a impulsar reformas tributarias y laborales, exigidas desde el inicio de su gobierno por las corporaciones trasnacionales y las empresas monopólicas. La hoja de ruta acordada con el FMI no previó las protestas y los saqueos que se sucedieron después de los anuncios de Moreno por cadena nacional. En Honduras, donde se encuentra emplazada la base militar más importante del Pentágono en América Latina, altos funcionarios del Comando Sur advirtieron durante la última semana sobre el riesgo de epidemia de dengue entre las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo (US military’s Joint Task Force Bravo, JTF-B) asentada a 8 kilómetros de Tegucigalpa, en la base de Palmerola. Durante 2019 se han producido 80.000 casos, con una mortalidad elevada  ligada a la malnutrición y a la pérdida de fuentes de agua potable, debido a la multiplicación de los proyectos mineros a cielo abierto que utilizan cianuro. La crisis de los cinco presidentes Otro de los mejores alumnos de Washington, la República del Perú, sufrió esta semana una nueva crisis institucional. Su Presidente, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso apelando a una normativa constitucional que lo autoriza. Dicha medida generó una rebelión legislativa liderada por los dos bloques parlamentarios mayoritarios, seguidores del fujimorismo y de los sobrevivientes del desteñido APRA. La crisis política se produjo luego de que Vizcarra advirtiera al Parlamento que lo disolvería si no brindaba un voto de confianza orientado a validar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Dicho proceso, según los seguidores de Vizcarra, tiene como objeto promover el nombramiento imparcial de jueces con disposición para lidiar con los casos ligados a Odebrecht, medida que pretendió ser boicoteada por los parlamentarios, muchos de ellos preocupados por potenciales acusaciones de aceptación de dádivas ilícitas. La respuesta de la mayoría legislativa consistió en un intento de suspensión de Vizcarra, aduciendo “incapacidad temporal”, como paso previo a su destitución. La tentativa malograda de imponer a la vicepresidenta segunda Mercedes Aráoz como primera mandataria no impidió que el último miércoles existiesen dos titulares del Poder Ejecutivo. En la actualidad la jefa de la bancada mayoritaria del congreso, Keiko Fujimori (hija del ex presidente encarcelado por crímenes de lesa humanidad), se encuentra detenida en forma preventiva por lavado de dinero. El último Presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, fue destituido por las ramificaciones del Lava Jato brasileño. Otro ex mandatario, Alan García, se suicidó el último 17 de abril antes de ser detenido en el marco de imputaciones por corrupción. El ex Presidente Alejandro Toledo está encarcelado en Estados Unidos a la espera de una extradición a Perú, imputado por sobornos de 31 millones de dólares que habría recibido para viabilizar la licitación de la carretera Interoceánica Sur. El también ex presidente Ollanta Humala fue denunciado por el CEO de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, de haber recibido millones de dólares para financiar sus campañas electorales. Estuvo detenido entre 2017 y 2018 y ahora sigue bajo proceso bajo «comparecencia restringida»- Otro de los peones de Donald Trump, Mauricio Macri, continúa su campaña electoral mientras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirma que sus políticas neoliberales han duplicado la desocupación e incrementado la pobreza y la indigencia. La falta de consistencia de los sistemas políticos de América Latina y sus reiteradas crisis económicas y sociales –articuladas con una corrupción endémica e institucionalizada– se explican por el debilitamiento sistemático del Estado y la conversión de la política en una disciplina ligada al mercado. El endeudamiento recurrente inducido por las agencias multilaterales de crédito tuteladas por Washington, la disminución progresiva del gasto social y la privatización de las empresas y servicios públicos se convierten en el territorio fértil para instituir negociados corporativos y vaciar la política del sentido de búsqueda del bien común. Este panorama se concreta mediante la profundización de vínculos espurios entre empresarios (devenidos funcionarios gubernamentales, como el caso de Mauricio Macri en la Argentina), que utilizan los soportes mediáticos hegemónicos para hostigar opositores y legitimar negocios corporativos y/o mejorar posiciones relativas respecto a competidores locales o internacionales. El eje de la austeridad neoliberal se sustenta en el privilegio de la especulación financiera por sobre la estructura productiva. Para eso requiere la precarización de las relaciones de trabajo y

Fuente: Clodovaldo Hernández | La Iguana.tv Fecha: 3 de octubre de 2019 Donald Trump afronta un impeachment. Iván Duque quedó en ridículo con su dossier contra Venezuela. Jair Bolsonaro ofreció el peor discurso de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (a pesar de que tuvo competidores de postín, como los dos anteriores). La élite política del Perú, sede del vociferante Grupo de Lima, sigue cayéndose a pedazos. Macri anda en cuenta regresiva y con una crisis económica monumental. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quedó al descubierto como otro narcopolítico. Al chileno Sebastián Piñera ya ni siquiera le compaginan los libretos. Y, para completar, el Ecuador del renegado Lenín Moreno ha entrado en el torbellino del conflicto económico, social y político y él ha decidido enfrentar esa coyuntura con una clásica respuesta de gobiernos de derecha: decretar el estado de excepción. En resumen, da la impresión de que tanto Trump como ese apéndice de su política contra Venezuela que es el Grupo de Lima están experimentando crisis simultáneas, algunas más intensas que otras, pero todas relacionadas con sus escenarios internos, esos de los que pocas veces hablan ellos, afanados como están en demostrar que el único asunto urgente del continente es derrocar a Nicolás Maduro. La crisis también la sufre la oposición venezolana, específicamente la parte de ella que ha tomado el control desde hace meses (Voluntad Popular y Primero Justicia). Esto configura un momento de altísima peligrosidad para los pueblos de los países mencionados y también para Venezuela, pues siempre ha sido el subterfugio de estos gobernantes para distraer la atención y tratar de salir ilesos. En el trance en que se encuentran, no sería raro que pretendieran utilizarla de nuevo como un elemento distractor. Oposición abollada El sector opositor más directamente vinculado a EEUU y al Grupo de Lima viene de sufrir reveses consecutivos devastadores, como la difusión de las fotos de Juan Guaidó con cabecillas del grupo narcoparamilitar los Rastrojos y la confesión de Lilian Tintori acerca de esas relaciones non sanctas. Previamente habían ocurrido las insólitas declaraciones de la pseudoembajadora en el Reino Unido, Vanessa Neumann, en las que recomendó ceder el territorio Esequibo a cambio de apoyo político internacional para el “presidente interino”. En los días de la Asamblea General de la ONU, los resultados fueron desastrosos para el bando antichavista, pues una vez más crearon expectativas que estuvieron lejos de satisfacer. Ellos, que tanto presumen de tener control del escenario multilateral, salieron de los foros diplomáticos con las tablas en la cabeza. La crisis interna se ha expresado también a través de síntomas como la renuncia (no dirigida a Guaidó, sino a su jefe político, Leopoldo López) del supuesto representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Ricardo Hausmann, lo que según algunos analistas evidencia que importantes sectores de la burguesía nacional se están desentendiendo del Experimento Guaidó. Las crisis del centro imperial, de sus satélites y la clase política opositora venezolana son simultáneas, aunque tal vez sea la misma crisis expresada en síntomas específicos en cada caso. Trump contra las cuerdas La apertura del impeachment a Trump sobrevino justo luego de su infame discurso ante la ONU en el que, una vez más, intentó responsabilizar de todos los males del planeta a los países a los que ha tachado de enemigos, una lista en la que hay superpotencias como China y Rusia y naciones  de menor envergadura, pero rebeldes a sus órdenes, como Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela.  Puesto personalmente contra las cuerdas, la peligrosidad de este personaje aumenta exponencialmente. Macri en picada El gobierno de Mauricio Macri, en Argentina, viene con plomo en el ala desde las elecciones conocidas como PASO, en las que quedó clara su condición de minoría ante la opción de Alberto Fernández y Cristina Fernández. El hecho político desencadenó lo peor de la enfermedad económica y por eso, Argentina llegará a su primera vuelta electoral sumida en un cuadro que recuerda algunos de sus peores tiempos, previos al liderazgo de los Kirchner. Duque en ridículo La crisis viene tocando a la élite gobernante de Colombia desde hace meses, debido a lo nefasto que ha resultado el gobierno de Iván Duque. De allí sus grandes esfuerzos por desviar las miradas hacia Venezuela. Pero sus intentos han resultado también muy torpes, en particular el que hizo ante la Asamblea General de la ONU, utilizando fotografías que  no corresponden ni en el espacio ni en el tiempo con las acusaciones que pretendía sustentar. El escándalo ha causado severos daños a su ya golpeada imagen en la antesala de unas elecciones regionales y municipales. Esta situación, igual que ocurre con Trump, torna a Colombia en un adversario especialmente peligroso para Venezuela. Lima descabezada otra vez Si algo muestra la crisis del Grupo de Lima (al que la diplomacia venezolana llama “Cartel de Lima”) es la inestabilidad del país sede. Esta característica ya se había puesto de manifiesto cuando fue destituido, por corrupto, el presidente Pedro Pablo Kuzcinski, un personaje especialmente obsecuente ante las órdenes de Washington. En su lugar fue designado Martín Vizcarra, quien mantuvo la línea antivenezolana y la actitud subordinada con EEUU. Los problemas internos, de los que pretendían evadirse, terminaron por explotar y Vizcarra optó por disolver el Parlamento, causando un conflicto de poderes que la prensa global, al servicio del capitalismo hegemónico intenta maquillar a toda costa. De haber ocurrido la disolución del Poder Legislativo en Venezuela, EEUU y sus aliados habrían ejecutado, casi con toda seguridad, la intervención violenta que han venido planificando desde hace mucho tiempo. La narcopolítica a flor de piel El discurso de EEUU y sus adláteres en contra de la influencia del narcotráfico en los gobiernos latinoamericanos ha quedado en ruinas en los últimos días. A las acusaciones difamatorias de Duque (rebatidas por la misma prensa colombiana) se suman las fotos reales de Guaidó con líderes del narcoparamilitarismo. Por si fuera poco, ahora queda clara la relación de Juan Orlando Hernández, el mandatario impuesto por EEUU en Honduras, con el narcotraficante más mediático

Fuente: Atilio Borón | Blog de Atilio Borón Fecha: 2 de octubre de 2019 Mientras esperaba una conexión aérea que me transportara de Santa Cruz de la Sierra a La Paz la pantalla gigante del bar donde estaba disponiéndome a almorzar estaba clavada en la CNN. Por supuesto ignoré lo que allí se transmitía porque era un chismerío sobre el posible juicio político a Donald Trump (que ni los demócratas se lo creen), el papel del presidente de Ucrania inmiscuyéndose supuestamente en la campaña presidencial de Estados Unidos y otras menudencias destinadas a distraer a la audiencia y evitar que se enriquezca con la recepción de insumos cognitivos rigurosos, adecuadamente contextualizados, que le ayuden a comprender que es lo que realmente pasa en el mundo. Seguí ensimismado en la revisión de a ponencia que leería en La Paz a últimas horas de la tarde pero al rato me llamó la atención el tono sumamente enfático de alguien que ahora ocupaba la pantalla y que se preguntaba cómo podía ser que Alberto Fernández dijera que no había una dictadura en Venezuela, aunque sí una deriva autoritaria. Traté de seguir con mi trabajo pero me resultó imposible porque no sólo Andrés Oppenheimer seguía rasgándose las vestiduras sobre los dichos de Fernández sino que comenzó a tirar cifras de las miles de ejecuciones extrajudiciales que habría perpetrado el gobierno bolivariano pese a que la evidencia que sustenta tan grave acusación no resistiría un día de examen en sede judicial. Claro, esto siempre y cuando jueces y fiscales no hubieran sido alumnos de los cursos de “buenas prácticas” organizados por el gobierno de Estados Unidos en donde se instruye a los magistrados a administrar la justicia como Dios manda. El actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, es uno de los más brillantes egresados de esos cursos y su condena del ex presidente Lula una verdadera hazaña de la orfebrería jurídica imperial. Oppenheimer intensificó sus críticas pasando de Maduro a Cristina Fernández a la que acusó de haber producido un desastre económico  durante su mandato pero sin fundamentar, otra vez, tan descalificadora valoración. Sus palabras eran un eco de otro disparate pronunciado por Mario Vargas Llosa, gran novelista pero un mero diletante a la hora de analizar la vida política, que en una nota publicada a comienzos de septiembre en La Nación calificó al gobierno de Mauricio Macri –que arrasó con la economía, la sociedad, la cultura y el estado de derecho en la Argentina- como uno de “los más honestos y competentes” de nuestra historia. Dado que ya me referí a este exabrupto en un posteo reciente vuelvo a lo de Oppenheimer para pedirle que por favor antes de seguir hablando de la “dictadura” de Maduro se sirva contemplar las dos fotografías que acompañan esta nota y que fueron publicadas en el Facebook de Nilson Peña Mora, Alcalde del municipio Rivas Dávila, en el Estado Mérida, de la República Bolivariana de Venezuela. Este sujeto aparece luciendo orgullosamente una camiseta con un grosero insulto al presidente Maduro y en la otra con alguna de sus admiradoras, ataviada de la misma manera. No sólo eso sino que en más de una ocasión declaró públicamente que “su presidente” era Juan Guaidó y no quien había usurpado ese cargo, que no era otro que Nicolás Maduro. Por supuesto, el Alcalde sigue en funciones y haciendo lo que le viene en gana, al igual que el “presidente encargado” (por Donald Trump) de reemplazar a este último. Yo le pregunto a un observador tan atento de la vida política como Oppenheimer qué cree que hubiera ocurrido si alguna persona cualquiera hubiera salido a la calle para pasearse con una camiseta con la misma inscripción pero que en lugar de Maduro dijera Pinochet, Videla, Franco. Bajo esas dictaduras el pobre sujeto habría sido apresado al instante, sometido a feroces torturas y hecho desaparecer sin dejar el menor rastro. Así operan las dictaduras. Nada de esto ha ocurrido con Peña Mora, que al igual que Guaidó, siguen haciendo de las suyas sin ser molestados por las autoridades del estado bolivariano precisamente porque no es una dictadura sino una democracia sometida a una brutal guerra económica (que algunos analistas norteamericanos estiman que ha producido por lo menos 40.000 muertos por el bloqueo en el suministro de medicamentos y comida), tema sobre el cual Oppenheimer y sus cofrades guardan escandaloso silencio.  Don Andrés, por favor: todo periodista tiene que hacer honor a un “juramento hipocrático” que establece que su obligación moral, inescapable, es “decir la verdad y denunciar las mentiras.” Obligación que, claro está, no existe para los cultores de la propaganda política, que pueden mentir a sabiendas, ignorar datos escandalosos como los que ilustran estas fotografías, y seguir con las  prédicas desestabilizadoras que le dictan sus amos desde Washington como parte de la guerra de quinta generación encaminada a producir un “cambio de régimen” en Venezuela, como para enorme felicidad de sus pueblos hicieron en Libia e Irak, e intentan hacer ahora en Siria y Venezuela.