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Fuente: Nodal | Celag Fecha: 17 de noviembre de 2019 Los hallazgos del estudio del CEPR sobre las elecciones en Bolivia análisis nos permiten afirmar que el informe preliminar de la OEA no aporta prueba alguna que pudiera resultar definitiva para demostrar el supuesto “fraude”. CELAG ha realizado un estudio detallado del informe de la OEA “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019 – Hallazgos preliminares. Informe a la Secretaría General”[1] a partir de análisis propios y retomando los aportes del documento “¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA”[2], elaborado por el Center For Economic And Policy Research (CEPR). Los hallazgos del análisis nos permiten afirmar que el informe preliminar de la OEA no aporta prueba alguna que pudiera resultar definitiva para demostrar el supuesto “fraude” al que aludió el secretario general, Luis Almagro, en la sesión del Consejo Permanente celebrada el 12 de noviembre[3]. Por el contrario, en lugar de atenerse a realizar una auditoría electoral técnicamente fundamentada, la OEA elaboró un informe cuestionable para inducir en la opinión pública una deducción falsa: que el incremento de la brecha a favor de Evo Morales en el tramo final del conteo fuera ampliándose por causas fraudulentas y no por las características sociopolíticas y las dinámicas de comportamiento electoral que se dan entre el mundo rural y el urbano en Bolivia. Un antecedente a considerar es que el día 23 de octubre, previo al inicio de la auditoría solicitada por el Gobierno boliviano y con el cómputo oficial en curso, la Misión Electoral de la OEA emitió un informe preliminar en el que “recomendó”, sin ningún tipo de fundamento técnico, la realización de una segunda vuelta electoral como la “mejor opción”[4]. A continuación, las principales conclusiones: Sobre el análisis de la interrupción del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). El informe la OEA omite decir que, como señala el informe del CEPR, la práctica habitual, anunciada y acordada entre las partes con anterioridad al proceso electoral, incluía el compromiso de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de publicar datos preliminares obtenidos a partir del sistema de transmisión rápida TREP con una cantidad de actas verificadas del 80% del total. A las 19:40 horas del 20 de octubre, momento en que se detuvo la publicación de resultados, la carga de datos había alcanzado el 83,85% de las actas verificadas. Tal como señala el mismo informe, este desempeño del TREP fue similar en los anteriores procesos electorales bolivianos[5]. Los gráficos del informe de la OEA sobre el sistema TREP no revelan nada excepto lo que ya sabíamos, esto es, que se interrumpió la carga de actas en el sistema con el 83,85% de las actas verificadas, y que luego se retomó. Mientras tanto, los gráficos sobre la ratio a favor/en contra de Morales sólo apuntalan una conclusión evidente: que, en las zonas cargadas a última hora de la noche -las zonas rurales- los apoyos de Morales son muy superiores a los recibidos en las zonas cargadas a primera hora de la noche. El informe de la OEA también introduce afirmaciones arbitrarias, sin fundamento técnico, al usar el término “inusual” para caracterizar el comportamiento de las tendencias en la carga de datos: “En el último 5% del cómputo, 290.402 votos fueron contabilizados. De estos, Morales ganó 175.670, es decir un 60,5% de los votos, mientras Mesa obtuvo solamente 69.199 votos, es decir, un 23,8%. En otras palabras, en el último 5% de votación, Morales incrementa el promedio de votación en un 15% comparado con el 95% anterior”. No es “inusual” que Morales hubiera obtenido porcentajes de apoyo en torno al 60%, e incluso superiores, en algunas zonas del país, y principalmente en las zonas rurales de los dos departamentos que se cargaron últimos: Cochabamba y Oruro. Véase al respecto los resultados de las elecciones de 2014, en las que en las localidades rurales el MAS obtuvo una media de 84% de los votos, o las elecciones de 2016 en las que el 71% votó por el Sí en el Referéndum. A partir de un ejercicio matemático riguroso resulta plenamente posible que la proyección de los resultados del TREP al 100% hubiera resultado en una diferencia a favor de Morales superior al 10%, lo cual se deriva del hecho de que las zonas de mayor peso electoral del MAS eran las que estaban menos avanzadas en el cómputo. Suponiendo que del 16,15% de las actas que faltaban cargar al momento de detenerse el TREP, un tercio hubieran correspondido a áreas urbanas, tal como sostuvo el candidato Carlos Mesa, y dos tercios hubieran correspondido a voto rural, y con la hipótesis conservadora de que Morales hubiera obtenido un apoyo del 60% en estas zonas, el resultado final hubiera sido 47,3% vs. 36,4%, es decir, una diferencia de 10,9 puntos. Este resultado es consistente con el que finalmente se obtuvo del cómputo oficial. Tal y como constataron las proyecciones realizadas por el CEPR: “El recuento de votos oficiales legalmente vinculantes no se detuvo durante ningún período significativo, y la tendencia en los resultados en el recuento oficial es muy similar a la tendencia en los resultados de la transmisión rápida”. “Los resultados del TREP no resultan difíciles de justificar ni ‘inusuales’”, como señala la OEA, sino que “la brecha entre Morales y Mesa se amplió constantemente a medida que avanzaba el proceso de conteo”. “Los resultados parciales de la transmisión rápida hasta el momento de su interrupción predicen un resultado que es extremadamente cercano a los resultados finales”. Cabe aclarar que, a pesar de que la OEA centra principalmente su auditoría en el sistema TREP, el único resultado vinculante según la legislación boliviana es el que emana del cómputo oficial de los votos. El sistema TREP, implementado por el país a partir del año 2016 por recomendación de la propia OEA, tiene un carácter preliminar y no brinda resultados oficiales. Resulta muy llamativo que

Fuente: Alvaro García Linera | Página/12 Fecha: 17 de noviembre de 2019 Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder. En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman «collas», que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que «hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre. En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él. El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida. Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de «elecciones limpias» pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror. Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas. Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial. Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial

Fuente: Pedro Santander* | Celag Fecha: 15 de noviembre de 2019 El acuerdo logrado de madrugada entre varias fuerzas políticas sobre el camino hacia la nueva Constitución ha dejado un sabor agridulce entre la población. Después de 2.365 heridos/as, 217 pérdidas de globos oculares, 6.000 detenidos/as, 57 agresiones sexuales a detenidas y 4 semanas de las más intensas protestas sociales que recuerde nuestra historia, la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria llegaron, de madrugada, a un acuerdo intentando destrabar la actual situación. Se abstuvieron de firmar el acuerdo el Partido Comunista y una parte importante del Frente Amplio (sólo 3 partidos del FA dieron su firma). No está claro si así lograrán tranquilizar las calles, pues quienes firmaron son las mismas fuerzas políticas que han sido cuestionadas duramente por el pueblo chileno; son quienes no tienen conexión con el mundo social y su prestigio, según absolutamente todas las encuestas, está por los suelos. Por lo tanto, y todos lo saben, está aun por verse cómo reaccionará la calle. Lo acordado implica que en abril del 2020 se realizará un plebiscito de entrada que pregunte si se quiere una nueva Constitución y cuál será el mecanismo: ya sea una “convención mixta” (50% de actuales parlamentarios y 50% de ciudadanos) o una “convención constitucional” (léase, Asamblea Constituyente). Luego, en octubre, coincidiendo con las elecciones municipales, se elegirán a los/las asambleístas. Finalmente, en un plebiscito de salida, con voto obligatorio (en Chile el voto es voluntario), se ratificará o rechazará la propuesta constitucional. Hay sentimientos encontrados en el mundo social, y así lo han hecho saber las y los dirigentes de la Mesa de Unidad Social, organismo que ha liderado el movimiento y que logró, el martes 12 de noviembre, convocar a un exitoso paro nacional. Encontrados porque, por un lado, es indiscutible que por primera vez en la historia de Chile se está ante la posibilidad de elaborar una Carta Magna mediante Asamblea Constituyente (AC); además, la constitución del dictador Pinochet ha sido desahuciada, sin duda, y la nueva será discutida bajo la modalidad de “hoja en blanco”. Esto significa que la vigente Constitución pinochetista no tendrá jurídicamente ningún valor vinculante sobre la discusión constituyente (como al inicio de las negociaciones lo exigía la derecha). También es un éxito lograr un plebiscito de entrada y de salida (la derecha solo quería el de salida). Sin embargo se trata, sin duda, de un acuerdo con la sombra de la represión militar, hecho a espaldas del pueblo movilizado y del cual no participaron los actores sociales que hicieron posible correr el cerco pinochetista que lastramos desde 1990. Ninguno de ellos y ellas fueron llamados a consulta, a pesar de que fueron quienes hicieron todo posible. Los peores fantasmas de una transición traidora -que la Concertación inició en 1989 cuando dio la espalda al mismo pueblo que derrotó a la dictadura y votó por ella- han comenzado a emerger rápidamente en las redes sociales, en las conversaciones entre amigos, en el rumor social. Y la desconfianza es mayor si se considera que la derecha logró imponer una condición de triste tradición en Chile: lo que se apruebe deberá serlo por un quórum de ⅔. Este fue, justamente, el meollo del asunto por el cual el Partido Comunista y la mitad del FA no firmaron el acuerdo (ellos pedían 3/5). Porque, de este modo, al igual que como ocurre actualmente gracias a la Constitución vigente, se mantienen un quórum supramayoritario que le da a la derecha un poder de veto inmenso con sólo un tercio de los votos. El asunto no es menor si, por ejemplo, queremos volver a nacionalizar el agua (100% privatizada en Chile) o los recursos minerales, como el litio: no bastará tener el 65% de los votos ya que la derecha, con un 33%, puede vetar estas y otras iniciativas. El momento constituyente/destituyente Nunca está demás recordar que somos el único país del Cono Sur que después de las experiencias dictatoriales del siglo XX mantuvo la Constitución del dictador; Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador y hasta Paraguay, con la derecha stroessnerista, la cambiaron. En Chile, ya entrando en la segunda década del siglo XXI aún (con)vivimos con el espíritu pinochetista y neoliberal de la Carta Magna, gracias a que los mismos que ayer firmaron su desahucio y que por 29 años estuvieron muy cómodos con ella. Se inicia, entonces, un momento constituyente en nuestro país que permitirá abordar un problema constitucional objetivo, que la élite quiso desconocer por décadas y al que hoy apuesta como modo de apaciguar la asonada popular. Está por verse si se viene también un momento destituyente, es decir, que se logre destituir verdaderamente el espíritu pinochetista y neoliberal extremista que regula la convivencia social chilena. Este es el próximo desafío, como también lo es enjuiciar a Sebastián Piñera, el presidente que nos declaró la guerra, por las graves, sistemáticas e inolvidables violaciones a los Derechos Humanos que en estas semanas se han cometido. (*) Pedro Santander es doctor en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile (Uch). Actualmente es director del Observatorio de Comunicación de la PUCV. Es profesor titular de la Escuela de Periodismo de esa universidad, donde está a cargo…

Fuente: Emir Sader | Página/12 Fecha: 2 de noviembre de 2019 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que no irá a la toma de posesión del mando de sus futuros pares argentinos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el próximo 10 de diciembre. Tradicionalmente los presidentes de los dos países comparecían a la toma de posesión de sus colegas, además de que la primera visita al exterior de cada uno de ellos se daba al país vecino. El anuncio del presidente de Brasil se hace después de sus dichos respecto a las elecciones argentinas, y sus expectativas de que los candidatos vencedores no triunfarán. Tras el resultado adverso, vinieron sus declaraciones de que los argentinos se habían equivocado y que se arrepentirían. Lo hace desde un gobierno que perdió por lo menos dos tercios del apoyo electoral, en un proceso marcado por la manipulación de fake news. Lo afirma, como si su ausencia empañara la ceremonia de la toma de posesión, como si su ausencia fuera notada y fuera lamentada. Sin embargo el canciller argentino tuvo que rechazar las palabras de Bolsonaro, antes incluso que el nuevo presidente elegido de Argentina hiciera lo mismo. ¿Pero por qué Bolsonaro ha decidido no ir a la toma de posesión del nuevo gobierno del principal aliado económico y político de Brasil? Antes de todo, porque él puede imaginar el tipo de recepción que tendría. Su imagen externa es la más rechazada de todas las existentes en el mundo de hoy, personifica lo peor de lo peor. Desde la responsabilidad por los incendios en la Amazonia hasta las contaminación de las playas del nordeste de Brasil por petróleo, sin que el gobierno, en ninguno de los casos, se haya empeñado en combatir las catástrofes ecológicas. Al contrario, ha tratado de hacer valer los desastres para expulsar a poblaciones indígenas de la Amazonia. Y hasta ha inculpado al gobierno de Venezuela por la contaminación de las playas brasileñas por petróleo. Por si esto no bastara, el presidente de Brasil se ha caracterizado por los planteos descalificadores a los defensores de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los negros, los LGBT, los ecologistas. También se ha caracterizado por la política de expropiación de los derechos de los trabajadores, de los recursos para políticas sociales, por la intensificación de la privatización de recursos públicos. Al igual que, en la política internacional, ha participado activamente en la acciones que tratan de aislar al gobierno de Venezuela. Bolsonaro sabe que el nuevo gobierno argentino va en la dirección exactamente opuesta a la de su gobierno. Fernández ya anunció que Argentina saldrá del Grupo de Lima, constituido para actuar en contra del gobierno de Venezuela. Los nuevos gobernantes argentinos han vertido sus críticas al modelo económico de Macri, tan similar al de Bolsonaro en sus planteamientos y en sus desastrosas efectos sociales, con el estancamiento económico y con índices record de desempleo en los países. El actual presidente brasileño se ha mostrado sumamente incomodado con la visita que Alberto Fernández le hizo a Lula antes aun de su elección como nuevo presidente de Argentina, con sus reiterados pedidos de Lula Libre, con los mensajes de Lula a los nuevos gobernantes de Argentina. El sabe que las relaciones entre Argentina y Brasil nunca fueron tan buenas como cuando Lula y Néstor Kirchner establecieron acuerdos históricos. Aquel fue el período de mayor fortalecimiento de los procesos de integración regional y de intercambio económico entre los dos países. Bolsonaro también sabe que no fue con comodidad que Macri lo recibió en la Casa Rosada, porque ha tenido pronunciamientos que ni siquiera la derecha argentina tolera.  El actual presidente de Brasil puede imaginar entonces cómo sería su recepción en Buenos Aires, en medio de la que seguramente será la mayor fiesta democrática contemporánea de la región, la que marcará la toma de posesión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Imagina cómo su figura, su presencia, sería el blanco concentrado del repudio a todo lo que él representa, puede suponer que tendrá frente a él nuevamente ese pedido: Lula Libre. Por todo ello, Bolsonaro ha anunciado que no va a la toma de posesión. Un evento al cual ni siquiera había sido invitado. Y en el que sería un invitado mal visto, descolocado, fuera de contexto. En una fiesta que consagra todo lo opuesto a lo que él y su gobierno representan.