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Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 24 de FEB 2019 Marcelo D’Alessio reveló en su declaración indagatoria información confidencial de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para salvar de la trama de extorsión al fiscal Carlos Stornelli. Dijo que Aníbal Degastaldi (foto) y Ricardo Bogoliuk, ex comisarios bonaerenses, pertenecen a la Agencia que dirige el amigo presidencial, Gustavo Arribas y fueron quienes le encargaron el “trabajo”. Bogoliuk fue una de las últimas personas en hablar por teléfono con el fiscal Alberto Nisman. Fue denunciado por encubrir a piratas del asfalto. Degastaldi actuó en la caso de María Marta García Belsunce y estuvo vinculado a secuestros express cuando era comisario en San Isidro. “Es una de las personas que en Argentina más sabe de seguridad. Va al frente. Este es un tipo valiente”. Así ensalzó alguna vez Alejandro Fantino la figura de Marcelo D’Alessio en Animales sueltos. Nunca fue tan atinado el nombre del programa. Claro que había que ver a ese mismo personaje, lloroso y con las manos en posición de rezo, al implorar: “Déjenme ir a casa y yo les cuento todo”. Fue el 17 de febrero pasado, durante su indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. En su atemorizado empeño por despegar al fiscal federal Carlos Stornelli del episodio extorsivo sobre el empresario Pedro Etchebest, hizo añicos un secreto de Estado: la pertenencia a la AFI de los ex comisarios bonaerenses Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, a quienes les atribuyó el rol de mandantes del chantaje en cuestión. ¿Acaso D’Alessio habrá sido consciente de que aquello era como huir de Hiroshima para refugiarse en Nagasaki? Degastaldi es apenas recordado a raíz de hechos ya desdibujados por el tiempo. Entre éstos, su asistencia al velorio de María Marta García Belsunce, de donde se retiró sin suponer que le habían volado a tiros la tapa de los sesos. Y también por su morosidad en la búsqueda de Hugo Conzi, dueño del famoso restaurante Dallas-Olas Boulevard, quien se encontraba prófugo tras matar allí a un cliente por cuestiones de polleras. En cambio, Bogoliuk –con una trayectoria signada por una discreción casi obsesiva– tuvo la desdicha de haber sido uno de los últimos interlocutores telefónicos del fiscal Alberto Nisman, poco antes de su muerte. Y eso hizo que por unos días su nombre titilara en los medios. Pero ambos son dos viejos pájaros de cuentas, cuyos vidriosos pasos por la función policial merecen ser evocados. Dúo dinámico El 12 de julio de 2002 fue una fecha infausta para el gobernador Felipe Solá y su ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero. Ese día ocurrió el secuestro del joven Juan Manuel Canilla. Aquel hecho fue el primero con epílogo fatal en la modalidad “express”. A la conmoción causada por el asesinato no tardó en sumarse un sujeto petiso y calvo que incesantemente acariciaba su tupido bigote. Era el jefe de la DDI de San Isidro, comisario Degastaldi. Su jurisdicción abarcaba la zona en que se cometió el crimen. A la noche se prestó a la requisitoria periodística con un semblante que lucía entre desencajado y furioso. Entonces, dijo: “Fue un delito aberrante, una cosa absolutamente salvaje”. Y dio por concluida la conferencia de prensa. Deslizaban en su entorno que desde ese momento algo pareció haberlo afectado. El sombrío final de la víctima era un tema que lo ponía sumamente nervioso. “Fue gente que se zarpó”, le confió en esos días al autor de esta nota. Pero no dijo más. Parecía atesorar un gran secreto. Después, alguien vinculado a la investigación sugirió la complicidad en ese secuestro de “policías de la seccional de Victoria, y su participación habría consistido en el encubrimiento”. También aportó el apellido de un sargento. Degastaldi había incrementado su prestigio al investigar los secuestros de Cristián Riquelme (hermano del jugador de Boca) y del rugbier Federico Virasoro, entre otros. Justamente su consagración se produjo el 4 de abril de aquel año, cuando en su oficina de la DDI convocó a la prensa para anunciar la liberación de Riquelme. “El pibe fue liberado a las cuatro de la madrugada, pero no tengo información sobre el monto”. Pronunció la segunda parte de la frase sin atenuar bajo el bigote una pícara sonrisa. “Degastaldi tiene absoluto conocimiento acerca de todos los secuestros en San Isidro”, dijo el hombre, antes de prender un cigarrillo. Y agregó: “Don Aníbal está en todas partes”. Entonces soltó una risita quejumbrosa. Era un tipo de la SIDE que había participado de un operativo conjunto entre ese organismo y La Bonaerense para detener a Félix “El Boli” Díaz, un integrante de la banda que capturó a Riquelme. Conocía al dedillo la cocina de aquella pesquisa y también las sospechas sobre Degastaldi. Según sus dichos, el comisario intervino activamente en las tensas negociaciones entre la familia y los secuestradores por el rescate, a pesar de que la policía trabajaba de oficio por no haber denuncia. En este punto, fue muy detallista: – Él se encargó de llevar el dinero a los secuestradores. O sea, la familia le entregó un bolso con 160 mil dólares, que Degastaldi en la comisaría contó billete por billete. Nunca se supo el destino de esa suma. Aníbal, desde luego, dice que se la entregó a la banda. Pero nadie lo vio. Entonces el espía soltó otra risita, que ceso cuando le preguntaron: – ¿Es habitual que un comisario sea el encargado de entregar el rescate? –No. Salvo en San Isidro. Ahí es tradición. Agregó que en el secuestro de Virasoro, Degastaldi llevó 50 mil dólares del rescate a los captores. El rugbier fue liberado tras cinco días de cautiverio en medio de un mar de dudas. También dijo que la SIDE habría detectado “llamadas efectuadas por los secuestradores a los teléfonos de Degastaldi”. Específicamente, al directo suyo en la DDI y a sus dos teléfonos celulares. A su vez hubo “llamadas entre la banda y cuatro oficiales de Degastaldi”. Claro que tales datos no llegaron a ningún juzgado. Por aquellos días el

Fuente: Irina Hauser y Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 24 de FEB 2019 Los mensajes entre el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio suman decenas, incluyendo algunos posteriores al estallido del escándalo y en los que D’Alessio se ofrecía a declarar a favor del fiscal. Pero no es lo único: hay centenares de comunicaciones por WhatsApp, contactos y llamadas con personajes que, presuntamente, revistan en los servicios de inteligencia. También hay comunicaciones con al menos otro fiscal y con distintos funcionarios públicos. Lo que arrancó como la investigación de una extorsión al empresario Pedro Etchebest para mejorar su situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos está derivando en algo de otro volumen: la investigación sobre una red u organización en la que no sólo fue extorsionado Etchebest sino que padecieron lo mismo otras personas –posiblemente unas 20– y en que los delitos derivaron también en extorsiones por dinero, coacciones, aprietes y hasta la maniobra de “plantarles” droga a imputados. El viernes se presentaron en Dolores dos ex comisarios de la Bonaerense que se estarían incorporados a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que fueron mencionados en los supuestos delitos. El juez Alejo Ramos Padilla no les tomó declaración porque quiere reunir todas las pruebas, pero les dictó la prohibición de salir del país y secuestró sus celulares. Allanamiento El juez federal de Dolores instruye la causa desde el momento en que Etchebest presentó la denuncia, el 28 de enero, porque, tras un encuentro de tres horas con Stornelli, en el balneario CR de Pinamar, el falso abogado Marcelo D’Alessio le pidió 300 mil dólares. Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar. La extorsión consistió en decirle que un arrepentido –Juan Manuel Campillo– lo había involucrado en la causa de las fotocopias y que para evitar problemas había que hacerle “una atención” a Stornelli. Poco después de recibir la denuncia, Ramos Padilla encabezó un allanamiento a la lujosa vivienda de D’Alessio, en el country Saint Thomas. Según se puede ver en el acta, el falso abogado arrancó diciendo que nadie podía acceder a las computadoras ni celulares porque él investigaba a la organización libanesa Hezbollah y también buscaba terroristas en la Triple Frontera. “Es una cuestión de seguridad nacional”, gritaba. En esa primera parte del allanamiento, D’Alessio le dijo al juez que llamase a Patricia Bullrich, a Gustavo Arribas e incluso al Presidente. Pero luego, más sereno, se escudó en Stornelli: “Estoy en la investigación que tiene en este momento Stornelli. Si quiere, llámelo. Es lo de Campillo. Yo estuve con él en Pinamar. Déjeme hablar con Carlos”. Los materiales conseguidos en ese allanamiento son los de mayor importancia porque no están contaminados: fueron secuestrados por el magistrado cuando la investigación no era pública. Desde entonces, en Dolores se reciben decenas de anónimos y se presentan varios denunciantes por día, pero funcionarios judiciales sospechan que las cosas tienen demasiado olor a armado previo. En cambio lo que se encontró en el allanamiento original es la clave de la investigación: una notebook, los dos discos rígidos, los tres celulares, 22 horas de desgrabaciones, cuadernos escritos de puño y letra por D’Alessio y asombrosos legajos de inteligencia. A eso se agregan horas de escuchas ordenadas por el propio juzgado. Conexiones Como ya anticipó este diario ayer, todos los textos de Whats- App y mensajes consignados en la denuncia de Etchebest serían originales, tal cual surgió nítidamente a simple vista en la pericia realizada el jueves. El informe final de la Prefectura no está entregado todavía. Pero Página/12 pudo saber que una primera revisión detectó decenas de mensajes entre D’Alessio y Stornelli. Los que despiertan más curiosidad son tres textos: Un mensaje en el que D’Alessio le dice a Stornelli que “yo me ocupo personalmente de Pedro”. Podría ser una referencia concreta a Etchebest, el extorsionado. Hay un pedido de Stornelli a D’Alessio para que se le haga una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de uno de los imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Hay un cruce de WhatsApp en el que se combina el encuentro en Pinamar, en plenas vacaciones de Stornelli. En una mesa esperaba el empresario Etchebest y en la otra el fiscal hablaba con D’Alessio. Al final del encuentro, Stornelli se fue a dar una vuelta en la flamante camioneta de D’Alessio y al regreso éste le pidió los 300.000 dólares al empresario Etchebest. Las cosas no sólo están grabadas, sino que D’Alessio admitió haber pedido el dinero. Además, cobró 14.700 dólares en dos pagos, uno en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero y el otro en la confitería Selquet. Está constatado que el celular del que vienen y al que van los mensajes es el de Stornelli. Solo falta el informe oficial incorporado a la causa. Un dato asombroso es que, según parece, hay un mensaje del 11 de febrero de D’Alessio a Stornelli ofreciéndose a defenderlo ante el escándalo. El caso explotó el viernes 8 de febrero, es decir que seguía habiendo diálogo entre el falso abogado y el fiscal aún tres días después. D’Alessio le habría propuesto presentarse en la Cámara Federal para desvincularlo del caso. Esta semana también se conoció que el falso abogado declaró dos veces ante Stornelli de manera irregular, a principios de noviembre, en la causa por la compra de Gas Natural Licuado. El fiscal no tenía delegada la causa de manera que correspondía que D’Alessio declare ante el juez, no ante el fiscal. Y lo hizo en un momento clave: habían usado ese expediente para detener a Julio De Vido y Roberto Baratta, pero ocurrió que la pericia que era base de la causa resultó falsa y fraudulenta. D’Alessio fue a llenar ese agujero, declarando sobre los seguros y los costos en puerto. Lo grave es que ese testimonio recién se incorporó a la causa el 14 de febrero y es uno de los argumentos que usará este lunes el juez Claudio Bonadío para imputar en ese expediente a

Fuente: Carlos Romero | Revista Zoom Fecha: 20 de FEB 2019 Para el ex juez federal Carlos Rozanski, la situación del Poder Judicial, al que considera un instrumento en manos de Cambiemos, no registra antecedentes desde el fin de la última dictadura cívico-militar: “En ninguna etapa de la democracia argentina, jamás, se ha cometido la cantidad de delitos que esta gente está cometiendo”, aseguró el ex magistrado. Tampoco dudó en calificar al fiscal Carlos Stornelli como “un delincuente” y en atribuirle al juez Claudio Bonadio “la actividad de encarcelar opositores”. Como presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en 2006 Rozanski condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz y en 2007, al capellán Christian von Wernich. En 2016, presentó la renuncia y se jubiló, denunciando una persecución del PRO en el Consejo de la Magistratura, donde avanzaba una causa en su contra por “maltrato laboral”. En la actualidad, es docente en distintas universidades, incluida la de Madrid. Sobre el escándalo en torno a Marcelo D’Alessio, Rozanski aclaró que si bien siempre hubo “chantas que aprovechan (…) para sacarle plata a algún idiota, esto es otra cosa completamente distinta, es una organización criminal”, en cuya cima ubicó al propio Mauricio Macri. “La figura más trascendente de esta red es el presidente, es él quien ha dicho que tenía una lista de 642 personas para mandar en un cohete a la Luna”, subrayó. – ¿Cómo considera la situación del Poder Judicial en el país? – La justicia en Argentina ha hecho un retroceso de más de 40 años, porque tendríamos que irnos a marzo del ‘76 y los años siguientes para recordar alguna situación similar, en cuanto a un Poder Judicial que, en aquella época, aceptó la suspensión de las garantías constitucionales y los derechos esenciales. Este es un gobierno, en principio, elegido democráticamente, pero de inmediato transformado en un verdadero régimen de supresión de derechos, persecución política, cárcel y un nivel de violencia institucional y simbólica no conocido desde la dictadura. Por lo tanto, es altísimamente preocupante la situación del Poder Judicial, porque se está produciendo en un régimen aparentemente democrático, pero alejado de lo que significa el Estado de derecho, y es algo que no estamos adecuadamente preparados para enfrentar. Aclaro que me refiero al sector más reaccionario y recalcitrante de la justicia, no a la totalidad. El resto trata de sobrevivir y algunos hacen un gran esfuerzo para resistir y luchar contra este régimen. – En este escenario, ¿cómo actúan los distintos sectores judiciales? – Desde mi punto de vista, el Poder Judicial tiene tres sectores: uno, pequeño, es sumamente decente, con gente muy preocupada por el día a día, por trabajar bien y cumplir con lo que significa la responsabilidad de integrar un Poder Judicial que decide la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Después, en el otro extremo, hay un sector criminal, porque está integrado por personas que comenten gravísimos delitos. Son los visibles apoyos que tiene este régimen y que se traducen en la actividad de encarcelar opositores, por ejemplo, del juez Bonadio; y la actividad de extorsionar, como es la banda que lleva adelante el fiscal Stornelli. Es un poderoso y muy influyente, pero no deja de ser también un sector pequeño. Entre ambos extremos, hay una franja enorme que es lo que yo llamo “los diletantes”, es decir, jueces y fiscales que van acompañando los momentos políticos sin mayor compromiso. Obviamente, los más preocupados son esa minoría de gente honesta. Los criminales han tenido históricamente y tienen un nivel de impunidad extraordinario. El sector intermedio tampoco tiene mayor preocupación, no son gente que se comprometa como para correr riesgos. Son diletantes pero causan un daño social enorme, porque su forma de actuar termina siendo completamente funcional a esa otra parte de la Justicia que opera como una organización criminal. – En ese mapa, ¿dónde ubica al juez Alejo Ramos Padilla? – Es uno de los jueces federales más decentes que tiene el país. Por eso es tan importante su situación actual. Es necesario fortalecerlo ante el avance de los ataques que seguramente va a seguir recibiendo y cada vez mayores. – ¿Lo sorprendió lo ventilado en la denuncia contra Stornelli? – A la gente interesada por la actualidad, no la puede sorprender de ningún modo. En primer lugar, porque el fiscal Stornelli es un delincuente, es un hombre que comete delitos. En este caso, el que se denunció no solo es gravísimo desde lo institucional sino que además muestra el nivel de impunidad con que se manejaba. Incluso las respuestas parecen una burla. Burla en cometer los delitos pero también en descalificarlos. Hablamos de delitos ejecutados desde el Estado y no creo que los mandos terminen en Stornelli, creo que hay muchos socios y, además, superiores. Desde el Estado y con ese nivel de crueldad, se recaudan millones de dólares en una operación tan tremenda, que de todos modos no es la operación original. – ¿En qué sentido no lo es? – La operación original no es la extorsión, sino la persecución política, en este caso, en cabeza de la expresidenta Cristina Fernández y del resto de los opositores. No la persecución de un partido en particular, sino de todo el arco opositor. Esa era la finalidad y, al lado, la recaudación multimillonaria que generan estos delitos. Es la punta de un iceberg mucho más poderoso que el que terminó destruyendo al Titanic, porque ese iceberg es nada menos que un pedazo del Estado argentino al servicio del crimen. Es algo que deberíamos tomar con muchísima seriedad y creo que hay gente que lo está haciendo, pero se necesitan muchas instancias, especialmente políticas, y también que acompañen aquellos sectores decentes del Poder Judicial que mencionaba antes. El nivel de criminalidad es tan alto que enfrentarlo va a requerir una suma de voluntades de distintos sectores institucionales. – ¿Cómo se llegó a una situación tan crítica? ¿Qué parte es fruto de esta gestión y qué responde