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Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 10 de MAR 2019 El avance de las investigaciones que lleva a cabo el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla inquieta a no solo a Stornelli y Bonadío, sino también a funcionarios dentro de la delegación diplomática de Washington con sede en Buenos Aires, que temen quedar expuestos en relación a una operación global destinada a saquear una de las empresas más poderosas del mundo. Los documentos encontrados en casa de Marcelo Sebastián D’Alessio, en ocasión del allanamiento realizado en su lujosa mansión en el barrio privado de Saint Thomas, contiene material sensible para quienes participan de la coalición destinada a hostigar al chavismo. El gobierno de Mauricio Macri ha participado dentro del Grupo de Lima en la ofensiva continental dispuesta por Trump, para contribuir a su asfixia económica y disciplinar políticamente a la región. Uno de los objetivos centrales de las políticas del Departamento de Estado hacia Venezuela es el manejo y/o la apropiación de sus formidables recursos naturales, distribuidos básicamente en la cuenca del Caribe. La planificación para lograr dicho objetivo es similar a la operada en Medio Oriente luego de la guerra de Irak, donde los contratistas de las grandes corporaciones texanas lograron controlar las refinerías y erigir una infraestructura hidrocarburífera acorde a las necesidades de Washington.[1] Con la misma concepción estratégica, en la última semana John Bolton, el jefe de asesores de Seguridad de los Estados Unidos, amplió el bloqueo de activos de PDVSA en 7.000 millones de dólares y anunció una asfixia análoga para el año próximo, pero de 11.000 millones. Las sanciones del gobierno de Trump se refieren a la empresa petrolera venezolana SITGO (integrante del grupo PDVSA), que cuenta con tres refinerías en territorio estadounidense.  Dado que el 100 % de sus acciones pertenece al Estado bolivariano, sus autoridades son nombradas por el gobierno de ese país. Su máxima autoridad, hasta el 13 de febrero, era Asdrúbal Chávez, primo del extinto Presidente. El último 30 de enero, el gobierno de Donald Trump decidió violar la sacrosanta normativa de la propiedad y adjudicó a Juan Guaidó el control financiero de la empresa. Esta medida permitirá al sector petrolero de Houston contar con la conducción de una empresa valuada en U$S 10.000 millones, que posee tres refinerías y una red de casi 6000 estaciones de servicio distribuidas en el territorio de los Estados Unidos. Un decomiso legitimado por supuestas razones de seguridad nacional. En forma sincrónica, a 8.000 kilómetros al sur de Washington, un operador adscripto (o líbero) de alguna de sus variadas agencias gubernamentales, quedó expuesto al llevar a cabo operaciones extorsivas contra uno de los ex funcionarios de PDVSA. El ex director de logística Gonzalo Brusa Dovat fue manipulado, con el objetivo de contribuir a esmerilar dicha corporación, en el marco de los objetivos planificados, en forma coincidente y concurrente con el Departamento de Estado, para lograr el naufragio del chavismo. Según la documentación secuestrada por el juez, el falso abogado D’Alessio mantenía una complicidad activa con el fiscal Carlos Stornelli en esos menesteres de incidencia internacional. El fiscal de la causa de los cuadernos se mostraba muy comprometido en favorecer a la deslegitimación de PDVSA. Las numerosas presencias del fiscal en la delegación diplomática de Estados Unidos y su denodado interés por la difusión de malas noticias sobre PDVSA revelan una operación de pinzas a nivel global, en obvia connivencia con el gobierno de Mauricio Macri. La operación ayuda humanitaria con la que se pretendía conseguir, a partir del último 23 de febrero, el estallido de una guerra civil o una deserción en masa de integrantes de las fuerzas armadas bolivarianas, no logró los frutos esperados. En el marco de esa frustración, el Departamento de Estado se vio obligado a volver a su estrategia original de cuatro ejes: Confiscar cuentas del Estado venezolano en territorio estadounidense; Amenazar a terceros países con sanciones a quienes viabilicen formas de cooperación, desplieguen acuerdos comerciales o compren hidrocarburos; Ampliar el bloqueo financiero y el acceso al crédito para evitar la continuidad de su diversificación industrial y la conquista de la seguridad alimentaria autónoma; Propagación global de una crisis humanitaria terminal en la sociedad venezolana y de una corrupción endémica al interior del gobierno chavista. Para colaborar en este último objetivo D’Alessio llevaba a cabo operaciones de espionaje, extorsión y operaciones psicológicas, en connivencia con el aparato comunicacional más extendido de la argentina, el Grupo Clarín, y uno de sus periodista estrellas, Daniel Santoro. La inquietud del establishment jurídico, mediático y de la AFI previa a la (fallida) indagatoria del fiscal Stornelli ante Ramos Padilla, se concentró el último jueves en un simple adminículo tecnológico denominado celular. Dicho aparato fue observado durante la última semana por técnicos recomendados por la embajada de Estados Unidos, que se comprometieron a ejecutar una limpieza parcial en 48 horas. Dado que la información queda también registrada en otros celulares y en la nube de los proveedores de las aplicaciones utilizadas (por ejemplo WhatsApp), la zozobra permanece activa en varios de los contactos del fiscal encuadernado. Sin embargo, según comentaron algunos informáticos con residencia laboral en Comodoro Py, aparece como improbable que los propietarios de las aplicaciones (utilizadas por Stornelli) con servidores ubicados en Estados Unidos, se dignen a responder en tiempo y forma a potenciales exhortos solicitados por la justicia argentina interesada en PDVSA. El esquema develado posee varios antecedentes, coincidentes con el objetivo de Washington de timar un recurso ajeno. En un cable enviado por el embajador estadounidense en Caracas, fechado el 17 de febrero 2009, filtrado tiempo después por WikiLeaks, se describen los interrogatorios especiales y pormenorizados realizados a los funcionarios de PDVSA y CITGO con el objetivo de recopilar información de inteligencia para abonar al futuro control de ambas empresas. Dos años después, gracias a los documentos filtrados por el contratista de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) Edward Snowden que se publicaron en The Intercept, quedó en evidencia la ejecución de una operación conjunta entre la NSA y la CIA para espiar a funcionarios

Fuente: Juan Alonso | Nuestras voces Fecha: 09 MAR 2019 El juez Ramos Padilla señaló que el fiscal Carlos Stornelli está acusado por espionaje ilegal. En un detallado informe enviado al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, indica varios delitos cometidos por Stornelli conjuntamente con Marcelo D’Alessio: operaciones de inteligencia ilícitas, investigaciones paralelas, cámaras ocultas contra abogados e imputados en causas propias, y extorsiones. El presunto espía de la DEA continúa detenido y acusado de integrar una asociación ilícita. El laberinto del fiscal federal. Los detalles del informe. El fiscal federal Carlos Stornelli, el preferido de Mauricio Macri, creyó que de los laberintos se salía por arriba, pero está cada día más cerca del pasto y no se trata precisamente de la cancha de Boca. El juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla envió un informe de 20 páginas al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, señalando varios delitos graves (entre ellos, espionaje ilegal e investigaciones paralelas con coacciones) presuntamente cometidos por el fiscal icónico de  Comodoro Py. Mientras cruje el mecanismo del armado de causas contra opositores políticos y el aparente espía de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio continúa detenido y acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar a empresarios amenazados con la foto de un cuaderno, y de espiar a periodistas “Animales”; el juez Ramos Padilla sumó más de mil fojas de prueba fáctica (sin arrepentidos), que Stornelli se niega a responder eludiendo la Justicia. La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera diputada y senadora votada por millones de argentinos resultó indagada por ocho delitos en una sola mañana, pero el fiscal Stornelli, que no lo votó ni su tía, le hizo una gambeta torpe a la requisitoria del juez Ramos Padilla. Se negó a recocer su competencia y pretende continuar haciendo uso y abuso de indagados colaboradores llevados a la rastra por su amigo servicial, Marcelo Sebastián D’Alessio, que se cansó de enviarle mensajes telefónicos, gestionó una coima de 300 mil dólares de la cual cobró más de 14 mil y lo embarró con delaciones propias de una saeta de la maldad. Las filmaciones, fotografías, capturas de pantalla, audios de voz, y otras vituallas, que aportó el extorsionado exiliado Pedro Etchebest, más la prueba colectada por el juez Ramos Padilla, conforman el peor escándalo político institucional y jurídico de la historia democrática desde 1983. Veamos por qué. El tiempo Cuentan quienes lo conocen desde que era un pésimo estudiante de Derecho, que el fiscal Stornelli combate el estrés mirando relojes antiguos con paciencia de orfebre. Hasta en eso coincide con el imputado D’Alessio, quien tenía 50 relojes carísimos en su casa del country Saint Thomas del partido de Esteban Echeverría, además de una docena de autos de alta gama parecidos a los que gusta el fiscal de Comodoro. Eso no sería grave. Lo anticonstitucional, antidemocrático, y rayano con la criminalidad organizada y el abuso de la toga y el martillo, es lo que le enrostró el juez Ramos Padilla. A saber: Presuntas maniobras de espionaje ilegal incluso valiéndose de esos supuestos métodos para causas que están a su cargo. Ser supuesto partícipe en la maniobra coactiva en perjuicio del ex gerente de Logística de PDVSA Argentina, Gonzalo Brusa Dovat junto a su amigo el imputado Marcelo Sebastián D’Alessio (presunto agente de la DEA), a quien conoció por medio del periodista de Clarín, Daniel Santoro, con ese cartel de presentación a cuestas. En este caso el mecanismo fue el siguiente: D’Alessio le envió mensajes diciendo que iba a “quebrar” a un empresario de “PDVSA residual”, lo presionaría para que Brusa Dovat le diese una entrevista a Santoro y luego se lo llevaría al despacho en una camioneta de la embajada de EE.UU, con dos sujetos que serían extranjeros. Y lo peor, según el juez Ramos Padilla, sabiendo que Brusa Dovat había sido víctima de maniobras ilícitas por parte de D’Alessio; el fiscal le tomó testimonial con el tono de una indagatoria relámpago. Poco antes, el 30 de enero, el periodista Santoro entrevistó a Brusa Dovat “en exclusiva” para Clarín en un restaurante árabe del barrio de Palermo. La gestión la hizo el experto D’Alessio. La nota salió en la web el 2 de febrero y en papel el 3. La noticia se presentó así: “Denuncian maniobras de lavado de dinero en PDVSA Argentina”. “En complicidad con funcionarios K”. “Un ex directivo de la empresa venezolana afirmó que varios de sus ex presidentes robaban combustible para sacar plata al exterior”.  ¿Por qué el apuro y la anotación de “prioridad” de la “operación PDVSA” del presunto agente de Estados Unidos, D’Alessio? Porque el Gobierno de Donald Trump ordenó el decomiso de los fondos de Venezuela el 29 de enero. El supuesto agente de la DEA y supuesto numerario free lance de la AFI, Marcelo Sebastián D’Alessio le escribió a su conocido fiscal Stornelli un mensaje curioso. “Mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de PDVSA que sigue operando en el país. Si es lo que imagino, además del informe que tengo que armar para Maine (sede de la DEA en EE.UU) y enviarlo por valija diplomática, está el factor argentino, que seguro le vas a sacar provecho”. ¿Qué significaba eso? Afianzar la alianza con la embajada de EE.UU y su carrera intervencionista regional comenzando por la República Bolivariana de Venezuela. En otra comunicación con un interlocutor distinto, D’Alessio le contó que llevaron a Brusa Dovat en una camioneta que sería de la embajada de EE.UU y una vez dentro del despacho de Stornelli, él lo filmó declarando. D’Alessio no es abogado. Nótese la acusación de “lavado de dinero”. ¿Por qué D’Alessio influyó a Brusa Dovat y a Santoro para que escribiese eso? Porque el FBI acaba de abrir una oficina en Miami para investigar presuntos hechos de lavado de dinero producidos en América Latina. ¿Qué hacía D’Alessio? Cumpliría  órdenes de sus presuntos mandantes de EE.UU de Norteamérica. Pese a ello, el periodista Juan José Salinas logró

Fuente: Tali Goldman | Nuestras voces Fecha: 06 de MAR 2019 La Red de Mujeres Policías une a fuerzas de todo el país. Antes del paro de mujeres emitieron un comunicado en el que aseguran que no están dispuestas a reprimir en esa protesta: “No es un delito manifestar por la seguridad y la erradicación de la violencia contra nosotras”. El grupo está conformado por mujeres de distintas fuerzas de seguridad que intentan ponerle un freno a los abusos y violaciones en sus lugares de trabajo y conquistar los derechos que les niegan. El germen de los espacios colectivos suelen ser, en la mayoría, producto de alguna historia personal. En general esa lucha comienza de forma solitaria, con más escollos que caminos allanados, más dudas que certezas. Pero siempre esa historia personal, que parece aislada, se choca con otras historias similares: allí es cuando se produce ese click en el que todas comprenden que luchar en colectivo siempre es mejor que luchar solo. Ese es el caso de la Red de Mujeres Policías, un grupo de mujeres de distintas fuerzas de seguridad de todo el país, a las que de alguna manera, el movimiento feminista también comenzó a interpelarlas y que se juntaron para empezar a interpelar ese statu quo machista, patriarcal y sobre todo, violento dentro de las fuerzas de seguridad. Como colectivo se formó hace algunos años pero que comenzó a institucionalizarse y a hacerse público hace poco. Sacaron un comunicado a principios de 2019, en vísperas del próximo paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. Y lo llamativo es que allí expresan, explícitamente, que no están dispuestas a reprimir, como suele ocurrir, en esas manifestaciones. Vale la pena leer el comunicado de principio a fin: “En representación  de las mujeres policías que estamos trabajando en Red para frenar los abusos y violaciones a nosotras dentro de la Institución. Queremos dejar claro dos puntos que serán parte de nuestro documento a presentar ante el Ministerio de Seguridad Nación. Ante el debate abierto entre el Movimiento Feminista y la situación de las Mujeres policías proponemos, en principio, que no se nos envíe a Marchas de Mujeres porque no es un delito manifestar por la seguridad y la erradicación de la violencia contra nosotras. Creemos que no debe enviarse ni a policías hombres ni a mujeres porque pedir por el cese de la violencia, repetimos, no es delito y no tenemos que estar allí. Y si estamos será para levantar el cartel NI UNA MENOS acompañando, jamás reprimiendo. Estamos totalmente en contra de la represión a Organizaciones de Mujeres Feministas que ante cualquier hecho de violencia siempre estaremos del lado de las mujeres que han sido reprimidas. No todas somos policías por vocación, algunas lo somos por circunstancias, otras por la pobreza, otras porque hemos accedido como profesionales psicólogas, sociólogas que estamos impulsando entre todas esta red. Somos Trabajadoras, nuestro lugar no es el de reprimir, sino el de capacitarnos y promover, como mujeres, una mayor perspectiva de género en las Fuerzas de seguridad”. De lo individual al colectivo Era el año 2016 y Gabriela Macías se había recibido de licenciada en nutrición en Rosario. Quería volver a su provincia natal, Santa Cruz, en busca de trabajo. Los primeros impactos de la crisis económica la llevaron a dejar su currículum por todos lados, incluso, en la policía, lugar en el que trabaja gran parte de su familia. Esperaba que la llamaran de cualquier otro lado, menos del que la terminaron llamando: la policía. Como ella era profesional de la salud, creyó que entrar a la fuerza sería igual que entrar a cualquier otro espacio laboral. El primer baldazo de agua fría lo sintió apenas entró, cuando dejó de ser Gabriela y pasó a ser Oficial General Macías. No importaba que ella estuviera en el sector de bienestar social de la policía de Santa Cruz y su título universitario fuera de algo lejano a una nomenclatura policial. Unos meses después de su ingreso, Gabriela vivió una situación traumática con su entonces pareja y fue víctima de violencia de género en su propio hogar. Después de un tiempo, tomó coraje y fue a la policía—es decir a su propio trabajo— a denunciarlo. Creía que, al ser ella parte de la fuerza, iban a acompañarla y protegerla. “Mi ex pareja era político, entonces cuando yo voy a hacer la denuncia, en principio, no me creen. Vuelvo a ir una segunda vez y ahí me dicen que la única manera de que me tomen la denuncia era que me revisara un médico. Ahí me hacen desnudarme frente a cinco policías varones”, relata aún con resabios de dolor, a Nuestras Voces. Este fue el primer choque que tuvo Gabriela al darse cuenta qué implicaba ser mujer dentro de la fuerza. En principio, que no le creyeran. En segundo lugar, desnudarse frente a cuatro varones para que ellos determinaran si efectivamente su relato era verdad. “Después de ese episodio empiezo un camino judicial y hago pública esta situación, y ahí empezó el verdadero tormento que fue que se me abriera un sumario, es decir, que desde las fuerzas querían expulsarme”.  El episodio ocurrió en reiteradas veces. La policía estaba empeñada en echarla, ella en hacer valer sus derechos como mujer y como trabajadora. Y sobre todo, y aún sin darse cuenta, Gabriela empezaba a destapar una olla dentro de la policía que luego la convertiría en una referente entre muchas mujeres. Porque lo que empezó a notar es que la violencia hacia las mujeres no era solo el abandono a la hora de la denuncia. A nivel laboral, las mujeres dentro de las fuerzas de seguridad son ninguneadas en todo sentido. “Tenemos una gran cantidad de mujeres que entran porque no consiguen trabajo, esto es lo que llamamos la feminización de la fuerza por una cuestión de pobreza. Las mujeres se anotan porque necesitan trabajar. Y esto es algo de lo que no se habla. A nosotras no nos ascienden, no se nos abren lugares para los

Fuente: El destape Fecha: 06 de MAR 2019  Luego de que publicara una nota acerca de un supuesto espionaje al difunto fiscal Alberto Nisman, el periodista ultraoficialista Nicolás Wiñazki fue desmentido de forma categórica. La misma Cecilia Rodríguez, exministra de Seguridad e involucrada en el artículo escrito en el diario Clarín, fue quien se encargó de contradecir la versión. En una entrevista al programa «Habrá consecuencias» de El Destape Radio, Rodríguez aseveró que es «totalmente falso» que durante su gestión se hayan hecho trabajos de inteligencia sobre Nisman. Concretamente, negó su vinculación con una carpeta que tendría datos sobre el exfiscal de la causa AMIA y su familia, tal como había explicado detalladamente Wiñazki en su nota. Además, adelantó que se va a presentar a declarar ante la Justicia para dar precisiones «respecto de los papeles relacionados con alguna actividad de trabajo» durante su gestión, pero aclaró que no se va a encontrar «nada que tenga que ver con espionaje». En la misma línea, el periodista y escritor Horacio Lutzky se explayó sobre la desmentida en una nota publicado en Página 12. A través de un hilo en la red social Twitter, desnudó punto por punto la mentira de Wiñazki.