admin

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la luna Fecha: 2 de agosto de 2020 El último miércoles 22 de julio, el juzgado número 13 del Tribunal Federal de Curitiba, a cargo del magistrado Luiz Antonio Bonat, condenó por conspiración, corrupción y lavado de dinero a Leonardo Meirelles. La pena estipulada por el juez fue de 40 años y 7 meses de cárcel, pero terminó siendo reducida –en el marco de la figura de arrepentimiento del imputado– a 4 años, con detención domiciliaria. Para acceder al beneficio de la delación premiada, Meirelles tuvo que brindar documentación probatoria de sus ilícitos, efectuados en sociedad con el máximo jefe de la distribución de sobornos de la empresa Odebrecht, Alberto Youssef. Durante las audiencias previas a que fuera comunicado el veredicto, los 9 imputados –entre los que estaban los hermanos Leonardo y Leandro Meirelles– escucharon los cargos y asumieron su status de informantes premiados. La inmensa disminución de la pena, en el caso del denunciante de Gustavo Arribas, fue concedida porque fue capaz de validar las transacciones ilegales efectuadas a diferentes destinatarios. Según uno de los abogados defensores presentes en las audiencias, no existe posibilidad de que Leonardo Meirelles fuese a falsificar los documentos entregados al juzgado, dado que esto implicaría la inmediata pérdida de su condición de arrepentido premiado. Para obtener la reducción de la pena, Meirelles tuvo que validar, ante la jueza federal suplente Gabriela Hardt y a quien la sucedió, Luiz Antonio Bonat, que las transacciones eran verídicas, so pena de perder el derecho a la reducción de la pena. Esa disposición incluyó la cesión de la documentación probatoria capaz de acreditar la totalidad de los desembolsos ejecutados durante los años que trabajó para Alberto Youssef, responsable máximo de coordinar los desembolsos del esquema de corrupción ligado a Petrobras y a Odebrecht. Para corroborar la veracidad de las delaciones premiadas, los abogados de los 9 imputados –incluido Leonardo Meirelles– debieron suministrar al Tribunal Federal de Curitiba las certificaciones de las transferencias bancarias y los resúmenes bancarios avalados por las autoridades financieras. Entre esa documentación, los abogados de los hermanos Meirelles proporcionaron los comprobantes de las comisiones recaudadas por su defendido (sufragadas por Alberto Youssef), luego de certificar que los sobornos habían sido depositados en las cuentas de los corrompidos, para garantizar la adjudicación de obras de infraestructura. Meirelles cobraba entre el 0,5 y el 1 % por cada transacción de soborno. Y en el expediente apilado en el Tribunal No 13, se acumulan los comprobantes de los pagos hechos por Youssef, correspondientes a cada giro realizado al exterior. Entre ellos figuran las 5 comisiones pagadas en retribución a las transferencias realizadas a la cuenta 373645-5 que Gustavo Arribas poseía/posee en la sucursal Zurich del Credit Suisse. En todos los casos, dichas transferencias fueron certificadas por el Standard Chartered Bank Hong Kong, desde la cuenta Meirelles RFY Import & Export Limited, bajo la numeración 313-0-025652-9. Uno de los abogados defensores presente en las audiencias certificó que en el expediente figuran –en forma detallada– las comisiones recibidas por Meirelles por las 5 transacciones giradas a Arribas, incluso la de 70.500 dólares que Arribas reconoce como recibidos. En una investigación realizada por los periodistas Fabio Serapião, Beatriz Bulla y Fausto Macedo para el portal Estadao, se reproducen los mensajes de la casilla de mail de Mauricio Couri Ribeiro, uno de los directivos máximos de Odebrecht, en los que se consignan las coimas relacionadas con la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En uno de ellos, de junio de 2010, se cita una reunión para debatir el pago de un soborno con Javier Sánchez Caballero, quien por entonces era director de IECSA. La información incluida en el expediente del  juzgado de Curitiba contiene documentación provista por la organización dedicada al relevamiento internacional del lavado de activos, The Financial Action Task Force (FATF), que intercedió para detectar las transacciones en diversas partes del mundo, en el marco de un acuerdo previo con la división de Fraude Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La trasnacional brasileña asumió frente a las autoridades de Washington que abonó a sus socios en Argentina un total de 2.900.000 de dólares en coimas y el “pago de retornos adicionales por aproximadamente 500.000 dólares a cuentas privadas”. La documentación remitida por FATF incluye el relevamiento de los giros hechos por Meirelles a la cuenta de Arribas, que los periodistas argentinos del portal El Disenso, Mariana Escalada y Agustín Ronconi, difundieron en enero de 2017. Gracias a la documentación cedida a la Justicia y aceptada como válida por el tribunal, los abogados de los hermanos Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Junior y Haroldo Nater, aceptaron de buena gana la condena y renunciaron a la apelación, situación que le permite a su defendido la obtención de la prisión domiciliaria por 4 años.  A pesar de las certificaciones bancarias aportadas ante el juzgado número 13, validadas por exhortos y las informaciones provistas por FATF, el ex jefe de la AFI fue sobreseido en Argentina. Según dos de los abogados de los condenados en Curitiba, dicho dictamen podría constituirse  en una clara muestra de cosa juzgada írrita, nominación con la que se define la posible (o necesaria) reapertura de una causa ante la aparición de nuevas evidencias procesales. En ese marco, la Justicia argentina debería explicar: Arribas reconoce haber recibido 70.500 dólares en su cuenta radicada en un banco suizo. ¿Cómo pudo acceder Leonardo Meirelles al número cifrado de la misma, en el Credit Suisse (cuyo titular es/era Arribas), cuando ese país dispone de un cerrado mecanismo de secreto bancario? Arribas aduce que dicha transferencia provino desde RFY Import & Export Limited, sucursal de Hong Kong, una cuenta catalogada por el juez Luiz Antonio Bonat como perteneciente a una empresa ficticia destinada íntegramente al pago de coimas, lavado de activos y evasión. El titular de la cuenta, como atestigua el exhorto solicitado por el Tribunal Federal de Curitiba a Hong Kong, es Leonardo Meirelles. Dictamen de sobreseimiento de Gustavo Arribas del 31 de marzo de 2017. Página 6. Arribas afirma haber recibido los 70.475

Fuente: Carlos Zanini | El Cohete a la Luna Fecha: 2 de agosto de 2020 En los últimos años en toda Latinoamérica se ha desplegado una fuerte ofensiva neoliberal para tratar de excluir del mapa político e institucional a líderes que expresan posturas favorables a la inclusión social, la disminución de la concentración económica en manos de unos pocos sobre el hambre de otros muchos, la soberanía política local y la amplia participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. La herramienta más usual ha consistido en rabiosos ataques mediáticos que precedían el urdido de causas judiciales y las decisiones tomadas bajo presión, miedo o convencimiento basado en prejuicios ideológicos, por jueces que han parecido obedecer libretos fraguados en los sótanos oscuros de los servicios de inteligencia (aunque los libretos se esparcieran desde el despacho mismo del Ministro de Justicia o desde las cercanías, si no desde el propio despacho Presidencial, como se ha visto). El amparo mediático pretende presentar ello como parte de una supuesta lucha contra la corrupción, incitando a obtener castigos ejemplificadores junto con la proscripción política de los supuestos autores. La secuencia, partiendo de una “investigación” supuestamente periodística, recala en la denuncia ante la Justicia, que dispara un proceso judicial verdaderamente kafkiano, para conjugarse con la construcción mediática de un escenario público de demonización del denunciado, desde donde el acontecer jurídico de normalización, si prospera, se presentará a la sociedad como “el triunfo de la impunidad”. Resultó central en esas operaciones mostrar cierta apariencia de legalidad para desprestigiar a la actividad política como tal, sobre la base de trasladar nombres, desde la política, que implica representación popular, a las páginas de policiales. Ese ha sido el mecanismo desplegado en América del Sur, contra ex Presidentes como Rafael Correa en Ecuador, Luiz Inácio “Lula” Da Silva en Brasil y a la ex Presidenta y hoy Vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y, últimamente, al depuesto Presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Esa herramienta se conoce por estas latitudes con un nombre en inglés, que resulta de la contracción de dos vocablos: ley (law) y guerra (warfare). Se trata en el decir periodístico cotidiano del “Lawfare”. El concepto viene de los manuales de estrategia militar. Me parece importante indicar la inconveniencia del traslado automático del concepto desde su plano original, la guerra, así sin más, a la política. Charles Dunlap Jr., General de División (R) de la USAF, inaugura la utilización moderna de este vocablo en 2001. Define la “guerra jurídica” como “el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional”. Y agrega que: “puede utilizarse la ley para socavar a los adversarios”. Como conclusión de su trabajo descriptivo del concepto, aconseja que, así como los comandantes están familiarizados con el concepto de preparación de inteligencia del campo de batalla, necesitan agregar la preparación jurídica a su lista de tareas pendientes, y “un elemento clave en esta iniciativa es el uso de los auditores”, así como “educar a las tropas sobre la guerra jurídica”. Como se ve, el concepto tiene una referencia específica a los conflictos militares, y constituye una de las respuestas al problema que presenta para las democracias modernas, tratar de obtener una base de apoyo público considerable para un conflicto armado aún limitado, sobre todo si los ciudadanos creen que la guerra se está llevando a cabo de una manera injusta, inhumana o inicua. Este nombre, trasladado sin más a la arena política, se adoptó como un neologismo que resume en una palabra un muy amplio conjunto de acciones persecutorias hacia los adversarios políticos. Pienso que basta una mirada un poco más detenida para advertir que llamar de ese modo a este accionar sistemático, un verdadero modelo de dominación y entretenimiento de la sociedad, es, por lo menos, benévolo. Así, ese nombre tapa la verdadera naturaleza de la implicancia política e institucional que tuvo y tiene esa práctica. Resulta equívoco llamar así al hostigamiento y la persecución de los adversarios políticos contrarios al establishment, concretado con la utilización profusa de los medios de comunicación y los servicios de inteligencia. Tratándose de una acción judicial violatoria de derechos básicos como el estado de inocencia, el derecho a la defensa en juicio, la prohibición de la creación de tribunales especiales y el derecho al debido proceso y al imperio de las leyes, no constituye una guerra precisamente jurídica. Paradójicamente, a medida que se van develando los tramos más escabrosos de esa ilegal persecución, los medios de comunicación dominantes pretenden presentar el ejercicio de la defensa en juicio como “ardides” o “chicanas”, y la aplicación correcta de las leyes y el respeto a los derechos consagrados constitucionalmente como una supuesta consagración de la impunidad. En la Argentina, fueron muchas las normas violadas en los últimos cuatro años para poder dar forma a esta persecución. En cualquier resumen que se practique de los ejemplos locales, se verá que buena parte del Código Procesal Penal Nacional se tornó letra muerta. Lo que es aún más grave, para llevar adelante ese accionar debieron dejarse de lado garantías consagradas en la Constitución de la Nación Argentina y en los pactos internacionales que la integran. No se trata de una guerra jurídica. Es una violación de las leyes y de las más elementales garantías constitucionales. Está claro que los mecanismos de dominación y disciplinamiento aplicados contra opositores en la República Argentina, que han consistido básicamente en violaciones a la ley y al texto constitucional, no pueden ser benévolamente asimilados a aquella definición que hace Dunlap del término “Lawfare”. Al contener el anglicismo un vocablo que refiere a la “ley”, da la equívoca idea de que se trata de una “guerra jurídica”; cuando la guerra, si es que la hay, es contra el imperio del Estado de Derecho. Es decir, antijurídica por definición, en cuanto se desarrolla violando toda normativa. El linchamiento mediático que expone una política como corrupción, busca confirmación en personeros

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 2 de agosto de 2020 Apenas había aterrizado, y sin siquiera haber caminado por las calles del viejo continente, Mauricio Macri afirmó: “acá se vive en libertad y con responsabilidad”. El mensaje de siempre, previo a comenzar una cuarentena de 14 días en París, antes de ir a las oficinas de la FIFA en Suiza. Seguramente el ex presidente no había alcanzado a leer las noticias que provenían de Reino Unido, que acaba de anunciar un endurecimiento de las restricciones en varias ciudades de Inglaterra. Es más, allí el primer ministro, Boris Johnson, pidió una mayor disciplina ante la pandemia: “La única manera de controlar el coronavirus es si colectivamente se obedecen las reglas de distanciamiento social y se trabaja de modo unificado para contener el virus. Lo que le digo a la gente es: no pierdan el foco, no pierdan la disciplina, observen las guías de las autoridades y si tienen síntomas, háganse un test”. No hay que perder de vista que es un Estado con más muertes que cualquier país dentro de Europa y uno de los que posee más infectados a nivel mundial. Junto con Brasil y Estados Unidos, son tres de los que más enfáticamente minimizaron la pandemia. En paralelo, los impactos económicos se siguen acumulando, por culpa de la pandemia, no por el aislamiento social. En Estados Unidos, se conoció el dato del PIB del segundo trimestre, mostrando una caída del 9,5% contra el trimestre previo. Es la más alta desde que se tienen registros oficiales continuos (1947), aunque sería la mayor al menos desde 1875. El efecto es devastador por donde se lo mire y está lejos de haber terminado. Volviendo a Francia, según Eurostat, el PIB del segundo trimestre cayó un 13,8%, sólo superado por España (18,5%) y Portugal (14,1%). El promedio de caída de la Unión Europea es del 11,9%. Las “periferias”, claramente, suelen ser las que relativamente se ven más afectadas. América Latina es hoy en día el principal foco de la pandemia. En México, tercer país con mayores muertes a nivel global, el PIB cayó un 17,3% en el segundo trimestre. Según las proyecciones de la CEPAL, en México la actividad económica caería 9%, en Brasil 9,2% y en Argentina estaría en valores similares: 10,5%. Los impactos económicos serán generalizados. Sin embargo, es fundamental valorar todo lo que se ha hecho en nuestro país para tratar de que el sistema sanitario esté en condiciones de seguir dando respuestas, como ha ocurrido hasta ahora. Es importante también seguir ampliando el margen de acción y los recursos públicos para poder hacerlo de la mejor manera. La capacidad de respuesta de los países centrales es muy elevada. La semana pasada comenté acerca de la aprobación en Europa de un paquete de 750 mil millones de euros para apoyar la recuperación entre 2021 y 2023, financiado con la emisión de un bono conjunto. Además, se acordó tratar la puesta en marcha de nuevas formas de obtención de recursos fiscales. Entre ellos, un tributo sobre los residuos plásticos no reciclados, un impuesto digital, y uno sobre las transacciones financieras. Estados Unidos ha implementado un paquete fiscal cercano a los 3 billones de dólares, un 14% del PIB. Esto no ha impedido la caída de la economía, en medio de ciertas restricciones, pero ha tratado de atenuar los impactos en las familias y las empresas (sin considerar los sectores que no están formalizados, que tienen limitaciones para acceder a las ayudas). En la región los márgenes de maniobra son muchísimo más acotados y se parte de una situación de fragilidad estructural. Según el último informe de Oxfam, todos los países aplicaron estímulos de diverso grado, que en conjunto llegan al 2,7% del PIB. Ninguna semejanza con lo que ocurre en los Estados desarrollados. Los países de América Latina no emiten moneda convertible internacionalmente, como sí lo hacen Estados Unidos y la Eurozona, y si bien es posible en algunos casos acudir a los mercados financieros, no hay que perder de vista que las cargas pesarán sobre las generaciones futuras. Por eso, en el actual contexto, una alternativa concreta de corto plazo proviene del componente redistributivo que aporta la vía fiscal. Hay que partir de la base de que los sectores más ricos no se ven tan expuestos a las consecuencias de la pandemia, e incluso en la actual coyuntura hay grandes empresas que incrementaron fuertemente sus ganancias desde principios de año. Oxfam sostiene que en la región, “mientras que todos los demás están viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse, los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia”. En línea con muchos de los planteos que se escuchan a escala global, Oxfam propone reformas fiscales de urgencia. Entre ellas un impuesto a los resultados extraordinarios que han obtenido algunas de las grandes corporaciones durante la pandemia. En este caso, es “recuperar una iniciativa que ya estuvo en marcha en tiempos de guerra en Estados Unidos, Reino Unido o incluso en España. Un impuesto a los resultados extraordinarios por efecto de la pandemia, que grave al 95 % solamente el tramo de utilidades o resultados enteramente consecuencia de esta crisis”. También refiere a la necesidad de aplicar un impuesto a las grandes fortunas y patrimonios, que podría ser “un mecanismo impositivo de urgencia y solidaridad aplicable durante varios años o por una sola vez, como ya se está avanzando en Argentina”. Una mención que no hay que pasar por alto. Como ocurre en toda la región, nuestro país atraviesa una crisis económica agravada por la pandemia y se requieren decisiones importantes. En la semana se avanzó en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la ampliación presupuestaria para lo que resta del año. En el informe de la situación fiscal que preparó el Ejecutivo se muestra el frágil punto de partida, y el impacto que hasta el momento

Fuente: Ricardo Aronskind* | La Tecl@ Eñe Fecha: 1° de agosto de 2020 Ricardo Aronskind sostiene en este artículo que transcurridos ocho meses de gestión del gobierno del Frente de Todos en un contexto anómalo marcado por la pandemia del Covid-19, corresponde hacer una reflexión sobre el nocivo comportamiento de la derecha local para entender cómo deberemos afrontar los próximos desafíos de gobernabilidad. Después de 8 meses de gestión del gobierno del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en un contexto totalmente anómalo marcado por una peligrosa pandemia, corresponde hacer una reflexión sobre el nocivo comportamiento de la derecha local, no sólo por la ya transcurrido, sino por cómo deberemos afrontar los próximos desafíos de gobernabilidad. La conformación de la actual derecha política argentina: Una rápida revisión de la historia de las últimas dos décadas nos muestra una trayectoria precisa del espacio de la derecha política. La construcción del espacio Cambiemos fue una operación de marketing político, que expresó las fuerzas que confluyeron al calor del conflicto acaudillado por el “campo” contra el gobierno kirchnerista por la Resolución Nº 125. Tanto en las movilizaciones de ese conflicto, como en las sucesivas marchas de furiosos por el dólar, por Nisman y otras, se pudo observar la construcción de un espacio que era cómodamente conducido desde los principales medios y las redes sociales, irreductiblemente enemigo del gobierno kirchnerista. En ese espacio donde no falta gente capaz, se destacó, insólitamente, la figura de Mauricio Macri, lo que ya da un indicio de la baja eticidad de toda esa construcción política. Cambiemos fue en buena medida un engaño político-electoral, con un componente muy intenso de trabajo publicitario, que fingió una pluralidad, moderación y ecuanimidad que desaparecieron al instante de ingresar en la Casa Rosada: “Dejar lo bueno y cambiar lo malo”. Sin esa “pluralidad” no hubieran podido atrapar diversos sectores de votantes, pero la pluralidad era para ganar elecciones, no para gobernar. Llegaba al Estado el poder económico real. Lo predicado en campaña era puro palabrerío “para la gilada”. Lo hecho en materia económica e institucional durante el gobierno macrista es una demostración, para todo aquel que quiera verlo, de la impostura de su proclamado republicanismo y legalismo. Desde la manipulación del Poder Judicial y la neutralización de los órganos de control del Estado, hasta el acuerdo con el FMI, todo fue ilegal, pero no importaba. Así fueron también los negocios irregulares que se vienen conociendo entre el gobierno macrista y testaferros empresariales del grupo. Todo cubierto por un montaje completo de manipulación sistemática de la opinión pública. Desde el gobierno, el espacio se dedicó a cumplir su función política primordial: tratar de destruir política y humanamente al kirchnerismo y rediseñar el mapa político argentino al gusto de las corporaciones, tratando de construir un sistema bipartidista con dos formaciones políticas que aparentaran ser diferentes, pero que coincidieran en el sostenimiento del neoliberalismo. Lo explicitó Macri en Davos en 2016, mientras le levantaba el brazo a Massa. Fue tan mala la gestión, tan grosera la repartija de negocios entre las fracciones corporativas que sostenían al gobierno, sin la menor preocupación por realizar una política económica sostenible, que la caída de la actividad fue estrepitosa y a pesar de la intervención norteamericana para salvar al macrismo vía FMI, la derrota fue imparable. La derecha otra vez en la oposición: Ya desde el llano, los objetivos, el núcleo duro de las orientaciones del espacio siguen siendo los mismos: resguardar los negocios para las corporaciones, impulsar el desplazamiento hacia la marginalidad de todo lo que huela a intereses nacionales y necesidades populares, y promover la completa subordinación política y diplomática a las potencias occidentales. Todo el resto de temas de agenda política es de menor importancia, por lo que se tolera en ese amplio espacio a gente que piense en forma diferente. Para el núcleo dirigente del espacio, ni siquiera el liberalismo político es real, sino más bien un recurso discursivo de ocasión. Como oposición los comportamientos hablan por sí solos: obstruccionismo, irresponsabilidad, boicot a acciones públicas necesarias, mala fe. Hasta los vitales cuidados por la cuarentena sufren el hostigamiento mediático, de sus comunicadores y de sus líderes más extremistas, y el boicot solapado de los “moderados”. Ejemplos de este oposicionismo irresponsable hay cientos: las reacciones frente al intento de aliviar la situación de la pandemia en las cárceles, tergiversado para producir un cacerolazo; las reacciones frente a la monumental estafa de Vicentin, tratando de defender a los estafadores; las reacciones frente al espionaje realizado por el gobierno macrista a diversos sectores, disimulando los evidentes delitos; las reacciones y el comunicado salvaje frente al asesinato del ex secretario personal de Cristina Fernández; las nulas reacciones frente a las declaraciones secesionistas de Cornejo, Presidente de la UCR; las reacciones obstruccionistas frente al intento de Alberto Fernández de adecentar un poco al impresentable Poder Judicial; las reacciones frente a la negociación externa con los fondos de inversión, apoyando sistemáticamente la posición de los acreedores externos; las reacciones de rechazo a un mínimo impuesto de emergencia sanitaria a las grandes fortunas… Esos posicionamientos públicos son acompañados por una masiva campaña de denostación mediática hacia el Presidente, la Vicepresidente, el Frente de Todos y todas y cada una de sus medidas. A eso se agrega el recurrente llamado a cacerolazos siempre a favor del poder concentrado y agitando los fantasmas que caracterizan la agenda de la derecha: el miedo a los pobres, al Estado, la hostilidad al sindicalismo, la defensa de los propietarios hagan lo que hagan, y del aparato de desinformación de la derecha. La difusión de rumores alarmistas es parte de los ingredientes de la campaña opositora, junto con el uso intensivo de información falsa que apunta a mantener a sus fieles en un estado de indignación furiosa. Por todo lo mencionado, que no agota todos los recursos utilizados, parece que el objetivo de esta derecha no es realizar una oposición democrática y acumular méritos ante la opinión pública para retornar al gobierno dentro de poco más de