noviembre 2018

Fuente: Raúl Kollmann e Irina Hauser | Página 12 Fecha: 04 de NOV 2018 Esta semana será la última en la que expongan las defensas de los procesados en el caso de las fotocopias de los cuadernos. El martes lo hará Carlos Alberto Beraldi, en representación de Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria no se hará presente, dando por tierra la versión de que incluso iba a hablar en la audiencia. Su abogado reiterará que CFK nunca recibió dinero de ninguno de los arrepentidos, pondrá el acento en que la inmensa mayoría ni la menciona y en que no existen pruebas. Beraldi además se tomará el trabajo de enumerar las contradicciones entre los arrepentidos. Durante los alegatos se viene reiterando que las declaraciones de los imputados colaboradores deben ser consideradas nulas porque violan lo que dice la ley: debían quedar en un registro técnico –una grabación o videograbación– pero el fiscal y el juez argumentaron que no grabaron porque “con el papel alcanza”. Se ve que quieren esconder la negociación que hubo con los arrepentidos del tipo “decime tal cosa”, “agregame ésto otro”. En fuentes de Comodoro Py afirman que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi recién definirán la situación en diciembre. Cristina Como se sabe, en la causa de las fotocopias están procesados ex funcionarios y empresarios, con CFK y Julio De Vido como jefes de una supuesta asociación ilícita. Todos los imputados apelaron y el martes le toca el turno de exponer a Beraldi ante la Cámara. Se había dicho que existía una posibilidad de que Cristina hablara directamente como lo hizo Roberto Baratta. El ex número 2 de Planificación expuso largamente ante los camaristas ya que está en el centro del expediente: todo se basa en lo que dicen que escribió su chofer Oscar Centeno. La ex mandataria, en cambio, no concurrirá porque considera que se trata de una defensa técnica y que le corresponde hacerla a su letrado. Beraldi pedirá que estén los periodistas –cosa que ocurrió en las audiencias hasta ahora– y se permita la filmación para que todo quede registrado. Todo indica que el abogado responderá como lo viene haciendo: No hay un sólo testigo ni arrepentido que diga que vió a CFK  recibir dinero. El arrepentido estrella, el ex secretario de Obras Públicas José López, ni siquiera dijo que el dinero que tiró en el convento era de Cristina, como publicaron los grandes medios, sino que “creía” que el dinero se originaba en ella. Fue la quinta versión que dio sobre la plata del convento. Según trascendió, Beraldi va a enumerar las contradicciones de los arrepentidos, comparando sus propias declaraciones –cuando lo hicieron más de una vez– y comparado con lo que dijeron otros arrepentidos. Beraldi sostendrá que no hay ninguna evidencia contra CFK. Prácticamente todos los abogados de los imputados vienen reclamando que les exhiban las grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos. También Beraldi hizo el reclamo y finalmente le contestaron que no existen las grabaciones, “que como registro, basta el papel”. La llamada Ley del Arrepentido, en su artículo 6 dice que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. El término “medio técnico” alude con claridad a una grabación en audio o video, de lo contrario ni siquiera haría falta esa mención, porque siempre una declaración se registra, al final, en papel. Por supuesto que la polémica no es de detalle, sino que los letrados desconfían de la manera en que el fiscal Carlos Stornelli fue sacando y poniendo cosas en las declaraciones. Estas manipulaciones fueron denunciadas por numerosas abogados y periodistas, por lo que está claro que Stornelli evitó dejar una prueba como la que exige la ley “que garantice su evaluación posterior”. José López, por ejemplo, cambió su declaración, incluso dentro de este mismo expediente. Baratta Leyendo con mucho detenimiento el alegato de Baratta hay argumentos que llaman la atención: El ex funcionario afirma que nunca recibió dinero ilegal, ni para campañas electorales ni como coimas. Sugiere que hubo un circuito en el que quienes cobraban coimas o dinero eran López y Clarens. Baratta dice que fueron ellos los que le habrían dado dinero a Juan Manuel Abal Medina, quien encabezaba la campaña electoral. Afirmó que cuando Carlos Wagner confiesa que se repartían obra pública, todo se hacía bajo la órbita de López y que buena parte se canalizó a través del Banco Finansur. Baratta recordó que en el dinero que López tiró en el convento había un “ladrillo” termosellado de dólares que, rastreando hacia atrás, salió del Finansur. Mencionó a gerentes y ejecutivos que decían en sus empresas que pagaban coimas y en realidad se quedaban con el dinero. Lo dice respecto de Techint e Isolux y hace referencia concreta a que después esos gerentes y ejecutivos entraron en el blanqueo. Sostuvo que hay empresarios que declararon lo que les pedían, aunque fuera mentira, para no quedar presos. Resulta sospechoso que el fiscal nunca les preguntara a los empresarios de dónde fueron sacando el dinero para los pagos ilegales. También insiste en que se trató de grandes empresarios que hubieran denunciado cualquier extorsión. Baratta redondeó señalando que no tiene cuentas en el exterior ni bienes escondidos, con lo que afirmó tácitamente que no se enriqueció. Esa es la acusación principal. Más allá de los alegatos de la totalidad de los imputados, la situación más grave es la que viven los que están presos sin juicio, sin condena, sin el menor peligro de fuga ni de entorpecimiento de una causa que ya lleva muchos meses de instrucción. Está claro que en la mayoría de los casos, la detención se usó como un apriete para que el imputado se arrepintiera, a tal punto que se llegó al gravísimo axioma que “el que se arrepiente duerme en su casa, el que dice que no cometió ningún delito, va a la cárcel”. Para colmo Bruglia y Bertuzzi

Fuente: Luis Bruschtein | Página 12 Fecha: 03 de NOV 2018 “Ora, sou um ser humano, portanto, não sou perfeito” dijo Onyx Lorenzoni cuando todavía era diputado federal y admitió haber recibido una coima de cien mil reales. En el nuevo gobierno de Brasil, Lorenzoni será el ministro de la poderosa Casa Civil, según ya fue anunciado, aunque el derechista Jair Messias Bolsonaro se jactaba de que en su gobierno no habría corruptos. Junto con Lorenzoni, asumirá como Ministro de Justicia Sergio Moro, el juez de Curitiba que, de la mano del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, investigó a la empresa Odebrecht en el famoso Lava Jato que provocó el golpe legislativo contra Dilma Rousseff, a quien no le pudieron probar ningún delito. Tampoco le pudieron probar nada a Lula, a quien Moro condenó por “íntima convicción”. Habría que agregar ahora: “íntima convicción política”. Es un mundo que se enciende en flamígera lucha contra la corrupción. Pero son llamas de artificio: en la cúspide de esa construcción, el Fondo Monetario Internacional, la gran autoridad financiera mundial aceptada por estos gobiernos, la que establece reglas de juego y el tono moral de las operaciones financieras globalizadas, tiene récord de directores acusados o condenados en causas de corrupción. Desde la actual directora, Christine Lagarde, que fue condenada por el desvío ilegal de fondos en el escándalo de Crédit Lyonnaise, cuando era ministra de Economía del presidente Nicolás Sarkozy, hasta Jacques de Laroissiere, que dirigió el organismo financiero internacional entre 1978 y 1987, y que estuvo involucrado en calidad de cómplice también en la casi quiebra del Crédit Lyonnais. Otro de sus directores durante los ‘90, el español Rodrigo Rato, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las llamadas “tarjetas black”, también referido al desvío de dinero a su favor o a favor de grandes empresas. Pero quizás el caso más estrepitoso fue el del economista francés Dominique Strauss-Kahn que fue director del FMI entre 2004 y 2008 y fue denunciado por agresión sexual y más tarde por proxeneta, al aparecer vinculado con una red de alta prostitución en Europa. Onyx Lorenzoni aceptó que recibió coimas después de aparecer en las declaraciones de dos empresarios “arrepentidos”, pero no se le abrió causa. Onyx pertenece a la “bancada da bala” que representa en la Cámara de Diputados a los intereses de la industria armamentística brasileña. Taurus y CBC, dos de las empresas más importantes de ese rubro, financiaron la campaña de Lorenzoni. El favorito de Bolsonaro para presidir Diputados es Joao Campos, diputado federal por el estado de Goias, que pertenece también a la bancada da bala y además es pastor evangelista, o sea que suma a la “bancada da Biblia”. Estos grupos proponen derogar las leyes que limitan la posesión de armas de fuego. Es un gobierno de derecha. Se puede estar de acuerdo o no, siempre que se respeten las reglas de juego democráticas. Pero el descarado nombramiento de Moro se convirtió en una burla a la democracia. Ni siquiera se preocuparon en ocultar que el juicio y la condena contra Lula se basaron en la parcialidad política del juez. Con Lula en libertad, Bolsonaro nunca hubiera ganado esas elecciones. La derecha llegó al poder en Brasil gracias a la actitud inmoral de Moro, patrocinado por el departamento de Justicia norteamericano. La justicia brasileña quedó expuesta abiertamente y sin disimulos en el barro de los golpistas. Desde la Cumbre de Mar del Plata en 2005, cuando Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez desbarataron la propuesta del ALCA y diseñaron organismos de integración regional que dejaban fuera a Washington, como la Unasur,  la inteligencia norteamericana buscó deponer a los gobiernos populares de la región. Y la forma que encontró fue el lawfare sostenido por fakenews. Un dispositivo que se basa en los servicios de inteligencia que producen contenidos falsos, sobre el concepto de posverdad, que son difundidos por las grandes corporaciones de medios y por granjas de trolls en las redes que, a partir de la repetición y saturación de denuncias crean el clima que justifica el accionar arbitrario de una parte del Poder Judicial contra dirigentes de movimientos y gobiernos populares. Es imposible deslindar la actitud de Moro de la obsesiva persecución judicial contra Cristina Kirchner en Argentina y contra Rafael Correa en Ecuador. El mecanismo diseñado para los nuevos golpes antidemocráticos en los países latinoamericanos se apoya en esas tres patas: servicios de inteligencia, medios y funcionarios judiciales. De los tres, la participación más grave es la de ese sector del Poder Judicial, porque se da por descontado que espías y corporaciones mediáticas siempre responden en última instancia a los intereses del poder económico concentrado. La judicialización de la política no empezó ahora. Lo que es nuevo es la práctica de llevarla a un extremo que la convierte en herramienta de golpes antidemocráticos contra gobiernos y movimientos populares. Antes eran depuestos o perseguidos por elementos de las Fuerzas Armadas formadas en la Escuela de las Américas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Y ahora por estos funcionarios judiciales que aplican mecanismos diseñados por Estados Unidos para forzar al extremo y desnaturalizar instrumentos legales. No se trata de ocultar o disimular hechos de corrupción. Por el contrario, cuando desaparecen los parámetros que permiten investigarlos y juzgarlos, todos o ninguno pueden ser corruptos. No alcanza con que “parezca” que todos son corruptos, porque eso es lo que crean las campañas mediáticas. Tiene que haber una institución imparcial que pueda investigar y decidir con pruebas concretas y no circunstanciales, dudosas o, por la más dudosa y cuestionable “convicción” personal del juez. Tiene que haber respeto a las garantías individuales y a la libertad. No se puede forzar instituciones como el sorteo del tribunal, la prisión preventiva o el secreto de sumario en beneficio del show mediático o para favorecer a determinada fuerza política. La desaparición de la Justicia como parámetro, punto de referencia ante la sociedad, termina por favorecer a la corrupción. Al igual