2017

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Chile: Salvador Allende, entre la memoria y el olvido

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Fuente: Marcos Roitman Rosenman | La Jornada Fecha 09 de SEPT 2017 os hechos significativos marcan el devenir de la historia chilena en el siglo XX. El triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970 y el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Fue el primer gobierno socialista salido de las urnas. En ambos acontecimientos la figura relevante fue Salvador Allende: médico nacido en 1908, fundador del Partido Socialista, declarado marxista, ministro de sanidad a los 30 años durante el gobierno del Frente Popular encabezado por Pedro Aguirre Cerda, en 1938. Diputado, senador, presidente del Senado; impulsor de numerosas leyes sanitarias, de seguridad social, protección de los trabajadores y viviendas sociales; declarado defensor de la revolución cubana antimperialista; infatigable luchador social y, por último, presidente de Chile entre 1970 y1973. Dejó su vida en el palacio de gobierno defendiendo las libertades públicas y los derechos de los trabajadores, las mujeres, la juventud y los campesinos; en definitiva, del pueblo chileno. Llamó traidores y rastreros a los generales que se levantaron contra la patria, rompiendo la tradición constitucionalista. Inauguraban una larga noche. Fueron genocidas, torturadores, asesinos. Encabezados por el general Augusto Pinochet, secundado por los comandantes de la fuerza aérea Gustavo Leigh, de la armada José Toribio Merino y el general de carabineros César Mendoza. No fueron los únicos golpistas. El golpe de Estado fue la unión de civiles y militares más el apoyo internacional del gobierno de Estados Unidos y sus aliados en la región. Los acompañaba el entonces presidente del Senado Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano y ex presidente (1964-1970). Hoy se le llora como víctima de la dictadura. A su lado, Patricio Aylwin bloqueó y torpedeó cualquier acuerdo entre la democracia cristiana y el presidente Allende. Conspiró y brindó con champán la muerte de miles de chilenos. Hoy, plazas, calles y escuelas llevan su nombre. Lo recuerdan como el primer presidente postiranía. Hace meses se hizo pública el acta de una reunión privada entre la dirección de los empresarios chilenos y Frei como presidente del Senado en agosto de 1973. Este fue su consejo: Vayan a las fuerzas armadas, pídanle su intervención. Para derrocar al gobierno marxista no hay diálogo: esto se resuelve con balas. Junto a la plana mayor del Partido Nacional, citaré sólo a Onofre Jarpa, más tarde ministro del Interior de la tiranía. Son venerados como próceres, estandartes de las luchas democráticas. Pocos, los ya ancianos, los relacionan con el genocidio y menos se les confieren responsabilidades. Tal vez a los ya jubilados, chilenos o no, este recordatorio les resulte banal e injustificado. Sin embargo, vale la pena preguntarse cómo perciben esta etapa de la historia las nuevas generaciones. Y no me refiero a la militancia juvenil de los partidos políticos, sino a la juventud de la era digital, desenfadada, muchas veces desideologizada y, sobre todo, víctima de una educación de cuatro décadas, en la cual priman la manipulación, el olvido, la competitividad y la desafección por la memoria histórica. ¿Son conscientes de los crímenes de lesa humanidad de su pasado o siguen defendiendo, como hace el ex vicepresidente de Chile de la concertación y primer gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Foxley, que Pinochet cambió el destino de los chilenos para bien, convirtiéndole en el prohombre que puso al país en el umbral del progreso y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? Tal vez esto nos haga pensar. Muchos no quieren hacerlo. Es fatigoso y en ocasiones causa dolor. Saber la verdad de los hechos no les interesa y, lo que es peor, se sienten cómodos en su indolencia. Les basta una caricatura para identificar al gobierno de Salvador Allende y sus reformas: era un izquierdista cuyo proyecto era instaurar un Estado totalitario. Los chilenos se opusieron, lucharon y ganaron la batalla al comunismo y el marxismo-leninismo. No resulta extraño que la hoy candidata a la presidencia de Chile por la nueva izquierda –el Frente Amplio–, Beatriz Sánchez, de 46 años, universitaria, periodista, ex conductora de programas de televisión, cara conocida en los medios de comunicación, autoproclamada de izquierda y feminista, apoyada por los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, fundadores de Revolución, Democracia e Izquierda Autónoma, se despachaba de la siguiente manera en la entrevista concedida a la revista del corazón Paula, el 30 de junio de este año. Pregunta: ¿Te sientes cómoda con el modelo de Salvador Allende? Respuesta: No es lo mismo, porque estamos en otro contexto. Yo prefiero un Estado que no sea totalitario, porque no creo en un Estado totalitario. ¿Era Allende un tirano, un dictador cualquiera? Eso parece insinuar su respuesta. Ante la repercusión de semejante metedura de pata se vio obligada a pedir perdón, eso sí, a petición de sus avales, los diputados Jackson y Boric. Lo peor no es lo dicho, sino que lo crea y no tenga pudor en decirlo. Además, es la opinión generalizada de las nuevas generaciones educadas en la desmemoria, el olvido y la mentira. Son pocos los interesados en romper la amnesia colectiva que encubre a canallas, traidores, golpistas y genocidas. Rescatar de la manipulación histórica al gobierno de la Unidad Popular y a su presidente, Salvador Allende, señalando que fue el momento más democrático y en el que la dignidad de un pueblo soberano brilló en el escenario internacional, sigue siendo la signatura pendiente. Mientras tanto, sus dirigentes –los mismos que fueron exiliados y sufrieron torturas– abandonan sus principios, olvidan y hoy participan de las acciones golpistas contra el gobierno de Venezuela. Hace 47 años estarían con Pinochet señalando que Allende quería instaurar un régimen totalitario y, por tanto, el golpe de Estado fue una liberación. La posverdad se impone. Salvador Allende fue dictador, marxista-leninista y comunista. El resto es irrelevante.

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¿Hasta cuándo?

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Fuente: Julio Maier* | Horizontes del Sur Fecha: 09 de SEPT 2017 Supe que vida y salud de Milagro Sala corrían peligro si ella no salía de la cárcel. Decidí callarme para no interferir en una solución en la que nunca creí y que yo vivo desde afuera, como ella misma me lo hizo saber cuando la visité en la cárcel. Hoy ella ya está fuera de la cárcel, al menos formalmente, y yo, según creo, fuera del riesgo que no quise provocar. Quiero decir, entonces, un par de cosas. En primer lugar, nunca creí en la solución que elaboró la Comisión I de DD. HH. Como todo organismo burocrático no fue contundente y dejó resquicios para la interpretación de nuestros jueces actuales: en lugar de disponer la liberación lisa y llana, prefirió darle opciones a quienes ya habían mostrado sus uñas, sus odios, y hasta dónde el Derecho les importa un bledo. Sólo cambiaron el lugar de encierro y se dieron el lujo de “basurear” a la mentada Comisión. A semejanza de un jerarca nazi, recluido en una cárcel que sólo lo albergaba a él, destinaron a la reclusa, maliciosamente, a un domicilio que no es el de ella, destruido, custodiada por fuerzas armadas, que se encargan de hacerle cumplir un reglamento inventado por los jueces para la ocasión y sin fundamento alguno. La solidaridad pudo remontar el abandono y la ruina del nuevo hogar, pero no podrá devolverle la libertad, ni siquiera en el mínimo que representa la llamada detención domiciliaria. Ni criminales ya declarados culpables de horrendos crímenes son recluidos de esa manera cuando se les concede el cumplimiento de la pena en sus domicilios. De frente a esa realidad, la mencionada comisión debería aclarar la medida ordenada por ella misma, ya ordenando lisa y llanamente su liberación, ya con claridad y precisión en las pautas que gobiernan su detención domiciliaria, solución que siempre le dejará a jueces banales e impúdicos resquicios interpretativos. En segundo lugar, la medida adoptada ni siquiera alcanza a otros encarcelados por la misma persecución que sufrió Milagro Sala. ¿Qué será de ellos?, que no disponen de la misma notoriedad que ampara a Milagro Sala. No conozco en firme las razones que ha tenido la Comisión I. de DD. HH. para proteger a MS, pero no me cabe duda que los demás encarcelados sufren injustamente un castigo “preventivo”, sin condena e infundado. Pregunto: ¿la Comisión no se ocupa de los ciudadanos simples, comunes, del montón? En tercer lugar, no les bastó a gobierno y jueces jujeños la destrucción de una vasta obra social, que no tenía sentido dejar abandonada: el odio de clase y raza exigía ese sacrificio. Pero, además, como dijo un amigo, carecen de pudor. Ya no le imputan a Milagro Sala instigación a tirar huevos, y pretenden castigarla a penas de prisión prolongadas por ello, sino que, increíblemente (para mayor detalle observen la nota de Horacio Verbitsky en Página 12 el pasado domingo 3/9), le atribuyen —y, seguramente, a la organización que dirigió— homicidios dolosos varios, incluso de personas que murieron por muerte natural, tratándolos de asesinos1. A todo esto, el gobierno nacional no sólo consiente ese trato y se lava las manos, como Pilatos respecto de la condena de Cristo, sin reconocer que es la Nación el sujeto de Derecho internacional obligado por los tratados y convenciones internacionales que ella suscribe y ratifica, sino que, además, nos sume en la vergüenza que significa amparar al delito de desaparición forzada de un ciudadano —¿dónde está Santiago Maldonado?— y de calificar a siete indígenas, pertenecientes a pueblos originarios, de terroristas internacionales, aliados de los más macabros grupos que provocan masacres y, aún más, protegidos y subsidiados por esas organizaciones. La lista de agresiones a la vida democrática no acaba aquí, pero tampoco es necesario agotarla para concluir, como ya lo he hecho en exposiciones no publicadas, en que el Estado social y democrático de Derecho no finaliza en la verificación de comicios libres y sin fraudes —hasta esto último es discutible en nuestra situación actual—, sino que sólo comienza allí. Para todos estos desaguisados, nuestra Constitución nacional tiene remedios para reparar la vida democrática no bien el Congreso de la Nación se ponga los pantalones largos, y diputados y senadores no ocupen bancas sólo para calentar los asientos y cobrar sus sueldos a fin de mes. *Profesor Emérito U.B.A.

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Una acusación que no tiene pruebas ni delito

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Fuente: Irina Hauser | Página 12 08 de SEPT. 2017 El Memorándum de Entendimiento con Irán tuvo aprobación del Congreso. Fue ley. Nunca entró en vigencia porque el parlamento iraní no lo refrendó. Tampoco fue creada, por ende, su “comisión de la verdad”, que revisaría documentación de la causa AMIA. Jamás fueron levantadas ni alteradas las alertas rojas que pesan sobre los iraníes acusados del atentado. No existió intercambio comercial de grano por petróleo. A pesar de todo esto, el fiscal Gerardo Pollicita afirma que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex Canciller Héctor Timerman encubrieron a los sospechosos o por lo menos generaron las herramientas legales para intentar lograr su impunidad. Es más, afirma que serían autores del delito de encubrimiento agravado, al definir al ataque terrorista como un delito de lesa humanidad. Pidió que sean indagados, que se les inhiban todos sus bienes, se les quite el pasaporte y no puedan salir del país. Pollicita resucitó así la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de morir, pero le agregó algunos elementos de su cosecha, como un relato de supuestas negociaciones que define como secretas (aunque eran públicas), y multiplicó la lista de imputados, para incluir ahora al ex número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia y ex secretario del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, la ex funcionaria de Cancilleria Susana Ruiz Cerutti y la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Reflotó también las escuchas que había presentado Nisman con diálogos telefónicos entre personajes secundarios, como Luis D’Elía y Jorge Yussuf Khalil, que pretendían algún tipo de injerencia en la relación con Irán y ante el Gobierno pero no conseguían nada. El punto de partida de Pollicita es la última moda en Comodoro Py: tratar como un delito a las políticas de gobierno. En este caso dice que existió un viraje en la posición del Poder Ejecutivo frente a la causa AMIA. Su planteo es que Néstor Kirchner nunca quiso un acercamiento con Irán y rechazaba sus propuestas. Que colaboraba sin interferir con la investigación e incluía en todo a los familiares de las víctimas. Pero cuestiona que con la ex presidenta comenzaron los acercamientos desde que introdujo la posibilidad de enjuiciar a los iraníes en un tercer país. Ella lo dijo en la ONU pero para Pollicita es lindante con el delito. Se basa en testimonios de los ex cancilleres de Kirchner, Rafael Bielsa y Jorge Taiana. Ambos, igual que Timerman habían analizado la opción del “tercer país”. Lo que surge en sus declaraciones es que el presidente se negaba a dialogar con Irán si no se hablaba de AMIA. “No se puede hablar de nada si no había colaboración judicial”, declaró Taiana, según cita el fiscal. Lo que sucedía es que los iraníes querían hablar de comercio, pero no del atentado. Con Timerman sí aceptaron tratar el tema y habilitar la indagatoria de sus sospechosos con el mecanismo del Memorándum. Pero según el fiscal se cambió la política para “avanzar en la ejecución de un plan de encubrimiento.” Pollicita, como decía Nisman, sostiene que el memorándum se diseñó para asegurar la impunidad a los sospechosos iraníes. Dice que el objetivo era que finalmente “se brindarían los instrumentos adecuados” para que esas alertas “fueran removidas, suspendidas o morigeradas”. También que se plasmaba un acuerdo de intercambio de granos por petróleo, aunque es sabido que el petróleo iraní es incompatible con refinerías argentinas por su carga de azufre. No existió ni una cosa ni la otra. Sobre las alertas, en tres oportunidades el ex secretario de Interpol afirmó, incluso por escrito, que el gobierno argentino nunca quiso modificarlas. El juez federal Claudio Bonadio rechazó todos los pedidos para que Noble testifique. Cuando el fiscal se refiere a una etapa de negociaciones secretas, alude a una supuesta reunión reservada de Timerman con el canciller iraní Alí Akbar Salehi en Alepo cuando viajó a Siria en enero de 2011 para tener un encuentro con el presidente Bashar Al Assad. El viaje fue público y también la reunión con el mandatario. Pero a través de su abogado, Alejandro Rúa, el ex canciller siempre negó una reunión en Alepo con su par iraní. Pollicita la toma como un hecho en base al testimonio del ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad quien, curiosamente, no sólo no dijo eso sino que lo desmintió en Radio Mitre. Lo que había declarado era que otros funcionarios le habían comentado sobre un supuesto encuentro. El viaje no fue secreto, la reunión con el canciller iraní en Alepo nadie la vio y Timerman la niega. Pero para Pollicita es un hecho. El fiscal se apoya también en la segunda declaración testimonial del ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio Stiuso, en la causa sobre la muerte de Nisman. En su primera declaración, Stiuso sabía poco y nada. La segunda duró nueve horas y sirvió para que la causa pase a Comodoro Py. Allí dijo que CFK en determinado momento ordenó que a Nisman no le dieran más información del caso AMIA y que no se buscara más nada que complicara a Irán. Declaró que se lo dijo Francisco Larcher, otro ex agente. Lo que no tuvo en cuenta el fiscal es que cuando Larcher fue a declarar desmintió a Stiuso. Para Pollicita vale igual. Las escuchas que recupera el fiscal incluyen conversaciones donde se escucha a Luis D´Elía, el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, el operador de la comunidad iraní Jorge Khalil, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia y el falso espía Allan Bogado. Pollicita dice que conformaban una suerte de “diplomacia paralela”, porque mientras le retaceaban información a Nisman, D’Elia se reunía con funcionarios de la Casa Rosada para avanzar en acuerdos con Irán. Eran canales “de comunicación y negociación, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado”. Pollicita tampoco ponderó que, por ejemplo, Kahlil maldecía a Timerman con frases como “judío de mierda” porque

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La Colombia que visita Francisco

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Fuente: Fernando Collizzolli | Revista Zoom Fecha: 07 de SEPT 2017 El Papa Francisco emprendió esta semana, una visita de Estado a Colombia que lo llevará durante cinco días por cuatro ciudades (Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena), con el objetivo principal de apuntalar el proceso de paz que atraviesa el país cafetero. La primera visita de Jorge Bergoglio a Colombia como máximo responsable de la Iglesia Católica y la quinta de Francisco a la región se produce en el marco de una coyuntura política particularmente intensa e inédita en un país acostumbrado durante décadas, de algún modo, a que el pasado no pase. Rebobinemos un poco, antes de avanzar en el análisis de este complejo escenario en el que se enmarca la estadía de Francisco. Desandando el proceso de paz ¿Cómo se alcanzó esta instancia de posacuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)? Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010, como continuador de las políticas de Álvaro Uribe, y en parte, eso hizo, al sostener la “Política de la Seguridad Democrática”, una amplia y sistemática ofensiva militar que despejó territorios para el establecimiento de condiciones favorables para la “Confianza Inversionista”. No obstante, la conformación de una amplia coalición de gobierno, la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con los países de la región, el reconocimiento de la existencia del conflicto armado y de la responsabilidad del Estado y, finalmente, la apertura de una mesa de negociaciones de paz con las FARC y luego con el ELN llevaron al enfrentamiento de Santos con Uribe, quien había edificado su construcción política sobre la base de sostener un discurso “antifariano” que transformó a las guerrillas en general, y a las FARC en particular, en enemigos narco-terrorista de la nación colombiana.[i] “La primera visita de Jorge Bergoglio a Colombia como máximo responsable de la Iglesia Católica y la quinta de Francisco a la región se produce en el marco de una coyuntura política particularmente intensa e inédita en un país acostumbrado durante décadas, de algún modo, a que el pasado no pase” En ese sentido, en este desarrollo de las negociaciones de paz convergieron una serie de elementos como: a) la correlación de fuerzas en el campo de batalla (con las FARC replegadas y en situación de debilidad relativa ante un Estado, sin capacidad de desarticularlas); b) la estrategia política de los principales actores involucrados (mientras que a Santos, le permitieron diferenciarse de Uribe, conseguir la re-elección en 2014 y concitar un amplio apoyo internacional; para las FARC, supusieron la posibilidad de iniciar la disputa por otros medios); c) la deslegitimación de la “solución armada” ante los escándalos públicos producidos por las sucesivas violaciones a los derechos humanos; d) y el reconocimiento por parte de las elites de que tendrían negocios más rentables y seguros en tiempos de paz. Todo ello en un contexto de transformaciones en el escenario internacional, en el que los gobiernos progresistas de la región presionaron a las partes para sentarse a negociar. Fueron, precisamente, estos elementos los que permitieron “salvar” el proceso de paz ante el (no tan) sorpresivo triunfo del NO en el plebiscito popular de octubre de 2016, en el que confluyeron desde la apatía de la gran mayoría de la población colombiana y el rechazo a los acuerdos por parte de aquellas poblaciones que ya no registran el conflicto en su cotidianidad, hasta la prédica opositora de las iglesias cristianas evangélicas, pasando por el liderazgo de Uribe y la eficacia de una campaña articulada en torno a la desinformación y la generación de indignación.[ii] Así las cosas, incorporando algunas de las recomendaciones planteadas por los principales impulsores de la campaña del NO, los acuerdos resistieron y se terminaron rubricando en noviembre del año pasado en el Teatro Colón de Bogotá. Los desafíos del posacuerdo Desde entonces, Colombia enfrenta el desafío de materializar el Acuerdo Final, en un proceso que ha tenido, hasta el momento, su mayor logro en el histórico desarme cumplido por las FARC el pasado mes de junio –6800 guerrilleros entregaron 7132 armas y las coordenadas de 949 caletas donde se encuentran los restantes recursos bélicos–, y su conformación como partido político a través de la realización de un congreso partidario, en el que se acordó mantener la sigla de la organización, ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con la rosa roja como símbolo, un discurso amplio para interpelar a los sectores populares, y la apuesta por un “gobierno de transición” en las próximas elecciones. Sin embargo, desde el inicio, las dificultades del Estado colombiano para cumplir con lo acordado se hicieron, a todas luces, evidentes. Uno de los graves problemas actuales es la ocupación por parte de grupos paramilitares, guerrilleros del ELN, y de una fracción disidente de las FARC (el Frente Primero) de alrededor de 46 municipios liberados por las FARC, y la conversión de otros 16 en “zonas de anarquía”, en los cuales se ha producido un incremento de la violencia. “A la lamentable continuidad de los ataques contra dirigentes sociales –entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fueron asesinados 55 líderes–, deben agregarse ahora los actos de violencia contra familiares y exguerrilleros desmovilizados de las FARC” A la lamentable continuidad de los ataques contra dirigentes sociales –entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fueron asesinados 55 líderes–, deben agregarse ahora los actos de violencia contra familiares y exguerrilleros desmovilizados de las FARC. Finalmente, como elemento nodal de este cuadro de situación, se destacan los importantes retrasos en la institucionalización normativa de los contenidos del Acuerdo: hasta el momento se llevan aprobadas media docena de leyes y actos legislativos en el Congreso Nacional cuando se había contemplado la necesidad de aprobar alrededor de 20 durante el 2017.[iii] Estas demoras responden, entre otras cuestiones, a las limitaciones impuestas por sectores de las elites que intentan incidir en el escenario de posacuerdo a través del poder judicial, la persistencia de los factores que llevaron al rechazo de

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Ante la visita de Netanyahu

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Septiembre 2017 El LLAMAMIENTO Argentino Judío expresa su inquietud y preocupación ante la visita de Biniamín “Bibi” Netanyahu, primer ministro de Israel, máximo responsable de la continuidad de las políticas coloniales de ocupación de territorio palestino. Desde su fundación, el LLAMAMIENTO repudió sin medias tintas las políticas belicistas y represivas del gobierno derechista de Israel que impiden la constitución de dos estados (el palestino y el israelí) con límites seguros y soberanías plenas para ambos pueblos sobre la base de las fronteras de 1967 previas a la “Guerra de los Seis Días”. El LLAMAMIENTO se ha expresado —en total acuerdo con movimientos pacifistas israelíes y palestinos, y las demandas de la comunidad internacional— por la inmediata creación del Estado Palestino, el fin de la ocupación de Cisjordania y el asedio a la Franja de Gaza. Nuestra inquietud está centrada en que la gira de Netanyahu por Argentina y México supone el estrechamiento de alianzas con gobiernos neoliberales que privilegian políticas decididamente antipopulares. A través de dichas articulaciones se busca establecer acuerdos de cooperación –como lo establece la agenda programada de la visita— para la comercialización de material bélico y de seguridad cuya utilización será orientada, sin dudas, a la represión de las luchas sociales de los sectores más humildes de nuestro continente, como ya lo fue en años anteriores cuando las dictaduras militares asolaban a la América Latina. En este marco, las instituciones identificadas con la derecha de la colectividad y con el gobierno de Cambiemos —la AMIA y la DAIA, entre otras— intentarán reproducir la falsedad de que la única forma de expresar lo argentino-judío se sustenta en un vínculo acrítico con toda acción ejecutada por los gobiernos israelíes, llegando a legitimar —incluso—sus políticas colonialista y etnocéntrica características de los últimos decenios. La visita de Netanyahu se inscribe, por lo tanto, en la conformación de un polo de derecha orientado a perseguir a quienes de una u otro forma se enfrentan a las lógicas neoliberales, belicistas y represivas con las cuales se identifican los gobiernos actuales argentino e israelí. Por eso, la visita de Biniamín Netanyahu merece nuestro repudio.   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

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Cuando Nisman estaba a favor de un memorándum con Irán

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Fuente: Raúl Kollman | Página 12 06 de SEPT 2017 La secretaría general de Interpol propuso en 2008 la formación de una Comité Jurídico Mixto argentino-iraní “que pudiera resolver las ambigüedades y malos entendidos que rodean la instrucción de la causa. Tal Comité podría trazar una hoja de ruta o acordar un Memorándum de Entendimiento para avanzar en la resolución del caso”. La propuesta fue trasladada al fiscal Alberto Nisman quien contestó tres veces “que toda medida que implique cooperación que tenga por finalidad materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos, la recibe esta Unidad Fiscal con beneplácito y la encuentra altamente positiva”. La documentación demuestra que lo que para Nisman era altamente positivo no sólo se convirtió después en negativo sino incluso en un delito, pese a que el Memorandum del que se hablaba en ese diálogo con Irán y con Interpol se convirtió después en una ley votada por las dos cámaras del Congreso. El fiscal Gerardo Pollicita prepara a las apuradas y para meterlo en tiempos electorales el pedido de indagatoria para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman porque lo que Nisman vio como altamente positivo es calificado ahora como un encubrimiento y hasta un acto de traición a la patria. La secuencia documental empezó en febrero de 2008 cuando la Policía Federal, que es la sección argentina de Interpol, le informó al ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, de la existencia de una comunicación de Interpol. El 8 de febrero de 2008, con la firma del comisario Néstor Valleca, la Federal le señaló al ministro que la secretaría general de Interpol recibió una propuesta de Irán para iniciar un diálogo en el marco de la organización internacional de policía sobre la causa AMIA. En concreto lo que se propone es “discutir la cooperación de ambos países” en el expediente del atentado. A lo largo de los años, desde que la justicia argentina imputó a los ciudadanos iraníes por el atentado, Interpol buscó algún tipo de acercamiento. Es que se trata de un caso atípico. Interpol normalmente busca prófugos en causas de narcotráfico o de organización criminal. En esos casos los Estados no respaldan a los prófugos. En la causa AMIA existe –según Interpol– un conflicto entre dos Estados que son miembros y por eso la actitud siempre fue buscarle una solución negociada. Después que Aníbal Fernández recibió aquella primera nota de la Policía Federal, le trasladó la cuestión a quien estaba encargado de la investigación, el fiscal Nisman. La nota del entonces ministro tiene fecha del 20 de febrero de 2008. Nisman contestó a la notificación de Aníbal Fernández señalando que “que toda medida que implique futura cooperación la recibe la fiscalía con beneplácito y la encuentra altamente constructiva”. Firman la respuesta el propio Nisman y su secretario Fernando Scorpaniti. El 1º de abril de 2008 la gestión sale de la órbita policial y se afina la propuesta a través de una carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino le envía a Nisman. La Cancillería transmite las precisiones a partir de un diálogo mantenido en Irán por la representación diplomática argentina en Teherán. En concreto lo que se propone es lo siguiente: Irán pregunta por la disponibilidad argentina para constituir “un Comité Mixto” de juristas. Ese Comité podría trazar una hoja de ruta o “acordar la firma de un Memorandum de Entendimiento” que podría avanzar concretamente en la resolución del caso. La nota está firmada por la directora de asistencia jurídica de la Cancillería, María Seoane de Chiodi. Además, se acompaña un texto del Encargado de Negocios de Argentina en Irán, Mario Quinteros, quien además detalla que las autoridades de Teherán proponen la visita del juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Nisman y la defensora oficial para que se avance en las tratativas. Quinteros menciona la idea de que Irán incluso estaría dispuesto a redactar un texto–borrador del eventual acuerdo. Nisman vuelve a contestar el 8 de abril de 2008 con un oficio muy similar al anterior. Toda iniciativa de cooperación es “recibida con beneplácito y resulta altamente constructiva”. No es que el fiscal pusiera alguna condición o sugiriera que no se puede negociar nada que no sea la presencia en la Argentina de los sospechosos o que no corresponde ninguna comisión mixta. Nisman y su secretario vuelven a contestar, por segunda vez, que es positiva la búsqueda de cooperación con Irán, aún cuando ya está claro que se habla de Memorándum y de Comisión Jurídica Mixta. El texto se adjunta a la causa y, además, se realiza una transcripción en forma de respuesta a la Cancillería. O sea, hay tres aceptaciones de Nisman respecto de avanzar en la cooperación con Irán para buscar algún camino e incluso firmar un Memorándum. Es público y notorio que los sucesivos cancilleres argentinos, por instrucciones de Néstor y Cristina Kirchner, siempre buscaron alternativas. La idea de hacer un juicio en un tercer país se barajó varias veces, incluso se mencionó a Marruecos como posible sede. La intención fue pública y replicaba lo ocurrido con el atentado de Lockerbie cuando el Reino Unido y Libia acordaron hacer el juicio a los dos supuestos terroristas en una base norteamericana en Holanda. En aquella oportunidad el mediador fue nada menos que Nelson Mandela. Después de firmado el Memorandum, en enero de 2013, el texto pasó por el juez, luego por la Cámara Federal, por el Congreso, después nuevamente por el juez Daniel Rafecas, otra vez la Cámara y luego la Casación lo declaró inconstitucional. En todo el proceso, ni siquiera los que se opusieron, los que votaron en contra ni los que declararon la inconstitucionalidad sostuvieron que podría tratarse de un delito. Y como se ve, hasta Nisman dio su visto bueno en 2008. Nueve años después, lo que prima es la alianza mediática-política-judicial, con sede en Comodoro Py, que no sólo tiene un eje electoral y, más allá de los comicios, busca desesperadamente una condena a la ex presidenta y

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Meganegociado multimillonario: porqué el gobierno dilata el caso Santiago Maldonado

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Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 06 de SEPT 2017 En 30 días vence la Ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas y Cambiemos está comprando tiempo para no prorrogarla. En este informe de El Disenso te contamos que el Senado volvió a postergar el tratamiento de la prórroga, beneficiando a los magnates Lewis y Benetton, quienes esperan ansiosos el vencimiento del plazo para poder solicitar el desalojo de las comunidades que habitan en sus tierras. La 26.160 Sancionada el 1º de noviembre de 2006, la Ley 26.160 suspendió los desalojos de comunidades indígenas por el término de cuatro años, al tiempo que ordenó el RETECI – Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas, un relevamiento técnico, jurídico y también catastral. Para esta acción se propuso un lapso de 3 años, creándose un fondo al que se le asignó un presupuesto de 10 millones anuales, y cuyo responsable directo es el INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El tiempo pasó, y al término del 2009 no se había avanzado en el RETECI por lo que fue necesaria la creación de la Ley 26.554 mediante la cual se prorrogó tanto la suspensión de los desalojos como la realización de los relevamientos hasta el día 23 de noviembre de 2013. En esa oportunidad volvió a asignarse un presupuesto anual de $10 millones por cada año extra agregado a la ley original. Llegada la fecha y ante el incumplimiento de los relevamientos, nuevamente se creó una ley a medida, en este caso la 26.894, poniendo como nueva fecha límite el mes de noviembre de 2017. En el año 2013, el ENDEPA – Equipo Nacional de Pastoral Aborigen alertó sobre el incumplimiento de la ley a través de un pormenorizado informe titulado “Advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160”. Desde principios de 2017 la legisladora Magdalena Odarda viene insistiendo para que la Cámara de tratamiento a su proyecto de Ley S-1632/17 que solicita la prórroga hasta el 23 de noviembre de 2021 de los plazos establecidos en la Ley 26.160, prorrogados posteriormente. Odarda hace referencia al informe de ENDEPA, sobre el que denuncia al Estado Nacional y los Estados Provinciales como “responsables por la inejecución de las leyes 26.160 y 26.554“, ya que según el documento mencionado, el avance real comprende: Cantidad de Comunidades relevadas: 465 Porcentaje del total relevado: 48,95% Universo a alcanzar definido en Cantidad de Hectáreas 9.000.000 Cantidad de Hectáreas relevadas 4.494.517,79 Porcentaje del total 49,93% Universo a alcanzar definido en cantidad de comunidades: 950 Los desalojos de diferentes comunidades privilegiando los intereses de los terratenientes del lugar son moneda corriente en las provincias, y mientras Gendarmería irrumpe violentamente en sus dominios arrasando con todo a su paso, para que la justicia luego devuelva esas tierras a los poseedores de los títulos propietarios, los integrantes de los pueblos originarios ven sus casas destruidas y sus pertenencias quemadas al tiempo que son catalogados como “usurpadores” de las tierras de sus ancestros. Lamentamos corroborar además que tampoco se ha logrado frenar los desalojos o desocupaciones judiciales en su totalidad, registrándose casos en Las Pailas (Salta), Quilmes, Nogalito, Mollar (Tucumán), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Los Toldos (Buenos Aires), Currumil, Paichil Antriao (Neuquén), Santa Rosa Leleque (Chubut). Sobre otras pesa orden de desalojo, frenadas por el momento por recursos judiciales (ej. Cheuquel, Huayquillán, en Neuquén). Otras se encuentran en peligro por intentos de venta de parte de su territorio (ej. Comunidades de la Reserva de Yabotí, en Misiones). Advertimos y denunciamos el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos, como ser el caso de la comunidad de Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa). En éste último perdieron la vida dos personas. El cacique Chocobar (Tucumán) fue asesinado en ocasión de protesta por sus tierras. En todas las acciones hubo innumerables daños materiales, morales y comunitarios. Todos estos incidentes se hubieran evitado de haberse ejecutado el Programa de Relevamiento Territorial tal como se previó legislativamente. señaló la legisladora en su proyecto de Ley. Pu Lof en Cushamen En 2015, la comunidad Mapuche Pu lof en resistencia de Chushamen, ubicada en la localidad de Santa Rosa de Leleque, provincia de Chubut, se propuso recuperar parte de su tierras ancestrales, actualmente usurpadas por el magnate Luciano Benetton, quien posee más de 900.000 hectáreas a su nombre. Esta decisión significó para la comunidad, el inicio de amedrentamientos y acciones represivas por parte del Estado a través del ingreso de Gendarmería a sus tierras. Tanto el magnate Lewis como Benetton son poseedores de cientos de hectáreas reclamadas por los Mapuches, y necesitan tiempo para que expire la prórroga de la Ley 26.160 que impide los desalojos, porque de realizarse los relevamientos, deberán reconocerle a los Mapuches la propiedad comunitaria de las tierras que habitan, por esta razón es conveniente inventar un enemigo para con el Estado, que era inexistente un par de meses atrás, pero que para el gobierno justifica el ingreso de Gendarmería en pos de la protección de la propiedad privada. De acuerdo a un informe de Resumen Latinoamericano, Macri compró tierras en Salta a menos 0,10 centavos por metro cuadrado en la zona de Rivadavia y Dragones, y con ayuda del Gobernador Urtubey, este mismo año desalojó comunidades indígenas wichis, a las que también dejó sin agua desviando los arroyos existentes hacia sus sembradíos de soja. Se trata de aproximadamente 14 familias que luego de ser desalojadas quedaron a la vera de la Ruta Nacional N° 81. El cacique Rafael Carlos Tejerina aún aguarda respuestas por parte del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Un derecho asegurado por nuestra constitución La Constitución Argentina, en el Artículo 75, Inciso 17 reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos“, garantizando “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural“, reconociendo “la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad

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Metodología de la infiltración y la desaparición forzada

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Fuente: E. Raúl Zaffaroni* | La Tecl@ Eñe Fecha: 06 de SEPT 2017 Estamos asistiendo a algo que, en verdad, no creímos volver a ver. A los veteranos nos produce una sensación extraña, porque por un lado nos entristece y por otro nos rejuvenece, aunque no del modo que lo desearíamos. Vuelven antiguas técnicas represivas, para cuya defensa nos habíamos entrenado hace décadas: infiltran provocadores, detienen a mansalva a quienes se quedan en la zona después de la desconcentración, inventan “terroristas” (ahora Mapuches-kurdos), desmoralizan para que la ciudadanía se asuste y no vaya más a concentraciones, que sólo vayan los muy comprometidos y de ese modo reprimirlos, etc. En tiempos pasados, entre otras cosas, se sabía cómo detectar a los infiltrados y sacarlos no muy cortésmente, también que debíamos desconcentrarnos en orden y en grupos y rápidamente, no quedarnos en la zona, pero hoy eso se ha olvidado, porque por fortuna pasaron unos cuantos años sin que estas burdas maniobras de “inteligencia/represión” se llevaran a cabo. Vivimos largos años de democracia y libertad, que ahora parece que en la ola regresiva desatada por esta manifestación subdesarrollada del totalitarismo corporativo plutocrático que vivimos parecen querer tocar a su fin. Dado que el programa económico entreguista, corrupto y suicida de la actual administración no cierra sin represión, hace mucho que vengo advirtiendo sobre la necesidad de cuidar a los jóvenes, porque no saben de eso, dado que han tenido la suerte de nacer y crecer en democracia, con gobiernos que, con sus más y sus menos según las épocas, mantuvieron en general las reglas del juego correspondiente a esa forma de convivencia y coexistencia. Lamentablemente, eso parece que se pretende cerrarlo con una vuelta al pasado sin innovaciones notorias, sino con las mismas viejas y primitivas metodologías de aquellos tiempos; no sólo veinte, sino incluso cuarenta años no son nada. La torpeza de una represión desproporcionada a los Mapuche armados con palos y palas, indica una clara incapacidad técnica policial, pero si algo nos hace sentir que lo de Maldonado es en realidad una desaparición forzada es, precisamente, la grosería del propio oficialismo: no podemos pensar en otra cosa cuando la negativa es demasiado enfática, aparecen los “kurdos”, se inventa lo de Entre Ríos, la sangre en lo del puestero, el cadáver que se le quiere echar a los chilenos, las declaraciones de camioneros misteriosos, la indagación sobre la vida de la víctima, en fin, todo el arsenal muy propio e inconfundible de la metodología tradicional de encubrimiento de desapariciones forzadas. Es la actitud oficialista la que nos dice a gritos que lo de Maldonado es una desaparición forzada, y esto lo confirma la infiltración de provocadores, la “razzia” posterior y la consiguiente publicidad de los medios monopólicos del corporativismo plutocrático local. De todo esto debemos extraer conclusiones: el régimen que se nos quiere imponer está sobreactuando disfuncionalmente para sus propios planes, no tiene prudencia en su propio manejo de la represión: si por un instante nos ponemos objetivamente en la posición del oficialismo, es claro que de momento no le es necesario llevar la represión hasta esos límites, porque sus planes no corren peligros actuales: tienen el ejecutivo, manipulan al Congreso y a la justicia, tienen de su lado a los medios monopólicos, llevan a cabo sus negociados y blanqueos impunemente, no les falta nada. Estoy seguro de que el peligro provendrá un día de la naturaleza irremisiblemente suicida de sus propios programas, como sucedió con Martínez de Hoz, con Cavallo y también en muchos otros países del mundo, en que la defraudación tocó techo y la realidad derrocó a los hasta ese momento poderosos. Pero nadie puede creer –salvo el propio oficialismo- que una movilización lo haga tambalear cuando se encuentra en su esplendor y se cree eterno. Sin necesidad objetiva abusa exagerando el grado de represión y, para colmo, lo hace con una manifiesta carencia de técnica policial, desenterrando groseramente métodos viejos. Pero todo eso es peligroso, porque si no se detiene va a producir otros hechos desgraciados incluso sin necesidad objetiva para sus propios planes plutocráticos. Ante esta verificación, cabe insistir en lo que vengo advirtiendo desde que conocí el plan económico y de inmediato caí en la cuenta de que no cierra sin represión, aunque debo confesar que no era previsible el abuso disfuncional actual, lo que agrava el peligro, porque le resta toda adecuación a fines. Ante estos riesgos, es necesario advertir a los jóvenes, enseñarles cómo defenderse de las viejas técnicas, deben saber detectar provocadores, no responder a ninguna provocación, controlar a cualquier “loquito” propio, desconcentrarse en orden, en grupo y rápidamente, perfeccionar técnicas de lucha no violenta, en una palabra, deben aprender a cuidarse, como lo hacíamos los veteranos en otros tiempos. No podemos admitir ni una víctima más y de momento insistir: ¿Dónde está Santiago? *Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

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El Gobierno favoreció con fondos a los municipios propios

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Fuente: Marcelo Veneranda | La Nación 04 de SEPT 2017 La Casa Rosada concentró la mayor parte de la asistencia con fondos discrecionales en los municipios bonaerenses de Cambiemos. En lo que va del año, los intendentes oficialistas se quedaron con el 84,5% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ministerio del Interior giró al territorio bonaerense para pagar sueldos o enfrentar emergencias por inundaciones: en total, los jefes comunales oficialistas acapararon $ 321 millones de los $ 379,5 millones que fueron a la provincia. Los ATN fueron creados para atender emergencias desde la cartera del Interior. Según información suministrada por el Ministerio del Interior, 37 de los 69 municipios de Cambiemos recibieron esos $ 321 millones. En cambio, sólo cuatro de las 54 intendencias peronistas tuvieron suerte. Una de ellas, Ezeiza, muy cercana al oficialismo. Otra, Hurlingham, soporte hasta la semana pasada de Florencio Randazzo. Los cuatro municipios peronistas recibieron $ 52,5 millones, el 13,8% de los fondos que giró la Casa Rosada. Sólo uno de los 11 municipios massistas, Villarino, recibió $ 6 millones: el 1,5%. Desde el Gobierno reconocieron esas cifras luego de que LA NACION accedió a datos que revelan montos mayores. Esta otra información contiene ya no sólo las órdenes de pago que libró este año la cartera que conduce Rogelio Frigerio, sino también las disparadas a fines de 2016, pero que, por la demora del trámite, recién fueron cobradas por los municipios en enero de 2017. De acuerdo con esos datos —que LA NACION confirmó con fuentes provinciales y contactando a los intendentes beneficiados (de Cambiemos y del kirchnerismo)—, los municipios bonaerenses recibieron este año $ 820 millones originados en ATN. Nuevamente, los oficialistas concentraron el 80% de esos fondos. Del cruce de datos surge otra lectura interesante: dentro del universo del FPV/PJ, los intendentes más beneficiados por la Casa Rosada fueron curiosamente los que este año apoyaron la candidatura de Randazzo. Diez de los 54 municipios del FPV/PJ acompañaron en las PASO al ex ministro. Cinco de ellos recibieron ayuda. Se llevaron $ 63,5 millones (el 7,7%). Sólo nueve de los 44 que apostaron por Cristina Kirchner recibieron asistencia: $ 95,5 millones (el 11,6%). Estas preferencias se observan en otro corte. Todos en fila y como bloque político, los intendentes de Cambiemos recibieron en promedio $ 9,49 millones en ATN. Los de Randazzo, $ 6,35 millones. Los de Cristina, $ 2,1 millones. Los de Massa, $ 0,54 millones. La misma relación se verifica con los 379,5 millones de pesos en ATN reconocidos por Interior. Sobre esa base, en promedio, los intendentes de Cambiemos recibieron $ 4,6 millones. Los de Randazzo, $ 2,5 millones. Los cristinistas, $ 625.000. Los de Massa, $ 545.000. «Los ATN sólo se otorgan ante emergencia hídrica y financiera (sueldos). Cruzamos todos los datos con el Banco Central para que la justificación financiera sea consistente. Siempre hemos atendido las necesidades que se puedan confirmar. No sólo en provincia, sino en todo el país, sin importar el color político», señalaron desde el Gobierno. Sin embargo, sigue habiendo diferencias. Esta semana, en el informe que dio al Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, detalló los ATN distribuidos por todo el país en los primeros cinco meses de 2017. De allí surge, como publicó El Cronista, que los municipios de Cambiemos se quedaron con el 66% de los fondos. Desde el Gobierno también destacaron que buena parte de los ATN entregados fueron por las inundaciones y que Cambiemos gobierna la mayoría de esos distritos. Es cierto, pero en parte: de los 26 distritos en emergencia hídrica, nueve son opositores. Sólo dos de ellos recibieron ATN: se trata de Salto y Hipólito Yrigoyen, aliados de Randazzo. Los otros trece que recibieron ATN son oficialistas. Ninguno de los municipios kirchneristas declarados en emergencia hídrica recibió ATN.

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