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Fuente: Adrián Murano | TiempoAr Fecha: 21 de OCT 2018 El gobierno que chocó la economía acelera el naufragio con un patético culebrón político-judicial. «Yo ya estoy curtido, por mí pueden seguir, pero no controlo a mi mamá», dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano. El motivo: la madre del funcionario amagó con denunciar a Elisa Carrió por los «ataques televisivos» de la diputada contra su hijo. El episodio es tan inofensivo como el pedido de juicio político que Carrió presentó contra el ministro, pero contiene una revelación: la descomposición de Cambiemos va más rápido que el calendario electoral. Aunque no hay fecha fijada, si se mantiene el esquema vigente las presidenciales deberían realizarse en el penúltimo fin de semana de octubre de 2019. Exactamente dentro de un año. Una eternidad para los –cada vez más– argentinos que viven al día, víctimas de un programa económico que activó la temida bomba H: la hiperinflación. La palabra maldita ya fue asentada en sus balances por multinacionales que operan en el país. La primera en mencionarla fue Telefónica. En un documento presentado a sus inversores, el grupo español señaló que «los datos sugieren que la inflación acumulada de los últimos tres años ha superado 100%, referencia establecida por la NIC 29». La sigla remite a la Norma Internacional de Contabilidad que se utiliza para los balances trimestrales y anuales de las empresas que cotizan en bolsa. La NIC 29 es el apartado que identifica a las economías que cursan un proceso de hiperinflación. Otras multinacionales que incluirán la sigla en sus balances son Danone, Unilever y Carrefour. Los argentinos, por cierto, no necesitan leer documentos de empresas extranjeras para saber que cada vez le sobran más días del mes al sueldo. Con precios que en el último año treparon por encima del 40%, e ingresos que con suerte perderán 20 puntos frente a la inflación, llegar a fin de mes se convirtió en una odisea. En otros tiempos, por mucho menos los sectores medios empobrecidos (o en vías de) hubiesen blandido sus cacerolas. Hoy, en cambio, las quejas se ahogan en el océano de las redes sociales. Suerte a medias para Macri: por las redes evita las cacerolas –que atraen a la tele–, pero en las redes las quejas se viralizan y acumulan, conformando un polvorín. ¿Es acaso ese creciente malestar lo que llevó a Carrió a tensar la cuerda interna? ¿La denuncia contra Garavano inició su desacople de un gobierno que se desmorona? La diputada tiene una larga tradición en esa práctica. Antes de Macri, Carrió abandonó o rompió todos los espacios políticos que conformó. Y con la misma excusa: su pretendida integridad moral. Puro teatro. Si de verdad sintiera alergia por las fortunas de origen sospechoso, Carrió jamás se hubiera acercado a un miembro del Clan Macri, a quien ella misma calificó de «mafia». Todo lo que ahora critica –los Nosiglia, Angelici, Caputo y Arribas, entre otros– ya estaban al lado de Macri cuando ella firmó su sociedad con el creador del PRO. ¿Le alcanzará el entrenado acting de fingir demencia para convencer al electorado de que recién ahora se enteró? Quién sabe: con la sugestión mediática adecuada, el vidrio molido sabe a miel.   Notas relacionadas:   El plan Lilita     Conte Grand y Carrió, una dupla al ataque     

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 21 de OCT 2018 No es un invento del firmante de esta nota. Lo dijo Macri. “Cada uno tiene que cobrar lo que corresponde”,sostuvo el presidente en la inauguración de un parque eólico en la provincia de Chubut. “Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo.” El salario, argumentó además, es una parte de la “logística” de las obras. Pasó como pasa todo actualmente en este país sin merecer mayores comentarios ni reflexiones. Sin embargo, en esas palabras está la clave ideológica de este gobierno y su presidente. El lugar del trabajo y de los trabajadores es una clave central de la conformación histórica de la Argentina contemporánea. Perón entró en la historia por sacar de la oscuridad esta elemental premisa. Por recogerla de la historia del sindicalismo anarquista, socialista, comunista y socialcristiano. Por comprender que la negación de los derechos obreros era la causa principal de las grandes destrucciones, de las guerras civiles y la decadencia de las naciones. Ese impulso solidario constituye el elemento fundamental de la cultura política argentina contemporánea y fue el objeto principal a destruir por las agendas represivas y terroristas de las dictaduras durante los últimos 50 años de historia. La solidez material y moral de los movimientos de los trabajadores es una diferencia específica de nuestra historia. La baja del salario es el principio básico de la plataforma nunca escrita de la política oligárquica en el país. Es la clave de la “competitividad”, de la conquista de un lugar en el mundo, del equilibrio de las cuentas fiscales y hasta de la “armonía social”. Se necesita disciplinar la mano de obra argentina para ser un país ordenado, para terminar con los piquetes que obstruyen las calles, para ser un país normal, como lo son aquellos que no ponen en discusión la superioridad moral del capital sobre el trabajo. Hay en la oligarquía nativa envidia por el modo en que resolvieron este problema algunos países cercanos. Chile, por ejemplo, donde la dictadura pinochetista tuvo éxito en una reconstrucción material, cultural y moral que borró por muchos años la herencia de Allende y de la Unidad Popular. Mientras que aquí la politiquería de comité –incluida en ella buena parte del personal de las dictaduras cívico-militares– terminó siempre negociando con políticos y sindicalistas y conviviendo con la cultura populista. Macri es hoy el exponente principal de este diagnóstico político. Es esa su obsesión principal, el eje que organiza su utopía individualista, anti solidaria, falsamente meritocrática puesto que no se puede llamar mérito a la herencia familiar defendida con represión, persecución y muerte como ha sucedido de modo recurrente en nuestra historia. Por eso el apellido Moyano simboliza hoy la roca dura que el gobierno quiere horadar de una vez y para siempre. Los dirigentes sindicales que portan ese apellido merecen muchas críticas de las que esta página no se ha abstenido. Pero el lugar político y estratégico de los Moyano se explica por circunstancias irreductibles a las conductas que suelen ser objeto de esas críticas, dos de ellas fundamentales: la fuerza material del sindicato de camioneros – unida a su peso en la vida pública del país, en “la calle”– y la consecuencia de estos dirigentes en su defensa, que incluye la invulnerabilidad ante las amenazas del poder. Ese apellido tiene hoy un significado concreto : es la representación del país que no tiene miedo al apriete político, mediático y judicial. Y ese significado es cardinal en la etapa que viene porque el gobierno ha perdido toda capacidad de atraer esperanzas populares. Le queda la publicidad y el látigo. Y no hay estrategia de marketing que pueda sobrevivir a lo que hoy es una evidencia: lo que queda del período de gobierno asoma como un tiempo de sufrimientos para la gran mayoría de los habitantes de este país. De modo que es altamente probable que el poder político se vaya desplazando hacia una mayor centralidad del ministerio de seguridad. Por su parte, el juez Carzoglio ha producido un hecho trascendente: se ha opuesto a un nuevo abuso judicial macrista y no dio la orden de detención a Pablo Moyano. Se colocó así en el ojo de la tormenta; rápidamente se desató la jauría periodística contra su persona y con la misma rapidez el procurador de Vidal lo amenazó con el procesamiento por falso testimonio. Estos hechos son relevantes. Porque son un palo en la rueda del más grande ataque contra el estado de derecho desde 1983, que consiste en convertir a uno de los poderes de la república en una agencia de persecución, provocación y hostigamiento de la vida política democrática. Después de la decisión de este juez tienen otra potencia muchas voces de dentro y fuera del poder judicial que vienen impugnando el atropello autoritario. Y empieza a aparecer la inquietud en la corporación judicial sobre la suerte que puede esperar a algunos de los alfiles principales del macrismo en su tarea de someter al poder judicial a sus arbitrios, que consisten en despejar la ruta para el triunfo de un proyecto neocolonial en el país. La relevancia del hecho consiste también en que los objetos de la persecución provisoriamente desbaratada son referencias principales del movimiento obrero. Y esto en tiempos en que uno de los filos de la contrarreforma judicial de facto que está en marcha apunta a debilitar el fuero laboral con el fin de producir desde  los fallos judiciales las reformas legales para las que no han conseguido mayorías parlamentarias. En suma, el trabajo está en el centro de la escena política argentina. Macri lo ha puesto allí con la insólita frase mencionada al comienzo de esta columna. Como un contra homenaje al aniversario número 200 del nacimiento de Karl Marx, la frase presidencial deroga por decreto la teoría de la plusvalía. Desde ahora sabemos que las patronales, cuyo lugar en el mundo es la beneficencia, han estado contratando trabajadores aun

Fuente:  Luis Bruschtein | Página 12 Fecha: 20 de OCT 2018 Intolerancia y violencia, los nuevos invitados del macrismo, no tan lejos de Bolsonaro, son mensajeros de la sociedad que se avecina. El chofer que fue detenido en Ezeiza por el cartel “Pan para el mundo”, el juez y el abogado que fueron agredidos por policías en Mar del Plata porque estaban en “actitud sospechosa”, las chicas del Pellegrini que fueron encerradas por los patovicas del boliche Mandarine Park por llevar pañuelos verdes y el grupo de supuestos padres que irrumpió en la escuela número 8 de La Plata para impedir que se dictara la materia de educación sexual fueron noticias secundarias que aparecieron esta semana desparramadas en las páginas interiores de algunos medios o circularon por las redes. Aparecen como hechos secundarios, pero están en el corazón de la sociedad autoritaria, intolerante y regresiva que comienza a instalarse a partir del discurso neoliberal traducido por el amarillismo excluyente de los medios oficialistas y las campañas informáticas. Fue chistoso que mandaran al chofer a buscar a dos miembros de una ONG internacional denominada “Pan para el mundo” y que lo detuvieran para interrogarlo por sospechoso de subversión. Pero no fue chistoso. En Mar del Plata, Claudio Spinelli trató de defender a un hombre que había sido interpelado y maltratado por los policías Héctor Gutiérrez y Daniel Salerno. Y Spinelli terminó aplastado en el suelo, con el brazo retorcido mientras lo esposaban. Entonces intervino el juez laboral Humberto Noel que se encontraba allí por casualidad. El juez llamó la atención de los policías porque Spinelli es un conocido abogado local. Y los policías, al igual que las personas que se encontraban en el lugar, insultaron al juez. “Corrupto”, “garantista”, “vergüenza de la Nación”, le dijeron a coro. En el boliche Mandarine Park, en la CABA, se iba a realizar una fiesta de egresados. Cuatro chicas, dos de ellas menores, fueron interceptadas por los gorilas de la puerta y encerradas en un cuarto donde fueron maltratadas mientras los tipos reivindicaban a la dictadura. El ultraje a las pibas, estudiantes del Carlos Pellegrini, fue porque llevaban el pañuelo verde en sus mochilas. En La Plata, un grupo de personas con el pañuelo celeste intentó interrumpir por la fuerza las clases en la escuela media Pedro Benoit para impedir que se impartiera la materia Educación Sexual Integral. Fueron interceptados en el patio y retirados hasta la puerta por alumnas y profesores, con los que discutieron. “Si sos mujer, tenés vagina y si sos hombre tenés pene, andá al baño a mirarte”, le dijo un hombre a una piba que le discutía. “Vamos a perseguir a los aborteros como se persigue a los narcotraficantes”, dijo otro en medio del griterío. Son señales de algo que está sucediendo en la sociedad. Hacía mucho tiempo que estas situaciones no se veían en un país que vivió tiempos de dictaduras durante las que se medía el largo de las polleras de las chicas y del pelo de los varones. Una sociedad cuya policía se dedicaba a allanar hoteles para sorprender a maridos o esposas infieles y donde se iba preso por dejarse la barba, el pelo largo o simplemente por no llevar el documento de identidad. El país de los prejuicios, de los guardianes de la moral y los hipócritas, que es el país de la violencia y el atraso de las dictaduras militares. Hubo treinta años donde el país se esforzó por poner distancia de esas aberraciones cavernícolas y ahora están aquí, naturalizadas, imbricadas en un sentido común hegemónico que otorga ese poder arbitrario a la represión porque todo su esquema se organiza alrededor de esa idea de orden maniatado y amordazado. Los hechos se produjeron en una semana donde la opinión pública –incluyendo a los macristas de Cambiemos– se escandalizó por situaciones similares generadas en Brasil por simpatizantes del candidato ganador de la primera vuelta, el fascista Jair Bolsonaro. Es gracioso cómo a la derecha argentina le molesta verse reflejada en la imagen de Bolsonaro, al punto de que un columnista de La Nación no pudo reprimirse y, para evitar cualquier equívoco, afirmó que la Bolsonaro argentina es Cristina Kirchner cuando, a todas luces, es lo opuesto, pero también es lo opuesto a ellos, lo cual los pone a ellos junto al fascista del país hermano. El kirchnerismo (y el peronismo en general) es un espejo que les devuelve una imagen que no les gusta. Les agrada imaginarse modernos, democráticos, campeones de la tolerancia, y algunos hasta como progresistas, pero ese espejo los desnuda como lo que son. Se dice con bastante razón que no hay que abusar del término fascista. Pero es difícil encontrar otra palabra para calificar a un tipo que avala la tortura y las dictaduras militares, que considera inferiores a los negros y las mujeres y que prefiere a sus hijos muertos antes que homosexuales. También se dice que la mayoría de las personas que votaron a Bolsonaro no son fascistas, pero lo serán a medida que el poder político y mediático vayan naturalizando ese discurso. Así pasó en Italia y en la Alemania nazi. Hay una tendencia a la derechización en todo el mundo, salvo pocas excepciones que resisten a esta nueva noche de la humanidad caracterizada por una restauración conservadora que provoca grandes cataclismos económicos y profundas desigualdades. Pero es cierto que muchas de las personas que votaron a Bolsonaro todavía no son fascistas. Se dice también que el aterrizaje de los gobiernos conservadores se debe a los límites de los gobiernos populares que los precedieron y a la falta de sensibilidad o capacidad para dar respuesta a reclamos muy instalados en la sociedad sobre la corrupción y la seguridad. Pero esos reclamos constituyen solamente una parte de la realidad. Los gobiernos del PT en Brasil impulsaron políticas de salud, educación, vivienda y distribución de la riqueza que duplicaron la clase media y sacaron a millones de personas de la pobreza en un fenómeno que nunca antes se había

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 07 de OCT 2018 ¿Es antidemocrático expresar el deseo de que se vayan los actuales gobernantes? Cada vez que alguna persona públicamente conocida se pronuncia de ese modo se activa el piloto automático del periodismo monopólico -incluido su segmento más “neutral”- para repudiar esos dichos. La voz de orden es la “defensa de las instituciones”. Hace diez años no era así como pensaba el actual presidente y su partido, cuando la furiosa manipulación política de la tragedia de Cromañón habilitó el juicio político contra Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires y generó las condiciones para el ascenso de Macri al centro de la escena política nacional. La presidencia es, por cierto, una institución de las más importantes de la república pero su duración en el cargo no lo es, en la medida que la Constitución habilita el juicio político en su contra, dadas ciertas premisas y cumplidos ciertos procedimientos. Claro que para la memoria política argentina, la cuestión no es solamente un problema de leyes y de constitución, sino que está atravesada por el mal endémico de la república durante gran parte del siglo anterior. La intervención pretoriana de las fuerzas armadas -casi siempre a nombre de las oligarquías legales y con un sentido de persecución e injusticia- generó una legítima y muy mayoritaria valoración por el cumplimiento del mandato presidencial. Cuando recuperamos el estado de derecho y el voto realmente universal, sin vetos ni proscripciones, el deseo colectivo de que sea el voto popular el que juzgue el desempeño del presidente se convirtió en una de las premisas del buen funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, en dos ocasiones desde entonces los presidentes no terminaron su período de gobierno; fue el caso de Alfonsín y de De la Rúa, quienes, en ambos casos rodeados de un clima de crisis general y de desorden social, renunciaron anticipadamente. Un lugar común de la ignorancia disfrazada de análisis político atribuye a la acción de la oposición peronista esas crisis y esas alteraciones de los tiempos institucionales previstos. Claramente no fue la oposición la que en diciembre de 2001 ordenó la cruel represión que terminó con la muerte de decenas de personas en aquellas caóticas jornadas. La duración estricta del mandato del gobierno es un principio que no rige en buena parte de los actuales regímenes democráticos. Una parte importante de ellos son gobernados por regímenes parlamentarios, muy diferentes entre sí pero con el principio común de que el jefe de gobierno no puede mantenerse en su cargo desde el mismo momento en que pierde el apoyo de la mayoría de los parlamentarios. Un debate muy transitado en las últimas décadas -a veces casi excluyente entre politólogos y constitucionalistas-gira en torno de las bondades y de los problemas del presidencialismo y el parlamentarismo. Esta nota no se internará en ese territorio. La mención se limita a quitarle a la duración del mandato la aureola de santidad que lo identifica con el “buen funcionamiento de las instituciones”. ¿Puede hacer lo que quiera un gobierno mientras dura el período previsto para su recambio? ¿Es la duración prevista del mandato un valor superior al “bienestar general”, para mencionar el principio que invoca el preámbulo de nuestra constitución? Claro que, llegados a este punto, aparece el obvio problema de quién puede determinar cuándo se está actuando en la dirección de ese principio o cuándo no. Pero justamente de eso se trata, de la deliberación política. Y no de su reemplazo por candorosas o fraudulentas apelaciones a la defensa de las instituciones como modo de enfrentar fuertes y fundados cuestionamientos a la actual gestión de Macri. Una impresionante maquinaria mediática trabaja hoy para defender una serie de formulaciones que emite el gobierno: tormentas, cosas que pasan, esfuerzos circunstanciales del pueblo y futuros luminosos. Hoy ni los más acérrimos ideólogos del neoliberalismo otorgan crédito a esos productos de la publicidad, que a medida que pasa el tiempo se van volviendo ya no solamente mentirosos sino también ofensivos y provocativos para una gran parte de nuestra sociedad. El debate es político y no jurídico. Hay que dirimir lo que políticamente conviene y después darle el marco jurídico, sin olvidar que detrás de lo político y lo jurídico se juegan vidas, proyectos individuales y colectivos, derechos elementales que nadie que se reclame democrático puede ignorar. Claro, lo mejor es que esos debates políticos tengan lugar en el proceso de elecciones presidenciales para las que no falta tanto tiempo. Pero tampoco se puede ignorar o degradar la suerte concreta de millones de argentinos, bajo el argumento del respeto por los tiempos institucionales. Nadie puede negar que el deseo de que esta lamentable experiencia política termine lo más rápido que se pueda abarcar a una parte importante de nuestro pueblo. Se trata, claro, de una parte que no es la dueña de los grandes medios, ni influye gran cosa en la conducta de los tribunales, ni dispone de grandes capitales. Pero así y todo existe. Se pronuncia, sale a la calle y protesta. No son facciosos ni provocadores ni antidemocráticos; simplemente tienen un juicio o un punto de vista. Tan respetable, en principio, como los de quienes por conformidad con las políticas en curso o temor por las derivas de la crisis, prefieren mantener este estado de cosas hasta la elección. Por eso la retórica del presidente en los últimos días, esa que habla del “veneno social” y de las “personas envilecidas” tiene que ser repudiada. Porque tiene el designio de suplantar el debate político por la amenaza. Desde que empezó la gestión, ese discurso está en primer plano. Y ya acumula mucho dolor, mucha persecución y mucha violencia. Y ya que de instituciones estamos hablando, no está demás decir que mal se puede defenderlas apoyando y/o aceptando la entrega del poder de decisión soberana sobre nuestros recursos y nuestras políticas a las manos del FMI como hizo y hace este gobierno. ¿Tiene más importancia la duración del mandato presidencial que el ejercicio