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Fuente: Graciana Peñafort | El Destape Web Fecha: 22 de ENE 2019 Es tempranísimo en la mañana. Me levanto y busco el anunciado decreto de Extinción de Dominio en el Boletín Oficial. Y pienso al verlo publicado «Bueno, al menos lo publicaron. Tanto a favor del gobierno» Porque hay que señalar que este gobierno de supuestos institucionalistas se ha caracterizado por ser lo menos institucionalista del mundo. El Boletín Oficial a veces no ha salido publicado. Otras veces,salió publicado a cualquier hora. E incluso han omitido publicar normas, hasta que algún reclamo se los hizo recordar. El gobierno de Macri ha sido un periodo oscuro para la publicidad de los actos de gobierno. Y para la sana tradición republicana de publicar las normas en el Boletín Oficial, cosa que se hace desde el 1 de junio de 1893. A veces incluso parece que hubiéramos regresado al periodo pre constituyente, donde las normas se publicaban en la Gazeta de Buenos Aires. Diario que no existe más, pero existen Clarín y La Nación. Debo decir que la correcta publicación del DNU 62/2019 es lo único que está bien en ese decreto. Porque si bien ya sabemos que la Constitución no es la norma favorita del Gobierno de Mauricio Macri, pocas normas la vulneran tanto como este decreto. ….Y advertencia a abogados desprevenidos y a personas que aprobaron educación cívica: el nivel de mamarracho de ese decreto se ha visto pocas veces. No es que les parezca a ustedes que están leyendo un disparate jurídico, es un disparate jurídico, lo mires por donde lo mires. Así que no se asusten: «No sos vos, son ellos». Empecemos a analizarlo. El titulo del DNU 62/19 es «RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO». Ahora bien, es tan poco civil el tema que los primeros considerandos del decreto dicen: «Que la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos. Que la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante la Ley N° 25.632, aprobó la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, donde los Estados Parte acuerdan mecanismos de cooperación y herramientas para el recupero de los bienes y otros beneficios derivados del producto del delito. Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO aprobada por la Ley N° 26.023, establece que cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera de los delitos vinculados al terrorismo. Que la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante la Ley N° 26.097, aprobó la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, instrumento en el que los Estados Parte manifiestan su preocupación por los problemas y amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, socavando los valores de la democracia. Que la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, aprobada por la Ley N° 24.759, establece que de acuerdo con las legislaciones nacionales aplicables y los tratados pertinentes u otros acuerdos que puedan estar en vigencia entre ellos, los Estados Partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados de conformidad con la citada Convención, de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes.» Verán amigos, que de derecho civil, nada, salvo el nombre. Es todo materia penal. y acá hago el primer stop importante, que no lo hago yo sino la Constitución Nacional que establece con toda claridad: «Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:…inc. 3º) Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.» Y ahí entiendo todo. Nos dicen que es una acción civil para que no nos demos cuenta que violaron la clausula constitucional que prohíbe, reitero PROHIBE, al presidente dictar normas de naturaleza penal. Violaron la Constitución nacional para dictar este decreto. Señores del Macrismo, ¡pasa que nos dimos cuenta! Sigo leyendo y leo esta payasada, porque argumento no es «Que la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN el 23 de junio de 2016 dio media sanción a un proyecto de Ley de Extinción de Dominio, en base al consenso arribado entre bloques de diversos orígenes partidarios. Una vez girado al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, fue tratado en el recinto el 22 de agosto de 2018, a poco más de tres meses de caducidad del proyecto, introduciendo modificaciones estructurales a la media sanción de Diputados. Que estas modificaciones fueron remitidas a la Cámara de origen, a los fines de cumplimentar con el procedimiento constitucional de formación y sanción de las Leyes, sin obtener tratamiento hasta la finalización del período ordinario de sesiones del año parlamentario en curso. Que el proyecto lleva así más de DOS (2) años de trámite legislativo sin resolución, por lo que urge otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal. Que, en vista de las razones aquí expuestas, y en atención al período de receso legislativo, se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.» O sea que el presidente la Nación decidió que no iba a esperar que el Congreso dictara la ley. Con ese criterio,

Fuente: Ricardo Aronskind | La Tecl@ Eñe Fecha: 17 de ENE 2019 Nos encontramos en un momento particularmente extraño de la vida política nacional, en el cual recrudecen los aspectos más impiadosos del fracaso económico gubernamental, pero no se registra una reacción colectiva acorde a la agresión masiva que sufre la sociedad vía precios, tarifas, cierre de empresas, tasas de interés usurarias, redoblada presión impositiva y abandono del Estado de sus funciones básicas en materia de salud, educación, seguridad, etc. Además, la presión económica se acrecienta semana tras semana, sin que aparezcan medidas de alivio. El gobierno está enviando muchos recursos hacia los sectores más postergados de la sociedad para evitar situaciones que puedan detonar episodios de violencia, y apuesta –nuevamente- a una reactivación que aparecería luego del primer trimestre, por razones tan sólidas como las de los anteriores anuncios gubernamentales de “brotes verdes”.  Fracaso económico rotundo ¿sin rechazo social? A pesar del amontonamiento increíble de datos pésimos sobre consumo, ventas, producción, inversión, etc. etc., la discusión se mantiene en un nivel político muy bajo, en temas vinculados a los magros salarios o a las escasas ventas, o a la pérdida de clientes. Esto tiene dos desventajas: 1) Se sigue sin discutir lo fundamental, el modelo económico –más allá de su ocasional ejecutante-.  Lastrados los habitantes por una suerte de incapacidad de comprensión política o de abstracción para debatir temas más abarcativos que la mera situación personal. El problema es que si se sigue sin conectar lo personal con lo colectivo, se puede seguir persistiendo en el tipo de voto que llevó al macrismo. Las fantasías podrían trasladarse de Macri a Vidal, o Urtubey. 2) Al mantenerse en el plano de los problemas personales, o de la incomprensión de la coyuntura, como si del estado caprichoso del tiempo se tratara, se está a tiro del argumento de “ya está pasando lo peor”, “fue un contratiempo transitorio”, “estamos superando el traspié” y otros argumentos característicos del macrismo. Por otra parte, no es un problema de mera “reactivación económica” lo que debe discutirse, ya que para que ésta pueda concretarse en el futuro se deberán recuperar una serie de instrumentos fundamentales de intervención estatal de la economía, y de paso sentar las bases para un verdadero desarrollo económico. Todavía no existe el estado de ánimo social necesario para producir una ruptura con el neoliberalismo y avalar o apoyar las necesarias medidas de reconstrucción nacional. Se siente la insuficiencia del aliento popular para ajustar cuentas con este proyecto regresivo. El amplio campo de los agredidos por el modelo macrista: Es probable que hoy cerca de tres cuartas partes de la población estén siendo agredidas por el desastre económico generado por la actual gestión. También es evidente que si este bloque social reaccionara en conjunto contra el actual estado de situación, el problema político estaría en vías de resolverse. Pero eso aún no ocurre, y es muy importante encontrar las causas por las cuales hasta ahora sólo una fracción menor de la sociedad está enfrentando con decisión el rumbo neoliberal-conservador del macrismo. Sin pretender agotar las causas de la relativa falta de reacción colectiva, entendemos que pueden estar jugando distintos factores, en distintos tipos de público. Los sectores populares con mayor conciencia política: Partiendo de los más decididos sectores que vienen enfrentando desde el primer día al actual proyecto político, surge que existe en el propio campo nacional y popular una falta de organización manifiesta, que impide actuar coordinadamente en el debate público y la comunicación social, en la impugnación de las medidas, en las acciones colectivas necesarias e incluso en la propuesta de medidas alternativas que den esperanza en un cambio de rumbo efectivo. La falta de organización es un verdadero corsé para el enorme potencial humano y político de un campo que permanece disperso y desconectado. Este incluye la interpretación paralizante que algunos hacen del liderazgo de Cristina, de la que están esperando que tome todas las iniciativas y al que se encuentran imaginariamente subordinados como “soldados”. Utilizando precisamente la metáfora militar, hay que decirles a esos compañeros que no existe ejército en el mundo en el cual el comandante en jefe tenga que dar todas las órdenes para todas las acciones que se emprendan. Siempre es fundamental dar amplio margen de maniobra y de iniciativa a los “subordinados”, contar con mandos medios capaces y con soldados inteligentes en condiciones de tomar iniciativas audaces en el campo de batalla. Se nota también la falta de un vigoroso discurso anti-derecha, que apenas se ha esbozado. Buena parte del espacio nacional y popular ha pasado tres años señalando y criticando las barbaridades dichas y hechas por el macrismo, pero no ha logrado armar un discurso colectivo que imponga con fuerza ciertos temas fundamentales para disputar el sentido común. Ejemplos de esto: la subordinación mental de cierto sindicalismo a los empresarios, a los que se les cede el “saber económico” o el conocimiento acabado de la realidad. El movimiento obrero estaría limitado a “hacer acotaciones” sobre el libreto que sólo el empresariado neoliberal estaría en condiciones de formular. Hace falta un discurso más exigente y riguroso en relación a los empresarios que están dando su pleno apoyo al modelo actual. Parece que en relación a la ideología neoliberal de estos sectores solo hay críticas de orden moral: “son rapaces” o “no les importa la gente”, pero falta una visión político-económica que señale los temas estructurales, como su falta de inversión a pesar de las altísimas rentabilidades de éstos años (responsabilidad fundamental de los capitalistas en el capitalismo), o la tradicional  evasión y elusión impositiva (carencia crítica  que explica que no haya ni condena pública ni siquiera indignación en relación a los paraísos fiscales, el lavado de dinero, las maniobras con las exportaciones, y los mil trucos inventados para no compartir parte de las ganancias con la sociedad). Debemos decir que este fenómeno es planetario, y se viene acentuando en todo el mundo desde los años ´80 del siglo pasado, pero que en el caso

Fuente: Ricardo Ragendorfer | TiempoAr Fecha: 13 de ENE 2019 El 18 de diciembre pasado asumió la nueva conducción de DAIA, encabezada por Jorge Knoblovits. Fue en el Hotel Intercontinental, ante mil invitados que incluían altos dignatarios del régimen macrista; entre ellos, la ministra Patricia Bullrich, quien al tomar la palabra, soltó: “Sería muy importante para nosotros tener un juicio en ausencia”. Se refería a los funcionarios iraníes sospechados por el atentado a la AMIA. Tal alternativa –no contemplada por las leyes argentinas– ya había sido deslizada con insistencia en 2013 por el entonces presidente de la DAIA, Julio Schlosser, durante una reunión con canciller Héctor Timerman, a propósito del Memorándum con Irán. Aquel cónclave fue reconstruido por Timerman el 10 de febrero del año pasado en su piso de la calle Castex, frente a la Plaza Alemania, al recibir –ya convaleciente y con arresto domiciliario– al autor de esta nota; también estaba el dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y el periodista Juan José Salinas. Los detalles vertidos por él adquieren ahora una significativa relevancia. Schlosser había concurrido al despacho de Timerman en la Cancillería con el vicepresidente de la AMIA, Waldo Wolff (hoy diputado de PRO), y el entonces secretario general Knoblovits. Al ministro de Relaciones Exteriores  lo acompañaba el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. Los visitantes no creían que el acuerdo con Irán para interrogar allí a los presuntos responsables del atentado pudiera guiar la pesquisa hacia la verdad. También invocaron “impedimentos estratégicos” no debidamente aclarados. Y al respecto, Schlosser esgrimió un notable argumento: “Los muertos ya están muertos, Héctor; hay que pensar en los vivos”. Wolff, a su vez, permanecía mudo, con los ojos clavados en el suelo. Y Knoblovits, abogado de profesión, iba levantando temperatura. Hasta que, de pronto, saltó de su asiento, al grito de: “Si Canicoba Corral (el juez de la causa) va a Irán y le dicta a los acusados la falta de mérito porque la prueba no alcanza, ¿de qué nos disfrazamos?”. Y remató: “¡Eso sería inaceptable!”. Schlosser entonces le ordenó con un parpadeo que se llamara a silencio. Wolff continuaba con los ojos clavados en el suelo. ¿Qué temía realmente Knoblovits? ¿Acaso no estaba convencido de la autoría iraní del atentado? Tanto las circunstancias de esa reunión como el registro textual de los diálogos fueron confirmados a este diario por Oliveri. A un lustro de semejante “sincericidio”, el doctor Knoblovits alcanzó la cima de la DAIA. Su entronización coincidió con la agonía de Timerman. El ex canciller exhaló días después su último suspiro. Vueltas del destino. La causa por el Memorándum (instruida por el juez Claudio Bonadío) es un himno al desplome del estado de Derecho. En tal marco, el procesamiento de Timerman requirió, por su debilitada salud, una dosis extrema de crueldad. Era como si pesara sobre él una condena a muerte no escrita en el expediente. Y en aquella crucifixión, el rol de la DAIA fue particularmente vil. Porque sus jefes no fueron cómplices pasivos (como en el caso del martirio sufrido por su padre, Jacobo Timerman, durante la última dictadura) sino los artífices de su desgracia, en tándem con la servidumbre judicial del macrismo. De hecho, fue aquella dirigencia la que lo querelló en base a una trampa tendida por el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger, al grabar de modo clandestino en 2013 un diálogo telefónico con él, donde –en su condición de funcionario– se lo escucha decir: “¿Y con quien querés que negocie? ¿Con Suiza?”. Esa frase fue su pecado. Cabe destacar que es la primera vez desde la vuelta de la democracia que en los tribunales se convalida el uso como prueba de una comunicación intervenida en forma ilegal. Es raro que justamente Knoblovits no haya dicho nada al respecto, dado que él mismo supo padecer esta clase de canalladas en carne propia. En enero de 1998, el noticiero de Canal 9 emitió imágenes filmadas con cámara oculta que mostraba a Knoblovits al coordinar con Ricardo Manselle, un testigo del caso Cabezas, el guión de un nuevo testimonio diametralmente opuesto al que ya había brindado, y que comprometía a Alfredo Yabrán. “En tu nueva declaración vos tendrías que decir que fuiste presionado por la institución policial y la revista Noticias”, le indica Knoblovits, mientras engulle con apetito una medialuna. Y agrega: “Con una vez más que aparezcas en los medios cambiando tu testimonio no vas a tener problemas. Todos te van a creer. Yo soy un abogado de prestigio”. Lo cierto es que Manselle salió otra vez en los medios, pero acusando a Knoblovits de ofrecerle 60 mil dólares para despegar del caso a Yabrán. No menos cierto es que Knoblovits salió indemne del asunto. Si bien el juez que instruía el expediente por el asesinato del fotógrafo tomó por válidas esas imágenes, en 1999 la Justicia entendió que la denuncia contra el actual dirigente comunitario era falsa. El juez Daniel Turano sobreseyó a Knoblovits y dio a entender que fue el propio Manselle quien intentó poner en marcha una negociación para cambiar su declaración a cambio de dinero. Sea como fuere, Knoblovits demostró con su asesoramiento ser un gran alquimista procesal. Casi tres lustros después, ya entregado a su carrera política en la DAIA, supo además exhibirse como un hábil tejedor de relaciones. A principios de 2015, se entrevistó con el embajador de Estados Unidos, Noha Mamet, para dejar constancia de su preocupación ante el “populismo” que por entonces flotaba en la Casa Rosada. Su siguiente paso fue embarcarse en una gira por varias ciudades norteamericanas sin otro propósito que denostar a Cristina Fernández de Kirchner, acusándola del asesinato del fiscal Nisman y de integrar una alianza secreta con Venezuela e Irán. También se contactó con la American Israel Públic Affair Commitee (AIPAC), un conglomerado de la derecha judía estadounidense vinculado a ciertos popes de los fondos buitres; entre ellos, el famoso Paul Singer. Y no se privó de dar una conferencia con el cubano-estadounidense