Honduras, una década de golpes e inestabilidad
Fuente: Nery Chaves García y Esteban De Gori | Celag.org Fecha: 28 de junio A diez años del Golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la crisis social, económica y política en Honduras no deja de profundizarse, como así tampoco la movilización democrática popular. El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, aparece en pijamas en Costa Rica. Denunciaba un Golpe de Estado. Un sector del Partido Liberal, el Partido Nacional y las Fuerzas Armadas habían consensuado el fin abrupto de su mandato constitucional, el cual se había iniciado en 2005. El consenso bipartidista había funcionado en un país donde ambos partidos habían organizado por décadas el juego político. El Gobierno de Zelaya intentó solucionar dos grandes problemas que le granjearon tensiones con actores económicos y políticos que luego se organizaron ante la instalación de la llamada “cuarta urna”. Esos dos graves problemas fueron la crisis energética y la crisis social. Para ello, introdujo un decreto de salario mínimo que lo enfrentó con empresarios, y se alió con Petrocaribe para reducir el precio del petróleo y todo lo que ello implica en la economía. Zelaya se fue convirtiendo, así, en un líder inesperado, sobre todo porque era el empresario que participaba de las cámaras empresariales que mayor influencia poseía en ese país. También se opuso a la privatización de la empresa nacional portuaria y profundizó la Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) que se había iniciado en 2001 desde el Estado y que retomó como propuesta para distribuir la riqueza y potenciar el crecimiento económico, que estaba estancado. De hecho, podemos observar que el porcentaje del PIB destinado al gasto social —educación y salud inclusive— aumentó durante el periodo 2006-2008. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema tuvieron una caída durante su Gobierno. Esta ERP era alentada porque suponía la condonación de la pesada deuda externa. Donde se coagularon todos los malestares políticos de los sectores tradicionales que veían en Zelaya la puesta en duda del imaginario neoliberal -colocando sus críticas en la intervención estatal y en distribuciones no grandilocuentes de la riqueza-, fue en el llamado a participar en una “cuarta urna”. En ella se preguntaría acerca de si se debía o no convocar a una asamblea constituyente y en las otras tres urnas se elegiría presidente, Parlamento y alcaldes. El mismo día en que debían realizarse las elecciones, cuarta urna incluida, Zelaya fue sacado el poder y llevado a Costa Rica. Por ello el 28 de junio significa muchas cosas: quiebre del orden constitucional, clausura de un proceso electoral, y apertura de una inestabilidad y conflictividad que llega hasta hoy. Pero también 28 de junio es el punto cero de la ruptura del bipartidismo y la puesta en cuestión de un elitismo conservador que se había profundizado con la recuperación democrática en 1982. Hoy dos imágenes: en 2009 Zelaya en pijamas, despojado del poder constitucional y presidencial, y en 2018 -en una encuesta del ERIC- Mel Zelaya es considerado por el 30% de la población como el mejor presidente de Honduras, seguido por Juan Orlando Hernández (JOH), con el 18,7%. El golpe del 2009 continuaría con golpe electoral de 2017. Entre Zelaya y Juan Orlando Hernández solo gobernaron presidentes del Partido Nacional. Como si la conclusión del golpe de 2009 no sólo fuera la salida del presidente constitucional sino, al mismo tiempo, la disolución del bipartidismo y caída abrupta del partido del cual provenía Zelaya, el Partido Liberal. La resistencia al golpe fue el laboratorio de varios partidos políticos y liderazgos: por un lado, el del propio Zelaya y su Partido Libre y, por otro, Salvador Nasrrala con su Partido Anticorrupción. Esa resistencia politizó a la ciudadanía y la ocupación del espacio público ganó terreno. Se observaron represión y beligerancia estatal. La crisis abierta por el golpe de 2009 se intentó clausurar con una elección que le dio el triunfo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional. Éste no sólo redujo la intervención del Estado en la economía -cuestión que aumentó la pobreza y la desigualdad- sino que restituyo un camino “ganador” para un Partido Nacional, que podía ganar elecciones y que podía realizar golpes electorales, pero que no lograba clausurar las trayectorias de acción de movilización y reclamo sobre un sistema político que intentó recrear fuertes dosis de elitismo conservador y excluyente. En noviembre de 2009 asumió Porfirio Lobo en unas elecciones militarizadas, bajo Estado de Sitio y con muy baja participación.[i] En su intento por legitimar el Golpe de Estado, impulsó los Acuerdos de Cartagena, que posibilitaron el retorno de Mel Zelaya, la fundación del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) a partir del Frente Nacional de Resistencia Popular y la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2011. La OEA había presionado para resolver una crisis de inestabilidad política y de ilegitimidad que cargaba el sistema político hondureño. En las elecciones en 2013 -en medio de diversas denuncias del Partido LIBRE, que llevó la candidatura de Xiomara Castro Zelaya, enfrentada a Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción (PAC)- es elegido como presidente Juan Orlando Hernández, quien había sido presidente de la Asamblea Nacional, jefe de bancada del Partido Nacional (2005-2009) y su secretario general (2006-2019). Su estrategia política fue garantizar la continuidad del Partido Nacional, centralizando su propio partido frente a sectores minoritarios del mismo. Tal concentración de poder posibilitó que su candidatura presidencial en los comicios de 2017 se transformara en legal, tras el fallo de la Corte Constitucional hondureña que violó la Constitución hondureña de 1982, que lo prohibía expresamente. El intento de consulta sobre la posibilidad de reforma constitucional llevó a Zelaya a su derrocamiento; la violación del carácter pétreo de la Constitución condujo, ya no a su salida del poder sino a un profunda inestabilidad y conflictividad políticas. Las elecciones nacionales de 2017 en un marco de concentración del poder de Hernández y el rechazo a la violación de la Constitución provocó la unidad política de la oposición política. Se constituyó la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, la cual quedó conformada