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Fuente: Atilio A. Boron | Blog de Atilio A. Boron Fecha: 2 de marzo de 2020 Fue un discurso marcado por la sobriedad y una encomiable voluntad de ir a lo concreto, a tono con los tiempos que corren y las expectativas de la sociedad. Pero no se trató de una pieza oratoria neutra. “Esta es la hora de definir de qué lado va a estar cada uno. Nosotros estamos del lado del pueblo”, dijo en uno de los tramos más relevantes al encarar el tema de la deuda externa. Comenzó con una breve pero rotunda reseña del desastre heredado por los cuatro años de la gestión macrista para luego extenderse sobre los desafíos cruciales a los que se enfrenta la Argentina. A continuación se analizan algunas de las principales definiciones de su discurso. Era obvio que la cuestión de la deuda externa sería objeto de una reflexión en su discurso. Es, hoy por hoy, “el principal escollo” con que tropieza la refundación de la Argentina. Una deuda afectada por una insanable ilegitimidad de origen y de formas, no siendo otra cosa que el componente decisivo de un proyecto de saqueo de las riquezas nacionales en lugar de ser un instrumento de promoción económica y social. A John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, se le atribuye haber dicho que “hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es por la espada. La otra es por la deuda”. En el caso argentino quienes contrajeron esa deuda lo hicieron convencidos de que este país debía convertirse en una dependencia colonial de Estados Unidos, abandonando cualquier pretensión de soberanía y autodeterminación nacional. Las resistencias populares que provocó este proyecto hicieron que sólo en parte pudiera concretarse y ahora estamos en condiciones de revertirlo y derrotarlo definitivamente. El endeudamiento externo será el enorme y más inmediato desafío que deberá enfrentar el actual gobierno y la condición de posibilidad de todas las tareas y planes que se ha impuesto la Casa Rosada. Por eso es digno de destacarse que el Banco Central esté analizando el proceso de endeudamiento del macrismo. Y tanto más cuando el presidente dijo que “Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo, acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda.” Por supuesto, esto exigirá “saber lo que pasó, quienes permitieron que ello suceda y quienes se beneficiaron con esas prácticas.” En otras palabras esto significa auditar la deuda externa para pagar lo que efectivamente se debe, identificar a quienes se apropiaron de ella para su beneficio y obligarlos a devolver ese dinero mal habido. No en vano fue nada menos que John M. Keynes quien, refiriéndose a las perversiones e impactos recesivos de la especulación financiera tan favorecida por el anterior gobierno, propusiera “la eutanasia del rentista”. Pocas cosas pueden ser más positivas para la impostergable refundación de la Argentina que seguir el consejo de aquel economista y liberar al país de la plaga de la “bicicleta financiera.” De ahí la importancia de que Fernández haya dicho en su alocución que “nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso.” Segundo tema: la necesidad de contar con un Estado fuerte, ágil y eficiente que, como se dijo en el discurso, no se puede “construir un Estado del siglo XXI con las herramientas de un Estado del siglo XX.” En esto el presidente se hace eco de un amplísimo consenso teórico que establece que sin un Estado que reúna aquellas condiciones no habrá proyecto económico que funcione ni vida civilizada en la sociedad. Los espectaculares crecimientos económicos de los países del Sudeste asiático son incomprensibles si no se examina cuidadosamente el crucial papel que desempeñaron los Estados en la promoción del crecimiento económico y la redistribución de ingresos y rentas. En su célebre discurso del 18 de Diciembre de 1978 cuando lanza la reforma económica en China Deng Xiaoping puso como primerísima condición para lograr el progreso económico la reconstrucción del Estado pues lo que había era una administración pública con un bajísimo nivel de calificación profesional, pésimamente organizada, carcomida por el burocratismo y la corrupción, ineficiente en sus instrumentos de intervención y encima de todo eso sin disponer de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Sin la recreación del Estado sobre nuevas bases, advertía Deng, China jamás saldría de su atraso porque el orientador y gestor del desarrollo de las fuerzas productivas no estaría en condiciones de cumplir su papel. Tercero, a la refundación del Estado Deng agregó otra condición: el carácter estratégico de realizar masivas inversiones en educación, especialmente en las universidades y en investigación científica y técnica. Cuarenta años más tarde la continuada aplicación de estas políticas de estado le permitieron a su país tomar la delantera en áreas de punta de las modernas tecnologías de la informática, como la Inteligencia Artificial y las telecomunicaciones satelitales, raíces de la “guerra comercial” que Donald Trump le declaró al gigante asiático. Es de esperar que cuando Fernández anunció que va a proponer un debate en torno a una “nueva Ley de Educación Superior que permita fortalecer nuestro sistema universitario” … y que tenga como fundamentos “la gratuidad y el acceso irrestricto a la universidad” se tomen en cuenta las lecciones de un país como China, que simboliza de lejos el avance más rápido en estas materias a nivel internacional. Hoy día las patentes en Inteligencia Artificial de China casi triplican las de Estados Unidos, algo inimaginable veinte años atrás. Y esto no fue casualidad: fue fruto de una política de estado sostenida a lo largo del tiempo y cuya maduración cambió decisivamente el tablero tecnológico mundial. Cuarto, al anunciar el inminente envío al Congreso de un “Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de

Fuente: Mónica Peralta Ramos | El Cohete a la Luna Fecha: 1 de marzo de 2020 Las turbulencias que aturden nuestro presente ocurren de un modo semejante a los relatos del Medio Oriente medieval recopilados en las Mil y una noches. Según la leyenda, todas las noches la bella e ingeniosa Sherezade contaba un cuento al Sultán postergando indefinidamente el final hasta ser interrumpida por el amanecer. Despertaba así la curiosidad de un hombre volcánico y poderoso que acostumbraba a desposar todas las noches a una mujer distinta para mandarla a matar al día siguiente. Así, el afán por conocer el final del cuento llevo al Sultán a perdonar la vida de Sherezade día a día, hasta cumplir las mil y una noches. Los cuentos de Sherezade brotaban mágicamente concatenados. Eran como cajas encerradas en otras cajas, unidas por un hilo invisible que se renovaba constantemente hasta obtener su objetivo. Nuestro caótico presente se asemeja a ese legendario entonces: los conflictos sociales que hoy nos aquejan tienen una espina dorsal que, aunque invisible, los hilvana sutilmente. Muchas veces se desarrollan como fenómenos aislados. Brotan en distintas partes y súbitamente desaparecen de la vista, aunque permanecen latentes y están estrechamente interconectados. Su pulsión y grado de visibilidad impacta de un modo diferente sobre el ritmo de desarrollo del conjunto. Poco a poco, este todo complejo se aglutina hasta llegar a un punto de ebullición y el estallido de un determinado conflicto precipita la explosión del conjunto. Al cumplir tres meses de gestión, el gobierno se interna en un mes de marzo cargado con un cronograma de definiciones drásticas emanadas de la negociación de la deuda externa. Al mismo tiempo se inicia un periodo impregnado de abultados vencimientos de deuda y escasez de dólares. Las alternativas de la negociación de la deuda externa pueden impactar sobre las políticas del gobierno. Sin embargo, el escenario del conflicto principal es otro. Conflicto judicial Esta semana finalizó el carnaval y culminaron las prolongadas vacaciones de Macri. Aprovechando la ocasión para sacudir las tabas en Punta del Este, se preocupó por confirmar públicamente sus dotes de “gran bailarín” (eldestape.com 26 2 2020). Mientras tanto, sus partidarios se devanaban los sesos buscando resquicios para trabar en el Congreso todas las iniciativas del gobierno. Finalmente encontraron lo que buscaban. Después de haber hecho caer la jubilación mínima durante el reinado de Macri en proporción semejante a lo ocurrido conjuntamente durante los gobiernos de Menem y de de la Rúa, Juntos por el Cambio se transformó en el adalid de los haberes jubilatorios supuestamente en peligro ante los cambios que propone el gobierno. Encontró, así, una rendija para avanzar tensando al máximo la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Apoyando los privilegios adquiridos por jueces cuya jubilación media representa 21 veces el haber jubilatorio mínimo, Juntos por el Cambio pasó al frente con berrinches de distinta índole para bloquear las sesiones de la Cámara de Diputados e impedir el avance de la ley propuesta por el Ejecutivo para modificar un sistema donde los aportes del Poder Judicial sólo cubren un tercio de las jubilaciones del sector (los aportantes son 17.600 y los que reciben el beneficio son menos de 7000; lo que se recauda por esos 17.600 activos alcanza para pagarles al 34 % de los 7000), y los ciudadanos de a pie contribuyen con sus magros sueldos a perpetuar esta aberración. Lo mismo ocurre con las jubilaciones del cuerpo diplomático. El intento del gobierno por corregir estos despropósitos ha provocado la reacción de varios jueces, amenazando con renunciar y “despoblar” al sistema judicial. Esta batahola ha ocupado la escena política de la última semana. Se da en un contexto de creciente visibilidad de causas jurídicas que exponen la ruptura del Estado de Derecho por parte del gobierno de Macri. Así, esta disputa apresura los tiempos para concretar una reforma del sistema judicial y es, tal vez, una oportunidad única para barajar y dar de nuevo poniendo severos límites a las condiciones judiciales que han hecho posible la subversión del Estado de Derecho en el país. Sin embargo, si se traba la reforma judicial y el conflicto persiste, se potenciarán otros conflictos que tienden a erosionar en el corto plazo la legitimidad del Poder Ejecutivo. Lucha contra el hambre vs. reactivación económica El brutal ajuste y las políticas monetaria y cambiaria impuestas por el FMI y el gobierno de Macri no fueron producto de un error de diagnóstico. Buscaron dolarizar rápidamente la economía, dando prioridad a la especulación financiera por encima de la producción e impulsando transformaciones estructurales tendientes a la precarización. Estas políticas han provocado enormes transferencias de ingresos, riqueza y recursos naturales hacia ciertos sectores altamente concentrados, fomentando al mismo tiempo el conflicto entre los que más tienen y profundizado la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. Han generado así un campo minado de conflictos, donde prevalece una relación de fuerzas totalmente adversa a los que menos tienen. Desde un inicio el gobierno subordinó la reactivación de la economía a los resultados de la reestructuración de la deuda externa. Se decidió avanzar por etapas: en los primeros meses el objetivo prioritario fue mitigar el hambre y frenar la caída de la economía, para lo cual se adoptaron una serie de políticas destinadas a poner dinero en el bolsillo de los sectores más vulnerables. En consecuencia el gasto social creció considerablemente explicando el crecimiento del déficit primario, en relación al último año de Macri (lpo.com 26 2 2020). A pesar de la dirección correcta de las políticas adoptadas, no han sido hasta ahora lo suficientemente rápidas y profundas como para incentivar el consumo en la medida esperada. Se ha llegado al mes de marzo con una economía que sigue estancada y con una inflación de precios en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas que supera al crecimiento del índice de inflación del mes de enero y, según estimaciones privadas, mantendría la misma tendencia en febrero (infobae.com 13 2 2020; cronista.com 19

Fuente: Néstor Espósito | Tiempo Argentino Fecha: 1 de marzo de 2020 Espió a abogados, entre ellos a la defensora de Lázaro Báez, y los relacionó con el exjefe de “la casa”, Oscar Parrilli, para pegarlos con el escándalo por el espionaje ilegal del falso abogado. La AFI de Cambiemos espió a abogados, -entre ellos a la defensora de Lázaro Báez- y los relacionó con el actual senador y exjefe de “la casa”, Oscar Parrilli, para pegarlos con el escándalo  por el espionaje ilegal de Marcelo D’Alessio. Para ello elaboró informes que le entregó al juez Rodolfo Canicoba Corral en los que mezcló al financista arrepentido Leonardo Fariña, al abogado y exfuncionario penitenciario Víctor Hortel, a agentes de inteligencia (incluso a un fiscal nombrado durante el macrismo) y a la defensa de Báez, y con todos ellos hizo una ensalada para arribar a una suerte de hipótesis rocambolesca: D’Alessio operaba para el kirchnerismo. Canicoba Corral tiene a su cargo desde 2017 una investigación por presunto espionaje ilegal a jueces, políticos, personajes de la farándula e incluso al futbolista Lionel Messi. Durante los primeros tiempos, a través de su exdirector de Asuntos Judiciales, José Padilla, la AFI mostraba un parsimonioso aporte de información y pedía reiteradamente aclaraciones y precisiones sobre qué se estaba buscando. El 6 de noviembre de 2017, por ejemplo, ante un pedido de información de Canicoba Corral, respondió: “Se requiere como paso previo y necesario que se indiquen los motivos o fundamentos que originaron el presente requerimiento”. Así, la AFI informó en mayo de 2018 que el fiscal Eduardo Daniel Miragaya, un personaje clave en la Causa D’Alessio, había ingresado el 4 de enero de 2016 (antes de cumplirse el primer mes de gobierno de Mauricio Macri), como director del área de Delincuencia Económica y Financiera, y luego pasó a la Gestión de Base de Datos y Archivos de Inteligencia. A pedido de Miragaya ingresaron a la AFI varios civiles, entre ellos Ana María Polero, la mujer que acompañó como “asesora de vestuario” a la difunta Natacha Jaitt la noche del 1 de abril de 2018 a un escandaloso programa de TV de Mirtha Legrand. En abril de 2019, apenas estallado el affaire D’Alessio, la AFI elaboró un curioso entrecruzamiento de nombres que hizo aparecer a agentes de inteligencia reales con otros imaginarios y los vinculó con la defensa de Lázaro Báez. Así relacionó a espías que aún hoy están en “la casa” con Miragaya; con “el círculo de mayor confianza del entonces director general Oscar Parrilli”;  y con el exsubdirector operacional de Contrainteligencia”, el actual diputado Rodolfo Tailhade. Y los linkeó a todos con el abogado Franco Agustín Bindi, quien formó parte de la defensa de Leonardo Fariña y hoy asiste indirectamente a Lázaro Báez. “Podrían estar llevando adelante actividades vinculadas a la realización de tareas de inteligencia ilegal, valiéndose para ello de sus nexos y contactos como abogados en diferentes causas penales y del acceso a información sensible que les otorgarían sus vínculos con organismos de inteligencia y, eventualmente, con actores de los distintos poderes del Estado”. En ese contexto, la AFI asumió una conducta temeraria: en una causa en la que se investiga si hubo espionaje ilegal, le pidió autorización al juez para espiar al propio Bindi y “al grupo de abogados que trabajarían en su estudio”, a saber: Elizabeth Gasaro, la abogada de Báez; Víctor Hortel, quien la antecedió y renunció por problemas de salud; Giselle Robles, exdefensora de Leonardo Fariña, quien asegura que el financista fue “guionado” para declarar en ese juicio; Tatiana Terzano, codefensora de Báez y abogada de otro espía detenido en la Causa D’Alessio, y Humberto Próspero, defensor del contador Daniel Pérez Gadín. La AFI pidió permiso para investigar a Próspero en abril. Dos meses antes, el abogado había denunciado a Macri y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich justamente por “espionaje ilegal”. En ese contexto, la AFI realizó otro pedido cuanto menos osado. Canicoba Corral investiga la supuesta filtración de datos desde la propia central de inteligencia. Pero la AFI, investigada, pidió ser “querellante” en la causa. Algo así como impulsar la investigación contra sí misma, pero desde adentro (y con control) del expediente. ¿Cómo se atrevió a tanto? Con una maniobra distractiva. A principios de mayo de 2009 la abogada Florencia Guijo declaró públicamente que ella había “coucheado” a Fariña, quien dice no conocerla. La AFI la denunció penalmente. La causa recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos y ello fue profusamente difundido por la prensa. Lo que nunca se dijo hasta ahora es que sobre esa base la AFI intentó meterse por la ventana en la causa de Canicoba Corral. “Solicito que se nos tenga por parte querellante toda vez que la nombrada Guijo involucró falsamente a esta Agencia con la supuesta asistencia y preparación de Fariña en miras a su declaración como arrepentido en la causa conocida como Ruta del Dinero K”. El director Padilla se atrevió a más: no le pidió a Canicoba que investigara a Guijo, sino que le solicitó “que autorice a esta agencia a profundizar la pesquisa en torno a la referida y su relación con los sujetos aquí sospechados”.  Dicho de otro modo: que no investigue el juez sino la propia denunciada. Sobre  Gasaro, la defensora de Báez, un informe “secreto” remitido a Canicoba Corral sostiene -sobre la base de recortes periodísticos-, que “habría iniciado su carrera profesional junto a dos abogados que también se los habría vinculado con agentes de este organismo, Héctor Irimia y Roberto Herrera”. Irimia es un exjuez a quien el difunto fiscal Alberto Nisman acusó en la denuncia por encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA. Pero desapareció de la causa; el recientemente fallecido juez Claudio Bonadio nunca avanzó sobre él, ni resolvió su situación procesal, que hoy está virtualmente en el limbo. Roberto Herrera es el actual abogado de Fariña y de otro arrepentido: Víctor Manzanares, el excontador de la familia Kirchner, quien también se acogió al régimen del “arrepentido”

Fuente: Juan Alonso | Nuestras Voces Fecha: 27 de febrero de 2020 El diputado Rodolfo Tailhade presentó una denuncia penal contra una banda que operó desde el Estado recaudando dinero ilegalmente hasta diciembre de 2019, mediante «un desvío sistemático de fondos millonarios». Involucra a los ex ministros Francisco Cabrera y Dante Sica. El presunto jefe habría sido el ex subsecretario de Producción, Rodrigo Sbarra. Se quedaban con el 70 por ciento de los sueldos de empleados que no cumplían funciones. También usaban sociedades truchas que le facturaban al Estado y tenían testaferros. Sólo en el último año recolectaron mil millones de pesos. Rodrigo Sbarra, 40 años, ex subsecretario de Producción del macrismo, estaba fuera de eje y habría lanzado al reboleo una frase que lo describe por completo: “Lo que pasa es que no sé qué hacer con tanta plata”. Del otro lado del teléfono, un avezado interlocutor experto en los atajos del Código Procesal Penal lo escuchaba con deleite. El abogado tomó las notas necesarias y Sbarra ahora es la estrella de la república perdida. El fajo de 10 mil dólares que se olvidó en su despacho encierra mucho más que un gesto de desdén por el patrimonio público. A la profusión de notas de investigación en diversos medios de Internet y canales de tevé, que generó su presunto accionar delictivo, se sumó el resplandor del juez Julián Ercolini -apodado “El renacido”-, quien prontamente avaló algunas medidas de prueba requeridas por el fiscal, Gerardo Pollicita. Todo el sainete inmundo podría ser parte de una trama de payasos malignos del viejo Circo Sarrasani, pero no. El pasado 25 de febrero, los periodistas  Alejandro Bercovich y Noelia Barral Grigera revelaron en C5N, la maraña de sociedades de cartón y el crecimiento fastuoso de la economía personal de Sbarra y sus asociados. Ver el vídeo de poco más de 16 minutos: El mecanismo era así: el grupo de Sbarra creaba sociedades a nombre de supuestos testaferros –casi todos de Florencio Varela- y generaban miles de facturas de servicios al Estado. Sólo en la subsecretaría de Producción el grupo facturó mil millones de pesos en un año: el equivalente a 10 millones de dólares. Eso explica la mansión que Sbarra, quien pese a haber obtenido un salario de alrededor de 100 mil pesos en la función pública, logró estrenar en Navarro con millones de dólares. Curioso: se trata del mismo sitio donde en 1828, Juan Galo de Lavalle fusiló a Manuel Dorrego. ¿Los ricos no roban? El diputado Rodolfo Tailhade denunció  ante el Juzgado de Ercolini, que hasta el 2019 hubo “un desvío sistemático de fondos millonarios”, desde una supuesta “estructura corrupta” que se creó en el Ministerio de Producción y Trabajo de la gestión de Mauricio Macri. Señaló que “las piezas claves” de ese entramado habrían sido los ex funcionarios Rodrigo Sbarra, Sebastián Bideberripe e Ignacio Pérez Rivas, ex jefe de Gabinete de los antiguos ministros Francisco Cabrera y Dante Sica. Es decir, que según sugiere el denunciante Tailhade, la caja de recaudación escaló hasta Cabrera y Sica. En su denuncia penal, Tailhade habló de la existencia de “una estructura corrupta”, integrada por Sbarra, quien “habría montado un sistema de desvío de fondos públicos hasta diciembre del 2019 en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo, hoy Ministerio de Desarrollo Productivo”. ¿Cómo era el mecanismo? Con la  contratación de personas que debían devolver el 70 por ciento de sus sueldos y la apertura de sociedades anónimas fraudulentas que le cobraban al Estado millones de pesos sin proveer casi nada. Del esquema -siempre según la denuncia de Tailhade-, habría participado la contadora María Fernanda Inza, la ex tesorera del Pro vinculada a los aportes falsos de la campaña del partido de Mauricio Macri en la Provincia de Buenos Aires. Una fuente reservada consultada por el diputado la vio en una oficina de la calle Belgrano al 400 donde funcionaba una especie de cueva de la banda. “El pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobre-facturados o directamente inexistentes, que implicaban ‘retornos’ para la organización por montos muy significativos. En muchos casos operaban sociedades anónimas simplificadas de los propios funcionarios involucrados, que no sólo facturaban millones sino también ocultaban sus bienes”, sostuvo Tailhade en la denuncia. “Los dos mecanismos tenían como piezas claves a Rodrigo Sbarra, Sebastián Bideberripe, a cargo de la Coordinación Administrativa de Producción y Trabajo respectivamente, y por lo tanto encargados de autorizar los pagos. Ambos reportaban directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Francisco Cabrera, primero, y del ministro Dante Sica después. De acuerdo a la información suministrada, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Producción, Hernán Coego, también formaba parte de la estructura, que se completaba con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; y Claudio Daniel Giménez, que oficiaba como ‘valijero’ del esquema”. Giménez habría disputado una parte del dinero con su amigo Bideberripe –ambos se conocían del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual- y se habría apoderado de unos 40 millones de pesos del grupo de Sbarra y Cía. ¿Cómo se solucionó la reyerta del monedero mágico del Pro? Giménez le vendió a Sbarra la sociedad –donde éste poseía un Mercedes Benz valuado en más de 100 mil dólares y dos Chevrolet de alta gama- en la módica suma de 2 mil pesos y final de cuentas. “Giménez estaba a cargo de la recaudación, en particular de buscar en las oficinas de los proveedores el dinero físico que constituía el ‘retorno’ de cada factura pagada por el Ministerio, y llevándolo a una suerte de búnker que funcionaba en un departamento ubicado en Avenida Belgrano 406 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –detalló el denunciante-. Aquí el dinero era recibido, en numerosas ocasiones según lo expresado por la fuente, por la ex contadora general de la Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, principal imputada en las investigaciones por aportes ilegales a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires”, remarcó el diputado. Sobre el personaje oriundo de Florencio

Fuente: Pedro Peretti(*) | Página/12 Fecha: 26 de febrero de 2020 Uno de los más reiterados argumentos de los enemigos de las retenciones es: lo que se va en dinero de los pueblos no vuelve. El lunes 17 de febrero más de doscientos pequeños productores del sur de Santa Fe y una veintena de Pte. Comunales con la presencia de los funcionarios nacionales Fernando Navarro y Alberto Chiavarino se reunieron en Villa Mugueta, bajo la consigna: “No todo el campo es lo mismo, creemos en el diálogo, categorización y segmentación Ya”. Fue la segunda reunión en su tipo y por los mismos motivos. No tuvo una mísera línea en la prensa -sea amiga o monopólica- a pesar de ser mucho más numerosa y sustanciosa que las que realizaron los auto-convocados (que son todos del PRO-Coalición Cívica) que de verdad nunca superaron el centenar clamando por no pagar nada de impuestos. En la asamblea, la Pta Comunal de J. B Molina, María de los Ángeles Cervigni, expuso su caso. Molinas es un pueblo de 1800 habitantes, con 17.000 hectáreas como distrito y “exporta” en materia de retenciones más de 10 millones de pesos y no vuelve nada. Tras cartón contó que era médica y que gracias a su padre que tiene 42 hectáreas de campo pudo estudiar. La Dra. Cervigni no logro percibir aún que si ella hubiera nacido en Chile o EEUU con 42 hectáreas de campo por más sacrificio familiar que hicieran, no habría podido ingresar a la universidad y si lo hubiera logrado, se habría recibido endeudada por otra década. La universidad pública se financia con recursos que provienen de rentas generales que distribuye el presupuesto nacional, al cual las retenciones son un aporte más, no el único ni el más importante, pero ayudan. Ella y miles como ella lograron convertirse en profesionales gracias a la gratuidad de la enseñanza argentina que posibilita a familias de pequeños productores, obreros y desempleados que viven en el interior profundo puedan estudiar. A demás,  en 2005 se incorporó por ley que el 6 por ciento del PBI debe ir a la educación y Macri lo bajo al 4,5. Cómo puede ser que no se logre entender y valorizar el sistema de educación pública que tenemos, y sus beneficiarios se empeñen todos los días en conspirar para desfinanciarlo. Esto, sin contar el Fondo Sojero que creo CFK en 2009 y derogó Macri el 15 de agosto de 2018. Hoy los intendentes de Cambiemos andan llorando por los rincones clamando para su restitución, ya que repartía el 30 por ciento de lo recaudado en las provincias y municipios para obras de infraestructura. ¿Con qué recursos piensan los pequeños productores y sus representantes políticos y gremiales que se financia la escuela pública donde se educan sus hijos? En esos lugares recónditos de la Argentina no hay educación privada, solo está presente la pública. Esto es una prueba más que perceptible de lo falso, autodestructivo y antinacional del argumento de que de las retenciones nada vuelve al interior. Argumento tan esgrimido por los enemigos de la segmentación y que transformaron las retenciones en un problema ideológico, donde lo productivo o económico es una mera excusa. Estamos hablando de los grandes productores agropecuarios y estancieros que no viven en los pueblos -por eso los fumigan a mansalva- y no usan la educación pública; ellos mandan a sus hijos a la privada. Ahora lo llamativo es que quienes residen en el territorio asuman como propio el discurso y los intereses de quienes no quieren ni que haya salud ni educación en el interior profundo donde sí viven ellos. Por todo esto es importante no dejarse engañar y es urgente segmentar y categorizar a los productores, para resquebrajar este bloque de intereses tan contradictorio. Miren: el 7,27 por ciento de los productores o empresas tienen entre 1500 y 10.000 hectáreas y producen el 37,45 por ciento del total de la producción agrícola (no solo soja) .Son apenas 16.604. Mientras que apenas 2473 productores, o sea el 1,08 por ciento, tiene más de 10.000 hectáreas y recogen el 36,44. La Argentina tiene 46 millones de habitantes y solo 19.077 ciudadanos o personas jurídicas producen el 73,89 por ciento de lo que se siembra y cosecha. La concentración agropecuaria -como vemos- es bestial.  Ahora bien, como puede ser que estos casi 20 mil tipos tengan de rehén a todo un país, y que una parte de los que ellos mismo esquilman, sacándole las tierras y destruyéndoles el hábitat, asuman como suyo el discurso de sus expoliadores. Es un contrasentido difícil de explicar. Que un pequeño chacarero del sur santafecino diga que todos los productores son iguales, y que no se puede segmentar significa –aparte- de una gran mentira, un rotundo triunfo político de la derecha argentina. Pero también es una falencia notoria del movimiento nacional y popular que nos obliga a una profunda autocritica, ya que no tuvimos una correcta política para desbloquear intereses tan disímiles. La segmentación y categorización de los productores y su correcta implementación es el primer gran paso para poner justicia tributaria en el campo. El otro es el decreto que restituya el Renatea en lugar del Renatre, para llevar justica social y control estatal a los trabajadores rurales, que en su mayoría están precarizados ilegalmente. Segmentación y derechos laborales son banderas que van juntas y no pueden estar relegadas en el accionar del campo nacional y popular. Ahora es el tiempo de materializarlas. * Ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria.