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Médicos de primera clase, pero ciudadanos de segunda

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Fuente: Lee Yaron | Haaretz Fecha: 23 de marzo de 2020 Foto: La doctora Suad Haj Yihye Yassin en el Centro Médico Sheba, Tel Hashomer, 16 de marzo de 2020. Tomer Appelbaum Traducido del inglés para Rebelión por J. M. Representan el 17 por ciento de los médicos del país y salvan vidas judías las 24 horas de los siete días de la semana. Pero cuando se trata de representación en el Gobierno, incluso en los tiempos del coronavirus, Netanyahu cree que son un peligro. Una sala COVID-19 en el Centro Médico Rambam, Haifa, 9 de marzo de 2020. Rami Shllush Era sábado por la noche y acababa de terminar un turno de emergencia de 12 horas en el Centro Médico Sheba Tel Hashomer, para tratar a pacientes sospechosos de coronavirus que estaban aislados. La doctora Suad Haj Yihye Yassin llegó finalmente a su casa para descansar un poco antes de su siguiente turno, se sentó en su sala de estar para ver al Primer Ministro Benjamin Netanyahu dirigirse a la nación sobre la situación de emergencia con la que está tan familiarizada. Tiene 31 años, al final de su residencia en inmunología clínica. Ella y su esposo, que es cirujano, viven en Tel Hashomer, en las afueras de Tel Aviv, donde crían a su hija de 3 años entre sus largos turnos. “Atiendo a todos los que vienen al hospital, nunca he diferenciado y nunca me importará si son judíos o árabes. Cada persona, sin importar su raza o género, recibirá la mejor atención de mi parte”, dice. “Cuando llego a casa de la sala de emergencias, después de haber dado todo para tratar a todos y oigo al primer ministro decir que tenemos que formar un Gobierno de unidad nacional para enfrentar la crisis, pero sin los árabes, como si nosotros fuésemos ciudadanos de segunda categoría, duele. ¿Por qué está bien para nosotros estar en primera línea en los hospitales que se ocupan del virus pero no es legítimo para nosotros estar en el Gobierno? La semana pasada se encontró con una serie de publicaciones en las redes sociales de Netanyahu, quien escribió repetidamente en su página de Facebook que un gobierno con la Lista Conjunta predominantemente árabe sería «un desastre para Israel» o un » peligro para Israel«. El domingo Netanyahu agregó: “Mientras el primer ministro Netanyahu está manejando una crisis global y nacional sin precedentes de la manera más responsable y equilibrada, Gantz [Benny, el presidente de Azul y Blanco] galopa hacia un gobierno minoritario que depende de Balad, Heba Yazbak y otros partidarios del terror, en lugar de unirse a un Gobierno nacional de emergencia que salvará vidas». «Es triste escuchar que el primer ministro se refiere a mí como una amenaza cuando en realidad somos nosotros quienes neutralizamos el peligro y salvamos a los pacientes», dice Yassin. “En los hospitales el trabajo conjunto de los equipos árabes y judíos es un ejemplo de convivencia. Todos trabajamos juntos, hombro con hombro, sin distinciones». Sus comentarios arrojan luz sobre una pieza faltante del rompecabezas político-médico de las últimas semanas que Netanyahu está tratando de ocultar. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud y la Oficina Central de Estadística, a petición de Haaretz, el 17 por ciento de los médicos de Israel, el 24 por ciento de sus enfermeras y el 47 por ciento de sus farmacéuticos son árabes. Si los médicos y enfermeras árabes se pusieran en huelga como respuesta al provocador discurso del Gobierno o si incluso amenazaran con parar hasta que estuvieran debidamente representados en el Gobierno, el sistema de salud no sería capaz de lidiar con la crisis del coronavirus y la ecuación que Netanyahu está tratando de afirmar como la verdad, se vendría abajo. Pero a partir de conversaciones con médicos árabes en varios hospitales israelíes surge en repetidas ocasiones que están dispuestos a cooperar desconectándose del discurso nacional entre la crisis de salud y la crisis política. La mayoría de los médicos a los que se dirigió Haaretz no solo se sorprendieron ante la perspectiva de que podrían negarse a tratar a las personas durante una crisis debido al racismo que sufren, sino que incluso se negaron a responder preguntas sobre sus experiencias de intolerancia o discriminación. «Nos hemos acostumbrado que en este país digan que no somos seres humanos, no nos sorprende», dijo una doctora que no quería ser identificada. “Si decimos algo podrían despedirnos o vernos como problemáticos. Queremos hacer el trabajo para el que tanto estudiamos, salvar vidas y tratar de olvidar el racismo. En los hospitales todos son igualmente susceptibles a la muerte y lo recordamos. Quizás el coronavirus recuerde al público judío que todos somos iguales». Yassin testifica que en contraste con las buenas relaciones entre el personal médico judío y árabe, que constituyen un modelo para la cooperación judío-árabe, cuando se trata de las actitudes de los pacientes, la política y el racismo con frecuencia ingresan al hospital. Dice que en los últimos años ha encontrado periódicamente racismo de pacientes judíos que se negaron a que ella los tratase porque es árabe. «Tuve una paciente que vino a mí de otro departamento y me dijo que se había negado a ser admitida allí porque los médicos eran árabes», recuerda. “La miré y le dije que yo también soy árabe y pareció sorprendida. Dijo que no lo parezco y pidió otro médico para tratarla. «Estoy orgullosa de ser árabe, de ser médico y de salvar vidas», dice. “Una vez tuve un paciente que sufría de dolores de estómago, me retrasé con otro paciente cuya condición era más urgente y la primer paciente y su esposo comenzaron a gritarme que soy una árabe sucia y que no debería estar trabajando en un hospital. Lo ignoré y le atendí de todos modos”. Yassin ha estado trabajando en el sistema de salud algo menos de una década, pero el profesor Jihad Bishara, director de la unidad de enfermedades infecciosas del Centro Médico Rabin Hospital Beilinson en Petah Tikva, ha estado tratando a judíos y árabes durante 30 años. En

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La hora de la condonación de la deuda para América Latina

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Fuente:  CELAG.org Fecha: 20 de marzo de 2020 Desde el  abogamos por un tratamiento justo, solidario y eficiente respecto de la deuda externa de América Latina. En esta emergencia, la prioridad son nuestros pueblos. Ahora que el mundo ha asumido un tono más humano y cooperativo en lo económico ante la pandemia del Covid-19, desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) solicitamos la condonación de la deuda externa soberana de los países de América Latina por parte de FMI y de otros organismos multilaterales (BID, BM, CAF) e instamos a los acreedores privados internacionales a que acepten un proceso inmediato de reestructuración de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo prevé una pérdida de ingresos globales de 2 billones de dólares como consecuencia de esta crisis. Y, por su parte, la Organización Internacional del Trabajo estima que 25 millones de empleos en el mundo están en riesgo. Y sigue la salida de capitales de los países emergentes. Ya está en valor récord: 60.000 millones de dólares en menos de dos meses (Instituto Internacional de Finanzas). Ante tantas dificultades, la condonación de la deuda externa es una acción tan justa como necesaria. Lo mismo ocurrió en otros momentos históricos marcados por grandes catástrofes como guerras, enfermedades y pandemias. Esta es una oportunidad única para evitar que el peso de la deuda sea un escollo aún mayor que añadir al complejo reto de superar este momento social y económico tan crítico. Uno de los ejemplos más conocidos fue el que se produjo después de que Alemania fuera devastada en la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de Londres de 1953 se acordó perdonar cantidades sustanciales de su deuda. No fue la única vez que esto se llevó a cabo a lo largo de nuestra historia más reciente. Hay un sinfín de casos en los que la deuda externa fue perdonada. Nadie puede dudar de que este es un momento oportuno para hacerlo si se quiere afrontar con éxito esta situación tan difícil. No podemos exigir a los países que hagan políticas efectivas en materia de salud pública para afrontar la actual pandemia y, al mismo tiempo, pretender que sigan cumpliendo con sus obligaciones de deuda; no podemos exigirles que implementen políticas económicas que compensen los daños de esta catástrofe a la par que deben seguir pagando a sus acreedores. Es absolutamente incompatible hacer efectivo un plan de reestructuración económica en el futuro próximo con los actuales niveles de endeudamiento externo (en promedio, supone el 43,2% del PIB en América Latina). Tal como se hiciera con la resolución aprobada el 10 de septiembre de 2015 sobre los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, ahora debemos dar un nuevo paso y, por eso, desde CELAG solicitamos a las Naciones Unidas que a la mayor urgencia convoque a la Asamblea General para discutir una resolución que proporcione el marco legal internacional para llevar a cabo esta estrategia efectiva de condonación de la deuda externa de América Latina y fomentar el proceso de reestructuración (con mora de dos años) con los acreedores privados. También instamos al resto de organizaciones internacionales a que se sumen a esta iniciativa de solicitud de la condonación de la deuda. Invitamos a centros de pensamiento, universidades, instituciones religiosas, sindicatos, patronales y gobiernos a que se unan a este pedido. No sólo es una cuestión de solidaridad, sino también de eficiencia.

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Las grandes farmacéuticas se aprestan a lucrarse con el coronavirus

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Fuente: Sharon Lerner | The Intercept Fecha: 17 de marzo de 2020 Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández A medida que el nuevo coronavirus propaga enfermedades, muertes y catástrofes por todo el mundo, prácticamente ningún sector económico ha podido evitar los daños. Sin embargo, en medio del caos de la pandemia mundial, hay una industria que no solo está sobreviviendo sino que se está beneficiando enormemente. “Las compañías farmacéuticas ven en el Covid-19 una oportunidad única en la vida para hacer un gran negocio”, dijo Gerald Posner, autor de “Pharma: Greed, Lies, and the Poisoning of America”. Por supuesto que el mundo necesita productos farmacéuticos. En particular, para el nuevo brote del coronavirus necesitamos tratamientos y vacunas y, en EE. UU., tests. Docenas de compañías rivalizan ahora para hacerlos. “Todos se han apuntado a esa carrera”, dijo Posner, quien describió como enormes los beneficios potenciales en caso de ganar la carrera. La crisis global “será un éxito de taquilla para esa industria en términos de ventas y ganancias”, dijo, y agregó que “cuanto peor sea la pandemia, mayores serán sus futuras ganancias”. La capacidad de ganar dinero con los productos farmacéuticos es ya excepcionalmente grande en EE. UU. al carecer de los controles básicos de precios que tienen otros países, lo que brinda a las compañías farmacéuticas más libertad para fijar los precios de sus productos que en cualquier otro lugar del mundo. En la actual crisis, los fabricantes de productos farmacéuticos pueden tener aún mayor margen de beneficios de lo habitual debido al discurso que los grupos de presión de la industria metieron en un paquete de gasto para el coronavirus de 8.300 millones de dólares, aprobado la semana pasada, para maximizar sus ganancias a causa de la pandemia. Algunos legisladores trataron inicialmente de asegurarse que el gobierno federal limitaría la cantidad de compañías farmacéuticas que podrían recoger los frutos de las vacunas y los tratamientos para el nuevo coronavirus que se desarrollaran con el uso de fondos públicos. En febrero, la representante Jan Schakowsky, demócrata por Illinois., y otros miembros de la Cámara escribieron a Trump pidiéndole que “asegurara de que cualquier vacuna o tratamiento desarrollado con dólares de los contribuyentes estadounidenses sería accesible, disponible y asequible”, un objetivo que alegaron no podría cumplirse “si las corporaciones farmacéuticas tienen autoridad para establecer precios y determinar la distribución, poniendo los intereses con fines de lucro por encima de las prioridades de salud”. Cuando la financiación del coronavirus estaba negociándose, Schakowsky lo intentó de nuevo escribiendo al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, el 2 de marzo postulando que sería “inaceptable que los derechos para producir y comercializar esa vacuna se entregaran posteriormente a un fabricante farmacéutico a través de una licencia exclusiva sin condiciones respecto al precio o acceso, lo que permitiría que esa compañía cobrara lo que quisiera y vendiera fundamentalmente la vacuna al público que pagó para que pudiera desarrollarse”. Pero muchos republicanos se opusieron a agregar una redacción al proyecto de ley que restringiera la capacidad de ganancias de la industria, argumentando que eso sofocaría la investigación y la innovación. Y aunque Azar, que trabajó como principal grupo de presión y jefe de operaciones de Estados Unidos para el gigante farmacéutico Eli Lilly antes de unirse a la administración Trump, aseguró a Schakowsky que compartía sus preocupaciones, el proyecto de ley continuó consagrando la capacidad de las compañías farmacéuticas para establecer precios potencialmente exorbitantes para las vacunas y medicamentos que se desarrollan con los dólares de los contribuyentes. El paquete final de la ayuda no solo omitió el lenguaje que habría limitado los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes de medicamentos, sino que prohibía específicamente al gobierno federal emprender cualquier acción en caso de sentir  preocupación de que los tratamientos o vacunas desarrolladas con fondos públicos tuvieran un precio demasiado alto. “Esos grupos de presión merecen una medalla de sus clientes farmacéuticos al haber liquidado esa disposición de propiedad intelectual”, dijo Posner, quien agregó que el lenguaje que prohíbe que el gobierno responda al aumento de precios fue aún peor. “Permitirles tener este poder durante una pandemia es indignante”. La verdad es que sacar provecho de la inversión pública es también un negocio habitual para la industria farmacéutica. Desde la década de 1930, los National Institutes of Health  (NIH) han invertido unos 900.000 millones de dólares en investigaciones que las compañías farmacéuticas utilizaron para patentar medicamentos de marca, según los cálculos de Posner. Cada medicamento aprobado por la Food and Drug Administration entre 2010 y 2016 involucró ciencia financiada con dólares de los impuestos a través del NIH, según el grupo de defensa Patients for Affordable Drugs. Los contribuyentes gastaron más de 100.000 millones de dólares en esa investigación. Entre los medicamentos que se desarrollaron con algunos fondos públicos y se convirtieron en grandes ingresos para las empresas privadas se encuentran el medicamento contra el VIH AZT y el tratamiento contra el cáncer Kymriah, que Novartis vende ahora por  475.000 dólares. En su libro “Pharma”, Posner señala otro ejemplo de compañías privadas que obtienen ganancias exorbitantes de medicamentos producidos con fondos públicos. El medicamento antiviral sofosbuvir, que se utiliza para tratar la hepatitis C, surgió de una investigación clave financiada por los NIH. Ese medicamento es ahora propiedad de Gilead Sciences, que cobra 1.000 dólares por píldora, mucho más de lo que muchas personas con hepatitis C pueden pagar; Gilead ganó 44.000 millones de dólares del medicamento durante sus primeros tres años en el mercado. “¿No sería genial que algunas de las ganancias de esos medicamentos volvieran a la investigación pública en los NIH?”, se preguntaba Posner. En cambio, esas ganancias han financiado enormes bonificaciones para los ejecutivos de las compañías farmacéuticas y una comercialización agresiva de medicamentos para los consumidores. También se han utilizado para impulsar aún más la rentabilidad del sector farmacéutico. Según los cálculos de Axios, las compañías farmacéuticas obtienen el 63% de las ganancias totales de la atención médica en EE. UU. Eso se debe en parte al éxito de sus esfuerzos de cabildeo. En 2019, la industria farmacéutica gastó 295 millones de dólares en cabildeo, mucho más que cualquier

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La política en tiempos del coronavirus

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Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 15 de marzo de 2020 “Si las retenciones a la soja pasan del 30 al 33% habrá una nueva guerra con el campo”. Así se titula una nota de Joaquín Morales Solá publicada en el portal del diario La Nación, el último 27 de febrero. Pocos días después, cuando todavía estaba vigente el “paro agropecuario”, la agenda política argentina había producido un viraje espectacular: el coronavirus había entrado en el país y desplazado a todas las controversias nacionales. La “guerra con el campo” no tuvo lugar. Quedó reducida a lo que era en realidad: un carnaval político de la derecha contra una decisión gubernamental que favorecía a todos los segmentos de la producción agraria, con excepción de una ínfima minoría de grandes productores y exportadores de soja. La coincidencia temporal entre un alboroto absolutamente minoritario y una tensión angustiosa de alcance nacional tiene en su interior un profundo contenido político. En todo el mundo se está discutiendo hoy la cuestión de la democracia y su relación con la capacidad de los estados nacionales para actuar con efectividad en la reducción de los daños que provoca la pandemia. La República Popular China –según se reconoce mundialmente- actuó de manera efectiva, parece haber controlado la situación y empieza a desplegar su colaboración con países europeos gravemente afectados por el virus; ya comenzó a hacerlo en Italia y se anuncia que lo hará también en España. Rápidamente los principales medios de comunicación de alcance global han abierto el debate bajo el signo de interrogante sobre la capacidad que tienen las “democracias occidentales” para movilizar a sus pueblos con la efectividad mostrada por la súper-potencia china, que es sistemáticamente atribuida a la existencia de un poder despótico que no respeta las libertades individuales. El costo de la “ejemplar democracia occidental” se pagaría así en términos de capacidades organizativas estatales para actuar ante catástrofes naturales. El orden conceptual que se utiliza es el de la comparación directa y sin mediaciones entre “democracia” y “autoritarismo”. La ineficacia que se está evidenciando en varios países europeos para actuar ante la pandemia obedecería, así, al obligado respeto estatal a las libertades individuales que complicaría la movilización social defensiva frente a la emergencia. Excede las posibilidades de esta nota un análisis de las democracias “realmente existentes” en los países occidentales. Por eso saldremos de la órbita de los regímenes políticos, de las formas de gobierno, para incorporar otra perspectiva, la del peso global enorme que adquirió en las últimas décadas el neoliberalismo. Como tal, la referencia no es solamente a una determinada política económica sino a una cosmovisión duramente hegemónica a lo largo y a lo ancho del planeta. Es una ideología privatista, consumista, antisolidaria y de un individualismo extremo. Más que cualquier filósofo posmoderno de los años ochenta del siglo pasado, fue Margaret Thatcher la que dio la definición más precisa de esa cosmovisión: “la sociedad no existe”, dijo. Existen los vecinos, los parientes y algunos conocidos; nada más. ¿Para qué tiene que seguir existiendo el Estado, entonces? Tiene que seguir existiendo para proteger la propiedad de los que tienen propiedad. Un Estado gendarme. La salud a los hospitales privados, la educación a las empresas privadas del ramo. Y así de seguido la policía, el transporte, la energía eléctrica. Como fallidamente supo decir el ex ministro Dromi en medio de la orgía privatizadora del menemismo: “nada de lo que deba ser estatal quedará en manos del Estado”. No es solamente un problema de orden económico, es una concepción del mundo y del lugar de los seres humanos en él. Su eje mitológico es el “capital humano”. Es decir, el ser humano concebido como una empresa en sí mismo. La competencia “meritocrática” consiste en tomar buenas decisiones a favor del crecimiento de ese capital: buenas escuelas (las más caras), buenas decisiones “empresariales”, cuidado de la salud personal como base material de ese capital. Las relaciones con los demás seres humanos se rigen también por la necesidad de cuidar y acrecentar ese capital. ¿Cómo hacer para que ese “nuevo hombre” (o mujer) neoliberal se comporte adecuadamente en las condiciones de una crisis humanitaria? ¿De dónde pueden surgir los impulsos solidarios y fraternales, completamente inservibles en la lucha por el éxito del capital individual y dramáticamente necesarios para una situación como la que enfrentamos? Volvamos a los chinos. Dicen que en el idioma chino el ideograma “crisis” combina los conceptos de “peligro” y “oportunidad”. De la crisis sanitaria actual saldrán mejor parados los pueblos que actúen de modo más unido, más solidario y más organizado (para recurrir a la retórica de Perón). Frente a una amenaza colectiva hay que volver a la virtud política, a la capacidad de actuar juntos en defensa de la polis. Es decir, actuar como pueblo y no como una suma dispersa de individuos incapaces de pensar en el otro/otra. En la Argentina, es la oportunidad de enfrentar la ideología ampliamente predominante en los últimos años con su carga de acumulación rapaz de recursos en pocas manos, de indiferencia por la suerte de las mayorías, de privatización y vaciamiento de lo público. El presidente propuso en su reciente discurso “Un país unido en el que cada uno debe comprometerse con los demás y todos con cada uno, empezando por el Estado”. Buena fórmula que no debería limitarse a los tiempos del coronavirus, sino proyectarse a la etapa larga que nos espera para la reconstrucción del país después de la destrucción operada por Macri y su lujoso equipo.

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La DAIA en su laberinto. Una institución degradada y sus vacilaciones

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Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 15 de marzo de 2020 La institución que se atribuye en forma inconsulta la representación de la heterogénea colectividad judeo-argentina se encuentra atravesada por un debate respecto a la continuidad o la renuncia de la querella contra la actual Vicepresidenta, a quien acusan de traición a la Patria. Durante las últimas dos semanas su Consejo Directivo evaluó, en el marco de exasperados debates, las distintas alternativas frente a un hostigamiento jurídico decidido en 2016 en sintonía con el macrismo, un reducto específico de Comodoro Pro y sus dos embajadas de referencia, con sedes en Washington y Jerusalén. El actual presidente de la entidad, Jorge Knoblovits, practicó durante los últimos días incomprensibles malabares dialécticos frente a sus sorprendidos  interlocutores (políticos y empresariales) para justificar su disposición a renunciar a la querella, que evalúa como “improcedente y anacrónica”. Por su parte, sus históricos socios políticos, Waldo Wolff y Guillermo Yanco (pareja de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich) se dispusieron a presionarlo para garantizar la continuidad de la persecución iniciada con la grotesca denuncia promovida por Natalio Alberto Nisman en enero de 2015. Un año atrás, el entonces presidente de la AMIA, Agustín Zbar, adelantó su convicción de que era improcedente darle continuidad a una acusación insostenible en términos jurídicos. En esa ocasión, los fundamentalistas ligados al PRO lograron su inmediata destitución apelando a los buenos oficios diplomáticos de sus casas matrices. Mientras la DAIA discute acaloradamente el abandono o la permanencia de la querella, varios de sus integrantes dan cuenta –en forma oficiosa– de una profunda degradación institucional asociada a tres dimensiones específicas que no dejan de profundizarse en forma progresiva: La trayectoria sombría de sus máximos referentes, la crisis de representación respecto de sus pretendidas bases, y el progresivo abandono de su misión institucional. Los últimos titulares de la DAIA registran antecedentes algo manchados: el más recordado es el de Rubén Beraja, presidente durante el menemismo, quien fuera acusado y detenido por su participación en el vaciamiento del Banco Mayo. Tiempo después fue imputado por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA de ser partícipe del encubrimiento. Más adelante, la institución de la calle Pasteur ungió como titular a un dirigente de un club social, Aldo Donzis, sobre quien pesaba una denuncia por violación a una menor. La responsable de llevar a cabo la denuncia por tal hecho fue, sorprendentemente, su propia hermana. La víctima, su sobrina. Con posterioridad a la gestión de Donzis, recaló en las oficinas del séptimo piso de la calle Pasteur el ex arquero del Club Atlanta, Waldo Wolff, quien utilizó la muerte de Nisman como trampolín para instituirse como uno de los alfiles del macrismo, en perpetua competencia de figuración con Lilita Carrió y Fernando Iglesias. Su mudanza en 2015 a la Cámara de Diputados no produjo el sosiego esperado por muchos de los activistas que exigían reducir el perfil mediático de la institución: el presidente que asumió con posterioridad a la gestión de Wolff, Ariel Cohen Sabban, se vio envuelto en un escándalo sexual, en 2018, con la mediática heredera del diario La Nación, la modelo Esmeralda Mitre. Titubeos en el Titanic  Dicho incidente motivó la rauda renuncia del titular de la entidad, que fue sustituido por su actual titular, Jorge Knoblovits, quien también tiene un pasado opaco que se empecina en ocultar. Según las imágenes difundidas por una cámara oculta del programa televisivo 24 horas, de Canal 9, en enero de 1998, Knoblovits intentó sobornar a un testigo para beneficiar a Alfredo Yabrán [1]. En esa misma videograbación, Knoblovits le reclamó al testigo Ricardo Manselle que cambiara su testimonio: “Tendrías que decir que recibiste presiones de la institución policial y de la revista Noticias para decir lo que le dijiste al juez”. En ese mismo programa de Canal 9, Knoblovits se jactó frente a Manselle de su credibilidad como abogado, dado que integraba el grupo de letrados de la Causa AMIA. Dicha ostentación motivó que el responsable del estudio jurídico en el que se desempeñaba, León Stein, lo despidiera el mismo día en que se difundieron las imágenes televisivas. Otro aspecto omitido de su reciente pasado recuerda su gira por Estados Unidos, luego del suicidio del fiscal, para –según sus propias palabras– “internacionalizar la causa” y posibilitar la intervención extranjera a expensas de la soberanía nacional. Knoblovits fue Secretario General de la gestión de Waldo Wolff en DAIA, entre 2013 y 2016, y se constituyó en una pieza clave para demonizar al kirchnerismo y posibilitar el triunfo electoral de Mauricio Macri. La segunda dimensión, relacionada con la crisis de representación, se funda en que la DAIA carece de un vínculo con sus bases. Su estatuto y su sistema electoral reniegan de cualquier contacto con quienes dicen representar. La docena de activistas que desde hace tres décadas decide los destinos de la organización carece por completo de formación política; sin embargo, no dudan en involucrarse en complejas disputas geopolíticas, sin evaluar las consecuencias de sus posicionamientos y acciones. El tercer aspecto de su degradación institucional remite al abandono de sus principios estatutarios. La DAIA fue fundada en 1935 con el objetivo explícito de enfrentar al fascismo y a la judeofobia, pero ambas actividades fueron progresivamente abandonadas en aras de beneficiar la política exterior de Israel y sus postulados de seguridad estratégica. La continuidad de su acusación contra Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes populares, sumada a la recordada persecución hacia Héctor Timerman (que le imposibilitó la continuidad de su tratamiento médico), suponen un acontecimiento difícil de enmascarar y olvidar. Existe una frase en el Talmud que grafica con claridad el horizonte de este trayecto adulterado, escogido por la DAIA para hostigar los proyectos populares y al mismo tiempo avalar a los sectores más concentrados: “Con una falacia ruin se puede viajar a un lugar lejano. Pero sin esperanzas de volver”.

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Dos pandemias: coronavirus y el capitalismo financiero globalizado

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Fuente: Carlos Heller (*)| Página/12 – Suplemento CASH Fecha: 15 de marzo de 2020 Se puede pensar que el mundo enfrenta al menos dos pandemias. A la que ocupa la tapa de los diarios, la del coronavirus, se agrega otra que venimos padeciendo desde hace tiempo, reflejada en las consecuencias que trae el capitalismo financiero globalizado y desregulado. La OMS acaba de caracterizar al coronavirus como pandemia, definición más que preocupante, en primer lugar por los efectos sanitarios a nivel global, pero también por los impactos económicos. Desde el abordaje económico, cabe citar que luego de la baja de tasas excepcional de la FED (banca central estadounidense) y del colapso de los precios del crudo del lunes 9, los países centrales comenzaron a anunciar importantes estímulos monetarios y fiscales durante la semana. La canciller alemana, Angela Merkel, sostuvo que “se trata de una situación extraordinaria y haremos todo lo posible para salir de ella”, lo que exige recursos sanitarios pero principalmente del presupuesto público. De allí que Merkel finalizó la idea considerando que “una vez superada (la pandemia) veremos qué ha significado para nuestro presupuesto”, es decir, gastamos lo necesario y luego veremos. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que sin una acción coordinada “veremos un escenario que nos recordará a muchos de nosotros la gran crisis financiera de 2008”. Una vez más queda claro que cuando la situación lo amerita no se duda en dejar de lado los manuales e intervenir de manera decidida. Pero también sobresale otra vez la doble vara con la que miden otros temas como la pobreza o el desempleo: éstos no resultan acuciantes para los grandes decisores mundiales. Se encaran como problemáticas del paisaje normal del sistema económico. En lo financiero, la pandemia se expande de forma proporcional a la sensación de pánico de los mercados. Considerando el índice de las 500 empresas más grandes que cotizan en Wall Street, a la caída inicial del lunes (-7,6 por ciento) se agregó la del miércoles (-4,9 por ciento), seguidas por una más aguda aún, la del jueves (-9,5 por ciento), la más fuerte desde el derrumbe de 1987. De esta forma, contando un mes al 12 de marzo se perdió cerca del 26 por ciento del valor de capitalización de dichas empresas. Desde el inicio del mes, se perdieron cerca de 4 billones de dólares en la capitalización de mercado que refleja el S&P 500. Esta situación, además de las preocupaciones por los efectos del Covid-19, no es ajena a los exorbitantes niveles que se habían alcanzado, cercanos a un contexto que podría caracterizarse como de burbuja financiera. Y si bien desde hace un tiempo los organismos vienen alertando sobre los peligros que enfrenta el mundo ante la sobreexposición financiera vinculada a la deuda global, tanto pública como privada, nada se ha hecho. Podría decirse que está en la naturaleza del actual capitalismo que gobierna el mundo. Esto no hace más que reforzar la convicción de que el único camino posible para nuestro país pasa por seguir renegociando la deuda con el objetivo de alcanzar un buen acuerdo, que genere un sendero de sostenibilidad. La actual fortaleza de la posición argentina está en línea con el contexto que se enfrenta, teniendo en cuenta que se espera una desaceleración fuerte de la economía global, una baja del comercio y de los precios de las materias primas. Todos efectos que generarán tensión en la disponibilidad de divisas del país. No debe pasarse por alto que las responsabilidades de los acreedores privados son evidentes. ¿En la búsqueda de rentas fáciles, acaso no sabían el riesgo implícito que significaban los altos rendimientos? La autocrítica también le toca al FMI. Con un mercado de cambios liberalizado por completo, no podía esperarse un desenlace diferente, algo que varios advertimos en su momento. Por lo demás, los hechos recientes muestran que en países como la Argentina resulta imprescindible regular los flujos de capitales. Con los controles actuales a la compra de divisas para atesoramiento, la pérdida de reservas internacionales alcanzó el lunes unos 100 millones de dólares, motivada por intervenciones cambiarias del Banco Central. En cambio, Brasil, que casi no posee regulaciones, perdió ese mismo día unos 3000 millones de dólares de sus reservas internacionales. El entorno actual es complejo y amerita más que nunca la adopción de políticas de protección de la producción local. Va en este sentido la adopción de licencias no automáticas para las importaciones de petróleo, para que las empresas del sector no opten por adquirirlo en el exterior, ante la fuerte baja que mostró estos días. Una conclusión generalizable al conjunto de las actividades que enfrentan competencia externa y que muestra a un Estado activo, tratando de minimizar los impactos de la crisis. * Diputado Nacional Frente de Todos. Presidente Partido Solidario.

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La salud pública. La lección que deja la pandemia

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Fuente: Sandra Russo | Página/12 Fecha: 14 de marzo de 2020 Desde Madrid, el veterano dirigente de Izquierda Unida Julio Anguita, tuiteó: “Recuerden esto cada vez que les digan ´la sanidad privada es más barata´. El coronavirus está poniendo en evidencia lo que ya sabíamos, que la sanidad privada es parasitaria de la pública. Empresas multimillonarias cuyo modelo de negocio depende de derivar pacientes graves a la pública y de desentenderse cuando pasa algo como esto”. Un enfermero del Hospital Central de Madrid –donde el equipo de gobierno está siendo testeado después de la ministra de Igualdad, Irene Montero, diera positivo, y su pareja, Pablo Iglesias, brindará con el rey–, informaba en un canal de televisión, ayer, que la situación dentro de los hospitales es caótica. Falta de todo. Desde insumos hasta personal. Falta planificación y dirección. Contratan personal médico temporario pero no hay partidas presupuestarias para contratar más personal de limpieza en esos hospitales colapsados. Desde Nueva York, la cantante y compositora Isabel de Sebastián posteaba esta semana: “Estoy en el país económicamente más poderoso del mundo, pero gran parte de la población no va al médico porque el seguro es carísimo e igualmente pagas una fortuna deducible antes de que el sistema comience a pagar algo. No hay salud pública salvo para gente indigente y jubilados. Trump le sacó los fondos a las organizaciones encargadas de este tipo de catástrofes hace meses, están desfinanciadas y hacen lo que pueden. A cargo de la crisis está Pence, culpable de muertes en los tiempos de la epidemia del VIH por haber votado contra la financiación del test. El gobierno dice que hay kits de análisis, pero las noticias muestran a médicos de hospital diciendo que no los tienen. Los médicos a domicilio aquí no existen, y desde hace unos días los hospitales te piden que no vayas si tenés fiebre o tos”. Ayer el New York Times reafirmó la falta generalizada de kits de prueba de coronavirus en Estados Unidos. El día anterior el New Yorker publicó en su tapa una caricatura de Trump con el barbijo puesto pero en los ojos. Ahora Trump deberá conseguirse un kit, ya que un funcionario de Bolsonaro con el que se reunió hace poco dio positivo. La distopía nos venía corriendo. Mordiéndonos los talones. Los medios opinan y opinan y opinan. Opinan los entrevistados y los entrevistadores. Hay que llenar el tiempo al aire y hay conteos de infectados, indicaciones contradictorias (¿Es obligatorio u opcional hacer cuarentena después de un viaje? ¿El barbijo protege o fragiliza?), alertas cada cinco minutos y noticias de todo el mundo. La más estremecedora llega de Italia, donde también la salud pública sufrió en los últimos años uno de esos recortes que tanto le gustan al FMI. Fueron una de sus pruebas de “confianza”. No alcanzan los respiradores, y los paramédicos deben elegir a quién salvar, y optan por los jóvenes. La distopía ya nos alcanzó. El Italia no se tomaron las medidas a tiempo, no existió ni por asomo la decisión china de aislar una ciudad entera cuando hubo quinientos casos, sin perder ni un día desde que sospecharon, pese a desconocer todavía el origen del virus, que se trataba de un fenómeno de alto poder de contagio. Corea del Norte al día siguiente también cerró su frontera con China. Todavía no reporta ni un caso. La inexistencia de medidas masivas y de reflejos rápidos que mostró China se hizo esperar en Europa. Quizá se les haya ocurrido. Pero no tienen con qué. La peste nos está mostrando que los Estados fuertes y la salud pública tienen poderosas razones para existir en beneficio de toda la población, porque este virus tiene dos tipos de seres más vulnerables que otros: los ancianos con enfermedades preexistentes a veces sencillamente por la edad, y los viajeros. ¿A qué guionista se le hubiera ocurrido? Probablemente gracias a la fuerte decisión de un Estado como el chino, allí la infección se amesetó y comenzó a bajar rápidamente, mientras su traslado a países de Estados debilitados por el neoliberalismo encontró escenarios fértiles para la propagación. Occidente tiene además sus medios, que hacen difícil discernir hasta dónde llega la pandemia y hasta dónde el pánico y la especulación. De este modo, observamos cómo el sistema cuya degradación siempre hemos denunciado por su elitismo y su crueldad, se adapta perfectamente a la muerte en todas sus formas. Las muertes por desnutrición, por falta de atención médica, por depresión y ahora por su fragilidad financiera cuando el que debe actuar es el Estado, incapaz de gestos drásticos después de décadas de recortes. Hace tres meses en este país no había ni ministerio de Salud. No hay que olvidarlo ni un minuto cuando comience la cizaña. Este desastre vuelve a mostrar la mala entraña capitalista en su peor faceta. Deberían repartir por la calle el alcohol en gel que ya no se consigue en las farmacias de ninguna parte. Nos hay aprovisionamientos de alimentos coordinados para las poblaciones en cuarentena, no hay distribución de agua potable ni barbijos ni, como en Estados Unidos, kits de prueba al alcance de cualquiera que tenga los síntomas. ¿Es concebible una situación más lacerante que la de un país cuyos hospitales en lugar de recibir a los enfermos les piden que no vayan, sabiendo que se trata de gente que no tendrá ningún tipo de atención médica? Se llama abandono de persona, y lo están haciendo Estados que nunca reconocieron el valor universal de lo público y hace décadas que se dedican a alimentar la salud prepaga. Una vez más, este caos que nos mantiene en estado de excepción permanente –ese estado que según Giorgio Agamben es el que buscan los Estados autoritarios de las nuevas derechas–, nos confirma que los Estados nacionales, cuando fueron creados, trajeron paz después de siglos de guerras ininterrumpidas porque por primera vez el diezmo que antes se le pagaba al conde, al duque o al rey se convirtieron en impuestos para ver nacer, poco después, la salud y la educación

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Nace el otro Chile

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Fuente: Pedro Brieger | CNN en Español Fecha: 13 de marzo de 2020 Nota del editor: Pedro Brieger es un periodista y sociólogo argentino, autor de más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas internacionales. Actualmente se desempeña como director de NODAL, un portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Colaboró con diferentes medios nacionales como Clarín, El Cronista, La Nación, Página/12, Perfil y para revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. A lo largo de su trayectoria Brieger ganó importantes premios por su labor informativa en la radio y televisión argentina. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor. (CNN Español) — Este 11 de marzo de 2020, Chile conmemoró 30 años seguidos de democracia después de casi 17 de la dictadura comandada por el general Augusto Pinochet, quien lideró el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En las calles de Santiago y en otras ciudades a lo largo del país, lo que menos primó fue un clima de fiesta democrática. Paradójicamente, había tanquetas lanzando agua y gas lacrimógeno contra manifestantes que pedían la renuncia del presidente Sebastián Piñera y la profundización de la democracia. Por vía del plebiscito del próximo 26 de abril, proponen que una Convención Constitucional redacte una nueva carta magna. No es muy habitual que un país conmemore el retorno democrático con tanquetas en las calles. Seguramente el día que Piñera decidió lanzar su candidatura para ser elegido presidente de Chile por segunda vez, pensó que su nuevo mandato no sería muy diferente del primero, entre 2010 y 2014. Salvo las protestas estudiantiles de 2011, aquellos fueron cuatro años de relativa tranquilidad, con Chile presentado como “modelo” de éxito económico y sin grandes turbulencias como las que vivían varios de sus países vecinos. Piñera asumió nuevamente el 11 de marzo de 2018 y se encaminaba a cerrar 2019 con dos grandes eventos internacionales que le servirían para mostrar que -según sus propias palabras- “Chile era un oasis” en una América Latina convulsionada. Pero el 18 de octubre de 2019, sorpresivamente, todo estalló por los aires. Miles de personas tomaron las calles para cuestionar el “modelo”, exigir profundos cambios y derogar la Constitución redactada durante la dictadura. Con mucho dolor, Piñera tomó la decisión de suspender la programada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, lo que dañó justamente la imagen de Chile como “oasis” de estabilidad. Este 11 de marzo, el presidente habló en el Palacio de La Moneda y reconoció que el 18 de octubre de 2019 “surgió una poderosa demanda ciudadana para avanzar con mayor intensidad y sentido de urgencia hacia una sociedad más justa, más inclusiva, con mayor equidad y con menos abusos y privilegios”. Estas palabras sonaban muy diferentes de aquellas que pronunció el 20 de octubre, cuando aseguró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable”. Finalmente, tuvo que reconocer que las demandas expresadas en las calles eran legítimas. Chile ya no es el país que dejó Pinochet el 11 de marzo de 1990, pero tampoco el que querría dejar Sebastián Piñera.

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Trump, el (peligroso) declinista

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Fuente: Juan Gabriel Tokatlian (*) | Clarín Fecha: 12 de marzo de 2020 Ha sido un lugar común afirmar que “America First”, el leitmotiv que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca y su gestión reflejan la hegemonía recobrada de Estados Unidos y su voluntad personal de asegurar la primacía de Washington en el plano global. Sin embargo, en una interpretación alternativa, diría que el lema de Trump, los supuestos que lo sustentan, su estrategia internacional y algunos resultados de la administración evidencian, más bien, el declive estadounidense. Tanto en la campaña que lo llevó a la presidencia como en este año electoral, Trump ha puesto el acento en recuperar un pasado idealizado en el que el país era socialmente armónico y universalmente respetado. Ha repetido que ninguna nación se debe aprovechar de Estados Unidos y anunció costos altos para el que se atreva. Ha postulado que el liderazgo del país es indudable y que el músculo militar es indispensable. Por último, ha prometido que las instituciones mundiales volverán a ser el ámbito en que Washington imponga sus preferencias, le guste o no a sus aliados. Ese conjunto de argumentos refuerza el hecho de que Trump es un “declinista”. La preponderancia indisputable es una ilusión. Al tiempo que la prepotencia es, en realidad, un síntoma de impotencia. Hagamos un repaso de varios indicadores. En el campo militar, Estados Unidos tenía un record mediocre y ha empeorado. Desde la Segunda Guerra Mundial, Washington tuvo victorias menores o pírricas: las invasiones a Grenada en 1983 y a Panamá en 1989, y el triunfo temporal en Irak en 1991. Desde 2001 hasta 2020 según el proyecto Cost of War de Brown University, el presupuesto destinado a la “guerra contra el terrorismo” fue de US$ 6,4 billones de dólares, el número de muertos alcanzó a 801.000 personas y el total de refugiados y desplazados supera los 21 millones. Sin embargo, los fiascos en Irak, Siria, Libia y Afganistán son estruendosos. Los presupuestos vinculados a la defensa (Pentágono y Departamento de Energía) entre 2017-2020 han sumado unos US$ 2,8 billones de dólares y han apuntado, en esencia, a sostener una lógica de guerras perpetuas sin logros político-militares visibles. Como señala en un reciente libro (The Cost of Loyalty: Dishonesty, Hubris, and Failure of the US Military) el profesor de West Point, Tim Bakken, la autonomización de las fuerzas armadas respecto a la sociedad, su tamaño descontrolado, la preeminencia de la lealtad por sobre el mérito, la incompetencia en el campo de batalla, entre otros, se vienen reiterando y profundizando. Lo que, según el autor, se inserta en la “erosión de la democracia estadounidense”. Los datos de crecimiento y sobre empleo entre 2017-2019 son superiores a los de los socios occidentales de Estados Unidos. No obstante, el malestar ciudadano ante la colusión de intereses del mundo de las grandes corporaciones y de sectores de la política, que preserva un sistema que se caracteriza por la falta de regulación, la ampliación de la desigualdad y la concentración de la riqueza, va en aumento. De acuerdo con una encuesta de enero de 2020 del Pew Research Center, 6 de cada 10 estadounidenses consideran que ya hay demasiada desigualdad económica. Eventos recientes como la volatilidad bursátil en Wall Street, el potencial efecto sobre la producción interna del shale derivado de la pugna ruso-saudita en torno al petróleo, las consecuencias financieras y comerciales de la expansión del Coronavirus apuntan a una situación de inestabilidad que podría devenir en una nueva recesión. En esencia, con Trump no ha renacido el Estado de bienestar. Difícilmente Washington puede restaurar la hegemonía que ostentó. Asimismo, la tendencia a mediano plazo de la competencia entre Washington y Beijing muestra el descenso relativo de Estados Unidos y el ascenso gradual de China. Por ejemplo, de 1950 a hoy la participación estadounidense en la economía mundial se redujo a la mitad. Según el Libro Blanco de la Política Exterior de Australia de 2017, el PBI de Estados Unidos en 2016 fue de US$ 18,1 billones de dólares y el de China de US$ 21,4 billones de dólares; para 2030 el pronóstico respectivo es de US$ 24 billones de dólares y US$ 42,4 billones de dólares. Pero lo más relevante es que en 2017 el Partido Comunista de China se puso como meta que el país sea en 2030 el líder mundial en Inteligencia Artificial y en esa dirección realiza inversiones sostenidas. En el terreno tecnológico más que en el comercial se dirimirá la disputa estratégica entre los dos países. Adicionalmente, una gran potencia consolida su hegemonía mediante la instauración de regímenes internacionales, el fortalecimiento de las instituciones multilaterales y la gobernanza de los asuntos globales. Nada de eso, sino lo contrario ha hecho la administración republicana. Fragiliza regímenes (por ejemplo, el de no proliferación), debilita instituciones (por ejemplo, la OMC) y afecta el manejo colectivo de temas críticos (por ejemplo, el cambio climático). El estilo de Trump, que combina paranoia y narcisismo, ha incidido para que Estados Unidos pierda prestigio, reputación y legitimidad. Sin embargo, es fundamental remarcar que Washington aún posee muchos y potentes atributos de poder e influencia. La cuestión central es que la política exterior republicana está cargada de serios peligros; en especial para América Latina. Nuestra región está atravesada por la inestabilidad política, el debilitamiento económico y la fragmentación diplomática; condiciones todas que facilitan un ejercicio prepotente y pendenciero de la declinación estadounidense bajo Trump. Por eso es tiempo de prudencia, paciencia y perspicacia de nuestros gobiernos. La provocación a Washington es hoy un acto de heroísmo pueril e insensato. Juan Gabriel Tokatlian es vicerrector de la Universidad Di Tella.

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