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Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 16 de febrero de 2020 El tema llegó a las páginas de The Economist como parte de un conflicto interno en el Banco Mundial, donde por segunda vez en menos de tres años renunció su economista principal. La revista de negocios lo atribuye a la negativa de los más altos niveles del Banco a publicar una investigación académica sobre la correlación entre los préstamos realizados y el incremento de las cuentas offshore donde se refugia parte de ese dinero. Sin darse por enterada, la prensa comercial y de sesgo ideológico de la Argentina insiste en propiciar conflictos entre el Presidente Alberto Fernández y su Vicepresidenta, una ilusión que acaricia como una rutina obsesiva y compulsiva. Durante la presentación de su libro Sinceramente en la feria del libro de La Habana, Cristina se refirió a la negociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario, en los términos que se escuchan en este video. Pidió allí un Nunca más para el endeudamiento, mencionó el alejamiento de David Lipton, responsable del préstamo “ilegal” al gobierno de Maurizio Macrì, y reclamó que «me apliquen el estatuto del Fondo completo, del primero hasta el último artículo. No me elijas el capítulo que me vas a aplicar”. Es decir, si no se cumplió con el artículo que prohíbe otorgar préstamos para financiar la salida de capitales, también debería relajarse aquel que veda hacer una quita al capital del Fondo. «¿ Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas. Estoy hablando de la ley y de la buena fe», dijo. Agregó que en la solución debe participar la sociedad, que es la que va a pagar. “Todos deben respetar las normas” y “el acreedor debería establecer una quita sustancial”. El FMI se sintió tocado y su vocero Gerry Rice, uno de los últimos altos funcionarios de la gestión de Christine Lagarde que no fue removido por Kristalina Georgieva, respondió que ni habría quita ni se violaron los estatutos. Las palabras de Cristina fueron presentadas en portales y pantallas como fuego amigo contra Alberto Fernández, presunta prueba de la antinomia entre la moderación y sensatez presidencial y la irresponsabilidad de su Vice en medio de la negociación. Una vez más, el Presidente contrarió esa lectura tendenciosa y dijo que compartía la “impecable posición” de su Vice. Recordó incluso que eso mismo le planteó él a la misión del Fondo que lo visitó después de las elecciones primarias y antes de las presidenciales. El comunicado emitido ese 27 de agosto de 2019 dice que el candidato “reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el FMI al Gobierno Nacional hayan sido utilizados, en gran parte, para financiar la salida de capitales”. Agregó que “este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por el Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo cuyo primer párrafo dispone que ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital«. Es el mismo artículo con el que CFK respondió a Rice, advirtiéndole que “los argentinos y las argentinas sabemos leer”.   Según los datos de CIFRA, durante los 48 meses de gobierno de Cambiemos, la deuda pública se incrementó en 103.808 millones de dólares y la fuga llegó a 93.667, o sea, el 90,2%. Ex funcionarios de Macrì y su prensa adicta alegan que los préstamos se utilizaron para pagar deudas anteriores en letras y bonos y así intentan refutar el dato de la fuga, cuando la retribución por la bicicleta financiera es sólo de una escala intermedia, la toma de ganancias que luego se dolariza y deja el país. Como explica Eduardo Basualdo, lo que se va no es el consumo de las clases superiores, que se mantiene o aún crece, sino la inversión. Porcentajes La economista principal del Banco Mundial, Pinelopi (Penny) Goldberg, acaba de dejar el cargo luego de apenas 15 meses, el mismo suspiro que duró su predecesor, Paul Romer. El detonante fue un estudio de los investigadores escandinavos Jorgen Juel Andersen, de la Business School de Noruega, y Niels Johannesen de la Universidad de Copenhague como primeros autores. En 2015, Johannesen presentó ese trabajo, según el cual cuando aumentaban los precios del petróleo, crecían los depósitos en bancos suizos. Entre quienes asistieron a la presentación estuvo Bob Rijkers, miembro del equipo de investigación del Banco Mundial, quien acordó estudiar junto con los escandinavos qué ocurría con los préstamos a países dependientes del Banco y de otros organismos internacionales. La muestra abarcó 22 países, entre 1990 y 2010, y se verificó que los depósitos de ese origen en guaridas fiscales fueron el 5% de los préstamos recibidos. Por una fuga del 5%, el Banco Mundial perdió a su economista jefa. La publicación no fue aprobada por la conducción del Banco Mundial, para el que la correlación no prueba causalidad. Igual duda cubre la renuncia de la economista principal, de quien dependen los investigadores, que en marzo volverá a la academia, en Yale. Que este tema haya merecido la nota principal en la sección Economía y Finanzas de The Economist es un dato relevante. Si el 5% de fuga mueve así las piezas, ¿qué debería ocurrir con el 92% de los cuatro años de Macrì, un porcentaje apabullante? En todo caso, esto ratifica la centralidad del problema de la deuda para la economía y la sociedad argentina y la absoluta pertinencia de la observación de Cristina, ratificada por Alberto. La cuerda se puede romper La exposición del ministro Martín Guzmán en el Congreso se ajustó a la máxima latina suaviter in forma, fortiter in re. Sin levantar nunca la voz reiteró lo que vienen diciendo el Presidente Fernández, la Vicepresidenta Fernández y el jefe del bloque de diputados Kirchner: tanto el FMI como los bonistas son corresponsables de la crisis de deuda que generó Macrì y deberán aportar para la solución, que no puede basarse en el ajuste fiscal. «Aquí hay mucho dinero

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 16 de febrero de 2020 El último 26 de enero se llevaron a cabo elecciones parlamentarias en Perú,  y un partido neo-pentecostal –­la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMIMPU)– logró 16 de los 130 escaños del parlamento, constituyéndose en la segunda fuerza más votada y una de las primeras minorías del fragmentado legislativo unicameral. Para presentarse como partido político, la secta neo-pentecostal tuvo que adecuarse a la legislación constitucional e inscribió el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), cuya plataforma se opone tanto a las denominadas doctrinas de género como a las organizaciones laicistas y populares. En forma paralela, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, designó el último 5 de febrero al pastor Ricardo Lopes Dias como titular de Fundación Nacional del Indio (FUNAI), institución responsable del vínculo con 114 etnias que, se calcula, viven sin contacto con el resto de la ciudadanía. El funcionario nombrado es un conocido integrante del grupo evangélico estadounidense Misión de Nuevas Tribus de Brasil (MNTB), cuya función prioritaria es colonizar a los pueblos originarios, despojándolos de su cultura e integrándolos a lo que denominan “la civilización de dios”. Los movimientos neo-pentecostales se originaron en Estados Unidos en el marco de grupos evangelistas conservadores, como forma de oposición a las demandas de mayor autonomía para las mujeres e igualdad de derechos para personas LGBTI que se empezaron a difundir a partir de los años ’60. En términos económicos, se han consolidado como los difusores de las Teologías de la Prosperidad, doctrina que justifica el enriquecimiento inequitativo y llega a calificar a la pobreza como un castigo divino. La secta fundadora del Frente Popular Agrícola del Perú y la Misión de Nuevas Tribus de Brasil son movimientos derivados de la tradición evangelista neo-pentecostal nacida en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Sus máximos referentes fueron denominados televangelistas o líderes de las iglesias electrónicas, y sus postulados coincidieron con la ofensiva macartista sufrida a nivel doméstico por los sectores progresistas de ese país. Su expansión hacia América Latina tuvo como objetivo fundamental la cooptación de sectores populares y pueblos originarios, como forma de detener el avance de las Comunidades Eclesiales de Base sustentadas sobre una Teología de la Liberación que buscaba empoderar política y culturalmente a los grupos más vulnerados. A principios del siglo XXI, los grupos neo-pentecostales se sumaron a los movimientos en defensa de los valores de la familia tradicional, oponiéndose a toda forma de planificación familiar, interrupción voluntaria del embarazo y matrimonio igualitario. Desde esa plataforma, se organizaron en partidos políticos generando coaliciones con los sectores más conservadores de la iglesia católica, comprometidos en la misma agenda anti-derechos. La particularidad organizativa de los neo-pentecostales, nacidos al influjo de la Guerra Fría, es su organización territorial y la población objeto de su ministerio. A diferencia del protestantismo histórico, su despliegue geográfico prioriza a los sectores más empobrecidos y marginales con el objeto de brindar esperanzas mesiánicas capaces  de reemplazar las redes sociales establecidas por las corrientes ligadas a los sacerdotes católicos en opción por los pobres y los movimientos políticos opositores al neoliberalismo. Respecto a su distribución en el territorio, las iglesias neo-pentecostales de cariz milenarista se distribuyen de forma reticular en barriadas populares, contando con importantes medios de comunicación. Su financiamiento es dual: reciben aportes internacionales de fundaciones ligadas mayoritariamente al Partido Republicano, y en forma simultánea obtienen cuantiosos recursos del  diezmo aportado por cientos de miles de adherentes humildes cuya dependencia afectiva los lleva a sentirse feligreses en perpetua deuda.  El dinero de la fe  Wilmer Cayllahua, uno de los líderes del Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), creado por los integrantes de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Según Zygmunt Bauman, estos nuevos colectivos religiosos compiten por sumar devotos enmarcados en una lógica de mercado según la cual toda trascendencia y religiosidad se dispone a ser comprada y vendida como un producto de mercado. El título de muchos de los libros editados por los conglomerados neo-pentecostales evidencia la impronta comercial que rige estructuralmente a estas corrientes: Vendiendo la Iglesia, de Philip Kenneson y J. Street, o Marketing para las Congregaciones, de Nicholas Shawchuck, son dos ejemplos sintomáticos de esta concepción. La precarización y el desempleo característicos del neoliberalismo destruyen redes territoriales y gremiales. Además ponen en cuestión las históricas adscripciones políticas dejando en la orfandad de pertenencias (esperanzas y articulaciones) a amplios sectores populares. En Argentina, nuevos actores colectivos, entre ellos los movimientos de trabajadores desocupados, han logrado canalizar las necesidades de participación de quienes son lanzados a la marginalidad por el modelo financiarizado y de esa manera han brindado contención y perspectiva colectiva. Por el contrario, en gran parte de Latinoamérica la disolución de las identidades clásicas ha dado lugar a un crecimiento de sectas que ofrecen la recuperación de un paraíso perdido. Los grupos neo-pentecostales brindan oportunidades de formación de sacerdotes menos rígidas que las propuestas por las congregaciones tradicionales y, en forma paralela, dedican gran parte de su tarea a la creación de redes de apoyo dentro de comunidades marginadas. Desde esta plataforma, se presentan con mayor capacidad para articularse con el discurso de los  sectores conservadores de clase media y alta. Además, la cohesión ideológica que logran generar con la periodicidad de sus asambleas sumada a la confianza que deviene de la fe compartida, los convierte en potenciales articuladores de instancias político-partidarias con una base fidelizada y acrítica, sustentada en valores pretendidamente sagrados. Las reglamentaciones sobre los partidos políticos y las regulaciones sobre la garantía de la libertad de cultos varían en los diferentes países de América Latina. Pero una democracia plena no puede desentenderse de las manipulaciones de la fe llevadas a cabo en directa violación de la soberanía. Financiar partidos políticos desde el exterior, con el objeto de desmembrar el tejido social y desarticular las identidades nacionales en el marco de programas funcionales a los centros de poder internacional, no es un tema insignificante. Uno de los ejes básicos de la  construcción del sentido común –desde el que se

Fuente: Hugo Presman* | La Tecl@ Eñe Fecha: 13 de febrero de 2020  A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman y a más de 25 años del atentado a la AMIA, las mentiras ya constituyan un verdadero Aconcagua, los encubridores y cómplices se presentan como los adalides de la verdad y siguen intentando convertir a Nisman en un héroe del cual, al desentrañarse los hechos y revelarse la tortuosa trayectoria del fiscal, si alguna vez se produce, lo dejarán desnudo ante la historia. El sábado 18 de enero una concentración de alrededor de 10.000 personas se reunió en la Plaza Vaticano, convocados por presuntos “republicanos” de las redes sociales y con la presencia de figuras del PRO y algunos radicales que mucho más que intentar homenajear al fiscal muerto, se sumaron a un acto furiosamente opositor. “No fue suicidio, fue un magnicidio” fue la consigna reiterada y “Cristina asesina” y “Argentina sin Cristina”, slogans entonados por los asistentes. Ese “héroe” que los concurrentes vitoreaban seguramente ignoraban lo que Memoria Activa, una de las tres agrupaciones de familiares de las víctimas, muy crítica del fiscal  sostenía dos años antes de su muerte, escribió en noviembre del 2013: “Nos engañó, nos mintió, nos intenta embarullar con centenares de fojas que cuentan historias que ojalá que algún pueda probar. Tenía la posibilidad de demostrar que todos estos años invertidos por usted podían sostenerse en una indagatoria, pero sus acciones demuestran lo contrario………Su falta de compromiso e inacción en la causa que investiga el encubrimiento ya nos hace dudar. El hecho que haya sacado un dictamen tan superpoblado de adjetivos, con una selección arbitraria del mismo, con argumentación jurídica pobre y forzada, llena frases huecas al que consideramos impropio de un funcionario judicial, nos demuestra que usted es funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad. Es por todo esto que, para nosotros, usted ya es el ex fiscal de la causa AMIA”. Al día siguiente del acto en la Plaza del Vaticano, en un acto privado en el cementerio de la Tablada, el presidente de la DAIA,  Jorge Knoblovits, afirmó: «Yo estuve con Alberto dos días antes del asesinato y quiero darles certezas. En la actualidad tengo la certeza que Alberto fue asesinado porque el Derecho otorga certezas… investigó la causa más contaminada de la Argentina, atravesada por servicios de inteligencia y políticos» Se quedó corto Knoblovits: aquí hay estados cómplices de la contaminación (el norteamericano, el israelí y el argentino de los gobiernos de Menem y Macri), jueces y fiscales impresentables, medios sesgados para tapar y distribuir las mentiras, periodistas funcionales, y dirigencia comunitaria que representa Knoblovits (entre otros), a los que jamás les importó saber lo que pasó, y cuya actuación es una prolongación de los intereses de política exterior del Estado de Israel y simultáneamente ser la cobertura de protección de aquellos dirigentes que presidian AMIA y DAIA al momento del atentado. LOS DOS JUICIOS La investigación se inició en el año 2001 para determinar los autores externos y contra 22 acusados de ser la conexión local del atentado y haber facilitado la camioneta con explosivos. Durante ese juicio que corrió entre 2001 y 2004, el presidente Néstor Kirchner eximió a los agentes de inteligencia de su deber de guardar el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos, dejando al descubierto un amplio encubrimiento. Al respecto cito lo que escribí en la nota “Héroe imprevisto” del 26 de enero del 2015: “Recordemos algunas de las múltiples irregularidades: al procesado Telleldín le pagaron 400.000 dólares con fondos de la SIDE, para que señalara a un grupo de policías de la Provincia de Buenos Aires como ejecutores del atentado. Desaparecieron todos los casetes de las grabaciones de los teléfonos intervenidos, entre ellos el del propio Telleldín.  Se construyó el relato de un coche bomba, visto por una sola persona muy corta de vista al tiempo que todos los libros escritos sobre el tema desecharon esa posibilidad. En el libro “Cortinas de humo” de los periodistas Jorge Lanata y Joe Goldman publicado poco después del atentado en diciembre de 1994, puede leerse: “Ninguno de los diez testigos que estaban en el lugar del hecho, en posición de ver la Trafic, la vio (más de la mitad de estos testigos no fueron citados a declarar por el juez Galeano…)” Casi nada quedó de la presunta Trafic, salvo un impecable motor encontrado por el servicio de inteligencia israelí, varios días después del atentado. Gabriel Levinas en su libro “La ley bajo los escombros. AMIA lo que no se hizo”, escribió: “Todo hacía dudar de la teoría de la existencia de una Trafic que habría hecho las veces de coche-bomba que hasta hoy marca los rumbos de la investigación. Entre los escombros del edificio de la AMIA se había encontrado el motor con un número claramente legible. Ésa era la gran prueba, la que había llevado a la detención de Telleldín primero y Ribelli después. Sin embargo, no podíamos más que sorprendernos por el hecho de que justamente en un atentado de esta magnitud no se hubiera borrado el dato que llevaba a los culpables. Cualquier reducidor de autos sabe cómo eliminar un número de motor, por lo que resulta sospechoso ese desliz de los especialistas como los que intervinieron en la voladura de la AMIA. Por otra parte, ni entre los heridos ni entre los que circulaban por la calle Pasteur a esa hora había quien recordara haber visto pasar la famosa Trafic blanca. Sólo una mujer, de nombre Nicolasa Romero recordaba que el vehículo, manejado por un hombre de rasgos árabes, había doblado por Pasteur rumbo a la AMIA segundos antes de la explosión. Una sola persona, entre las decenas que estaban en el lugar del hecho. Escasez de testimonios por un lado, prueba demasiado evidente, por el otro. A esto había que sumar “la casualidad” de que los policías que hacían guardias ante la puerta de la AMIA se hubieran retirado de su puesto unos pocos minutos antes de la explosión.” Tampoco en la embajada estaban al momento de la explosión los

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 9 de febrero de 2020 En el año 2019 la política argentina decidió que su asunto principal era la continuidad o no de la experiencia macrista. Hoy eso aparece como algo simple, sencillo, elemental. Pero nada se impone por la sutileza de los argumentos que lo sostienen. La decisión política opera desde el vacío, no hay reglas lógicas que funcionen como garantía de su éxito. La unidad del peronismo, de la oposición, de los que querían que el tiempo de Macri terminara no era un dato de la realidad. No estaba asegurado su sentido histórico por las encuestas que decían que las elecciones las decidía el centro indeciso. Puede ser que todo lo decida el centro indeciso, pero desde el punto de vista de la política, lo que importa es por qué el centro indeciso decide lo que decide. El hecho es que el fin de la experiencia  macrista fue la decisión política del país. De lo que estamos hablando hoy es cómo interpretamos qué es el fin de la experiencia macrista. Por lo pronto, en el Frente de Todos conviven quienes apostaron a la resistencia al proyecto de Macri con quienes se movieron en las aguas del pragmatismo, quienes consideraron patriótico y democrático facilitar el avance de las decisiones centrales de su administración en aras de la solidez institucional. Como al pasar, digamos que algunas de esas decisiones –como la aprobación del acuerdo con los fondos buitre- fueron las que constituyeron los pilares del régimen macrista y muestran hoy en plenitud sus nefastas consecuencias. Es duro decirlo así, pero entre los que impulsaron el fin del macrismo y garantizaron el triunfo de la fórmula Alberto-Cristina están los garantes del regreso argentino a la órbita del poder financiero mundial en las peores condiciones. La cuestión es que admitir la centralidad de echar a Macri incluye la reconsideración del lugar político de muchos de quienes contribuyeron a su triunfo y a su fugaz consolidación. Así es la política real, la que no se deja explicar por los cuentos de hadas que sostienen el inevitable triunfo del bien sobre el mal. Alberto Fernández es, por mor de la decisión anunciada por Cristina el 18 de mayo de 2019, el nombre de la síntesis de un dramático momento de la historia argentina, aquel en que sus fuerzas más avanzadas decidieron que el fin de la experiencia macrista era condición primera de cualquier idea de futuro independiente y democrático. Esa idea triunfó y la valoración de ese triunfo es central para el futuro de la patria: cualquier estrategia política que debilite esa decisión y esa victoria corre el riesgo de ser cómplice de un nuevo y particularmente intenso fracaso nacional. Dijo el Coco Basile “yo paro bien a mis jugadores pero después la pelota se mueve y no se quedan en el lugar que yo los paré”. Metáfora potente de la política. Ahora hay una enorme cantidad de jugadores que asisten, forman parte, protagonizan, una historia cuyas derivaciones son imprevisibles. ¿Cómo definir una posición frente a problemas que se acumulan en tropel y obligan a definiciones dramáticas que afectarán al país por un tiempo mucho más amplio que el que protagonizaremos? Es muy difícil decir cómo. Pero es posible decir cómo no deberíamos definirnos. Y lo difícil –casi imposible- es hacerlo con abstracción de nuestros cálculos individuales. No hay nadie que no haga esos cálculos. Eso es lo que hace a la política una práctica diabólica que excluye a las almas bellas, más predispuestas a la autosatisfacción ideal que al barro del compromiso con la vida real. Por eso tiene tan mala prensa Maquiavelo. Por eso estamos tan expuestos a la tentación de hablar en nombre de intereses ideales para defender lugares personales o de grupo. El gobierno argentino –el que todos hemos elegido- ha adoptado una actitud que procura restañar las heridas de la barbarie de los cuatro años precedentes, con una política de diálogo con fuerzas nacionales y globales que, de una u otra manera formaron parte de una línea de desarrollo cuya continuidad hubiera llevado a extremos desastrosos a la comunidad política argentina. Nada asegura el éxito de esa orientación. Como tampoco nada aseguraría el éxito de una apuesta a la polarización extrema entre los dos humores antagónicos de la sociedad argentina. Claro que el modo en que se tramita esta compleja estrategia común, plural y democrática no puede ignorar el estado de ánimos de millones de argentinos y argentinas que rechazaron al macrismo desde antes de su victoria electoral. No son “minorías intensas” como gusta calificarlas una politología siempre dispuesta al coqueteo con los poderosos. Será muy difícil, en un futuro previsible, gobernar ignorando la voluntad de esos millones, cuya conciencia social y política quedó definitivamente marcada por la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina. Y hay que asumir con humildad y con amplitud que la continuidad del régimen macrista en términos de persecución, prisión, censura y estigmatización es incompatible con la victoria popular del año 2019. Reconocer como válidas las operaciones político-judiciales que hoy mantienen en prisión a Milagro, a De Vido, a Boudou, a Delía y a muchos otros después de que la relatoría de la ONU  ha denunciado un plan sistemático de persecución política no puede ser una necesidad táctica. Es un grave daño a la unidad para terminar con el macrismo, porque es una validación del sentido central de ese oprobioso régimen derrotado recientemente en las urnas. ´ Lo que se insinúa es un complejo operativo político cuya base fundamental es la preservación y ampliación de la unidad alcanzada. Una inteligente captación del estado de ánimo social que permita transitar el terreno minado por la acción del neoliberalismo y una percepción muy aguda del mundo que nos rodea, de sus amenazas y de las posibilidades que entraña.

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 2 de Febrero de 2020 La media sanción en Diputados del proyecto de ley sobre sostenibilidad de la deuda bajo jurisdicción extranjera refuerza el apoyo político y la imagen de unidad nacional. Condiciones necesarias para encarar una renegociación imprescindible para atender la situación de emergencia y empezar a poner al país de pie. El consenso conseguido deberá ser el punto de partida para construir una serie de postulados necesarios alrededor de la temática de la deuda, pensando en las futuras generaciones. Implica abordar el posicionamiento estratégico del país alrededor de esta materia, cuestión que históricamente ha sido funcional a intereses contrarios al desarrollo de nuestra Nación. El enfoque del actual gobierno brinda varias definiciones para avanzar en este sentido. En su momento alertamos sobre la inconsistencia y los peligros del programa económico de Cambiemos. En definitiva, fue una política con un claro sesgo ideológico y no tanto un subproducto de la mala praxis, a tal punto que el propio Mauricio Macri expresó recientemente que conocía la existencia de estos riesgos. El expresidente, entre otras cuestiones, afirmó que les decía a sus funcionarios: «Cuidado, que yo conozco a los mercados, un día no te dan más plata (…), nos vamos a ir a la mierda, no podemos seguir tomando deuda eternamente». Las responsabilidades, más que claras. Cabe recordar que Macri hizo un balance de su gestión en diciembre y señaló que «dos de cada tres pesos (en verdad, se refería a dólares) fueron para pagar vencimientos de la deuda, y el peso restante fue para pagar el déficit dejado por gobiernos anteriores». En la misma orientación, varios diputados opositores vienen sosteniendo que la deuda tomada durante los últimos cuatro años estuvo impulsada por los déficits fiscales (dicen, principalmente heredados en 2015), una proposición más que errada. Por un lado, los números no avalan en absoluto tal postura; imposible justificar con este concepto la duplicación de la deuda pública que sucedió en dicho período. Pero, además, según informó el gobierno macrista a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en febrero de 2019, el déficit primario fue del 1,8% del PBI durante 2015, dato indispensable para este análisis. Por otro lado, deberían poder explicar respecto de la necesidad de tomar deuda en dólares, cuando la mayor parte de los gastos primarios es en pesos. En los hechos, la deuda no se explica por el argumento del déficit fiscal, no sirvió para incrementar la capacidad productiva (y por ende de repago), pero sí terminó financiando la fuga de capitales y restringiendo la toma de decisiones soberanas, una hipoteca que nos afecta en la actualidad. Va en línea con lo que expresó el presidente Alberto Fernández recientemente: «Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decidir, condicionado en su futuro. Todo esto es lo malo de la deuda. Es asombroso que Mauricio presidente diga lo que dijo y que los argentinos escuchen que un presidente hable con tanta irresponsabilidad». El proyecto de ley que obtuvo media sanción está en el marco de la emergencia que atraviesa nuestro país, y va en línea con las facultades delegadas por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva (27.541). Refleja que la voluntad de pago está, pero que «para poder pagar, el país necesita generar capacidad y para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrentamos», tal como afirmó el ministro Martín Guzmán. La gestión de la deuda también sigue los lineamientos establecidos en los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados por la ONU en 2015 y declarados de orden público en nuestro país, a través de la Ley 27.207. Entre ellos, la idea de que la negociación le dé sostenibilidad a la deuda y que siga el principio de «buena fe», basada en las «negociaciones constructivas (…) con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera». En estos días el gobierno dio a conocer el cronograma para la reestructuración de la deuda. Allí se determina la segunda semana de marzo como plazo para que los acreedores conozcan la oferta. Entre otros momentos de relevancia figura la segunda semana de febrero, cuando la autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía) presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública en el Congreso de la Nación. Un hito que respeta el principio de rendición de cuentas al Parlamento y que refuerza la idea de que este es un proyecto hecho en Argentina y para los argentinos y las argentinas. Suspensión del»Consenso» Fiscal El miércoles se sancionó la Ley del Consenso Fiscal, que ya contaba con la aprobación del Senado. Esta norma suspende hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del Consenso Fiscal firmado por las provincias en 2017 y 2018, a la vez que se posterga por un año el trámite de los procesos judiciales iniciados por las provincias firmantes contra el Estado Nacional, por la reducción de ganancias y eliminación del IVA a los alimentos. Cabe resaltar que, como mencionó una diputada, exgobernadora de provincia, la adhesión en 2017 no fue sólo por libre voluntad. Aquellas provincias que no firmaban no recibirían el Fondo Solidario (también denominado Fondo Sojero, que se suspendió a fines de 2018), lo que implicaba una disminución sustancial de recursos para dichas jurisdicciones y los municipios. Una de las principales condiciones del Consenso estipulaba que se iría disminuyendo la presión tributaria mediante la reducción de las alícuotas de determinados impuestos, principalmente ingresos brutos. La suspensión de esta condición generó grandes críticas por parte de la oposición en el tratamiento en Diputados, diciendo que llevaba a un aumento de la presión tributaria, y que ello generaba recesión y problemas a las empresas. Cabe citar que ninguna provincia está obligada a aumentar impuestos, sino que fueron liberadas de seguir bajándolos. Cada administración provincial, surgida del mandato ciudadano, tomará la decisión que considere más