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Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Web Fecha: 15 de agosto de 2020 Alberto Fernández no quiere terminar con la propiedad privada de los medios de producción; simplemente pretendía rescatar una empresa vaciada de modo fraudulento por sus propios dueños. El oficialismo no pretende terminar con las grandes fortunas en el país; solamente pretende convertir en ley una contribución de esos privilegiados al esfuerzo que todo el país está haciendo para enfrentar una complicada situación económica que es en parte producto de la pandemia, pero sobre todo la consecuencia de una política de despojo social y nacional promovida por el anterior gobierno. Un gesto y un aporte de las grandes patronales –dicho sea de paso- que, en otros países, éstas hicieron voluntariamente.  No se quiere terminar con el poder judicial sino reformarlo, de modo de hacerlo más justo y más accesible para los sectores populares. En todos los casos se trata de propuestas “minimalistas”, no guiadas por ideologías revolucionarias sino por un sentido básico de justicia social. Sin embargo, la respuesta de sus adversarios adopta un lenguaje de radicalidad que por momentos se acerca peligrosamente a un repertorio “antisistema”. Se promueve la ocupación de la calle en abierto desafío al sentido común que lo desaconseja en tiempos particularmente críticos de la lucha contra la pandemia. Se impulsa una política parlamentaria muy particular, que solamente acepta discutir en sesiones virtuales aquellos proyectos con los que están de acuerdo los diputados de la oposición. Es decir que el sistema virtual no es un problema, en la medida en que el ejecutivo no pueda avanzar con su agenda propia: un gesto imposible de ser fundamentado con razonamientos, es pura deslealtad política. La derecha agita la libertad, supuestamente conculcada por el gobierno del frente de todos, y practica lo que todos los manuales de ciencia política (inspirados casi de modo absoluto por una visión liberal) llaman “oposición desleal”. Así califica el liberalismo lo que, desde esa visión, se considera un trabajo de zapa contra la legalidad democrática, promovido desde visiones revolucionarias. Los (neo) liberales realmente existentes rechazan esa doctrina. Se han convertido, ellos mismos, en “antisistema”.  La élite de la derecha argentina sostiene, en su defensa, que el mandato que le dio su electorado es el de representar a quienes están en desacuerdo con el gobierno. El mandato vendría “desde abajo”, desde su electorado. Decía Gramsci “no es verdad que el peso de las opiniones sea exactamente igual. Las ideas y las opiniones no “nacen” espontáneamente en el cerebro de cada  individuo: tuvieron un centro de formación, irradiación, difusión, persuasión, un grupo de personas que las elaboró y las presentó en la forma política actual”. Es decir que Juntos por el Cambio es responsable de su conducta política. Entre otras razones porque su prédica y, sobre todo, su práctica de gobierno contribuyeron intensamente a la creación de este microclima antinacional y antipopular que hoy se expresa en la forma de la indiferencia por la vida de los argentinos y argentinas.  Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE  ¿Qué ocurre, mientras tanto con la otra élite argentina, la que se reivindica en términos democráticos-nacionales y populares? Son ostensibles los gestos que esa fuerza política realiza en la dirección de un apaciguamiento del clima de enfrentamiento en la sociedad argentina. El punto de partida de esta conducta no está en la gestualidad del presidente, sino en la decisión política y estratégica asumida por CFK en su discurso público del 18 de mayo del año pasado. Allí se evaluó la nueva realidad mundial, regional y nacional en la que estaría involucrado el gobierno argentino recuperado de manos de la derecha. La unidad amplia y plural no se planteó entonces en términos exclusivamente electorales sino también como condición de viabilidad y premisa de éxito de un gobierno cuya naturaleza sería de reconstrucción nacional después de un nuevo y vertiginoso desastre neoliberal: la coalición de gobierno deberá ser aun más amplia que la unidad electoral, se dijo entonces. De modo que a la intensidad rayana en el delirio del discurso de la oposición macrista se opone hoy no una radicalidad de signo contrario, sino un discurso de contención y convocatoria. Es natural que a muchos simpatizantes del frente de todos les moleste la gestualidad del presidente con su “gran amigo” Horacio Rodríguez Larreta, quien reprime duramente las manifestaciones callejeras que exigen el esclarecimiento de los crímenes macristas, mientras tolera gustosamente las expresiones violentas e intolerantes de su propia masa de apoyo. Pero el problema está en distinguir estados de ánimo legítimos de dolor o de impaciencia con estrategias y tácticas políticas. La pasión política es un componente esencial de un movimiento popular, pero solamente si se integra con los cálculos y las decisiones que, obligadamente, deben ser tomadas por la dirección del movimiento. Tanto en esta afirmación como en la cita de Gramsci, bien puede percibirse un aroma “elitista”. Más en un momento histórico en el que las élites políticas globales ceden su lugar de conducción a las grandes corporaciones financieras. Pero, hasta hoy, las experiencias “horizontalistas” de la política popular han terminado siempre en el vacío y la frustración. Y nada indica que de aquí en adelante puedan terminar de otra manera.   La intensidad irracional de la derecha –como siempre arropada por los monopolios de la información- tiene la apariencia de la fuerza. Grupitos de algunos cientos de personas producen hechos con un impacto comunicativo mucho mayor que el que suelen tener las multitudes populares más significativas. El clima de guerra civil en potencia que pretenden crear está lejos de representar el estado de ánimo de las mayorías. Duele, eso sí, ver el lugar social y político al que han ido a parar personas que, en otros tiempos, han hecho importantes aportes a la cultura y al pensamiento popular y que hoy compiten con pequeños personajes de la política para ocupar el lugar del ridículo social.  Nada de eso debería oscurecer la conciencia de que el

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la luna Fecha: 2 de agosto de 2020 El último miércoles 22 de julio, el juzgado número 13 del Tribunal Federal de Curitiba, a cargo del magistrado Luiz Antonio Bonat, condenó por conspiración, corrupción y lavado de dinero a Leonardo Meirelles. La pena estipulada por el juez fue de 40 años y 7 meses de cárcel, pero terminó siendo reducida –en el marco de la figura de arrepentimiento del imputado– a 4 años, con detención domiciliaria. Para acceder al beneficio de la delación premiada, Meirelles tuvo que brindar documentación probatoria de sus ilícitos, efectuados en sociedad con el máximo jefe de la distribución de sobornos de la empresa Odebrecht, Alberto Youssef. Durante las audiencias previas a que fuera comunicado el veredicto, los 9 imputados –entre los que estaban los hermanos Leonardo y Leandro Meirelles– escucharon los cargos y asumieron su status de informantes premiados. La inmensa disminución de la pena, en el caso del denunciante de Gustavo Arribas, fue concedida porque fue capaz de validar las transacciones ilegales efectuadas a diferentes destinatarios. Según uno de los abogados defensores presentes en las audiencias, no existe posibilidad de que Leonardo Meirelles fuese a falsificar los documentos entregados al juzgado, dado que esto implicaría la inmediata pérdida de su condición de arrepentido premiado. Para obtener la reducción de la pena, Meirelles tuvo que validar, ante la jueza federal suplente Gabriela Hardt y a quien la sucedió, Luiz Antonio Bonat, que las transacciones eran verídicas, so pena de perder el derecho a la reducción de la pena. Esa disposición incluyó la cesión de la documentación probatoria capaz de acreditar la totalidad de los desembolsos ejecutados durante los años que trabajó para Alberto Youssef, responsable máximo de coordinar los desembolsos del esquema de corrupción ligado a Petrobras y a Odebrecht. Para corroborar la veracidad de las delaciones premiadas, los abogados de los 9 imputados –incluido Leonardo Meirelles– debieron suministrar al Tribunal Federal de Curitiba las certificaciones de las transferencias bancarias y los resúmenes bancarios avalados por las autoridades financieras. Entre esa documentación, los abogados de los hermanos Meirelles proporcionaron los comprobantes de las comisiones recaudadas por su defendido (sufragadas por Alberto Youssef), luego de certificar que los sobornos habían sido depositados en las cuentas de los corrompidos, para garantizar la adjudicación de obras de infraestructura. Meirelles cobraba entre el 0,5 y el 1 % por cada transacción de soborno. Y en el expediente apilado en el Tribunal No 13, se acumulan los comprobantes de los pagos hechos por Youssef, correspondientes a cada giro realizado al exterior. Entre ellos figuran las 5 comisiones pagadas en retribución a las transferencias realizadas a la cuenta 373645-5 que Gustavo Arribas poseía/posee en la sucursal Zurich del Credit Suisse. En todos los casos, dichas transferencias fueron certificadas por el Standard Chartered Bank Hong Kong, desde la cuenta Meirelles RFY Import & Export Limited, bajo la numeración 313-0-025652-9. Uno de los abogados defensores presente en las audiencias certificó que en el expediente figuran –en forma detallada– las comisiones recibidas por Meirelles por las 5 transacciones giradas a Arribas, incluso la de 70.500 dólares que Arribas reconoce como recibidos. En una investigación realizada por los periodistas Fabio Serapião, Beatriz Bulla y Fausto Macedo para el portal Estadao, se reproducen los mensajes de la casilla de mail de Mauricio Couri Ribeiro, uno de los directivos máximos de Odebrecht, en los que se consignan las coimas relacionadas con la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En uno de ellos, de junio de 2010, se cita una reunión para debatir el pago de un soborno con Javier Sánchez Caballero, quien por entonces era director de IECSA. La información incluida en el expediente del  juzgado de Curitiba contiene documentación provista por la organización dedicada al relevamiento internacional del lavado de activos, The Financial Action Task Force (FATF), que intercedió para detectar las transacciones en diversas partes del mundo, en el marco de un acuerdo previo con la división de Fraude Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La trasnacional brasileña asumió frente a las autoridades de Washington que abonó a sus socios en Argentina un total de 2.900.000 de dólares en coimas y el “pago de retornos adicionales por aproximadamente 500.000 dólares a cuentas privadas”. La documentación remitida por FATF incluye el relevamiento de los giros hechos por Meirelles a la cuenta de Arribas, que los periodistas argentinos del portal El Disenso, Mariana Escalada y Agustín Ronconi, difundieron en enero de 2017. Gracias a la documentación cedida a la Justicia y aceptada como válida por el tribunal, los abogados de los hermanos Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Junior y Haroldo Nater, aceptaron de buena gana la condena y renunciaron a la apelación, situación que le permite a su defendido la obtención de la prisión domiciliaria por 4 años.  A pesar de las certificaciones bancarias aportadas ante el juzgado número 13, validadas por exhortos y las informaciones provistas por FATF, el ex jefe de la AFI fue sobreseido en Argentina. Según dos de los abogados de los condenados en Curitiba, dicho dictamen podría constituirse  en una clara muestra de cosa juzgada írrita, nominación con la que se define la posible (o necesaria) reapertura de una causa ante la aparición de nuevas evidencias procesales. En ese marco, la Justicia argentina debería explicar: Arribas reconoce haber recibido 70.500 dólares en su cuenta radicada en un banco suizo. ¿Cómo pudo acceder Leonardo Meirelles al número cifrado de la misma, en el Credit Suisse (cuyo titular es/era Arribas), cuando ese país dispone de un cerrado mecanismo de secreto bancario? Arribas aduce que dicha transferencia provino desde RFY Import & Export Limited, sucursal de Hong Kong, una cuenta catalogada por el juez Luiz Antonio Bonat como perteneciente a una empresa ficticia destinada íntegramente al pago de coimas, lavado de activos y evasión. El titular de la cuenta, como atestigua el exhorto solicitado por el Tribunal Federal de Curitiba a Hong Kong, es Leonardo Meirelles. Dictamen de sobreseimiento de Gustavo Arribas del 31 de marzo de 2017. Página 6. Arribas afirma haber recibido los 70.475

Fuente: Carlos Zanini | El Cohete a la Luna Fecha: 2 de agosto de 2020 En los últimos años en toda Latinoamérica se ha desplegado una fuerte ofensiva neoliberal para tratar de excluir del mapa político e institucional a líderes que expresan posturas favorables a la inclusión social, la disminución de la concentración económica en manos de unos pocos sobre el hambre de otros muchos, la soberanía política local y la amplia participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. La herramienta más usual ha consistido en rabiosos ataques mediáticos que precedían el urdido de causas judiciales y las decisiones tomadas bajo presión, miedo o convencimiento basado en prejuicios ideológicos, por jueces que han parecido obedecer libretos fraguados en los sótanos oscuros de los servicios de inteligencia (aunque los libretos se esparcieran desde el despacho mismo del Ministro de Justicia o desde las cercanías, si no desde el propio despacho Presidencial, como se ha visto). El amparo mediático pretende presentar ello como parte de una supuesta lucha contra la corrupción, incitando a obtener castigos ejemplificadores junto con la proscripción política de los supuestos autores. La secuencia, partiendo de una “investigación” supuestamente periodística, recala en la denuncia ante la Justicia, que dispara un proceso judicial verdaderamente kafkiano, para conjugarse con la construcción mediática de un escenario público de demonización del denunciado, desde donde el acontecer jurídico de normalización, si prospera, se presentará a la sociedad como “el triunfo de la impunidad”. Resultó central en esas operaciones mostrar cierta apariencia de legalidad para desprestigiar a la actividad política como tal, sobre la base de trasladar nombres, desde la política, que implica representación popular, a las páginas de policiales. Ese ha sido el mecanismo desplegado en América del Sur, contra ex Presidentes como Rafael Correa en Ecuador, Luiz Inácio “Lula” Da Silva en Brasil y a la ex Presidenta y hoy Vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y, últimamente, al depuesto Presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Esa herramienta se conoce por estas latitudes con un nombre en inglés, que resulta de la contracción de dos vocablos: ley (law) y guerra (warfare). Se trata en el decir periodístico cotidiano del “Lawfare”. El concepto viene de los manuales de estrategia militar. Me parece importante indicar la inconveniencia del traslado automático del concepto desde su plano original, la guerra, así sin más, a la política. Charles Dunlap Jr., General de División (R) de la USAF, inaugura la utilización moderna de este vocablo en 2001. Define la “guerra jurídica” como “el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional”. Y agrega que: “puede utilizarse la ley para socavar a los adversarios”. Como conclusión de su trabajo descriptivo del concepto, aconseja que, así como los comandantes están familiarizados con el concepto de preparación de inteligencia del campo de batalla, necesitan agregar la preparación jurídica a su lista de tareas pendientes, y “un elemento clave en esta iniciativa es el uso de los auditores”, así como “educar a las tropas sobre la guerra jurídica”. Como se ve, el concepto tiene una referencia específica a los conflictos militares, y constituye una de las respuestas al problema que presenta para las democracias modernas, tratar de obtener una base de apoyo público considerable para un conflicto armado aún limitado, sobre todo si los ciudadanos creen que la guerra se está llevando a cabo de una manera injusta, inhumana o inicua. Este nombre, trasladado sin más a la arena política, se adoptó como un neologismo que resume en una palabra un muy amplio conjunto de acciones persecutorias hacia los adversarios políticos. Pienso que basta una mirada un poco más detenida para advertir que llamar de ese modo a este accionar sistemático, un verdadero modelo de dominación y entretenimiento de la sociedad, es, por lo menos, benévolo. Así, ese nombre tapa la verdadera naturaleza de la implicancia política e institucional que tuvo y tiene esa práctica. Resulta equívoco llamar así al hostigamiento y la persecución de los adversarios políticos contrarios al establishment, concretado con la utilización profusa de los medios de comunicación y los servicios de inteligencia. Tratándose de una acción judicial violatoria de derechos básicos como el estado de inocencia, el derecho a la defensa en juicio, la prohibición de la creación de tribunales especiales y el derecho al debido proceso y al imperio de las leyes, no constituye una guerra precisamente jurídica. Paradójicamente, a medida que se van develando los tramos más escabrosos de esa ilegal persecución, los medios de comunicación dominantes pretenden presentar el ejercicio de la defensa en juicio como “ardides” o “chicanas”, y la aplicación correcta de las leyes y el respeto a los derechos consagrados constitucionalmente como una supuesta consagración de la impunidad. En la Argentina, fueron muchas las normas violadas en los últimos cuatro años para poder dar forma a esta persecución. En cualquier resumen que se practique de los ejemplos locales, se verá que buena parte del Código Procesal Penal Nacional se tornó letra muerta. Lo que es aún más grave, para llevar adelante ese accionar debieron dejarse de lado garantías consagradas en la Constitución de la Nación Argentina y en los pactos internacionales que la integran. No se trata de una guerra jurídica. Es una violación de las leyes y de las más elementales garantías constitucionales. Está claro que los mecanismos de dominación y disciplinamiento aplicados contra opositores en la República Argentina, que han consistido básicamente en violaciones a la ley y al texto constitucional, no pueden ser benévolamente asimilados a aquella definición que hace Dunlap del término “Lawfare”. Al contener el anglicismo un vocablo que refiere a la “ley”, da la equívoca idea de que se trata de una “guerra jurídica”; cuando la guerra, si es que la hay, es contra el imperio del Estado de Derecho. Es decir, antijurídica por definición, en cuanto se desarrolla violando toda normativa. El linchamiento mediático que expone una política como corrupción, busca confirmación en personeros

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 2 de agosto de 2020 Apenas había aterrizado, y sin siquiera haber caminado por las calles del viejo continente, Mauricio Macri afirmó: “acá se vive en libertad y con responsabilidad”. El mensaje de siempre, previo a comenzar una cuarentena de 14 días en París, antes de ir a las oficinas de la FIFA en Suiza. Seguramente el ex presidente no había alcanzado a leer las noticias que provenían de Reino Unido, que acaba de anunciar un endurecimiento de las restricciones en varias ciudades de Inglaterra. Es más, allí el primer ministro, Boris Johnson, pidió una mayor disciplina ante la pandemia: “La única manera de controlar el coronavirus es si colectivamente se obedecen las reglas de distanciamiento social y se trabaja de modo unificado para contener el virus. Lo que le digo a la gente es: no pierdan el foco, no pierdan la disciplina, observen las guías de las autoridades y si tienen síntomas, háganse un test”. No hay que perder de vista que es un Estado con más muertes que cualquier país dentro de Europa y uno de los que posee más infectados a nivel mundial. Junto con Brasil y Estados Unidos, son tres de los que más enfáticamente minimizaron la pandemia. En paralelo, los impactos económicos se siguen acumulando, por culpa de la pandemia, no por el aislamiento social. En Estados Unidos, se conoció el dato del PIB del segundo trimestre, mostrando una caída del 9,5% contra el trimestre previo. Es la más alta desde que se tienen registros oficiales continuos (1947), aunque sería la mayor al menos desde 1875. El efecto es devastador por donde se lo mire y está lejos de haber terminado. Volviendo a Francia, según Eurostat, el PIB del segundo trimestre cayó un 13,8%, sólo superado por España (18,5%) y Portugal (14,1%). El promedio de caída de la Unión Europea es del 11,9%. Las “periferias”, claramente, suelen ser las que relativamente se ven más afectadas. América Latina es hoy en día el principal foco de la pandemia. En México, tercer país con mayores muertes a nivel global, el PIB cayó un 17,3% en el segundo trimestre. Según las proyecciones de la CEPAL, en México la actividad económica caería 9%, en Brasil 9,2% y en Argentina estaría en valores similares: 10,5%. Los impactos económicos serán generalizados. Sin embargo, es fundamental valorar todo lo que se ha hecho en nuestro país para tratar de que el sistema sanitario esté en condiciones de seguir dando respuestas, como ha ocurrido hasta ahora. Es importante también seguir ampliando el margen de acción y los recursos públicos para poder hacerlo de la mejor manera. La capacidad de respuesta de los países centrales es muy elevada. La semana pasada comenté acerca de la aprobación en Europa de un paquete de 750 mil millones de euros para apoyar la recuperación entre 2021 y 2023, financiado con la emisión de un bono conjunto. Además, se acordó tratar la puesta en marcha de nuevas formas de obtención de recursos fiscales. Entre ellos, un tributo sobre los residuos plásticos no reciclados, un impuesto digital, y uno sobre las transacciones financieras. Estados Unidos ha implementado un paquete fiscal cercano a los 3 billones de dólares, un 14% del PIB. Esto no ha impedido la caída de la economía, en medio de ciertas restricciones, pero ha tratado de atenuar los impactos en las familias y las empresas (sin considerar los sectores que no están formalizados, que tienen limitaciones para acceder a las ayudas). En la región los márgenes de maniobra son muchísimo más acotados y se parte de una situación de fragilidad estructural. Según el último informe de Oxfam, todos los países aplicaron estímulos de diverso grado, que en conjunto llegan al 2,7% del PIB. Ninguna semejanza con lo que ocurre en los Estados desarrollados. Los países de América Latina no emiten moneda convertible internacionalmente, como sí lo hacen Estados Unidos y la Eurozona, y si bien es posible en algunos casos acudir a los mercados financieros, no hay que perder de vista que las cargas pesarán sobre las generaciones futuras. Por eso, en el actual contexto, una alternativa concreta de corto plazo proviene del componente redistributivo que aporta la vía fiscal. Hay que partir de la base de que los sectores más ricos no se ven tan expuestos a las consecuencias de la pandemia, e incluso en la actual coyuntura hay grandes empresas que incrementaron fuertemente sus ganancias desde principios de año. Oxfam sostiene que en la región, “mientras que todos los demás están viviendo con órdenes de confinamiento, tratando de sobrevivir y con el temor de enfermarse, los milmillonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia”. En línea con muchos de los planteos que se escuchan a escala global, Oxfam propone reformas fiscales de urgencia. Entre ellas un impuesto a los resultados extraordinarios que han obtenido algunas de las grandes corporaciones durante la pandemia. En este caso, es “recuperar una iniciativa que ya estuvo en marcha en tiempos de guerra en Estados Unidos, Reino Unido o incluso en España. Un impuesto a los resultados extraordinarios por efecto de la pandemia, que grave al 95 % solamente el tramo de utilidades o resultados enteramente consecuencia de esta crisis”. También refiere a la necesidad de aplicar un impuesto a las grandes fortunas y patrimonios, que podría ser “un mecanismo impositivo de urgencia y solidaridad aplicable durante varios años o por una sola vez, como ya se está avanzando en Argentina”. Una mención que no hay que pasar por alto. Como ocurre en toda la región, nuestro país atraviesa una crisis económica agravada por la pandemia y se requieren decisiones importantes. En la semana se avanzó en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la ampliación presupuestaria para lo que resta del año. En el informe de la situación fiscal que preparó el Ejecutivo se muestra el frágil punto de partida, y el impacto que hasta el momento