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Fuente: Tali Goldman | Nuestras voces Fecha: 29 de JULIO 2017 La tensión entre el Ministro de Justicia, Germán Garavano y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj ya no puede ocultarse. Rumores de renuncia, pases de factura, desautorizaciones en público y peleas por falta de presupuesto son algunos de los temas que atraviesan esta tensa relación. El punto álgido de la contienda entre ambos llegó en marzo cuando Garavano aprovechó un viaje de Avruj y le ocupó su oficina. A su regreso el Secretario tuvo que mudarse obligado. En lo único en lo que coinciden es en su deseo de que Milagro Sala siga presa. En su portada del lunes 24 de julio, el diario La Nación titulaba “El Gobierno mudará el Ministerio de Justicia al predio de la ex Esma”. Allí el ministro de Justicia, Germán Garavano, informaba que las gestiones ya estaban avanzadas y que el traslado al predio donde funcionó el centro clandestino de detención más emblemático durante la última dictadura cívico-militar ya era un hecho. Pero la mudanza, más allá de lo que implica, desnuda una interna feroz que ya es vox populi entre el mundillo de la justicia y los derechos humanos: Germán Garavano y Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos, son los protagonistas de una guerra fría que ya no les interesa ocultar. En la nota de La Nación, Garavano tiene un objetivo claro. Dejar en evidencia que su ministerio comprende tanto la de Justicia como la de Derechos Humanos. “Según el ministro, ‘es frecuente que se olvide’ que su cartera es de Derechos Humanos y no sólo de Justicia, y su idea es ‘devolver ese equilibrio’», explica la periodista de la nota. Y no es casual. Lo cierto es que el buen vínculo que supo tener Avruj con los organismos de derechos humanos, que viene de la época en la que ocupaba la misma cartera en la Ciudad, está cortado. Si bien aún existe diálogo, después del escandaloso fallo del 2×1 –que primero apoyó y después tuvo que desdecirse tras la reacción popular–, ya perdió legitimidad entre los organismos. Y eso Garavano lo sabe y lo aprovecha. Por caso, en la reunión que mantuvieron hace dos meses con los organismos de derechos humanos para, justamente, hablar sobre el futuro traspaso del ministerio al predio de la ex Esma, Garavano no hizo menos que desautorizar a Avruj adelante de todos. Los organismos llevaron con cierta preocupación algunas ideas que había manifestado públicamente el secretario de derechos humanos como transformar a la exEsma en un “Centro cívico de Derechos Humanos de Latinoamérica” o sacar las rejas del predio para hacerlo más “amigable a la gente”. En declaraciones a la agencia oficial Telam, Avruj había declarado que su objetivo era rediseñar el predio “para que sea un espacio verde alrededor de los edificios y abierto a la ciudadanía”. Los organismos planteaban que el objetivo de Avruj era “desvirtuar” el contenido y el objetivo principal del predio que es nada menos que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Quédense tranquilos”, aclaró Garavano delante del ministro, “con el traspaso yo vengo a jerarquizar este espacio y vamos a hacer solo cuestiones de Justicia y Derechos Humanos”. En el entorno de Avruj aún anhelan que su cartera deje de depender del ministerio de Justicia y pase a la órbita de la jefatura de gabinete, como sucedía en la Ciudad. Tenían las esperanzas puestas en que entrara en el combo con los últimos cambios en el gabinete nacional, pero todo se desvaneció de un plumazo. El secretario de Derechos Humanos aún recuerda con cierto placer cuando en la ciudad no tenía a nadie por encima. “A él no le gusta ser el segundo de nadie”, explica una persona que tuvo trato cotidiano cuando trabajaba en la Ciudad. El origen de la pelea, como siempre, tiene un único motivo: el presupuesto. La secretaría que comanda Avruj no tiene ni caja ni firma propia. Es decir, tanto una designación como el pedido de productos de limpieza, tienen que ser aprobados por Garavano. Ninguno es tonto, y con estas cartas sobre la mesa, ambos saben poner en jaque al otro. Pero también ambos saben el peso y la banca que tiene el otro. Avruj es un hombre de línea directa con el Presidente, es habitué en los partidos de fútbol que organiza Macri en Olivos y todas sus declaraciones públicas vienen directamente de Balcarce 50. Garavano, en cambio, mantiene cierta autonomía. Si bien tiene el respaldo, sobre todo, de Marcos Peña, es un hombre que proviene del mundo académico y con vínculos que exceden al Pro. Apenas asumió el gobierno de Cambiemos, en diciembre de 2015, el ministerio de Justicia tuvo su primer gran conflicto. Como durante la campaña el propio Mauricio Macri le había hecho promesas al referente de la comunidad qom, Félix Díaz, que sus reclamos iban a ser oídos, cuando llevaba unos pocos días ocupando el Sillón de Rivadavia, dio la orden de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pase del ministerio de Desarrollo Social al de Derechos Humanos. Pero desde ese día y durante un año y medio los casi 300 trabajadores que se mudaron de órbita estuvieron reclamando que les adecuaran el sueldo correspondiente. Hicieron panfletos, paros, asambleas, tuvieron reuniones con todos hasta que finalmente, después de varios meses, los recibió Garavano. “Vayan y tomen la secretaría de Derechos Humanos”, dijo sin pelos en la lengua el ministro, en una mesa que compartían trabajadores y funcionarios. Todos lo miraron desorbitados y entendieron que la guerra estaba declarada. Pero lo mismo ocurrió a la inversa. Cuando el conflicto ya no encontraba cauce y las resoluciones estaban frenadas, los trabajadores decidieron hacer un escrache en el ministerio de Justicia. Los asesores de Avruj tenían una sonrisa que no les entraba en la cara. La falta de diálogo entre Garavano y Avruj era tal, que el conflicto terminó de resolverse luego de un fin de semana en el que ambos coincidieron en un “timbreo” de

Fuente: Adrián Murano | TiempoAr Fecha: 29 de JULIO 2017 Con un documento histórico y rotundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio 15 días al Estado argentino para que Milagro Sala salga de la prisión de Alto Comedero, donde lleva más de un año privada de su libertad. El documento retoma la investigación que un grupo de trabajo de Naciones Unidas realizó en Jujuy. La cautelar hace referencia a esa tarea, convalida sus conclusiones y exige la liberación de la dirigente social. «El Estado Argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales, se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata», dice el artículo 45 de la medida cautelar. La contundencia de la resolución obligó al gobierno a desplegar toda su artillería mediática para manipular los hechos a gusto y necesidad. A través de sus medios afines, el macrismo buscó imponer que «la CIDH recomendó que Milagro siga presa, aunque en su domicilio» (Clarín) y «que pase a prisión domiciliaria» (La Nación). Ambas afirmaciones son falsas. Al tratarse de una medida cautelar, la resolución no aborda la cuestión de fondo —si Milagro está bien o mal detenida—, sino las consecuencias físicas y psicológicas de los apremios que sufre desde que está en prisión. En ese sentido, la resolución detalla los abundantes indicios de maltrato y llega a un desenlace implacable: “La Comisión concluye, al valorar la integralidad de la situación planteada desde el estándar de prima facie, que el requisito de gravedad se encuentra cumplido, al encontrarse en riesgo los derechos a la integridad personal y a la vida de la señora Milagro Sala.» Es por esa situación de riesgo que la comisión insta al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad» de la dirigente. Lejos de ser una recomendación, como sugirió el gobierno de Cambiemos, la comisión describe algunas «medidas alternativas a la prisión preventiva» que el Estado podría adoptar para cumplir con la resolución. Una es el arresto domiciliario. Otra, «que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica». En ningún párrafo del documento la CIDH recomendó que «Milagro siga presa», como inventó el periódico ultraoficialista Clarín. En efecto, en el punto 48.6 la CIDH considera que el hecho de que Milagro «continúe privada de su libertad» a pesar de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, «constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social». O sea: la CIDH cree que hay elementos para considerar que Milagro es una presa política. Como se consigna en el documento, Milagro fue apresada el 16 de enero de 2016 por realizar una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. En las formas, la orden de detención fue emitida por un fiscal. Pero la decisión fue del entonces flamante gobernador, el radical Gerardo Morales, que acumuló volúmen político aplastando a una de las líderes sociales más potentes y, por lo tanto, odiadas por el establishment local. Miembro pleno de Cambiemos, Morales forjó su autocracia al amparo del Ejecutivo nacional: destruyó la obra de la Tupac, cooptó organizaciones sociales, nombró jueces adictos y sembró un régimen que domestica a base de billetes y persecución judicial. Los atropellos de Morales recibieron el repudio de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos del mundo, como Human Right Watch y Amnesty International, quienes identificaron a Sala como una presa política. El informe de la CIDH hace una referencia en la misma dirección: «La Comisión ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición». Argumentos similares expusieron, en octubre pasado, los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de «arbitraria» la detención de Milagro Sala. Fiel a su estilo pendenciero, Morales replicó con una provocación: «A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana. Si los organismos afirman que se viola un derecho, lo que tendrían que hacer es actuar inmediatamente, deberían venir con premura», dijo Morales. Los organismos tomaron el consejo. Delegaciones de la ONU y la OEA estuvieron en Jujuy, comprobaron las condiciones de detención de Milagro, revisaron expedientes y emitieron documentos que detallan el hostigamiento del régimen y piden el cese de la detención. A conclusiones idénticas llegó la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien hace ya tres meses remitió a la Corte Suprema un dictamen donde solicita que se deje «sin efecto» la detención de la dirigente, a la que calificó de «ilegal». Atenta a los intereses políticos del gobierno, la Corte mantiene en suspenso su decisión. En los hechos, esa dilación prorroga el «hostigamiento» que pone en riesgo la «vida y la integridad» de Milagro, según las propias palabras de la CIDH. La resolución de la comisión, sin embargo, podría empujar a la Corte a tomar una decisión, para no quedar expuestos como cómplices de atropellos que suman repudios en el mundo. El gobierno espera, también, que la Corte resuelva el asunto para reducir el costo político que puede sufrir frente a sus fanáticos. Esa fracción de oficialistas, guiada por el odio anti K, considera que las acusaciones contra Milagro son caso cerrado y cree que está «bien presa». Los propios Macri y Morales alentaron esa demonización, que contradice el principio de presunción de inocencia, para hacer uso político de «la grieta» y debilitar a las organizaciones sociales. Si la Corte resolviera que Milagro debiera cumplir prisión domiciliaria, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro: mantendrá detenida a una de las dirigentes que más detesta, pero podrá decir que cumplió con la

Fuente: Aram Aharonian* | Nodal Fecha: 28 de JULIO 2017 Finalmente, el gobierno macrista avanzó contra el único director opositor del Banco Central, el jurista Pedro Biscay y el miércoles 27 de julio oficializó su remoción por “mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Obviamente, el objetivo de su salida forzada fue la de silenciar e invisibilizar su opinión sobre la política monetaria y cambiaria, la que había cuestionado públicamente por su alto nivel de endeudamiento en detrimento del empleo y desarrollo económico con equidad social. “No están dispuestos a tener una voz crítica en el directorio del banco”, afirmó Biscay. La remoción de Biscay refleja la falta de pluralismo y las actitudes antidemocráticas del gobierno de Macri, que en plena campaña para elecciones parlamentarias, el día antes había perdido una dura batalla en el Congreso al no lograr la expulsión del diputado Julio de Vido, exministro de Planificación del gobierno kirchnerista. Pensamiento único, mensaje único El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El mismo, elimina el imprescindible control social democrático de una entidad clave para la sociedad, como es el banco Central y es interpretado por los analistas argentinos como una muy seria persecución política e ideológica La decisión contiene falsedades y refleja el autoritarismo con que se maneja Macri y su gabinete. En la Reserva Federal de EEUU y en los bancos centrales europeos, los Directores hacen públicas sus opiniones, muchas veces disidentes respecto a las políticas a seguir. El mal desempeño no es de Biscay sino de quienes con sus políticas a partir de diciembre de 2015 han aumentado la inflación , provocando inestabilidad monetaria y financiera, generando una recesión, aumentado el desempleo y la exclusión social, en abierta violación al artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, señaló el anterior presidente del mismo, Alejandro Vanoli. Precisamente, el ministro Dujovne informó a la Oficina Anticorrupción que posee un patrimonio de 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones están afuera del país, pero pareciera no tener interés en retornarlos, en medio del “clima de confianza” que según él impera en la Argentina a partir de las políticas macristas. El 10% de su patrimonio (alrededor de 600 mil dólares), dice la Agencia Paco Urondo, son ganancias de su compras de dólar a futuro y las devaluaciones producidas por su gobierno.. Biscay, abogado de 38 años, había sido designado en agosto de 2014 por el Congreso y tenía mandato hasta 2019. Acallando a Biscay, el gobierno pretende tener una voz monocorde (un mensaje único) . “Mala conducta tienen aquellos que no defienden los destinos de la patria”, afirmó Biscay, quien sostuvo que “no hay pruebas que determinen el mal desempeño”. Anteriormente, el jurista fue coordinador del área Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es reconocido como uno de los más serios expertos en la materia en Latinoamérica. Biscay —único Director en ejercicio elegido por el Senado de su país y con un mandato hasta septiembre de 2019— adelantó que iniciará una demanda por entender que “hay una interferencia manifiesta de la independencia del Banco Central” donde dijo que “la gestión del presidente del Central (Federico Sturzenegger) es totalitaria”. El gobierno acusó a Biscay de realizar “afirmaciones que ponen en riesgo los objetivos establecidos” en la Carta Orgánica del Banco, “particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas”. En los últimos meses, el abogado había publicado una serie de artículos en los que analizaba la política económica y monetaria del gobierno y advertía la posibilidad de una crisis, que vive ya el país, cuando el valor del dólar alcanzó su máximo histórico y la inflación sigue avanzando. “Esta situación demuestra que el país atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democráticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepción, donde la ley deja de ser la pauta de actuación de los servidores públicos. Y pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurídicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrática”. El poder fáctico local se subordina al gobierno global de las multinacionales. No admite oposición parlamentaria o en algún organismo del Estado; la aspiración del gobierno es avanzar en una nueva enajenación de empresas públicas de carácter estratégico, entre ella la industria satelital y nuclear. ¿También van a sancionar a la OCDE? El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los firmantes de la destitución, señaló que “no hay ninguna cuestión rara, con lo cual no hay ninguna razón para la victimización que tanto les gusta”. El presidente de la comisión de Finanzas de Diputados, el macrista Eduardo Amadeo, aseguró que “la libertad de expresión es absoluta”, y señaló que el ex funcionario fue “extremadamente imprudente” con sus declaraciones: “Habla de crisis todo el tiempo, del dólar, ha sido extremadamente imprudente”, aseveró. El propio Peña sería responsable por no denunciar oportunamente las expresiones “poco prudentes” de Biscay, ya que así lo establece clara,mente la ley 25.188 de ética pública y sus normas complementarias. Es Peña quien pone en evidencia que la críticas hechas por Biscay son veraces y no sus falsas repetidas afirmaciones de que “no hay nada que preocuparse” con la escapada del dólar en los últimos días. El reconocimiento público de Peña es que han sido “muy sensibles” las críticas hechas por el removido funcionario ya que “Argentina que tiene tanta memoria de las crisis, la gente siempre está mirando el dólar y las tasas de interés”, Si el decadente funcionario está tan seguro de la “excelente” gestión de Sturzenegger al frente del Banco Central. ¿por qué teme tanto a las opiniones

Fuente: Mariana Escalada & Agustin Ronconi | El Disenso Fecha: 28 de JULIO 2017 Título completo: Macri a cada reunión que va se encuentra con un delincuente: en Misiones se fotografió junto a un narco condenado Macri se fotografió junto a un traficante de droga en Misiones. En esta investigación exclusiva de El Disenso te contamos junto a quien sonríe Macri en la foto que ilustra esta nota. Se trata de Carlos Patricio Vedoya, condenado por tráfico de estupefacientes a 6 años de prisión por la doctora Badaro, pero Vedoya también estuvo involucrado en el doble homicidio de El Acuerdo junto a su hermano Patricio, y el tiroteo de Cocomarola entre otros delitos. Hoy Macri estuvo en Misiones y aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a referentes locales. Luego del escándalo en Tucumán donde compartió escenario y presentó como “ejemplo” y “referente de la juventud” a Agustín Romano Norri, denunciado por acoso sexual y que ese mismo día realizó escandalosas declaraciones respecto a Eva Perón a quien trató de “puta” arengando “Que viva el cáncer», hoy en Misiones se encontró con un traficante de estupefacientes que fue condenado a prisión por 6 años y que estuvo imputado y detenido por un doble homicidio. En la causa caratulada: “VEDOYA, CARLOS PATRICIO Y OTROS S/TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES”, Expediente Nº 301/04, Carlos Patricio Vedoya, comerciante y ganadero, fue condenado por la Jueza Lucrecia M. Rojas de Badaro a la pena de 6 años de prisión y el pago de una multa de $500 por haber sido encontrado culpable del delito de transporte de estupefacientes. En esa oportunidad, Vedoya, que viajaba junto a Jorge Ayala, Rodolfo y Ricardo Caferatta, fue detenido en la ruta provincial 41 de Corrientes por Gendarmería, que comprobó que en la camioneta Ford F-150 transportaban 20 kilos de marihuana. Al pedirle los oficiales que abrieran los bultos en la caja, Vedoya, que estaba al volante, se dio a la fuga pero fue interceptado y detenido por los uniformados. Los investigadores trabajaron sobre la hipótesis de que la marihuana secuestrada se cargó en la estancia de los Vedoya en el límite con Misiones. Carlos Patricio Vedoya ya había estado involucrado en el tiroteo de Avenida Cocomarola en Posadas, donde resultó herida una transeunte que pasaba por el lugar. En esa oportunidad fue el juez José Luis Rey quien indagó a Vedoya por los delitos de “abuso de armas en concurso con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego». Respecto al doble homicidio de El Acuerdo, es un hecho reciente que aún se encuentra investigándose pero el 13 de mayo pasado, el juez Fernando Luis Verón, dictó la prisión preventiva para Martín Vedoya, hermano de Patricio, sospechado de haber tomado parte en el doble homicidio de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra, ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2016. Patricio Vedoya fue imputado y detenido por el doble crimen de El Acuerdo en diciembre pero luego la causa fue avanzando y de acuerdo a declaraciones del propio Vedoya, el juez Verón considera que su hermano Martín es el ideólogo del crimen. El pasado 27 de junio, Vedoya asumió como nuevo presidente de Guaraní, equipo de fútbol de Misiones. Durante la visita de Macri, el helicóptero presidencial utilizado partió desde la cancha de Guaraní y Vedoya ofició de anfitrión del primer mandatario. Al papelón de haber compartido escenario y presentado como “ejemplo para la juventud” a Romano Norri en Tucumán, y al escándalo de la narcoreferente misionera de la juventud del PRO detenida con 5 kg de cocaína en Brasil, ahora se suman las fotos con Vedoya. Links relacionados: Macri compartió escenario con referente de Cambiemos denunciado por acoso que hoy dijo que “Evita es puta” y “Viva el cáncer” Para Duran Barba con cariño: detienen a referente de Cambiemos por narcotráfico