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La ciber entrega de las Malvinas

Fuente: Jorge Elbaum | elcohetealaluna.com Fecha: 14 de enero 2018 Mientras permanecen como ignoradas las causas de la desaparición del ARA San Juan y el destino de sus 44 tripulantes, el canciller argentino, Jorge Faurie, manifestó recientemente que “las relaciones bilaterales (con el Reino Unido) comenzaron a cambiar (…) el 10 de diciembre del 2015, con una nueva orientación que busca enriquecer el nivel de relacionamiento”. La permanente omisión de la cuestión de Malvinas ha sido una constante del gobierno de Cambiemos. Es harto probable que Mauricio Macri no sea recordado como un presidente comprometido con causas patrióticas, pero su nombre perdurará, sin dudas, en los anales del Foreign & Commonwealth Office —el ministerio de relaciones exteriores británico—, como uno de sus más conspicuos facilitadores y aliados del primer cuarto del siglo XXI. El 17 de septiembre de 2017, Horacio Verbitsky difundió en Página 12 algunos pormenores de la visita a nuestro país del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de los acuerdos alcanzados con el gobierno de Cambiemos. Entre los integrantes de la comitiva de empresas que acompañaron al líder del Likud, partido de la derecha gobernante, figuraba el NSO Group, fundado en 2010 por mayor general Avigdor (Janusz) Ben-Gal, quien fuera anteriormente presidente de la empresa estatal Industrias Aeronáuticas de Israel, mandataria de la corporación Rafael Advanced Defense Systems. NSO Group es una de las tantas start-ups generadas a partir de una decisión militar de desarrollo enfocada al área del software estratégico, con base en la célebre Unidad 8200: una entidad de las fuerzas armadas israelíes fundada en 1952, dedicada a la ciberseguridad y ubicada en las cercanías de la ciudad de Beersheva, en el desierto del Neguev. Caballo de Troya En enero de 2015, la Corte Suprema de Panamá anunció el resultado de una investigación sobre espionaje en la que se acusó al ex presidente panameño Ricardo Martinelli de monitorear mediante el malware Pegasus —malware es un programa o código malicioso concebido para dañar un sistema, como los virus y troyanos— a más de cien políticos, periodistas, embajadores y empresarios. A raíz de esa denuncia, el ex presidente fue detenido el 12 de junio de 2017 en Miami y permanece en esa condición, a la espera de una extradición reclamada por la justicia panameña. Dos de los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, tienen pedido de captura internacional por el caso Odebrecht. A ambos se los acusa, además, de lavado de dinero producto de sobornos y de la utilización del mismo software de vigilancia, Pegasus. El 19 de junio de 2017 el New York Times (NYT) reveló que el gobierno mexicano y diferentes empresas privadas de ese país desarrollaron acciones de espionaje mediante Pegasus contra periodistas, políticos de la oposición, integrantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evaluaban la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa. La administración de Peña Nieto había adquirido el software espía a través de la Procuración de la Nación, por un monto de 32 millones de dólares, el 29 de octubre de 2014. Según los datos revelados por el NYT, entre los vigilados se encontraban también diversos periodistas, entre ellas una de las más renombradas de ese país, Carmen Aristegui, y varios activistas relacionados con el fomento de impuestos sobre las gaseosas azucaradas, que sufrían la franca oposición de la empresa Coca-Cola. La fuente principal del artículo periodístico del NYT fue el dossier difundido por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, uno de los centros más rigurosos en el monitoreo de las políticas contra la privacidad. Su trabajo se titula “Espionaje gubernamental: monitoreo sistemático de periodistas y defensores de derechos humanos en México”. Uno de los “productos” de NSO Group es la aplicación de intrusión y vigilancia de celulares, computadoras y bancos de datos que empezó a ser comercializado internacionalmente en 2011, permitiendo la gestión remota de la información recopilada. NSO Group vendió un setenta por ciento de su paquete accionario en 2014, por un monto de 140 millones de dólares, a un fondo de inversión denominado Francisco Partners, que al momento de la adquisición aceptó los requerimientos de las políticas de seguridad israelíes, que exigen la continuidad operativa de la gestión de este tipo de empresas (y de la ubicación de sus servidores) en la misma ciudad donde se originó, es decir, en Hertzlía Pituaj, veinte kilómetros al norte de Tel Aviv. La presentación corporativa de NSO Group anuncia, desde sus orígenes, que comercializa su software únicamente a agencias gubernamentales dispuestas a enfrentar el crimen organizado y al terrorismo. ¿El lema de la empresa? “Hacer del mundo un lugar más seguro”. Uno de los accionistas de Francisco Partners es el fondo de inversión Elliot Management, uno de los denominados “fondos buitre”. Elliot esta administrado por Paul Singer, que en 2016 logró, gracias al gobierno de Cambiemos, la cobranza de los bonos “basura”, reclamados infructuosamente durante el kirchnerismo. El aporte de Cambiemos a dichos “fondos buitres” incluyó intereses usurarios y cuantiosas comisiones por un monto cercano s los 12.000 millones de dólares. Elliot Management y Francisco Partners adquirieron —gracias a las ganancias exorbitantes concedidas por Macri— el porcentaje mayoritario de la trasnacional de computación DELL y de la empresa dedicada a “combatir” virus informáticos, conocida como Symantec, logrando de esta manera la ubicación en los dos extremos de la vigilancia de internet: la producción de malwares y el software elaborado para combatirlo, como es el caso de Symantec. Francisco Partners posee oficinas en Londres, donde participa —gracias al aporte de uno de sus programas estrella, Pegasus—, de la red de compañías cooperantes del GCHQ, Government Communications Headquarters, la agencia gubernamental británica de inteligencia, dedicada a la ciberseguridad y la ciberdefensa. El sable del cielo El 29 de octubre de 2015, los gobiernos del Reino Unido y de Israel informaron conjuntamente una alianza estratégica orientada a la ciberseguridad. El acuerdo incluye la cooperación para la compilación y examen de información geoestratégica, el relevamiento de contingencias, el análisis de big data (orientado a descubrir patrones ocultos)

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“A un sector de la Justicia el derecho no le interesa”

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 14 de ENE 2018 “Vamos camino a una amnistía, tarde o temprano. Aquí no hay nada jurídico. No es una cuestión de derecho ni de justicia. Es una cuestión de poder. A este sector de la justicia no le interesa el derecho como no le interesaba al juez Botet. Hemos iniciado un largo camino hacia una amnistía, que es como siempre terminan las persecuciones políticas.” El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema, realizó este durísimo diagnóstico sobre el proceso judicial de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Hoy se cumplen tres años de aquel 14 de enero de 2015 cuando Alberto Nisman presentó la denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros dirigentes. La referencia es al juez Luis Botet, que en 1956 armó el proceso contra Juan Domingo Perón por traición a la patria y asociación ilícita. Este es el diálogo de Página|12 con Zaffaroni. –La realidad es que hoy hay personas presas por el Memorándum: Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y también Cristina Kirchner, si no tuviera fueros y Héctor Timerman, si no estuviera enfermo. ¿Es razonable que estén personas privadas de su libertad por el delito de encubrimiento agravado, una vez que descartaron la traición a la patria? –Antes de cualquier valoración jurídica, debo advertir que no tiene ninguna importancia práctica inmediata. Todo lo que digamos desde el derecho, para un sector de la justicia carece de sentido, porque lo que se juega es simplemente poder. Para ese sector ya no interesa el derecho, como no le interesaba al juez Botet en los años cincuenta. Esto es un simple problema de poder, que trasciende a la Argentina. Nos metimos en problemas en los noventa, problemas que eran totalmente ajenos a nosotros y que nos costaron dos crímenes terroristas y muchos muertos. Luego, la administración demócrata de los Estados Unidos comenzó a negociar con Irán para resolver un riesgo nuclear. Benjamin Netanyahu pasó por encima de Barak Obama y habló en el Congreso norteamericano contra esa negociación y mencionó el caso del atentado en la Argentina. No he hablado con Timerman de esto, pero seguramente la sugerencia de que se hiciera algo para mover la causa paralizada vino de la gente de Obama, y ahora los republicanos y otros intereses, todos ajenos a nosotros, están moviendo estos procesos contra los funcionarios nuestros que promovieron el memorándum para destrabar la causa. Aquí no hay nada jurídico, el derecho no tiene nada que ver, es poder puro, lucha de poder e intereses, demasiado poderosos y extraños a nosotros. En eso, como en otros procesos por supuestas corrupciones a lo Botet, hay un sector de la justicia que se presta a la revancha política pura y simple. Hemos iniciado un largo camino hacia una amnistía, que es como siempre terminan las persecuciones políticas. A la larga terminan así, nos cuesta a los contribuyentes pagar reparaciones por los daños causados y, además, si algún corrupto en serio hay entre los perseguidos, lamentablemente se beneficia también con la amnistía que, por mandato constitucional, siempre debe ser “general”. En esto no valen razones jurídicas, si las mencionamos será por su importancia futura, cuando este momento pase, los que hoy callan se rasguen las vestiduras jurando que no se daban cuenta de lo que sucedía, que no sabían nada, y haya que ajustar cuentas con los responsables de las aberraciones y reparar los daños personales y sociales que hayan cometido. Pero ahora, cualquier razón jurídica es inútil, no habrá instancia judicial nacional que la escuche y a las internacionales les niegan valor. Estamos viviendo la crisis más grande del Estado de derecho de los últimos treinta y cuatro años. En cuanto a la “razonabilidad” de su pregunta, no, jurídicamente no es razonable, porque al descartar la traición a la Nación se está inventando un supuesto de hecho diferente, ya no son los mismos hechos, porque la traición era “prestar ayuda y socorro al enemigo” y ahora se imputa tratar de beneficiar a prófugos. Son dos hechos diferentes pero, como le decía, esto es jurídico y carece de importancia para el poder arbitrario, nadie lo va a recoger ahora, es sólo para tenerlo en cuenta en el futuro, cuando termine y se revierta este cuadro de franca persecución política. –Se ha instalado últimamente el criterio de que todo ex funcionario tiene capacidad para obstaculizar las investigaciones ya que, supuestamente, cuenta con “relaciones residuales”. –Primero, las investigaciones se refieren a hechos pasados hace años y cuya prueba hoy es casi exclusivamente documental, escrita, bastando con secuestrar la documentación. En segundo lugar esas relaciones residuales son presumidas, pero no están probadas. En tercer lugar, esto sería muy peligroso para los funcionarios en actividad, que se supone que tienen relaciones plenas y activas. En cuarto lugar, la prisión preventiva debería ser excepcional y nunca la regla basada en presunciones que no admiten prueba en contrario. En quinto lugar, si ese es el pretexto, no veo la razón, fuera de revanchismo y venganza, para detenciones escandalosas que restablecen la picota, ni para tenerlos en cárceles de máxima seguridad, con visitas y comunicación restringidas al máximo, y menos aún, para intentar mantener a un enfermo con prisión domiciliaria e impidiéndole o dificultando su tratamiento. Esto no es otra cosa que el juez Botet redivivo. –La Cámara Federal ha dicho que el Memorándum es perfectamente judiciable porque el tratado no versaba sobre materias propias del Poder Ejecutivo, sino sobre una cuestión judicial como era las indagatorias de los sospechosos iraníes. Por lo tanto, sostienen que no sólo es judiciable sino que constituye el delito de encubrimiento porque, según los camaristas, favoreció a los imputados.  –No me cabe duda acerca de que las relaciones internacionales pueden abarcar cuestiones de judicialidad, sin duda, salvo que los jueces se declaren independientes del Estado, lo que no me extrañaría después de “Fontevecchia”, claro. Imaginemos que hubiese una guerra y para

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Milagro Sala: «Leo a Durán Barba para entender a Macri»

Fuente: Demián Verduga | TiempoAr Fecha: 13 de ENE 2018 Fue la primera presa política de la era Macri. El martes cumplirá dos años en prisión sin tener condena. La Justicia jujeña, jugando al límite de la Constitución Nacional y de los tratados de derecho internacional, decidió extender su arresto preventivo por un año más. Ella, Milagro Sala, logró, por pedido y exigencia de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un arresto domiciliario por motivos de salud. A regañadientes, la Justicia provincial se lo otorgó. Luego se lo quitó con la excusa de que había faltado a un control médico. Los reclamos internacionales y la Corte Suprema obligaron a restituirle esa condición de detención en la que hoy se encuentra. Estas son sólo algunas de las arbitrariedades que la líder de la agrupación Tupac Amaru padece desde que la arrestaron el 16 de enero de 2016, cuando protagonizaba una acampe frente al edificio de la gobernación de Jujuy, protestando contra el recién asumido mandatario Gerardo Morales, principal impulsor de la «lluvia de causas» sobre Milagro. Ella se define como coya, negra y peronista. Después de varios intentos, contesta el teléfono celular desde la casa en la que cumple con su prisión y se dispone a hablar con Tiempo. Lo primero que comenta es un problema de salud que tiene uno de sus hijos, que está hospitalizado. Los detalles, por obvios motivos, no se describirán aquí. Luego, comienza a referirse a su propia situación, a su vida cotidiana, su día a día encarcelada. Habla rápido, concentrando varias ideas en pocas palabras, como quien no quiere que se le queden afuera algunas de las cosas que tiene para decir. «Estoy escribiendo un libro de lo que viví a lo largo de estos dos años. Lo estoy escribiendo con Raúl» (Noro, su marido). –¿La ayuda escribir?  –Sí, porque al principio no entendía lo que me estaba pasando. Yo siempre estuve muy preocupada por que todas las obras que teníamos que hacer se terminaran y se realizaran. Sabía que si ganaba la oposición iban a venir a buscar cualquier cosa para deslegitimarnos. Voy a cumplir dos años presa y, a medida que veo el panorama político, me doy cuenta de que no nos perdonan haber construido viviendas y todo lo que hicimos. Nosotros no sólo hacemos viviendas sino que, si quedaba plata, hacíamos más cosas, piletas de natación, polideportivos. Es la diferencia con las empresas privadas, que se llevan eso a su casa. Ahora realmente hay corruptos y no veo que se los investigue. Todo lo que hicimos nosotros fue de corazón. Porque teníamos que demostrar que el ser humano, más allá de su origen, tiene derecho a una vida digna. Nosotros nos ocupábamos de la salud y la educación muy a fondo. Esas son las cosas que no nos perdonan. Eso es lo que me ayuda a entender por qué estamos presos. –Además de escribir, ¿cómo es el resto de su día? –Tomo los medicamentos que tengo que tomar. Después me pongo a hacer las cosas de la casa. Lo ayudo a Raúl. Pero la verdad es que en lo que más intento concentrarme es en el libro que estoy escribiendo. Lo empecé hace varios meses. Comencé a escribirlo en el penal y ahora lo sigo. También me gusta leer todo lo que puedo. –¿Qué está leyendo?  –Estoy leyendo el último libro de (Horacio) Verbitsky. Además, aunque no lo creas, también estoy leyendo a (Jaime) Durán Barba. Quiero entender a (Mauricio) Macri, quiero entender lo que está haciendo, por qué trata a los argentinos de esta manera. El poder económico quiere recuperar todos los privilegios y no les importa lo que tengan que hacer para lograrlo. Ese discurso de que había que convivir, respetarse, dialogar, era falso. A mí, por ejemplo, me extraña muchísimo que el presidente no le haya dado un consuelo a los familiares del ARA San Juan. Todos los días dan consejos que ellos no aplican. –¿Cree que la Justicia argentina puede resolver su situación de un modo justo o sólo confía en las instancias internacionales? –La verdad es que siento que sólo puedo confiar en las instancias internacionales. La misma Cámara de Casación que absolvió a Carlos Pedro Blaquier es la que me condenó a mí. Y conmigo fue más dura. Macri y Morales prepararon la Justicia para ellos y no para lo que tiene que ser en una verdadera democracia. Macri dice a quién van a juzgar, a quién van a condenar, quién tendrá el mote de corrupto, de delincuente. Los funcionarios actuales tienen causas por corrupción y nadie los detiene diciendo que pueden presionar para entorpecer la investigación, y a mí me tienen presa. –¿Cómo ve a los movimientos sociales y los sindicatos frente a las políticas que impulsa el gobierno? –Hay muchas organizaciones sociales y sindicatos que han salido a la calle. El tema es que el 90 por ciento de la prensa está cooptada por el oficialismo. Y cuando hay un medio que no habla bien de Macri, de alguna manera, lo empiezan a judicializar. Es lo que pasó con C5N y ahora lo quieren hacer con Página/12, apretando al Suterh. No hay suficiente difusión de las protestas que se ven en el país. Hay muy pocos periodistas que se juegan para difundir el descontento social. Ahora me parece que algunos dirigentes sindicales empezaron a despertarse. Hay una frase del general (Juan) Perón: «Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes». Así que creo que muchos se están dando cuenta de que comienzan a perder el apoyo de sus propios afiliados, de sus propias bases. –Usted es parlamentaria del Parlasur por el Frente para la Victoria, ¿qué debería hacer el peronismo? –El peronismo lo que tiene que hacer es dejarse de joder, aplicar la doctrina de Perón y Eva. Tiene que unirse porque sin eso no hay posibilidades. Tiene que preguntarse qué Argentina quiere, una para todos o para unos pocos. Y, sabés qué,

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Michetti en Israel

Fuente: Pedro Golfarb* | Página 12 Fecha: 12 de ENE 2018 En la noche del día miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamín  Netanyahu recibió en su despacho a la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Argentina, Gabriela Michetti. Además de reunirse con el primer ministro, en la agenda de Michetti figuran entrevistas con el Presidente de Israel, Reuben Riblin y con el responsable del Parlamento Israelí, Yuli Edelstein. Netanyahu, acosado por discusiones internas en su propia coalición de gobierno con respecto a la aprobación del  presupuesto anual del estado y acorralado cada vez más por las investigaciones policiales y judiciales sobre supuestos casos de soborno y de conductas no acordes con la investidura de su cargo, ha aprovechado la visita de Michetti para recalcar el cada vez mayor reconocimiento que tienen de Israel los países latinoamericanos, y en especial el gobierno argentino liderado por Mauricio Macri. Los dos mandatarios recalcaron y reafirmaron la amistad, el dialogo fraterno y los intereses mancomunados que unen a los dos gobiernos y a los dos países. Netanyahu no se cansó de dar muestras de agradecimiento por las últimas votaciones internacionales de la Argentina en las Naciones Unidas en favor de los intereses políticos del gobierno de derecha de Israel ¿será que Macri tiene pensado trasladar la embajada argentina de Hertzlía a Jerusalén? La señora Michetti no vino sola. Esta acompañada en esta visita de cinco días por altas personalidades de distintas áreas, como la industria, la agricultura, relaciones internacionales, inversiones turísticas y comercio internacional. Es que ayer se realizó en el Hotel Dan en Tel Aviv un encuentro económico con la presencia de la vicepresidenta que lleva el título: “Grandes Oportunidades para las  inversiones económicas israelíes en la Argentina”. En la invitación se aclara que: La Argentina está considerada perteneciente al grupo de los paises poderosos G-20. Que la economía argentina, bajo el gobierno de Macri, es la tercera potencia económica en América Latina y que el gobierno de Macri hace todo lo posible para encauzar con éxito el desarrollo de la economía local. Las empresas israelíes, avidas de buscar nuevos campos de expansión comercial, se verían beneficiadas por las políticas de reforma impositiva del gobierno argentino con respecto a inversiones extranjeras. Parece ser que esto responde a convenios firmados por Netanyahu en su visita a la argentina en septiembre del año pasado: los intereses económicos de los paladines de las políticas neoliberales antes que cualquier otro tema de importancia. Yo pensaba que Michetti aprovecharía su visita a Israel para tratar de adelantar las negociaciones con el primer ministro israelí sobre la pronta extradición de Anibal Gauto, alias Yosef Carmel, delincuente y asesino en la época de la dictadura militar y buscado por la justicia argentina. Qué iluso. Pensé que en dichos encuentros llegarían a un acuerdo para liberar todos los documentos relacionados con las macabras relaciones que tuvieron la Argentina e Israel durante los fatídicos años setenta. O para hablar de la “política humanitaria” del gobierno y la justicia argentina con respecto al ex canciller Héctor Timerman. ¿De qué temas pueden haber hablado entonces? ¿De la continuidad del apoyo logístico, informativo y técnico que brindan los servicios especiales de Israel a las fuerzas de seguridad argentina, apoyo que incluye tareas de adiestramiento y ejercitación en territorios ocupados contra población palestina? ¿Acaso habrá explicado Michetti, con orgullo y soberbia, sobre los éxitos en la política de represión de la policía y la Gendarmería sobre el pueblo Mapuche, militantes sociales como Santiago Maldonado o contra manifestaciones populares, donde camiones lanza chorros de agua colorante, producto de la industria kibutziana israelí tuvieron un importante papel? ¿O habrán hablado de los tremendo éxitos de la política neoliberal de los dos países, donde la brecha social entre la minoría rica y la mayoría pobre de la población alcanzan límites insospechados? * Historiador. Universidad Hebrea de Jerusalén. 

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Gaby Lasky, abogada de la adolescente palestina Ahed Tamimi

Fuente: Shlomo Slutzky | Nueva Sion Fecha: 12 de ENE 2018 Hay que ser muy valiente para enfrentar las amenazas de muerte que recibe constantemente la abogada de DD.HH. Gaby Lasky, contra ella y contra sus hijos, por empecinarse en defender a menores y jóvenes palestinos acusados por las autoridades israelíes de rebelarse contra la ocupación israelí. Y mucho más necesario es tomar medidas de precaución en tiempos de un gobierno como el de Netanyahu, signado por la persecución contra organizaciones y personas que luchan por la paz, la igualdad y los DD.HH. en Israel. Gaby Lasky estuvo a punto de ser diputada por Meretz y es la Presidenta de la Convención de este partido de izquierda, amén de ocupar otros cargos en ONG de DD.HH. En las últimas semanas una de sus clientes, Ahed Tamimi, llegó a los titulares de los diarios del mundo entero, tras la viralización de un video en el que esta joven palestina, de 16 años, fue filmada pegándole a un oficial israelí al que trataba de echar de su casa en Nabi Saleh. Gaby Lasky conversó con Nueva Sión sobre esta joven palestina, cuya detención por las fuerzas israelíes convirtió en un ícono, y sobre la ocupación de los territorios palestinos, que va cercenando la democracia israelí cada vez más rápido. Nueva Sión: ¿Qué diferencia el caso de Ahed Tamimi de tantos otros que acompañaste en los últimos años? Gaby Laski: Ya hace muchos años que estoy dedicada a la defensa de menores palestinos en juzgados militares y el caso de Ahed no es el más grave con el que me topé, ni por la edad, ni por las condiciones de detención. La diferencia es que acá hay un video que documenta la situación. Y este video constituye la síntesis de lo que es la situación de ocupación: cada una de las partes le puede dar al video la interpretación adecuada a su propia narrativa. La parte palestina ve a la joven de 16 años echando del patio de su casa a los soldados israelíes pertrechados con cascos, chalecos antibalas, fusiles ametralladoras y granadas de mano, y ella golpeándolos con sus propias manos. De esta manera, ella se convierte en un símbolo de la batalla popular palestina. Mientras tanto, en la parte israelí, hay quienes leen el episodio como la expresión de una ocupación “respetuosa”, en la que a pesar de la provocación, los soldados se autocontrolan y se comportan como debe ser. Pero hay otra parte de la sociedad israelí que ve en el comportamiento de Ahed en el video una humillación nacional. Creo que por esta sensación de humillación es que Ahed fue detenida por la fuerza, a las 04.00 de la mañana, revolviendo la casa y su pieza, en vez de requerir su presentación ante las autoridades israelíes para ser interrogada por las acusaciones en su contra. Vivimos un ambiente en el que el ministro de Educación, Naftali Benet, en una muy poco educativa declaración, llamó a poner a esta menor palestina detrás de las rejas de por vida. Prisión perpetua para un “crimen” por el cual si se tratara de una colona o alguien de su partido El Hogar Judío, ni sería detenida o a lo sumo sería indagada y liberada a su casa, y por supuesto que nadie pediría que fuera detenida hasta el término del proceso judicial. NS.: ¿Se puede comparar la lucha de los palestinos con la lucha contra el mandato inglés antes de la creación del Estado? GL: Indudablemente los palestinos tienen derecho a la autodeterminación, que les fuera otorgada en el mismo momento en que lo fuera al Estado de Israel el 29/11/1947. Y durante el mandato británico en la región, los judíos se rebelaron contra él, algunos utilizando la violencia, y otros utilizando sólo los caminos diplomáticos. Lo que está claro es que la lucha por la independencia es legítima, especialmente cuando vemos acá a una joven que vive como segunda generación de nacidos bajo la ocupación. Y más aún cuando la imagen es de una joven que saca de su casa a soldados israelíes, que son el símbolo de la ocupación, que atenta contra sus derechos nacionales y personales. NS: ¿Cómo se produjeron los hechos en Nabi Saleh ese día? GL: Una hora antes del episodio que aparece en el video, las fuerzas de seguridad israelíes dispararon al primo de Ahed en el rostro, contrariando todas las órdenes y permisos de tiro contra población civil. El primo fue llevado al hospital israelí en estado de coma. A continuación los soldados entraron al patio de su casa y ella intentó expulsarlos, primero con palabras y luego utilizando manos y piernas. NS: ¿Por qué había llegado el ejército al poblado? G.L: La justificación es que había habido alteración del orden. Todos los viernes hay manifestaciones en el poblado en contra del robo de tierras y un manantial por parte de los colonos judíos, ante los ojos de los soldados y el las autoridades civiles israelíes en la zona. N.S.: ¿Cómo caracterizas a los soldados que participaron del evento filmado? GL: Antes que nada hay que decir que los soldados se comportaron correctamente, en lo que respecta a no utilizar fuerza innecesaria y desproporcionada. Pero es imprescindible entender que la política de ocupación es la que lleva a niños israelíes de apenas 18 años a realizar acciones policiales de “mantenimiento del orden” en un poblado civil y enfrentados a civiles en territorios ocupados, lo que para nada es su función como Ejercito de Defensa de Israel. Estas acciones no tienen nada que ver con la defensa del Estado, sino que están destinadas a mantener la ocupación ilegal de las tierras palestinas por parte de los colonos, atentando así contra los derechos humanos de los palestinos. Lo que es seguro es que hasta los más normativos soldados que llegan a esta región y en estas circunstancias, se encuentran implementando una política de ocupación ilegal a través de acciones y conductas amorales. Es más, la presencia forzada

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DNU: Un golpe de estado institucional perpetrado por el Gobierno

Fuente: Eduardo Barcesat | DERF Fecha: 11 de ENE 2018 Se trata, cuando no, de un decreto nominado como de “necesidad y urgencia”, que invoca, pero no cumplimenta los recaudos establecidos por el art. 99, inc. 3º de la C.N. Recordemos el texto de esta norma, en cuanto aquí concierne: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…” Ahora bien, con un Congreso de la Nación convocado a sesiones extraordinarias por el propio PEN, ¿qué es lo que impide que ambas Cámaras del Congreso de la Nación se avoquen al tratamiento de un proyecto de ley que modifica —y derrumba— la estructura institucional del Estado de Derecho, cuyo pilar basal es la división de poderes? La respuesta es sencilla: no hay ninguna razón de necesidad y urgencia; simplemente que es más efectivo, brutalmente efectivo, apropiar la potestad legisferante conferida al Congreso de la Nación que, valga recordarlo, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, y que es el que mejor expresa, por la representación proporcional, el mapa de la voluntad política de la República Argentina y el principio de la soberanía del pueblo. El art. 36 de la C.N., una de las incorporaciones más señeras de la Reforma Constitucional del año 1994, establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, condenando de la forma más severa posible en el ordenamiento jurídico, los golpes de estado. Y si bien es claro cuando la usurpación del poder político se comete desde fuera de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal bien cabe, en la interpretación constitucional, examinar cuál es la situación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cuando el quiebre del respeto y resguardo a las incumbencias de los poderes que integran el Gobierno de la Nación, es cometido desde un Poder Ejecutivo que transgrede, franca y abiertamente, los límites de sus incumbencias constitucionales, para apropiar, usurpar, las que le competen a los otros poderes; en el caso, las del Poder Legislativo de la Nación. Es un grotesco institucional la justificación que se ensaya en el DNU 27/2018: “…que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto…”   Pareciera que la desmemoria del conjunto integrado por el Presidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros, y el conjunto de los Ministros que, necesariamente, deben refrendar la firma del Presidente, lleva a que olviden que el Congreso de la Nación se encuentra en sesiones extraordinarias por lo que no existe urgencia alguna para “puentear” el trámite de debate y sanción de las leyes. Ni mucho menos habilitar que un simple decreto postergue o suspenda la vigencia de la Constitución Nacional. Además, de una primera lectura del extenso DNU, surge evidente que introduce modificaciones en normativa penal, procesal penal y tributaria, que le están expresamente vedadas al Poder Ejecutivo Nacional, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3º, C.N.). Estamos, indudablemente, ante un golpe de estado institucional, perpetrado en el momento más lábil para las instituciones de la república, y cuando el Gobierno Nacional acusa el impacto de su creciente descrédito por el debate sobre la reforma previsional, la represión ejercida sobre el pueblo de la nación, y el ineluctable fracaso del proyecto económico. Recordemos, finalmente, que el propio art. 36 de la C.N. reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia cuando se avasalla la supremacía de la Constitución  Nacional.

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La fuente de la violencia en la Argentina

Fuente: Atilio Borón | atilioboron.com.ar Fecha: 11 de ENE 2018 En épocas de crisis como los que vive la Argentina se clarifican las posturas de los actores políticos y sus representantes intelectuales. Si en tiempos de paz social estos pueden ocultar con la ayuda de los medios las contradicciones sociales recurriendo a alambicadas argumentaciones y a las abstrusas categorías teóricas del posmodernismo, cuando el orden social comienza a crujir los intelectuales del sistema arrojan por la borda toda pretensión de imparcialidad y objetividad y se embanderan sin recato alguno en la defensa de uno de los gobiernos más conservadores y oligárquicos que haya tenido la Argentina a lo largo de su historia. Si se solía señalar la experiencia de la década infame o de los gobiernos oligárquicos a partir de 1880 para ilustrar lo que era una dictadura clasista —dictadura no tanto por su forma como por el contenido de sus políticas— con el macrismo se produce una reencarnación de aquellos modelos anteriores al proceso de democratización fundamental que, pese a sus contradicciones, trajo aparejado la irrupción del peronismo en la Argentina. Lo anterior viene a cuento de una nota publicada días pasados por Luis A. Romero en La Nación en donde nos alerta sobre los peligros que el resurgimiento de la violencia entraña para la democracia argentina. [1] La rigurosidad que este autor exhibe en sus escritos académicos se desvanece por completo en este verdadero panegírico del macrismo. ¿Cómo puede decirse, por ejemplo, que “( E)n la plaza, grupos de manifestantes agredieron a las fuerzas de seguridad y pretendieron invadir el recinto donde deliberaban los diputados” ¿No vio acaso que, pocos días antes, el Jueves 14 una manifestación completamente pacífica fue acosada y brutalmente agredida por la Gendarmería y cuyo desproporcionado despliegue de fuerza desató la respuesta violenta de una fracción minúscula —infiltrada por algunos agentes provocadores como se constató al día siguiente— de los centenares de miles que habían asistido a expresar su rechazo al procedimiento profundamente anti-republicano empleado por el gobierno para sacar “de prepo” una ley fundamental. El maniqueísmo o la ceguera de que hace gala nuestro autor se horroriza por la violencia cuando un condenado por el sistema arroja una piedra pero contempla con buenos ojos cuando el gobierno militariza por completo la zona del Congreso, reprime manifestantes indefensos y extorsiona a gobernadores, senadores y diputados para conseguir una votación favorable a su proyecto. Esto no es violencia (simbólica, política, institucional), lo otro sí. Mal que le pese a Romero y a los intelectuales y publicistas amigos de la Casa Rosada quien promovió este infausto espiral de la violencia fue el gobierno de Mauricio Macri. Para vergüenza de la bancada oficial fue ésta quien solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que impidiera la presencia de organizaciones sociales de jubilados y pensionados y de excombatientes de Malvinas en las galerías para que el pueblo fuese testigo directo del debate. Cuando se discutió la famosa Resolución 125, en el 2008, hubo público en las galerías pero, claro, en ese momento según los apóstoles del macrismo la Argentina vivía bajo el influjo de una asfixiante dictadura. Ahora que supuestamente estamos en democracia el público no pudo hacerse presente en la Cámara, se quedó afuera y encima lo apalearon y gasearon. Es por eso que, estrictamente hablando, este gobierno debe ser caracterizado como una “democradura”, híbrido que contiene algunos elementos de carácter democrático (el acceso a la Casa Rosada se realizó por la vía electoral) pero con crecientes inclinaciones de sus principales personeros para adoptar las metodologías autoritarias de control político propias de las dictaduras. Por ejemplo, el avance en el amordazamiento de la prensa y, desgraciadamente, operaciones como la realizada la noche del Lunes 8 de enero cuando una reedición de los siniestros grupos de tarea de la dictadura irrumpieron con violencia en las oficinas de abogados defensores de los derechos humanos, destruyeron equipos y archivos, robaron laptops y documentación, y dejaron un claro mensaje: quienes se opongan a los designios del gobierno deberán estar dispuestos a sufrir esta clase de represalias y otras aún más severas. Desde los tiempos de la dictadura no se había producido un hecho de estas características, frecuentes en aquella época pero desterrados desde 1983. Sin duda, estamos en presencia de una tenebrosa involución que ha sido cuidadosamente ocultada ante los ojos de la opinión pública por los medios hegemónicos. [2] Por eso la distinción entre las múltiples formas de la violencia es un requisito fundamental para realizar un análisis serio del asunto. Se dirá que esto es un anacrónico reflejo setentista, pero tal insinuación sólo mediría la magnitud de la ignorancia de quien opine de esa manera. En la tradición socialista, comunista y anarquista hace más de ciento cincuenta años que se maneja esa distinción entre la violencia “legalizada e institucionalizada” del Estado que acalla, somete, encarcela o liquida a sus enemigos siempre “apelando a la ley”, y la violencia reactiva, defensiva, del pueblo, que a veces se rebela y no se resigna a ser enviado al matadero. Hay que recordar además que la violencia “legal” del estado se ejerce casi siempre con el acompañamiento de formas paralegales de violencia privada, tolerada y en muchos casos subrepticiamente promovida y amparada por el estado. Tal fue el caso en la Argentina de la Liga Patriótica que realizó pogromos y matanzas obreras en la primeras décadas del siglo veinte; o en la Alemania de finales de la Primera Guerra Mundial la actividad de los Freikorps que apaleaban a militantes socialistas y comunistas y que luego asesinaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht con la complicidad del gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert; y en Estados Unidos, esa vibrante democracia tan admirada por los voceros del macrismo, fue el Ku Kux Klan (ahora informalmente rehabilitado por Donald Trump) quien se encargó de “poner en su lugar” a los negros que luchaban contra la herencia de la esclavitud y postergar por cien años su incorporación a la vida política del país. Esta violencia oficial y paraoficial, decíamos, no puede ni

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Paz para Jerusalén

Fuente: Juan Nicolás Padrón | Rebelión Fecha: 11 de ENE 2018 No soy especialista en temas internacionales, pero no hay que serlo para darse cuenta de que quedará como una de las decisiones más irresponsables de un mandatario de Estados Unidos, el reconocimiento de Jerusalén como capital del Israel, a espaldas de la complejidad del tema y de la opinión de la gran mayoría de los pueblos del mundo. No es la única: el retroceso en las relaciones con Cuba, las amenazas y acciones contra Venezuela, las declaraciones ofensivas a Puerto Rico y la persistencia en la construcción del muro fronterizo con México marcaron en 2017 las más connotadas de sus ineptitudes en la región de América Latina. Otras acciones que revelaron incapacidad e insensatez de carácter global son la salida de Estados Unidos del acuerdo de París sobre el cambio climático y la retirada de la Unesco. Sin embargo, junto a la peligrosa posibilidad de usar el arma atómica contra Corea del Norte, sin dudas el peligro mayor para la estabilidad en el planeta, no hay otra decisión de mayor de riesgo a la paz mundial que la determinación de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén. En 1947 la ONU, en su Resolución 181, aprobó la partición de Palestina, bajo mandato británico, en dos Estados: uno árabe y otro judío, decisión rechazada por los árabes, y de cierta manera por los ingleses, pues perdían su influencia geopolítica en la zona; se decidió otorgar el 48,7% del territorio para el Estado árabe, y el 53,6% para el judío; en el 2,7% del territorio, unos 700 km², se encontraban las ciudades de Jerusalén y Belén, consideradas corpus separatum, como lugares sagrados, y supuestamente serían administradas por las Naciones Unidas, que nunca dictaron disposiciones para ejecutar este plan. En 1948, siempre con el apoyo de la ONU, se declaró la independencia del Estado de Israel, basada en el reclamo de “un hogar nacional para el pueblo judío”. Horas antes de que expirase el plazo de la administración británica, los judíos proclamaron su Estado y abolieron las leyes que impedían la entrada de judíos a Palestina. A partir de mutuas acusaciones de asesinatos de una parte y la otra, ese mismo año comenzó una guerra que se extendió con la intervención de los países árabes vecinos; para los judíos, fue la “Guerra de Independencia”; para los árabes palestinos, el inicio de lo que ellos llaman la Nakba, es decir, ‘La Catástrofe’. Al terminar la guerra árabe-israelí de 1948-1949, el primero de los conflictos armados de Israel, este firmó armisticios con Egipto, Líbano, Siria y la entonces Transjordania, hoy Jordania ¿las tierras que están “más allá del río Jordán”?, en virtud de los cuales la franja de Gaza fue ocupada por Egipto y la Cisjornania por Jordania; Israel aumentó su territorio en un 23%, a pesar de perder en la guerra el 1% de su población. En el acuerdo con Siria, los judíos no solo se mantuvieron en la zona de conflicto, sino que impusieron su dominio en más de 20 000 km² de superficie. En 1956 ocurrió otra contienda militar entre Israel y Egipto, la Guerra del Sinaí o Guerra de Suez, que giraba alrededor de la decisión soberana de Gamal Abdel Nasser de nacionalizar el canal de Suez. En 1967 Israel lanzó una ofensiva relámpago ¿Guerra de los Seis Días para los judíos, y Guerra de 1967 para los árabes?, contra Egipto, que entonces formaba parte, en coalición con Jordania y Siria, de la República Árabe Unida; al finalizar la guerra, los judíos habían tomado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este ¿incluida la llamada Ciudad Vieja? y los Altos del Golán. Seis meses después de esta agresión, la ONU, mediante la Resolución 242, exigió la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados y el respeto y reconocimiento de la soberanía de cada Estado de la región, con el propósito de preservar sus derechos a la paz. Posteriormente, Israel devolvió el Sinaí a Egipto mediante los acuerdos de Camp David, y muchos años más tarde, mediante los Acuerdos de Oslo, se retiró de la Franja de Gaza y Cisjordania, donde se estableció la Autoridad Nacional Palestina, una administración autónoma reconocida internacionalmente y que posee como mandato sentar las bases para el futuro estado de Palestina; no obstante, los judíos retuvieron las alturas de Golán y la zona ocupada de Jerusalén oriental, que había sido proclamada por ellos como su capital desde 1950, una de las mayores afrentas al pueblo de Palestina. Larga ha sido la lucha de los palestinos para obtener los territorios usurpados. Desde entonces, bajo constantes denuncias ante el Tribunal Internacional de La Haya, Israel inició la construcción de un muro, cuyo trazado irregular llegaría a aislar al 14,5% de los territorios palestinos. En 1979 el Consejo de Seguridad de la ONU, en su Resolución 446, declaró ilegales los asentamientos creados por Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 y denunció que estos constituyen un serio obstáculo para el restablecimiento de la paz en la región. Por los años 80 conocí a un joven matrimonio argentino que habían descubierto una lejana ascendencia hebrea en uno de los cónyuges y como eran muy pobres en Buenos Aires, decidieron establecerse en esas colonias ilegales. Recientemente supe también que la mujer de una pareja cubana a la que conocía hacía muchos años, encontró igualmente un lejano parentesco hebreo y emigraron para Israel con todas las facilidades. En la actualidad los asentamientos judíos ilegales se encuentran en tres zonas: Cisjordania, territorio legalmente bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina y parcialmente ocupado militarmente por los israelíes; en las Alturas de Golán, pertenecientes a Siria y que los judíos han integrado de manera ilegal a su administración, y Jerusalén Este, anexada a la fuerza y nunca reconocida ni por la comunidad internacional ni por la ONU ?el rechazo a esta anexión fue ratificado por unanimidad en el Consejo de Seguridad en 1981, mediante la Resolución 497. En 1980, con la

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“Los cargos en mi contra no tienen sustento jurídico”

Fuente: Stella Calloni | La Jornada Fecha: 08 de ENE 2018 “En Argentina no existe la pena de muerte, pero un juez, activo practicante de graves irregularidades jurídicas, me condenó a muerte como preso político que soy, aislado en mi domicilio, cuando enfrento una enfermedad que requiere atención permanente”, dice el ex canciller argentino Héctor Timerman. Sus problemas de salud se agudizan con la prisión preventiva a la que es sometido en una causa que no tiene “ninguna racionalidad, ni respaldo jurídico, ni razón de ser, sólo un maldito juego de intereses geoestratégicos”. En entrevista exclusiva con La Jornada, un sereno Timerman relata esta increíble “historia de injusticia y crueldad”, de la que además son víctimas todos los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri, y recuerda que en 1978, en plena dictadura, su padre, Jacobo, fue puesto en prisión domiciliaria luego de dos secuestros y de haber sido torturado en varios centros clandestinos de detención y exterminio. Jacobo Timerman fue fundador del mítico diario La Opinión, que cambió el periodismo en Argentina y fue cerrado por la junta militar. En diciembre pasado, Héctor Timerman, quien batalla contra un cáncer de hígado, junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, otros ex funcionarios de su gobierno y tres dirigentes sociales, fueron procesados por el juez Claudio Bonadío por supuesto intento de encubrimiento a funcionarios de Irán, acusados por Estados Unidos e Israel de ser responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en 1994 dejó 85 muertos y decenas de heridos. El supuesto pacto nunca existió, pero así calificó Bonadío el Memorando de Entendimiento entre ambos países que sólo intentaba un avance en la causa de la AMIA, que lleva 23 años de impunidad. La acusación más sorprendente fue la de “traición a la patria”, por la cual Bonadío dictó una ilegal prisión preventiva, puesto que nada se ha juzgado aún, ni se ha demostrado siquiera que tal encubrimiento exista. “Cuando fui a declarar ante Bonadío, el 19 de octubre de 2017, le pregunté al juez cuándo Argentina había declarado la guerra a Irán, porque era la única cuestión que podría dar lugar a un acto de traición a la patria, uno de los disparates de esta causa”, explica Timerman, quien ha sido visitado por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, enfrentadas a la embajada de Israel y a las derechistas organizaciones de buena parte de la comunidad judía local, a las que acusan de obstaculizar el camino a la verdad. Sobre las acusaciones que pesan sobre él, Timerman señala que además del hecho de que fue el canciller que negoció el Memorando de Entendimiento, una acción dentro de las reglas de la Organización de las Naciones Unidas, se le acusa “de una supuesta complicidad” con el ex secretario general de Interpol, el estadunidense Ronald Noble, “lo cual es insólito, ya que yo estoy preso por cómplice de alguien que no está detenido ni es juzgado”. Recuerda que cuando en enero de 2015 comenzó a urdirse la trama de la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra Fernández de Kirchner, aunque “todo fue público, abierto, un documento aprobado por el Congreso argentino, y que no se puso en vigencia en ningún momento, con lo cual ni siquiera en esto existe delito alguno”, Noble envió una carta “desmintiendo que el gobierno de Kirchner hubiera pedido la baja de las alertas rojas que mantenía Interpol sobre los acusados iraníes”. Bonadío acusó a Noble de mentir, pero el 13 de diciembre pasado el ex jefe de Interpol negó las imputaciones. Todos los gobiernos argentinos han mantenido una relación normal y comercial con Irán, e incluso “existe en el Congreso una comisión de amistad con el pueblo iraní”, destaca Timerman. “Es increíble todo lo que han usado para mantener la causa viva en estos años, tratando de acusar al gobierno anterior de la muerte de Nisman. Bonadío se apresuró a cerrar esta causa sin sentido, para evitar el testimonio de Noble. El juez ordenó nuestra detención y después de arrestarnos dice que tiene que leer 300 mil correos electrónicos. Imagínense, si yo debo esperar hasta que Bonadío lea los correos, no puedo asegurar si sobrevivo a ese tiempo. Pero además, antes de detenernos no pasó la causa por fiscalía y es increíble que se nos acuse antes de revisar los supuestos correos electrónicos, cuando decidió elevar esta causa, el 9 de junio pasado. Tampoco escuchó a los propios familiares de las víctimas de la AMIA”. Indicó que Bonadío, quien mató a una persona por la espalda “en defensa propia”, según dijo en su momento, es el magistrado que más denuncias acumula por acciones ilegales en su función jurídica. Timerman recordó que el ex fiscal Alberto Nisman nunca investigó el atentado a la AMIA, para lo que fue nombrado por el ex presidente Néstor Kirchner en la fiscalía especial. Sobre la muerte del fiscal, el 18 de enero de 2015, peritos de la Corte Suprema y otros organismos determinaron que no hubo ninguna otra persona en el baño del departamento de Nisman, donde fue encontrado su cuerpo con una pistola en la mano. Las puertas de entrada a la vivienda estaban cerradas por dentro. “Nisman viajaba permanentemente a Israel y trabajaba para la extrema derecha de Estados Unidos. Sheldon Adelson depositaba dinero en la cuenta secreta que tenía Nisman en Uruguay”, precisa el hoy detenido ex ministro. Adelson es el mayor donante del Partido Republicano y principal recaudador de fondos para comités de acción política en favor de Israel. En un discurso el 22 de octubre de 2013 en la Universidad Yeshiva, de Nueva York, dijo: “Estados Unidos debería lanzar una bomba atómica contra Irán para impulsar al país a poner fin a su programa nuclear”. Timerman recuerda que cuando su entonces par israelí, Avigdor Lieberman, “me increpaba por negociar con Irán, yo le explicaba que queríamos un proceso justo, que en Argentina no existe el juicio en ausencia y en Irán no existe extradición, como tampoco en Israel o Brasil”. Los beneficiados en esta historia ¿Quienes han sido los beneficiados por estas

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