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A 45 Años, la Presencia de Memoria, Verdad y Justicia, cuidándonos de Nuevas Olas de Covid y de Odio

Por: Benjamín Malamud Lerner (Desde Córdoba) El 24 de Marzo de 1976 se inicia uno de los períodos de nuestra historia contemporánea que difícilmente puedan ser obviados, tal como intentó hacerlo el anterior presidente constitucional. No fue un golpe de estado militar más de la larga lista iniciada con el derrocamiento de Hipólito Irigoyen en 1930, aunque en todos siempre hubo rasgos de violencia y represión. En ese 24 de marzo se acentuó una etapa previa de Terrorismo de Estado (TE), en que la vida y la seguridad mínima de los ciudadanos dejaron de ser un derecho, como todos los demás DDHH. 30.000 Desapercidos es la cifra que impresiona y más identifica con un genocidio a esa etapa, como la de los 400 o más niños Apropiados de los cuales han recuperado su identidad unos 130 gracias a la tarea gigantesca de las Abuelas de la Plaza de Mayo y del Equipo Argentino de Antropología Forense. El Terrorismo de Estado significó mucho más que esas cifras, fue un inmenso e inconmensurable y perdurable daño a toda la trama social, la integrada por los que trabajan, los que estudian, los que militan en pro de una sociedad mejor y no solo a quienes optaron en aquel momento por el uso de las armas para confrontar contra el sistema económico social excluyente. Esta vez fue un golpe Cívico-Empresarial- Eclesiástico-Militar, enfocado en la instalación para siempre, del neoliberalismo como modelo de dependencia agro-exportadora, desindustrializante y endeudadora del imperio dominante. A 45 años, Sr. Director, creo oportuno la reapertura de antiguos y nunca olvidados interrogantes: ¿Cómo fue posible que ocurriera semejante barbarie? ¿Qué factores posibilitaron dentro de nuestra ciudadanía que tal catástrofe humana ocurriera? Los historiadores buscaron mecanismos comunes con otros dolorosos genocidios, como el del pueblo Armenio, o con el nazi-fascista que golpeó a la muy civilizada sociedad europea, especialmente contra los judíos, los gitanos y otras minorías étnicas o por entonces discriminadas. La respuesta no era sencilla, pero lo que tenían en común tenían  era el mismo factor fácilmente reconocido: EL ODIO. También hubo factores geopolíticos, revanchistas, de expansión del poder económico, etc. Más nada podría haberse hecho ni allí, ni aquí, en Argentina y en los países hermanos del Cono Sur latinoamericano, dentro del Plan Cóndor, (totalmente documentado desde su origen en el cerebro del imperio), sin la promoción  mediática, formal o por las redes informales de esa época, sin la exacerbación de antiguos o renovados sentimientos de ODIO. Pasaron 45 años y los gestores de aquella época nefasta no cesaron en sus ambiciones imperiales, de dominación, somos a su entender “el patio trasero”. Ya en lugar de los tradicionales golpes de estado, han desarrollado la estrategia del Lawfare, o de desaparición  o linchamiento mediático-judicial de opositores al modelo neo liberal. La reciente liberación de Luis Ignacio da Silva, Lula, puso en evidencia “la pata brasileña” de esa perversa estrategia. No solo lo llevó a la cárcel y le impidió al pueblo elegirlo como Presidente, permitiendo que Bolsonaro sí lo fuera, con las consecuencias visibles, sino que permitió la militarización del sistema de salud, la destrucción de importantes empresas nacionales, su privatización y extranjerización. Lo de Rafael Correa, en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y de Cristina Fernández aquí, no pueden ser analizados sin tener en cuenta ese antecedente. Lo aclaró mejor el Diputado Leopoldo Moreau: «El lawfare se organizó para amedrentar». “Esa es la consigna de los grupos concentrados, de la embajada de Estados Unidos y de algunos medios hegemónicos”. En una reciente entrevista el Diputado pormenoriza el mecanismo de seducción de jueces antes y fiscales ahora, desde la embajada con la finalidad de que en complicidad con los grandes medios, se oculte que 40 integrantes del gobierno anterior están procesados y no encarcelados, porque aclara, “no somos lo mismo que ellos, respetamos los procedimientos legales”. Podría haber agregado “no espiamos”, ya que los fondos para esa finalidad de la AFI, pasaron a los gastos por la pandemia. CELAG Centro de estudios latino americanos de geopolítica Pero este Aniversario nos toma, tal como el del 2020 en medio de la pandemia que ya se cobró la vida de casi 54.000 compatriotas, que afectó seriamente nuestras fuentes de recursos económicos.  Que demostró la importancia de un Estado Presente y Solidario y del desarrollo de la ciencia como herramienta fundamental en el cuidado de la salud, sino también como fuente de creación de recursos propios para vencer en la contingencia: al ritmo posible y mientras ya se han inoculado más de 2.200.00 dosis de las vacunas disponibles y el ritmo de avance se acelera de acuerdo a la llegada de nuevas dosis desde un mundo donde el 10% más rico acaparó el 90% de las vacunas fabricadas, en nuestro país se sigue elaborando un inmunógeno local, dentro del ámbito del CONICET.  Las amenazas de “nuevas olas” relacionadas con mutaciones conocidas, en especial, la de Manaos, variante P.1, es sumamente preocupante, por su mayor transmisibilidad y agresividad, con las posibles consecuencias de un desastre sanitario. Brasil con el 100% de las UTI colmadas y la falta de oxígeno en los centros de mayor envergadura, o el cierre de escuelas o de la presencialidad en Chile y Uruguay, o el brote en Paraguay, en la frontera con Formosa, son parte de esa acuciante realidad. No todo depende de las vacunas y las medidas de prevención deberán cumplirse si no deseamos que ocurra una catástrofe sanitaria. No todas las noticias son malas y es bueno conocerlas: estudios  que previamente habían detectado una baja respuesta de inmunoglobulinas en los convalecientes, haciendo prever un bajo nivel de inmunidad, ahora han detectado en los linfocitos específicos, una buena capacidad defensiva. La no tan buena es que no impediría la transmisibilidad, de manera que se advierte la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento previstas por los COEs. Más en este 24 de marzo, afrontamos junto a las olas virales, recurrentes olas de odio que dificultan las medidas preventivas, como lo fueron el “negacionismo”, la “infodemia”, la falsa

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Mendaz – Paradigmas de la negación y la afectación periodística: caso Tomás Méndez

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la luna Fecha: 14 de marzo de 2021 El 22 de febrero el conductor Tomás Méndez, en su programa radial Vuelta de Rosca, utilizó el micrófono de Radio 10 para desparramar una serie de aseveraciones dignas de ser contrastadas en forma minuciosa con la realidad. Las falsedades e inexactitudes prodigadas por el comunicador así lo exigen. La confrontación metódica entre las afirmaciones y su contracara, las evidencias, aparece como un anacronismo para quienes pretenden convertir al periodismo en un apéndice del mundo del espectáculo, en el que la invención y la realidad se presentan como indistintos y homólogos. Existe una larga tradición que insiste en dejar pasar estos contrasentidos, con el justificativo de no dar lugar a los impostores ni otorgarles un lugar de reconocimiento enunciativo. Sin embargo, esa concesión desconoce el derrotero –y el impacto– que determinados discursos pueden alcanzar entre quienes no están acostumbrados a sumergirse en específicas áreas de la historia: dejar y dar testimonio es lo mínimo que se puede hacer frente al tosco revoltijo de declaraciones artificiosas, orientadas únicamente a denigrar a un periodista. En su monólogo matinal, Mendaz difunde, con la impostura de un investigador periodístico riguroso, una serie profusa de afirmaciones concentradas en tres áreas: la historia militante de Horacio Verbitsky, su vínculo con el CELS y un supuesto interés pecuniario del director de El Cohete en avalar la vacuna Pfizer. Respecto a la primera dimensión, asevera que era supuestamente “de Montoneros” cuando esa participación ha sido reconocida no sólo por HV sino por los jefes de esa organización, muchos de los cuales siguen vivos y certifican su pertenencia. Más adelante consigna que “en la SIDE, HV, figura[ba] como servicio de inteligencia”. Sin embargo, no existe en ningún documento desclasificados desde 1983 hasta la actualidad –ni en los liberados por la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño– ninguna referencia, ni siquiera nimia, respecto a esa aseveración. Como parte de su arremetida, Mendaz no tiene prurito en sumarse a los desatinos difundidos por el panelista televisivo Gabriel Levinas, quien acusó a HV –­en un librito olvidado– de ser “parte de la Fuerza Aérea Argentina”. La imputación hecha por el integrante del jurado de Gran Hermano se sustentaba en la dedicatoria que hizo el comodoro Juan José Güiraldes en su libro El poder aéreo de los argentinos, en la que agradece a HV porque el libro “no hubiera podido llegar a la prensa de no haber recibido el permanente aliento y la eficaz colaboración de Horacio Verbitsky”. Mendaz se suma a quien suele secundar a Baby Etchecopar –Levinas– para añadir que HV fue escriba del jefe de la Fuerza Aérea, Omar Graffigna, y que además había sido contratado por esa organización militar. Según Levinas, HV había recibido honorarios del Instituto Jorge Newbery, ligado a la aeronáutica, pero no existe admisión alguna del desembolso. La operación de difamación de Levinas, planificada en 2014 por el Grupo Clarín como parte de una campaña desembozada para garantizar el triunfo de la derecha en 2015, no logró traspasar el umbral de lo escolástico e inquisitorial: Güiraldes negó la acusación y el propio ex jefe aeronáutico de la dictadura, en un reportaje con el Buenos Aires Herald, desestimó la versión desparramada por Levinas de que HV fuese su asistente lexical durante su faena criminal a cargo de la Fuerza Aérea. Tampoco tuvieron suerte quienes consignaron que los apuntes de los discursos castrenses –supuestamente manuscritos por HV– podían ser acreditados a su persona: los peritajes profesionales comparados efectuados para cotejar la letra fidedigna de Verbitsky respecto a las exhibidas en los anexos del libro de Levinas demostraron ser disímiles. Según Mendaz, “Güiraldes era de la inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina en el ’78, plena dictadura militar”. No existe ninguna fuente testimonial ni documental que avale dicha aserción. Menos aún el extraviado cargo de que HV ha sido un “un tipo que ha puesto bombas según sus propios compañeros del Ejército (sic). Un colega del Ejército lo denunció por poner bombas y salir corriendo detrás de él… Lo ha dicho en juicio… puso la bomba, la activó y morían niños y mujeres… Entonces yo salí corriendo detrás de él. El cómplice de él lo mandó al frente”. Mientras que Mendaz no provee la fuente de su grave imputación, los testimonios disponibles de juicios de lesa humanidad y los repositorios de declaraciones de genocidas niegan tal infamia: nadie oyó nunca una historia similar, análoga o siquiera afín. Dada la gravedad de la imputación, Mendaz nos debiera permitir acceder al conocimiento del nombre del “colega del Ejército” que dio ese testimonio. Mendaz agrega, en su perorata radial, que este último integró, además de la SIDE, la inteligencia de la aeronáutica. Y en la cumbre del relato conspiranoico vincula al director de El Cohete con la inteligencia británica. “El soft que se utiliza para detectar los barcos que entran en aguas argentinas es inglés”, testifica sin ruborizarse. Sus conjeturas no parecen ser confiables: nuestro país carece de sistema de detección propio a nivel marítimo. No posee ni sensores ni radarización. El macrismo interrumpió los convenios llevados a cabo con el INVAP, que hubiesen permitido entre 2015 y 2020 acceder a los mismos. Para no dejar aspectos sin abordar, en la misma línea de su rigurosa investigación periodística desliza que HV cuenta con una “obra social de Mercedes Benz”, cuando su suscripción corresponde al sistema médico ofrecido por el Hospital Alemán. En otra parte de su monserga, Mendaz asegura que “cuenta los movimientos de cuenta de su hijo Miguel, a quien le depositaron 20 millones de pesos en septiembre de 2012”. Dicho vástago de HV, sin embargo, vive fuera del país hace veinte años y no tiene ninguna cuenta bancaria en la Argentina. Tirá fruta En referencia al CELS –otro de los sambenitos clarinetistas recuperados con insistencia desde que HV es su presidente– Mendaz despliega una cantidad de datos irrisorios que debieran figurar en los planes de estudio de las carreras de periodismo para ejemplificar aquello que no se debe hacerse: “El CELS maneja un presupuesto más grande que los Estados (…) 1.600 millones de pesos

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Hacia una Argentina con mayor equidad

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 14 de marzo de 2021 Puede decirse que este primero de marzo el presidente Alberto Fernández definió en una frase la visión de su gobierno: “Vengo a proponerles que construyamos juntos un nuevo acuerdo para que la Argentina no recaiga más en un Estado ausente. Aquello que las argentinas y los argentinos esperamos, un país justo, que crezca y distribuya la riqueza, donde haya trabajo y lugar para todas y todos”. Si algo ha quedado claro luego de más de un año del inicio de la gestión de gobierno de Alberto Fernández es que el eje de sus políticas radica en el bienestar de la totalidad de la ciudadanía, no sólo de unos pocos.   En aras de lograr una mayor progresividad, el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, que ya se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, apunta a que cerca de 1,3 millones de los trabajadores/as en relación de dependencia y jubilados/as dejen de pagar el impuesto. En 2015, alrededor del 12% de los trabajadores/as eran alcanzados por este impuesto. Entre 2016 y 2019 este guarismo prácticamente se duplicó. Y esto ocurrió a pesar de que hubo una pérdida importante en el nivel real de los salarios, generando una situación en la que se ganaba menos y se pagaba más impuesto.   De allí que la iniciativa plantea que los salarios mensuales brutos inferiores a $150.000 dejarán de pagar Ganancias, y tampoco quedaría alcanzado el aguinaldo para este grupo. Habrá un intervalo de entre $150.000 y $173.000 mensuales que también verían reducido su aporte aunque de modo progresivo, es decir, la reducción del impuesto va a ser menor cuanto mayor sea el ingreso hasta el límite citado, de forma que no existe un salto entre los que ganan, digamos, $172.500 brutos y los que ganan $173.500, ya que los salarios mayores a $173.000 no tendrán modificación en sus deducciones del tributo.  Para darnos una idea de lo que implicará este nuevo esquema en el bolsillo de los trabajadores: un salario de $150.000 de una persona soltera y sin hijos paga en la actualidad unos $115.000 anuales de Impuesto a las Ganancias. Adicionalmente, una de las modificaciones producto del debate legislativo fue la inclusión de la retroactividad de esta mejora a enero de 2021. Es decir, los trabajadores que han tenido descuentos con el régimen vigente hasta ahora, y están alcanzados por el proyecto de ley, van a obtener una devolución de los anticipos realizados.   En resumen, quedaría sólo un 7% de los trabajadores registrados alcanzados por el impuesto, quienes representan un 26% de la masa salarial total.  Esta normativa también implica un beneficio para los haberes jubilatorios y pensiones, ya que se eleva de 6 a 8 haberes mínimos el piso para quienes estarían alcanzados por el gravamen y se flexibiliza la restricción de que tengan otros ingresos por fuera de la jubilación. Según los cálculos mencionados por la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en la comisión conjunta de Diputados que trata el tema, la proporción de haberes jubilatorios alcanzados por Ganancias era del 5,2% en 2019, 5,3% en 2020 y con esta reforma sería del 2,4%.  Otra de las modificaciones propuestas que pasó bastante desapercibida en los medios es que se incorpora la posibilidad de deducir al concubino, en vez de sólo el cónyuge, en función de la modificación de 2014 del Código Civil, poniéndose a la altura de todos los cambios que la sociedad argentina ha planteado en la materia.  El costo fiscal de esta reforma sería de aproximadamente $42.000 millones, los cuales se traducirán en mayores ingresos reales de los trabajadores/as y pensionados/as. Allí es donde se genera el círculo virtuoso en el que los asalariados destinan esos recursos al consumo y, por ende, al mercado interno. Este mayor consumo genera a su vez una mayor recaudación impositiva por otras vías, como el IVA, y por lo tanto aminora significativamente el efecto del costo mencionado en las cuentas fiscales.  Pero lo importante es que el equilibrio fiscal no debería ser el principal objetivo de las políticas públicas, sino el bienestar de la población. Desde esa premisa, por supuesto, es necesario ir construyendo “una posición fiscal más robusta”, en palabras del ministro Martín Guzmán. Sin perder de vista, no obstante, el importante rol del Estado en resolver las cuestiones que el mercado por sí solo no soluciona. No debemos confundir este enfoque de equilibrio fiscal con el que suelen apoyar los sectores de derecha, que piden un Estado mínimo, con poca presencia en la economía, que debe apuntar a bajar los impuestos y dejar aspectos clave como el desarrollo de la ciencia, la educación, la salud, la innovación en manos del sector privado, lo que suele generar importantes inequidades sociales. Por el contrario, este gobierno se propone que la sostenibilidad fiscal debe ir alcanzándose con políticas a favor de la ciudadanía y no a costa de ella.  Entonces, vale la pena destacar que esta propuesta de reforma del esquema del Impuesto a las Ganancias es congruente con los principales objetivos del actual gobierno. Al incrementarse el ingreso disponible de los trabajadores y trabajadoras se genera mayor demanda, si además este proceso viene acompañado de políticas que protegen la producción nacional, esa mayor demanda genera mayor empleo y esto tiene un efecto multiplicador en la actividad.   Queda aún mucho camino por recorrer, luego de haber atravesado la pandemia neoliberal y la pandemia sanitaria. Uno de los últimos datos sobre el sector industrial que publicó el INDEC esta semana da cuenta de que la utilización de la capacidad instalada de la industria llegó al 57,2% en enero, 1,1 puntos porcentuales más que en el mismo mes del 2020. Tomando en cuenta los resultados de los últimos meses, los datos indican que aún existe una capacidad instalada ociosa de más del 40%, lo cual permite un rápido crecimiento de la producción sin necesidad de inversión.  Está claro que el gobierno tiene una firme postura de no resolver la situación de déficit

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Los orígenes del Lawfare

Fuente: Eduardo Barcesat | El Destape Fecha: 6 de febrero de 2021 Ya se conoce con bastante aproximación el modo en que opera la perversa práctica del “lawfare”, y qué sectores toman intervención en esta madeja institucional destinada a desbaratar el Estado de Derecho. Incuestionablemente, el sector más responsable de esta madeja es la “pata podrida del Poder Judicial”, en su escaño más dañino, la Justicia Penal Federal, que ejercita el poder punitivo del Estado enderezando el mismo, cual ariete, a la persecución y destrucción del “enemigo” político. Como diría algún Clausewitz tardío, “…la prosecución de la guerra por otros medios”. Y decimos “perversa práctica” porque emplea la institución judicial para fines de destrucción. Paradojal, realmente, que el Poder Judicial, presentado en todo texto que aborde la descripción y fundamentos dogmáticos de la  unidad del “Estado/Derecho”, como el custodio final de todos los derechos y garantías constitucionales deviene, en esta etapa de dominancia del neo-liberalismo,  en el hobbesiano monstruo que tritura esos derechos y garantías forjados por la conciencia jurídica de la humanidad y cuyo peldaño más elevado son los derechos humanos, esa inescindible unidad de libertades civiles y políticas, y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cómo opera el poder (poder que es mera fuerza e ideología) para operar este torcimiento? Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Opera apropiándose de la metodología y esencia del “common law”; esto es, de la fuerza vinculante de los precedentes judiciales. En sus orígenes, los expositores encolumnados con el denominado “realismo jurídico anglo-sajón” alababan y prohíjaban la inexistencia de reglas escritas que determinen, con rigor, el obrar de los jueces. Para ellos (Roscoe Pound; Oliver Wendell Holmes), “…el derecho es lo que los jueces dicen que es en sus resoluciones…”, y si hay algo que pueda ser nominado como “dogmática jurídica”, pues será: “… el conjunto de profecías que emiten los operadores del derecho acerca de cómo los jueces resolverán los casos…” De allí la conocida formulación de Wendell Holmes, al inaugurar una sede de la Universidad de Boston, “…el derecho no es moral, no es lógica, es experiencia; experiencia que hacen los pueblos…”; o el poder, decimos nosotros. En definitiva, que son los jueces los que determinan qué es lo que denominamos “derecho”. Debo exponer, por su carácter paradigmática, la enunciación de un directivo del GAFI, pronunciada en la audiencia que decidiría el pase de la Nación Argentina al “sector blanco”; esto es, el de los países que combaten eficazmente el narcotráfico y el terrorismo. Me encontraba exponiendo, convocado por el titular de la UIF, sobre la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino, y del control de constitucionalidad y convencionalidad que debe ejercer el Poder Judicial de la Nación, en todos sus estamentos. Sorpresivamente, este directivo, profesor universitario canadiense, interrumpe nuestra exposición para vociferar: “…ustedes (se dirige al Estado Argentino)…deben adoptar el Common Law. Con ese sistema los jueces reprimen mejor, no tienen ataduras…”.  La sensata intervención de quién presidía la audiencia, cerró un enfervorizado debate, pues no estaba en nuestro ánimo, ni en el objetivo de la audiencia, consentir tamaño dislate. Supimos desde hace años de las prácticas del poder económico y comunicacional de organizar “safaris judiciales” a la meca del common law, para que sus expositores los “adiestren” en esta metodología que desbarranca, ineluctable y fácilmente, en el “gobierno de los jueces”; esto es,  el poder aristocrático, vitalicio, contra-mayoritario, que debe prevenir y corregir los posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos (frase de “El Federalista”, que colecta los artículos periodísticos producidos por los padres de la futura Constitución de EEUU). El “lawfare”, entonces, es la forma potenciada, exacerbada, del common law, su “Mister Hyde”, una bestia institucional. Los países latinoamericanos, que han seguido la tradición de la ley escrita, exhiben, como el nuestro, una estructura jerárquica del orden jurídico positivo, y si bien los jueces no son, ni deben ser, repetidores inertes de las leyes, deben guardar observancia a la supremacía constitucional, y el resguardo de esa supremacía, frente a los actos de los otros poderes, lo que constituye  el deber primero de todo integrante del Poder Judicial de la Nación Argentina. Para finalizar, los tres poderes que conforman el Gobierno Federal de la Nación Argentina tienen potestades constitucionales para desmontar el “lawfare”. En efecto, el Poder Legislativo, el primero de los tres poderes del Gobierno Federal que regula la Constitución Nacional, tiene la facultad de dictar amnistía; en nuestra situación, el amnistiar a las víctimas del “lawfare”, lo que eliminaría la condena o el proceso judicial persecutorio, señalando, al mismo tiempo, el mal obrar jurisdiccional que llevó a esa victimización y deterioro institucional. El Poder Ejecutivo, a su turno, puede disponer indultos, pero ello no tiene la significación jurídica de la amnistía, que es la medida que denota, como dijéramos, de la excepcionalidad institucional del período 2015/2019, y que impone la ruptura que debe producir el actual Gobierno Nacional para establecer el imperio del Estado de Derecho, que es una tarea más profunda que la del acceso al poder político de la Nación. Finalmente, que el Poder Judicial de la Nación, a través del obrar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en su poder, hace más de año y medio, diversos planteos de nulidad en las diversas causas paradigmáticas del “lawfare”, como lo es la causa conocida como de las fotocopias de los cuadernos quemados/resucitados, está convocado, en observancia a la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos, a dictar señeras sentencias anulando dichas causas. Además, correspondería disponer, en las respectivas sentencias, que se envíen los antecedentes de todos los magistrados involucrados en la producción y convalidación de los entuertos al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial. Como se advierte, los integrantes de los tres poderes del Gobierno Federal tienen las respectivas competencias necesarias para actuar en el desmontaje de la bestia institucional…y así cumplimentar la manda del art. 36 de la C.N., de observar y hacer observar la supremacía de la C.N. y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos

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El “delito” de vacunar

Fuente:  Maximiliano Rusconi | Infobae Fecha: 23 de febrero de 2021 Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires A nuestro país le cuesta encontrar la armonía. Estamos más acostumbrados al movimiento pendular pero, en verdad, pertenecemos a una comunidad que disfruta sólo cuando el péndulo se encuentra en los extremos, aunque esa satisfacción dure poco. Al mejor estilo de las penas infamantes de la inquisición nos gusta disfrutar de la hoguera del caído en desgracia. Y mucho más cuando todos nuestros vecinos salen a denunciar siempre tardíamente que en verdad el quemado hacía brujería. Voy a hacer una aclaración previa para evitar lecturas improvisadas: nadie puede estar de acuerdo con darle la vacuna a uno que se “coló” en la fila. Nadie. Eso está mal. Pero también está mal seguir clavándole cuchillos al cadáver como si pudiera responder. Mucho peor es ser cínico o pretender ocultar otros problemas subrayando y sobreexponiendo algún caso particular, o en la crítica pública no tomar en cuenta nuestros propios males como sociedad. Pero lo que es peor es que desde las instituciones los funcionarios encargados de hacer justicia operen con la misma inquina con la cual algunos centros de poder se sacan fotos aprovechándose de la crisis.El presidente Alberto Fernández. al recibir la dosis de la vacuna Sputnik Últimamente pareciera que algún sector del Poder judicial y del Ministerio Público no deja escapar una sola oportunidad de empeorar su imagen. No se desperdicia ni una chance de aumentar el nivel de mezquindad. Algunos sienten una especial seducción no en saber la verdad y aplicar la ley frente a la sociedad (gran deuda) sino en aprovechar la época de la crisis para hacer prevalecer su espíritu carroñero y llevar el resultado al mejor postor político. No sólo era de esperar que éste episodio de la vacunación sin turno generara denuncias de quienes han construído su carrera política sólo denunciando hechos (cuya falsedad o veracidad nada importa), sino que también era previsible que un grupo de fiscales (con o sin excavadoras) impulsara con enorme energía estos casos. La participación activa de estos fiscales (si lo hacen con ecuanimidad) en la investigación de delitos me parece no sólo positiva sino esencial en el sistema republicano. Pero ello sólo siempre y cuando haya un delito posible como conducta típica. El juez penal y el fiscal deben hacer su trabajo pero siempre que las acciones sometidas a su estudio puedan ser encuadradas en una figura penal. Debo decir que, según mi impresión ello no sucede en este caso. El episodio no tiene nada para aplaudir, pero ¿hay o no un delito? Porque, según creo, en ocasiones, los representantes del Ministerio Público estiman que pueden intervenir, producir allanamientos, potenciar el escarnio público, ya que de todos modos siempre habrá algún tipo penal que pueda ser invocado. Por ello a veces se culmina con figuras aplicadas de modo disparatado pero que tienen la suficiente ambigüedad para “emprolijar el asunto” (asociación ilícita, administración fraudulenta, etc, etc).Cristina Kirchner, la vicepresidenta, también se inoculó contra el coronavirus Pero el problema es que vacunar al que está, en la mitad de la cuadra, saltando turnos previos, es muy feo, pero no hay ningún ilícito en ello. En una sociedad democrática en la cual rige el estado de derecho el control de la jurisdicción penal es la “ultima ratio” (el ultimo eslabón) de la cadena de controles sociales. No siempre podemos o debemos acudir al derecho penal. Una cosa es que nos parezca inmoral “colarse”, pero hay que decir que se vacunó a personas que tarde o temprano tenían que ser vacunadas. Para que quede claro: vacunar no es ningún verbo típico en el código penal. No hay un tipo penal que diga: “el que autorice a vacunar a otro al que no le tocara su turno de forma inmediata será castigado con una pena de x años de prisión. La misma pena se aplicará al que recibiera la vacuna”. No es bueno utilizar el derecho penal para fines políticos. Tampoco hay aquí delitos funcionales genéricos (malversación, incumplimiento de deberes, tráfico de influencia). En estos casos siempre aparecen exigencias que no se darían en este supuesto: la ventaja patrimonial para el funcionario, el cambiar de destino el dinero de la vacuna, o directamente incumplir un deber específico que aquí no se ha incumplido (se cumplió de un modo perfectible, en todo caso). Ojala algún día aparezca una vacuna contra un mal a veces difundido en algunos sectores de la vida institucional, el “BPA”: bipolaridad politicamente activada. Los delitos no se generan por indignación popular o construcción mediática: deben estar en el Código Penal.

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MENEM, LA DAIA Y EL ATENTADO A LA AMIA

Asombro y perplejidad ante el volantazo discursivo sin autocrítica de la dirigencia comunitaria judía POR: EL LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO  FEB 21, 2021 El fallecimiento del ex presidente Carlos Menem motivó un comunicado de la DAIA en el que recuerda que bajo su mandato se produjeron los atentados a la embajada de Israel y la AMIA-DAIA, consignando que “nunca pagó por su responsabilidad en el encubrimiento del atentado contra la AMIA-DAIA”. No podemos dejar de expresar nuestro asombro y perplejidad, siendo que la propia DAIA ha sido a través de los años el principal sostén de encubrimiento menemista, sin realizar autocrítica ni cambio sustancial de rumbo hasta la actualidad. Resultaría agotador reseñar 26 años de maniobras de apoyo por parte de la dirigencia y la querella AMIA-DAIA a la insostenible historia oficial del atentado, y la defensa denodada que ejercieron para defender a funcionarios judiciales y policiales corruptos, responsables de la impunidad organizada por el gobierno de Menem. Desfilaron una y otra vez en apoyo del ex juez Juan José Galeano a cargo de la fraudulenta causa (hoy destituido y condenado penalmente, como delito de lesa humanidad, por encubrimiento); continúan defendiendo a los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia; negaron por años el comprobado pago de la coima de más de 400.000 dólares al entonces preso Carlos Telleldín con fondos de la SIDE, de lo que tenían conocimiento, con los que se le compró una declaración falsa que desvió la investigación por una década; premiaron al comisario Jorge “Fino” Palacios y a otros jefes policiales involucrados en el ocultamiento y en el espionaje sobre la comunidad judía; embistieron contra el titular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla porque se animó a impulsar investigaciones en una línea distinta de la historia oficial; taparon a los responsables de la impunidad –y su propio involucramiento– impulsando denuncias contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vaciando así de contenido real el término “encubrimiento” y poniendo en su lugar la discusión por el memorándum con Irán. En ese emprendimiento contaron con el impulso de los medios hegemónicos en articulación estrecha con el PRO y Cambiemos, y con sectores del Poder Judicial, constituyéndose en instrumento central del lawfare. Entretanto, silenciaron el juicio por el verdadero encubrimiento finalizado en 2019, que entre otras cosas dio por probado el desvío de la “pista siria”, que la DAIA siempre calificó como “fantasía”. Buena parte de estos y muchos otros actos la DAIA los perpetró en pretendida “representación de la comunidad judía”, situación intolerable que motivó el propio nacimiento del Llamamiento, bajo la consigna “no nos representan”. Este sorpresivo y aparente cambio de rumbo, por lo menos en lo discursivo, debería traducirse en un ejercicio real de debate y autocrítica, para que nunca más la dirigencia comunitaria vuelva a cumplir tan lamentable papel. Luis Kon, Horacio Lutzky y Marcelo Seltzer Comisión jurídica del Llamamiento Argentino Judío.

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La discusión de fondo

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 21 de febrero de 2021 Como varias veces hemos afirmado, la regulación del Estado en ciertos sectores económicos resulta fundamental para evitar distorsiones y abusos en las distintas redes que componen el sector productivo de la economía. En esta última semana se conocieron varias decisiones que tomó el gobierno nacional en este sentido y que justamente instan a resolver, a partir de las potestades legales, situaciones que le generan grandes perjuicios al bolsillo de las personas.  Un ejemplo de ello fue la aplicación de la Ley de Abastecimiento (modificada en 2014 por la Ley 26.991 de Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo) a través de la resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. En el marco de un alza en el nivel de los precios de los alimentos (en enero registraron una suba del 4,8%) algunas grandes empresas del sector fueron instadas a cumplir la ley. Tan sólo eso. En concreto, la Secretaría de Comercio Interior imputó a un grupo de grandes empresas por retención de sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo. Este comportamiento irregular, señala el comunicado oficial, se detectó ya que las empresas “habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”. Esta normativa establece además que el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”. El procedimiento en los comercios identificó faltantes en las góndolas de productos de consumo masivo, evidencia que derivó en inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras a las que se les solicitó información sobre stocks e inventarios de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021. El titular de la Copal se quejó porque fueron a la reunión con el gobierno “y ahora se les imputa generar desabastecimiento. Parecería que nos olvidamos que el propio Presidente dijo que éramos una industria esencial”. Pero los que son esenciales son los alimentos que producen, que no pueden faltar en la mesa de los argentinos y las argentinas, o venderse a precios que no tienen justificación. En cuanto al hecho de sentarse en la mesa de diálogo, si bien siempre es importante, eso por sí solo no legitima comportamientos que se están tratando de cambiar. Por eso considero que el diálogo y los acuerdos que se alcancen deben ir acompañados de metas específicas que deben ser cumplidas y presentadas ante la sociedad. En este caso en particular, se requiere que las empresas restablezcan los stocks registrados a noviembre de 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización. No se les está pidiendo a las empresas que produzcan a pérdida, se está tomando como referencia el nivel de producción de hace tan sólo tres meses y con el objetivo de no perjudicar a los consumidores finales con alzas innecesarias en los precios de productos esenciales como los alimentos. Discusiones de fondo En definitiva todo termina retornando, y no sólo en Argentina, al tema de fondo: cuál debería ser el rol del Estado. O más aún, a la dicotomía entre “Estado y mercado”. Referida a Estados Unidos, en una nota del Financial Times se afirma que “la estrategia de Biden para la economía estadounidense implica el cambio más radical de las políticas predominantes desde las reformas de libre mercado de Ronald Reagan de hace 40 años; con planes de endeudamiento y gasto público a escala nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial, la administración está haciendo un enorme experimento fiscal”. En la nota se comenta que “si el plan da resultado, demostrará que la innecesaria timidez de las últimas décadas hizo que millones de personas estuvieran desempleadas sin ninguna necesidad, le quitó a muchas zonas la oportunidad de mejorar su nivel de vida y amplió las desigualdades (…). Si los planes de recuperación que impulsa Biden terminan siendo correctos, demostrarán que (…) durante los últimos treinta años las economías avanzadas se obsesionaron demasiado con la inflación”. Sin embargo, el énfasis ideológico que se quiere dar queda claro a partir del propio título de la nota: “Si el plan de Biden fracasa pasará a la historia como el mayor «gol en contra»”. Se trata de una argumentación que desafía toda lógica. Incluso si el Plan Biden no llevara a los resultados esperados, nada induciría a concluir que la opción que queda sean las políticas de ajuste. Argentina, por su parte, ha sido un ejemplo de lo que generan las políticas neoliberales. Vinculado a ello, hace unos días falleció Carlos Menem, quien fuera presidente argentino durante diez años. Más allá del respeto por el dolor de sus familiares y amigos y de las condolencias que la formalidad del momento impone, no hay que dejar de decir que su figura encabezó precisamente un proyecto de políticas que tuvieron un profundo impacto regresivo, dándole continuidad y profundidad al plan económico que comenzó en la última dictadura militar. En definitiva fueron los mismos “cómo” (desregulación y Estado mínimo, apertura externa indiscriminada, etc.), que guiaron a la Alianza y que el macrismo retomó más tarde. Los resultados, casi idénticos en todos los casos (endeudamiento, fuga de capitales, quiebra de pymes, desempleo y pobreza), y cada vez más complejos de revertir.  Muchas problemáticas que hoy padecemos, como la tendencia a la dolarización y la desindustrialización, tuvieron el germen en estas políticas. Desde la apología de las privatizaciones y de los productos importados, a la subordinación en el orden internacional a la política de los Estados Unidos (“relaciones carnales”), la aplicación del decálogo del Consenso de Washington fue completa en los noventa. Se trata de una ideología que aún está muy activa en Argentina y aquí radica buena parte

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Encrucijadas de la soberanía digital

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha:  de febrero de 2021 “Hay que evitar la creencia de que las innovaciones tecnológicas son positivas sólo por ser nuevas, o son negativas sólo porque son tecnológicas” David E. Graham La última semana se informó la construcción de un consorcio de medios de comunicación argentinos asociados a la plataforma Google, destinada a reproducir material informativo local en su portal de noticias global denominado News Showcase. El acuerdo incluye a más de 30 grupos periodísticos, tanto porteños como provinciales, entre los que figuran Clarín, La Nación, Infobae, Página/12, El Cronista, La Arena, La Gaceta y Nueva Rioja, entre otros. El acuerdo implica un financiamiento de los medios locales por parte de Alphabet (la corporación que administra Google) y un decidido involucramiento en la selección de contenidos. Dicho desembarco forma parte de una campaña internacional para blindarse frente a las acusaciones de prácticas monopólicas, posición dominante, comercialización de datos privados a empresas y desvío de información crítica hacia la National Security Agency (NSA). News Showcase ofrece colaboración y apoyo financiero al periodismo de cada uno de los países con el objeto de obtener una legitimidad cuestionada por la Unión Europea y otros estados. Argentina es uno de los doce países en donde se decidió implementar el programa, que incluye acuerdos similares con medios de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, el Reino Unido, Australia y Japón, entre otros. La inversión inicial es de 1.000 millones de dólares e incluye, hasta la actualidad, a unos 450 medios. La participación de los medios argentinos contribuye a la tendencia generalizada de una mayor concentración monopólica global y a la vez faculta a Google a convertirse en el gran responsable de modelar la imagen de la Argentina a nivel internacional, permitiéndole la selección de noticias aptas para el paladar del neoliberalismo hegemónico. Los medios locales recibirán compensaciones económicas por replicar una selección de sus titulares, mientras que Google compilará los datos obtenidos como insumo de sus operaciones de Inteligencia Artificial (IE). Una vez procesados, los comercializará a miles de empresas que los utilizarán como soporte para el marketing directo y personalizado. Los medios argentinos obtendrán dos tipos de financiamiento: por un lado, como consecuencia de la provisión de contenidos a la plataforma News Showcase, y por el otro como resultado de proporcionar acceso a artículos de las versiones pagas de dichos medios asociados. El resultado de este involucramiento de Google en la producción de la noticialidad cotidiana local ampliará el control de la plataforma estadounidense sobre el denominado ecosistema informativo local, incrementando su capacidad para modelar el sentido común, imprescindible para la reproducción ampliada del sistema financiarizado. En ese marco, la restricción sobre la soberanía comunicacional se expresará a partir de las cinco dimensiones siguientes: Agenda: decidirá qué temas y qué medios serán los que ocuparán los lugares prioritarios y cuáles serán ubicados en los márgenes. Dado que la selección inicial será ofertada por los propios medios, la trifecta mediática local (Clarín, La Nación e Infobae) logrará apalancar su legitimidad a la hora de difundir sus posverdades, falacias y tergiversaciones, apoyada en la cobertura brindada por una plataforma globalizada. Ese escenario es lo que Google conceptualiza como un ecosistema informativo, nominación aséptica con la que se pretende esconder las decisiones corporativas de sus CEOs. El ecosistema funciona como la mano invisible del mercado. Algo que está direccionalizado por poderosos actores que buscan atribuir sus movimientos a una naturaleza independiente de intereses. Concentración: incrementará la monopolización de los medios locales sin tener que regirse por normativas democráticas –presentes o futuras–, dada su localización empresaria en Estados Unidos. Operará sin arbitraje del Estado y decidirá qué coartar, ampliar o cercenar sin que una autoridad soberana o multilateral cuente con capacidad de intervención. Monetización: incrementará la capacidad de comerciar los datos personales de los ciudadanos argentinos, tanto para ofrecer agregados aptos para el marketing personalizado como para modelar campañas electorales, tal cual fue denunciado en ocasión del caso Cambridge Analytica. Vigilancia: aumento de la capilaridad informativa sobre partidos políticos y sus referentes, combinado con el desarrollo de mecanismos de inteligencia artificial dispuestos para completar una arquitectura global capaz de instalar mercados de futuros conductuales. Una disposición posible gracias a una concentración extrema de conocimiento, ajena a la supervisión democrática: se profundizará la manipulación destinada a conformar tribus antipolíticas y modelo de consumidores antes que ciudadanos. Sujetos aislados enemigos de la cooperación, admiradores de la competencia, reivindicadores de la desconfianza y de guerra de todos contra todos. Tergiversación, sobreabundancia y escándalo: La articulación convergente planificada por News Showcase será gobernada por algoritmos funcionales a los requerimientos empresariales trasnacionales, generalmente opuestos a las demandas sociales o las necesidades soberanas. En ese contexto, se omitirán los circuitos capaces de dotar a los usuarios de pensamiento crítico, convirtiendo a los ciudadanos en cibernautas. La difamación se hace confusa y ambigua y se la denomina fake new. “Cuando nos conectamos a internet ya no vemos el bosque. Ni siquiera los árboles, vemos sólo hojas, ramas (…) un ecosistema de tecnologías de interrupción (…) donde nos presentan pedazos o fragmentos de la realidad a través de sus buscadores”. La emocionalidad, la intemperancia, el odio y la intolerancia aparecen como vehículos de articulación social más premiados por las redes sociales y los buscadores. Cuánta más agresión se reproduce, mayor es la cantidad de respuestas. A eso se le suma el aluvión de contenido indiferenciado que –sin alfabetización digital– logra equiparar, sin jerarquizar, a un infectólogo con una presentadora televisiva, debatiendo temáticas de inmunización. Regular o sucumbir Desde 2019 el control del intercambio político en el ciberespacio es regulado por Google sólo en Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la India y el Reino Unido. En 2020 se incluyó a Nueva Zelanda, Israel, Australia y Taiwán. En todos esos países, Google limitó, seleccionó y/o censuró la divulgación de anuncios electorales según segmentaciones generacionales, de sexo y de ubicación georreferencial. Aunque Google intenta resguardarse frente a posibles acusaciones de interferencia electoral, la Unión Europea y algunos de sus países miembros, por separado, han avanzado en la aplicación de normativas destinadas a limitar su poder discrecional. A partir de enero de 2021 se aplica en España

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Horacio Verbitsky. El oscuro día de los moralizantes

Fuente: Horacio González | La Tecl@ Eñe Fecha: 21 de febrero de 2021 El caso de Horacio Verbitsky se prestó para que se concentrara la polución colectiva de los grandes medios de comunicación, recogiendo las ansiedades malogradas de miles y miles de personas que dirigieron hacia ese único e impensable punto, sus desbaratadas ganas de ultrajar. Bastaba que en ese punto apareciera la figura de Horacio Verbitsky. Una figura pública que durante más de medio siglo fue reinventando una modalidad de periodismo que sin perder sutileza, ironía y fino sarcasmo, se dedicó a desnudar las tramas ilegales, represivas y destructivas de las formas políticas más horrendas que conoció la humanidad, desde actos de sufrimiento y aniquilación producidos en personas con compromisos políticos revolucionarios hasta esquemas ilegales de negocios que estrujaron hasta dejar exangüe a nuestro país. ¿Se olvidó eso? Los grandes medios que sacaron sus relucientes armamentos hechos de emoticones y rabiosa opinología, se frotan las manos. Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe) Un riesgoso fanatismo, un alud que cae violentamente sobre un único individuo que súbitamente concentra las acusaciones en que se cifran, si fueran dichas de otra manera, todas las frustraciones colectivas, las innumerables desistencias de la vida social argentina para evitar convertirse en un ámbito problemático. Una catarata que renueva sus aguas revueltas con una penitenciaría de flechas envenenadas contra un hombre que pasó su vida en un combate contra las condensaciones políticas que se deleitaron creando espanto y horror, y que ahora parecen haber revelado, en un único acto de su vida del que se arrepiente, que la impugnación a emisarios de la muerte organizada desde el Estado -en oscuros períodos que es imposible olvidar-, era una fantasía de alguien que llevaba en sus venas el deseo de actuar sin pedir turno, saltarse el lugar en la cola. Si somos prístinos en la vocación de pensar la política, debemos seguir siendo capaces de analizar sus problemas en vez de emplear hachas de sílex que caen sobre el “enemigo del pueblo”. Recordamos con esta expresión al Doctor Stockmann, el famoso personaje de Ibsen. Ojalá, estuviésemos entonces discutiendo una obra de teatro de un gran autor noruego. Stockmann, como médico había descubierto que estaban contaminadas las aguas del lago turístico del pueblo, y los políticos que lo saben, aunque lo niegan para no arruinar un negocio. Consiguen que el pueblo acuse a Stockmann, que a su vez, mantiene la idea de que los pueblos son fáciles de engañar. Con las enormes diferencias del caso, Horacio Verbitsky ha sido declarado “enemigo del pueblo” en una gran carnavalada de hipocresía y agua bendita. ¿Es el “enemigo del pueblo”? Si alguien fue capaz de decirlo, consultando quizás el acervo de grandes frases del teatro clásico, no se tomó el trabajo de consultar lo inverosímil de sus anatemas. “¡Se atribuye un privilegio cuando hay cincuenta mil muertos en el país!”. La insólita acusación es grave a dos puntas. Una es obvia. Verbistsky se vacunó sin acatar la larga espera a la que muchos estamos sometidos, corriendo la suerte de miles y miles de hombres y mujeres que vivimos con tristeza estos tiempos de cerrazón para las preguntas fundamentales sobre la vida, que no es que se ausenten, pero vienen demasiadas veces montadas en la televisada caballería de la impugnación, el insulto fácil, la moralina proclamada desde la supuesta  indemnidad personal de quienes se saben envueltos en celofanes, purezas de facultades de juzgar al prójimo en un escupitajo de desprecio. Inquisitoriales, se basan en un error personal para preparar la desmesura de hacerlo cargar con una insensibilidad estadística hacia los muertos que va dejando este estropicio que originó debates filosóficos, ecológicos, científicos y toda clase de especulaciones sobre una geopolítica de las vacunas, en la que tanto tienen que ver los que usan toga de moralistas, mantillas de severos analistas políticos. Nos vacunábamos desde chicos en las escuelas públicas, con una mera intervención de un enfermero que pasaba alcohol en nuestros tiernos brazos, bastaba hacer una cola como un trámite republicano, llamémoslo así, pero ahora esperamos la vacuna como una centella mesiánica salida ya de laboratorios cuyos nombres proféticos no conocíamos meses antes. Gamaleya, AstraZeneca, Pfizer. Este último nos era más familiar, pues como los grandes laboratorios occidentales tanto produce vacunas contra males específicos como gases asfixiantes y otros artículos vinculados a la violencia y la guerra. Pero ahora adquirían aspectos mesiánicos, heroísmos hospitalarios justamente conmemorados, y hasta entonaciones socialistas como dijo Iñigo Errejón en un reportaje desde España, donde comparó la vacuna a un “acto casi socialista”. Hace casi un siglo, los socialdemócratas alemanes dijeron que el correo postal era ya un indicio de socialismo. Comprendemos a estas personas y estos pensamientos benefactores que se entusiasman con aspectos científicos supletorios de la voluntad humanan política. Más de un siglo después el Correo no mostró esas virtudes que el candor político le atribuía, y su sucesor tecnológico, las “redes sociales”, se muestran especialmente como un reservorio de frases ponzoñosas, sostenidas en el anonimato, pero especialmente activas en la quiebra general de los tejidos asociativos que crean expectativas mutuas de solidaridad. Y no suelen evitar la injuria babosa, el escarnio ponzoñoso y la piqueta pública avalados por “tantas y tantas miles de visitas”. Se dice “las redes” como si se mencionara un ser, antropófago y ávido de devorar cuerpos vivos, canibalizarlos provocando un pequeño éxtasis domiciliario pues con el computador en nuestro penumbroso dormitorio podemos lanzar epítesis que producen un secreto espasmo, impiden pensar, pero producen un secreto temblor en nuestras soledades. El caso de Horacio Verbitsky se prestó para que se concentrara la polución colectiva de los grandes medios de comunicación, recogiendo las ansiedades malogradas de miles y miles de personas que dirigieron hacia ese punto -ese único e impensable punto-, sus desbaratadas ganas de ultrajar. Bastaba que en ese punto apareciera la figura de Horacio Verbitsky. Una figura pública que durante más de medio siglo fue reinventando una modalidad de periodismo que sin perder sutileza, ironía y fino sarcasmo, se dedicó a desnudar las tramas ilegales, represivas

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