America Latina

Fuente: Luvis Pareja | www.estrategia.la Fecha: 07 de agosto de 2019 El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, acusó a la administración de Donald Trump de intentar influir a favor de la oposición en la campaña electoral, de cara a las presidenciales de octubre próximo, quizá tratando de invisibilizar las dos masacres ocurridas el fin de semana en los estados de Texas y Ohio, que dejaron un saldo de 30 muertos y más de 60 heridos . “Se meten, se inmiscuyen (en la campaña) pero no es ninguna novedad por parte de las embajadas norteamericanas en América Latina», dijo. Ellos (los estadounidenses) tienen la misión divina de calificar a todos los países del mundo», afirmó el canciller y agregó que basta entrar a la página del Departamento de Estado para ver la calificación de todos los países. La intencionalidad de la advertencia del gobierno estadounidense parece quedar en claro, ya que se abstiene no solo de hablar de las continuas masacres en su propio país, de la persecución a migrantes, incluyendo niños, sino de la extrema violencia que existe en otros países –aliados a EEUU- como Colombia. Sin amilanarse, el gobierno uruguayo continuó respondiendo a los ataques de Washington, que días atrás advirtió a los ciudadanos que estadounidenses que no viajaran al país sudamericano ante un aumento en sus índices de delincuencia, registrado en base a informes del Departamento de Estado. El lunes había emitido un comunicado en el que alertaba a los ciudadanos que tuvieran pensado viajar a EEUU por la «creciente violencia indiscriminada» desatada en esa nación. Mano dura «Es una exageración, y es muy imprudente andar diciendo que aumenta la inseguridad en Uruguay, cuando el tema de la seguridad está metido en la campaña electoral», replicó Nin El senador blanco Jorge Larrañaga, uno de los candidatos preferidos por Washington, quedó fuera de la competencia por la presidencia, pero el proyecto de reforma constitucional que impulsó mediante la campaña “Vivir sin miedo” se votará el 30 de octubre, en forma simultánea con las elecciones nacionales, salteándose al Poder Legislativo para intentar, por otra vía, la aprobación de proyectos que ya fueran rechazados. A finales de julio, en un discurso lleno de falacias y efectismo, Larrañaga señaló vaguedades como que “no se puede seguir así” y que hay que “defender a la gente honesta”, y señaló que “si no hacemos esto, […] los delincuentes nos llevan puestos”. Medrando con el miedo y con el imaginario de la inseguridad, postuló una ilógica y peligrosa equivalencia entre orden y seguridad, típica de ideologías autoritarias y de intentos de desestabilización democrática Él último domingo de octubre los uruguayos votarán por un nuevo presidente y plebiscitarán la ley represiva de Larrañaga, que contó con apoyo de asesores estadounidenses e israelíes. Crímenes de odio El Ministerio de Relaciones Exteriores alertó por los crímenes de odio, fundados en “el racismo y la discriminación, que costaron la vida a más de 250 personas en los primeros siete meses de este año». El gobierno de Donald Trump anteriormente emitió una elevación del nivel de advertencia dirigida a ciudadanos estadounidenses que planeaban visitar Uruguay, por el «aumento de la delincuencia»: pasó del nivel 1 («tomar precauciones normales») al nivel 2 («ejercer mayor precaución debido a la criminalidad»). También la cancillería de Venezuela emitió un aviso de características similares, sugiriendo a los venezolanos “postergar sus viajes, o, en todo caso, extremar las precauciones” en caso de ir a Estados Unidos, y pidieron a sus viajeros evitar grandes aglomeraciones y algunas ciudades, que ubicaron entre las «20 más peligrosas del mundo». Nin Novoa redobló la apuesta el martes al sostener que EEUU busca entrometerse en la campaña electoral uruguaya, al tiempo que aseguró que con Washington «no hay ninguna tensión». Pero dejó en claro que la advertencia de Washington a sus ciudadanos respecto a Uruguay «es como mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio” y agregó que EEUU cree que tiene «la misión divina de calificar a todos los países del mundo». «Estados Unidos tiene una tasa de homicidios de 25 habitantes cada 100 mil, mientras que en Uruguay tenemos la mitad. Matan a 30 personas en tiroteos en bares, y nos vienen a decir a nosotros que tengan cuidado con Uruguay. ¡Por favor!», exclamó el canciller, quien remarcó que a su país no lo motiva un «ánimo belicista y confrontativo». «Hicimos un comunicado en los mismos términos en que lo hicieron ellos», agregó. En la nota consular presentada hace unos días, el gobierno norteamericano había señalado que «los delitos violentos, los homicidios, los asaltos a mano armada, el robo de vehículos y los hurtos» aumentaron en Uruguay. El Departamento de Estado pidió evitar la visita a 13 barrios de Montevideo, y advirtió acerca del incremento de los robos callejeros, y de viviendas durante el verano, en los principales balnearios del país, incluyendo Punta del Este. La inseguridad es uno de los temas más importantes dentro de la agenda pública uruguaya. A la espera de cifras oficiales, se estima que en 2018 Uruguay, país de 3,4 millones de habitantes, registró una cifra récord de homicidios (381), un 35 por ciento más que en 2017. Sin embargo, esos números provienen de un estudio que regularmente publica la fundación Fundapro, cercana a la oposición, y que sirvieron de insumo para la dura advertencia planteada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. **Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: Boaventura de Sousa Santos* | Jornada Fecha: 27 de julio de 2019 Las palabras que más se repiten hoy son estupefacción y perplejidad. El gobierno brasileño ha caído en el abismo del absurdo, en la banalización total del insulto y la agresión, en el atropello primario de las reglas mínimas de convivencia democrática (por no hablar de las leyes y la Constitución), en la destilación de odio y negatividad como única arma política. Todos los días somos bombardeados con noticias y comentarios que parecen provenir de una cloaca ideológica que ha acumulado rancidez y descomposición durante años o siglos, y ahora rezuma el hedor más nauseabundo y pestilente como si fuese el aroma de la novedad y la inocencia. Esto causa estupefacción en quienes se niegan a ver normalidad en la normalización del absurdo. La perplejidad se deriva de otra verificación, no menos sorprendente: la aparente apatía de la sociedad civil, de los partidos democráticos, de los movimientos sociales y, en definitiva, de todos los que se sienten agredidos por semejante desatino. Da la impresión de que la insistencia y el abuso de la insolencia tienen el efecto de un gas paralizante. Es como si nuestra casa estuviese siendo asaltada y nos escondiésemos en un rincón con el temor de que el ladrón, si nos viese, se sintiera provocado y además de nuestras posesiones nos quitara también la vida. Puesto que un país es más que un conjunto de ciudadanos estupefactos y perplejos, y como en política la fatalidad no existe, hay que pasar de la estupefacción y la perplejidad a la indignación activa y la respuesta organizada y consistente en nombre de una alternativa realista. Para ello hay que responder dos preguntas principales. La primera, ¿cómo fue posible todo esto? La segunda, ¿con qué fuerzas políticas y de qué modo se puede organizar una respuesta democrática que ponga fin a este vértigo y retome el camino democratizador del pasado reciente sin cometer los errores en los que incurrió? ¿Cómo sucedió? La reflexión al respecto debe tener siempre en cuenta los factores internos y geoestratégicos. Las razones que llevaron a la dictadura entre 1964 y 1985 no fueron superadas con el regreso a la democracia. El pacto con los dictadores no permitió juzgar el terrorismo de Estado que practicaban, exigió la continuidad (y hasta la profundización) del modelo capitalista neoliberal, y no resolvió la cuestión de la concentración de la tierra, sino al contrario, la agravó, permitiendo a las élites patrimonialistas servirse de la democracia como antes se habían servido de la dictadura. La Constitución de 1988 contiene una profunda vocación democratizadora que las élites nunca han tomado en serio. La continuidad también se produjo en el campo de las alineaciones geoestratégicas. Es conocida la intervención estadounidense en el golpe de Estado de 1964 y esa tutela imperial no terminó con la transición democrática. Solo cambió de discurso y táctica. Organizaciones internacionales de la llamada sociedad civil, formación de jóvenes líderes, promoción de un sistema judicial conservador e iglesias evangélicas fueron los vehículos privilegiados para frenar la politización de las desigualdades sociales causadas por el neoliberalismo. En este ámbito, el largo papado de Juan Pablo II (1978-2005) desempeñó un papel decisivo. Liquidó el potencial emancipador de la teología de la liberación y permitió que en las periferias pobres el vacío lo ocupara la teología de la prosperidad, hoy dominante. La receta neoliberal se aplicó en el subcontinente con especial dureza en los años 1990. Suscitó movimientos de resistencia que en la década de 2000 permitieron la llegada al poder de gobiernos de partidos de izquierda, en el caso de Brasil siempre en coalición con partidos de derecha. Este hecho coincidió (no por casualidad) con el descuido momentáneo del Imperio, embarrado en el pantano de Irak desde 2003. Las lecciones que se pueden extraer de este periodo son las siguientes. La izquierda se embriagó con el poder del gobierno y lo confundió con el poder social y económico que nunca tuvo. El Foro Social Mundial (FSM), del que fui uno de los impulsores desde sus inicios, creó la ilusión de una fuerte movilización política de base. Tenían razón quienes advirtieron desde el principio que el predominio de las ONG en el FSM contribuía a la despolitización de los movimientos. La izquierda partidaria abandonó las periferias y se refugió en la comodidad de los palacios de gobierno. Mientras tanto, en el Brasil profundo el trabajo ideológico conservador seguía su camino, listo para ser aprovechado por la extrema derecha. Bolsonaro no es un creador, es una creación. La parálisis de la sociedad política progresista y organizada viene de lejos. Si ahora es visible es porque sólo ahora se sufren sus peores consecuencias. Se concedieron las mejores condiciones operativas y remuneratorias al sistema judicial y al sistema de investigación criminal, pero se creía que eran órganos políticamente neutrales del Estado. De la operación militar-mediática de 1964 a la operación judicial-mediática de 2014 hay una gran distancia y diferencia. Pero tienen dos puntos en común. Primero, la demonización de la política es el arma política privilegiada de la extrema derecha para asaltar el poder. Segundo, las fuerzas políticas de derecha se sirven de la democracia cuando esta les sirve. Pero cuando la opción es entre democracia o exclusión, o entre libertad política o libertad económica, optan siempre por la exclusión y por la libertad económica. La respuesta democrática No se pueden improvisar soluciones de corto plazo para problemas estructurales. La historia de Brasil es una historia de exclusión social causada por una articulación tóxica entre capitalismo, colonialismo y patriarcado o, con más precisión, heteropatriarcado. Las conquistas de inclusión fueron conseguidas con muchas luchas sociales, casi nunca llegaron a consolidarse y han estado sujetas a retrocesos violentos, como sucede hoy. La victoria de la extrema derecha no fue una simple derrota electoral de las izquierdas. Fue la culminación de un proceso golpista con fachada institucional en el que, en el plano electoral, las izquierdas hasta probaron una resiliencia notable en las condiciones de una democracia al borde del abismo

Fuente: Emiliano Guido | Nuestras voces Fecha: 29  junio 2019 Mauricio Macri festejó ayer con globos y épica el pre-acuerdo político entre la Unión Europea y el Mercosur. Este convenio es el camino hacia un pacto comercial primarizador que destrozará la competencia de nuestras economías regionales. Europa ingresará al mercado latinoamericano sin aranceles y a cambio ofrecerá mínimas cuotas de acceso a su mercado agrícola. Sin embargo, el consenso logrado implica solo el aval para una negociación técnica que deberá ser aprobada luego por el Congreso. ¿Es el fin de la soberanía de América Latina? El gobierno nacional dio ayer un carácter de histórico al pre-acuerdo político alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, el consenso logrado implica solo el aval a una negociación técnica donde aún no se ha suscripto la letra chica del tratado. En lo concreto, Cambiemos festeja la posibilidad de pactar un tratado de libre comercio que, dada las asimetrías del bloque zonal con Bruselas, ahondará la primarización nacional, pulverizará la competencia de nuestras economías regionales, pondrá en un pie de igualdad a las empresas europeas que busquen competir en las licitaciones locales de compras gubernamentales y fortalecerá el poder de arbitraje de los tribunales extranjeros cuando una corporación pretenda litigar al Estado nacional. En 2016 el Secretario de Comercio Miguel Braun advirtió que el verdadero objetivo del tratado era “cerrar la puerta de la región al populismo”. “Car for cows”, autos por vacas, advirtió el día jueves el portal Político explicitando cuáles eran los nichos negociables entre el Mercosur y la Unión Europea. De esa manera, el medio europeo, con acceso a fuentes diplomáticas que estaban pujando en la letra final del anuncio, visibilizaba con mucho ingenio las expectativas de cada bloque: Bruselas intentando consolidar la entrada de su producción industrial de autos en el Cono Sur, y el bloque mercosureano con el horizonte puesto en buscar acrecentar el ingreso de nuestras exportaciones de carne y lácteos en el amurallado comercio europeo, donde su sector primario está muy subsidiado. Un día después, y tras veinte años de un diálogo intrabloque sin consensos, ayer se alcanzó un acuerdo de carácter político entre las dos ententes comerciales para avanzar en un tratado de libre comercio que profundiza el rol de Argentina y de la región como abastecedora de materias primas a los países centrales; en este caso, a Europa. Lo que no pudo lograr la administración de Fernando De la Rúa, a inicios de siglo, cuando su gobierno, y los pares zonales alineados con su visión aperturista, intentaron avalar el pacto desregulatorio interamericano conocido como ALCA, sí pudo ser concretarlo –aunque a nivel transoceánico– la gestión de Mauricio Macri y la de su colega  brasileño Jair Bolsonaro, que traccionaron con su voluntad a economías menores como la de Paraguay y Uruguay, el último país en pleno cronograma electoral, al igual que nosotros. Es decir, sobre la narrativa autocelebratoria de los medios argentinos que ayer sobrevendieron el acuerdo con Bruselas dándole una capa de épica a una negociación diplomática incluyendo pasajes literarios en sus crónicas –La Nación consignó que Macri “no pudo dormir en las horas finales de las negociaciones” y Clarín detalló que el Canciller Jorge Faurie “lloró” al momento de comunicarle la noticia al Jefe de Estado– lo que terminó de plasmarse es una hoja de ruta que redibuja el comercio intrabloque con el clásico sesgo de metrópoli y periferia. Nosotros exportaremos vacas, ellos nos venderán autos. “Car for cows”. Varios sectores políticos, sociales y referentes de la investigación académica salieron a dar su mirada crítica acerca de lo suscripto por Cambiemos. “Este acuerdo comercial es una expresión actualizada de la presión que la Unión Europea y Estados Unidos vienen sistemáticamente realizando en las negociaciones comerciales, promoviendo una apertura indiscriminada de las economías de la región y buscando las mayores garantías para la colocación de sus productos, tal como se intentó con el ALCA”, comienza advirtiendo un comunicado de los sindicatos de la CGT nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores. Ese documento difundido ayer con el título “No al acuerdo Mercosur- Unión Europea” alerta que gracias al TLC suscripto con Bruselas, la Unión Europea “obtendrá mayores nuevas aperturas y concesiones en las áreas de inversiones, compras gubernamentales, servicios (educación, salud) y propiedad intelectual. En contrapartida, el acuerdo incluirá en la oferta mínimas cuotas de acceso a su mercado agrícola. De esta manera, el Tratado le asegura a la UE poder continuar con su política de subsidios a sus agricultores para competir vendiendo sus productos a precios inferiores a los costos de producción, lo que constituye una práctica comercial desleal conocida como dumping”. Por su parte, días atrás la Red Observar –un capítulo integrado por usina de ideas populares como el centro de investigación económica CEPA– publicó un interesante informe titulado “Mercosur- Unión Europea: un ALCA silencioso” donde, al contrario de lo que puede pensarse, vaticinan que el TLC en marcha no sólo va a impactar sobre el capítulo económico del Cono Sur. “Parte de la opacidad existente en torno al proceso negociador entre el Mercosur y la Unión Europea es atribuible a un equívoco fundamental: que las negociaciones en marcha serían sobre todo de tipo comercial. Lejos de ser así, la mayor parte de los temas en discusión son de carácter estructural y comprometen ámbitos críticos para el desarrollo nacional”, sostiene la Red Observar en uno de los párrafos significativos de su documento. A su vez, el paper “Mercosur- Unión Europea: un ALCA silencioso” justifica lo explicitado con las siguientes líneas argumentales: “El Secretario de Comercio Miguel Braun indicó en el año 2016 que el Acuerdo contribuiría a que el populismo no retorne a América Latina. En el marco de la negociación la UE no reconoce en ningún tramo el concepto de asimetría entre las partes, y avanza en consecuencia. Pese a que quintuplica en PBI al Mercosur, registra casi 10 veces más patentes al año, y más que duplicó sus exportaciones a la región en los últimos diez años, ha obtenido hasta el momento un sinnúmero de concesiones en materia de desgravación de

Fuente:  Nery Chaves García y Esteban De Gori | Celag.org Fecha: 28 de junio A diez años del Golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la crisis social, económica y política en Honduras no deja de profundizarse, como así tampoco la movilización democrática popular. El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, aparece en pijamas en Costa Rica. Denunciaba un Golpe de Estado. Un sector del Partido Liberal, el Partido Nacional y las Fuerzas Armadas habían consensuado el fin abrupto de su mandato constitucional, el cual se había iniciado en 2005. El consenso bipartidista había funcionado en un país donde ambos partidos habían organizado por décadas el juego político. El Gobierno de Zelaya intentó solucionar dos grandes problemas que le granjearon tensiones con actores económicos y políticos que luego se organizaron ante la instalación de la llamada “cuarta urna”. Esos dos graves problemas fueron la crisis energética y la crisis social. Para ello, introdujo un decreto de salario mínimo que lo enfrentó con empresarios, y se alió con Petrocaribe para reducir el precio del petróleo y todo lo que ello implica en la economía. Zelaya se fue convirtiendo, así, en un líder inesperado, sobre todo porque era el empresario que participaba de las cámaras empresariales que mayor influencia poseía en ese país. También se opuso a la privatización de la empresa nacional portuaria y profundizó la Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) que se había iniciado en 2001 desde el Estado y que retomó como propuesta para distribuir la riqueza y potenciar el crecimiento económico, que estaba estancado. De hecho, podemos observar que el porcentaje del PIB destinado al gasto social —educación y salud inclusive— aumentó durante el periodo 2006-2008. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema tuvieron una caída durante su Gobierno. Esta ERP era alentada porque suponía la condonación de la pesada deuda externa. Donde se coagularon todos los malestares políticos de los sectores tradicionales que veían en Zelaya la puesta en duda del imaginario neoliberal -colocando sus críticas en la intervención estatal y en distribuciones no grandilocuentes de la riqueza-, fue en el llamado a participar en una “cuarta urna”. En ella se preguntaría acerca de si se debía o no convocar a una asamblea constituyente y en las otras tres urnas se elegiría presidente, Parlamento y alcaldes. El mismo día en que debían realizarse las elecciones, cuarta urna incluida, Zelaya fue sacado el poder y llevado a Costa Rica. Por ello el 28 de junio significa muchas cosas: quiebre del orden constitucional, clausura de un proceso electoral, y apertura de una inestabilidad y conflictividad que llega hasta hoy. Pero también 28 de junio es el punto cero de la ruptura del bipartidismo y la puesta en cuestión de un elitismo conservador que se había profundizado con la recuperación democrática en 1982. Hoy dos imágenes: en 2009 Zelaya en pijamas, despojado del poder constitucional y presidencial, y en 2018 -en una encuesta del ERIC- Mel Zelaya es considerado por el 30% de la población como el mejor presidente de Honduras, seguido por Juan Orlando Hernández (JOH), con el 18,7%. El golpe del 2009 continuaría con golpe electoral de 2017. Entre Zelaya y Juan Orlando Hernández solo gobernaron presidentes del Partido Nacional. Como si la conclusión del golpe de 2009 no sólo fuera la salida del presidente constitucional sino, al mismo tiempo, la disolución del bipartidismo y caída abrupta del partido del cual provenía Zelaya, el Partido Liberal. La resistencia al golpe fue el laboratorio de varios partidos políticos y liderazgos: por un lado, el del propio Zelaya y su Partido Libre y, por otro, Salvador Nasrrala con su Partido Anticorrupción. Esa resistencia politizó a la ciudadanía y la ocupación del espacio público ganó terreno. Se observaron represión y beligerancia estatal. La crisis abierta por el golpe de 2009 se intentó clausurar con una elección que le dio el triunfo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional. Éste no sólo redujo la intervención del Estado en la economía -cuestión que aumentó la pobreza y la desigualdad- sino que restituyo un camino “ganador” para un Partido Nacional, que podía ganar elecciones y que podía realizar golpes electorales, pero que no lograba clausurar las trayectorias de acción de movilización y reclamo sobre un sistema político que intentó recrear fuertes dosis de elitismo conservador y excluyente. En noviembre de 2009 asumió Porfirio Lobo en unas elecciones militarizadas, bajo Estado de Sitio y con muy baja participación.[i] En su intento por legitimar el Golpe de Estado, impulsó los Acuerdos de Cartagena, que posibilitaron el retorno de Mel Zelaya, la fundación del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) a partir del Frente Nacional de Resistencia Popular y la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2011. La OEA había presionado para resolver una crisis de inestabilidad política y de ilegitimidad que cargaba el sistema político hondureño. En las elecciones en 2013 -en medio de diversas denuncias del Partido LIBRE, que llevó la candidatura de Xiomara Castro Zelaya, enfrentada a Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción (PAC)- es elegido como presidente Juan Orlando Hernández, quien había sido presidente de la Asamblea Nacional, jefe de bancada del Partido Nacional (2005-2009) y su secretario general (2006-2019). Su estrategia política fue garantizar la continuidad del Partido Nacional, centralizando su propio partido frente a sectores minoritarios del mismo. Tal concentración de poder posibilitó que su candidatura presidencial en los comicios de 2017 se transformara en legal, tras el fallo de la Corte Constitucional hondureña que violó la Constitución hondureña de 1982, que lo prohibía expresamente. El intento de consulta sobre la posibilidad de reforma constitucional llevó a Zelaya a su derrocamiento; la violación del carácter pétreo de la Constitución condujo, ya no a su salida del poder sino a un profunda inestabilidad y conflictividad políticas. Las elecciones nacionales de 2017 en un marco de concentración del poder de Hernández y el rechazo a la violación de la Constitución provocó la unidad política de la oposición política. Se constituyó la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, la cual quedó conformada