Comunicados y Declaraciones

El 27 de enero de 1945 las tropas del Ejército Rojo llegaron a Auschwitz y liberaron a los prisioneros que aún permanecían encerrados en las barracas del espanto. En ese campo de concentración fueron exterminados más de un millón de personas, entre ellos 200 mil niñas y niños. En todos los campos de concentración y exterminio fueron asesinados, a mano de los nazis, siete millones de personas, entre ellos la mayor parte de los seis millones de judíos que murieron en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En conmemoración de esa fecha las Naciones Unidas en 2005 decide declararla Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El LLAMAMIENTO Argentino Judío se suma a la recordación que llevan a cabo quienes saben que la memoria es la garantía de que esos crímenes nunca más puedan ser llevados a cabo. La memoria no puede convertirse en una disposición ligada al pasado. Debe orientarse hacia el presente y el futuro. La historia nos muestra que después de Auschwitz se han repetido genocidios en América Latina (entre ellxs  nuestrxs 30 mil compañerxs), en África y en Asia. No podemos hacer de la rememoración en un ejercicio pasivo y domesticado, apto para la sensibilidad lavada. Tiene que  convertirse en una llamada de atención en relación a los discursos supremacistas, xenófobos, judeofóbicos, islamofóbicos y misóginos que vuelven a poblar la fraseología política, en el marco de una clara actualización de los discursos del odio. La recordación de la Shoá —donde fue exterminado un tercio de la población judía existente— es para el LLAMAMIENTO un homenaje a las víctimas del pasado pero también un compromiso de resistencia contra quienes hoy instituyen las bases de los futuros crímenes masivos. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.   Comisión Directiva LLAMAMIENTO Argentino Judío  

El LLAMAMIENTO Argentino Judío condena la actitud injerencista del gobierno argentino de Mauricio Macri quien ha asumido una política escandalosamente seguidista del gobierno de los Estados Unidos en relación a la situación de Venezuela. América Latina es un continente de paz acostumbrado a sufrir recurrentes golpes de Estado impulsados por las oligarquías locales con el financiamiento y el apoyo de Washington para impedir la democratización y las decisiones soberanas de sus pueblos. Argentina ha sido víctima reiterada de las mismas políticas que hoy pretenden instaurarse en Venezuela con el único objetivo del control de las reservas  de petróleo, gas y oro de ese país y la destrucción de toda resistencia al neoliberalismo y a la hegemonía del Departamento de Estado en la región. Si bien Estados Unidos, los 13 países del Grupo de Lima entre los cuales está Argentina y la Unión Europea pretenden desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, 148 países del mundo en los que habitan 6.300 de los 7.300 millones de la población mundial, han reconocido al legítimo gobierno de la República Bolivariana. El reconocimiento como mandatario de un dirigente que no fue votado de acuerdo a las normas constitucionales de un país significa un gravísimo antecedente que atropella los derechos de los ciudadanos y atenta contra la democracia. Mauricio Macri, en el marco de una grave irresponsabilidad de la política exterior de Argentina caracterizada históricamente por la no injerencia en relación a conflictos internos de otros países, ha involucrado a nuestro país en una decisión tomada por Donald Trump y el pentágono. Esta conducta servil contrasta con la digna actitud de México y su presidente López Obrador que retomó la tradicional postura de ese país de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Ante la amenaza de una intervención armada del imperialismo, el LLAMAMIENTO repudia dicho alineamiento y llama a las fuerzas democráticas a expresarse a favor de la paz para evitar el emplazamiento en nuestra América de guerras civiles similares a las que suceden en Siria y en diferentes regiones de África, producidas por el mismo formato belicista que pretende interferir en las decisiones internas de cada país para apropiarse de sus recursos naturales.   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente            

El siguiente documento fue preparado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del LLAMAMIENTO Argentino Judío   El “Reglamento para uso policial de armas de fuego” Emitido por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich   RESOLUCION 956/2018 – MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN SU ILEGALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD Y ANTI-CONVENCIONALIDAD   I – LA RESOLUCION 956/2018 En primer lugar, tengamos presente que la Resolución bajo análisis es un Acto Administrativo, y como tal, para gozar de legalidad y ejecutabilidad debe satisfacer lo que la Ley requiere de manera excluyente a todo Acto Administrativo, cf. Art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre esos requerimientos, debe fundarse en antecedentes que le sirvan de causa; el objeto del acto administrativo debe ser jurídicamente posible; y debe tener un motivo jurídicamente válido. Ninguno de estos tres extremos es alcanzado por esta Resolución. Surge con claridad que el análisis de legalidad de un acto administrativo debe necesariamente incluir los “Vistos” y “Considerandos”, ya que allí deben ser expuestos los extremos señalados, causa, motivo, objeto. El “Visto” de la Resolución contiene una sola frase. La trascribo “VISTO el Expediente EX-2018-22916408- -APN-DNELYN#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Leyes Nros. 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificaciones) y 24.059, y las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley adoptado por la ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS mediante Resolución N° 34/169 del 17 de diciembre de 1979, y… Del “Visto” surge que los antecedentes en los cuales se funda la Resolución son las leyes señaladas y la Resolución 34/169 de la Asamblea General de la ONU. Anticipo, La Resolución 34/169 recomienda algo totalmente opuesto a lo que dice el decreto. La Ley 22520, Ley de Seguridad Interior sancionada el 18/12/1991, no constituye fundamento idóneo para la reglamentación de uso de armas de fuego que intenta la Resolución. Al contrario, establece como límite a la actividad de las fuerzas de seguridad, lo establecido por la Constitución, lo cual, como veremos, la Resolución no respeta. El primero de los “Considerandos” proclama que “la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita e implícitamente por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22)” Esto es abiertamente mendaz y escandaloso. Nada dice el Art. 75 inc. 22 de “transversalidad” del derecho a la seguridad. No existe tal “transversalidad”. La jurisprudencia, nacional e internacional, pacíficamente, reconoce una diversa jerarquía entre derechos, y cuando se presenta conflicto entre derechos de igual jerarquía los resuelve mediante la doctrina de la proporcionalidad, la relación que existe entre la medida que se toma y el fin que se busca. La “medida que se toma” es, en este caso, la decisión que asigna prevalencia a un determinado derecho sobre otro. Siempre, en el especial y particular caso de conflicto entre derechos de igual jerarquía, algo que jamás puede ni debe resolver un funcionario policial actuando en un procedimiento. Pero aún hay más. Entre los considerandos, se invoca el “INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS” de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese informe dice exactamente lo contrario de lo que proclama el primero de los considerandos (transversalidad del derecho a la seguridad). Dice el Informe “la Comisión destaca que en el orden jurídico internacional de los Derechos Humanos no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social. Sin embargo, puede entenderse que ese derecho surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, en los términos del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”; y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. No obstante, la Comisión considera que la base de las obligaciones exigibles al Estado se encuentra en un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana. Concretamente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos que serán objeto de análisis específico en el cuerpo de este informe.” Nada hay de esa pretendida “transversalidad”. El derecho a la seguridad surge de un plexo normativo que incluye también el debido proceso. Va de suyo que mal puede cumplirse el debido proceso cuando se autoriza, por ejemplo, a disparar por la espalda a una persona que huye. No hay lugar para la interpretación que hace la Resolución. La existencia de un plexo normativo del que surge el derecho que se quiere preservar, obliga a la interpretación armónica, que es la que tiene en cuenta el conjunto de factores que intervienen en la configuración del derecho en cuestión. La interpretación de la Resolución es lisa y llanamente, mendaz y escandalosa. Entre los “Considerandos”, la Resolución proclama que son necesarias “acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”. También dice que en su accionar los funcionarios de las fuerzas de seguridad “respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y respetarán los derechos humanos protegidos por el derecho nacional e internacional”. Ese texto está

Despedimos a Héctor Timerman, argentino judío, compañero e integrante del Llamamiento. Y aunque sabíamos de su enfermedad, su muerte nos duele. Fue calumniado hasta el hartazgo por los medios hegemónicos, perseguido injustamente por jueces perversos e injuriado por un régimen corrupto y enemigo de las mayorías populares. Acusado de “traición a la patria”, la crueldad del juez  de la causa le negó el permiso para a viajar a Estados Unidos a continuar con su tratamiento contra el cáncer. Finalmente, no pudo tener la reivindicación justa de su inocencia en el juicio que él deseaba apurar —renunciando a instancias dilatorias— para demostrar su inocencia frente a una acusación infame y así poner a salvo su honor mancillado. Quizás, lo que más le dolió fue la persecución de las autoridades de la DAIA y la AMIA que lo tildaron de traidor a su condición de judío de la que se sentía orgulloso. El pueblo empoderado se encargará de colocar en el basural de la historia a los que fueron capaces de tamañas vilezas. Compañero Héctor Timerman, que descanses en paz. Z’L   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

El LLAMAMIENTO Argentino Judío repudia el aval de la Justicia Federal a la conformación del denominado “Frente Patriota” liderado por Alejandro Biondini, un conocido dirigente nazi local. Esta admisión, de índole electoral, se suma a la aprobación realizada por el juez Ariel Lijo en 2014 del lema “Bandera Vecinal” también liderado por quien se auto-propone como el Führer argentino pese a la violación sistemática de la legislación referente a la discriminación, estipulada en la Ley número 23.592 que sanciona la instigación al odio a diferentes colectivos. En el caso específico de Biondini, existen múltiples evidencias de discursos homofóbicos, misóginos y de desprecio a los pueblos originarios –específicamente a los mapuches— conjuntamente con el odio hacia los judíos. La legitimación de estos grupos violentos no hace más que deteriorar el sistema democrático, desmejorando aún más el estado de derecho que al actual gobierno de Cambiemos ha dañado con prisiones políticas y un modelo represivo que convoca al asesinato por la espalda. Exigimos a la Procuración General de la Nación que apele la medida del Juez Federal Gabino Ziulu y a las fuerzas democráticas a repudiar esta legalización que viola el verdadero espíritu republicano. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

El LLAMAMIENTO Argentino Judío repudia taxativamente el comunicado difundido por la Organización Sionista Argentina mediante el cual se acusa a Cristina Fernández de Kirchner de una utilización impropia de la sentencia «…estos Hitlers modernos», utilizando el trillado argumento de la banalización del Holocausto El documento firmado por su presidente supone una tergiversación de los dichos de la ex presidenta. Ésta, luego de referirse al marco político y económico en el cual Hitler accede al poder, siempre en un tono crítico hacia el nazismo y el fascismo, se refirió a la utilización de los judíos y gitanos por parte del hitlerismo como los responsables de los graves problemas que debía soportar el pueblo alemán por la crisis provocada por la aplicación del leonino Tratado de Versalles al finalizar la primera guerra mundial. Utilizó este ejemplo para referirse a los nuevos chivos emisarias modernos: los inmigrantes. Sus palabras textuales fueron: “Hoy algunos Hitleres modernos acusan a los inmigrantes de ser los responsables de que en su país no haya trabajo”. La OSA miente descaradamente. La expresidenta no se refirió a los actuales integrantes del gobierno sino a los líderes de diferentes naciones (en Brasil, Hungría, Italia, Polonia, EE.UU. y otros) que pronuncian a diario discursos xenófobos, racistas y supremacistas, contribuyendo a la conformación de un mundo donde el odio al otro, al diferente y a diversas minorías produce un grado de peligrosidad creciente. La OSA, no duda en tergiversar, distorsionar y falsificar lo dicho por la expresidenta en el marco de una artera campaña de desprestigio contra los sectores progresistas, nacionales y populares de nuestra Patria. El LLAMAMIENTO no cejará en señalar las acciones que repetidamente contribuyen a enrarecer la convivencia democrática, promover la persecución política y deteriorar el Estado de Derecho. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

El LLAMAMIENTO Argentino Judío condena la infundada acusación a la Dra. Beatriz Raijland y ATTAC Argentina, organización que ella encabeza, de estar preparando violentas protestas para la próxima Cumbre del G20 a realizarse en Buenos Aires el 30 de noviembre de este año. La Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) —nacida en Francia en 1998— es un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros y las instituciones encargadas de su revisión mediante la reflexión política y la movilización social, y en particular promueve un impuesto a las transacciones financieras. Todas sus actividades en diferentes países siempre se encuadraron en el legítimo derecho a la protesta pacífica. Denunciamos que a medida que se acerca la fecha se acrecientan, sospechosamente, las denuncias vinculando a los organismos opuestos a la globalización financiera que representa el G20 con presuntos actos terroristas. Asimismo, presenciamos el montaje de todo tipo de provocaciones que pretenden generar un clima y un escenario que “justifique” la aplicación de medidas de seguridad que cercenen las libertades individuales y favorezca la represión contra la resistencia popular frente al brutal ajuste implementado por el Gobierno de Mauricio Macri. Expresamos nuestra solidaridad con Beartiz Raijland y nuestro repudio a los que temerariamente levantaron una falsa acusación contra ella y la organización que dirige. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente