Llamamiento Argentino Judío

Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces Fecha: 29 de OCT 2017 Hace algunas semanas se conoció que Cristóbal López y Fabián de Sousa buscan desprenderse del Grupo Indalo. Entre los compradores está Jorge Rosner, financista del Grupo Macri y de Clarín. Pero también el fondo OP Investments, radicado en Estados Unidos. Hasta Marcelo Tinelli opinó sobre la venta. Un joven pero potente buffete de la city porteña interviene en el negocio. Todo a pesar de que las empresas que integran el holding están inhibidas por orden del juez Ercolini por una deuda con AFIP. ¿Quién es quién en esta operación que puede reducir aún más el arco de medios críticos al gobierno? El futuro del Grupo Indalo, el holding multirubro comandado hasta ahora por Cristóbal López y Fabián De Sousa, es una de las incógnitas centrales de los últimos días. Si bien hace meses que circulan versiones de una venta debido a la ruinosa situación fiscal y judicial que atraviesan, ahora los rumores se convirtieron en avances concretos. Quedan, sin embargo, varios obstáculos para que se concrete el pase de manos. Una operación que incluye fondos radicados en Estados Unidos, un financista ligado a los grupos Macri y Clarín, abogados de la city, a Marcelo Tinelli, jueces permeables que mantienen inhibidos los bienes en disputa y un Gobierno que, entre otras cosas, tiene especial interés en esta operación por el destino de los medios de comunicación del Grupo Indalo, entre ellos C5N y Radio 10, que asomaban como voces discordantes en el afinado coro mediático oficialista. Compraventa Los vendedores son más conocidos. Se trata de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que construyeron un grupo empresario partiendo de sus negocios con el juego y luego diversificado hacia la energía, combustibles, infraestructura, alimentos, industria, finanzas y medios de comunicación. Su antigua relación con la familia Kirchner es vox populi. Lo mismo sus asuntos con el fisco: acumulan una deuda de más de 8 mil millones de pesos con la AFIP, generada al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La idea de López y De Sousa era deprenderse de algunas empresas para pagar la deuda, pero el juez contencioso administrativo Enrique Furnari impidió que se desmembrara el Grupo hasta que no resolviera el pago de su deuda. La AFIP denunció penalmente a ambos dueños de Indalo, causa que quedó en manos del juez Julián Ercolini –de los más permeables y maleables de Comodoro Py– que inhibió todos sus bienes. Con este panorama, López dejó trascender que no soportaría ir preso y aceleró las negociaciones para desprenderse de sus empresas. El primer intento fallido fue con los mendocinos del Grupo Terranova, cercanos a Macri. Ahora aparecieron nuevos interesados. Los compradores reales son aún un misterio. Alguna de las partes de esta operación decidió filtrarla a la prensa. La vía elegida, el diario La Nación. El pasado miércoles, el periodista Hugo Alconada Mon publicó que el Grupo Indalo quedará en manos de un financista, Ignacio Jorge Rosner. Al día siguiente, el mismo medio y el mismo periodista dieron por concretada la venta del Grupo Indalo al fondo OP Investments, pese a que las empresas que integran el holding están inhibidas por orden del juez Ercolini. OP Investments es un nombre genérico que utilizan los fondos de inversión. Aún no se sabe quiénes serán realmente los que aporten el dinero. Estos inversores emitieron un comunicado donde anuncian la adquisición del 100 por ciento del Grupo Indalo que, según el texto, comprende más de 170 sociedades. “OP Investments firmó el acuerdo de adquisición el pasado 20 de octubre”, afirmaron. El único dato que dieron es que está radicado en Estados Unidos. Según el portal opencorporates.com, en Estados Unidos hay varios fondos con ese nombre. El financista Diez años en el Grupo Macri, diez años en el Grupo Clarín. Ese es el núcleo del currículum de Ignacio Jorge Rosner, que parece ser el ariete de la operación Indalo. Cuando reveló su nombre como el armador de la operación, el periodista Alconada Mon lo presentó de forma escueta: “Egresado en 1975 del colegio Cardenal Newman –en la promoción anterior a la del presidente Mauricio Macri–, Rosner trabajó para el Grupo Clarín, integró el directorio de Papel Prensa, pasó por los grupos agropecuarios El Tejar y La Banda, y desde 2005 es el director ejecutivo del fondo Latin American Assets Management LLC, con oficinas en Buenos Aires, San Pablo, México DF, Nueva York y Londres”. Hay algunos datos más en la biografía de este financista. En su perfil de Linkedin, Rosner revela que no sólo compartió el Newman con Macri. Al igual que el presidente, también se recibió de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina. Luego hizo un seminario en el Massachusetts Institute of Technology entre 1991 y 1992. Dice que tiene más de 30 años de experiencia en medios, negocios agropecuarios, energéticos, eléctricos y en la construcción. Detalla su paso por proyectos de infraestructura como las hidroeléctricas Yaciretá y Piedra del Águila, entre otros. En 1985 ingresó a IECSA, por entonces aún bajo el mando del pater familia, Franco Macri. Se quedó hasta 1995, cuando pasó al Grupo Clarín. El currículum de Rosner muestra una prolífica carrera dentro del Grupo Clarín, donde integró los directorios de sus principales empresas. En 1998 ya era director de CIMECO, la compañía que comparten Clarín y La Nación para administrar los diarios La Voz del Interior y Los Andes de Mendoza. Compartía la mesa de trabajo, nada menos, que con Julio César Saguier, José Antonio Aranda y José Saenz Valiente. Es decir, parte de los dueños de los diarios y su abogado de confianza. En 1999 fue director titular en CTI y en 2002 llegó a ocupar la vicepresidencia. En 2000 ya figura como director titular en el directorio del Grupo Clarín comandado por Héctor Magnetto y José Antonio Aranda. El cargo de director titular lo tenían también Lucio Pagliario (el cuarto accionista del Grupo), los Sáenz Valiente (abogados de confianza), Saturnino Herrero Mitjans (lobbista

Fuente: Martín Granovsky | Página 12 Fecha: 24 de OCT 2017 Alejandro Grimson dijo a este diario que “la antropología no es la única disciplina que ve la importancia de no perder jamás la determinación de cuál es el punto de vista de los actores sociales”. Admitió que lo mismo hacen muchos sociólogos o historiadores. Pero aclaró que “los antropólogos buscamos ese punto de vista obsesivamente, porque si te olvidás de la subjetividad de los demás dejás de ser antropólogo”. –No tengo relativismo ético, moral o político –dijo a PáginaI12 este investigador del Conicet y la Universidad de San Martín–. Pero como antropólogo debo comprender incluso lo que no comparto. Y, ya que estamos, no sería una mala cosa para la política, ¿no? O para analizar las elecciones. –¿Por qué triunfó Cambiemos? –A mi juicio, no ganó porque pudo resolver los problemas sociales y económicos que se agudizaron en los últimos años. Ganó porque pudo resolver la interpretación de la causa de esos problemas y, para sus electores, consiguió quedar fuera de la responsabilidad. Una gran parte de los votantes de Cambiemos no considera que está mejor que antes. Pero piensa que los problemas actuales no son culpa de Cambiemos. Y sigue teniendo una expectativa alta de que las cosas mejoren en el futuro. Hace más de un año que existe una brecha entre personas con altas expectativas hacia el futuro, que son alrededor del 50 por ciento, y personas que dicen estar mejor y son una franje mucho más chica: alrededor del 20 o 25 por ciento. Néstor Kirchner dijo una vez que la política es cash más expectativas, Cambiemos no ganó por cash sino por expectativas. En algún momento esa brecha entre los dos grupos puede cerrarse. –¿Cómo? –Una posibilidad es que la gente esté mejor y lo sienta así. Otra es que esté peor y las expectativas se diluyan. Muchos de nosotros pensamos que esa brecha se resolvería pronto. El logro de Cambiemos es haberla mantenido mucho tiempo. No se cerró en su favor, pero tampoco en su contra. –¿Los votantes tienen intereses objetivos? –Hay un problema de concepción de la política y de lo social que parte de una presunción muy polémica: la de suponer que alguien sabría con certeza absoluta cuáles son los intereses de los votantes. Como si fueran intereses totalmente objetivos. Por ejemplo, es probable que todos querramos ganar salarios más altos y pagar menos de luz y de agua. Pero la gente tiene ilusiones, confianzas, desconfianzas. A veces puede identificar su propio interés con el interés del personal jerárquico de su propio trabajo y no con sus pares. Puede querer por sobre todo una inflación baja porque prefiere cierta previsibilidad a situaciones que considera inestables. Y podría seguir. –¿Los intereses son fijos? –No. Se van desplazando a lo largo del tiempo. Si las personas consiguen ciertos objetivos en términos económicos cambian sus demandas y pasan a tener otras, por ejemplo vinculadas a la transparencia, al transporte público o a la seguridad ciudadana. Es erróneo tener una concepción objetivista de la política, que pase por alto los imaginarios o el deseo. –Sin ser objetivista, ¿no hay un terreno objetivo? –Tomemos la ciudad de Buenos Aires, donde el índice de aprobación de Horacio Rodríguez Larreta, de alrededor de un 70 por ciento, supera inclusive la votación de Elisa Carrió. La gestión no hizo subtes pero sí cumplió con otras cosas o cositas que las personas perciben como concretas y en su beneficio. Y para hablar a nivel nacional, la inflación de 2017 es altísima pero menor que en 2016. El desempleo todavía no se disparó a las cifras a las que podría llegar sin el famoso gradualismo del Gobierno. O quizás la percepción sobre Cambiemos fue buena porque el Gobierno recién hará desde hoy lo que hasta ahora postergaba porque buscaba una legitimación electoral de medio término. –Sin embargo el Gobierno no prometió un tarifazo pero no escondió que subirá tarifas o practicará una reforma laboral. –La campaña de Macri en 2015 se enmarca en la famosa frase de Menem: “Si les decía lo que pensaba hacer no me hubieran votado”. La elección del último domingo 22 fue distinta. No solo fueron anunciando lo que vendría sino que resultaron efectivos en cargar las culpas de la inflación de 2016 sobre el kirchnerismo, sobre muchos de cuyos funcionarios pesan cuestiones judiciales. –Pero hubo procesos de movilización. –Sí, con una intensidad pocas veces vista en una situación que no es terminal como en 2001 o 2002. Hubo marchas por temas científicos, educativos, sociales y de derechos humanos. Pero se trató de heterogeneidades políticas que no pudieron ser sintetizados por ninguna fuerza política por sí sola. Cambiemos pudo imponer su interpretación sobre los problemas de la realidad y al mismo tiempo hubo fragmentación de las oposiciones al proyecto político del Gobierno. –Los grandes medios jugaron a su favor. –Sin duda. Y no menosprecio su enorme poder pero tampoco lo absolutizo. En la Argentina y en América Latina triunfaron y se mantuvieron en el Poder Ejecutivo procesos políticos que no coincidieron con la visión de los grandes medios. Cuentan las oleadas, los ciclos o los momentos. –¿Lo mismo pasa con las redes sociales? –Es una dimensión diferente. A veces incluso sirven para fenómenos de democratización. Hay grandes movilizaciones convocadas a través de las redes. –La marcha contra el dos por uno sentenciado por la Corte Suprema, en mayo último. –Sí. Una marcha que fue posible porque reflejó el rechazo visceral de la sociedad argentina ante el fallo. –¿Todo es visceral en política? –En el voto se juegan emociones, identidades, relaciones entre emociones y bolsillo, entre emociones y casa propia, entre emociones y derechos… Ahora está de moda decir que todo es nuevo. Pero el voto de febrero de 1946, cuando Juan Perón le ganó a la Unión Democrática, también puede ser analizado como un voto visceral. Si pensabas que Perón era nazi votabas visceralmente a Tamborini-Mosca. Si estabas convencido de que la Unión Democrática era la oligarquía votabas

Fuente: Juan Alonso | Nuestras Voces Fecha: 22 de OCT 2017 El juez Gustavo Lleral dijo que habrá que esperar dos semanas más para determinar, según los datos que arroje la autopsia, la fecha aproximada de la muerte de Santiago Maldonado y saber cómo se produjo. El gobierno salió nuevamente a despegarse de la responsabilidad del caso. Repasamos en esta nota los puntos centrales que demuestran que Gendarmería está involucrada en la muerte de Maldonado: el rol de Noceti, los gendarmes identificados durante la respresión, el terror del sargento Pelozo y las contradicciones del subalférez Echazú. ¿Por qué todavía no se allanó la estancia de Benetton? ¿Por qué no se peritó el teléfono de Noceti? Esta crónica está hecha sobre la muerte. Una muerte joven. La de Santiago Maldonado. A veces escribir es lacerante. Los primeros datos de la autopsia determinaron, según fuentes confiables, que no hubo lesiones visibles o aparentes, pero eso no significa que no haya sido obligado a arrojarse al río con el agua fría que calaba los huesos. Los resultados finales de la autopsia estarán en quince días. Santiago murió durante un operativo represivo de la Gendarmería. De ahí en más (casi) todo es debatible, menos la consecuencia funesta de haber puesto en marcha un aparato militarizado capaz de acorralar la vida. Argentina vive uno de los momentos más oscuros de su historia. Un gobierno negador que intentó tapar la responsabilidad de la Gendarmería en la muerte de Santiago desde el 1 de agosto. Hay al menos siete gendarmes identificados. Llegaron a la vera del río después de las 11:32 del 1 de agosto, luego de que la propia fuerza tomó una fotografía de Santiago vestido de azul-celeste a la izquierda de una casilla de la Lof en resistencia mapuche de Cushamen, Chubut. Lo que sucedió después de ese fragmento de tiempo encriptado hasta las 12:30 es un misterio macabro. Santiago hoy estaría vivo si no fuese porque la Gendarmería entró de forma ilegal con la ruta despejada. Este gobierno eligió al pueblo mapuche como chivo expiatorio y lanzó una cacería criminal que aquí venimos narrando desde enero. Santiago tenía una causa sublime: fue hermano de los otros. Por eso estaba en el kilómetro 1848 de la ruta 40 a las 18 horas del 31 de julio. Para pedir por la libertad del lonko mapuche Facundo Jones Huala, preso desde fines de junio en Esquel, con pedido de extradición de Chile. Podría decirse que el dramático desenlace de la vida de Santiago comenzó cuando Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidieron elegir a los mapuches como hipótesis de conflicto. A las 10 de la mañana del 31 de julio, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó una reunión en la ciudad de Bariloche. Allí estaban los jefes regionales de las fuerzas federales, sus pares de la Policía de Chubut y de Río Negro, y el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. ¿Qué discutieron? Un informe de Inteligencia de Gendarmería que decía “R.A.M.” (Resistencia Ancestral Mapuche). Allí constaban seguimientos de antigua data, que definieron como de “seguridad nacional” y aconsejaron no revelar el contenido completo de esa carpeta sigilosa. Aquella vez Noceti hizo una arenga sobre lo “inconveniente” para “el turismo y las inversiones agropecuarias de los productores locales y extranjeros” el hecho de convivir en la Patagonia con “un grupo de mapuches extremistas”. Con esos mapuches, que Noceti y los funcionarios de su Ministerio, entre ellos, Daniel Barberis y Gonzalo Cané tildaron como “terroristas” estaba Santiago Maldonado. Viajó desde El Bolsón a Cushamen en la camioneta 4×4 de la testigo Claudina Pilquiman y participó del corte de ruta del 31. Así fue grabado por el Canal 4 de Esquel y reconocido por sus familiares, amigos y la comunidad mapuche. ¿Qué sucedió después? Pasó la noche en la Pu Lof con varios testigos, entre ellos Matías Santana, tan hostigado por estas horas de odio y persecución contra el pueblo mapuche. Todo comenzó a transformarse en una sombra maligna. Fue luego de las 11:15 del 1 de agosto. Al verse en minoría, los mapuches y Santiago huyeron rumbo al río Chubut, y en ese lugar Santiago se topó con los gendarmes y su muerte. Dentro de la comunidad sólo quedaron dos mujeres y sus niños. ¿Qué gendarmes estaban en los alrededores? Uno de ellos era el sargento Juan Carlos Pelozo, quien declaró ante el juez Guido Otranto, las querellas y el defensor oficial Fernando Machado. En esa ocasión, Pelozo estaba muy nervioso. Vestía una campera negra y la risa que esgrimió durante “el procedimiento” al andar por las vías de La Trochita, se le esfumó del rostro cuando le preguntaron sobre el subalférez Emmanuel Echazú: –¿Lo vio a Echazú dentro de la comunidad? –Sí, haciendo las actuaciones. –¿Y en el río? –No, yo en el río no lo vi… Es curioso lo de Pelozo. En estas horas llamó a un familiar para que lo asista en su abismo personal. Tiene miedo al miedo. Es decir: pánico. Vive dentro de un cuartel y teme a sus camaradas, a los mapuches y al destino. La última vez que estuvo frente al Juez pidió garantías para él y su familia. Declaró que fue uno de los primeros en llegar al río, pero dice que no vio a Echazú, del que hemos hablado varias veces aquí. El subalférez Echazú bajó al río con una escopeta calibre 12/70 que carga postas de goma y plomo, y volvió con una fractura de pómulo y serias heridas en el maxilar. Dijo que había sido herido con una piedra al igual que su colega Ernesto Yáñez antes de ingresar por la tranquera de la Pu Lof. Pero no. El enfermero Juan Ramos y los escopeteros Darío Rafael Zoilán y Aníbal Cardozo aseguraron en la causa que lo vieron con un abundante sangrado hasta el cuello del uniforme dentro del territorio mapuche y no afuera. ¿Si Echazú y Yáñez fueron heridos dentro de la Lof, hubo delito en flagrancia?

Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces Fecha: 20 de OCT 2017 El juez Pablo Cayssials declaró que es inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que el juicio político es la única forma de remoción del Procurador General. Con esta decisión deja habilitada la posibilidad de que Mauricio Macri pueda desplazar a Alejandra Gils Carbó con un simple decreto. La operatoria fue tramada entre el Gobierno, un juez vinculado a Macri y el Grupo Clarín. Mauricio Macri logró un fallo a medida para intentar remover a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó sin juicio político. El juez Pablo Cayssials resolvió que el requisito del juicio político es inconstitucional. Es en una causa iniciada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y uno de sus apéndices, la asociación Será Justicia. La operación fue coordinada con el Gobierno y avalada por un juez con estrechos vínculos con Macri y el Grupo Clarín. El Gobierno, la city y el sello de goma La operación contra Gils Carbó desnuda las relaciones entre el Gobierno y los abogados de la city, alineados en esta cruzada. El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas. Una presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuya sede en la calle Montevideo alberga lo que Horacio Verbitsky definió como “el establishment jurídico que postró al país”. La otra, por un sello de goma creado por el mismo Colegio de la calle Montevideo, la agrupación Será Justicia. Ambos, con un vínculo estrecho con el Gobierno. La relación del Gobierno con Será Justicia –el apéndice de los abogados del establishment– es explícita. Lo demuestran sus posicionamientos políticos y los funcionarios que provienen de sus filas. Un ejemplo es Maria Eugenia Talerico, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de la agrupación. Fue su primera protesorera. Otro, Juan Curutchet, actual presidente del Banco Provincia designado por Maria Eugenia Vidal, que fue vocal de Será Justicia en su fundación. El vínculo entre el CACBA y Será Justicia también es alevoso. El acto fundacional de Será Justicia, en 2012, fue en la sede del Colegio en la calle Montevideo. Su objetivo primordial fue accionar contra las reformas judiciales encaradas entonces por el kirchnerismo. Fueron los artífices de las movilizaciones a favor del eterno supremo Carlos Fayt y de la marcha del 18 de febrero de 2015, al cumplirse un mes del fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman. Será Justicia apenas funciona formalmente: tienen una página de Facebook pero el link a su web institucional no está operativo. El presidente del CACBA es Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló. Antes, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Fonrouge es socio del estudio Cassagne, uno de los más prominentes de la city porteña. Otro de los socios es Ezequiel Cassagne, que oficia de Secretario del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Forum shopping La presentación de denuncias gemelas es una de las formas de lo que en la jerga judicial se conoce como forum shopping. En criollo, son maniobras para manipular el destino de las causas judiciales y que le toque resolver a jueces y fiscales permeables o cercanos. La denuncia de Será Justicia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la del CACBA a Rita Ailán. El juez Marinelli, luego de un pedido del CACBA, las unificó. Este juez tuvo una tensa relación con el kirchnerismo. Con el macrismo, por el contrario, tuvo buenos gestos. Por ejemplo, rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios. Las denuncias tenían un sólo objetivo: lograr el desplazamiento de Gils Carbó. Pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. Es lo que ahora les concedió el juez Cayssials. Enseguida se notó la mano del Gobierno en esta operación. En lugar de defender al Estado y la legalidad de las leyes, el Ministerio de Justicia comandado por Germán Garavano le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión implícita de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes. El artículo 76 de la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal establece que “el Procurador General de la Nación solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”. El 53 dice que la Cámara de Diputados puede iniciar un juicio político y el 59 que el Senado es quien juzga. En ambas Cámaras se requieren dos tercios de los presentes. Macri no tiene esos números parlamentarios y, por ende, intenta avanzar por otras vías non sanctas. La Procuración quiso intervenir en esta causa que apunta contra Gils Carbó, pero el juez Marinelli no aceptó. Sólo admitió a la propia Gils Carbó como tercera interesada. Esta intervención de la Procuradora logró un primer freno a esta maniobra a todas luces coordinada entre el Gobierno y los grupos de abogados afines. La cuestión era obvia: si alguien demanda y el demandado le da la razón, el juez falla a favor del demandante. En este caso, le iba a dejar despejado el camino a Macri para remover a Gils Carbó por un mecanismo fuera del juicio político. Finalmente, el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Cayssials. Entre los últimos fallos de Cayssials se destacó la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual (hoy derogada por Macri). Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos. Nuestras Voces también informó