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Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 17 de diciembre de 2019 El expediente que martirizó a Héctor Timerman naufraga en el purgatorio de la historia, al igual que sus perpetradores. Cambio de escenario y roles a un año de una persecución mortal. La procesada ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, derrapó al comparar el asilo otorgado a Evo Morales con la llegada de nazis al país. Y la DAIA la acusó de “banalizar el Holocausto”. Una controversia impensable en días no lejanos. De hecho, el 18 de julio pasado, en el acto por los 25 años del atentado a la AMIA, ella fue aplaudida por la dirigencia comunitaria, mientras el ex vicepresidente de la DAIA y diputado del PRO, Waldo Wolf, sonreía a su lado. Desde los orígenes del régimen macrista, ambos habían compartido una epopeya: apoyar la denuncia contra CFK y Héctor Timerman, entre otros, por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Una causa que el devenir de la realidad atascó en el purgatorio de la Historia. Ahora el destino quiso que el conflicto de esa mujer con la entidad israelita coincidiera con la fecha en que Timerman hubiese cumplido 66 años y la proximidad del primer aniversario de su muerte. Instruido por el juez federal Claudio Bonadio, dicho expediente fue un himno al desplome del estado de Derecho. Y el procesamiento del ex canciller requirió, por su debilitada salud, una dosis extrema de crueldad. Prueba de eso fue que su absurda prisión preventiva le impidió viajar a Estados Unidos para continuar el tratamiento oncológico. De modo que su cuadro se agravó. Era como si pesara sobre él una condena a muerte aún no escrita. Pero ya festejada en redes sociales por sujetos despreciables como Fernando Iglesias, Eduardo Feinmann y Federico Andahazi. Un detalle que convertía tal condena en un linchamiento. Y qué, en un plano más que simbólico, articulaba nada menos que la continuidad del martirio de su padre, el periodista Jacobo Timerman, durante la última dictadura. Jacobo fue secuestrado en su hogar por una patota de La Bonaerense el 15 de abril de 1977. Primero fue llevado a Campo de Mayo antes de pasar por otros centros clandestinos de detención. En todos esos sitios fue torturado con saña por su condición de judío mientras sus captores encabezados por Camps y Etchecolatz le inquirían sobre temas tan variados como la relación entre el diario y la guerrilla, el sionismo, la teoría marxista y, desde luego, el dinero de David Graiver. La repercusión internacional del asunto fue notable, particularmente por su trasfondo antisemita. Así lo entendió, por caso, la Liga Antidifamación de la B’nai B’rith al organizar una campaña pública por la libertad de Timerman con apoyo del senador Edward Kennedy, que hasta incluía una gira del propio Héctor –de 23 años, por entonces– para hablar de su padre en varias ciudades norteamericanas y canadienses. En Argentina, en cambio, el silencio de la dirigencia judía era absoluto. En parte porque el presidente de la DAIA, Nehmías Resnizky, tenía una deuda con los militares: ellos habían secuestrado a su hijo y después le permitieron viajar a Israel. ¿Y su sucesor, Mario Gorenstein? Ese hombre, ya sin presiones de tamaña magnitud, afirmó en 1980 que Timerman “no fue detenido por ser judío”, y que el régimen castrense era “muy receptivo a denuncias por casos de antisemitismo”. Cabe destacar que en la crucifixión de Héctor el papel de la DAIA fue aún más vil, puesto que sus jefes no eran esta vez cómplices pasivos sino los artífices de su desgracia, en tándem con la servidumbre judicial del macrismo. Fue dicha dirigencia la que lo denunció en base a una trampa tendida por el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, al grabar clandestinamente en 2013 una conversación telefónica con él; allí, en su condición de canciller, se lo escucha decir sobre la táctica para indagar al lote de iraníes sospechados del atentado a la mutual judía: «¿Y con quien querés que negocie? ¿Con Suiza?”. Esa frase, en términos “procesales”, fue su pecado. Así lo interpretó a fines de 2015 el fiscal Eduardo Taiano al imputar a Héctor por “traición a la patria y encubrimiento”. Una iniciativa festejada por la señora Alonso. “Timerman debe muchas explicaciones. Que lo haga ante la Justicia es lo correcto”, supo señalar entonces en una entrevista con la agencia Vis a Vis (propiedad de Claudio Avruj y Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich). La buena de Laurita también dijo: “Hoy el Memorándum no existe porque la AMIA y la DAIA plantearon una lucha muy fuerte. Los aplaudo por el coraje de haberlo hecho. Y me alegra haber acompañado en la lucha a los dirigentes de las dos organizaciones”. En este punto no está de más retroceder al ya remoto invierno de 2013, cuando el por entonces presidente de la DAIA, Julio Schlosser, se reunió con Timerman en la Cancillería para discutir el Memorándum. El cónclave fue reconstruido por Timerman el 10 de febrero de 2018 en su piso frente a la Plaza Alemania, al recibir –ya convaleciente y con arresto domiciliario– al autor de esta nota; también estaba el dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y el periodista Juan José Salinas. Los detalles vertidos por él adquieren ahora una notable relevancia. Schlosser había llegado al despacho de Timerman con su vice, Wolff, y el secretario general Jorge Knoblovits. Al canciller lo secundaba el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. Los visitantes no creían que el acuerdo con Irán para interrogar allí a los presuntos responsables del atentado pudiera guiar la pesquisa hacia la verdad. También invocaron “impedimentos estratégicos” no debidamente aclarados. Y al respecto, Schlosser esgrimió un notable argumento: “Los muertos ya están muertos, ¡Héctor; hay que pensar en los vivos!”. Wolff, a su vez, permanecía mudo, con los ojos clavados en el suelo. Y Knoblovits, abogado de profesión, iba levantando temperatura. Hasta que, de pronto, saltó de su asiento, al grito de: “Si Canicoba Corral (el juez de la causa)

Fuente: Ileana Arduino, Natalia Federman, Sebastián Angresano Ilustrador | Revista Anfibia (Univ. Nac. de San martín) Fecha: 17 de diciembre de 2019 El gobierno de Macri, que alegaba que el eje de su gestión era la transparencia, apostó a la oscuridad. Por eso los anuncios del presidente Alberto Fernández tienen la potencialidad de saldar una de las grandes cuentas pendientes de la democracia: los campos de la inteligencia y la justicia federal. Será una gran tarea la de reordenar el sistema institucional democrático en sus vigas básicas y desarticular la triada medios, jueces y servicios. Lo saben quienes se vieron involucrados en procesos penales donde la extorsión ha suplido a la investigación. El martes el Presidente Alberto Fernández anunció la derogación del Decreto 656/2016, dictado por el saliente Presidente Macri. Lo dijo así: “Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. En el marco de la derogación de dicha medida, que significó un lamentable retroceso institucional, también he tomado otra decisión: dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina”. Semejante reorientación no sólo implica una mejora sustancial en términos de calidad institucional sino que también conectó dos ejes sobre los que urge actuar: el deterioro institucional y la acuciante crisis socioeconómica que para demasiadas personas se ha vuelto lisa y llanamente hambruna. El anuncio, además de ser una loable reasignación de fondos, es una buena oportunidad para recordar de dónde venimos en materia de inteligencia y cuáles pueden ser los efectos de esta medida. No casualmente las definiciones sobre la política que se planifica en relación al sottogoverno fueron inmediatamente posteriores al anuncio de que en los próximos días se enviaría al congreso un conjunto de leyes para avanzar en una reforma integral del sistema federal de justicia, básicamente, para que deje de funcionar como un aparato de persecución política. Desactivar el tándem inteligencia /justicia federal como paso indispensable para mejorar la dinámica institucional en nuestro país es un ya viejo reclamo de abogados/as defensores del fuero y de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el sistema democrático -la iniciativa ciudadana para el control de la inteligencia lleva tiempo trabajando en torno a esta cuestión– y debería ser celebrado y apoyado por todo el arco político. De dónde venimos: la política como acoso y extorsión Entre 2014 y 2015, dos procesos de cambio empezaron a transitarse en el sentido correcto para la democracia pero inconvenientes para la lógica corporativa y/o mafiosa: la transformación del sistema de justicia penal federal y la reforma del sistema de inteligencia, que incluyó reglamentar de manera más transparente el uso de fondos secretos y quitarles el control sobre las interceptaciones telefónicas. Al asumir Mauricio Macri se tomaron inmediatamente medidas para revertir o paralizar esos procesos. El gobierno saliente suspendió la implementación de la reforma del sistema de justicia penal federal que, en lo sustancial, implicaría sacar dicho fuero del modo de funcionamiento colonial, cuya única funcionalidad es mantener el secreto, la maraña de expedientes y la discrecionalidad como modos corrientes de actuar. La cultura inquisitiva que aún mantiene el sistema de justicia no es solo un problema de viejos diseños, es un dispositivo que funciona perfecto para las operaciones políticas y la persecución: hoy los jueces de instrucción son quienes llevan adelante la investigación y quienes controlan esa misma investigación, los fiscales carecen de poderes suficientes para investigar con autonomía, lo que en los medios se llama pruebas luego tras varios años resulta que no eran pruebas, hay ausencia de contradicción efectiva entre las versiones en juego y declaraciones tomadas de espaldas al público son opciones procesales que garantizan impunidad. No todos los que trabajan allí se valen de esas funcionalidades pero quienes las necesitan las tienen a mano con la excusa de que así es la ley. Así, el sistema procesal penal aprobado en 2015 quedó anquilosado, con una implementación parcial que comenzó bien lejos de Comodoro Py, mientras se desplazaba de la Procuración General a la gestión de la Dra. Gils Carbó que mostró empeño en ese proceso de reforma. Para acompañar esa decisión de obturar la modernización del sistema de justicia, en materia de inteligencia se tomaron a poco de asumir decisiones que agravaron las cosas. En los primeros 18 meses de gestión, sin disimulos y mediante decretos simples o decretos de necesidad y urgencia, se revirtieron los ejes principales de las reformas que en 2015 se habían introducido a la ley de Inteligencia Nacional (Nro. 25520) como producto de consensos políticos intersectoriales. La reforma de 2015 nació en un contexto preciso: estuvo precedida por el reconocimiento de que el modelo vigente estaba agotado y de que su sola continuidad implicaba un riesgo democrático. Presentó los primeros pasos para que pudiera desarrollarse una política que desande, de una vez por todas, la máquina de extorsionar que fueron los servicios de inteligencia —en alianza con otros factores de poder— en nuestra vida democrática. La disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) – creada en 2000 como sucesora de la ochentosa SIDE- y la conformación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue una decisión que tenía como objetivo sacar a las estructuras de inteligencia de la autonomía y la desorientación estratégica. Con esas modificaciones a la ley se propiciaba también una conducción profesionalizada, cuyas autoridades tendrían que ser designadas con criterios de idoneidad y control político parlamentario, para acompasar las regulaciones que se adoptaron en materia de doctrina  y formación, todo acompañado por la incorporación transversal de criterios de transparencia en cuanto a los recursos económicos disponibles. A eso se sumaba una decisión estratégica de aquella política como fue la de transferir la gestión de las interceptaciones de las comunicaciones que se hicieran por razones de inteligencia o a

Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 15 de diciembre de 2019 La relación de la Argentina con Estados Unidos es una de las cuestiones principales a las que debe prestar atención el gobierno del Presidente Alberto Fernández, dado el rol decisivo del accionista mayoritario del FMI. A su vez, el organismo internacional es clave para la renegociación de la descomunal deuda contraída en apenas cuatro años por el alegre gobierno anterior. Bajo la conducción de Fernández, la Argentina debe cruzar un abismo, sobre un inestable puente de troncos. Llegar a la otra orilla no es imposible, pero un paso en falso puede precipitar una caída mortal. Del acuerdo que pueda alcanzarse, tanto con el FMI como con los acreedores privados, depende la disponibilidad de recursos para revertir la estanflación que dejó como herencia Maurizio Macrì, sin lo cual el nuevo gobierno no tendría futuro. La nueva directora del Fondo, Kristalina Georgieva, muestra hasta ahora buena disposición, como si la Argentina pudiera ser el leading case para mostrar un cambio radical respecto de sus predecesores. Más frágil que el Kristal Fernández presentará la campaña nacional contra el hambre en la ciudad más castigada por esa aberración, la entrerriana Concordia, sede de la primera capital alternativa donde sesionará el gabinete nacional. Ese programa prioritario y las diversas medidas de recuperación del poder adquisitivo de salarios y asignaciones y de contención de precios son los pasos iniciales de un giro de 180° en la política económica, aquello que Alberto ha definido como poner plata en el bolsillo de los argentinos. En su primera conferencia de prensa, el Ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que esos fondos no provendrán de la emisión monetaria, declaración que sorprendió a quienes preveían otro curso de acción. Como expone en otro artículo de esta edición Guillermo Wierzba, las fuentes fiscales que quedan para hacer política económica y evitar la continuidad del descenso de la actividad económica son la reasignación de las partidas previstas para el pago de deudas, las retenciones al sector agropecuario, al minero y a las grandes empresas industriales con competitividad  exportadora, los impuestos a los activos de los argentinos en el exterior, a los bienes personales y los tributos a los bancos que tuvieron ganancias extraordinarias debidas a los negocios con LEBACs y LELIQs y a las altas tasas de interés. El primer paso fue el decreto que modificó el esquema de retenciones. El enojo de las cámaras patronales no es razonable: Alberto procedió al amparo de la ley y no como Maurizio Macrì, y la alícuota para la soja estuvo por debajo de lo que estaba facultado para imponer. En septiembre, Macrì fijó una retención de 4 pesos por dólar exportado, medida para la que el Congreso no lo había facultado. ¿Por qué los autodenominados constitucionalistas ni el sector protestaron? Tal vez porque en tiempos de alta inflación, una alícuota fijada en pesos se iría extinguiendo más temprano que tarde, tal como ocurrió. En cambio, Fernández invocó el artículo 81 de la ley 27.467, sancionada en diciembre de 2018. Allí se establece que, de acuerdo con el Código Aduanero, el Poder Ejecutivo podrá fijar una alícuota del 12% para mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación y hasta del 30% para las demás. En vez del 12% el gobierno se contentó con el 9% para carne, maíz, trigo y otros cereales. Y con la soja también se detuvo 3 puntos por debajo del 30% que le permitía la ley. No es seguro que las entidades valoren este self restraint, pero sería bueno que supieran que dentro del gobierno hubo incluso quienes pensaron en llegar al 35%, mediante un artículo en la ley de emergencia en ciernes. Esto se relaciona con las negociaciones entabladas con los acreedores. Guzmán fue recibido en Washington por Georgieva a pedido de Alberto Fernández, quien la llamó para comunicarle mucho antes del anuncio público que el joven académico de Manhattan sería su ministro. —¡Tenemos un amigo común con — respondió Georgieva, en referencia a Joseph Stiglitz, quien ya había hecho sondeos en Washington sobre lo que podía esperar la Argentina. El respaldo del premio Nobel de Economía obra como un reaseguro para Georgieva ante la incertidumbre de un cambio en las prioridades del organismo. Aun así, la primera respuesta de la nueva directora gerente del Fondo ante la solicitud de que se reuniera con Guzmán antes del cambio de gobierno, fue que no podía apartarse del procedimiento establecido, que requiere un previo dictamen de la línea del organismo sobre un proyecto oficial. Fernández replicó que la línea tendría una actitud defensiva, porque el Fondo es corresponsable de la situación argentina, y luego de mucho insistir consiguió la excepción pedida. En la segunda parte de la reunión, Georgieva hizo pasar al nuevo encargado de la Argentina, el venezolano Luis Cubbedu, quien desplazó al italiano Roberto Cardarelli. Un venezolano, oh casualidad. Son cuatro años, no dos Tanto en ese encuentro de Guzmán con Georgieva, como en los que se han venido sosteniendo con los tenedores privados de papeles argentinos, el nuevo gobierno plantea que durante cuatro años no podrá afrontar pagos de capital ni de intereses. Cuatro, no dos como se ha venido publicando en diversos medios. Es decir, todo el mandato de Alberto Fernández y de su Vicepresidente CFK. En principio habría asentimiento, aunque faltan detalles no menores por definir. Por ejemplo, algunos acreedores privados pretenden que los intereses que no se paguen en esas 200 semanas se capitalicen, lo cual engrosaría aún más la factura a partir de 2024. Es lo que Scalabrini Ortíz llamó atarse a la rueda del interés compuesto. En cambio, el gobierno plantea que se practique una quita sustancial en los intereses, que refleje las condiciones actuales del mercado mundial, donde el 8% anual que paga la Argentina se ve como un fósil de otra era, cuando la tasa de interés de los nuevos convenios apenas levanta de cero, e incluso hasta en Alemania los bancos están recibiendo depósitos con tasas negativas, es

Fuente: Carlos Heller *| Página/12 Fecha: 15 de diciembre de 2019 El Presidente, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, convocó a todos los argentinos y las argentinas a que se pongan de pie. Hubo allí una alusión implícita al pasado inmediato: si hay un llamado a levantarse es porque antes se ha sufrido una caída. De allí partimos: de una Argentina que está en el suelo o ha dejado de caminar. Fue una de sus pocas referencias al pasado. En general, el país al que se refirió fue el del futuro inmediato. Su agenda de problemas urgentes fue acompañada con una serie de propuestas también urgentes. Una de ellas, la que ya venía anunciando: resolver el problema de la inseguridad alimentaria de más de 15 millones de personas en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo.  Esa es la primera prioridad: que quienes padecen hambre dejen de padecerlo. Lo resume una de las frases del discurso: “los marginados y excluidos de nuestra Patria, los afectados por la cultura del descarte, no sólo necesitan que les demos con premura un pedazo de pan al pie de nuestra mesa. Necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa. De la mesa grande de una Nación que tiene que ser nuestra «casa común»”, citando expresiones habituales del Papa Francisco. Hay una nueva prioridad en esta Argentina inmediata: son quienes denominó “los últimos”, de los que hay que ocuparse de modo urgente para después poder llegar al resto de la sociedad. Para ello, uno de los instrumentos propuestos es el Plan Integral Argentina Contra el Hambre. Pero, en simultáneo, adelantó la convocatoria a trabajadores, a empresarios y a diversas expresiones de la sociedad para poner en marcha un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia que además contribuyan a encender los motores de la economía. En ese marco, el Presidente se refirió al próximo envío al Parlamento de un proyecto de Ley “para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década”. La idea es que “en este ámbito plural se diseñen los grandes pilares institucionales y productivos de mediano y largo plazo —sin discusiones coyunturales—, rumbo a un desarrollo humano integral e inclusivo”. Así, lo urgente aparece naturalmente articulado con el largo plazo. Desde el Plan Integral Argentina Contra el Hambre hasta el Consejo Económico y Social para el Desarrollo, pasando por otra serie de anuncios en la misma línea, el Presidente presentó ante la Asamblea Legislativa los principales pilares de otro proyecto de país, opuesto y alternativo al modelo neoliberal que tanto daño le produjo a la mayoría de los argentinos y las argentinas. En otro pasaje de su intervención, además de referirse a la situación de las PyMEs, el Presidente adelantó que “la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar, serán también actores centrales de estas políticas públicas”. La totalidad de las propuestas aparece contextualizada en un marco aún más amplio: la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social, una idea adelantada por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner un tiempo atrás. El Presidente llamó a este acuerdo social “fraterno y solidario” y afirmó que “supone unir voluntades y articular al Estado con las fuerzas políticas, los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, a la juventud, al ambientalismo”. “Vamos a sumar en ello, también al entramado científico–tecnológico y a los sectores académicos”, completó. Es decir: un Estado que moviliza a toda la sociedad en el diseño y puesta en marcha de un conjunto de consensos estructurales. Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue la prórroga del Presupuesto de 2019. Según lo afirmado por el Presidente en su discurso, “sus números (los del borrador del Presupuesto 2020) no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos”. Se trata de un Presupuesto para otra política, la que fue derrotada en las últimas elecciones. Sus previsiones sobre inflación, tipo de cambio y producción son absolutamente ficticias. De todos modos, se planea aprobar uno nuevo durante 2020. Un Presupuesto adecuado, según palabras del Presidente, sólo “puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestras deudas haya sido completada y, al mismo tiempo, hayamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real”. De allí, el objetivo de negociar con el FMI y el resto de los acreedores para tener resuelto ese frente lo más rápido posible. Tal como afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, “no venimos a hacer ninguna promesa rimbombante, eso nunca funciona, (…) lo que nosotros venimos a hacer aquí es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social (…) y el problema del virtual default que ha dejado la administración anterior”. Y agregó: “no vamos a ir sobre una dinámica desestabilizante de más ajuste, más recesión y más carga de deuda”. Guzmán puntualizó además que el programa de metas fiscales que se acordó con el FMI “no funcionó y ya se cayó”. Junto a estos anuncios en el plano económico y social, el Presidente adelantó otras iniciativas. Se refirió al “gran pacto educativo”, a las políticas ambientales activas —inspiradas en la Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco— y a los derechos de las mujeres, sobre los que aseguró que “Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república”. También anunció una reforma integral del sistema federal de justicia y la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia con el objetivo de impulsar una reestructuración profunda de todo el sistema de inteligencia del Estado. Lo hizo recurriendo a una frase emblemática de la cultura democrática en nuestro país: “Nunca Más”. “Nunca Más a una justicia contaminada por

Fuente: Raúl Kollmann | Página/12 Fecha: 15 de diciembre de 2019 Fue otro de los mitos armados por los operadores de Cambiemos. Aseguraban  que no se escuchaba para que no se sepa lo que pensaban «realmente» los forenses. Pero sí se escucha. Qué dicen los médicos durante el procedimiento. Otra mentira y van… Durante casi cuatro años se argumentó que el Cuerpo Médico Forense (CMF), que depende de la Corte Suprema de Justicia, manipuló la autopsia de Alberto Nisman y que la mejor prueba era que la autopsia se fotografió y se grabó en video, pero sin audio, sin que se pueda escuchar lo que estaban diciendo los forenses. «Escondieron sus verdaderas conclusiones», era la versión difundida por los operadores judiciales-mediáticos de Cambiemos. La realidad es que el audio está en la causa judicial y la defensa del informático Diego Lagomarsino, al volver a estudiar el video, se encontró con que el audio está normalmente en la grabación. Durante la semana que pasó, los abogados de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, le pidieron al fiscal y al juez que manden a trabajar técnicamente el video, limpien el audio de ruidos y lo incorporen en la causa judicial. La autopsia hecha en la Morgue por el CMF concluía que «no había participación de terceras personas en la muerte de Alberto Nisman», algo que le adelantó por teléfono, el titular de la Morgue, Fernando Trezza, a la fiscal Mónica Fein en la mañana del 19 de enero de 2015, horas después del hallazgo del cuerpo. Eso también consta en la causa:  la fiscal dejó asentada en un acta de la llamada telefónica y lo hizo pública ante el periodismo esa mañana. Pero de inmediato empezó el bombardeo contra el CMF para deslegitimar la conclusión, al punto que se envió a hacer un estudio posterior a la Gendarmería, la fuerza que estaba al comando de Patricia Bullrich. El estudio, al que trataron de darle jerarquía llamándolo interdisciplinario, concluyó lo que el gobierno de Cambiemos pedía: que a Nisman lo mataron, le pegaron una tremenda paliza que incluyó la fractura de la nariz, golpes en la boca, los riñones y una pierna, y además lo habían dormido usando ketamina, una droga que ni siquiera se utiliza para dormir a seres humanos ni pudieron determinar cómo se le suministró al fiscal. Para lograr semejante conclusión, el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano evitaron que hubiera confrontación de ideas y de diagnósticos con el CMF, o sea que no permitieron que los forenses –los mayores expertos del país en autopsias– participaran del estudio. El audio es, según le contaron expertos a Página/12, el normal de cualquier autopsia. Como en cualquier cirugía hay comentarios personales, chascarrillos y sobre todo indicaciones de cómo exhibir lo que se está haciendo ante las cámaras. En la transcripción realizada por este diario hay muchas imprecisiones, básicamente por desconocimiento de las denominaciones técnicas. Estos son algunos tramos: 1:01:01 «Ponele un chorrito muy suave de agua» pide la operadora de video para que se pueda grabar. 1:01:45 «Le corto acá antes de sacarle», dice uno de los autopsiantes. 1:03:04. «Cuando lo sacamos lo damos vuelta», otro forense. 1.04:50 «Temporal izquierdo» 1:06:40. «¿Te muestro Bubi?». Bubi es Héctor Di Salvo, el forense a cargo de la autopsia. 1:06:50. «Están cayendo pedacitos de plomo», seguramente se refiere a trozos del proyectil alojado en el cerebro del fiscal. 1:08:24 «Recorrido transversal de derecha a izquierda». 1:09.24 «Peñazco temporal izquierdo lo tenías nombrado pero no el territorio». Los diálogos son de ese estilo, en medio del ruido de los instrumentos, que en algunos casos hacen inaudibles partes de las frases. También hay diálogos que no tienen nada que ver con la autopsia: los forenses se quejan de las llamadas de «los putos periodistas» que según ellos obtuvieron sus números de celular a través del fallecido forense Osvaldo Raffo. Además acotan «se ocupan de esto porque no hay noticias en enero». Por supuesto igualmente hablan de las facturas que venden en determinada panadería y hacen algunos chistes sórdidos sobre su trabajo. En ningún momento hablan de una conclusión global: van analizando órgano por órgano, mencionan la trayectoria del proyectil y en ningún momento hablan de golpes o de otras lesiones, como después dibujó la Gendarmería. La mayor parte del tiempo habla la operadora de video, que tiene el micrófono en la cámara. Los médicos no tienen micrófono sino que todo se registró a través de lo que captó la operadora. Ella misma sugiere en algún tramo que los forenses deberían tener solapero, o sea el pequeño micrófono puesto en las solapas, inhalámbrico, como hay en la televisión. La operadora sugiere tomas en todo momento. «Cuando lo empieces a coser grabo un poquito y nada mas. Falta lo que llegó recién». «Usted abre del lado derecho y yo voy del lado izquierdo ¿si?». «Saco la muestra para el alcohol». «Lo molesto de este lado doctor Vega? Asi hacemos una toma distinta, si no es muy aburrido. Nadie lo va a ver. Ni pelota le van a dar». Lo trascendente es que está el audio de la hora, 46 minutos y 16 segundos que duró la operación. La jugarreta de Cambiemos fue tratar de desvirtuar lo hecho por el CMF, que realiza miles de autopsias por año. Con ese objetivo, intentaron minimizar el adelanto, que es algo habitual, transmitido por Trezza. De inmediato llegó la orden de bajarle el tono a la conclusión y luego empezaron con un continuo horadar de lo hecho. Por ejemplo, la Gendarmería sostuvo que a Nisman le fracturaron la nariz, o sea que eso se le habría pasado a la médica que lo revisó en el baño de Le Parc, a los dos forenses que hicieron la autopsia y a los trece forenses que luego firmaron las conclusiones en una junta médica. Sostuvieron que la hora de la muerte estaba mal calculada, pese a que Trezza es uno de los mayores especialistas en el tema a nivel mundial. Y mediáticamente argumentaron que no se había grabado el audio para esconder algo. Los abogados de Lagomarsino decidieron estudiar nuevamente la