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Fuente: Eduardo Aliverti | Marca de Radio Fecha: 21 de noviembre de 2020 El Gobierno recuperó iniciativa y hasta sus contendores admiten que perdieron centralidad de agenda. A partir de ahí puede discutirse cómo se sitúa cada quien frente los asuntos en danza, pero es innegable que hoy la oposición corre detrás de las instalaciones temáticas oficiales y no al revés. Que por fin se haya debatido y sancionado en la Cámara baja el propósito de aplicar un tributo a las grandes fortunas (apenas 360 de ellas significan el 60 por ciento del monto imputable); que el Presidente se comprometa a empujar la legalización del aborto como decisión de salud pública imprescindible; que ya esté en marcha un operativo fenomenal para la vacunación masiva contra el coronavirus (aunque comunicado con una dosis excesiva de optimismo, quizá); que se lance una gran ofensiva de obra pública, son ingredientes positivos. Una consideración similar correspondería a que el arreglo con el FMI fue trasladado al año próximo, con Biden asumido pero, sobre todo, con un panorama económico (muy) eventualmente más claro si es que todas o alguna de las vacunas producen efecto. Nada de eso significa un horizonte despejado, ni por asomo. Los números inflacionarios; el nuevo festival de bonos para controlar la cotización del dólar; la incertidumbre por cómo se ejecutará cierta recuperación con los índices de desempleo y falta de trabajo que deja la pandemia; atravesar diciembre; el interrogante inmenso de la vuelta a clases; los haberes jubilatorios, son componentes angustiantes. Pero por algo será que la oposición, a falta a de disparadores más atrayentes, se concentra en la novela aburrida del Ministerio Público Fiscal; el pedido de indagatoria a Carrió por la red de espionaje macrista; la obsesión continua por cada señal intrascendente de Cristina contra Alberto y viceversa; el militar la palabra “ajuste” nada menos que desde sus antecedentes espantosos, que la llevaron a la derrota. Una mirada rápida a los sumarios de la prensa opositora revela que noticias frívolas, ligadas mayormente al mundo del espectáculo, a los escándalos de personajes mediáticos, a “la inseguridad”, al deporte, son principales. Cualquiera diría que hay una relación inversamente proporcional entre eso y el hecho de que el grueso confrontativo no da muestras de saber para dónde desembuchar, excepto por el agotador denuncismo anti K y la protección al macrismo vandorista. Tienen además un intríngulis complejo con la sobreexposición de los cruzados libertarios. Los Milei o los Espert aseguran griterío y extravagancias antipopulistas para satisfacción del panelismo televisivo; pero a la vez, con elecciones legislativas a la vista que habilitan -como siempre- toda cana al aire de un sector del electorado, corren el riesgo de estimular la división del voto gorila. Sería más útil observar otros aspectos. Hay un dato de enormidad pedagógica, no solamente simbólico, que Alejandro Bercovich recordó el viernes en su columna de BAE Negocios, con base en lo que otro colega, Hugo Alconada Mon, publicó en su libro La raíz de todos los males. Se trata del aporte solidario y extraordinario que Mauricio Macri les pidió a los dueños de grandes haciendas para la campaña presidencial de 2015: un 1 por ciento de sus patrimonios. Es la mitad de lo exigido a esos magnates en el proyecto que recibió media sanción de Diputados, para ayudar en la emergencia. “Aquella contribución era sobre el total y no sólo sobre lo declarado, tal como el propio autor ratificó más tarde bajo juramento ante el juez platense Ernesto Kreplak. La ventaja era que podía integrarse en efectivo o en especie, porque el comité de campaña prefería todo ‘barrani’ para no exceder el gasto permitido”. La cuestión es que Macri recaudó unos 7500 millones de pesos, a valores de hoy, para sufragar actos, medios y cartelería; una cifra once veces superior a lo declarado por los recolectores cambiemitas ante la Cámara Nacional Electoral. Como señala Bercovich, el subregistro difícilmente pueda ser impugnado con autoridad moral por el Frente de Todos, pero sí expone la contradicción de los grandes contribuyentes que, si era por Macri Presidente, estaban bien predispuestos a la exacción privada mientras ahora se indignan por la estatal. Es también en el libro de Alconada Mon donde figuran como aportantes macristas los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que el jueves agregaron su grito en el cielo por el “impuesto a la riqueza”: Rocca, Bulgheroni, Roggio, Eurnekian, Pescarmona, Escasany, Elsztain, su ruta. Como elemento mucho más directo -aunque en el mismo sentido- puede tomarse el tweet que, desde su cuenta oficial, lanzó el bloque del PRO. Fue tarde cuando quisieron borrar que, ante a la imposición del aporte a patrimonios individuales portentosos, en tanto representantes del 46 por ciento de la Cámara de Diputados votarían a favor de los intereses del 0,02 por ciento más rico de la población argentina. Y por si poco fuese en materia de sincericidios, colmaron el vaso las declaraciones de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, en su diálogo con el humorista Fernando Iglesias. La formación docente es uno de los vectores de lo que dijo la funcionaria, y lo abordó con una superficialidad que espanta al mínimo rigor requerido. Es llamativo que ni uno solo de los cuadros o figuras académicas de que dispone la derecha se dispuso a respaldarla. Se borraron del mismo modo colegas y autoridades mayores del gobierno de la Ciudad, ayudadas por un periodismo independiente al que le pareció mejor no insistir con el tópico so pena de embarrarla más todavía. Nadie discutiría con seriedad que es todo un tema cómo se forman los educadores, y precisamente por eso es una ofensa inaguantable que Acuña lo haya remitido a la proveniencia de clase, el ventajerismo de la pobreza, la edad, la militancia política. Todo eso en medio de cómo vienen cargándose los docentes una coyuntura inédita y dramática, más allá de factores individuales que nunca pueden ser elevados al rango de conjunto del área. En percepción absolutamente subjetiva, la ministra no se dio cuenta o relativizó que sus afirmaciones trascenderían y, más bien, se sintió en una charla reservada de compinches. Si

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 22 de noviembre de 2020 Al calor del debate sobre el aporte solidario a las grandes fortunas, el último jueves las propaladoras comunicacionales del establishment local difundieron las 20 propuestas del Grupo Constituya, un nuevo think tank de la derecha argentina que prioriza la protección de los colectivos más opulentos de la sociedad para sobrecargar el peso de la crisis sanitaria en las mayorías populares. Su programa insiste en favorecer a los más poderosos. Promueven la reducción de salarios, la eliminación de la doble indemnización y la potestad para aplicar suspensiones y/o despidos. Se autodefinen como un colectivo digital ciudadano, apartidario, plural y con raigambre federal, pese a que sus iniciativas no difieren de las motorizadas por la actual oposición. Sustentan visiones ortodoxas, sus integrantes son porteños y varios de sus integrantes fueron funcionarios o asesores del cuatrienio macrista. Es decir, ni apartidarios, ni plurales, ni federales. Coherentes con el resto de los colectivos comprometidos en imponer un sentido funcional a los intereses de los grupos concentrados, el Grupo Constituya se muestra compasivo con los multimillonarios, a quienes considera discriminados y víctimas de políticas confiscatorias. Insisten, además, que dicho aporte redundará en una serie de abominaciones gigantescas. Las  cuatro advertencias de estos defensores de los millonarios son: Se generará una reducción de la inversión local; Se incrementará la desconfianza externa y se perderán oportunidades de inversión extranjera; Se perderán empleos; Se ahondará la recesión como producto de la presión fiscal. La primera proposición asevera que una política de índole aperturista, orientada a la desregulación creciente del mercado, es más recomendable para garantizar el incremento de la inversión. Sin embargo, la performance evidenciada en este rubro por parte del macrismo alcanzó en 2019 el mismo guarismo que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, un 17 % del PBI. No hubo cambios pese a la flexibilidad otorgada a los capitales y la promocionada lluvia de inversiones. En donde sí hubo sustanciales modificaciones fue en la fuga de capitales, que no dejó de incrementarse durante el cuatrienio macrista, llegando a triplicar los valores durante tres de los cuatro años de su gestión: La segunda afirmación busca fomentar el pánico en relación a una supuesta pérdida de inversiones externas productivas. Sin embargo, si se observa con detenimiento la  Inversión Extranjera Directa (IED) en las últimas décadas, su comportamiento estructural aparece como autonomizada de las políticas decididas por los diferentes gobiernos. La IED en América Latina y Argentina es cada vez menos relevante dado que sus flujos se han trasladado al sudeste asiático y hacia regiones donde no existen regulaciones laborales. En el año 2000, la IED en nuestro país representaba 0.91 % del total global. En 2010 ese porcentaje se redujo al 0.43 %. Y en 2019 –bajo la mendaz euforia macrista– al 0.19 %.  Esa pendiente es similar a los guarismos que se observan en América Latina: en el año 2000 –plena efervescencia neoliberal local, protagonizada por Domingo Cavallo– el total de la IED de Argentina suponía el 20 % del total latinoamericano. En 2010 se desplomó al 5.39 % y en 2019 alcanzó apenas el 3 % del total. Diversas razones pueden explicar esta mala performance. Pero la más importante radica en que la IED elige costas donde el trabajo carece de derechos y la Argentina no ha sido el mejor lugar para sojuzgar a las sindicales. La inversión externa se resiste a ingresar porque no logran imponerse las flexibilidades laborales que exigen. Extorsiones La tercera presunción se vincula con la pérdida de empleos que ocasionará el aporte extraordinario. Esta aseveración también supone una falacia de origen, basada en la teoría de que las políticas promercado, motorizadas por la ortodoxia, garantizan la empleabilidad, y que –por el contrario– las políticas tributarias progresivas son perniciosas para la inclusión laboral de índole formal. La realidad empírica no parece coincidir con esa hipótesis: el empleo privado (el más valorado por la narrativa neoliberal argenta) decreció en el cuatrienio macrista en forma progresiva y absoluta, tanto en su volumen como al interior de los sectores de las grandes empresas, las medianas, los pequeñas y las microempresas. Todos resultados antagónicos a las jactancias del libre mercado. La cuarta advertencia apocalíptica se vincula con la potencial recesión que, advierten, va a generar al aporte extraordinario, como producto de la denominada presión/carga fiscal. Según Luciano Laspina, uno de los diputados del interbloque de JxC, el proyecto de Ley “es confiscatorio. El Estado absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad”. Sin embargo, en términos tributarios, Argentina no aparece entre los países con mayor presión tributaria. Viene debajo de Uruguay y Brasil en el ranking internacional de ingresos fiscales clasificado por la OCDE, el centro de análisis de los países ricos que admira el establishment local. La UIA es otra de las organizaciones que funcionan como guardaespaldas de los magnates. En su defensa aseveran que el aporte “profundizará aquellos problemas que impiden emprender el camino de la recuperación sostenida”. Sin embargo, el FMI exige el incremento de los impuestos a los sectores más ricos: “Los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario, y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”. El director del Departamento de Finanzas Públicas de ese organismo multilateral, Vitor Gaspar, justificó la recomendación en la necesidad de invertir los ingresos resultantes en el financiamiento de los servicios críticos, como las redes de salud y de protección social, en una crisis que ha afectado de manera desproporcionada a los segmentos más pobres de la sociedad”. La derecha argentina se sitúa, sin sonrojarse, a la mismísima diestra del FMI. Hay quienes sienten que al proteger a los poderosos se transforman en sus pares, buscan ser como ellos para participar, aunque sea marginalmente, de sus lujos. Otros, son subyugados por prosaicos intereses crematísticos: apuestan a recibir las migajas monetarias que los empresarios reservan para sus fieles servidores. En este grupo se destacan diversos comunicadores del establishment, habituales empleados de la trifecta mediática, que son seducidos por sobresueldos