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La legitimidad del apartheid

admin / 29/07/2018 / Internacionales, Medio Oriente, Portada

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 La aprobación el último jueves de la denominada Ley Fundamental del Estado Judío supone la degradación de la ciudadanía plena para quienes no poseen la identidad hebrea. La legislación aprobada en el congreso unicameral israelí (denominado Kneset) legitima jurídicamente la segregación fáctica que se instituye dentro del territorio israelí desde hace decenios, e impone nuevas condiciones de avasallamiento sobre los habitantes de los territorios ocupados (militarmente) de Palestina. La norma busca consolidar los privilegios (ya consagrados de hecho) que disfrutan los ciudadanos de ascendencia judía por sobre otros colectivos, que representan –dentro del territorio israelí— un 20 por ciento de la población (entre Beduinos, Drusos y árabes musulmanes). Israel nunca aprobó una Constitución Nacional pero esta norma, aprobada el último jueves, es asimilable a esa trascendente arquitectura jurídica. Fue aprobada por mayoría simple de 62 votos contra 55 en contra y dos abstenciones. Su objetivo prioritario es la imposición de la preeminencia judía sobre cualquier otro componente étnico, lingüístico y/o confesional. Los votos mayoritarios que aprobaron la ley supremacista fueron aportados por la alianza que agrupa a los sectores de derecha junto con los religiosos ortodoxos, liderados por el premier Bibi Netanyahu. La ofensiva de estos sectores ha sido empoderada por el presidente Donald Trump, quien recientemente buscó legitimar la anexión de Jerusalén oriental a través de la instalación de su embajada en esa ciudad. La normativa no sólo identifica al Estado con una identidad específica de sus habitantes (segregando a quienes no la poseen) sino que anula el árabe como idioma oficial, postulado como tal desde la propia declaración de independencia de Israel, en 1948. Legitima, además, la prohibición de que árabes musulmanes puedan acceder a comprar propiedades dentro de conglomerados definidos como hebreos. El segregacionismo aparece como la continuidad de recurrentes políticas persecutorias que se expresan en diferentes espacios sociales. El último 16 de julio el congreso se expidió contra la posibilidad de que grupos pacifistas –conformados por judíos y musulmanes—entre ellos Breaking the Silence, puedan sensibilizar en las escuelas sobre abusos del ejército en los territorios ocupados de Palestina. Dos días después, el gobierno prohibió –por exigencia de los religiosos fundamentalistas— que los ciudadanos homosexuales puedan convertirse en padres a partir de gestación de embriones en cuerpos subrogados. El 19 de julio se detuvo a un rabino independiente (de la jerarquía local) por no someterse a los mandatos de la ortodoxia. Y el 20 de julio, Netanyahu recibió con pompa –en Jerusalén— al premier húngaro, Viktor Orbán, el máximo exponente de la derecha neonazi europea. El último 25 de julio, por presiones del entorno del Likud, fue despedido el dibujante del Jerusalén Post, Avi Katz, por caracterizar a Bibi Netanyahu y a sus acólitos en el formato zoológico que se encabeza esta nota. Uno de los máximos promotores de la normativa segregacionista, el diputado de derecha Avi Dichter, expresó con claridad el motivo de la norma: “Sancionamos esta ley para evitar que Israel sea un país para todos sus ciudadanos”. Solo uno de los diputados de la derecha no acompañó el proyecto: el hijo del ex primer ministro Menajen Beguin (Beny), quien advirtió que “el patriotismo no se demuestra cuando se impone por sobre los derechos humanos. Ese patriotismo se deteriora y se convierte en nacionalismo”. (Otorgándole asó al término “nacionalista” un carácter fascista). Por su parte, el líder de la bancada laborista, Isaac Herzog –hijo de Jaim, ex presidente de Israel— consideró que la aprobación destruye “el principio de igualdad” y supone un descrédito inaudito de Israel ante la comunidad internacional. Los cuestionamientos han empezado a emanar, incluso, de sectores conservadores, como el caso del presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, quien, en una nota en el New York Times referida al debate de la ley segregacionista, afirmó: “Si las cosas continúan como hasta ahora, Israel tendrá que hacer una difícil elección: conceder plenos derechos a los palestinos y dejar de ser un Estado exclusivamente judío o rescindírselos por completo y dejar de ser una democracia”. El jueves pasado la derecha israelí eligió la última opción. Uno de los sectores que repudiaron la ley –los congresistas integrantes de la Alianza Conjunta (que agrupa a israelíes judíos antisionistas, musulmanes y árabes laicos)— advirtió a través de uno de sus voceros, el diputado comunista Yusef Jabarin, que el consentimiento con la normativa supone “una clara discriminación étnica hacia los ciudadanos árabes de Israel”. Otro de los diputados árabes, Issawi Frej (del partido progresista Meretz) cuestionó la terminología segregacionista utilizada y fue expulsado de la sala de la Knesset (parlamento israelí). Por su parte, el legislador Ayman Odeh enarboló una bandera negra. Mientras pronunciaba su alegato rompió una copia del proyecto y —junto a militantes del grupo Paz Ahora— definió la iniciativa como la “legalización del apartheid”. Todos ellos fueron conminados a abandonar la sala de sesiones. La integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hanan Ashrawi, expresó en un comunicado oficial que el proyecto de Estado-nación judío “otorga licencia a la discriminación, la limpieza étnica y el sectarismo a expensas del pueblo palestino”. La modificación del status de ciudadanía pretende utilizar al resto de los judíos del mundo como forma de apoyatura intangible de complicidad. Sin embargo, esta política no parece haber sido muy efectiva dado que muchos colectivos identitarios judíos –dentro y fuera de Israel— han repudiado abiertamente la ley segregacionista y han condenado el apartheid que promueve. A nivel local, el Llamamiento Argentino Judío se ha expedido reiteradamente ante los diferentes ejercicios represivos contra los palestinos y —en referencia a la ignominiosa ley segregacionista— tomó como propias los variados posicionamientos efectuados por los escritores judeo-israelíes Guideon Levy y Hamira Haas. [1] Esta última, en un valiente artículo publicado en el diario israelí Haaretz, el último 18 de julio profetizó: “Llegará el día en que la línea de crédito del Holocausto se agote. Llegará el día en que los líderes del colonialismo judío israelí serán enjuiciados. Llegará el

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Santiago Maldonado, el Gobierno es responsable

admin / 29/07/2018 / Comunicados y Declaraciones

El 1º de agosto se cumple un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Desde su desaparición —en el marco de la represión a la Comunidad Mapuche Pu Lof de Cushamen— el Gobierno puso todo su empeño en encubrir a los responsables con información falsa e inadmisibles presiones sobre la Justicia, apoyado en un vergonzoso blindaje de los medios hegemónicos. No es ésta una muerte aislada. El gobierno neoliberal de la alianza Cambiemos es responsable del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, de las víctimas del gatillo fácil, de los chicos humildes baleados por las fuerzas de seguridad, de los presos políticos y la represión en general, métodos con los que pretende acallar la resistencia popular a sus políticas. Tenemos claro que los sectores populares somos los únicos interesados —y los únicos capaces— de enfrentar y resistir este profundo deterioro del Estado de Derecho y el agravamiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías de nuestra sociedad. El LLAMAMIENTO Argentino Judío se solidariza con el dolor de la familia de Santiago y demanda junto a todas las entidades de derechos humanos y las organizaciones populares, la inmediata implementación de una investigación judicial independiente de las manipulaciones del Poder Ejecutivo, tal como reclama la familia Maldonado. Sin el esclarecimiento de este horrible crimen, la democracia argentina aparece como mutilada por la impunidad. En el marco de estos reclamos el LLAMAMIENTO estará presente el próximo 1º de agosto en la Plaza de Mayo junto a centenas de organizaciones populares para exigir Verdad y Justicia para Santiago. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

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Dilema de los drusos en Israel: honra propia, racismo o mercenarismo

admin / 28/07/2018 / Internacionales, Medio Oriente, Portada

Fuente: Daniel Kupervaser | daniel.kupervaser.com Fecha: 28 de JUL 2018 Según un proverbio muy común en Israel, “cuando un imbécil arroja una piedra al pozo, mil genios no lograrán extraerla”. Llevándolo al campo político, se puede decir que cuando la imbecilidad del liderazgo de un país se sobrepone al sentido común, nadie se debe sorprender del surgimiento de peligrosas e innecesarias crisis socio-políticas con imprevisibles consecuencias futuras. El desprecio e indiferencia hacia lo “no judío”, tan enraizado y generalizado en la sociedad israelí, principalmente en los alrededores de la capa dirigente del gobierno de Netanyahu, encegueció tanto a su gente de manera que, para perjudicar y agraviar a ciudadanos árabes israelíes, promulgaron la ley de Estado-Nación Judío. Este engendro tan racista y antidemocrático, necesariamente afectó a todo grupo étnico no judío de ciudadanía israelí. Sin lugar a dudas el golpe más incomprensible e injustificable lo recibieron los drusos israelíes. La etnia drusa israelí se rebeló de inmediato. En una solicitada en los medios locales manifestaron claramente su sensación: “nos tiraron a una manada de perros”[1]. Quien mejor lo expresó fue Amal Assad, general retirado del ejército israelí. Y así se manifestó: “26 años serví al ejército del Estado Judío. Tengo el derecho de exigir que también es mío, al igual que es de ustedes los judíos. Después que erigimos esta casa junto a los judíos, la ley Estado-Nación Judío nos saca a los drusos de su casa y nos sepulta del otro lado del cerco” (sepultar fuera del cerco del cementerio es una de las ofensas más graves en el judaísmo por manifestar serias dudas del judaísmo del difunto o por ser discriminado por las instituciones judías. DK). No es para menos. La colectividad drusa es parte inseparable de la sociedad israelí desde su independencia y toma parte positiva y muy activa en todos los ámbitos. Su lealtad al país es indiscutible, sus logros educacionales son un ejemplo y su predisposición a servir al ejército es mucho mayor que la de sus pares judíos[2]. Allí donde amplios sectores de judíos se escabullen para cuidar su sangre, la de los drusos se derrama en campos de batalla en defensa de Israel. Da la impresión que, pese a su larga experiencia en la sociedad israelí y su prolongado servicio en el ejército, el general Assad aun no logró compenetrarse del verdadero significado de su condición de no judío en Israel. La expresión “Israel judío y democrático” es una falacia que escuda la supremacía judía ante cualquier valor democrático de vigencia universal que pretenda cercenar esa indiscutida y sagrada posición privilegiada. Que no le quepa duda al general Assad. El proyecto de ley que obliga a palestinos a vender propiedades a judíos a precios fijados por el gobierno, tarde o temprano también le va a llegar el turno a viviendas y terrenos drusos. Presten atención a las declaraciones al respecto del parlamentario Bitan, mano derecha de Netanyahu: “No hay motivo alguno que una minoría de 120 mil habitantes reciba derechos especiales en la ley Estado-Nación Judío. Son solo 120 mil personas. Ellos tienen que respetar a la mayoría”[3]. Conclusión de las palabras de Bitan: la mencionada ley otorga “derechos especiales” solo a judíos: racismo puro. Atento al embrollo que causó el extremismo que promovió la ley que puede hacer temblar pilares básicos de la existencia de Israel, Netanyahu se movilizó rápidamente para estabilizar la situación. Repentinamente se dio cuenta que su expresión “los drusos son carne de nuestra carne”[4] de años atrás se revela como uno más de sus vulgares y reiterados embustes. Netanyahu llamó a una reunión urgente de parlamentarios drusos de la coalición gubernamental junto a varios ministros. En esa oportunidad, el Primer Ministro de Israel dio a entender que no tiene ninguna intención de modificar la ley Estado-Nación Judío. Como contrapartida, se propone ser muy dadivoso en dedicar millonarios presupuestos destinados a la etnia drusa, como así también, exonerar a este sector de la población (y no a árabes israelíes) de ley especial que permite la demolición de una masiva construcción ilegal en sus aldeas[5]. Igualdad a la judía: vista gorda a delincuencia de construcción ilegal judía en Cisjordania y drusa en Israel. Drusos sorprenden a Netanyahu Para la atención del liderazgo druso en Israel, las cartas están sobre la mesa. Solo hay cinco alternativas y la colectividad drusa deberá decidir su posición al respecto. Ante la ponencia ya presentada por representantes de la colectividad drusa en Israel, la Corte Suprema de Justicia deroga esta ley por afectar significativamente derechos humanos básicos. La chance de este desenlace es reducida dado el temor del alto tribunal ante las crecientes amenazas de intervención del ejecutivo por lo que denomina atribuciones excesivas de la Corte. El gobierno, ante presiones internas y externas, decide abolir la ley por iniciativa propia. Posibilidad muy remota. El gobierno enmienda la ley de manera que en su marco se conceden explícitamente “derechos especiales” solamente a los drusos, paralelos a aquellos ya otorgados a los judíos. El gobierno no modifica la ley, pero la colectividad drusa esta dispuesta a aceptar recompensas, tales como las propuestas por Netanyahu en la reunión antes mencionada. El gobierno no modifica la ley y la colectividad drusa rompe los vínculos históricos con el liderazgo judío. Las dos primeras alternativas son las mas cómodas para la colectividad drusa. En ambos casos la situación retorna al principio sin modificaciones. Se debe resaltar que ambas alternativas son de bajas posibilidades de concretarse. La situación se complica seriamente ante las tres últimas alternativas. La tercera opción, definir a los drusos como etnia privilegiada, les restaura su posición igualitaria con los judíos, pero necesariamente los convierte ante todo el mundo en cómplices y coparticipes junto al judaísmo de un proyecto discriminador y racista. Aceptar las propuestas de Netanyahu de recompensas materiales (opción 4), justificadas principalmente por su activa participación en la defensa de Israel, conlleva un alto precio moral. Sera muy difícil convencer al mundo que se trata de un grupo étnico que se honra a si mismo y,

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Los autores secretos del plan para sacar los militares a las calles

admin / 27/07/2018 / Nacionales, Politica, Portada

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 27 de JUL 2018 Una masiva marcha rechazó ayer el decreto del presidente Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior bajo el lema de “No a los militares en las calles”. Detrás de ese proyecto se encuentra Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales, y coordinador de la denominada “Mesa de Seguridad”. El subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, completa el elenco de asesores que le dieron forma al regreso de los militares a las calles. Por escenografía, un inmenso hangar en penumbra. Allí, con tres helicópteros artillados a su espalda y flanqueado casi en un segundo plano por cuatro jefes militares ya demasiado maduros para los uniformes de combate que lucían, el Presidente, desde un estrado negro y brillante como un féretro, desgranaba con frases escolares –que leía en un telepromter– una declaración de guerra contra los peores enemigos de la humanidad. Parecía una escena de Dr. Insólito, esa comedia de humor negro sobre la Guerra Fría realizada en 1964 por Stanley Kubrick. Pero su protagonista no era Peter Sellers sino Mauricio Macri. Así anunció lo que insistía en llamar “reforma del Sistema de Defensa Nacional”. Un eufemismo decorado con inapelables abstracciones: desde los “desafíos del siglo XXI” a “objetivos estratégicos claves”, no sin mencionar “operaciones de apoyo a la comunidad” y la “protección de los recursos del Atlántico Sur”. También esgrimió variadas hipótesis de conflicto: el “impacto del delito transnacional” y los “peligros cibernéticos sofisticados”, entre otras calamidades. Recién entonces supo abordar la solución: “una estructura militar de despliegue rápido” y “unidades conjuntas con personal de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército”. En realidad se refería a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Aquella noticia sacudió al país el lunes 23 de julio. Una noticia que, por cierto, había comenzado a gestarse cinco semanas antes. El superministro en la sombra Tono sombrío. Mirada grave. Así se mostró Macri el 29 de mayo, durante la celebración del Día del Ejército en el Colegio Militar. Fue cuando oficializó el gran anhelo que ahora acaba de concretar. Sus palabras al respecto traían cierta reminiscencia de lo expresado ya en 2010 por la Escuela de Guerra de los Estados Unidos en cuanto a cómo se desarrollaran los conflictos armados en el siglo XXI: “La guerra estará en las calles, en las alcantarillas, en los rascacielos y en los caseríos expandidos que forman las ciudades arruinadas del mundo”. La frase resume el corpus teórico de la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas”, que incluye situaciones tan variadas como el terrorismo, el narcotráfico, los reclamos sociales y las catástrofes climáticas. En aquella simpleza conceptual Macri fue amaestrado al pie de la letra. Y ese martes, con cara de entendido, justamente recitó: “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las nuevas amenazas”. Aplauso de los presentes. El mandatario habló rodeado por delegados militares extranjeros, todos de uniforme y tiesos como piezas de ajedrez. A un costado permanecía el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini. Al tipo se lo notaba muy consustanciado con lo que oía. No pudo ser de otra manera. Este general de 58 años es un referente del sector castrense que reclama la amnistía por delitos de lesa humanidad. Pero nadie le festeja tal prédica más que su propia esposa, María Laura Renés, hija de Athos Renés, un ex coronel condenado a perpetuidad por la Masacre de Margarita Belén. Ella pertenece al grupo de Cecilia Pando. El marido no le va a la zaga. Por lo pronto, al opinar sobre el nuevo “desafío”, soltó: “Estamos preparados para muchas tareas”. También se deleitaban con el fraseo presidencial los jefes ministeriales de Defensa y Seguridad, Oscar Aguad y Patricia Bullrich, junto a funcionarios de segunda línea. O desconocidos, pero influyentes; entre éstos, un sujeto alto y delgado que observaba dicha escena con fruición. Era Fulvio Pompeo, nada menos que secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Bien vale reparar en este personaje. Se trata de un politólogo y relacionista internacional con título obtenido en la Universidad de Belgrano y algún postgrado en Londres. Supo pertenecer al duhaldismo; de hecho, fue funcionario de Carlos Ruckauf en la Cancillería cuando el ex bañero de Lomas ejercía la presidencia interina. Ahora es muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales. Y se lo considera el “cerebro” del revuelque entre los conceptos de Defensa y Seguridad. Eso lo sitúa en un nivel “supra-ministerial”. Tanto es así que aquel hombre coordina la denominada “Mesa de Seguridad” del Gobierno, en donde Bullrich y Aguad –entre otros– se nutren de nuevas ideas. Allí –por caso– se urdió en abril la ocurrencia de reemplazar las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional, inspirada en las de Panamá y Costa Rica, un proyecto que incluso mereció el rechazo de los socios radicales del PRO. Desde allí Pompeo también delineó las importantes tareas locales que ahora el régimen macrista asignará a los uniformados. A continuación, la siguiente escala de este viaje hacia el terror. El general del siglo XXI Dos semanas después, el Poder Ejecutivo ordenó enviar personal militar –500 efectivos– a la frontera norte, entre Salta y Misiones, en apoyo logístico a las tareas que allí desarrolla la Gendarmería. El asunto fue decidido durante la mañana del 12 de junio por Macri, quien –bajo absoluta reserva– recibió a los principales actores del “proceso (nunca mejor usada esta palabra) militarizador”; a saber: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Defensa y Seguridad, Aguad y Bullrich, el jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, el de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, el titular de Asuntos Estratégicos, Fluvio Pompeo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa. Ese es el elenco estable de la “Mesa de Seguridad”. Ahora conviene detenerse

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Fin de la farsa: fueron absueltos los campesinos de Curuguaty

admin / 27/07/2018 / America Latina, Internacionales, Portada

Fuente: Celso Guanipa Castro* | estrategia.la Fecha: 27 de JUL 2018 Tras seis años, en una decisión histórica contra la mentira institucionalizada por el latifundio y las transnacionales del agronegocio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay absolvió este jueves 26 de julio a los campesinos acusados injusta e ilegalmente por la masacre de Curuguaty. Los magistrados dictaminaron que no se pudo comprobar que los acusados tuvieron cualquier tipo de participación en la masacre del 15 de junio de 2012, cuando, cuando seis policías y 11 trabajadores rurales murieron tras un “enfrentamiento” provocado por la acción de francotiradores (algunos desde helicópteros) en el campamento de campesinos sin tierra de Marina Kue, en Curuguaty. El fallo dio por tierra con la farsa montada por los sectores más retrógrados de la sociedad paraguaya con apoyo de la prensa hegemónica, demostrando que la masacre montada no fue más que una excusa para el golpe de Estado y, con él, el intento del poder de frenar la lucha del pueblo paraguayo por la tierra, la independencia y la soberanía. De acuerdo con el juez Emiliano Rolón, la decisión fue unánime en favor de los campesinos: “no habrá nuevo juicio, simplemente se revoca la decisión del Tribunal. Tienen que salir libres”. El hecho, subrayó, “es que no se pudo ver quién disparó, hubo falta de evidencias, sumada a numerosas irregularidades, como alteraciones de la escena del crimen”. “La investigación fue muy incipiente, se cometieron muchos errores”, reiteró el jurista, para quien los recurrentes desasidos, siempre a favor de un lado de la balanza, requieren una profunda reflexión. “Es una administración de Justicia en crisis”, enfatizó. En Cuaraguaty se daba una disputa entre el Estado y la familia del senador Blas Riquelme, uno de los grandes beneficiados por la dictadura proestadounidense de Alfredo Stroessner (1954-1989), que acusaba a los campesinos de haber invadido una propiedad que no era suya. Aquel día de junio de 2012, 324 policías rodearon a menos de 60 campesinos, la mitad de ellos mujeres, niños y ancianos. Los magistrados al fin reconocieron que los trabajadores rurales no portaban armas de gran calibre —de las cuales partieron los proyectiles que provocaron las muertes— y las garruchas que disponían ni siquiera fueron disparadas. Para completar la manipulación, engrosada por los medios que contribuyó al derrocamiento del presidente Fernando Lugo una semana después de la masacre, el 22 de junio, la policía hizo desaparecer el rodaje del helicóptero sobrevolando el campamento, al igual que una serie de pruebas e indicios favorables al equipo de abogados de los sin tierra, recuerda el periodista brasileño Wexell Severo, observador internacional del Tribunal de Sentencias. Utilizados para justificar el golpe contra el gobierno de Lugo, los campesinos de Curuguaty se transformaron en presos políticos, de un proceso, viciado desde su nacimiento, por la camarilla de los sucesores de Stroessner. Wexell Severo explicó en sendos libros cómo el capital monopolista nacional y los carteles transnacionales actúan en fina sintonía contra la democracia y la soberanía, criminalizando la lucha por la tierra Para el abogado Victor Azuaga, las piezas del norme rompecabeza de la supuesta confrontación, “está claro que ha sido una masacre planificada, el propósitos muy bien definidos”. De esta manera, por unanimidad los magistrados Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto votaron por la nulidad de la sentencia del Tribunal de primera instancia —compuesto por Ramón Zelada, Benito González y Samuel Silvero— y el del tribunal de apelaciones -integrado por los camaristas Narciso Ferreira, María Belén Agüero y Carlos Domínguez. “Es un momento único y festivo que marca nuestras vidas, multiplica y potencia la lucha de los paraguayos por justicia, tierra y libertad. Esta es una victoria mayúscula que energizará y movilizará a miles”, declaró Guillermina Kanonikkoff, coordinadoras del Comité de Solidaridad con los presos de Curuguaty, anunciando lo que está por venir. Dolores López, Lucía Agüero y María Fani Olmedo, condenados a seis años de prisión, y Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Felipe Benítez Balmori y Juan Carlos Tillería, condenados a cuatro años, ya habían cumplido sus penas. Aún resta liberar a los cuatro presos políticos restantes recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, condenados de manera totalmente ilegitima y sin pruebas por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble:Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel más cinco de medida de seguridad; Luis Olmedo Paredes, con una pena de 20 años de prisión; Néstor Castro, con 18 años, al igual que Arnaldo Quintana. *Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico Nota Relacionada Lugo: Masacre de Curuguaty fue un montaje para justificar el juicio político

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El pudor populista

admin / 27/07/2018 / Nacionales, Opinion, Portada

Fuente: Félix Crous | Página 12 Fecha: 27 de JUL 2018 “La revolución Libertadora vino para que el hijo del barrendero muera barrendero”; “creyeron que tenían derecho a comprarse un plasma”; “para qué poner tantas universidades en el conurbano si sabemos que los pobres no llegan a la universidad”, son apenas tres expresiones del desprecio de la derecha por todo lo que huela a bajo pueblo. Cuando esa chusma cree que puede dejar la escoba, cambiar la tele o seguir estudiando, tal insolencia es castigada. Y a quienes la alientan o prodiguen les brotará el estigma: populistas. Si la ocasión lo amerita, a la injuria del nombre de los osados se le sumará el arrebato de sus bienes, libertad, hijos y también la vida. Esas restauraciones del orden jerárquico de la sociedad suelen terminar siempre igual: la Nación arrasada, el pueblo hambreado, los antiguos jerarcas en el inocuo oprobio de un dulce exilio. La plebe y sus representantes pagarán las deudas y levantarán el muerto de la fiesta que los ilustrados salvadores se dieron con sus amigos, socios y cómplices, como quien ameniza la espera de la lluvia de inversiones que derramaría sus gotas de prosperidad. Lo harán con los buenos modales propios de una democracia liberal. A no dar excusas para que los llamen bárbaros, salvajes, incorregibles. Resistirán la tentación de tomar venganza. Con la Constitución en la mano y las instituciones en el corazón; acomodarán la casa común, rescatarán a los nadies del fondo del pozo, les darán comida, abrigo, escuela, hospital. Pero nunca llegará la membresía al Club de los Civilizados. Muchos de los que ayer nomás se limpiaron el barro habrán creído que sí; haciendo méritos todos podemos. También ellos gritarán nuevamente el salmo “¡Basta de despilfarro! ¡se acabó la leche de la clemencia!” Y los brujos volverán a alumbrarnos el camino. Como una letanía circular. Porque el problema no es la crueldad de los privilegiados, sino el pudor de los pueblos. * Miembro fundador de Justicia Legítima.

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La carta escondida

admin / 26/07/2018 / Nacionales, Politica, Portada

Fuente: Hugo Presman* | La Tecl@ Eñe Fecha: 26 de JUL 2018 Hay una notable coincidencia entre el gobierno y un sector de la oposición, el que se conoce como peronismo racional, peronismo perdonable, peronismo sensato, peronismo republicano, peronismo amigable y que también podría denominarse peronismo alvearizado, menemizado, descafeinado o descremado. El gobierno tuvo un plan fundacional que implicaba demoler hasta los cimientos el modelo de sustitución de importaciones, volviendo a la Argentina pre crisis de 1929. Es decir, el país que emergió en el siglo XIX, después de los 60 años de guerra civil que concluyó con el triunfo del SUR en términos de la Guerra de Secesión norteamericana. Como la historia es juguetona e imaginativa, los descendientes de los derrotados sobrevivientes de aquel conflicto prolongado encontraron en la industria de sustitución de importaciones su lugar en la sociedad y una adscripción política que los dignificó que fue el peronismo. Los dueños del país, políticamente representados por los conservadores, que con su brazo armado interrumpieron el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, inauguraron la primera década infame, pero tuvieron reflejos de autoconservación que no exhiben con la misma intensidad los actuales gobernantes: ante la crisis de 1929, no dudaron en tomar medidas de intervencionismo estatal y proteccionismo, que originaron un daño colateral para su concepción ideológica: el nacimiento y fortalecimiento de la industria nacional, de resultas de las dificultades para importar y el surgimiento de una nueva clase obrera. Los dueños del país, extremadamente dependientes de las exportaciones a Gran Bretaña, terminaron compelidos a firmar un acuerdo escandaloso, ante la amenaza de la primera potencia de entonces de suspender las importaciones provenientes de nuestro país. El intento de volver aún más atrás, a la Argentina del Centenario, es una reiteración de las intenciones de los golpes de 1955, 1966, y 1976, y con Menem y De la Rúa en democracia. No lo lograron, pero hirieron seriamente a la sociedad más igualitaria de América Latina, llevándola de un 4 % de pobreza y desocupación en 1974, a más de 54 % de pobreza y 21,5 % de desocupación en la crisis del 2001. Pero en el 2015 fue distinto porque el establishment llegaba por primera vez al gobierno en forma democrática y a la Rosada accedía uno de sus integrantes. De ahí el propósito de terminar definitivamente con un empate entre dos modelos de país, que es la originalidad de la Argentina y a su vez lo que determina un camino sinuoso, contradictorio, de avances intensos y retrocesos profundos. En los primeros dos años de CAMBIEMOS la denostación del pasado y de la herencia populista junto con las expectativas de un futuro promisorio, ocultaron que se estaba cortando la rama sobre la que se asienta la vida cotidiana de la mayoría de la población. Una justicia subordinada, una protección mediática abrumadora, abonó un camino que mientras ilusionaba con la felicidad en el horizonte avanzaba con la apertura de la economía, la desregulación financiera sin precedentes, el endeudamiento explosivo, la progresiva anulación de derechos, y una actualización de tarifas pensadas exclusivamente en el cuadro de resultados de las concesionarias. Cuando se cerró el grifo del endeudamiento, que cualquier análisis de los números macroeconómicos aconsejarían, el gobierno utilizó su bala de plata y dejó el gobierno en manos del Fondo Monetario, al punto que si en algún momento el mismo deja de financiar los diferentes déficits, la suerte de CAMBIEMOS está echada. Si esta realidad no puede calificarse de colonia, es imprescindible resignificar el lenguaje. La idea de 16 años de gobierno de la coalición restauradora alentada después del triunfo en las elecciones de medio término del 2017, se alejó en el horizonte y vuelve la posibilidad del regreso del “populismo”, obsesión de las finanzas internacionales, del gobierno norteamericano, del poder económico y sus escribas asalariados, motivo por el que buscan desesperadamente una carta de reemplazo. Si el macrismo con su perrito faldero, el radicalismo, que ha enterrado lo mejor de su pasado y es una sombra de la sombra que ya era en los últimos años, no garantizan la continuidad del proyecto refundacional, hay que encontrar la alternancia en el peronismo descafeinado. El as de espada hasta ahora, la gobernadora María Eugenia Vidal, no superaría el derrumbe del oficialismo. El macrismo no está aún muerto ni mucho menos, pero en un escenario económico progresivamente muy desfavorable, aplicar el brutal ajuste del Fondo se presenta como la peor solución para ser ganador dentro de un año. Héctor Magnetto como distribuidor del juego busca alternativas en el peronismo blanco que en última instancia es una variante con matices del macrismo, cercado e intimidado por la futura pesada herencia y las cadenas del FONDO, dos circunstancias disciplinadoras. Así se despliega la operación que el columnista de Clarín Fernando González, recientemente reincorporado, escribió el sábado 21 de julio bajo el título “El presidente del 2019, llevará la marca del FMI”: “La novedad de la Argentina es que el protagonista fundamental de las elecciones presidenciales del 2019 va a ser el Fondo Monetario Internacional. El próximo presidente conseguirá la victoria con el FMI o contra el FMI” (traduzco: esta última es la alternativa Cristina, que en el idioma del establishment es el peligro Cristina, que crece lenta pero firmemente en las encuestas, más allá de algunas pagadas intencionalmente por el gobierno, que intentan el doble objetivo: consolidar la base propia y recuperar a los desilusionados cuya bronca hacia el oficialismo cede cuando existe la posibilidad del retorno del kirchnerismo). Más adelante escribió: “Ya se sabe que Cristina culpará al FMI de todos los males y lo arrojará a la misma hoguera donde pretende arrastrar al presidente. El dilema lo tendrán los peronistas que buscan un camino alternativo. Massa, Urtubey o el que se anime a dar batalla deberán mostrar algún plan para gobernar un país emergente sin superávit. La economía tiene muchas utopías. Pero hacer populismo sin plata tal vez sea la más inalcanzable”. En página 20 en Clarín del mismo día, bajo el título “Encuentro en

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Peligroso paso hacia la militarización de la seguridad interior

admin / 24/07/2018 / Nacionales, Opinion, Portada

Fuente: CELS Fecha: 24 de JUL 2018 El presidente de la Nación comunicó el inicio de una “nueva política de defensa” con una serie de anuncios generales y ambiguos, pero enmarcados en un mensaje muy claro de avance hacia la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Es decir, se afirmó la voluntad de Cambiemos de incorporar a las FFAA en misiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior en las que tienen prohibido participar por ley. En línea con la doctrina de las “nuevas amenazas” que el gobierno viene instalando desde enero de 2016, se proponen una serie de coordenadas para modificar las misiones que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FFAA luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años. Esta doctrina anunciada por el gobierno asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales. El mensaje presidencial planteó la necesidad de que la Argentina se modernice frente a los retos del siglo XXI y que, para eso, es preciso flexibilizar la legislación vigente en materia de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, planteó que los militares “colaboren en seguridad interior”, fundamentalmente como apoyo a la lucha contra el narcotráfico en las fronteras. De acuerdo con el decreto 683/18 publicado hoy y una directiva presidencial que todavía no tomó estado público, se le otorgan más funciones a las FFAA. La reforma, que modifica el decreto reglamentario de la Ley de Defensa 727/06, se apoya en tres puntos principales: se elimina toda referencia a que una agresión externa debe ser de origen estatal, lo cual amplía los supuestos de intervención primaria de las FFAA a cuestiones de seguridad como el terrorismo y el narcotráfico, si se los caracteriza como “agresiones externas”. A su vez, hace hincapié en las tareas de “apoyo logístico” de las FFAA a las fuerzas de seguridad. El concepto que usa de apoyo logístico aparece estirado como una coartada para la intervención operacional prohibida por la Ley de Seguridad. Por último, da a las FFAA la facultad de custodiar objetivos estratégicos sin las limitaciones de la Ley de Defensa. Según esta ley, la intervención de las FFAA en este aspecto se encuentra prohibida salvo que una ley del Congreso defina esos objetivos como zona militar. Es decir, la reforma implica un cambio en el paradigma político de intervención de las FFAA así como, en algunos puntos, un exceso en las facultades de reglamentación, ya que lo hace en contra de las leyes de Defensa y de Seguridad. Este cambio suscita una fuerte preocupación en torno a cómo se definirán esas “agresiones externas”; quién y con qué criterios y alcance se definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad; así como qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación a las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FFAA tienen prohibido intervenir y no están preparadas. Estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países. Estas políticas en ningún caso han contribuido a resolver los problemas planteados por las denominadas “nuevas amenazas”. Fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, hay miles de muertos y desaparecidos, se dio un proceso de creciente corrupción de los propios militares. En el caso de Brasil, por ejemplo, la creciente militarización de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese país. Las derivaciones políticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la región. La decisión del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes es por demás alarmante. El camino elegido por el gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una “verdadera reforma del sistema de defensa nacional”. Es una decisión unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática. Ni las FFAA ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista. Esta reforma abre una puerta muy peligrosa a la derogación del principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, desprofesionaliza y convierte a las FFAA en actores de la “lucha contra el crimen” y habilita una militarización de la seguridad interior que traerá consecuencias profundas para el sistema democrático. Esto no es modernizar sino retroceder. Carlos Acuña, Luciano Anzelini, Ileana Arduino, Jorge Battaglino, Alberto Binder, Paula Canelo, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Gastón Chillier, Enrique del Percio, Rut Diamint, Lucila Edelman, Natalia Federman, Enrique Font, Sabina Frederic, Roberto Gargarella, Jaime Garreta, Manuel Garrido, Juan Carlos Herrera, Gabriel Kessler, Diana Kordon, Paula Litvachky, Ernesto López, Juan López Chorne, Ruben Lo Vuolo, Pablo Martínez, Gabriela Massuh, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo F. Palmieri, José Paradiso, Hernán Patiño Mayer, Sidonie Porterie, Marcelo Sain, Raúl Sánchez Antelo, Beatriz Sarlo, Catalina Smulovitz, Fernando Pino Solanas, Maristella Svampa, Luis Tibiletti, Juan Tokatlian, Manuel Tufró, José M. Vásquez Ocampo, Horacio Verbitsky, Enrique Viale. Grupo Convergencia XXI Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia- ILSED Centro de Estudios Legales y Sociales- CELS Grupo Fragata Espacio Autónomo de Pensamiento Crítico

Comunicados y Declaraciones

Fuerzas Armadas, libertades individuales y Estado de Derecho

admin / 24/07/2018 / Comunicados y Declaraciones

El LLAMAMIENTO Argentino Judío rechaza de manera terminante la intención del Poder Ejecutivo de asignar a las FF.AA. nuevas tareas vinculadas con la “seguridad interior”. Dicho mandato es ilegal y quiebra el contrato tácito de todas las fuerzas políticas que se sucedieron desde el regreso de la democracia en 1983, después de atravesar la etapa más oscura de la historia argentina signada por la represión y la desaparición de 30.000 compatriotas a mano de una dictadura genocida. El manejo del lenguaje ambiguo usado por el gobierno de la alianza Cambiemos para definir las (posibles) nuevas áreas de incumbencia para la intervención de las fuerzas militares, y el equívoco uso de consideraciones de seguridad interna ponen en grave peligro las libertades individuales y el Estado de Derecho, dejando a discreción del Poder Ejecutivo el uso de las fuerzas armadas para ejercitar la violencia estatal. Con este decreto el gobierno autoriza a las FF.AA. la posibilidad de participar de la represión para contener las protestas que genera su plan de corte neoliberal, que pretende excluir a la inmensa mayoría de los argentinos, cediendo además soberanía económica y política a grupos financieros y organismos multilaterales empecinados en la flexibilización laboral, la reducción de las jubilaciones y la entrega de los recursos naturales. En este marco, desde el LLAMAMIENTO rechazamos cualquier cambio que el Ejecutivo pretenda realizar (vía decreto) para confundir, redefinir o igualar los conceptos de “defensa nacional” y “seguridad interior” dilapidando 35 años de consensos en la política de Estado relacionada con las Fuerzas Armadas.