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Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 02 de DIC 2018 Tanto la propuesta argentina inicial como el documento final consensuado fueron escritos con el manual de la corrección política. Detrás de ese catálogo de buenas intenciones persisten los conflictos del mundo realmente existente, como experimentó el presidente Maurizio Macrì cuando con ingenuidad se dejó involucrar por Trump en su conflicto con China. Su respuesta no es objetable: la Argentina ve la inversión china como una oportunidad, no como una amenaza. Pero no sale de la casa de muñecas de las palabras, donde con algo de maña y paciencia todo puede acomodarse. En la cena entre Trump y Xi Ji Ping al terminar la cumbre, el estadounidense ofreció suspender la elevación de tarifas del 10 al 25%  que pensaba imponer desde el 1° de enero a las importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dolares, y su contraparte prometió aumentar las compras de energía y productos industriales y agrícolas estadounidenses. No fue un avance, pero evitó un fracaso, opinó el New York Times. Todo el mundo recibió con alivio esta tregua de 90 días, aunque las tensiones subsistan. El Grupo se autodefine como “el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política” y es el lugar de encuentro de la Argentina con los poderosos del mundo. En realidad, es el escenario de las principales confrontaciones económicas, financieras y políticas, entre potencias que pugnan por apoderarse de la mayor porción posible de esos recursos, sobre dos ejes: la confrontación comercial de Estados Unidos con China, y militar con la Federación Rusa. A Macrì le fue mejor que a Justin Trudeau hace seis meses en Canadá, cuando Trump dejó la cumbre del G7 con insultos al joven anfitrión por sus desacuerdos comerciales; y que a la premier alemana Angela Merkel, hace un año, en Hamburgo, cuando no se firmó un documento de consenso y se exteriorizó la división 19 a 1, cuando Trump se negó a cualquier conciliación sobre el cambio climático, como prolegómeno al retiro de su país del Acuerdo de París. Y quedó años luz de distancia por encima de Macron, a quien se le incendió el país mientras asistía a la Cumbre. El cambio climático no es un tema menor. Hace apenas diez días, la comisión oficial estadounidense que coordina a 13 agencias federales publicó un informe literalmente aterrador, que enumera las catástrofes ambientales ya producidas y advierte las que se avecinan, en plazos que se acortan en forma dramática. Sus principales conclusiones: el calor extremo se generaliza; esto provoca cada vez mayor cantidad de espantosos incendios; la elevación del nivel del mar impondrá migraciones masivas y las ciudades costeras no se están preparando como se debe. En el caso de Canadá, los 180 días transcurridos permitieron que una trabajosa negociación acotara los daños y se llegara a una reformulación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (el NAFTA por su sigla en inglés) que se firmó ahora en Buenos Aires. Pero aún falta la ratificación por los tres congresos, que dista de ser obvia. A contramano Para Macrì la doble dependencia de Estados Unidos y de China es un problema complejo. La cumbre sólo lo puso en primer plano. Desde que asumió, su agenda de apertura y desregulación colisionó con el movimiento opuesto de Trump, de cuyo sostén precisa en forma desesperada para llegar con algún oxígeno financiero al fin de su mandato, dentro de un año y una semana. Pero también necesita de las inversiones y los préstamos de China, cuya impetuosa presencia es la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos en esta parte del mundo. El intento de conciliar posiciones, como “mediador de buena fe”, es estimable y la presencia como sherpa argentino del ex vicecanciller de Susana Malcorra, Pedro Villagra, una rara muestra de buen sentido en un gobierno que se caracteriza por lo contrario. No obstante, se necesita algo más que la capacidad de un funcionario de segunda línea de un país de tercera para satisfacer al mismo tiempo las apetencias y requerimientos contradictorios de las dos mayores potencias del mundo, embarcadas en una guerra que Mónica Peralta Ramos describe en otra nota de esta edición. Trump y Macrì acordaron enfrentar la “economía predatoria” que atribuyeron a China, según el comunicado oficial de la vocera estadounidense Sarah Huckabee Sanders, publicado en el sitio de la embajada en Buenos Aires. Primero el embajador en Beijing, Diego Guelar; el ministro y el viceministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y Miguel Braun; el canciller Jorge Faurie y por último el propio Macrì, negaron que la Argentina hubiera asentido a esa calificación de Trump. Faurie lo hizo a su manera, tenuemente. Guelar dijo que China es “un socio estratégico integral de la Argentina”, con el que durante la visita de Estado de Xi Jinping se firmarían 37 acuerdos bilaterales. La embajada levantó el comunicado de su página, lo mismo hizo la Casa Blanca y Trump no volvió a mentar el tema. Braun directamente afirmó que se trató de una declaración del gobierno de Estados Unidos y que China era el segundo socio comercial de la Argentina. Macrì añadió que la Argentina mantenía buenas relaciones con todas las naciones. De Estados Unidos dijo que era el primer inversor externo; de China, que Xi Ji Ping era fanático del fútbol, del vino y de la carne. Es decir, nada. Según la crónica del Washington Post, el gobierno de Trump considera a este “predador económico como una potencia hostil que busca socavar la supremacía tecnológica de los Estados Unidos y desalojar a Washington como la potencia global dominante”. Tanto funcionarios estadounidenses como chinos hablan en forma abierta de “una nueva Guerra Fría entre ambos países”. La economía predatoria china es la misma expresión que usó el jefe del Pentágono, general John Mattis, durante su visita de agosto a Brasil y la Argentina. Advirtió que los países de la región podían perder ciertos grados de soberanía, mediante regalos o préstamos chinos que luego sea imposible devolver y den lugar a condiciones

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 02 de DIC 2018 La reunión del G-20 en Buenos Aires cambió fugazmente la agenda mediática en nuestro país, alteró la vida de los porteños y permitió una importante presencia escénica de Macri como anfitrión; no mucho más. Argentina no tiene hoy ningún otro rol en el concierto mundial. Su única política internacional consiste en el seguimiento incondicional de las posiciones de Estados Unidos y es impensable que esa línea cambie en tiempos en que Macri necesita de Trump para sostener su relación con el FMI. La reunión cumbre muestra una interesante paradoja: Argentina sostiene incondicionalmente la apertura indiscriminada del comercio internacional mientras la potencia a la que sigue se orienta hacia el proteccionismo y el rechazo de los acuerdos de libre comercio. La voz argentina ha perdido fuerza con respecto a la que tenía cuando junto a Brasil y a otros países con gobiernos populares hacía oír la palabra de la región en los foros mundiales. La reunión del G-20 no tiene para el gobierno argentino más importancia que la que le da el glamour de visitas importantes y un fugaz protagonismo protocolar del presidente. El contexto de la reunión es una grave crisis económica en el país que tiende a agravarse. En estos días los diarios más importantes del mundo afirmaron que el país anfitrión está amenazado por el riesgo de un colapso económico y social. Por fin el mundo mira a la Argentina. Pero se trata de una mirada preocupada por los efectos que un derrumbe económico podría acarrear para otros países en situación de vulnerabilidad financiera. Los escribas del establishment local han instalado otro tema. Se trata del “riesgo Cristina”, es decir el temor que producen en los “inversores internacionales” las últimas encuestas cuya gran mayoría muestra el avance de la ex presidenta y el retroceso de Cambiemos, en la perspectiva de la elección de octubre próximo. En ese clima vuelve a aparecer una zoncera casi unánimemente aceptada y propalada por la maquinaria mediática dominante: la causa del temido avance de Cristina estaría en la “estrategia polarizadora” del gobierno y sus publicistas. Parecería, según esta extravagante interpretación que es el macrismo quien quiere ver a la ex presidenta disputando el triunfo con el oficialismo en 2019. Por lo tanto estaría en manos del aparato de propaganda que orienta Durán Barba la decisión de terminar con esa polarización que amenaza derivar en el resultado electoral más temido por los “mercados”, las “democracias del mundo” y otros entes fantasmales del mismo tenor. De lo que en realidad se está hablando es de un fracaso contundente: el del intento, que comenzó en diciembre de 2015, de barrer para siempre de la realidad y de la memoria la experiencia de los gobiernos de los doce años anteriores. La polarización es el nombre que los publicistas asignan a un fenómeno que bien podría ser pensado como un antagonismo radical respecto del tipo de sociedad en la que queremos vivir los argentinos. Lejos de desaparecer, el antagonismo se profundiza en el contexto de una crisis aguda, de crecientes privaciones para amplios sectores sociales. En el mundo empresario, el consenso favorable a las políticas del gobierno se ha ido rompiendo. Resultó que una cosa era la fórmula mágica de la apertura económica irrestricta como garantía de éxito y otra es el resultado real de esa quimera ideológica, es decir la extrema vulnerabilidad de un país sometido a la lógica de la timba financiera y carente de un proyecto productivo a desarrollar. El derrumbe del consumo no es compatible con ningún desarrollo empresario: el capitalismo de casino hace su agosto en el país y más tarde o más temprano los intereses de la plata que trajo la usura internacional a nuestras playas superarán nuestras posibilidades de pago. Es un secreto a voces que en el mundo empresario el rechazo y el temor por el populismo va dejando paso a una observación más realista de la situación. El gobierno de los grandes ceos ha fracasado junto con su utopía neoliberal. No hay un solo número de la macro ni de la microeconomía que haya mejorado en estos tres años. La pregunta por el futuro se hace dramática. Entramos en un tramo políticamente intenso. Los ruidos en el interior de la segunda alianza se han ido intensificando: crece en el radicalismo el número y la jerarquía de quienes se preguntan sobre el rumbo asumido y la imprevisible Carrió se fortalece con la pérdida de todo rumbo por parte del gobierno. La peregrina idea que recorre las oficinas del Pro de reemplazarlo a Macri en la candidatura presidencial muestra el nivel de desconcierto político. Falta casi un año para la elección. Y es un año cuyos andariveles ya han sido trazados en el acuerdo con el FMI. Serán meses de recesión, dolor social generalizado y ausencia de toda perspectiva de recuperación. La gran pregunta en estos días es la que se formula para quienes forman parte de la oposición. Todo indica que los obstáculos de una amplia unidad programática alternativa se han ido despejando. En el mundo sindical, social y político la conciencia de la gravedad de la situación ha ido abriendo paso a una determinación compartida: debe ser una unidad sin proscripciones, basada en un programa de emergencia y cuyas candidaturas centrales surjan del consenso multipartidario y multisectorial o de la competencia en elecciones primarias. Con mucha frecuencia suele pensarse que la amplitud de la unidad conspira contra la radicalidad del programa. Pero por lo menos en este caso no es así. El nuevo gobierno que surja de la elección de octubre tendrá que enfrentar una emergencia. Tendrá que atender simultáneamente el frente de la reparación de los daños sociales que ha producido el actual gobierno y el de la viabilidad económica de su plan de gobierno. Es decir, qué hacer con la deuda, con el déficit comercial, con la inflación. La acción de emergencia necesita amplios respaldos sociales, multisectoriales. Lo plural, lo diverso del frente que se

Fuente: Daniel Politi | The New York Times Fecha: 30 de NOV 2018 Cuando se planeó que Argentina fuera el país anfitrión de los jefes de Estado de las principales economías del mundo en la cumbre del G20, el gobierno vio la reunión como una oportunidad de oro para mostrar a la nación como estable y próspera No obstante, cuando los líderes mundiales lleguen a Buenos Aires el 30 de noviembre, encontrarán un país que atraviesa una severa recesión y que ha sido sacudido por una racha de incidentes relacionados con la seguridad. Entre ellos el ataque a los futbolistas de Boca Juniors, por parte de un grupo de hinchas violentos de River Plate, que sucedió el fin de semana pasado, una amenaza de bomba hecha por activistas veganos y el reciente arresto de un par de hermanos en Buenos Aires por ser sospechosos de tener nexos con Hezbolá, el movimiento libanés. Mientras tanto, las huelgas de empleados públicos han ocasionado la cancelación de varios vuelos esta semana y han complicado la transportación en gran parte del país. Así que mientras los funcionarios del gobierno buscan reforzar la seguridad en la mayor parte de la capital antes de la cumbre, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, les aconsejó a los casi 2,9 millones de residentes de Buenos Aires “que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada”. Esa recomendación fue incongruente con la gran esperanza que el gobierno argentino expresó hace un año cuando asumió la presidencia del G20. “Un mundo donde inspiramos confianza porque estamos en el camino correcto”, dijo en ese entonces el presidente Mauricio Macri. Después de los doce años de gobiernos de izquierda liderados por los presidentes Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, Argentina cayó en el impago de su deuda externa, lo que ahuyentó a los inversionistas y cultivó vínculos cercanos con China y Rusia conforme se distanciaron las relaciones con Estados Unidos. Desde su elección en 2015, Macri, un político de centroderecha, ha buscado restaurar la confianza de los inversionistas al controlar el gasto público. También ha cambiado el curso de la política exterior de Argentina al retomar las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Además, se ha esforzado para posicionar a Argentina como un país prominente en debates globales en temas como el cambio climático, la migración y la política comercial. “Pasamos de estar fuera del mundo” a tener la responsabilidad de planear el G20, dijo Macri el año pasado. “Hay que convertir todo esto en nuevas oportunidades para el país”. En cambio, los líderes de las economías más grandes del mundo llegarán a un país que enfrenta muchas dificultades, particularmente con su economía, las cuales han contribuido a un desplome de los índices de aprobación de Macri. Conforme la moneda argentina se devaluó estrepitosamente hace unos meses, Macri tomó la difícil decisión de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, tan solo meses después, ese préstamo tuvo que ser aumentado. Todavía, sin muchas buenas noticias que presumir, los funcionarios argentinos realizan grandes esfuerzos para lograr una cumbre ordenada. El gobierno está desplegando a veintidós mil integrantes de las fuerzas de seguridad y cierra grandes áreas de la capital para proteger a los jefes de Estado visitantes y a sus delegaciones. La ciudad de Buenos Aires declaró el viernes como día festivo para disminuir el tráfico y alentar a la gente a salir de la ciudad. Los funcionarios están conscientes de los disturbios que estropearon la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el año pasado. Los grupos críticos de la globalización y el capitalismo incendiaron autos, saquearon negocios y se enfrentaron a la policía en confrontaciones que dejaron cientos de heridos y que ocasionaron la detención de más de cuatrocientas personas. La reunión de este año ocurre durante un periodo de considerable descontento social en Buenos Aires, donde los manifestantes y los bloqueos callejeros se han convertido en un hecho cotidiano. Además, diciembre ha sido históricamente un mes en el que este tipo de protestas se tornan violentas, particularmente en momentos de problemas económicos. La recomendación de salir de la ciudad durante el evento fue recibida con indignación por los argentinos, que luchan para hacer rendir el dinero en medio de una creciente inflación. “¿Apenas tengo suficiente dinero para alimentos y ella quiere que salga de la ciudad?”, dijo Paula Valladares, de 46 años, una especialista en el cuidado de personas mayores. “Necesito trabajar. Si no trabajo, no como”. Quienes intentaron acatar la recomendación encontraron algunos problemas el 26 de noviembre porque todos los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas fueron cancelados debido a una huelga de los trabajadores. La mañana del 27 de noviembre, todo el transporte público paró sus actividades durante tres horas debido a otra huelga. Incluso antes del ataque del fin de semana al autobús que transportaba a los jugadores de Boca Juniors al estadio —en el que varios futbolistas resultaron heridos, lo que llevó a la suspensión de una final muy esperada que ahora tendrá que realizarse fuera del país— la ciudad estaba intranquila después de que amenazas de bomba condujeran al desalojo de la Embajada de Estados Unidos, el Senado, un banco, un hospital y el aeropuerto regional. Todas resultaron ser falsas alarmas. No obstante, hace unas semanas, un grupo de anarquistas veganos fueron acusados de dejar un artefacto explosivo en el cementerio de la Recoleta, donde se encuentran sepultadas varias figuras importantes de la historia argentina, incluida la ex primera dama Eva Perón. Una de las personas implicadas resultó herida cuando el dispositivo aparentemente detonó de manera prematura. El gobierno también culpó a un grupo anarquista por una bomba casera fue lanzada al hogar de un juez. Otro episodio inusual que llegó a los encabezados fue el arresto a mediados de noviembre de dos ciudadanos argentinos acusados de tener vínculos con Hezbolá. Sus familiares negaron que ambos hombres, de 23 y 25 años, fueran terroristas. El Centro de Estudios Legales y Sociales, un grupo de derechos humanos de Argentina, afirma que el gobierno ha usado la

Fuente: Jorge Argüello | Fund. Embajada Abierta Fecha: 27 de NOV 2018 Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña han informado que han llegado a un acuerdo sobre la adopción de un segundo vuelo semanal, de una compañía aérea extranjera con destino a las Islas Malvinas, desde y hacia San Pablo, Brasil, y con una escala mensual en la ciudad de Córdoba. La información, que fuera transmitida con un aire positivo -se llegó a hablar de un “triunfo diplomático” del Palacio San Martín- que saluda de manera simplista una mayor conexión de los archipiélagos usurpados desde 1833 con el territorio continental argentino, a semejanza de lo que ocurrió durante las décadas anteriores al conflicto armado de 1982. Pero este anuncio esconde una primera de muchas falacias: el acuerdo si bien habría sido bilateral, dado que solo existen dos partes en la disputa, la última palabra la habría tenido un tercer actor, a saber: el ilegítimo gobierno isleño. Según la información suministrada por la Cancillería argentina, este segundo vuelo regular a las Islas Malvinas -el primero, por un acuerdo de julio de 1999, que hace una escala mensual en Río Gallegos- será operado también por la empresa LATAM. Este beneficio hacia los isleños fue obtenido gracias a la “nueva”, pero no novedosa, política de acercamiento hacia el Reino Unido adoptada por la actual administración del Presidente Macri en relación a la Cuestión Malvinas, la cual alcanzó su punto máximo con la adopción del acuerdo internacional conocido como “Acuerdo Foradori-Duncan” del 13 de septiembre de 2016. Dicho acuerdo, que no contó con la aprobación del Congreso Nacional como indica nuestra Carta Magna, retoma la política del “paraguas de soberanía” de la década de los  ’90, mediante la cual permite a las partes negociar sobre todos los aspectos accesorios de la Cuestión Malvinas pero dejando de lado la parte esencial: la disputa de soberanía. La empresa elegida para operar este segundo vuelo será LATAM Brasil uniendo semanalmente San Pablo (Brasil), en vuelo directo, con Monte Agradable (Malvinas), y el tercer miércoles de cada mes hará una escala en el aeropuerto Taravella, de la ciudad de Córdoba. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ante este inexplicable triunfalismo diplomático, es ¿para qué la Argentina le otorga a las ilegítimas autoridades isleñas la autorización de una segunda conexión aérea semanal? La elección del aeropuerto de Córdoba responde solo y únicamente a las demandas del gobierno isleño, que se ha resistido largamente, y de manera cerrada, a que la escala de cualquier conexión aérea sea la capital argentina. El objetivo común del Gobierno británico y de la dirigencia isleña es crear vínculos comerciales, y de otros tipos, con los países vecinos de América del Sur pero excluyendo siempre a la Argentina continental. En consonancia, los vínculos aéreos entre las islas y terceros países son un viejo anhelo de la dirigencia económico- política isleña. La primera conclusión a la que el lector puede arribar es qué en este acuerdo,  anunciado con bombos y platillos, los isleños han logrado lo que buscaban. En dos años de negociaciones, obtuvieron del gobierno argentino el ciento por ciento de sus demandas. ¿Para eso negoció Argentina todo este tiempo? La otra gran pregunta en esta instancia, con la disputa de soberanía por las Malvinas como telón de fondo, cae de maduro: ¿qué beneficios reporta este segundo vuelo al objetivo central e irrenunciable de recuperar el efectivo ejercicio de la soberanía sobre las islas? Y la respuesta es: ninguno. Al contrario, un nuevo perjuicio. Desde 2003, la Argentina ha presentado la propuesta de establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y el territorio continental, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía. Pero siempre recibió la negativa rotunda del gobierno británico. Ahora, resulta que el gobierno nacional termina aceptando que no se trate de un vuelo directo a la Argentina continental, sino de una simple escala. Y, por si fuera poco, que el prestador de ese vuelo tampoco sea una aerolínea de bandera argentina. Para rematar esta pésima faena diplomática, el gobierno argentino aceptó ir en conjunto con el del Reino Unido a gestionar el nuevo vuelo con ese tercer país. La situación es política y diplomáticamente indisimulable: este segundo vuelo es una necesidad de la dirigencia isleña y su posible concreción responde, únicamente, a una concesión argentina de buena voluntad, teniendo en cuenta que la mentada autorización requiere indefectiblemente de una autorización argentina. Ni el Reino Unido, ni los isleños tienen por derecho ninguna capacidad decisoria en esta cuestión, que es y seguirá siendo de exclusiva competencia nacional. Entonces, al aceptarse que el aeropuerto de la nueva escala sea Córdoba, en lugar de Buenos Aires, y que el destino final sea San Pablo, se están convalidando también todas las imposiciones isleñas y se deja de lado lo único que debiera haber reflejado un anuncio oficial de este tipo: el interés nacional. La espina a remover durante la negociación fue siempre la misma; una cerrada oposición de los representantes isleños a que, en principio, el avión hiciese una parada en territorio argentino, y, más tarde, la negativa a que la escala fuese en Buenos Aires. Los «hard liners» (línea dura o halcones) isleños buscaron negar la posibilidad de una «ola turística argentina» en suelo malvinense, por eso bloquearon a todo costo la escala en Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza). Y lo lograron.