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Fuente: Jorge Argüello | Fund. Embajada Abierta Fecha: 27 de NOV 2018 Los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña han informado que han llegado a un acuerdo sobre la adopción de un segundo vuelo semanal, de una compañía aérea extranjera con destino a las Islas Malvinas, desde y hacia San Pablo, Brasil, y con una escala mensual en la ciudad de Córdoba. La información, que fuera transmitida con un aire positivo -se llegó a hablar de un “triunfo diplomático” del Palacio San Martín- que saluda de manera simplista una mayor conexión de los archipiélagos usurpados desde 1833 con el territorio continental argentino, a semejanza de lo que ocurrió durante las décadas anteriores al conflicto armado de 1982. Pero este anuncio esconde una primera de muchas falacias: el acuerdo si bien habría sido bilateral, dado que solo existen dos partes en la disputa, la última palabra la habría tenido un tercer actor, a saber: el ilegítimo gobierno isleño. Según la información suministrada por la Cancillería argentina, este segundo vuelo regular a las Islas Malvinas -el primero, por un acuerdo de julio de 1999, que hace una escala mensual en Río Gallegos- será operado también por la empresa LATAM. Este beneficio hacia los isleños fue obtenido gracias a la “nueva”, pero no novedosa, política de acercamiento hacia el Reino Unido adoptada por la actual administración del Presidente Macri en relación a la Cuestión Malvinas, la cual alcanzó su punto máximo con la adopción del acuerdo internacional conocido como “Acuerdo Foradori-Duncan” del 13 de septiembre de 2016. Dicho acuerdo, que no contó con la aprobación del Congreso Nacional como indica nuestra Carta Magna, retoma la política del “paraguas de soberanía” de la década de los  ’90, mediante la cual permite a las partes negociar sobre todos los aspectos accesorios de la Cuestión Malvinas pero dejando de lado la parte esencial: la disputa de soberanía. La empresa elegida para operar este segundo vuelo será LATAM Brasil uniendo semanalmente San Pablo (Brasil), en vuelo directo, con Monte Agradable (Malvinas), y el tercer miércoles de cada mes hará una escala en el aeropuerto Taravella, de la ciudad de Córdoba. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ante este inexplicable triunfalismo diplomático, es ¿para qué la Argentina le otorga a las ilegítimas autoridades isleñas la autorización de una segunda conexión aérea semanal? La elección del aeropuerto de Córdoba responde solo y únicamente a las demandas del gobierno isleño, que se ha resistido largamente, y de manera cerrada, a que la escala de cualquier conexión aérea sea la capital argentina. El objetivo común del Gobierno británico y de la dirigencia isleña es crear vínculos comerciales, y de otros tipos, con los países vecinos de América del Sur pero excluyendo siempre a la Argentina continental. En consonancia, los vínculos aéreos entre las islas y terceros países son un viejo anhelo de la dirigencia económico- política isleña. La primera conclusión a la que el lector puede arribar es qué en este acuerdo,  anunciado con bombos y platillos, los isleños han logrado lo que buscaban. En dos años de negociaciones, obtuvieron del gobierno argentino el ciento por ciento de sus demandas. ¿Para eso negoció Argentina todo este tiempo? La otra gran pregunta en esta instancia, con la disputa de soberanía por las Malvinas como telón de fondo, cae de maduro: ¿qué beneficios reporta este segundo vuelo al objetivo central e irrenunciable de recuperar el efectivo ejercicio de la soberanía sobre las islas? Y la respuesta es: ninguno. Al contrario, un nuevo perjuicio. Desde 2003, la Argentina ha presentado la propuesta de establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y el territorio continental, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía. Pero siempre recibió la negativa rotunda del gobierno británico. Ahora, resulta que el gobierno nacional termina aceptando que no se trate de un vuelo directo a la Argentina continental, sino de una simple escala. Y, por si fuera poco, que el prestador de ese vuelo tampoco sea una aerolínea de bandera argentina. Para rematar esta pésima faena diplomática, el gobierno argentino aceptó ir en conjunto con el del Reino Unido a gestionar el nuevo vuelo con ese tercer país. La situación es política y diplomáticamente indisimulable: este segundo vuelo es una necesidad de la dirigencia isleña y su posible concreción responde, únicamente, a una concesión argentina de buena voluntad, teniendo en cuenta que la mentada autorización requiere indefectiblemente de una autorización argentina. Ni el Reino Unido, ni los isleños tienen por derecho ninguna capacidad decisoria en esta cuestión, que es y seguirá siendo de exclusiva competencia nacional. Entonces, al aceptarse que el aeropuerto de la nueva escala sea Córdoba, en lugar de Buenos Aires, y que el destino final sea San Pablo, se están convalidando también todas las imposiciones isleñas y se deja de lado lo único que debiera haber reflejado un anuncio oficial de este tipo: el interés nacional. La espina a remover durante la negociación fue siempre la misma; una cerrada oposición de los representantes isleños a que, en principio, el avión hiciese una parada en territorio argentino, y, más tarde, la negativa a que la escala fuese en Buenos Aires. Los «hard liners» (línea dura o halcones) isleños buscaron negar la posibilidad de una «ola turística argentina» en suelo malvinense, por eso bloquearon a todo costo la escala en Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza). Y lo lograron.

Fuente: Alejandra Dandán | El cohete a la luna Fecha: 18 de NOV 2018 Nilda Garré analiza el hallazgo del Submarino ARA San Juan y destaca el dato del casco resistente y el espacio destinado a los tripulantes de la nave, que permaneció perfectamente cerrado aún después de la implosión. Una de las imágenes indica que existió un intento de subir a la superficie antes del final. La ex ministra de Defensa integra hoy la Comisión Bicameral creada por ley del Congreso que se reúne una vez a la semana para investigar responsabilidades políticas y seguir los avances de lo que hasta ahora era la búsqueda. Habla aquí del desprecio absoluto del ministerio de Defensa por los familiares de los 44 tripulantes y de la propuesta de un mausoleo flotante que aún no escucha el gobierno. Y señala que es posible tecnológicamente acceder a la recuperación de fragmentos de la nave, e incluso de los cuerpos de los tripulantes. ¿Cual es su evaluación? Se abre una nueva etapa. El objetivo del hallazgo del submarino está logrado. Y eso permite establecer algunas cosas. El casco resistente de la nave estaba intacto. Eso muestra que la reparación que algunos objetaron estaba perfectamente hecha porque la zona de la soldadura permaneció intacta, a pesar de la explosión que seguramente hubo dentro del submarino, y de la implosión que se derivó del hundimiento. Las partes que están desprendidas son más frágiles, no hacen a la estructura fundamental. Y también existen planos que muestran una suerte de timón que se usa para subir, y que aparece como si hubiese sido maniobrado hacia arriba. Esa información indica que hubo algún intento de direccionar la nave cuando empezó a caer o mientras caía, que intentaron subir. Es decir, hubo un intento de maniobra para evitar la caída. Eso se ha podido determinar a través del ROV (del ingles Remotely Operate Vehicle, un vehículo operado a distancia desde el submarino de la empresa Ocean Infinity). Ha tomado la imagen de cerca. Y muestra que no fue todo inmediato, que hubo un tiempo en el que se intentó maniobrar para recuperar altura y salir de la profundidad en la que estaban cayendo. Esos datos no aparecieron así en la conferencia de prensa. Por supuesto, estas cosas las estamos viendo ahora nosotros. Los especialistas ahora podrán sacar más conclusiones. Por eso se abre la etapa de investigación para saber qué puede haber ocurrido, y es decisivo. Ya hay elementos de prueba, no meras evaluaciones e hipótesis. Entre otros datos, teníamos los avisos del comandante del ARA San Juan, cuando advirtió que tenían problemas porque les había entrado agua, el tema de la válvula y el balcón de baterías que había sufrido un principio de incendio. Él habló de una situación de emergencia. Y dijo: Voy a quedarme sumergido, la tripulación está bien. Lo hacía para que se repongan de la tormenta que habían sufrido. Algunos hoy evalúan que tendría que haber subido a superficie. Pero ya vendrán las evaluaciones para saber cuál hubiese sido la decisión más correcta. Él comunicó dónde estaba, dio su ubicación, así que nosotros desde la Bicameral teníamos datos que indicaban esa ubicación. Eso se sumó al informe de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) que identificó el ruido hidrofónico, y todo eso nos daba una ubicación muy aproximada a la que efectivamente resultó correcta. ¿Qué otros datos consideró importantes? Aguad dijo que todo sucedió en poco más de dos horas. Por los informes que venimos escuchando en la Bicameral hoy sabemos que los problemas que presentaba el submarino sobre algunas deficiencias en el periscopio y falta de balizas o sobre la cantidad insuficiente de elementos, habían sido solucionados en el ingreso de septiembre a la Base Naval de Mar del Plata. Todo eso había sido reparado, según el informe de la base de Submarinos. También teníamos el resultado de la calificación que hizo el comandante del buque: 4.25 puntos sobre 5, es decir, un estado de operatividad razonable en cuanto a la seguridad de la navegación. Hasta ayer se sabían todas esas cosas. Ahora llega el momento de hilar un poco más fino y saber cómo fue ese final donde probablemente haya habido una explosión de hidrógeno que es lo que inicia la caída que va determinar después la implosión. Aguad dijo que cayó en picada. Y se preguntó qué pasó que todo sucedió tan rápido, que no llegaron a activar las alertas. Pareció sugerir algo. ¿La dejó pensando? ¿Aguad? No, Aguad no me deja pensando. Las declaraciones me parecieron pobres e inexpresivas. Me atuve más al informe técnico de (el capitán, ex vocero de la Armada, Enrique Antonio) Balbi, que siempre es bastante preciso. Y a las consultas que hicimos este tiempo, también a submarinistas. Todo indica que están claros los elementos que muestran que estaban tratando de subir, que hubo un intento de reaccionar a la caída, y que probablemente haya habido una explosión previa de hidrógeno que se acumula y es muy peligroso. Y eso provoca la caída, la implosión y ellos han intentado esta última maniobra, ya sobre el final, por supuesto. ¿Cómo sigue todo en términos de responsabilidades? Hay tres ámbitos que investigan. El ministerio de Defensa observa las responsabilidades funcionales en una investigación administrativa, delegada al Estado Mayor Conjunto. La Comisión Bicameral investiga responsabilidades de tipo político y de toma de decisiones. Y la causa judicial investiga si hay delito doloso o culposo con relación a lo que sucedió y las decisiones finales. Existe la pregunta acerca de si había que haber tomado la decisión de la inmersión o si el comandante de Submarinos tendría que haber dicho: vuelva a superficie o no vaya a inmersión. Allí está la jueza Marta Yañez, que trabaja muy intensamente. Y también hay que decidir la remoción de partes de submarino porque estos ROV de la empresa Ocean Infinity permiten arrancar partes para estudiarlas. La conferencia de prensa dejó ese tema en suspenso. La jueza puede

Fuente: Adrián Murano – TiempoAr Fecha: 18 de NOV 2018 El mérito del hallazgo es sólo de los familiares, que nunca bajaron los brazos. De los padres, las madres, parejas, hermanos/as e hijos/as que desde el primer día exigieron conocer la verdad. Que desde aquel 15 de noviembre fatídico no se conformaron con hipócritas expresiones de consuelo, con venenosas compensaciones económicas ni con discursos políticos de ocasión. Que convirtieron la angustia y el dolor en una lucha firme y persistente contra la impericia, la desidia y el abandono. De las nueve mujeres que en el frío gélido de junio se encadenaron a las vallas que protegen el frente de la Casa Rosada para exigirle al gobierno que contratara a una empresa privada capaz de hacer lo que el Estado argentino no había podido: encontrar al ARA San Juan. Y dar respuesta sobre el paradero de sus 44 tripulantes. De los cuatro parientes que pasaron los últimos 70 días como veedores de la búsqueda a bordo del Seabed Constructor, el buque de la empresa Ocean Infinity que realizó el rastreo. Luis Tagliapietra –padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra–, Silvina Krawczyk –hermana de la teniente de navío Eliana Krawczyk, la única mujer tripulante del submarino–, José Luis Castillo –hermano del cabo principal Enrique Castillo– y Fernando Arjona –hermano del cabo principal Alberto Arjona– tuvieron la dura misión de fiscalizar las tareas que se realizaban a bordo del buque de origen noruego y, a la vez, transmitir las novedades a los familiares que los habían escogido como delegados para que los mantuviesen al tanto de la operación. La presencia de ese grupo resultó crucial en el hallazgo: fueron ellos, junto a la jueza Marta Yáñez, quienes insistieron y lograron que el buque revisara el sitio donde tres suboficiales argentinos dijeron haber registrado «golpes de casco» un año atrás. La secuencia sonora ya había sido descartada por la Armada, pero la empresa aceptó rastrillar la zona como último acto de servicio, antes de partir hacia Ciudad del Cabo. El reclamo de los familiares postergó la partida del Seabed, cuyos especialistas aprovecharon las 20 horas de tránsito de un sitio a otro para revisar las imágenes tomadas en el área donde habían concentrado la pesquisa. Fue en esa revisión donde se detectó un nuevo punto de interés –el número 24–, en el Sitio 1 área 15A-4, a 800 m de profundidad. Era el ARA San Juan. «¡Cuando todos daban todo por perdido, nosotros acá no bajamos los brazos nunca, ya vendrán tiempos de charlas técnicas y otras cosas, ahora lo único importante es que al fin los encontramos y no puedo para de llorar!», escribió Tagliapietra en el grupo de WhatsApp donde apuntaba las novedades. Tiene razón. Fue la lucha de los familiares lo que evitó que la búsqueda naufragara por las miserias de la especulación política y el ajuste brutal. Se ganaron de sobra el derecho de llorar a sus muertos en paz. Le corresponde a la sociedad tomar la posta y exigir que se sepa por qué 44 argentinos murieron en un buque de guerra que terminó como trampa mortal. « Nota relacionada: ARA San Juan: los enigmas de una investigación que recién empieza

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 18 de NOV 2018 Los bloques peronistas de la Cámara de Diputados se unieron para lograr la mayoría e imponer sus candidatos por la mayoría para el Consejo de la Magistratura. Frustraron así el objetivo del macrismo que era el de conseguir una mayoría propia en el organismo, lo que le hubiera permitido completar su dominio nada menos que de la decisión final sobre la designación y remoción de los jueces. Todo esto, pocos días después de que el Senado completara la sanción del presupuesto presentado por el gobierno para el próximo año y que empezara a insinuarse una rebelión en las filas parlamentarias del “peronismo federal”. La superestructura política empieza a reflejar un nuevo clima y una nueva relación de fuerzas políticas en el país. Y cuando se habla de superestructura política no se incluye solamente a la estructura formal de la toma de decisiones sino también a lo que ocurre en el interior de partidos y coaliciones y en las diversas formas de acción política que atraviesan las organizaciones sociales. Una muy breve recapitulación nos lleva a evocar el clima que vivíamos a comienzos de 2016: la agitación callejera que recorría calles y plazas del país era mirada por la mayoría de los analistas como una escena fantasmal, más emparentada con la melancolía de los recientemente derrotados en la elección del anterior diciembre que con un dato relevante de la realidad política; “minorías intensas” que no entendían la nueva configuración política del país, expresiones “residuales” que pronto se reducirían a voces marginales. La voz de orden era la “renovación peronista” y la consecuente acta de defunción para la experiencia política de gobierno entre 2003 y 2012. La superestructura justicialistase encaminaba así a poner rápida distancia de esos ecos perdidos del pasado y a  acomodar sus discursos a los nuevos vientos políticos. La elección de 2017 mostró dos cosas. Una fue la consolidación electoral del macrismo en un contexto social afectado negativamente por la política económica, pero esperanzado con el veranito keynesiano que construyó el gobierno en las vísperas de la votación. La otra fue el fracaso –por lo menos provisorio– del intento de darle carnadura político-electoral a un peronismo moderado, centrista, deslumbrado por la irrupción macrista y resignado a un largo invierno electoral. Los “residuos” de la anterior experiencia, por su parte, aparecieron claramente como la segunda fuerza electoral, y su líder realizó una elección en la provincia de Buenos Aires, sorprendentemente exitosa en ese clima social. Desde entonces hemos asistido a muchas novedades. La principal es el notable cambio de clima social respecto del gobierno, que los sondeos de opinión fueron reflejando y que, ya en diciembre del año pasado, confluiría con la primera gran crisis del consenso entre el peronismo no kirchnerista y el oficialismo en ocasión de la estafa estatal a los jubilados perpetrada bajo el pudoroso nombre de “reforma previsional”.  En estos pocos meses hemos asistido a significativos reagrupamientos. El cambio de posición del sindicato de camioneros que alteró la ecuación sindical a favor de los sectores partidarios de un claro enfrentamiento con las políticas públicas del gobierno, la conformación del Frente Sindical como reagrupamiento de esos sectores y la reciente movilización multitudinaria a Luján que fue su bautismo público, el acercamiento de las dirigencias de los principales movimientos sociales representativos del trabajo informal y el territorio de la pobreza –la CGEP y el Movimiento Evita– al proceso de unidad política y electoral contra las políticas de Cambiemos, el desplazamiento de un conjunto de referentes de los espacios del peronismo hasta allí partidarios del diálogo y la cercanía con el gobierno a la idea de una unidad sin proscripciones para afrontar la elección del año próximo y la innegable centralidad de la figura de Cristina Kirchner en todos esos movimientos son los principales hitos, pero no los únicos, de ese proceso. Y no sería aventurado arriesgar que los sacudones en el interior de Cambiemos –que incluyen el retiro de la escena de Monzó, principal actor de las políticas de negociación con el mundo opositor–, un clima tenso en el radicalismo, más las recurrentes volteretas y amenazasespectaculares de Carrió son también expresión de las repercusiones del clima social en la política superestructural. Una vez más vale insistir en que estos hechos y estas tendencias constituyen una importante advertencia metodológica para quienes pretenden analizar y, hasta un punto, prever, el rumbo de los acontecimientos políticos. La  buena información sobre lo que ocurre en el “palacio” es un importante insumo para esa tarea pero no la agota. Quienes piensan que la “calle” es un eco pasivo de los acontecimientos no están en condiciones de hacer previsiones consistentes. Eso es así en todos lados, pero mucho más en un país con la larga tradición de organización y movilización social y política como el nuestro. Para algunos analistas, por ejemplo, la movilización sindical del 21 de febrero pasado o la plaza de Mayo desbordada en repudio del fallo de la Corte que reducía la condena de un terrorista de Estado y pretendía inaugurar una nueva y regresiva actitud judicial frente a la etapa de la barbarie cívico militar en nuestro país, eran solamente explosiones sentimentales de minorías irrelevantes.  Hoy está a la vista que son hitos de un proceso multifacético, a veces contradictorio y no fatalmente triunfantes, de un proceso en el interior de la subjetividad social, que las encuestas solamente alcanzan a registrar cuando han tomado consistencia y repercutido en la escena institucional de la política. La crisis en la que estamos inmersos y que está recién en los primeros tramos de su desarrollo no es solamente económica. Atraviesa todos los planos y condiciona todas las conductas. El Consejo de la Magistratura es para la mayoría de las personas una abstracción misteriosa. Pero lo que acaba de ocurrir es un punto de inflexión en el dominio del gobierno sobre el Poder Judicial. Y eso sin duda altera el ánimo de una corporación hasta aquí inclinada a cumplir rigurosamente con los deseos