abril 2019

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Entre Ríos: la prueba de que la unidad impulsada por CFK es ganadora

Fuente: Tali Goldman | Nuestras voces Fecha: 16 de ABR 2019 La construcción del triunfo en Entre Ríos fue un globo de ensayo exitoso que demostró que la unidad peronista da resultados ganadores. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que se bajara el precandidato del Frente para la Victoria Julio Solana y la fuerza se alineó detrás de Gustavo Bordet. El presidente Mauricio Macri hizo un intento por revertir la situación, con un viaje relámpago, pero su candidato perdió por 25 puntos en las PASO. Unidad, unidad, unidad. Esa parece ser la palabra mágica que recorre los pasillos del Instituto Patria, el bunker de Cristina Fernández de Kirchner en el que se tejen las estrategias y desfilan los políticos con un único objetivo: ganarle las elecciones a Mauricio Macri. Esta semana el tema que apareció una y otra vez en cada charla y en cada análisis fue el triunfo de Gustavo Bordet en las PASO de Entre Ríos. La diferencia fue de casi 25 puntos con su rival de Cambiemos, Atilio Benedetti. Los resultados finales de las primarias son apabullantes. La Alianza Frente Justicialista Creer se consagró con el 58,15 por ciento de los votos; seguido por el 33, 5 por ciento de la Alianza Cambiemos; 2,48% del Frente Socialista y 2,03 el Frente de Izquierda. La estrategia de ir todos bajo el paraguas del Frente que dio como ganador a Bordet funcionaron como modelo de aplicación de la unidad peronista que impulsa la ex Presidenta. Cristina dio la expresa orden de que se bajara el pre-candidato Julio Solana, actual diputado nacional y candidato del Frente Para la Victoria (en 2015 sacó el 43 por ciento de los votos y no llegó a consagrarse como gobernador ante el propio Bordet). “Cristina fue la arquitecta del triunfo del peronismo en Entre Ríos. Si se suman los resultados del 2015 entre el candidato del Frente Para la Victoria y el del Frente Renovador, Adrián Fuertes, que sacó un 15 por ciento, da exactamente el 58 por ciento que sacó Bordet. Cristina dio la orden de juntar todo”, contó a Nuestras Voces un hombre que frecuenta los pasillos del Patria. Pasando en limpio: las primarias de Entre Ríos funcionaron como una prueba piloto de cara a octubre. A diferencia de los casos de Río Negro y Neuquén en donde ganaron definitivamente los oficialismos locales, esta es la primera elección en la que se puede hacer una lectura nacional directa porque el propio Mauricio Macri se metió de lleno en la elección. La amplia victoria de Bordet puede significar no solo un mensaje hacia la Casa Rosada sino, sobre todo, puertas adentro del peronismo. “Quedó claro que definitivamente la unidad es el camino”, repiten en el Patria. En ese sentido, los medios monopólicos de comunicación que intentan siempre disimular cualquier circunstancia en beneficio de Macri y en detrimento de Cristina, no pudieron disfrazar semejante resultado. Los días más felices… El resultado que deberá refrendarse el próximo 9 de junio—y que será difícil que se revierta— dejó varias cuestiones para analizar. En primer lugar, dentro de la Alianza Frente Justicialista Creer hubo lugar para todos: para La Cámpora, para el Frente Renovador, para los sectores del peronismo que a veces coquetean incluso con la Casa Rosada. En las listas, que llevaban el sello peronista, hubo espacio para dos integrantes de La Cámpora como Juancho Huss, actualmente Diputado Nacional y Estefanía Cora, actual concejala de Paraná. Y también para María Claudia Monjo, que se postuló nuevamente como intendenta de Villaguay, una referente explícita del espacio que comanda Sergio Massa y que en 2015 llevó a su marido, Adrián Fuertes, a disputar la gobernación. En ese sentido, Bordet fue claro tras conocerse los resultados: “En la Argentina hay que construir una alternativa que supere la lógica binaria que tenemos hoy y encaminar un proceso de unión nacional, de superar antinomias que son absolutamente estériles y ponernos a trabajar con grandeza en un proyecto nacional”. Borde no esquivó la pregunta sobre el rol del kirchnerismo: “ que el kirchnerismo haya decidido bajar su precandidatura tuvo un peso muy alto en estas elecciones. Unidad Ciudadana forma parte de esta base de consenso. Son tiempos de tener grandeza política para generar esta apertura que permita presentar una propuesta política con fortaleza”, aclaró. Contando porotos En Entre Ríos además de disputarse la gobernación, los cargos nacionales y las intendencias, se disputarán las bancas de senadores departamentales: se trata de un representante por cada localidad que entra por mayoría. El peronismo unido, que ganó 16 de los 17 departamentos, se quedaría con la mayoría casi absoluta en la Cámara Alta de repetirse los resultados en junio. Es más, en algunas ciudades ganó por una diferencia sideral: en Concordia 70%  a 21% ; en Gualeguaychú 58% a 25%. Un dato curioso es que el actual intendente de Paraná, Sergio Varisco, procesado por narcotráfico—así como suena, no hay metáforas alusivas—, perdió ante el actual vicegobernador y candidato peronista Adán Balh. Pero Varisco, que jugó por adentro de Cambiemos, sí le ganó en las internas a Emanuel Gainza, el hombre apoyado por Elisa Carrió y el propio presidente, Mauricio Macri. Esto también refleja que las internas adentro del equipo amarillo ya no se pueden contener. Por caso, el mismo domingo electoral, el local Gainza que tiene un cartel gigante con su cara, acompañada de la del Presidente y de la Gobernadora María Eugenia Vidal amaneció todo pintado con la palabra Traidor. “La agresión, el apriete y la intolerancia son típicas de la vieja política. Los paranaenses queremos dejar atrás estas prácticas y dar un salto al futuro con gente, propuestas e ideas nuevas que mejoren la vida a todos los vecinos”, escribió el candidato elegido por Macri. Sin embargo, quienes conocen las internas locales no dudan que fue el propio Varisco quien mandó a escrachar a su rival y nadie creyó el comunicado en repudio que el procesado por narcotráfico se apuró a viralizar. Perdedores No cabe ninguna duda que el gran perdedor de

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La disputa estratégica sobre el destino de América Latina

Fuente: Eduardo Paz Rada* | Alainet.org Fecha: 15 de ABR 2019 El empuje conservador y neoliberal en América Latina y el Caribe, aliado a los intereses imperialistas, ha desarrollado en los últimos meses nuevas iniciativas orientadas a establecer un nuevo tablero geopolítico regional y mundial buscando frenar y destruir los empeños de liberación nacional y continental de los procesos de integración y unidad emancipadora de la Patria Grande elaborados en los pasados quince años por los gobiernos nacionalistas, progresistas y de izquierda. Se ponen, de esta manera, frente a frente dos proyectos estratégicos de la región: el de la liberación o el de la dominación. La reciente creación –22 de marzo pasado—del Foro Para el Progreso de América del Sur (PROSUR), impulsada apresuradamente por los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, y aceptada por los de Brasil, Jair Bolsonaro, Argentina, Mauricio Macri, Ecuador, Lenin Moreno, de Paraguay, Mario Abdo, y de Perú, Martín Viscarra, en la cumbre de Santiago de Chile, fue precedida por la acción de Macri y Bolsonaro de debilitar a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) con la suspensión de su participación en la misma y continuada por Moreno con el despojo de su sede en Quito. Si bien estos presidentes reconocieron el 23 de febrero, con gran repercusión en los grandes medios de comunicación empresariales, como presidente de Venezuela al fantoche de Donald Trump, Juan Guaidó, evitaron hacer el ridículo mayor impidiendo su presencia en la reunión de Santiago. Esto no significa, de ninguna manera, que la conspiración imperialista contra el gobierno revolucionario bolivariano y chavista de Venezuela presidido por Nicolás Maduro deje de contar con el concurso de los gobiernos de estos países, entre ellos sobresale el de Colombia que cuenta con nueve bases militares norteamericanas en su territorio. Quebrar el proceso de la integración de la Patria Grande El Foro Para el Progreso PROSUR, cuyo nombre rememora la Alianza Para el Progreso de los años sesenta impuesta por Estados Unidos en varios países de América Latina para afianzar su control regional en la Guerra Fría e impedir la influencia de la Revolución Cubana, busca desmantelar los avances revolucionarios de la Patria Grande. La formación y fortalecimiento, desde 2004, de PETROCARIBE, Alternativa Bolivariana de los Pueblos (ALBA), Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) permitió a América Latina y el Caribe convertirse no solamente en un proyecto profundo de integración regional al margen del control de Estados Unidos, sino en una fuerza con peso propio en estrategia mundial de la multipolaridad. Luego de derrotar al proyecto imperialista del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) defendido por el entonces presidente de EEUU, George Bush, en la Cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005, se aceleró el proceso de integración emancipadora bajó el liderazgo de Hugo Chávez de Venezuela, Lula Da Silva de Brasil, Fidel Castro de Cuba, Néstor Kirchner de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Daniel Ortega de Nicaragua y José Mujica, entre otros, y con un claro discurso bolivariano por la segunda independencia, se procedió a crear las instituciones correspondientes con el apoyo de los movimientos populares. En 2008 se formalizó la existencia de UNASUR con todos los países de América del Sur y una estrategia integral que desarrolló políticas de comercio e integración económica y financiera, incluidos un fondo monetario y una moneda propios; de defensa militar con autonomía de Estados Unidos; de libre tránsito, migración y reconocimiento de la ciudadanía sudamericana; de lucha contra las droga y el terrorismo internacional; y de educación, salud, ciencia, tecnología y planificación conjuntas. Por otra parte alcanzó logros de envergadura como la defensa de la democracia en la región, la solución de conflictos entre Venezuela y Guyana, la defensa de los gobiernos democráticos de Bolivia y Ecuador ante lo intentos de guerra civil y golpe de Estado y la pacificación en Colombia. En 2010 se consolidó la CELAC como instancia de debate y consenso político entre los 33 países de América Latina y el Caribe, con la exclusión de Estados Unidos y Canadá, avanzando por primera vez en la construcción de la integración del conjunto de la Patria Grande como soñaron Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco Morazán, José María Morelos o José Martí y estableciendo el principio de declarar a América Latina y el Caribe como zona de paz, cooperación e integración. Inestable correlación de fuerzas Si bien la iniciativa política en la disputa estratégica de los proyectos de integración favorece en la coyuntura al grupo de gobiernos conservadores y neoliberales de PROSUR tanto por su número como por su peso económico y geopolítico, es también cierto que varios de estos gobiernos son débiles como el del interino del Perú que se encuentra en una situación de alto rechazo del pueblo, el de Colombia con un proceso de paz muy frágil o el de Argentina que ha destrozado la economía del país y de la gran mayoría de la población, la misma que deberá elegir nuevos gobernantes en octubre de 2019. La potencia y peso mundial de Brasil lleva a su Estado a la contradicción entre encabezar un bloque poderoso con todos los países de la región, como en la década pasada, o a convertirse en peón político de Estados Unidos a pesar de la gran dimensión e influencia económica de China. Bolsonaro encuentra fuertes críticas de sectores empresariales, académicos, políticos y militares ante esta situación que pone el territorio amazónico en manos de Estados Unidos y al mismo tiempo crea malestar social por sus posiciones reaccionarias y antipopulares. A su vez, la crisis provocada en Venezuela por el bloqueo y el boicot comercial, financiero y económico ha influido en sus iniciativas de integración, aunque se mantienen sólidos PETROCARIBE y ALBA, en tanto que Bolivia y Uruguay apoyan con firmeza la integración sin exclusiones y, en el caso del primero, ha manifestado sin tapujos su total apoyo y solidaridad con el gobierno de Maduro y con

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El precio de la anexión

Fuente: Editorial  Haaretz Fecha: 14 de ABR 2019 El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró en vísperas de la elección que pretendía lograr la anexión de «todos los puntos de asentamiento» en Judea y Samaria. Netanyahu mencionó la anexión «por acuerdo», y él probablemente no quiso decir el acuerdo de los palestinos, sino el de Estados Unidos. La Casa Blanca no respondió a su declaración, ya sea para no dañar su campaña o simplemente porque es verdad. En el pasado, la administración estadounidense tomó distancia de tales declaraciones. A primera vista, esto es solo otra de las promesas de elecciones infundadas que Netanyahu dispersó durante su campaña en un intento de desviar los votos de sus socios de la derecha. Esta declaración puede haber sido la que le costó a Naftali Bennett y Ayelet Shaked, los líderes de Hayemin Hehadash, los 1.300 votos que necesitaban para superar el umbral electoral, y en esto, hay algo de justicia poética: las promesas de Netanyahu de anexar los territorios destruyó las carreras de los dos políticos que encabezaron el grupo de la Knesset que presionaron para el cumplimiento de esas promesas. Estas promesas no convulsionaron especialmente a la opinión pública en Israel por varias razones posibles. Eran marginales en comparación con el tema principal de la elección: Netanyahu, sí o no. También es posible que la mayoría de los israelíes judíos apoyen la anexión o se muestren indiferentes, ya que Netanyahu les hizo perder la fe en la solución de dos estados y toda esperanza de un acuerdo con los palestinos. Sin embargo, en los Estados Unidos, las palabras de Netanyahu provocaron una tormenta, especialmente en el Partido Demócrata, donde ahora se está librando una batalla entre el antiguo establishment proisraelí y el ala creciente del partido que tiene enérgicas reservas sobre Netanyahu y quiere reevaluar la situación del apoyo acrítico que la administración le da. El alcance de este daño se puede ver en una carta publicada durante el fin de semana por cuatro miembros judíos del Congreso con estrechos vínculos con AIPAC. La anexión, escribieron, destruirá la solución de dos estados y podría dañar los lazos entre Israel y los Estados Unidos. Los demócratas no están tomando a la ligera la promesa de Netanyahu. Después de que Trump reforzó la campaña de Netanyahu al reconocer la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel, y ante la preocupación de que el «acuerdo del siglo» del presidente pretende provocar una negativa palestina, allanando el camino para la anexión, es razonable sospechar que las promesas de Netanyahu no son palabras vacías, sino un plan de acción real que pondrá en peligro el futuro del proceso de paz. Es posible que la impresionante victoria de Netanyahu le haya inculcado la arrogancia que ahora lo empujará a cumplir su viejo sueño de frustrar finalmente cualquier posibilidad de establecer una entidad palestina independiente. La anexión de «todos los puntos de asentamiento» dividirá Cisjordania y dejará a los palestinos encarcelados para siempre entre los asentamientos y las vías de acceso que conducen a ellos. Sin embargo, el sueño de Netanyahu niega la realidad de que la anexión dañará la posición de Israel, especialmente en Europa, perpetuará el conflicto e incluso provocará una nueva ronda de derramamiento de sangre y, sobre todo, empujará a Israel por la pendiente resbaladiza en cuya parte hay un régimen un apartheid en todos los sentidos de la palabra. Traducción: Dardo Esterovich

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El antisemitismo durante la última dictadura, según los documentos desclasificados del Departamento de Estado

Fuente: Gabriela Esquivada | Infobae Fecha: 13 de ABR 2019 Entre los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Argentina en los años de la última dictadura militar, muchos se ocupan del antisemitismo durante el periodo. Bombas en sinagogas, escuelas judías y otras instituciones comunitarias, publicaciones filonazis y amenazas a figuras de renombre, entre muchos otros actos, reconstruyen este aspecto particular de aquel tiempo. Algunos de los documentos se ocupan del uso antisemita que se podría hacer del Caso Graiver y otros del factor antijudío en el secuestro de Jacobo Timerman; otros más reseñan el análisis de los diplomáticos israelíes sobre el peso de antisemitismo en el gobierno de facto o recogen las opiniones del rabino Marshall Meyer sobre ese y otros temas. Y alrededor de unos 15 tratan el tema exclusivamente, lo cual habla tanto de la realidad del odio discriminatorio en Argentina como de la preocupación de los Estados Unidos por la cuestión. En el cruce de ambas variables, las diferentes posiciones de la comunidad judía argentina intervienen en los informes que la embajada en Buenos Aires enviaba a Washington DC. 1976: bombas y literatura nazi  Un telegrama del 1º de septiembre de 1976 informó que el embajador en Buenos Aires, Robert Hill, se entrevistó en Estados Unidos con Morton Rosenthal, director de la oficina latinoamericana de la Liga Antidifamación (ADL) de la B’nai B’rith, el 30 de agosto. El rabino Rosenthal habló sobre los casos de «sinagogas que habían sido bombardeadas y comercios [propiedad de individuos] judíos que habían sido baleados», además de «una enorme cantidad de literatura antisemita». Hill se comprometió a ocuparse del tema apenas regresara a la Argentina, y también «a consultar con el embajador israelí y con otros embajadores occidentales sobre el recrudecimiento del antisemitismo» en el país. Según el documento, también David Geller, del Comité Judío Estadounidense (AJC), había presentado las mismas preocupaciones a funcionarios del Departamento de Estado. El texto cierra pidiendo que se averigüe la posición oficial de la Casa Rosada ante «el terrorismo contra los judíos», ya que «si no se toman medidas para reducir el antisemitismo argentino», eso podría generar «importantes críticas adicionales» al presidente de facto Jorge Videla. La pregunta tiene particular sentido en la coyuntura: era el comienzo de la dictadura y las instituciones judías locales no habían denunciado una política antisemita específicamente. Como señalaría luego el «Informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina 1976-1983», publicado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), «la comunidad judía fue afectada como parte de la comunidad argentina global: como miembros insertos en los diversos sectores de la sociedad, fueron afectados en su carácter de ciudadanos argentinos». Con el paso del tiempo —como registra el informe— la percepción se modificó: «Pero la comunidad judeo-argentina sufrió también en forma particular, tanto durante el secuestro y desaparición de las personas judías como durante su estadía en los centros de detención, donde numerosos testimonios denuncian el ‘tratamiento especial’ al que fueron sometidas las víctimas judías». Lo informaría, en su momento, el embajador que sucedió a Hill, Raúl H. Castro: «Las fuentes judías nos dicen —y nos inclinamos a creerles— que algunos judíos detenidos por razones de seguridad son sujetos a un trato más duro que los no judíos, debido al antisemitismo tradicional entre ciertos elementos policiales y de seguridad». Otro cable de agosto de 1976 detalló la denuncia del rabino Rosenthal: «En el mes de agosto se vio un aumento considerable del acoso anti-judío. El 1 de agosto se descubrió una bomba en un templo de la comunidad judía en Buenos Aires, pero la policía la sacó antes de que causara daño. El 4 de agosto una cooperativa de crédito judía y una cantidad de comercios de propietarios judíos fueron rociados con fuego de ametralladoras desde un auto en movimiento. Una bomba explotó en un instituto cultural judío el 24 de agosto y dos sinagogas y un comercio fueron atacados el 27 de agosto». El mensaje cierra con el último acontecimiento: «Un club judío en Córdoba resultó gravemente dañado por la explosión de una bomba». La enumeración fue el contexto que el documento de la embajada en Buenos Aires ofreció para su tema central: «Un grupo, que se autodenomina Frente Nacional-Socialista Argentino, ayer se declaró responsable de los ataques de la semana pasada a dos sinagogas y un comercio judío. En una carta enviada a las redacciones de los periódicos, el grupo anunció que había ‘declarado la guerra’ a lo que llamó ‘la plutocracia judeo-bolchevique’ que, denunció, tiene la culpa de la desintegración nacional de Argentina». Un peligro «todavía» no demasiado grave Sin darle mayor importancia a la banda nazi, el cable recordó que era la misma que «aparentemente se declaró responsable del ataque a un centro de mujeres judías hace un año». La desestimación se fundó en parte en que la embajada consultó a autoridades de la comunidad judía internacional y de la embajada israelí local, quienes habían coincidido en que los incidentes «todavía no constituyen una amenaza grave». Sin embargo, una semana más tarde los ataques habían continuado y la DAIA había publicado una declaración, «la más fuerte hasta el momento», según el nuevo telegrama, «en repudio de lo que llamó ‘una campaña delictiva repetida y sistemática de antisemitismo». El texto —informó el jefe adjunto de la misión estadounidense, Maxwell Chaplin, al Departamento de Estado— «siguió a la aceleración de los ataques contra establecimientos judíos, incluidas las bombas del viernes (4 de septiembre) en una escuela judía en Flores y una sinagoga en el centro de Buenos Aires». El texto habla también del nombramiento del nuevo embajador argentino ante Israel, Enrique Ros, y menciona que la felicitación oficial de Videla al diplomático «no fue vista como particularmente tranquilizadora para la atribulada comunidad judía». Alude también —como comentario valorativo de Chaplin— a la importancia de la protesta de la DAIA, que «ha sumado ahora otra voz a la creciente protesta pública contra la violencia descontrolada en el país». Días más tarde, cuando se habían producido otros atentados con bombas en la Sociedad Hebraica y el Banco de Israel, ambos en Córdoba, Hill volvió a mencionar la cuestión. Anunció también el cierre de una imprenta antisemita el 13 de septiembre, «Editorial Milicia» y la prohibición de «ocho de sus más recientes publicaciones antisemitas». El documento describió el sello como «responsable de producir la mayoría de las publicaciones pro-nazis, antisemitas que han proliferado en Argentina en los meses recientes». El «sentimiento» antisemita Una de las cuestiones que analizan varios cables es la naturaleza generalizada del antisemitismo. El problema no era

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El discreto encanto del terrorismo

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 07 de ABR 2019 Las repetidos papelones de la Ministra de Seguridad son valorados como indudables aportes por parte de Estados Unidos e Israel. Patricia Bullrich sobreactúa su rol, vinculado a la criminalidad doméstica, para congraciarse con las prioridades estratégicas ajenas a los flagelos realmente existentes en la Argentina. Los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de los Estados Unidos, filtrados inicialmente por Edward Snowden a partir de 2013, muestran con claridad que las temáticas del narcotráfico y el terrorismo son los dos elementos utilizados por Washington para controlar y disciplinar a quienes se evalúa como antagonistas a sus intereses económicos o políticos.[1] Los informes filtrados de la NSA indican que la inexistencia de amenazas de terrorismo y/o narcotráfico en países socios, no pueden ser óbice para que abandonen su tratamiento como prioridad global: todos los recursos de los países subalternos deben estar orientados a su combate, para auxiliar la guerra que Estados Unidos lleva a cabo. Las diferentes agencias de inteligencia estadounidenses sugieren (y/o exigen) la permanente implantación de dichas agendas, con independencia de su relevancia doméstica. Algunos de esos documentos dan cuenta de cuáles son los procedimientos y formatos más recomendables para imponer el tópico del terrorismo que, se sugiere, debe estar coligado al del narcotráfico dada la pregnancia que genera la adicción juvenil a estupefacientes entre las familias.[2] La apelación al terrorismo ha sido utilizada por la NSA para espiar a la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la primera ministra alemana, Angela Merkel, o la empresa Petrobras; y para inventar el “asesinato” del fiscal Natalio Alberto Nisman.[3] En los documentos filtrados de la NSA (disponibles en ACLU) se especifican los mecanismos de asociatividad con gobiernos y referentes amigables, aptos para resguardar los beneficios estratégicos de Estado Unidos, tanto de su gobierno como de sus empresas.[4] Los puentes con dichos socios, como el caso de la ministra Bullrich, se establecen a través de las delegaciones diplomáticas, la consultoría, el intercambio de asesores y funcionarios, la financiación de Centros de Investigación (think tanks), la donación de recursos para operativizar sus intereses y la formación académica de dirigentes. Entre los colaboradores de la ministra, Alberto Föhrig, Secretario de Coordinación, y Eugenio Burzaco, Secretaría de Seguridad, han recibido titulaciones educativas en universidades ubicadas en Washington. Desde que Patricia Bullrich asumió como ministra realizó dos viajes relevantes, ajenos a cumbres o encuentros protocolares. El primero fue a Tel Aviv en noviembre de 2016 y el segundo a Washington en febrero de 2018. En el primero de los periplos adquirió software de vigilancia para el combate al terrorismo y cuatro lanchas de guerra para la lucha contra el narcotráfico. En el último viaje, en 2018, renovó su compromiso de enfrentar a Hezbollha, supuestamente instalado en la Triple Frontera, motivo por el cual logró renovar los U$S 700.000 de ayuda otorgada por el Pentágono, mereciendo, además, una felicitación de la DEA por su inestimable colaboración. Otra de las retribuciones otorgadas a Bullrich en Washington consistió en un acuerdo de información compartida para ser analizada por los centros de fusión, dependientes de la Office of Intelligence and Analysis (I&A) adscriptos a la NSA, donde se relevará y procesará material público y privado atinente a la lucha contra el terrorismo.[5] Durante ese viaje, la defensora de la doctrina Chocobar también visitó, en el seno de Cámara de Representantes, al legislador republicano Harold Rogers, presidente de la Subcomisión de Asignación de Fondos, encargado de otorgar viabilidad financiera a los más conspicuos seguidores de las políticas del Pentágono. Rogers ha sido nominado en más de una oportunidad, por asociaciones civiles, como “uno de los congresistas más corruptos”, por sus espurias relaciones con dictadores latinoamericanos y por promover negociados ajenos a su tarea legislativa.[6] Convocatoria a los fantasmas La Triple Frontera es un tema recurrente en el discurso de Washington y por extensión en el de Bullrich, porque permite actualizar periódicamente el fantasma imprescindible del terrorismo. Entre los analistas más rigurosos no puede ser explicado cómo un área compuesta por tres pequeñas ciudades, cuya población total es de 650.000 personas, no ha podido ser controlada por las fuerzas policiales de tres países, cuyo presupuesto invertido en la zona supera con creces el dispuesto sobre áreas de mayor criminalidad. La razón sustantiva del interés de Washington en la zona (eufemizado detrás del narcotráfico y el terrorismo) parece ligarse más a la exigencia de diferentes corporaciones multinacionales que exigen disminuir la proliferación del fraude con marcas comerciales, elusivo del pago de patentes. Las referencias a Hezbollha, por su parte, permiten intervenir y modelar a los servicios de seguridad y de inteligencia de los países a los cuales se busca subordinar. Ese objetivo supone además externalidades beneficiosas para las corporaciones monopólicas: incluye la comercialización de armamento y la cooptación de funcionarios mediante prebendas materiales y simbólicas con las que se imponen los modelos políticos exportados. La denominada Guerra contra el Terrorismo ha pasado a ser el elemento central de la política exterior luego del final de la Guerra Fría. A través de esa coartada, Washington se ha visto legitimado para operar en cualquier lugar del mundo, sin las limitaciones que imponen las soberanías nacionales.[7] Para darle vitalidad a la agenda consensuada con sus socios, la ministra ha procedido con sistematicidad a convertir en terroristas a las familias mapuche que pujan por no ser expulsadas de sus tierras. Para lograr ese objetivo, tergiversaron la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, asociándola a la lógica subversiva, y viabilizaron su represión causando los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Desde esta perspectiva legitimaron, también, la detención de los hermanos Salomón, que permanecieron 22 días encarcelados, y la apertura de una causa, de claro contenido islamofóbico, contra Hassan Adnan Hamze (primo de los Salomón), a quien el juez de Lomas de Zamora,  Alberto Santamarina, acusó de actividades sospechosas luego de encargar helados a un delivery. La reciente detención de los artistas chilenos y la difusión del caso como un hecho de terrorismo, sumado al irresponsable tratamiento del ministerio de seguridad relativo a

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Lo espectral no es evidencia

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 07 de ABR 2019 En los últimos meses del año de 1691 el señor Samuel Parris, párroco de la iglesia del pueblo de Salem, vio a una hija suya de nueve años y también a una sobrina de aproximadamente once, afectadas por extrañas dolencias. Las niñas Elizabeth Parris, Abigail Williams y Ann Putnam evidenciaban excitación psicomotriz, delirios y conductas extrañas. Por ello Parris solicitó la intervención de los médicos, pero las niñas empeoraron. Y finalmente uno de los médicos manifestó la opinión de que sufrían maleficio. Los vecinos aceptaron al punto esta opinión y concluyeron que estaban embrujadas A decir verdad, los vecinos de Salem hicieron algo más que aceptar la opinión de ese medico desconcertado. Desataron uno de los más desaforados procesos judiciales que tenga recuerdo la historia. El 29 de febrero de 1692 se firmaron las primeras órdenes de arresto contra tres mujeres: Tituba, que era una esclava antillana que trabajaba para los Parris, Sarah Osborne y Sarah Good, una mujer pobre que a la fecha de su arresto estaba embrazada y cuya hija de apenas 3 años también fue acusada de brujería. Para mayo del 1693, catorce mujeres, cinco hombres y dos perros habían sido ejecutados, acusados de hacer tratos con el demonio y practicar la hechicería. Ello porque desde 1641 la ley inglesa, entonces aplicable a las colonias americanas, consideraba la brujería como un delito sancionado con pena capital. Los jueces que realizaron las investigaciones preliminares fueron Jonathan Corwin y John Hathorne. En mayo de 1692, Sir William Phips, que había sido recientemente designado gobernador de Massachusetts, creó un Tribunal Especial para juzgar y condenar a los acusados de este proceso. Las confesiones extraídas bajo tortura, las desmentidas y los testimonios contradictorios se multiplicaban y en el proceso de histeria colectiva nadie estaba a salvo. La epidemia de acusaciones de brujería y los juicios aberrantes, las torturas y las ejecuciones se propagaron a otros condados. La historia jurídica recuerda a los juicios de Salem por muchas cuestiones, pero hay que resaltar especialmente que en dichos juicios se admitió la utilización de “evidencia espectral”, es decir acusaciones sin bases reales, sueños, pesadillas y alucinaciones de quienes eran acusadores. O mentiras. En el estado de histeria colectivo, la verdad no parecía importar demasiado. Los juicios de Salem también fueron la oportunidad que algunos usaron para resolver viejas disputas. Casi 300 años después, el genial Arthur Miller, tomó esa escabrosa historia y escribió una de sus mejores obras: Las brujas de Salem. Miller, con publicas simpatías por el marxismo, fue testigo y también víctima de los métodos de investigación tanto de McCarthy como de la HUAC (House Un-American Activities Committe, supuestamente creada para luchar contra actividades subversivas de, principalmente, nazis y antisemitas, pero que se centró desde sus inicios en la actividad de los comunistas.) Dijo Miller: “En la silenciosa sala de justicia de Salem rodeado por el torbellino miasmático de las imágenes de los años ’50 del siglo XX, pero con la mente en 1692, poco a poco fue perfilándose con mayor nitidez lo que ambas épocas tenían en común. En las dos existía la amenaza de las maquinaciones ocultas, pero lo más sorprendente eran las similitudes en los rituales de defensa y los procedimientos rutinarios de investigación. Separadas por trescientos años, ambas persecuciones aducían que los perseguidos pertenecían a un grupo secreto y desleal. En las dos épocas, si el acusado confesaba, su sinceridad se demostraba de una única e idéntica manera, nada menos que nombrando a los antiguos cómplices. De esta manera el informador se convertía en la prueba misma de la maquinación y de la necesidad de la investigación. Finalmente, en ambos períodos, dado que el enemigo era ante todo una idea, la prueba de haber cometido acciones desleales o perdía importancia o se dejaba en el limbo o no se requería en absoluto. Y, en efecto, al final las acciones eran por completo irrelevantes; al final, la sola sospecha casi se convertía en la prueba de la deslealtad”[1]. En el enero eterno, doloroso y feroz del 2019, mientras escribía sobre el Lawfare argentino, volví a releer Las brujas de Salem. Porque hace años que siento que los abogados vivimos en un universo que se parece mucho a esos días. Lo que no sabia entonces es que pocos meses después comprobaría que lo que era apenas una intuición se volvería certeza. La prueba vino de la mano de un señor que se llama Marcelo D’Alessio y fue denunciado por extorsión a fines de enero de 2019. El juez de Dolores, que investigaba la extorsión, ordenó una serie de allanamientos y luego la detención de D’Alessio. Como fruto de esa investigación surgiría no solo un fabuloso entramado de actividades de inteligencia ilegales, sino además un capítulo oscuro sobre cómo ese aparato paraestatal e ilegal dedicaba parte de su tiempo a fabricar la prueba para algunos de los juicios con mas repercusión mediática. Y por lo que surge de algunos testimonios, también las puertas clandestinas para que algunos acusados salieran de esos procesos judiciales. Pero estos seres del submundo no se interesan por cualquier proceso judicial. Son seducidos tan sólo por ciertos y determinados procesos. Que tienen amplia repercusión mediática. Y que involucran siempre a personas vinculadas a la actividad política. De un tiempo a esta parte, la realidad argentina discute, con mayor o menor conocimiento o fundamento, los casos judiciales que involucran a la política y a los políticos. No sé bien cuándo empezó todo esto, tal vez con las denuncias tan espectaculares como carentes de pruebas que publicaban los diarios y la televisión, con diputados y dirigentes políticos que ejercían desde Comodoro Py o desde los estudios de televisión. Pero sólo por poner una fecha de eclosión del fenómeno –fecha caprichosa, aclaro de antemano— diré que tal vez empezó el 14 de abril de 2013, cuando Jorge Lanata sentó a un chico que se llama Leonardo Fariña a hablar de lo que denomino “La ruta del dinero K”.

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La rosca delictiva y su contexto político

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 07 de ABR 2019 La colusión entre política, poder judicial, medios de comunicación y servicios de inteligencia no es un hecho nuevo en nuestro país. Sin ir más lejos la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 tiene todos esos condimentos y un agregado, el de las fuerzas armadas activamente comprometidas en la persecución y aniquilación de lo que en aquel momento había sido designado como el enemigo por el bloque social dominante, plenamente alineado –igual que ahora– a la agenda global de los Estados Unidos. Sin embargo la dinámica desatada por el escándalo del ex periodista estrella Marcelo Dalessio tiene un lugar específico en esta larga historia. Esa especificidad no consiste solamente en que se desarrolla bajo las formas de la democracia recuperada en 1983. Durante estos 35 años han surgido poderosas respuestas democráticas y populares contra la maquinaria de ocultamiento de los delitos cometidos por los poderosos. Los nombres de María Soledad Morales y Marita Verón son, entre muchos otros, símbolos de una reserva profunda de sentido de la legalidad en una sociedad sistemáticamente golpeada por la impunidad de los poderosos. Y la actividad de los movimientos por los derechos humanos, la recuperación de la identidad de los nietos de las víctimas del terrorismo estatal, las variadas resistencias sindicales y sociales contra los atropellos del poder, forman parte de una larga y rica experiencia en la que la sociedad argentina ha puesto obstáculos al ejercicio del poder fáctico contra los derechos que la ley y la constitución argentina reconocen. Lo nuevo que se pone en acción con las revelaciones del caso Dalessio no está, entonces, en esa capacidad de resistencia social a la prepotencia de los poderosos instalados en el centro del poder judicial y en la estructura operativa del espionaje político, los aparatos mediáticos y las estructuras partidarias o protopartidarias. Lo nuevo es la inserción del acontecimiento en un país atravesado por el antagonismo político más intenso vivido en nuestra patria desde los orígenes del peronismo en 1945. Con D’Alessio, Stornelli, Santoro y compañía se alinean todos aquellos sujetos cuya brújula política tiene un norte que no se somete a discusión: la eliminación de todo vestigio de populismo en nuestro país. Si se cambia la palabra “populismo” por la palabra “subversión”, el discurso del frente oligárquico actual evoca y hasta cierto punto reproduce la red de complicidades políticas, culturales y sociales que dieron vida y sostuvieron el régimen del terrorismo de estado. La gran novedad radica en la inserción de este episodio –con su inédita carga de podredumbre y sentido de impunidad de sus protagonistas– en una trama política signada por la continuidad y profundidad de ese antagonismo. A pocas horas de que se conociera la denuncia del empresario Etchebest, profusamente documentada, empezó una operación que ilustra este enfoque. Elisa Carrió fue –como es habitual desde hace mucho tiempo– el portaestandarte de esa operación: todo es un invento de un juez “de la Cámpora”, forma contemporánea de nombrar a lo que en otros tiempos se llamaba “la subversión apátrida”. Rápidamente la planta permanente de la corrupción periodística salió a reforzar esa interpretación del mismo modo en que lo hace siempre: falseando la verdad, provocando, embarrando la cancha. Son muchos los que sienten el suelo temblar bajo sus pies. La mayoría de ellos son los que sostuvieron de modo canallesco durante muchos años que quienes asumían posiciones favorables a los gobiernos kirchneristas eran mercenarios que vendían falsedades. Muchos que hicieron fama y fortuna entregándose lisa y llanamente al libreto de Estados Unidos –a través de vínculos promiscuos con su embajada local– y los grupos económicos más poderosos. Si la investigación está viva y fortalecida en su avance es por la valentía del juez Alejo Ramos Padilla y por la existencia en el país de un amplio frente democrático que no retrocede frente a la provocación y la mentira. Por eso son miles y miles los que se agolpan en los tribunales para defender la continuidad de la investigación asediada desde la cumbre del gobierno, por el ministro de “justicia” Garavano y por el propio Macri. Mientras tanto el devaluado presidente confunde su rol con el de un patrón de estancia. Cree que puede descalificar al juez y ordenar su destitución como si no existieran leyes, constitución e instituciones. En situaciones así, suelen aparecer y de hecho aparecen quienes sostienen que no hay que poner estos episodios en el centro de la atención pública porque eso sólo sirve para tapar el caos económico y el drama de vastos sectores de la población causado por el gobierno formalmente encabezado por Macri. Por el contrario, el caso revela la trama íntima que sostiene el plan neocolonial y regresivo. Desnuda la existencia de una rosca de poder, de un nuevo régimen que desde diciembre de 2015 gobierna bajo una cada vez más débil fachada institucional e intenta degradar la vida política argentina como camino para consumar sus planes estratégicos en el país. Ese régimen tiene su terminal en el gobierno de Estados Unidos. Fue el embajador de ese país quien dijo al asumir su cargo que venía a “colaborar” con la justicia argentina: “Mi intención, dijo, es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”. No sin aclarar inmediatamente que se refería al esfuerzo por aumentar las posibilidades competitivas de las empresas estadounidenses en la Argentina. La ayuda, finalmente, se reveló inmejorable. Hoy es imposible interpretar la crisis orgánica de poder desatada por el caso D’Alessio como otra cosa que la caída del velo de impunidad para las operaciones ilegales de los servicios, sus confidentes políticos, jueces y periodistas. Operaciones sistemáticamente destinadas a sostener una prioridad política: el ataque sistemático a las fuerzas populares y democráticas, su descrédito público y su castigo bajo el imperio del nuevo código procesal penal de facto que se conoce con el nombre de Irurzun. Las extorsiones, los aprietes y las

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Todo está guardado en la memoria

Fuente: Carlos Heller | Página 12 Fecha: 07 de ABR 2019 Hubo un 2 de abril de 1982 en el que tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Esa irresponsable aventura de la dictadura cívico militar dejó un saldo de 649 compatriotas muertos y miles de heridos en los campos de batalla. Pero hubo otro 2 de abril. Fue en 1976, cuando el recién nombrado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz anunció por cadena nacional su plan económico durante más de dos horas. Ambas fechas están relacionadas y fueron días muy tristes en la historia nacional. Por un lado, las políticas económicas de Martínez de Hoz, anunciadas ese 2 de abril de 1976, precipitaron en el tiempo una crisis que se tradujo en fuerte recesión y aumento del desempleo y de la desigualdad social. Por otro lado, la decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri de declararle la guerra al Reino Unido el 2 de abril de 1982 fue, según coinciden varios trabajos sobre la etapa, un intento de mejorar la relación con la sociedad, que se había deteriorado a partir de la aplicación sistemática de aquellas políticas económicas y represivas. Un reclamo justo se utilizaba para intentar recomponer el vínculo crecientemente dañado entre la dictadura y la sociedad. “Todo está guardado en la memoria”, canta León Gieco. En la memoria está el recuerdo vivo de nuestros veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, que lucharon con patriotismo en batallas que no habían elegido y a las que llegaron desprotegidos por las conducciones militares. Pero también está el anuncio de ese plan económico devastador con el cual la dictadura intentó subordinar la economía argentina al capital financiero internacional. ¿Qué proponía aquel plan? La propuesta impulsaba la eliminación de los controles de precios y de los controles cambiarios; la liberación del comercio exterior, libertad de exportación a través de la eliminación de impuestos, libertad de importar eliminando todo tipo de prohibiciones, liberación de las tasas de interés y reforma financiera, liberación de controles a los alquileres, eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, eliminación de subsidios, libertad de contratación de los salarios, libertad para las inversiones extranjeras “bajo reglas justas y sanas”, libertad para la transferencia de tecnología. José Alfredo Martínez de Hoz, descendiente de una familia de terratenientes fundadora de la Sociedad Rural Argentina, era directivo del Consejo Empresario Argentino, una entidad muy parecida al actual Foro de Convergencia Empresarial, creado en noviembre de 2013. Ambas expresan el mismo conglomerado empresarial integrado por los sectores económicos concentrados. Y ambas se constituyeron en oposición abierta a las políticas implementadas por los gobiernos populares y democráticos que ganaron las elecciones en 1973, en 2003, en 2007 y 2011. Hay un hilo conductor entre las propuestas del Consejo Empresario Argentino, el programa de la dictadura de Martínez de Hoz, las iniciativas del Foro de Convergencia Empresarial y las políticas implementadas por Cambiemos. En el medio, se ubican también los planes diseñados por Domingo Cavallo en los años del menemismo. En síntesis: es la idea del Estado facilitador o “canchero” que prepara el terreno para que intervenga con exclusividad el mercado. El Estado sólo tiene un rol subsidiario. En su discurso inaugural como ministro, Martínez de Hoz había afirmado: “Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”. Años después, en 2017, según diversas fuentes periodísticas, el borrador del proyecto de ley de “reforma laboral”, impulsado por el gobierno, afirmaba que la norma serviría para “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impiden el desarrollo de las empresas”. Siguiendo ese hilo conductor, encontramos a los mismos sectores económicos proponiendo similares políticas a lo largo del tiempo. Lo único que varía son los modos de llegar al Estado: a través de un golpe militar o del voto popular. Martínez de Hoz decía que lo único que hace falta es decisión política y que un gobierno electo por el voto popular tenía más legitimidad para concretar las reformas estructurales que se proponía implementar. El plan económico de la dictadura desembocó en una guerra. El plan de Macri está conduciendo al país a una crisis de grandes proporciones. Pero hubo, también, un 2 de abril de 1916. En esa fecha, ocurrieron las primeras elecciones presidenciales con la Ley Saénz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio. Fue el nacimiento de la democracia de masas en la Argentina, complementada a partir de 1951 con la incorporación del voto femenino. Desde entonces, los proyectos antipopulares llegaron al Estado, la mayoría de las veces, por golpes militares. Y, cuando lo hicieron por vía democrática, fue ocultando o cambiando sus verdaderos programas de gobierno. Ocurrió con el menemismo. Pasa con Cambiemos. El deterioro del actual gobierno es inocultable. Ya se habla de una inflación del orden del 4 por ciento para abril. Intentan frenarla con más recesión. Pero el resultado, hasta ahora, es recesión con inflación. Mientras, más del 48 por ciento de los pibes menores de 14 años son pobres. Cae el salario, se derrumba el consumo, cierran pymes, aumenta el desempleo y todo ello va consolidando la exclusión de amplios sectores de nuestra sociedad. En pocos meses habrá elecciones nacionales en la Argentina. Nuestro desafío es construir la unidad más amplia y diversa posible con el único límite en el proyecto que aplicaron la dictadura, el menemismo y ahora Cambiemos. El gobierno que llegó por vía democrática debería irse derrotado por la democracia. Todo está guardado en la memoria. También estos años de sufrimiento de las mayorías populares. Nota relacionada Árbol de decisiones        

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La denuncia que puede conectar a D’Alessio con la «Operación Fariña»

Fuente: Néstor Espósito | TiempoAr Fecha: 07 de ABR 2019 La supuesta red de espionaje por la que está preso el falso abogado Marcelo D’Alessio pudo haber manipulado a un preso para que involucrara, con datos probablemente ciertos, a un empresario vinculado con el kirchnerismo. Y, en un segundo paso, hacer jaque mate con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La trama es sórdida. La investigación sobre esos supuestos hechos ni siquiera ha comenzado. Pero la denuncia ya está en el juzgado federal de Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla investiga a una organización (por ahora) paraestatal de inteligencia ilegal. La exabogada del financista Leonardo Fariña, Giselle Robles, dejó el viernes en Dolores un escrito de una decena de páginas que podría ser una bomba de alto impacto o un chaskibum. Prudencia. Lo que sí está claro es que ese texto y la documentación que acompañó abrirán un nuevo capítulo en la investigación sobre la presunta asociación ilícita dedicada a la extorsión, el espionaje político y ahora también, según esa presentación, al direccionamiento y la manipulación de causas judiciales. Robles dejó por Mesa de Entradas del juzgado una descripción sobre cómo Fariña habría recibido mientras estuvo preso instrucciones a través de ella para complicar al empresario Lázaro Báez. Según reconstruyeron fuentes judiciales, la abogada explicó que, desde la prisión,  Fariña le facilitó el acceso a una cuenta de e-mail en la que habría recibido instrucciones sobre lo que debía declarar ante el juez federal Sebastián Casanello con el objetivo final de obtener la excarcelación. ¿A cambio de qué? Según Robles, de una carambola que impactara primero en Báez para que este se convirtiera también en arrepentido e hiciera caer con su relato a CFK. Robles era la abogada del barrabrava de Boca Juniors Maximiliano Mazzaro, a quien Fariña conoció en prisión. Lo que se insinuaba como una relación conflictiva (porque Fariña es amigo de Rafael Di Zeo, otro barra por entonces enfrentado con Mazzaro), no lo fue. La abogada asumió la defensa de Fariña. En 2016 el financista declaró como arrepentido ante Casanello, pero lo hizo con un régimen diferente al actual. En aquel momento podía mentir, porque declaraba como imputado, en indagatoria. Hoy no podría hacerlo porque la mentira en ese caso se traduce en un delito adicional con diez años de prisión. Cada uno elige qué riesgos asumir. La clave parece estar en una cuenta de mail, elturista@prontomail.com. Robles sostiene que esa cuenta era de Fariña, que él le facilitó el password para que la utilizara mientras estaba detenido (y no tenía acceso a Internet) y que allí recibía la letra de lo que finalmente fue su declaración como arrepentido. Fariña, en cambio, asegura que la cuenta no es suya, que nunca lo fue. Así lo denunció ante Casanello cuando se rompió la relación con su abogada. Lo cierto es que cuando Fariña declaró ante Casanello, en abril de 2016, acompañado por Robles, llevaba consigo unas anotaciones manuscritas y recurrió a ellas para brindar su declaración como colaborador. ¿Qué pasó luego de esa declaración? Fariña estaba detenido a disposición de un juzgado federal de La Plata (en rigor, había dos causas, una de ellas camino a juicio oral) pero no de Casanello. Las causas de La Plata pasaron a tramitar en la Capital Federal. Entonces el financista rápidamente obtuvo la excarcelación y cambió de tribunal que lo debía juzgar en la otra causa. De esa manera quedó afuera de su juzgamiento el presidente del tribunal oral de La Plata, Carlos Rozanski. Finalmente Fariña fue condenado por un tribunal en lo Penal Económico a cuatro años de prisión. La sentencia está a revisión de la Cámara Federal de Casación Penal desde hace más de un año. Según la denuncia de Robles, Rozanski era uno de los jueces a los que Fariña temía. Así, según consta en su escrito, se lo manifestó al ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se reunieron en un salón del quinto piso de la sede del Ministerio, en la calle Sarmiento. Esa reunión fue gestionada por el periodista Luis Majul. Fariña quería mejorar su situación en el marco del programa de protección de testigos porque media docena de custodios lo vigilaban a toda hora y, por ejemplo, ni siquiera tenía carnet de conducir. Generoso, Garavano accedió a recibir a un arrepentido que acaba de salir de la cárcel gracias a haber denunciado al empresario amigo de Néstor Kirchner. Fariña habría dicho en esa reunión –siempre según Robles– que aspiraba a que Báez también se arrepintiera para mejorar su situación, pues la estaba pasando mal en la cárcel. El ministro respondió algo así como que ya lo estaban «operando» al empresario y que pronto se iba a arrepentir. Sólo faltaba que diera el gran paso: acusar de la supuesta corrupción en la obra pública a Cristina Fernández de Kirchner. Fariña niega que la reunión hubiera discurrido en esos términos. ¿El encuentro pudo haber sido grabado por los colaboradores del ministro Garavano? En tal caso, esa grabación ¿desmiente o confirma lo que denunció Robles? Lo que parece emerger con claridad es que si Fariña fue «coucheado» para su declaración como arrepentido no fue Garavano quien lo hizo. La reunión con el ministro es posterior. Si hubo adoctrinamiento fue mientras estuvo preso. ¿Es posible que servicios de inteligencia que antes operaron contra el kirchnerismo ahora hayan cruzado de vereda y estén utilizando la misma información en sentido contrario? ¿O es que finalmente se desnudó la matriz de intromisión y operaciones de inteligencia como un grano estallado que no para de drenar pus? Entretanto, ¿qué es de la vida de D’Alessio? Encerrado prácticamente todo el día en una habitación inhóspita, desprovista de toda decoración, sin ventanas que permitan el ingreso de la luz del sol y sin TV ni contacto con el mundo exterior, el falso abogado Marcelo D’Alessio pasa sus días en el Hospital Penitenciario de Ezeiza (HPC) como una fiera domesticada enjaulada. Sólo lo visitan su esposa y su abogado, Claudio Fogar, sus únicas contenciones

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