febrero 2019

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El antisemitismo polaco no alcanza, Netanyahu moviliza el racismo judío

Fuente: Daniel Kupervaser Fecha: 21 de FEB 2019 El rabino Meir Kahane fundó el movimiento Kaj en el año 1971. Esta organización se constituyó en la base del marco ideológico de la concepción extremista y segregacionista de la supremacía judía en las históricas tierras del gran Israel. En el año 1984 esta organización obtuvo un sorprende logro cuando el rabino Kahane fue elegido miembro del parlamento israelí en elecciones general. En una clara demostración de la preponderancia de la visión judía y democrática tradicional, todas las facciones que componían ese parlamento, incluyendo al Likud, boicotearon a Kahane. Los medios de información de esa época resaltaron la insólita imagen histórica del recinto del parlamento totalmente vacío frente a los discursos de Kahane. En el año 1988 el partido Kaj se presentó nuevamente a elecciones general, aunque en esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia de Israel vetó su participación electoral debido a su mensaje antidemocrático y racista. En el año 1990, el rabino Kahane fue asesinado en EE.UU por un terrorista islamista. El movimiento Kaj continuó activo y en el año 1994 fue declarado en Israel “organización terrorista” y puesto fuera de la ley, acto que fue homologado por las autoridades de EE.UU, Canadá y la Unión Europea. A partir de ese momento los componentes de este movimiento optaron por reorganizarse en nuevos marcos, con nuevos nombres, manteniendo la visión ideológica racista del rabino Kahane, aunque expresada en términos menos radicales y no tan provocativos. No por ello dejan de señalar y recordar permanentemente su estrecha vinculación con la tradición racista que dejó el rabino Meir Kahane. Así es que a partir de 2015 la organización opera bajo el nombre de Otzma Judía (Poder Judío). En esa oportunidad repitieron su participación en las elecciones generales, aunque por sus pobres resultados permanecieron sin representante en el recinto legislativo israelí. Teniendo en cuenta el sistema parlamentario israelí, Netanyahu tiene muy claro que más allá del éxito electoral de su partido Likud, mucho más importante para mantenerse como primer ministro son los resultados previstos para los partidos del bloque partidario afín. Se trata del bloque denominado de derecha que incluye los partidos de la coalición gubernamental del presente gobierno. El Likud de Netanyahu de hoy no es Likud de entonces. En su desesperado intento de mantenerse en el poder, Netanyahu se lanzó a una campaña de fortalecimiento, no ya de su partido, sino de otros partidos que puedan respaldarlo para formar el próximo gobierno. En ese sentido no escatima en llegar a situación cercanas a ser denominadas soborno político, o como lo catalogan ciertos periodistas, prostitución política. A los efectos de evitar la posibilidad que el partido Bait Yehudi, representantes de la corriente religiosa nacional judía, no obtengan el mínimo para ingresar representantes al parlamento, Netanyahu los presionó para que se fusionen con Otzma Judía. Con ese objetivo no dudó en ofrecerles de antemano un exorbitante precio: dos carteras ministeriales en su próximo gobierno y reservarles un puesto real en la lista de candidatos de su partido Likud a costa de legítimos representantes de su partido. Mantenerse en el poder a todo precio se convirtió en el objetivo primordial de Netanyahu. Bajo ese precepto, da la impresión que el apoyo del antisemitismo polaco ya no le es suficiente. Ahora se hace necesario movilizar el racismo judío. La degeneración del judaísmo en manos de Netanyahu no tiene límites. Ojalá me equivoque.    

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Rozanski: “Parte de la Justicia opera como una organización criminal”

Fuente: Carlos Romero | Revista Zoom Fecha: 20 de FEB 2019 Para el ex juez federal Carlos Rozanski, la situación del Poder Judicial, al que considera un instrumento en manos de Cambiemos, no registra antecedentes desde el fin de la última dictadura cívico-militar: “En ninguna etapa de la democracia argentina, jamás, se ha cometido la cantidad de delitos que esta gente está cometiendo”, aseguró el ex magistrado. Tampoco dudó en calificar al fiscal Carlos Stornelli como “un delincuente” y en atribuirle al juez Claudio Bonadio “la actividad de encarcelar opositores”. Como presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en 2006 Rozanski condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz y en 2007, al capellán Christian von Wernich. En 2016, presentó la renuncia y se jubiló, denunciando una persecución del PRO en el Consejo de la Magistratura, donde avanzaba una causa en su contra por “maltrato laboral”. En la actualidad, es docente en distintas universidades, incluida la de Madrid. Sobre el escándalo en torno a Marcelo D’Alessio, Rozanski aclaró que si bien siempre hubo “chantas que aprovechan (…) para sacarle plata a algún idiota, esto es otra cosa completamente distinta, es una organización criminal”, en cuya cima ubicó al propio Mauricio Macri. “La figura más trascendente de esta red es el presidente, es él quien ha dicho que tenía una lista de 642 personas para mandar en un cohete a la Luna”, subrayó. – ¿Cómo considera la situación del Poder Judicial en el país? – La justicia en Argentina ha hecho un retroceso de más de 40 años, porque tendríamos que irnos a marzo del ‘76 y los años siguientes para recordar alguna situación similar, en cuanto a un Poder Judicial que, en aquella época, aceptó la suspensión de las garantías constitucionales y los derechos esenciales. Este es un gobierno, en principio, elegido democráticamente, pero de inmediato transformado en un verdadero régimen de supresión de derechos, persecución política, cárcel y un nivel de violencia institucional y simbólica no conocido desde la dictadura. Por lo tanto, es altísimamente preocupante la situación del Poder Judicial, porque se está produciendo en un régimen aparentemente democrático, pero alejado de lo que significa el Estado de derecho, y es algo que no estamos adecuadamente preparados para enfrentar. Aclaro que me refiero al sector más reaccionario y recalcitrante de la justicia, no a la totalidad. El resto trata de sobrevivir y algunos hacen un gran esfuerzo para resistir y luchar contra este régimen. – En este escenario, ¿cómo actúan los distintos sectores judiciales? – Desde mi punto de vista, el Poder Judicial tiene tres sectores: uno, pequeño, es sumamente decente, con gente muy preocupada por el día a día, por trabajar bien y cumplir con lo que significa la responsabilidad de integrar un Poder Judicial que decide la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Después, en el otro extremo, hay un sector criminal, porque está integrado por personas que comenten gravísimos delitos. Son los visibles apoyos que tiene este régimen y que se traducen en la actividad de encarcelar opositores, por ejemplo, del juez Bonadio; y la actividad de extorsionar, como es la banda que lleva adelante el fiscal Stornelli. Es un poderoso y muy influyente, pero no deja de ser también un sector pequeño. Entre ambos extremos, hay una franja enorme que es lo que yo llamo “los diletantes”, es decir, jueces y fiscales que van acompañando los momentos políticos sin mayor compromiso. Obviamente, los más preocupados son esa minoría de gente honesta. Los criminales han tenido históricamente y tienen un nivel de impunidad extraordinario. El sector intermedio tampoco tiene mayor preocupación, no son gente que se comprometa como para correr riesgos. Son diletantes pero causan un daño social enorme, porque su forma de actuar termina siendo completamente funcional a esa otra parte de la Justicia que opera como una organización criminal. – En ese mapa, ¿dónde ubica al juez Alejo Ramos Padilla? – Es uno de los jueces federales más decentes que tiene el país. Por eso es tan importante su situación actual. Es necesario fortalecerlo ante el avance de los ataques que seguramente va a seguir recibiendo y cada vez mayores. – ¿Lo sorprendió lo ventilado en la denuncia contra Stornelli? – A la gente interesada por la actualidad, no la puede sorprender de ningún modo. En primer lugar, porque el fiscal Stornelli es un delincuente, es un hombre que comete delitos. En este caso, el que se denunció no solo es gravísimo desde lo institucional sino que además muestra el nivel de impunidad con que se manejaba. Incluso las respuestas parecen una burla. Burla en cometer los delitos pero también en descalificarlos. Hablamos de delitos ejecutados desde el Estado y no creo que los mandos terminen en Stornelli, creo que hay muchos socios y, además, superiores. Desde el Estado y con ese nivel de crueldad, se recaudan millones de dólares en una operación tan tremenda, que de todos modos no es la operación original. – ¿En qué sentido no lo es? – La operación original no es la extorsión, sino la persecución política, en este caso, en cabeza de la expresidenta Cristina Fernández y del resto de los opositores. No la persecución de un partido en particular, sino de todo el arco opositor. Esa era la finalidad y, al lado, la recaudación multimillonaria que generan estos delitos. Es la punta de un iceberg mucho más poderoso que el que terminó destruyendo al Titanic, porque ese iceberg es nada menos que un pedazo del Estado argentino al servicio del crimen. Es algo que deberíamos tomar con muchísima seriedad y creo que hay gente que lo está haciendo, pero se necesitan muchas instancias, especialmente políticas, y también que acompañen aquellos sectores decentes del Poder Judicial que mencionaba antes. El nivel de criminalidad es tan alto que enfrentarlo va a requerir una suma de voluntades de distintos sectores institucionales. – ¿Cómo se llegó a una situación tan crítica? ¿Qué parte es fruto de esta gestión y qué responde

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Guaidó, el primer presidente autoelegido

Fuente: Dardo Esterovich | La García Fecha: 20 de FEB 2019 “Un joven de 35 años que hasta hace poco era un diputado casi desconocido se adueñó este martes de los titulares de los principales medios del mundo”. Así comienza una nota de la BBC Mundo del 26 de enero de este año sobre quién es Juan Guaidó. No aporta mayores datos salvo alguna información sobre sus orígenes de clase media, sus estudios de ingeniería en la Universidad (privada) Católica Andrés Bello donde hace sus primeas armas como dirigente estudiantil en actividades opositoras al gobierno de Chávez, distinguiéndose en acciones de calle. Luego salta a su participación en la fundación en 2009 de Voluntad Popular junto a Leopoldo López y otros, a su elección como diputado, a su designación como presidente de la Asamblea Nacional este año y su autoproclamación como “presidente encargado”. En el medio queda todo un período que es ocultado, lo que justifica su condición de “casi desconocido”. Al momento de su autoproclamación en Venezuela un 81% respondió en una encuesta que no lo conocía. Pero donde no era un desconocido es en los sectores del Departamento de Estado y del Congreso que se ocupan de América Latina y en las agencias de inteligencia encubiertas como ONGs que, bajo pretexto de ayuda, participan de la desestabilización de gobiernos que no se someten a los dictados de EE.UU. El golpe blando Hace aproximadamente un cuarto de siglo EE. UU., para evitar ser acusados de patrocinar golpes de estados violentos y dictaduras como las que asolaron a varios países de América Latina y del Tercer Mundo, comenzó a aplicar una estrategia para reemplazarlos, conocida como “golpe blando”. Quien le dio el sustento teórico más acabado fue el politólogo estadounidense Gene Sharp, fundador de la Albert Einstein Institution y consiste esencialmente en hacer que una minoría parezca una mayoría, amplificando los reclamos, profundizando la crispación y los enfrentamientos de manera de esmerilar a verdaderos gobiernos de mayoría hasta hacerlos caer. Para esto utilizan la prensa hegemónica, los fakenews en las redes, el Poder Judicial como en Brasil o el parlamentario como en Paraguay. Cuando todo esto no da resultados se trata de forzar una intervención extranjera, como en Siria. La propuesta de Sharp ha sido sintetizada en cinco pasos: 1ra etapa: ablandamiento: a) Matrices de opinión centradas en déficit reales o potenciales. b) Promoción del descontento. c) desabastecimiento, criminalidad, inseguridad, manipulación del dólar. d) Denuncias de corrupción. 2da etapa: deslegitimación: a) Manipulación de los prejuicios anticomunistas o anti-populistas. b) Campañas en defensa de la libertad de prensa, derechos humanos y libertades públicas. c) Acusaciones de totalitarismo y pensamiento único. 3ra etapa: calentamiento de calle: a) Fomento de la movilización de calle. b) Globalización de las demandas políticas y sociales. c) Generalización de todo tipo de protestas, exponenciando fallas y errores gubernamentales. d) Organización de manifestaciones, cortes y tomas de instituciones públicas. 4ta etapa: combinación de diversas formas de lucha: a) A lo anterior se agregan operaciones de guerra psicológica y acciones armadas para justificar medidas represivas y crear un clima de ingobernabilidad. c) Impulso de campaña de rumores entre fuerzas militares y tratar de desmoralizar los organismos de seguridad 5ta etapa: fractura institucional: a) Sobre la base de las acciones callejeras, tomas de instituciones y pronunciamiento militares, se obliga la renuncia del presidente. b) En casos de fracasos, se mantiene la presión de calle y se migra hacia la resistencia armada. c) Preparación del terreno para una intervención militar o el desarrollo de una guerra civil prolongada. c) Promoción del aislamiento internacional y el cerco económico. La similitud de este plan de acción, con los hechos que están ocurriendo en Venezuela es paradigmática, lo convierten en un caso de manual, un espejo que nos devuelve la imagen de lo que sucede hoy. La quinta etapa está en pleno desarrollo en la patria de Bolívar. El reclutamiento Para llevar adelante un golpe blando es necesario una etapa de preparación que incluye el reclutamiento de cuadros locales entrenados en esas tácticas y coordinados por un comando único, generalmente a cargo de un servicio de inteligencia, travestidos en ONGs cuyas finalidades son “promover la democracia” o ayudar a fundaciones locales de derecha, y en la parte final, si se requiere de la fuerza, por el Pentágono. Juan Guaidó pasó por ese proceso de reclutamiento y entrenamiento durante diez años. El 5 de octubre de 2005 cinco líderes estudiantiles venezolanos de derecha llegaron a Belgrado, Serbia, dando comienzo a su entrenamiento para una insurrección. Legaron por cortesía del Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas (CANVAS), financiado en su mayor parte la National Endowment for Democracy (NED un apéndice de la CIA. CANVAS es un grupo escindido de la Otpor (resistencia, en serbio) creado por estudiantes de la Universidad de Belgrado que tuvo una actuación muy promocionada en los acontecimientos que llevaron a la caída de Slobodan Milosevic durante 1999/2000. Guaidó no formó parte de esta primera avanzada, pero sí durante muchos años actuó y se formó junto a Yon Goicochea que integró el grupo de los cinco. Este último tuvo una destacada actuación al frente movilizaciones estudiantiles a las que se le atribuyeron la derrota del chavismo en el primer referéndum por la reforma constitucional. Por estas acciones se le otorgó el Premio Milton Friedman por Promover la Libertad, del Instituto Cato, creado por los hermanos Koch, poseedores de una de las fortunas más grandes de EE.UU. y fuertes contribuyentes del Partido Republicano. Esto quedó certificado el 19 de enero, cuando ya se sabía que se iba a autoproclamar el 23, Goicochea escribió en Tweeter: “Hoy, en Caricuao. Llevo 15 años trabajando con @jguaido. Confío en él. Conozco la constancia y la inteligencia con la que se ha construido a sí mismo. Está haciendo las cosas con bondad, pero sin ingenuidad. Hay una posibilidad abierta hacia la libertad”. Guaidó después de graduarse en la Universidad Católica Andrés Bello, en el año 2007 se traslada a Washington DC donde se inscribe en

Comunicados y Declaraciones

No al cierre de C5N

El LLAMAMIENTO Argentino Judío manifiesta su terminante rechazo a la nueva embestida del Gobierno Macrista contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Usando el sector del Poder Judicial cooptado por este gobierno, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial bloqueó la apertura de una cuenta bancaria (legalmente inembargable) que se destina al pago de los salarios de los trabajadores del Grupo Indalo (el canal de noticias C5N, las radios 10 y FM Pop, y las páginas minuto1.com y diarioregistrado.com), ordenada meses atrás por el Juez Comercial N° 5, Javier Cosentino. Los camaristas Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto fallaron en contra de la apertura de la cuenta, en línea con un requerimiento de la AFIP. Como consecuencia de esta estrategia de silenciamiento de la opinión opositora, los trabajadores de C5N y de los demás medios del grupo se quedan sin salario y peligra fundamentalmente la permanencia del canal en el aire. El LLAMAMIENTO Argentino Judío denuncia este accionar que tiene como objetivo acallar las voces independientes, cosa que ha perseguido el Gobierno desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, y que en esta ocasión cobra especial gravedad por tratarse de un año electoral. Defender la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos es defender la Democracia No al cierre de C5N   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

Comunicados y Declaraciones

Contra la intervención en Venezuela

El LLAMAMIENTO Argentino Judío observa con profunda preocupación los últimos acontecimientos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela que desde hace años está atravesada por una crisis política que ha transitado por golpes de estados fallidos, la violencia callejera de las guarimbas e intentos frustrados de magnicidio, con la intención de dar por tierra con la experiencia chavista.   El 23 enero de este año, la crisis se agravó con la autoproclamación de presidente encargado de Juan Guaidó desconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, seguido del inmediato reconocimiento de EE.UU. y sus aliados latinoamericanos y europeos, en total 41 países de los 193 que integran la ONU. Más allá de las opiniones que pueda merecer las políticas del gobierno del Presidente Maduro, se pone en evidencia una clara intención injerencista que viola los principios de no intervención en los asuntos internos de los países reconocidos en el derecho internacional y refrendados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la reunión celebrada el 26 de enero en la que fracasó el intento de adoptar la línea estadounidense al no obtener los votos necesarios de los países que lo integran. Lamentablemente el gobierno de Cambiemos se ha plegado a la campaña injerencista, arrojando por la borda la tradicional política exterior de respeto a la soberanía y de no intervención en los asuntos internos de otros países que ha sostenido nuestra Cancillería. En una nueva y peligrosa fase de la intervención, han convertido al puente fronterizo entre Venezuela y Colombia en un escenario en el cual, con el pretexto de una presunta ayuda humanitaria proporcionada por EE.UU. —concentrada en la cercana localidad fronteriza colombiana de Cúcuta— se han dado cita las grandes agencias de comunicación, voceros de distintos gobiernos y organizaciones internacionales con el objetivo de mostrarlo como el punto crítico por donde se concrete la intervención armada, la que es mencionada en todo momento por el presidente Donald Trump como opción que analiza EE.UU. Estas agencias internacionales insisten en presentar un conflicto político interno como crisis humanitaria, lo que no es reconocido ni por la ONU ni por la Cruz Roja Internacional que se ha negado a participar ya que no reúne los requisitos de independencia, imparcialidad, neutralidad y de aceptación del país receptor adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas para que la ayuda sea considerada humanitaria. Advertimos que estos intentos de intervención podrían encender la mecha de una conflagración en la región, revirtiendo el avance que America Latina había alcanzado en la última década al ser declarada zona de paz por sus gobiernos. Además, alertamos la posibilidad de que la política injerencista de EE.UU. y sus aliados ponga en peligro la paz interior de Venezuela y abra las puertas a un enfrentamiento civil.   El LLAMAMIENTO Argentino Judío llama a todos los sectores de la sociedad, políticos, sociales, gremiales, empresariales, religiosos, a pronunciarse en defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países, exigiendo que nuestro gobierno —respetando la tradicional política de nuestro país— se pronuncie por la resolución del conflicto por medio del diálogo entre las partes en el mismo sentido que la digna postura del gobierno mexicano. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

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Los costos del «único camino»

Fuente: Carlos Heller | TiempoAr Fecha: 10 de FEB 2019 Muchas veces, las expresiones de funcionarios, economistas o políticos que se destacan en los medios no resultan las más sustanciosas. Las que aparecen en segundas líneas pueden ser las más importantes. Comencemos con dos ejemplos recientes: Ejemplo 1: Luego de haber decidido fuertes aumentos de tarifas en su paso por el gobierno, el exministro Juan José Aranguren no cree que «la energía sea un derecho humano», porque es escasa y «todo bien escaso es costoso». Un enfoque mercantilista: la energía, si bien puede ser discutible cuán escasa es, satisface necesidades humanas esenciales, en especial a medida que la tecnificación se integra a nuestras vidas, a la vez que cumple un papel esencial en el desarrollo económico y social, según lo define la OIT. Precisamente, esas características le otorgan todas las cualidades de servicio público y, por lo tanto, requiere un tratamiento especial por parte de las autoridades públicas. Esta información fue destacada por casi todos los medios, pero quedó relegada otra información más que preocupante que dio Aranguren: «los usuarios pagaban el 10% de lo que costaba generar energía eléctrica» y actualmente «se está en el 50% porque los subsidios continúan” (El Cronista, 06.02.19). Si luego de los fortísimos aumentos que se han producido en la tarifa de luz los usuarios no llegan a cubrir más del 50% del costo total, eso indicaría que todavía falta otra ronda de aumentos que serán aún más impagables. Una información al margen que sirve para reforzar la memoria. Revisando papeles, encontré una nota de La Nación de febrero de 2015 cuyo título reza: «Si gana Macri la luz será gratis para hogares pobres», y resume las expresiones de Aranguren, quien en ese entonces se perfilaba como ministro de Energía. El ahora exministro también estimaba que ese beneficio llegaría a cubrir las necesidades eléctricas de una familia tipo, alcanzando a 2 millones de hogares, cerca de un 16% del total. Aparece con claridad cómo el macrismo fue construyendo la «posverdad» y las falsas promesas de campaña. Ejemplo 2: Las recientes declaraciones de Mauricio Macri, quien reconoció que «nos está costando (reducir la inflación) más de lo que imaginé, reconozco que fui demasiado optimista». La observación no entraña ninguna novedad. Pero lo preocupante, en este caso, es la definición de cómo encarará este problema a futuro: «la inflación se combate no gastando más de lo que uno tiene». Un enfoque simplista de la inflación, que alaba el ajuste fiscal y no tiene en cuenta, por ejemplo, el fuerte doble impacto sobre los precios de los incrementos tarifarios; primero sobre el consumo de las personas y sobre los costos de las empresas que pagan la factura, y luego su traslado a los precios de los bienes y servicios que se producen. Ni hablar de la traslación del aumento del dólar: según la política actual, el dólar podría subir hasta un 30% sin que el BCRA tome medida alguna, pues está dentro de la zona de no intervención cambiaria definida junto con el FMI. De todas formas, «Guido Sandleris le preparó un informe reservado al presidente, donde asegura que no habrá abruptos saltos del dólar antes de las elecciones», según relata Marcelo Bonelli (Clarín, 08.02.19). En la nota, el periodista revela un encuentro de Macri con economistas, a los cuales les expresó que en el hipotético caso de ganar las elecciones «eso sí, el primer día del nuevo mandato, hago todo lo que tengo que hacer en economía». Para saber qué es todo lo que tiene que hacer, estaría esperando un informe, siempre según Bonelli, de un grupo liderado por Miguel Ángel Broda e integrado por Ricardo López Murphy, José María Dagnino Pastore, Domingo Cavallo y Guillermo Calvo. Pareciera que esta información sería suficiente para imaginarse qué panorama económico nos espera si triunfa Macri: «nada de gradualismo» y un fuerte ajuste que seguirá por mucho tiempo, no sólo por las exigencias del FMI, sino por las propias políticas del gobierno. Esta «confesión» de Macri parece un cambio de estrategia comunicacional. Los problemas económicos son los dominantes en las encuestas de opinión, una cuestión que el gobierno viene evitando abordar, tratando de enfocar el debate en otros temas como seguridad, narcotráfico y corrupción. Pero la imagen positiva del oficialismo sigue bajando. Como tienen casi nada que ofrecer desde lo económico, parece que comenzaron a reconocer algunas falencias, pero siempre dentro del discurso inquebrantable: este es el único camino, el del ajuste, el del FMI. La dura realidad Se acaba de conocer un nuevo relevamiento del Indec sobre la industria manufacturera, que reemplazó al Estimador Mensual Industrial (EMI). El Índice de Producción Industrial Manufacturero, que releva los datos de 85 sectores de la actividad, evidenció una profundización de la caída que ya venía informando el EMI: en diciembre la actividad manufacturera cayó un 14,7% interanual, y el acumulado de todo el año muestra una merma del 5,0%, un verdadero desplome industrial. Más aún, los grandes rubros evidencian una evolución negativa acumulada. Desde alimentos y bebidas (-2,8%) a productos textiles (-36,3%) y otros equipos de transporte (-54,9 por ciento). La construcción también mostró un descenso del 20,5% interanual en diciembre, y un crecimiento acumulado del 0,8%, debido al arrastre positivo en los primeros meses del año. Para enero, el índice de insumos Construya, anticipador de la tendencia de la producción, cayó un 20,1 por ciento. Por su parte, la encuesta de supermercados mostró una reducción de las ventas, medidas en cantidades, del 12,5% en noviembre, comparado con igual mes del año anterior. En el caso de los centros de compra (shoppings) la caída fue del 16,3 por ciento. Paralelamente, fue en la industria en la que se destruyó la mayor cantidad de puestos de trabajo (en los once meses de 2018), unos 63 mil puestos, seguida por el comercio con 33 mil puestos menos y la construcción con una baja de 23 mil trabajadores. Son parte de las consecuencias sociales de la gran recesión que se vive. Como una muestra de

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Un momento central de la crisis

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 10 de FEB 2019 El episodio que rodea la denuncia sobre extorsiones en la Justicia prueba de modo contundente lo que ya se sabía: la existencia de un procedimiento judicial cuyo único sentido era y es el de llenar con declaraciones arrancadas del modo que hoy se exhibe, el guion prefigurado de la “corrupción kirchnerista”. En las últimas horas el episodio adquirió facetas patéticas. La que a juicio de este comentarista ocupa un lugar preferencial es la que surge del reportaje radial de Roberto Navarro y su equipo al personaje central de la saga: el señor Marcelo D’Alessio (foto). Se trata de la persona cuyo cuerpo escenifica un episodio tragicómico, del que es difícil encontrar antecedentes locales y mundiales. Es el apriete mafioso a un empresario desplegado desde el conocido lugar de “influyente judicial”, es decir el de una persona en cuyas manos está la solución de lo que para cierta persona acusada judicialmente parece una situación sin salida. Soy yo o el infierno. Desde allí las constataciones fílmicas ilustran con todos los pormenores necesarios, la escena de una operación delictiva destinada a sacarle dinero al acusado. Hasta ahí estamos ante un delito, por así llamarlo, “convencional”. Puede intuirse que también bastante habitual en la trama judicial argentina: el influyente existe en las comarcas menos rutilantes de nuestra geografía. Y actúa con desgraciada frecuencia fuera de la ley. Hasta aquí la cuestión puede decirse que es desgraciada, repugnante, desafiante de cualquier idea de ética pública, pero nada dice de su centralidad política, de su capacidad de iluminar el tiempo que nos toca vivir. El problema se hace un poco más delicado cuando, interrogado por Navarro, D’Alessio no sabe explicar quién dirigía lo que él presenta como una “investigación”, bajo la cual deberían interpretarse las escenas que lo muestran en el poco agraciado papel de chantajista. Es decir, “no es lo que ustedes piensan, yo en realidad quería profundizar en la averiguación a fondo relacionada con la noble causa de los cuadernos quemados de Centeno. Entonces simulé una extorsión para avanzar en mi investigación”. Frente a la obvia pregunta “¿Y para quién investigaba doctor D’Alessio?”, el hombre se niega a responder e insinúa que la gravedad de sus funciones se lo impiden. No, eso yo no se lo puedo contestar y tenga cuidado con no repetir la experiencia de Beliz con Stiuso, dijo el delincuente como quien protege un secreto sagrado, como si la dependencia funcional de una potencia extranjera fuese una coartada y no un agravante del flagrante delito. Pero aun así, todo podría quedar en una anécdota sobre el funcionamiento de las mafias judiciales. Y quedar sometido al régimen de descalificación que se sustenta en fórmulas tan sabias como la de que “siempre existieron estas cosas en el poder judicial”.  En momentos “programáticos” como los que se abren en el país, sería bueno conocer la opinión de todos los candidatos sobre el poder judicial realmente existente en la Argentina. Sería bueno que no nos escondamos en recursos tales como la idea de que no es un tema que rinde electoralmente porque la población que le da importancia a estas cosas no decide el resultado de octubre. Más aún, no faltará quien diga que profundizando esta denuncia estamos “distrayendo” al pueblo sobre sus problemas más urgentes, el pan, la luz, el gas, el colegio, el colectivo… Ahora bien, la teoría de la distracción tiene una larga y significativa historia en nuestra historia reciente: su episodio más emblemático fue la guerra de Malvinas. La dictadura creyó encontrar  la piedra de su salvación apelando al sentimiento patriótico del pueblo para enterrar en el olvido el masivo pronunciamiento sindical-popular que había tenido lugar dos días antes del desembarco en Puerto Argentino. Si el gobierno de Macri no logra silenciar el tratamiento público de este vergonzoso proceso que lleva el nombre de “causa de los cuadernos”, si no puede impedir que una impecable colección de pruebas ponga a algunos jueces y fiscales en el lugar de funcionarios corruptos cuya única justificación histórica es la denigración de los gobiernos kirchneristas y, de paso, el mejoramiento de sus cuentas bancarias, entonces estamos en una fase terminal del régimen. Lo más probable es que la espantosa saga que podemos mirar con ojos de asombrados espectadores esté señalando un momento central de la crisis política argentina. La causa de los cuadernos quemados era la carta brava del establishment para consumar la obra del aislamiento y derrota de la experiencia política de los doce años anteriores a Macri. El resultado se insinúa parecido al del desembarco en Malvinas. En busca de eliminar al antagonista el macrismo tuvo que mostrar su rostro más auténtico. No vienen para sostener a la clásica burguesía asociada al Estado (a gente como Franco Macri). Vienen a fundar un régimen posnacional. Vienen a “integrar el país al mundo”. Y “el mundo” pide impiedad con los populismos, cualesquiera sean los recursos que hagan falta para destruirlos. Toda la política gira en torno a la suerte de este designio imperial respecto de Argentina. Hasta la suerte política de Macri puede terminar resultando un problema menor. Las imágenes sobre Comodoro Py y el lugar entre ridículo y siniestro en el que ha quedado la operación servicial de los cuadernos quemados –envuelta desde su inicio en el oprobioso marco de la extorsión– nos están indicando que estamos viviendo el tiempo de la descomposición del régimen. Lo que queda por saber es cuál es el futuro que nos promete cada una de las hojas de ruta que claramente disputan el poder en la Argentina. La pregunta sobre el funcionamiento del poder judicial y sobre si es posible salir de esta descomposición sin una reestructuración que tenga estatus constitucional no es un devaneo ideológico ni una postura extremista. En la situación actual el régimen político prescripto por nuestra ley fundamental ha sido reemplazado de facto por el de la arbitrariedad y la extorsión sobre la vida y la libertad de quienes no se

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Historia de una inf/AMIA (5)

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 10 de FEB 2019 El lunes 18 de julio de 1994 a las 9.53 estalló una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en lo que es considerado el más brutal atentado que sufrieron civiles en nuestro país luego del bombardeo de Plaza de Mayo del ’55, al cual las crónicas oficiales —inexactas— le atribuyen 308 víctimas. En el atentado de la AMIA murieron 85 personas. Pocas horas después, “el primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al gobierno argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994”.   Comenzó entonces una historia que lleva casi 25 años y que debería avergonzar al Poder Judicial argentino y a buena parte del poder político. En enero del 2013, luego de 19 años sin avances sustanciales en la causa AMIA, la Argentina suscribió un Tratado de Entendimiento con Irán, para obtener, finalmente la declaración de los iraníes imputados por el Poder Judicial argentino de haber participado en ese atentado, que a la fecha permanece sin resolver. Dicho Memorándum fue aprobado por ley en el congreso argentino. Luego fue declarado inconstitucional. El gobierno de Mauricio Macri no apeló la inconstitucionalidad y por lo tanto la misma quedó firme. El Memorándum con Irán, jamás entró en vigencia. Esta es la historia de la infamante causa judicial que surgió a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, en la que acusó a Cristina Fernández de Kirchner, a Héctor Timerman (foto principal) y otros funcionarios y dirigentes sociales argentinos de haber utilizado ese Memorándum como herramienta para encubrir a los responsables del atentado. Esta es la quinta nota de la serie, donde intento contar la historia de la causa judicial que se inició con la denuncia de Nisman. Y también es la historia de uno de los hombres que sufrieron esa causa en carne propia. Se llamaba Héctor Timerman. Junto con Alejandro Rúa, fuimos sus abogados en esa causa. ………………………………….. El Memorándum con Irán se firmó el 27 de enero del año 2013. Y desató el infierno. A decir verdad, las primeras llamas se habían presentado antes de su firma, en el contexto de las reuniones técnicas que se habían acordado para encontrar la solución a la controversia entre funcionarios argentinos e iraníes. La controversia era —y continúa siendo— que la ley argentina exige que sean los funcionarios judiciales argentinos quienes interroguen a los imputados. Sin esa indagatoria la causa no puede avanzar. Por su parte, Irán no concede la extradición de sus ciudadanos. En 2012, la causa llevaba ya 18 años en punto muerto. Los equipos técnicos de ambos países discutían cómo hacer posible la declaración de los imputados iraníes. En dicho contexto, la AMIA y la DAIA solicitaron al fiscal Nisman que “toda vez que dichos acercamientos, o reuniones, podrían eventualmente llevar confusión a las autoridades de Interpol, encargadas de efectivizar las capturas ordenadas en el sumario… evalúe, a los efectos que pudiera corresponder, si deviene necesario hacer saber a las autoridades (locales e internacionales) de Interpol y de manera clara e inequívoca, que dichas capturas oportunamente ordenadas siguen plenamente vigentes y con todo su vigor”. También solicitaron que el fiscal evaluase si correspondía ratificar la plena vigencia de las alertas rojas. Dijeron también que rechazaban “la AMIA, de la DAIA e incluso de un grupo mayoritario de Familiares de las Víctimas del atentado, la intención del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de procurar un acercamiento, negociación, acuerdo o como corresponda llamarlo, justamente con las autoridades de la República Islámica de Irán, país que, en todas y cada una de las resoluciones antes aludidas, ha sido sindicado como responsable último (a través de altos funcionarios de gobierno) de decidir, planificar y ejecutar el atentado”. Hay que señalar que aun no estaba redactado el texto del Memorándum y tanto la AMIA como la DAIA reprochaban ya que la Argentina procurase un acercamiento, o acuerdo con Irán. Pese a que era esa la única forma de permitir el avance efectivo de la causa por el atentado a la AMIA. También solicitaron que Nisman “libre oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de que informe —aún con carácter reservado si ello fuera estrictamente necesario— del trámite y resultado —aún parcial— de los encuentros mantenidos entre funcionarios de dicha dependencia y sus pares iraníes”. Nisman denegó todos los pedidos de la DAIA y la AMIA, salvo el de solicitar a la Cancillería que informase sobre el avance del trabajo de los equipos técnicos. La respuesta de la Cancillería llegó inmediatamente e informó que “embajadores de esta Cancillería integraron la delegación, junto con la Procuradora del Tesoro de la Nación, que mantuvo tres reuniones de trabajo con representantes de la República Islámica de Irán, en Ginebra”. Y que “durante las mencionadas reuniones las delegaciones trabajaron en el propósito de explorar un mecanismo legal que no esté en contradicción con los sistemas legales de Argentina e Irán en los puntos fijados por los cancilleres de ambos países en el comunicado conjunto del 27 de septiembre de 2012, en los márgenes del 67° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU”. Por supuesto, se hizo “saber al Sr. Fiscal General que tratándose de un proceso de negociación diplomática entre Estados las partes han acordado mantener reserva de su contenido mientras dure el mismo”. Lo que fue tenido presente por el fiscal Nisman e informado a las querellas (hojas 132.822 y 132.823). Luego de esa respuesta de Cancillería, la DAIA y la AMIA insistieron en que se le tomase “declaración testimonial a los funcionarios que, según esa información, habrían participado en las reuniones con los funcionarios iraníes”. Y el fiscal Nisman no concretó esa convocatoria, teniéndola presente. ¿Por qué la

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Un apriete geopolítico

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 10 de FEB 2019 El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, pidió licencia por presiones de Waldo Wolff y sus seguidores dentro de la DAIA, representantes del Likud, partido de derecha israelí liderado por Bibi Netanyahu. Las idas y vueltas de las dos instituciones que tienen sede en Pasteur 633 extienden su vodevil de embanderamientos partidarios locales e internacionales, renuncias, despidos y escándalos sexuales que profundizan su deterioro institucional. La motivación central de la exoneración de Zbar se vincula con dos casuales fusionadas: por un lado la necesidad de utilizar la causa del Memorándum para atizarla en el año electoral, y por otro lado, la demanda del Likud para menoscabar a quienes sostienen una posición crítica en relación a las políticas neocoloniales ejecutadas contra los palestinos. Dado que Venezuela, UNASUR, MERCOSUR, ALBA y el kirchnerismo han suscripto posiciones contrarias a Bibi Netanyahu en los foros internacionales, las disposiciones de la embajada israelí son precisas: quienes desacrediten la ocupación de Cisjordania deben ser debilitados. El problema que tienen las dos instituciones de la calle Pasteur es que han perdido credibilidad y representatividad para operar esos dos cometidos. Tienen un ex presidente en el banquillo de los acusados por el encubrimiento del atentado de 1994, Rubén Beraja. Además, un año atrás, Ariel Cohen Sabban, abandonó la titularidad de la DAIA acusado por Esmeralda Mitre de acoso sexual. Tiempo antes, otro presidente de esa entidad, Aldo Donzis, fue denunciado por su hermana por abuso sexual de una sobrina. En los WikiLeaks aparece el nombre del asesor de la DAIA Alfredo Neuburger como informante de la embajada de Estados Unidos. El numen espiritual de la AMIA y verdadero jefe en las sombras de la mutual es el rabino Samuel Levin, autoridad del Bloque Unido Religioso (BUR). Levin considera enfermos a los homosexuales y jerarquiza a los miembros de su colectividad en el marco de quiénes son genuinos y quienes carecen de esa condición. Por su parte, el actual titular de la DAIA posee como antecedentes el haber simulado ser parte de la querella de la AMIA, en enero de 1998, cuando una cámara oculta de Canal 9 reveló sus vínculos como abogado de Ricardo Manselle, en el marco de la causa contra Alfredo Yabrán por el asesinato de José Luis Cabezas. En esa oportunidad Jorge Knoblovits le aseguró a su cliente (Manselle) que él “era creíble como abogado” dado que integraba el grupo de letrados de la Causa AMIA, cosa que fue desmentida días después de difundida la cámara oculta, por parte de los verdaderos profesionales que litigaban ante la justicia federal. El propio presidente renunciante, Agustín Zbar, posee como antecedente el haber amenazado a Natalio Alberto Nisman, hecho que le generó una denuncia del fiscal que solo fue descartada luego del fallecimiento de este último. [1] La cronología de los dimes y diretes caricaturescos dejan a las claras, sin embargo, la articulación internacional de quienes atacaron ferozmente a Agustín Zbar. Waldo Wolff fue el primero en salir a la palestra para evitar la discontinuidad del acoso jurídico e intentar encolumnar a los sectores más retrógrados de la colectividad judía argentina. El encargado de solicitarle (exigirle) a Agustín Zbar que dé un paso al costado fue Guillermo Yanco, actual pareja de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Yanco es también miembro de la Comisión Directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires, donde comparte la conducción con quien se rumorea que es el testaferro de Mauricio Macri: Marcelo Mindlin. Este último es el presidente. Yanco lo subroga como su vice. La pareja de Bullrich suma como cocarda su cercanía con Waldo Wolff, con quien suele concurrir a la cancha de River cuando el millonario hace las veces de local. Wolff, quien fue el encargado de liderar la operación para desterrar a Zbar, participa en todas las reuniones que la ministra de Seguridad realiza con el ingeniero Presidente. Su cercanía es tal, que el ex arquero vicepresidente de la DAIA (Wolff) acompañó a Pato a uno de sus viajes a Israel. En uno de esos periplos, la ex militante ligada a Rodolfo Galimberti, hoy reconciliada con su abolengo patricio Luro Pueyrredón, adquirió cuatro lanchas militares para uso fluvial y compró material de ciberseguridad utilizable para escuchas telefónicas, detección de contenidos en la Web profunda y aparatología de Inteligencia Artificial para el análisis de metadatos. Uno de los dispositivos de ciberseguridad fue adquirido a la empresa NSO Group, señalado en diferentes partes del mundo como productor de sistemas de espionaje.[2] En las últimas semanas, un familiar de Héctor Timerman le recordó a Waldo Wolff su responsabilidad en la persecución al ex canciller, que motivó su prisión domiciliaria y la posterior imposibilidad de salir del país. Dicha restricción para viajar a darle continuidad a su tratamiento médico, quedará como un indicio de duda acerca de las causales de su muerte, más allá del daño emocional y moral al que fue condenado durante sus últimos tres años de vida. La ofensiva contra los tibios de la AMIA fue gratificada el último miércoles con una reunión de agradecimiento explícito brindada por la propia Bullrich a la conducción de la DAIA, apenas una semana después de que Waldo Wolff dijera que “le daba asco” la actitud de Zbar. En esa tertulia, concertada por Yanco y Wolff, la ministra hizo referencia a los peritajes aportados por la gendarmería, a partir de los cuales se logró derivar la causa de la justicia ordinaria hacia Comodoro Py. La carta de Zbar también hacía referencia a una exigencia de la DAIA, el juicio en ausencia, que permitiría una condena exprés, apta para la necesidad estratégica del Likud, existan o no pruebas para la acusación. El último 18 de diciembre la propia ministra aseveró en la asunción de Knoblovits en el hotel Intercontinental que “sería muy importante para nosotros tener un juicio en ausencia”. También recibieron la felicitación de la Embajada de Estados Unidos. El último jueves 7 fueron recibidos y halagados por Edward Prado, titular de la

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