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Fuente: Roberto Caballero | TiempoAr Fecha: 15 de JULIO 2017 El modelo oficial no cierra sin represión. El conflicto social ya no es incumbencia del Ministerio de Trabajo, no con este gobierno, sino del Ministerio de Seguridad. Lo que pasó en PepsiCo pasó antes con los trabajadores de Cresta Roja, en la Carpa Itinerante de los docentes, en la 9 de Julio contra el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala y en distintas provincias contra los empleados públicos. Nada de esto puede separarse, tampoco, de la intervención de varios sindicatos y de la criminalización de algunos de sus dirigentes, como ocurrió hace poco con los Canillitas. Pero no son excesos. Se trata de una política. La de sumisión o palo. La Argentina de Macri pretende rebajas salariales directas o indirectas. Directas, con paritarias con techo por debajo de la inflación de las góndolas. Indirectas, con flexibilización laboral presentada como aumento de «la productividad». La desocupación de dos dígitos es funcional a este fenomenal ajuste de los ingresos. Disciplina a los que viven de su trabajo, porque los obliga a elegir entre sueldos miserables o la intemperie de la calle. Atrás quedó el reclamo por el Impuesto a las Ganancias, parte de la airada agenda sindical contra el gobierno de Cristina Kirchner: hoy las protestas son defensivas, en un contexto de deterioro creciente de las condiciones de vida, donde la discusión es por el monto indemnizatorio o la cantidad de puestos de trabajo que se resignan. Para los que no se alinean con estos objetivos existe, de mínima, el despido o el gas pimienta; de máxima, la bala de goma, el palo o, peor aun, el celular policial. No es lo mismo un gobierno neoliberal que otro que desafía las desigualdades del mercado. Nunca lo fue. La lección actual, para algunos, es áspera y angustiante. La memoria de los ’90 quedó paradójicamente sepultada bajo 12 años de distribución positiva de la renta. Este ajuste es hijo de una prosperidad que se suponía eterna. Prosperidad que no era viento de cola, sino fruto de políticas inversas a las que hoy se aplican. Las políticas distributivas y de fomento del empleo generan mejoras del ingreso, consumo interno, condiciones de trabajo en alza y también fortalecen la organización sindical. Actuar al revés, es decir, desatarle las manos al mercado, replegar al Estado en su rol regulador de las voracidades empresarias y naturalizar los despidos y la precarización, como se hace hoy, produce todo lo contrario. Es lo que estamos viviendo. Y todavía falta más. Si Cambiemos gana en octubre, lo que vimos hasta ahora será apenas el prólogo a un calvario mayor. Frente a este panorama, la CGT sorprende por su complacencia con las políticas oficiales. Para reclamar por las Ganancias del pasado, sus dirigentes hacían fila para ver quién hacía el discurso más duro frente a los micrófonos. Ahora que todas son pérdidas, parece que pasaron a la clandestinidad. Pero no para seguir peleando por los derechos de sus afiliados, sino para evadir sus responsabilidades de representación. En toda la historia del movimiento sindical existieron etapas de auge y retroceso, muchos pasajes heroicos y también de los otros, dirigentes combativos y entreguistas. El caso de los actuales triunviros de la CGT ni siquiera los pinta como colaboracionistas (que los hay) de un gobierno que ataca a los trabajadores y sus conquistas. Es peor que eso: son turistas del conflicto social. Pasan, ven y siguen de largo. Las violentas escenas en la planta de PepsiCo merecieron un tibio repudio teatralizado del trío Daer, Schmidt y Acuña, un llamado a escribir un documento crítico que vería la luz en dos semanas y, quizá, una movilización para dentro de un mes y medio. Lloverán millones de atriles por los aires antes de que la actual conducción de la CGT decida ponerle un freno al gobierno de Macri. Porque no hay Toscos, ni Ubaldinis, ni Moyanos en ese triunvirato. Sino un frío cálculo político, no asemejable a la cobardía siquiera. Daer, Schmidt y Acuña son los nombres de una estrategia diseñada en las sombras por expresiones electorales que no tienen un modelo alternativo al actual. No son macristas, quizá, por estética, pero en los hechos, los triunviros acompañan a diputados y senadores que le votaron a Macri las leyes necesarias para desplegar su proyecto de exclusión y ataque al modelo sindical argentino. Desgajamientos en capítulos de la coalición kirchnerista original que entró en crisis cuando el kirchnerismo ya no tuvo oportunidades de reelección. El massismo antes, el randazzismo ahora. La comprensión que tienen con Macri, su mirada de turista sobre los asuntos que queman, es producto de un antikirchnerismo táctico que se volvió maniático con el correr el tiempo. De modo cada vez más inexplicable, como hacen Massa o Randazzo, los dirigentes cegetistas tienen más críticas hacia la oposición K que hacia el gobierno neoliberal. La grieta entre dirigencia y representados aumenta, semana a semana. El vigor de la Corriente Federal de los Trabajadores, liderada por Palazzo (bancarios) y Amichetti (gráficos), se explica porque, precisamente, caracterizaron correctamente al gobierno desde el inicio e hicieron una valorización positiva del modelo anterior, aun con sus insuficiencias. Avanzan también las negociaciones de este sector con el camionero Pablo Moyano, que hoy diluye sus críticas al kirchnerismo y acerca posturas con los agredidos por el ajuste. Las dos CTA y los sectores clasistas y de izquierda, pasado el round electoral, muy probablemente confluyan en modo unitario con este nuevo espacio que tendrá un papel central a jugar después de octubre. El trabajo de la Corriente Federal de los Trabajadores es para destacar, en contraste con la inacción de los triunviros. Buena parte de los regionales de la CGT responden a esta línea combativa, abiertamente opositora a Macri. Pocos los saben, pero muchos de sus dirigentes fueron los tejedores del armado de las listas de la Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires, allí donde había grupos peronistas y progresistas que no podían sentarse a dialogar. Esta nueva

Fuente: Jorge Elbaum | Nuestras Voces Fecha: 10 de JULIO 2017 Un Secretario de Derechos Humanos que desarticula sistemáticamente los programas de su propia secretaria. Claudio Avruj, el pichón de Beraja que todavía le cubre los trapos sucios a su mentor en la justicia, los medios y la colectividad judía. Del encubrimiento del atentado a la AMIA al vaciamiento de los programas de Derechos Humanos de la era Macri. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación se ha encomendado a la tarea de vaciar, precarizar, invisibilizar y, si es posible, extinguir la totalidad de los programas instituidos en los últimos veinte años de democracia. Dichas actividades estaban destinadas a prevenir, capacitar, difundir, y asesorar en temáticas relacionadas con la discriminación, la violencia institucional y los crímenes de lesa humanidad. Los antecedentes biográficos, institucionales, empresariales, que posee Claudio Avruj, más el carácter de los funcionarios nombrados desde que asumió, explican con claridad el trasfondo del plan para anular el rol de la Secretaría. El resultado: víctimas y afectados sin atención, debates silenciados, causas judiciales paradas, acciones de prevención olvidadas y ausencia de acciones sobre nuevas violaciones a los DDHH. Berajismo Claudio Avruj no sería el funcionario que es hoy si no hubiera sido nombrado por Rubén Beraja, en 1997, como director ejecutivo de la DAIA. Venía de un paso por Centroamérica donde trabajó para una organización internacional (hoy vinculada a los sectores conservadores de la comunidad judía estadounidense). Su rol prioritario en la entidad ubicada en la calle Pasteur 633 consistió, entre otras funciones, en asistir al presidente de la entidad, denunciado años después como parte de un entramado destinado a encubrir el atentado a la AMIA. Beraja –al igual que el de muchos integrantes de la DAIA de entonces—se dedicaron a instalar pistas falsas, en connivencia con la SIDE menemista y el Juez Eduardo Galeano. Los años en la DAIA le permitieron a Avruj, además, sumar un título universitario a sus arcas simbólicas: comenzó su Licenciatura en organización Institucional en la Universidad Hebrea Bar Ilán, ubicada en Boulogne Sur Mer y Perón. En su paso por los claustros, el alumno Avruj se había hecho conocido por solicitar a sus profesores aquiescencias temporales y clemencias de calificación: sus repetidas ausencias y su limitado apego al estudio no se reflejaban en su avance y aprobación de materias. Varios profesores entrevistados para esta investigación atribuyeron la rápida obtención de su titulo al hecho de que el dueño/presidente de la universidad era el propio Beraja. Como Director Ejecutivo de la DAIA, Avruj fue financiado por la fundación “Creer y Crecer”, Think Tank coordinado por Rodríguez Larreta. Este vínculo subrepticio fue utilizado para poner a las oficinas de Pasteur 633 como centro impulsor de las dos candidaturas de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno. Una de ellas, quizás la más grosera, incluyó el armado de una “Mise-en-scène” de debate político pre-eleccionario, en abril de 2007, en la que participaron el propio Mauricio Macri y Daniel Filmus. En esa ocasión, la coordinación del evento estuvo a cargo del propio Claudio Avruj y los asistentes al mismo no pudieron disimular el escandaloso desbalance por el rol cumplido por el entonces director ejecutivo de la DAIA. Mediante estratagemas absolutamente incompatibles con el estatuto de la propia DAIA, que se declara(ba) “apartidaria”, organizó sistemáticas operaciones de prensa –en connivencia con los matutinos La Nación y Clarín— destinadas a convertir al peronismo y al resto de las fracciones ligadas al nacionalismo popular en versiones de claro cuño antisemita. Parte de esta difusión maliciosa incluyó la metódica difusión de tergiversaciones dirigidas hacia medios de comunicación internacionales y embajadas extranjeras donde sistemáticamente se sembraba la creencia de que el gobierno kirchnerista expresaba una clara impronta judeofóbica. Dicha siembra de falsedades fue canalizada posteriormente por los sectores berajistas y el candidato a diputado nacional Waldo Wolff, para orientar el caso de la denuncia y la muerte de fiscal Natalio Alberto Nisman, como el paradigma indudable de la persecución a una minoría. Operaciones Uno de los responsables de “operar” a los periodistas y diplomáticos extranjeros era el propio Claudio Avruj, con la colaboración del citado Alfredo Neuburger, quien se venía de desempeñar como asesor de Enrique Mathov, mientras éste último fue secretario de Seguridad del gobierno de la primera Alianza. Mathov fue condenado en mayo de 2016 a 4 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en los crímenes ejecutados por el gobierno de la primera Alianza, durante diciembre de 2001. Otro de los condenados en ese mismo juicio oral y público —en este caso a 4 años de prisión— fue el comisario Rubén Santos que un mes antes de esos episodios trágicos fue condecorado por la DAIA por “su compromiso con la comunidad judía de la argentina” en relación a la seguridad. En ese acto de noviembre de 2001, meses antes de la represión desatada por el gobierno aliancista. Los intrincados vínculos de la DAIA/AMIA con la Policía Federal y la Metropolitana remiten por un lado a la permanente necesidad de las instituciones judías de garantizarse la seguridad en los perímetros de sus escuelas, clubes y templos, hecho que motivó un circuito de financiamiento, desde estas últimas hacia las comisarías responsables de la seguridad. Esa circulación de dinero equívoco –cuyo movimiento inicial se remonta al año 1992, luego del atentado a la embajada de Israel, terminó sellando un imbricado pacto de protección (y silencio) compartido. Uno de los cicerones encargados de vehiculizar los acuerdos ha sido, desde mediados de los años ´90 hasta la actualidad, Claudio Avruj, quien se convirtió en el facilitador de la “visita” de los jefes policiales al edificio de Pasteur. Uno de los últimos jefes de esa fuerza, hoy procesado y encarcelado por actos de corrupción es el comisario José Potocar, quien es acusado de manejar una “caja paralela” de fondos ilegales para “garantizar» seguridad a comercios, instituciones y prostíbulos, gestionando “áreas liberadas” disponibles para justificar dichas recaudaciones. El intricado vínculo entre la policía y la AMIA/DAIA ha sido motivo de una extraordinaria investigación periodística

Fuente: Gabriela Cerruti | Nuestras Voces Fecha: 02 de JULIO 2017 Cada vez que anuncia que se retira de un negocio con el estado, Mauricio Macri se lo transfiere a Impregilo o Ghella, dos empresas herederas de Impresit, la constructora de la Fiat con la que Franco Macri fundó el imperio. Ya lo hizo con la depuración del Riachuelo, la represa Yaciretá, el plan cloacal en el Gran Buenos Aires, las obras del arroyo Maldonado, la concesión de autopistas y ahora el soterramiento del Sarmiento en medio del escándalo Odebrecht. El Heredero de La Famiglia se convirtió en El Jefe retomando los orígenes italianos de la fortuna. Mauricio se despertó esa mañana, y se había convertido en Franco. Así podría comenzar la historia que dé cuenta del pase de manos entre los Macri y sus socios de La Famiglia italiana que depositó hoy los principales negocios, nuevamente, en los herederos de aquella sociedad entre los Agnelli de la Fiat y el patriarca Franco a principios de los setenta. Claro que ahora esos negocios, las obras públicas más importantes de la Argentina, lo tienen a Macri de los dos lados del mostrador: el soterramiento del Sarmiento, la depuración del Riachuelo, la represa Yaciretá, el plan cloacal en el Gran Buenos Aires, el plan hídrico alrededor del arroyo Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires, y la concesión de las autopistas, entre muchas otras obras, son llevadas adelante por Impregilo y Ghella, a veces juntas, a veces por separado. Las dos empresas son los emporios italianos en que se transformó Impresit, la constructora de la Fiat de Giovanni Agnelli que a principios de los setenta se asoció con Franco para formar Sideco Americana armando la base de la fortuna familiar. En medio del escándalo por la corrupción en la licitación del soterramiento del Tren Sarmiento que involucra a Iecsa y Odebrecht, el presidente Mauricio Macri se negó tanto a detener las obras como a dar de baja el decreto por el cual le otorgó millones de dólares a las empresas en litigio. Para despegarse, el primo Angelo Calcaterra simuló primero una venta de Iecsa al empresario amigo Marcelo Midlin, venta incomprobable porque se hizo a título personal y no como empresa, así que no hay documento público que lo registre. Ahora, se anunció que Odebrecht se retira del negocio y queda todo en manos de Iecsa y Ghella. El cartel italiano Ghella es una pequeña empresa familiar italiana en manos de los hermanos Giandomenico, Enrico y Lorenzo Ghella, que actúa cartelizadamente con Impregilo tanto en Italia como en Latinoamérica. Suelen presentarse juntas a las licitaciones, formando consorcios o por separado, pero compiten siempre en las mismas convocatorias y se garantizan que una de las dos sea la elegida. Cuando decide radicarse en la Argentina para expandirse con sus negocios por Latinoamérica, Ghella traslada un director desde Impregilo: Gianvicenzo Coppi, cabeza del grupo en Brasil y que estaba siendo juzgado en ese país por denuncias de cartelización en las licitaciones de obras públicas en el estado de Salvador de Bahía. Impregilo es uno de los nombres que tomó durante los noventa Impresit, la empresa constructora propiedad de los Agnelli y la Fiat, que fue socia de los Macri durante décadas y dio origen al imperio familiar cuando formaron Impresit/Sideco. Gianvicenzo Coppi aparece sucesivamente como directivo en Impregilo, en Ghella y también en Iecsa y Creaurban, cuando éstas figuran a nombre de Calcaterra. Desde 1975 hasta 1994 fue director de Impresa. Del 94 al 2001 dirigió Impregilo primero en Milán y luego en Brasil. A partir de 2001 dirigió Ghella y Iecsa. Contra el padre La causa que investiga hoy el escándalo Odebrecht muestra que en el año 2006, siendo todavía Mauricio Macri formalmente accionista y directivo de Iecsa, se llevan adelante tanto la licitación para el entubamiento del arroyo Maldonado como la del soterramiento del Sarmiento. Luego de que su empresa gana las dos licitaciones, comienza el intento de ocultar su verdadero propietario y ponerlo a nombre de su primo Angelo Calcaterra. El primo del Presidente no tenía los fondos para comprar esas empresas, y en ese momento apareció salvadoramente Ghella, le prestó los fondos y formaron juntos ODS, la empresa controladora. Franco Macri se preguntaba entonces si Ghella no era en realidad testaferro del mismo Mauricio Macri. Y tenía viejas inquinas familiares para preguntárselo. La mayor pelea por el control de La Famiglia, que dividió a los Blanco Villegas de los Macri, se produjo a mediados de los noventa cuando Mauricio, su tío José Blanco Villegas y el gerente de Socma, Ricardo Zinn, llegaron a un acuerdo con la familia Agnelli, dueña de Impresit, a espaldas de Franco Macri, para quedarse con la representación de Fiat en la Argentina. Blanco Villegas y Ricardo Zinn debieron abandonar la empresa y los negocios, y Mauricio Macri tuvo su oportunidad como gerente de Fiat Sevel pero por poco tiempo. Sobrevino su secuestro, y dejó la empresa para presidir Boca Juniors. Ricardo Zinn murió en un extraño accidente aéreo sobrevolando Bolivia. Cuando Impregilo, la heredera de Impresit, volvió a la Argentina para asociarse a las empresas familiares y Ghella completó el acuerdo para poner a Angelo Calcaterra al frente de Iecsa, Franco Macri creyó ver el retorno de aquellos temas no resueltos en los noventas. Todo en las mismas manos Cada vez que Mauricio Macri, desde que asumió la jefatura de gobierno primero o la presidencia después, apareció dejando una empresa para no entrar en conflicto de intereses, siempre quedaron en manos o de Ghella o de Impregilo. Cuando asumió como jefe de gobierno, se desprendió de Iecsa para dejarla en manos de Ghella, que inmediatamente ganó la licitación para llevar adelante las obras del Arroyo Maldonado. Sideco abandonó el consorcio del plan cloacal del Gran Buenos Aires: lo dejó en manos de Impregilo. El plan de limpieza del Riachuelo, dividido en tres tramos, le otorgó el primero a Ghella y el tercero a Impregilo. Apenas asumió como Presidente, vendió a Sideco sus acciones en