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Fuente: Jorge Elbaum | Nuestras Voces Fecha: 10 de JULIO 2017 Un Secretario de Derechos Humanos que desarticula sistemáticamente los programas de su propia secretaria. Claudio Avruj, el pichón de Beraja que todavía le cubre los trapos sucios a su mentor en la justicia, los medios y la colectividad judía. Del encubrimiento del atentado a la AMIA al vaciamiento de los programas de Derechos Humanos de la era Macri. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación se ha encomendado a la tarea de vaciar, precarizar, invisibilizar y, si es posible, extinguir la totalidad de los programas instituidos en los últimos veinte años de democracia. Dichas actividades estaban destinadas a prevenir, capacitar, difundir, y asesorar en temáticas relacionadas con la discriminación, la violencia institucional y los crímenes de lesa humanidad. Los antecedentes biográficos, institucionales, empresariales, que posee Claudio Avruj, más el carácter de los funcionarios nombrados desde que asumió, explican con claridad el trasfondo del plan para anular el rol de la Secretaría. El resultado: víctimas y afectados sin atención, debates silenciados, causas judiciales paradas, acciones de prevención olvidadas y ausencia de acciones sobre nuevas violaciones a los DDHH. Berajismo Claudio Avruj no sería el funcionario que es hoy si no hubiera sido nombrado por Rubén Beraja, en 1997, como director ejecutivo de la DAIA. Venía de un paso por Centroamérica donde trabajó para una organización internacional (hoy vinculada a los sectores conservadores de la comunidad judía estadounidense). Su rol prioritario en la entidad ubicada en la calle Pasteur 633 consistió, entre otras funciones, en asistir al presidente de la entidad, denunciado años después como parte de un entramado destinado a encubrir el atentado a la AMIA. Beraja –al igual que el de muchos integrantes de la DAIA de entonces—se dedicaron a instalar pistas falsas, en connivencia con la SIDE menemista y el Juez Eduardo Galeano. Los años en la DAIA le permitieron a Avruj, además, sumar un título universitario a sus arcas simbólicas: comenzó su Licenciatura en organización Institucional en la Universidad Hebrea Bar Ilán, ubicada en Boulogne Sur Mer y Perón. En su paso por los claustros, el alumno Avruj se había hecho conocido por solicitar a sus profesores aquiescencias temporales y clemencias de calificación: sus repetidas ausencias y su limitado apego al estudio no se reflejaban en su avance y aprobación de materias. Varios profesores entrevistados para esta investigación atribuyeron la rápida obtención de su titulo al hecho de que el dueño/presidente de la universidad era el propio Beraja. Como Director Ejecutivo de la DAIA, Avruj fue financiado por la fundación “Creer y Crecer”, Think Tank coordinado por Rodríguez Larreta. Este vínculo subrepticio fue utilizado para poner a las oficinas de Pasteur 633 como centro impulsor de las dos candidaturas de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno. Una de ellas, quizás la más grosera, incluyó el armado de una “Mise-en-scène” de debate político pre-eleccionario, en abril de 2007, en la que participaron el propio Mauricio Macri y Daniel Filmus. En esa ocasión, la coordinación del evento estuvo a cargo del propio Claudio Avruj y los asistentes al mismo no pudieron disimular el escandaloso desbalance por el rol cumplido por el entonces director ejecutivo de la DAIA. Mediante estratagemas absolutamente incompatibles con el estatuto de la propia DAIA, que se declara(ba) “apartidaria”, organizó sistemáticas operaciones de prensa –en connivencia con los matutinos La Nación y Clarín— destinadas a convertir al peronismo y al resto de las fracciones ligadas al nacionalismo popular en versiones de claro cuño antisemita. Parte de esta difusión maliciosa incluyó la metódica difusión de tergiversaciones dirigidas hacia medios de comunicación internacionales y embajadas extranjeras donde sistemáticamente se sembraba la creencia de que el gobierno kirchnerista expresaba una clara impronta judeofóbica. Dicha siembra de falsedades fue canalizada posteriormente por los sectores berajistas y el candidato a diputado nacional Waldo Wolff, para orientar el caso de la denuncia y la muerte de fiscal Natalio Alberto Nisman, como el paradigma indudable de la persecución a una minoría. Operaciones Uno de los responsables de “operar” a los periodistas y diplomáticos extranjeros era el propio Claudio Avruj, con la colaboración del citado Alfredo Neuburger, quien se venía de desempeñar como asesor de Enrique Mathov, mientras éste último fue secretario de Seguridad del gobierno de la primera Alianza. Mathov fue condenado en mayo de 2016 a 4 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en los crímenes ejecutados por el gobierno de la primera Alianza, durante diciembre de 2001. Otro de los condenados en ese mismo juicio oral y público —en este caso a 4 años de prisión— fue el comisario Rubén Santos que un mes antes de esos episodios trágicos fue condecorado por la DAIA por “su compromiso con la comunidad judía de la argentina” en relación a la seguridad. En ese acto de noviembre de 2001, meses antes de la represión desatada por el gobierno aliancista. Los intrincados vínculos de la DAIA/AMIA con la Policía Federal y la Metropolitana remiten por un lado a la permanente necesidad de las instituciones judías de garantizarse la seguridad en los perímetros de sus escuelas, clubes y templos, hecho que motivó un circuito de financiamiento, desde estas últimas hacia las comisarías responsables de la seguridad. Esa circulación de dinero equívoco –cuyo movimiento inicial se remonta al año 1992, luego del atentado a la embajada de Israel, terminó sellando un imbricado pacto de protección (y silencio) compartido. Uno de los cicerones encargados de vehiculizar los acuerdos ha sido, desde mediados de los años ´90 hasta la actualidad, Claudio Avruj, quien se convirtió en el facilitador de la “visita” de los jefes policiales al edificio de Pasteur. Uno de los últimos jefes de esa fuerza, hoy procesado y encarcelado por actos de corrupción es el comisario José Potocar, quien es acusado de manejar una “caja paralela” de fondos ilegales para “garantizar» seguridad a comercios, instituciones y prostíbulos, gestionando “áreas liberadas” disponibles para justificar dichas recaudaciones. El intricado vínculo entre la policía y la AMIA/DAIA ha sido motivo de una extraordinaria investigación periodística

Fuente: Gabriela Cerruti | Nuestras Voces Fecha: 02 de JULIO 2017 Cada vez que anuncia que se retira de un negocio con el estado, Mauricio Macri se lo transfiere a Impregilo o Ghella, dos empresas herederas de Impresit, la constructora de la Fiat con la que Franco Macri fundó el imperio. Ya lo hizo con la depuración del Riachuelo, la represa Yaciretá, el plan cloacal en el Gran Buenos Aires, las obras del arroyo Maldonado, la concesión de autopistas y ahora el soterramiento del Sarmiento en medio del escándalo Odebrecht. El Heredero de La Famiglia se convirtió en El Jefe retomando los orígenes italianos de la fortuna. Mauricio se despertó esa mañana, y se había convertido en Franco. Así podría comenzar la historia que dé cuenta del pase de manos entre los Macri y sus socios de La Famiglia italiana que depositó hoy los principales negocios, nuevamente, en los herederos de aquella sociedad entre los Agnelli de la Fiat y el patriarca Franco a principios de los setenta. Claro que ahora esos negocios, las obras públicas más importantes de la Argentina, lo tienen a Macri de los dos lados del mostrador: el soterramiento del Sarmiento, la depuración del Riachuelo, la represa Yaciretá, el plan cloacal en el Gran Buenos Aires, el plan hídrico alrededor del arroyo Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires, y la concesión de las autopistas, entre muchas otras obras, son llevadas adelante por Impregilo y Ghella, a veces juntas, a veces por separado. Las dos empresas son los emporios italianos en que se transformó Impresit, la constructora de la Fiat de Giovanni Agnelli que a principios de los setenta se asoció con Franco para formar Sideco Americana armando la base de la fortuna familiar. En medio del escándalo por la corrupción en la licitación del soterramiento del Tren Sarmiento que involucra a Iecsa y Odebrecht, el presidente Mauricio Macri se negó tanto a detener las obras como a dar de baja el decreto por el cual le otorgó millones de dólares a las empresas en litigio. Para despegarse, el primo Angelo Calcaterra simuló primero una venta de Iecsa al empresario amigo Marcelo Midlin, venta incomprobable porque se hizo a título personal y no como empresa, así que no hay documento público que lo registre. Ahora, se anunció que Odebrecht se retira del negocio y queda todo en manos de Iecsa y Ghella. El cartel italiano Ghella es una pequeña empresa familiar italiana en manos de los hermanos Giandomenico, Enrico y Lorenzo Ghella, que actúa cartelizadamente con Impregilo tanto en Italia como en Latinoamérica. Suelen presentarse juntas a las licitaciones, formando consorcios o por separado, pero compiten siempre en las mismas convocatorias y se garantizan que una de las dos sea la elegida. Cuando decide radicarse en la Argentina para expandirse con sus negocios por Latinoamérica, Ghella traslada un director desde Impregilo: Gianvicenzo Coppi, cabeza del grupo en Brasil y que estaba siendo juzgado en ese país por denuncias de cartelización en las licitaciones de obras públicas en el estado de Salvador de Bahía. Impregilo es uno de los nombres que tomó durante los noventa Impresit, la empresa constructora propiedad de los Agnelli y la Fiat, que fue socia de los Macri durante décadas y dio origen al imperio familiar cuando formaron Impresit/Sideco. Gianvicenzo Coppi aparece sucesivamente como directivo en Impregilo, en Ghella y también en Iecsa y Creaurban, cuando éstas figuran a nombre de Calcaterra. Desde 1975 hasta 1994 fue director de Impresa. Del 94 al 2001 dirigió Impregilo primero en Milán y luego en Brasil. A partir de 2001 dirigió Ghella y Iecsa. Contra el padre La causa que investiga hoy el escándalo Odebrecht muestra que en el año 2006, siendo todavía Mauricio Macri formalmente accionista y directivo de Iecsa, se llevan adelante tanto la licitación para el entubamiento del arroyo Maldonado como la del soterramiento del Sarmiento. Luego de que su empresa gana las dos licitaciones, comienza el intento de ocultar su verdadero propietario y ponerlo a nombre de su primo Angelo Calcaterra. El primo del Presidente no tenía los fondos para comprar esas empresas, y en ese momento apareció salvadoramente Ghella, le prestó los fondos y formaron juntos ODS, la empresa controladora. Franco Macri se preguntaba entonces si Ghella no era en realidad testaferro del mismo Mauricio Macri. Y tenía viejas inquinas familiares para preguntárselo. La mayor pelea por el control de La Famiglia, que dividió a los Blanco Villegas de los Macri, se produjo a mediados de los noventa cuando Mauricio, su tío José Blanco Villegas y el gerente de Socma, Ricardo Zinn, llegaron a un acuerdo con la familia Agnelli, dueña de Impresit, a espaldas de Franco Macri, para quedarse con la representación de Fiat en la Argentina. Blanco Villegas y Ricardo Zinn debieron abandonar la empresa y los negocios, y Mauricio Macri tuvo su oportunidad como gerente de Fiat Sevel pero por poco tiempo. Sobrevino su secuestro, y dejó la empresa para presidir Boca Juniors. Ricardo Zinn murió en un extraño accidente aéreo sobrevolando Bolivia. Cuando Impregilo, la heredera de Impresit, volvió a la Argentina para asociarse a las empresas familiares y Ghella completó el acuerdo para poner a Angelo Calcaterra al frente de Iecsa, Franco Macri creyó ver el retorno de aquellos temas no resueltos en los noventas. Todo en las mismas manos Cada vez que Mauricio Macri, desde que asumió la jefatura de gobierno primero o la presidencia después, apareció dejando una empresa para no entrar en conflicto de intereses, siempre quedaron en manos o de Ghella o de Impregilo. Cuando asumió como jefe de gobierno, se desprendió de Iecsa para dejarla en manos de Ghella, que inmediatamente ganó la licitación para llevar adelante las obras del Arroyo Maldonado. Sideco abandonó el consorcio del plan cloacal del Gran Buenos Aires: lo dejó en manos de Impregilo. El plan de limpieza del Riachuelo, dividido en tres tramos, le otorgó el primero a Ghella y el tercero a Impregilo. Apenas asumió como Presidente, vendió a Sideco sus acciones en

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 FECHA: 02 de JULIO 2017 Durán Barba fue uno de los oradores centrales de la reunión de candidatos de Cambiemos de todo el país: la publicidad ha colonizado a la política. Hoy a eso se le llama “comunicación” pero ésta ha pasado a ser una palabra ambigua. Es la misma que se usó siempre en referencia a la capacidad particular de algunas personas para transmitir conocimientos y puntos de vista a una determinada audiencia social. En la política contemporánea la comunicación deja paso a la publicidad; hay una mercancía particular, la etiqueta política, de cuyas bondades habrá que convencer al consumidor votante. Como se sabe por la ya larga historia de la industria publicitaria, el género excluye la cuestión de la verdad como límite de su lenguaje. En su “Utopía de un hombre que está cansado” Borges mira nuestra época desde el futuro y dice que la gente era ingenua y creía que una mercancía era buena porque así lo aseguraba el fabricante. Agrega el mismo personaje refiriéndose también a nuestro tiempo “las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas”. Hay que aclarar que Borges escribió ese texto hace más de cuarenta años. Aún así la comunicación política sigue existiendo, aún cuando hay que esforzarse por encontrarla fuera de los shows mediáticos y de la publicidad partidaria. Lo que hoy se comunica es un antagonismo político central que ninguno de los protagonistas se preocupa demasiado en ocultar. Cada una de las partes lo nombra a su manera: para unos hoy se dirime un futuro de libertad, progreso y transparencia frente a otro de populismo, autoritarismo y corrupción; otros dicen que está en juego un país soberano, industrializado e inclusivo o una neocolonia atrasada e injusta. El problema de los neoliberales en esta disputa es que los meses de gobierno macrista han constituido una muestra formidable a favor del modo nacional-popular de designar la confrontación. La enajenación de soberanía, la injusticia social y la decadencia industrial está puesta en escena con una velocidad que impacta, bajo la forma del brutal endeudamiento, la apertura de la economía, la pérdida de valor de los salarios y las jubilaciones, el crecimiento de la desocupación, el cierre de empresas nacionales, el retroceso de la política universitaria y científica, entre muchos otros aspectos. En cambio sería difícil encontrar algún indicador que señale en qué sentido se ha avanzado hacia la libertad, el progreso y la transparencia. Los días de la política gubernamental están dedicados a disimular y ocultar la realidad, a demonizar a todo lo que tenga aroma a kirchnerismo y a desplegar el repertorio publicitario del cambio, la alegría, el futuro y otros trucos de esa índole. El mito democrático dice que en las elecciones se hace un balance de un determinado período político; en el caso de una elección de medio término se trata de hacerlo sobre cómo estaba el país dos años antes y cómo está ahora. Es un mito, por lo tanto se equivoca quien quiere verlo aparecer en la realidad, pero el problema es que cuando la realidad se distancia tanto del mito como para transformarse en su contrario lo que se está afectando es la legitimidad democrática. Y lo que se está incubando es una profunda crisis política a la hora -más lejana o más cercana pero inevitable- en que la publicidad deje paso a la verdad. Un escéptico puede tranquilamente predecir que ese momento no llegará, pero ese nihilismo no puede ocultar que la historia está cargada de este tipo de episodios que son las revoluciones y los cataclismos sociales. El hecho es que el gobierno va a utilizar todos los recursos para evitar que ese balance más o menos sencillo ocupe un lugar decisivo en la decisión de voto de los argentinos. Lo curioso es que la batalla publicitaria del gobierno cuenta con el concurso de buena parte de la oposición. El gobierno necesita una discusión sobre los gobiernos de Cristina, convenientemente interpretados por los expertos en acción psicológica. Hace falta la identificación absoluta de la ex presidenta y sus seguidores como el mal absoluto para diluir la dura realidad que se vive en el país. Pero la oposición no kirchnerista ya antes de la campaña adelanta que el objeto principal del ataque será la demonización de los gobiernos anteriores. Se trata de un caso probablemente inédito de una coalición política de hecho contra una fuerza que no está en el gobierno. Es decir que no se la intenta reemplazar en el gobierno sino hacerla desaparecer de la escena política. La más clara representante de ese consenso proscriptivo es Stolbizer, hoy aliada de Massa y la que hará el trabajo sucio contra la ex presidenta que éste no quiere asumir personalmente en la campaña. Bruscamente la política argentina se ha librado de los fantasmas del pluralismo, la alternancia y la convivencia política para adoptar el discurso de la intolerancia, la persecución y el odio. Lo más interesante, sin embargo, no es el odio sino los cimientos sobre los que se sostiene; es la venganza de los poderes establecidos que van desde los grandes grupos de poder económico hasta los más diversos rincones académicos, periodísticos, parlamentarios y judiciales que se sienten la Argentina real. Es decir la Argentina del nombre, del poder, del dinero, de la fama, de la visibilidad. Llama la atención el lugar que ocupa la palabra resentimiento en el discurso del establishment; alude con toda probabilidad al sentimiento de quienes ocuparon durante un tiempo el lugar que nunca debieron ocupar, que consumieron lo que no les era dado consumir y se hicieron visibles cuando su sino es la invisibilidad. No es un partido o una doctrina lo que está en discusión sino una experiencia social y política mucho más abarcativa que un nombre, que incluye a muchísimos argentinos que no simpatizaron ni simpatizan con el “régimen”. Los trabajadores que protestan, los pobres que cortan calles, los científicos que luchan son “resentidos” según el gobierno y