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Quimeras del Tiranosaurio Rex

Fuente: Jorge Elbaum |  elcohetealaluna.com Fecha: 11 de FEB 2018 La relación entre Estados Unidos y América Latina está atravesada por la crisis política instaurada desde la asunción del gobierno de Donald Trump y la contradicción de una política aislacionista sustentada por el gobierno estadounidense, en un mundo que tiende hacia la multipolaridad. La reciente gira del jefe del departamento de Estado, Rex Tillerson, puso en evidencia la confusa y contradictoria política exterior expuesta por Trump en Davos, al cuestionar el modelo de globalización de las inversiones, despreciar los mecanismos diplomáticos como formato de resolución de conflictos internacionales y reiterar su lema (provocador) de unilateralidad despótica, titulada America First. En este contexto se enmarcó el recorrido de Tillerson. El periplo fue prologado por un sintomático discurso en la Universidad de Austin, Texas, de la cual el actual secretario de Estado es egresado. En ese encuentro adelantó los ejes de su visita a la región, orientados básicamente por tres preocupaciones: (a) Restituir el prestigio de Washington en un espacio que continúan considerando como su patio trasero; (b) Contribuir al cerco económico, político y diplomático sobre la Venezuela chavista, y (c) Recuperar parte del terreno perdido frente a la paciente y persistente avanzada de Rusia y China en la región. La desabrida gira del vicepresidente Mike Pence en agosto de 2017 (que incluyó Colombia, Chile, Argentina y Panamá) y la recurrente andanada de fraseología supremacista utilizada por el empresario devenido en primer mandatario, contribuyó al constante derrumbe de la imagen de Washington entre los latinoamericanos. Los sondeos actuales muestran la máxima caída histórica en ese rubro: el último número de la revista Foreign Policy ubicó en un 24 por ciento la aceptación de las políticas exteriores ligadas con la región y la encuestadora Gallup sitúa la consideración positiva del gobierno de Donald Trump —entre los latinoamericanos— en un piso histórico del 16 por ciento, según los datos difundidos a fines de enero por la investigadora Elizabeth Keating. Desde que asumió Trump, las temáticas del muro con México y el supremacismo WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant: blanco, anglosajón y protestante) han restringido el vínculo con sus vecinos al sur del Río Bravo. El desprecio recurrente hacia los migrantes se vio ahondado recientemente ante la incendiaria pregunta retórica, proferida por Donald Trump en enero de este año, en el marco de los debates sobre los cambios en la legislación de migraciones: “¿Para qué queremos a esta gente de países de mierda?”. Con similar timing que su jefe, Tillerson instigó a los militares venezolanos a dar un golpe de Estado, antes de visitar a sus vecinos del sur. Las soluciones del incendio Su excéntrica apología bélica fue enunciada mediante un giro lingüístico carente de sutileza: “La forma en que habitualmente se solucionan los problemas en América Latina es con un golpe militar. Luego ordenan el país”. Casi de forma inmediata el general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Vladimir Padrino, rodeado de los comandantes de las distintas instituciones castrenses, brindó una respuesta a la solicitud de Tillerson: “La FANB rechaza de manera radical tan deplorables declaraciones que constituyen además un nefasto acto de injerencismo. En Venezuela no aceptaremos jamás que algún gobierno o potencia extranjera intervenga bajo ninguna forma”. El mismo general señaló más adelante que la gira de Tillerson se asemeja a “un juego de torero mediocre en una infeliz tarde” que tiene el objeto de “persuadir a los gobiernos latinoamericanos para intervenir en Venezuela”. Durante la gira del vicepresidente estadounidense Pence se pretendió orientar el vínculo continental en un formato de sociedad comercial cooperante, pero el vicepresidente viajero tuvo que dedicar gran parte de su periplo a minimizar un oportuno Twit de Trump en el que amenazaba con una invasión militar a la Venezuela de Maduro. La relación entre Caracas y el actual jefe de la diplomacia estadounidense está enmarcada —además— en el conflicto puntual entre la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) y EXXONMobil, la corporación trasnacional que fue dirigida por actual jefe de la diplomacia de EE.UU. entre 2006 y 2016. La empresa liderada por Tilleson demandó a la PDVSA ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por un monto de 20.000 millones de dólares en 2007, después que la venezolana de energía —en tiempos de Hugo Chávez— nacionalizó la Faja del Orinoco. En ese año la República Bolivariana decidió no renovar los contratos con EXXON en Cerro Negro y La Ceiba. Luego de diez años de enfrentamientos legales, en marzo de 2017 el tribunal arbitral del Banco Mundial laudó a favor de Venezuela advirtiendo que la demanda de EXXON incluía irregularidades y excluyó a la petrolera estatal venezolana de pagar indemnización alguna. Según analistas internacionales, la derrota de EXXON —y de su CEO, Tillerson— fue la peor capitulación legal de su historia. El literal fracaso de Tillerson en conseguir seguidores para la aventura golpista en Venezuela quedó en evidencia, además, con la advertencia realizada por varios presidentes acerca de la potencial guerra civil que podría generar cualquier escalada militar y su potencial ola expansiva de violencia regional. Las declaraciones de Tillerson fueron rechazadas incluso por el canciller del gobierno de facto brasileño, Aloyso Nunes, quien advirtió que cualquier cambio debe ser tramitado únicamente “mediante el pueblo venezolano”. La desilusión de Tillerson sólo pudo ser compensada gracias a un puntual éxito pírrico: a través de una operación realizada en Bogotá, logró que gran parte de la oposición venezolana se abstenga de firmar las actas de los acuerdos de paz que se tramitan en República Dominicana, avalado por su presidente Danilo Medina. Dichos convenios fueron negociados durante las seis jornadas previas, con el objeto de consensuar un cronograma electoral. El jueves 8, mientras concluía la gira de Tillerson, el mediador y garante de los acuerdos de paz celebrados en Santo Domingo, Luis Rodriguez Zapatero —ex primer mandatario español por el PSOE, alguien insospechado de chavismo— declaró: “De manera inesperada el documento no fue suscripto por la representación de la oposición”. En la perspectiva de los funcionarios que rodeaban a Tillerson, el impedimento de lograr

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Carta de José Luis Rodríguez Zapatero a la comunidad internacional y oposición venezolana

Fuente: Prensa Web RNV | aporrea.org Fecha: 08 de FEB 2018 «Esta petición la formulo desde mi convicción profunda en la necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo», esta es parte de la carta escrita por el ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, quién fungió como mediador entre la oposición y el Gobierno Bolivariano por un lapso de dos años para solucionar las diferencias políticas entre las partes. La publicación ésta dirigida a la comunidad internacional y al pueblo venezolano, en donde dejó por sentada su posición respecto a la negativa de la oposición en firmar el acuerdo, que ya fuera estudiado y trabajado por ese largo tiempo, vale recordar que la delegación de la oposición venezolana firmó un pre acuerdo el pasado 31 de enero en Santo Domingo. Lea la carta integra del ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero Caracas, 07 Feb.- Santo Domingo, D.N, 7 de febrero de 2018 Muy señor mío: Después de trabajar sin descanso durante dos años por una convivencia pacifica, democrática, de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela, y con el espíritu de reconciliación entre todos los venezolanos, y tras un esfuerzo ingente de diálogo, auspiciado en los últimos meses por el esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de República Dominicana, con el acompañamiento de un grupo de países amigos, se culminó en un consenso básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela, concretado en un documento presentado a las partes que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses, a saber, el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los comicios, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática. De manera inesperada para mi, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado. Esta petición la formulo desde mi convicción profunda en la necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo. Espero su respuesta favorable; Recibas un cordial saludo, FDO JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO   Notas relacionadas: Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela Sabotaje a la democracia en Venezuela    

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«La unidad opositora en las calles va a seguir, hay que ver si la dirigencia política puede representarla»

Fuente: Enrique de la Calle | Ag. Paco Urondo Fecha: 07 de FEB 2018 El antropólogo Alejandro Grimson dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre la situación de la oposición al macrismo. «La unidad es posible si quienes participen aceptan que la discusión programática está antes que el debate por la conducción política». APU: ¿Cómo ve el debate en torno a la unidad de la oposición al macrismo? Alejandro Grimson: Desde que asumió Mauricio Macri veo un gran proceso de movilización social por diferentes temas: violencia contra las mujeres, trabajo, reforma previsional, derechos humanos, contra los tarifazos, etc. Han habido movilizaciones muy importantes protagonizadas por sectores muy diversos de la sociedad. Ninguna de esas movilizaciones fue de un solo sector político. Tampoco en el caso de las últimas, contra la reforma previsional. Confluyeron allí muchos actores que van más allá del peronismo, sea de la izquierda clásica o popular, y también «independientes», que no se definen políticamente. APU: En principio, ¿todos se definen opositores al macrismo? AG: Lo defino como oposición al neoliberalismo, sea la variante macrista o cualquier otra. Son movilizaciones contrarias a cualquier intento de restauración en ese sentido y buscan garantizar derechos. Ahí hubo unidad. Uno de los cantos más impresionantes en las últimas marchas fue «unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode». Ese fue un cantito que estuvo muy presente y tiene que ver con un deseo extendido: la idea de que la unidad que está en las calles tenga una representación política. Pasa que por ahora ningún sector político puede representar esa diversidad. Ahí aparece el primer problema: ¿es posible representar políticamente a la unidad que hay en las calles? Creo que es posible pero todo el mundo que participe de esa unidad debe aceptar que la discusión programática está antes que el debate por la conducción política. Primero debe haber unidad programática, que exprese la diversidad de reclamos que hay en las calles. APU: ¿Cree que el macrismo también leyó ese nivel de movilización existente en la sociedad, y por eso se inclinó por el «gradualismo» antes que por ajuste más ortodoxo? AG: Sí, porque el macrismo antepone la política a la economía. Por eso está tan preocupado ahora por las encuestas que circulan. Tienen en claro sus objetivos económicos pero también quiere ganar elecciones. Eso se le complicó en diciembre pasado. Hasta el momento funcionó así Cambiemos. APU: Hay que ver hasta cuándo puede anteponer la política a la economía… AG: Claro, porque eso depende de factores internos y externos, vinculados a las tasas y a la situación financiera internacional. De cualquier modo, se trata de procesos que están abiertos, hay que ver qué pasa con las paritarias de este año, donde la respuesta de la opinión pública también va a ser dispar a ese proceso. Por eso digo que la situación está abierta. El Gobierno salió golpeado del debate previsional y ahora sumó otros temas como lo de Triaca, el ARA San Juan, Etchevehere. APU: Vuelvo a la pregunta por la unidad: ¿Usted piensa en una unidad que trascienda al peronismo? AG: Hay que construir un gran frente contra el neoliberalismo. En ese marco, puede haber sectores minoritarios del peronismo que queden afuera o subordinados a ese programa. Es muy difícil que sectores tradicionales de la izquierda se integren por su propia concepción política. Eso lo sabemos. Eso es así. Pero es importante invitar a todos los sectores. APU: Analizó recién las movilizaciones de resistencia contra el neoliberalismo. ¿Por qué cree que ese programa neoliberal mantiene importantes niveles de adhesión?  AG: Hay varios elementos para explicar por qué el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015. Por un lado, está la explicación más clásica, que tiene que ver con los factores de poder. La restricción externa, el poder de los medios, la Justicia, etc. Más allá de esos análisis hay otros elementos. En 2013, escribí en Página 12 que de seguir así en términos políticos se podía perder. Porque entendí que no se puede gobernar sin construir hegemonía, sin articular alianzas, sin ampararse en una base social más heterogénea. A todos los poderes reales que ya conocemos hay que sumarle esos errores políticos. Si eso no se entiende caemos en el problema de volver a repetirlos. No se pueden discutir las diferencias políticas en términos morales. El otro que piensa diferente no es un traidor. Eso tiene que ver con el bajo nivel de muchos cuadros políticos. APU: ¿Ese quiebre político es responsabilidad de los cuadros políticos o por detrás hay una fractura social que explica esas diferencias? AG: Si nos quedamos solo con el análisis de los liderazgos políticos no entendimos nada. Lo digo mirando para adelante: la unidad se construye no tanto sumando dirigentes diversos como construyendo una alternativa de gobierno. Para eso hay que recorrer un largo camino. Mirado hacia atrás surge ese balance: si no era Sergio Massa hubiese sido otro, como lo fue Francisco de Narváez. Los procesos siempre son más profundos, no tienen que ver con un nombre. El kirchnerismo terminó perdiendo en muchas ciudades de todo el país. Y tampoco tiene que ver solo con el kirchnerismo: eso pasó en toda la región. Como sea, me parece que 2011 fue un año clave, porque el error de caracterización del 54% fue devastador para la gestión política del Frente para la Victoria. Fue un error interpretar ese 54% como voto kirchnerista. Por definición, si uno saca ese porcentaje siempre se trata de un voto diverso. Ahí abajo hay muchas cosas. Pasa lo mismo con el 51% que sacó el macrismo. Ningún proyecto político construye una mayoría homogénea. APU: Como cierre: ¿usted coincide con aquellos que sostienen que la unidad se va a dar antes en las calles que en la superestructura política? AG: La unidad en las calles va a seguir. Hay que ver si la dirigencia política logra representar esa unidad que se da en las calles y que es diversa, o será que esa unidad busca sus propios representantes políticos. Lo mejor que

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Elisa Carrió a Germán Garavano: “Le solicité enfáticamente que no impidiera el trabajo de la Dra. Stilman”

Fuente: Vis a Vis Fecha: 07 de FEB 2018 La diputada nacional por Cambiemos, Dra. Elisa Carrio publicó en su cuenta de Twitter una carta enviada, el 28 de abril del 2017, a la titular de la Oficina Anticorrupción Lic. Laura Alonso, en la que se refiere a los manejos del Ministerio de Justicia, más precisamente del ministro Dr. Germán Garavano, con respecto a la querella del Estado en el juicio oral y público por irregularidades del atentado a la AMIA que, en este momento, se encuentra en la etapa de los alegatos. En dicha misiva, que tiene un relato cronológico, la diputada revela el ingreso de la Dra. Mariana Stilman como querellante por parte del Estado debido a que los letrados que estaban siguiendo el juicio durante el gobierno de Cristina Kirchner habían presentando sus renuncias. En la extensa carta relata que a partir de su nombramiento y por una situación que sucedió durante el juicio, le “llamaron la atención” y le sugirieron que le iban a dar el “pase” a otro lugar dentro del mismo ministerio. A partir de ahí se le colocó un “veedor” que se sentaba detrás de la Dra. Stilman para presenciar el juicio. Cabe señalar que en ningún momento de la carta hace mención al nombre de este letrado que comenzó a presenciar el juicio, aunque pareciera que se refiere a José Console, el abogado que leyó el alegato el 1 de febrero:  “A partir de esa decisión y de ese empoderamiento otorgado por el Sr. Ministro al otro letrado, éste le impidió contestar un traslado respecto de una impugnación que hicieran las defensas para que no declarara un testigo ofrecido por la propia querella del Estado, la Fiscalía y el resto de las querellas; testigo de suma importancia para el Juicio, en tanto fue quien con sus denuncias dio origen al trámite de la causa. Luego de lo cual, el mismo letrado también le requirió de muy mala manera que no mantuviera ningún contacto o conversación con el letrado de otras de las querellas, refiriéndole la necesidad de hacer un cambio en la actitud de la querella”.  El martes por la tarde, a través de un comunicado de la Coalición Cívica ARI, se refirió a la carta que difundió hoy en su cuenta de Twitter la diputada nacional y, además, aseveró: “No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo ni del encubrimiento judicial alguno”. 

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La acusación que preocupa a la dirigencia judía

Fuente: Horacio Lutzky | pucheronews.com Fecha: 06 de FEB 2018 Frente a la gravedad de los sucesos recientes en el juicio por encubrimiento en la causa AMIA, nos urge publicar una trilogía sobre qué se encubre, qué se juzga y porqué la acusación molesta a la dirigencia judía. Lo reciente El jueves 1 de febrero de 2018, el Ministro de Justicia Garavano tras mucho presionar al titular de la Unidad AMIA, el radical Mario Cimadevilla, y pese a la opinión de éste último en contrario, ordenó desplazar al abogado que ese mismo día iba a leer el alegato acusatorio del Ministerio en el juicio por el encubrimiento del atentado, y reemplazarlo por José Console, un abogado «del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors»,  entidad que preside el operador judicial de Macri, Daniel Angelici.  El gobierno cómplice del encubrimiento Lo esencial no era la voz de quien leería el alegato, sino el contenido de esa pieza que había sido elaborada por la Unidad AMIA del Ministerio, en la misma línea de la acusación formulada por los fiscales de la UFI AMIA en diciembre del año pasado . La nueva orden del gobierno -que trascendió con intercambio de misivas incluido- era eliminar la acusación contra los colaboradores del ex juez Galeano: sus entonces fiscales Mullen y Barbaccia, imputados de colaborar en la maniobra consumada con en el pago de U$400.000 al preso Telleldín para comprarle una declaración con la cual se desvió la causa. Ya en marzo 2017, los abogados Stilman, Strajman y Ferrari renunciaron a seguir representando la querella del Ministerio, denunciando las presiones de Garavano para “sacar el pie del acelerador” con las acusaciones. El abogado José Console, siguiendo instrucciones de Garavano, el 1º de febrero de 2018 cambió sobre la marcha el contenido de la acusación que había preparado la Unidad AMIA, y, en lugar de acusar, pasó a defender a los ex fiscales colaboradores del procesado Galeano,  Mullen y Barbaccia, desautorizando el trabajo de la Unidad, y contradiciendo el pedido de penas de 8 años de prisión planteado por el Ministerio Público Fiscal en diciembre. Tampoco acusará al Comisario “Fino” Palacios. Los ex fiscales Mullen y Barbaccia, así como el “Fino” Palacios, mantienen desde hace años fuertes lazos con el macrismo, y los tres con la dirigencia judía desde la época del atentado. Palacios, además, fue el elegido por Macri para dirigir la recién formada Policía Metropolitana. En el desprolijo recorte de último momento, no obstante sacar del escenario encubridor a Palacios, Mullen y Barbaccia, en el alegato del Ministerio quedó en pie la acusación por el encubrimiento de la “pista siria”, siempre negada por la DAIA-AMIA y la historia oficial,  y la acusación contra el propio Beraja, ex presidente de la DAIA. Déjà vu: AMIA y DAIA apoyan a los encubridores Es entonces la hora de acudir a los viejos operadores de DAIA-AMIA para embestir contra la Unidad especial de investigación, tarea que en este caso asume uno de los mismos protagonistas que se encargaron de similares tareas hace años, el actual titular de AMIA Agustín Zbar. En twitter,  Zbar define la investigación del encubrimiento como “delirios interpretativos” y “teorías inverosímiles”, y ese tuit fue avalado por Garavano, que lo reenvió. Zbar finalizó el comunicado en el que niega la existencia de encubrimiento alguno y defiende enfáticamente a los ex fiscales y a Beraja, interpelando a la DAIA para que fije  posición. El comunicado de DAIA apoyando a Beraja llegó apenas horas después: La asombrosa liviandad de Agustín Zbar Desde hace muchos años Zbar despliega denodados esfuerzos en neutralizar la investigación del encubrimiento que quita el sueño a la dirigencia judía de la década menemista. El infatigable padre de una de las víctimas del atentado a la Embajada, Carlos Susevich, a sus 82 años de edad fue infructuosamente hostigado por Zbar para que bajara el tono de sus reclamos. El fiscal Alberto Nisman en su momento decidió querellar penalmente a Zbar porque afirmó haber sido por él coaccionado el 22 de mayo de 2009 para que no continuara investigando esa turbia historia. Según refirió Nisman, Zbar lo habría amenazado telefónicamente, diciéndole que si no paraba de investigar a Beraja, al destituido juez Galeano y a los ex fiscales “te tiro la comunidad encima”. Ante la querella promovida, se presentaron como defensores de Zbar los abogados Jorge Kirszenbaum (ex presidente de DAIA, asesor de Beraja, defensor penal además de Fernando de la Rúa) y Juan José Ávila. Este último actuó en el juicio oral por el atentado,  defendiendo en nombre de la AMIA lo realizado por el ex juez Galeano y sus adláteres,  codo a codo con la abogada Nercellas. Las pruebas de Nisman resultaron insuficientes y la querella no prosperó, pero el conflicto quedó en evidencia. Zbar intentó en el 2009 convertirse en presidente de DAIA, pero a último momento retiró su candidatura al no reunir los apoyos suficientes, aunque acusando al fiscal Nisman de ser el causante de su defección. «No es la primera vez -ni será la última- que la mala fe y la mezquindad, llevan a una persona a colocar todas las culpas en otro», replicó Nisman respecto de Zbar en un comunicado. Como parte de la polémica, en diálogo con La Nación Zbar además acusó a Nisman de «haber consagrado la impunidad de la conexión local del atentado» terrorista de julio de 1994. Y en una gacetilla, sostuvo que a horas de la votación para la DAIA «el señor Alberto Nisman insistió en afirmar falsedades en mi contra solicitando mi procesamiento y mi prisión en una causa que él mismo inició por un delito que sólo existe en sus maquinaciones». «Utilizando su investidura de funcionario público, el señor Nisman se dedicó en la última semana a difamarme públicamente, con una asombrosa liviandad y sin el aval de ningún elemento probatorio«,  agregó. Probablemente los dos tuvieran razón. «Delito que solo existe en sus maquinaciones»,  «asombrosa liviandad», y «sin el aval de ningún elemento probatorio»,  decía Zbar cuando la acusación era contra él por coaccionar para frenar la investigación sobre Beraja, Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia. En cambio, años después, luce la firma de Zbar al pie de la indignada solicitada en apoyo de la

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Por opinar contra un macrista

Fuente: Pagina 12 Fecha: 06 de FEB 2018 En una llamativa decisión, el juez federal Sergio Torres citó ayer a indagatoria al diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau, en el marco de una denuncia presentada por el diputado macrista Waldo Wolff, quien lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de violar la ley antidiscriminatoria porque lo relacionó con la Mossad, los servicios secretos israelíes. “Es todo una gran mentira. La discusión no es en torno a la religión, es sobre el rol que está jugando la derecha israelí en el proceso inventado en torno a la causa Nisman”, le dijo Moreau a Página 12. El diputado se enteró por los medios de la citación, a la que ya debieron cambiarle la fecha, porque se había convocado para el 1º de marzo, día en que los legisladores deben asistir a la apertura de sesiones del Congreso. “El 8/11/17 L. Moreau me extranjerizó diciendo que soy agente israelí por mi condición de judío como se hizo en los peores momentos de la historia. Dije que no lo iba a permitir. Hoy fue llamado a indagatoria por la ley antidiscriminatoria”, celebró ayer Wolff, que además fue vicepresidente de la DAIA, por Twitter. La denuncia se produjo luego de la participación de Moreau en un programa de televisión. En su momento, Moreau respondió a la presentación de Wolff con una carta documento. “Honre a los judíos y deje de invocarlos para justificar su personal alineamiento con la derecha argentina, encarnada hoy por el PRO, con la derecha norteamericana y con la ultra derecha israelí. No hace falta inferir ese agravio a su propia colectividad para darle un sentido épico, que no tiene, a sus intereses y filosofía política”, escribió el diputado de UC. Moreau afirmó que el legislador de Cambiemos “pisotea” la Constitución “con reiteradas mentiras, inventos de supuestas conspiraciones y en el impulso de causas judiciales que parecieran servir a intereses geopolíticos ajenos a nuestra realidad nacional y continental”, y resaltó que “tan grave y canallesco como el negacionismo con respecto al Holocausto es utilizar esa tragedia que vivió la humanidad en defensa propia para justificar determinados intereses políticos y jurídicos”. Moreau se remitió en su descargo a un informe del Llamamiento Argentino Judío, en abril de 2017, en el que se afirma que Wolff participó en conferencias de ciberseguridad y armamentos en la ciudad de Tel Aviv y describe los vínculos del diputado con el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman. “Sobre su relación con el Mossad, Ud. sabrá mejor que nadie qué características tiene”, afirmó. Por otro lado, el titular del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum,  consideró que en su denuncia Wolff “asocia la agencia de inteligencia israelí a la identidad judía, confundiendo a la opinión pública acerca del significado real de la judeofobia: se puede pertenecer al Mossad sin ser judío. El antisemitismo –que Wolff intenta constituir como su escudo político– no puede ni debe ser utilizado como subterfugio para defenderse, ni para agraviar”. Añadió que “dicha utilización, de paso, le ha permitido licuar su íntima relación con los servicios de inteligencia israelíes con los que trabajó siendo vicepresidente de la DAIA. De hecho, el cargo asumido por Wolff el 19 de noviembre de 2012 en la entidad de Pasteur 633 supone la responsabilidad prioritaria de coordinar oficialmente con la seguridad de la embajada de Israel en la Argentina. Esos vínculos son los que le permitieron llegar hasta las más altas esferas del PRO, para garantizarse un sitial en comisión bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior”. El ex fiscal Manuel Garrido, que durante su labor en la Justicia presentó numerosas denuncias contra el gobierno kirchnerista, afirmó sobre la causa contra Moreau: “Otro mamarracho judicial. Un delito inventado y la persecución por opiniones políticas de un diputado nacional que ya han sido respondidas en la Cámara y en los medios”. Nota relacionadas Interna en el Gobierno: Elisa Carrió cargó contra el ministro de Justicia por la causa del encubrimiento de la AMIA Caso AMIA: Germán Garavano abrió un frente con la UCR y otro con Elisa Carrió  

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El ocultamiento del cambio

Fuente J. Strada, E. Sacco y H. Letcher | Suplemento Cash Fecha: 4 de FEB 2018 Desde la asunción de Cambiemos, el Gobierno puso especial ahínco en la política oficial respecto al índice de precios. Esta política se sustentó en dos ejes centrales. Por un lado, la deliberada discontinuidad en la serie de inflación, impidiendo comparar la información. En los últimos 10 años hubo 5 cambios de metodología en el índice de precios al consumidor, de los cuales 3 se realizaron en los primeros dos años de la administración de Jorge Todesca. Además, en 2019, según la información que brinda el Indec, está previsto un nuevo cambio. La implementación repetida de cambios metodológicos en poco tiempo genera discontinuidad en la serie, poniendo a disposición información incomparable entre sí. Por otro lado, ya que un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo, la subestimación del peso de los servicios sobre tal canasta desnaturaliza la función del indicador. Las canastas de consumo (qué cosas consumen los argentinos y en qué proporciones) se determinan a partir de Encuestas de Gastos que se realizan aproximadamente cada 10 años. Es importante realizar estas actualizaciones para introducir las novedades que vayan surgiendo en los hábitos de consumo. El problema actual reside en el cambio profundo de política de Cambiemos en materia de servicios, y los efectos que la quita de retenciones y el desmantelamiento de la Secretaria de Comercio tuvieron en relación al precio de los alimentos. El efecto que los cambios bruscos de precios relativos pueden tener sobre la estructura de consumo de los hogares dificulta la representatividad de cualquier encuesta, ya que en solo dos años el peso de los servicios y alimentos sobre el total de gastos aumentó sensiblemente. Si bien existe una tensión entre la estabilidad y la representatividad de un índice de precios, la administración de Jorge Todesca aplicó numerosos cambios que afectan la estabilidad y a pesar de esto el resultado obtenido es muy poco satisfactorio respecto de la representatividad. El cambio permanente En 2007 se comienza a publicar el índice de precios basado en la encuesta de gastos 2004-2005. Apenas unos meses más tarde surgen críticas sobre la veracidad de los datos de inflación y se construyen índices que buscan reemplazar la información oficial a partir de los relevamientos de precios de institutos provinciales. En 2014, en la gestión de Axel Kicillof y en acuerdo con el FMI, se comienza a publicar un nuevo IPC (IPC-Nacional Urbano o IPC-Nu) basado en la encuesta de gastos de 2012-2013 (la última vigente hasta hoy). Al principio, sectores de la oposición y medios afines reivindicaron el índice, ya que los guarismos arrojaban resultados en sintonía con lo esperado por la “opinión pública” y las mediciones no oficiales. Pero sólo unos meses más tarde, nuevamente dichos sectores retomaron sus críticas al IPC-Nu. Desde diciembre de 2015, la nueva administración del Indec decretó la “emergencia estadística” y dejó de publicar el IPC-Nu. Los índices oficiales pasaron a ser el IPC-CABA y el IPC-San Luis. A pesar de lo escasamente representativo del mismo, el Gobierno utilizó este indicador durante algunos meses. En efecto: ¿resulta ilustrativa de la variación de precios del conjunto del país utilizar exclusivamente la canasta de consumo y la variación de precios de la provincia de San Luis, o alternativamente de la Ciudad de Buenos Aires? Ya en abril de 2016 se publica un nuevo índice de precios. A pesar de que la crítica a los IPC anteriores se centraba en los relevamientos de precios, y no sobre las estructuras de las canastas de consumo, se descarta utilizar la encuesta de gastos de 2012-2013. La justificación resulta muy pobre: habría una gran cantidad de datos perdidos y falta de documentación adecuada. La decisión fue insólita: volver a utilizar la encuesta de gastos de 2005. Como consecuencia, el índice de precios calculado utilizó una estructura de consumo que tiene más de 10 años y no se ajusta a la realidad actual. Paralelamente se implementó un importante ajuste de tarifas, pero como en la estructura de consumos del año 2005 el gasto de gas y electricidad tenía un peso despreciable, el impacto sobre el IPC resultó realmente escaso (sólo 8 por ciento del gasto está destinado a vivienda y tarifas según la vieja ponderación). El consumo deprimido, derivado de la crisis económica, y con hogares que no contaban para aquel entonces con una significativa cantidad de electrodomésticos (fenómeno que fue cambiando a lo largo de los últimos diez años) daba cuenta de una estructura de consumo que no es representativa al día de hoy. Tampoco lo es aquella reflejada en la encuesta de gastos de 2012-2013, caracterizada por un fuerte subsidio al consumo energético, enormemente reducido desde 2015. En definitiva, mediante la Emergencia Estadística y el artilugio de recuperar una estructura de gastos anacrónica, el INDEC obvió medir los saltos de precios más grandes experimentados en los dos primeros años de Cambiemos: la devaluación y quita de retenciones de principios de 2016, que generaron una importante suba de precios de alimentos y, por otro lado, los tarifazos de gas, luz y agua (a los que hoy se suma el transporte). Por último, aunque se preveía cambiar el cálculo del IPC en 2019, en junio de 2017 se estableció un nuevo índice oficial de cobertura nacional y para éste se continuó usando la vieja encuesta de 2005. Esta nueva medición amplió la cobertura geográfica, siendo que anteriormente se limitaba al área de CABA y AMBA (GBA). Por otro lado, el Indec continuó publicando el IPC correspondiente a GBA, pero en lo que respecta a la continuidad de esta serie, aparecieron canastas que en la misma área geográfica tampoco son equivalentes, lo cual afectó nuevamente la comparabilidad. Ponderadores no representativos Como se mencionó, el cambio tan profundo y acelerado respecto de la política de subsidios y en relación a los acuerdos de precios de alimentos, sumado a la quita de retenciones y la devaluación, invalidan cualquier encuesta de gastos previa

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Ecuador: Ganó la derecha, ¿y ahora qué?

Fuente: Atilio Boron | atilioboron.com.ar Fecha: 4 de FEB 2018 Era previsible que el bloque de la derecha que gobierna el Ecuador se saliera con la suya. Ganaron una importante batalla para reinstalar al decrépito e injusto orden social del pasado con plenos poderes en el Palacio de Carondelet. Pero, ¿cómo fue que ganaron? y, además, ¿ganaron efectivamente la guerra? Ganaron violando la normativa vigente que exigía que la Corte Constitucional certificase que la consulta se atenía a los preceptos establecidos por la Constitución de Montecristi. El Presidente Lenín Moreno, poseído por una harto sospechosa urgencia, no quiso esperar los tiempos constitucionales y, así, manu militari, convocó a una consulta ilegal e inconstitucional  que, además, nunca estuvo entre sus planes. Durante su campaña presidencial de Febrero del 2017 y en el balotaje del 2 de Abril Moreno jamás mencionó la necesidad de convocar a esta consulta, ni manifestó interés alguno en profundizar en algunos de los temas que ayer fueron motivo de consulta. Por lo tanto hay una ilegitimidad de origen que será fuente de duras disputas en los años por venir. Pero además el bloque de la derecha, al cual se ha plegado Moreno vaya uno a saber a cambio de qué, atentó contra las condiciones más elementales que requiere una elección democrática. Durante el mes de campaña el ex presidente Correa no fue invitado a ningún programa de la televisión privada o pública, ni a una radio de alcance nacional ni entrevistado por periódico alguno. El del gobierno nacional, El Telégrafo, lo excluyó por completo en un alarde de irrespetuosidad quien hasta hacía menos de un año había sido presidente de la república. Sí le hizo lugar en sus columnas al corrupto usurpador de la presidencia brasileña, Michel Temer. No es un misterio para nadie que sin democracia en el espacio público, en especial en los medios de comunicación, no puede haber democracia electoral. Bajo esas condiciones lo que hay es un simulacro de democracia pero nada más. Y eso es lo que hubo ayer en Ecuador, pese a que el gobierno apela al pomposo título de “consulta ciudadana”. Si Correa fue escondido por todos los medios nacionales era casi un milagro que pudiera revertir esa situación en el plano electoral. No sólo eso: la oligarquía mediática y la derecha no ahorraron palabras para difamar la figura del ex presidente, privándolo del derecho a réplica. De hecho, la opinión pública fue bombardeada con toda clase de calumnias e infamias contra Correa, para complacencia del gobierno y sus mandantes. ¿Qué tan sólido es el triunfo de la derecha? Y decimos la derecha porque todo el aparato propagandístico de la reacción le atribuirá el triunfo a los enemigos de Correa, a quienes éste derrotara constantemente a lo largo de diez años, y no a Moreno, relegado a un merecido segundo plano y a quien  difícilmente le dejen subirse al podio de los vencedores. Se le encargó una tarea sucia, la hizo pero de ninguna manera esto lo convertirá en el líder del bloque restaurador. Si se hace un ejercicio aritmético muy simple, por ejemplo en la crucial pregunta dos -que impide la re-elección más de una vez- y se restan a los votos por el NO (65 %, con casi la mitad de los votos escrutados al cerrar esta nota) el porcentaje obtenido por Guillermo Lasso, el candidato de la derecha en el balotaje de Abril (49 %), el resultado es que el NO de Moreno apenas alcanza a un 16 % contra el 35 % del SI de Correa. Por eso la derecha reclamará de modo intransigente que la del referendo fue su victoria y no la del gobierno. Dicho todo esto, ¿se encaminará Ecuador hacia el “pos-correísmo”? Difícil de pronosticar, pero la historia reciente de ese país nos recuerda que los diez años de estabilidad política y social de época de Correa fueron un intervalo virtuoso en una historia reciente signada por más de una década de insurgencias plebeyas e insurrecciones populares. Impedir que el ex presidente pueda ejercer su derecho ciudadano a presentarse como candidato a elecciones puede ser el detonante de nuevas conmociones. Porque no sólo se condena al ostracismo a una figura de dimensiones continentales como Correa sino que se proscribe, indirectamente, a una fuerza política que individualmente considerada es mayoritaria pues controla en soledad por lo menos un tercio de los votos válidos, lo cual arroja serias dudas acerca de futura estabilidad del sistema político. Cumplida su labor Moreno, que no cuenta con una mayoría parlamentaria, quedará prisionero del chantaje de la derecha. Los banqueros, la oligarquía empresarial, la “embajada” y el corrupto poder mediático impondrán su programa restaurador y contra-reformista a sangre y fuego, y el actual presidente podría correr la suerte de Jamil Mahuad que por aplicar el programa de los banqueros tuvo que huir raudamente de Carondelet y buscar refugio en la embajada de Estados Unidos. En suma, Moreno y sus patrones han decidido jugar con fuego. Ganaron una batalla pero no hace falta ser muy perspicaz para ver que un pueblo que en un plazo de diez años tumbó a tres presidentes y provocó el derrocamiento de otros más podría llegar a recordar sus hazañas de antaño y, ante la salvajada que se avecina: una dictadura desembozada del capital, decidir que una vez más tiene que tomar el destino en sus manos y sacudirse de encima el yugo de sus opresores y de los que traicionaron al proyecto emancipatorio de la Revolución Ciudadana.   Artículo relacionado Correa ha vuelto (o nunca se fue)    

Comunicados y Declaraciones

El LLAMAMIENTO con Agustín Rossi

Miembros del LLAMAMIENTO Argentino Judío dialogaron este mediodía con el diputado Agustín Rossi en su calidad de jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ en la nueva conformación de la Cámara de Diputados. El encuentro forma parte de la mecánica de trabajo de encuentros con personalidades relevantes del ámbito nacional. La coyuntura hizo que la reunión se centrara en la escandalosa intromisión del Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Justicia— en el cambio de alegato de los abogados oficiales instruyendo para que no se acuse a dos exfiscales Eamon Müllen y Jose Barbaccia en el juicio por encubrimiento casi “ocultado” por la prensa hegemónica. La crítica también recayó sobre la posición de la DAIA y sobre las últimas declaraciones del actual presidente de la AMIA Agustín Zbar, ambas instituciones claramente alineadas con la alianza Cambiemos. El diálogo con Rossi también transitó por la descripción de la situación política, la fijación de una agenda común de intercambios y el modo de facilitar la comunicación entre ambas partes, además de la posibilidad de generar alguna actividad pública en Rosario con la presentación de Jorge Elbaum, presidente del LLAMAMIENTO. La comitiva estuvo integrada por Dardo Esterovich, Marcelo Horestein, Vera Bail Pupko y Larry Levy.   Buenos Aires, 2 de febrero de 2018         En la WEB: http://llamamiento.net En Twitter: @LlamamientoAJ En Telegram: _t.me/LLAMAMIENTO_ En Whatsapp: +54 9 11 69257535 E.Mail: _prensa.llamamiento@gmail.com Prensa: (54 911 4193 7019)

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