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Fuente: Luis Bruschtein | La Tecl@ Eñe Fecha: 05 de ABR 2018 Cuando hablan de la derrota electoral del 2015, algunos sectores del peronismo confunden autocrítica con psicoanálisis. Si la autocrítica es para saber lo que se hizo mal, la lista es larga, pero puede no estar directamente relacionada con la derrota electoral. Las discusiones internas por disputas de poder, revanchismo, pase de facturas y acusaciones, creación de enemigos internos, de buscar chivos expiatorios o asumir como propia la visión que tiene la derecha sobre temas como la corrupción o el autoritarismo, ya sea por oportunismo o derrotismo, lo que producen es dispersión y desmoralizan porque forman parte del escenario de derrota que le interesa a la derecha. Si se quiere saber la razón por la que se perdió hay que apuntar hacia otros enfoques. Sirven las experiencias de los demás gobiernos populares de la región. Dos de ellos, en Ecuador y en Brasil, pudieron ganar por poca diferencia las elecciones gracias al peso que pusieron en juego los liderazgos originales de esos procesos, Rafael Correa y Lula. Pero el resultado fueron dos gobiernos débiles. El de Lenin Moreno, que sucumbió a las presiones de las corporaciones mediáticas y del capital concentrado, y el de Dilma Rousseff que fue desplazada por un golpe mediático parlamentario. En Venezuela, Hugo Chávez delegó el gobierno en Nicolás Maduro, que estuvo a punto de ser derrocado en el marco de una crisis profunda en la economía por el derrumbe de los precios internacionales del petróleo. Maduro tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, un dato que no es menor. Pero desde el punto de vista de la estrategia, Maduro pudo zafar del escenario de violencia callejera desestabilizadora que le planteaba la oposición dirigida desde Miami, para imponer su propio escenario con la creación de la Asamblea Constituyente. Y, por otro lado, logró recuperar a los sectores humildes que habían desertado en la votación parlamentaria anterior donde había sido derrotado. Retomó la iniciativa cuando parecía que lo tenían arrinconado. Evo Morales hizo entrar en el siglo XXI a un país como Bolivia, donde la gran mayoría de la población es indígena y donde nunca antes hubo un presidente de ese origen. Es uno de los pocos países de la región que mantiene la economía fuerte pese a la crisis internacional. Y aun así, la especulación del MAS es que, aun cuando la derecha no tiene candidato claro, si Evo no es candidato, no están seguros de ganar las elecciones. La derecha le hizo perder el referéndum con una campaña mediática sucia y obstruyó el camino para su reelección. Cuando parecía que estaba resignado a elegir un reemplazante, consiguió que la Corte lo habilitara y descolocó a la derecha. Evo será el candidato y tiene la victoria asegurada. Desde la izquierda, e inclusive desde algunos sectores peronistas, explican el fracaso de los gobiernos “populistas” por la no realización de “cambios estructurales”. En el caso del kirchnerismo, las nacionalizaciones de YPF, AYSA, Aerolíneas, más la re estatización de las jubilaciones, la AUH, las paritarias y otras medidas, fueron cambios estructurales. De todos modos, es una explicación simplista. La URSS hizo todas las reformas estructurales posibles, con un gobierno que tenía la suma del poder y las sostuvo durante más de 70 años. Y sin embargo, en menos de diez años fueron revertidas. Las empresas estatales pasaron a los miembros de la “nomenklatura”. Esa burocracia, de la que salió la actual burguesía rusa, fue generada por la forma cerrada de gobierno. En democracia, cada medida de cambio estructural requiere consensos ultra mayoritarios porque afectan intereses poderosos, lo que explica el surgimiento de liderazgos fuertes con gran capacidad de convocatoria. Y los grandes consensos son necesariamente impuros. La pureza está en las sectas cerradas que se vuelven testimoniales. La pureza tampoco es el problema. El campo popular juega con esas cartas. Ese es un plano del debate. Por supuesto que hay otros enfoques de autocrítica, en áreas donde se actuó con sectarismo o burocratización, en medidas que se enunciaron y no se pudieron implementar, en población vulnerable a la que no se pudo llegar. Estos problemas existieron, pero no fueron la razón de la derrota electoral porque el impacto de las acciones positivas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es mucho más fuerte que el de las negativas. Son dos planos diferentes de discusión y debate y, si se los mezcla, en vez de encontrar soluciones se profundizan los problemas. Frente a dificultades complejas no hay soluciones simples. En los dilemas de sucesión y reafirmación de liderazgos, de democratización de la información, de no dejarse arrastrar a escenarios que plantea la derecha, de mantener la iniciativa en la disputa de poder y en crear escenarios favorables que surjan de grandes consensos, parecieran estar las respuestas para el laberinto en el que quedaron los movimientos populares latinoamericanos. Son lineamientos generales, pero de allí pueden surgir vías para la acción, incluso las que se requieren desde el llano, para frenar la destrucción de los avances que se lograron en los gobiernos populares. La sustentabilidad es el otro problema de las medidas de cambio. El proceso en la URSS demostró que hasta los cambios estructurales de raíz pueden ser revertidos. La opción sería mantenerse en el poder eternamente, pero la URSS demostró que eso tampoco es posible. La única posibilidad que queda, entonces, es que la sustentabilidad de esas medidas no dependa solamente de mantener el poder o el gobierno, sino también de la forma en que se estructura la defensa de esos logros cuando toca estar en la oposición. Esa previsibilidad debería formar parte de una estrategia que se desarrolle incluso desde el momento en que se toman esas medidas de transformación. Son lógicas en las que el factor tiempo y los procesos culturales pasan a tener mucha importancia, igual que la postulación de nuevos escenarios institucionales y la construcción de nuevas -o readecuación de las viejas- herramientas de tipo sindical, social y político.

Fuente: Luis Kon | Revista Convergencia Fecha: 28 de MAR 2018 Hace casi tres siglos, un aristócrata conservador, llamado Charles de Secondat, conocido por sus títulos de nobleza como Barón de Montesquieu, diseñó un sistema tripartito de gobierno, que habría de conformar las bases de los regímenes republicanos. Sin sustraerse a los intereses de su clase, Montesquieu estaba animado sin embargo, por desterrar los regímenes absolutistas. Aun confrontando con la monarquía, le otorgó la facultad de ejecutar las leyes, pero delegó en otros grupos de la nobleza o de los estados llanos, la misión de elaborarlas estableciendo que un tercer estamento, el judicial, sería el encargado de interpretarlas. Un siglo después, desaparecidas o restringidas substancialmente las funciones de la nobleza, gobiernos civiles, estrictamente republicanos, comenzaron a gestionar las políticas públicas, subordinados a esta separación. Viene a cuento este antiguo antecedente, fundante para las democracias modernas, porque en una de sus frecuentes muestras de sincericidio, el Presidente Macri declaró el año pasado, en la Bolsa de Comercio, que necesitaba jueces que lo representen y que si eso no se cumplía, saldría a buscarlos. Es posible que Macri desconozca estas cosas diseñadas por Montesquieu, porque no es su fuerte el conocimiento del pasado. Sobre esos principios tal vez es posible que registre su existencia, pero así como tuvo la ocurrencia de mandar en un cohete a la luna a unos quinientos sesenta opositores, alumbre la idea de que con los jueces que emiten fallos que lo contrarían podría hacerse lo mismo y mientras tanto, ir nombrando a adherentes de su espacio. La composición y orientación del Poder Judicial con la que se encontró el macrismo en diciembre de 2015, mantenía las tendencias dominantes de signo regresivo que lo caracterizan desde los primeros años de la organización nacional y desde 1890, mucho no han cambiado, tanto convalidando gobiernos de facto desde 1930 en adelante, respaldando la violación de derechos humanos o produciendo todo tipo de obstáculos a las políticas pùblicas de signo progresista de inclusión social o profundización de la democracia. Tendencias dominantes, que afortunadamente, tuvieron siempre segmentos disidentes que aùn minoritarios dentro de la corporación judicial, generaron alguna esperanza renovadora. El kirchnerismo iluminó este panorama negativo con los nombramientos que entre 2003 y 2005, conformaron la nueva Corte Suprema y la denuncia de aquellos que habían conformado la mayoría automática del menemismo. Sus propuestas fueron de un pluralismo tan amplio, que habilitaron cortesanos autores de estrategias alineadas con corrientes opositoras, a pesar que su llegada a la Corte no provenía de opciones de esos sectores. En 2013, logró sancionar una suma de proyectos democratizadores que entre otras cosas intentaban que en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, la voluntad popular se expresara electoralmente para designar alguno de los cargos. Estas leyes naufragaron ante la reacción desplegada por la corporación, que se sintió atacada en sus privilegios y en sus modos de irse nombrando entre ellos, con mayorías donde magistrados y abogados articulaban los mecanismos para nombrar nuevos jueces, permitiendo reciclar eternamente esa composición del aparato judicial. Varios fallos decretaron la inconstitucionalidad de esas reformas y a partir de ese momento, los ataques se incrementaron, particularmente en el ámbito de la justicia federal, con resonantes procesos como el del memorándum con Irán, la causa Ciccone, la trágica muerte del fiscal Nisman, los allanamientos espectaculares en la Patagonia, la recepción de cualquier denuncia por más disparatada e infundada que fuera y otros notoriamente conocidos. Siempre con gran apoyo mediático de los medios tradicionales y un contorno periodístico más propio de la farándula que de la investigación informativa. *** En esas condiciones, asume el nuevo gobierno. Una de sus primeras medidas fue el intento de completar la integración de la Corte, con dos jueces adictos, a través de un DNU. Una fuerte resistencia cívica lo hizo desistir de esa variable de urgencia, pero no de sus objetivos finales. Con mayores precauciones, luego de ese traspié, las estrategias para ir cooptando el Poder Judicial y particularmente la justicia federal, se desenvolvieron con más cuidado. Muchísimas medidas dan cuenta de ello. Para las limitaciones de espacio que tiene este trabajo, podrían seleccionarse dos demostraciones inequívocas de ese proceder invasivo. La primera fue y es el hostigamiento y la persecución de magistrados independientes que no producían fallos a la medida del gobierno. Entre otros Gils Carbo, Rozansky, Freiler, Rafecas, Arias, Ballesteros, Farah, varios del fuero laboral y otros que fueron obligados a renunciar o se los removió, con la mayoría adicta al gobierno que pasó a comandar el Consejo de la Magistratura, con mecanismos poco claros. Algunos se agotaron y así renunciaron Gils Carbo, Rozansky y Maria Laura Garrigos de Rebori. El caso de Gils Carbo es emblemático. Desde el año 2000, cuando era fiscal general ante la Cámara Comercial, mantuvo enfrentamientos constantes con jueces de ese tribunal que observaban una conducta muy laxa en los procesos concursales que obtenían enormes licuaciones de pasivos en concordatos logrados con mayorías espurreas y otros procedimientos abusivos. También en desenmascarar a las sociedades “off shore” que pretendían encontrar protección jurisdiccional para encubrir lavado de dinero o evasiones impositivas. Eso le ganó la antipatía de los grandes estudios corporativos y su nombramiento no fue bienvenido en la misma medida que abrió un sendero renovador en el resto del aparato de las fiscalías. El establecimiento de varias unidades de acción, con dotaciones aptas para abordar la trata de personas, el lavado de dinero, la evasión, la violencia de género, el tráfico de drogas y los juicios vinculados al terrorismo de Estado, caracterizaron su gestión. Para un gobierno de empresarios ligados al mundo de las off shore, con causas pendientes como la del vaciamiento del Correo Argentino o radicación de activos en paraísos fiscales, Gils Carbo resultaba incompatible en ese mundo de negocios. Le inventaron una comisión inmobiliaria con la que no tuvo ninguna vinculación y al fin, incapaz de continuar resistiendo un bombardeo mediático incesante, renunció. Hoy no se habla más de la inmobiliaria y una jueza de