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Fuente: Emir Sader | La Jornada Fecha: 26 de MAY 2018 Después de años duros, en que parecía que el neoliberalismo había venido para quedarse en América Latina, fuerzas populares han logrado construir programas de gobierno antineoliberales, ganar elecciones y protagonizar los años más virtuosos de nuestra historia, en algunos de nuestros países. Pero la derecha, aun derrotada, no ha dejado de maniobrar para intentar frenar a esos procesos, que representan el desenmascaramiento de todo lo que la derecha había dicho que era nuestro destino inevitable. Planteaba distintas cosas, pero su política económica siempre era el viejo modelo centrado en los ajustes fiscales, como medicamento contra la enfermedad de los gastos estatales. Tras el periodo de gobiernos posneoliberales, la derecha ha vuelto a la carga, conquistando el gobierno en Argentina mediante elecciones, logrando el poder en Brasil mediante un golpe. Y tuvo la posibilidad de decir a qué vino, porque peleó tanto, con todas sus fuerzas, legales e ilegales, para retornar al gobierno. ¿Qué es lo que tiene que proponer y realizar en América Latina? En verdad, no fue necesario aguardar ese retorno, porque podemos saber lo que la derecha latinoamericana tiene que proponer ante la situación de países como México, gobernado hace tantas décadas por la derecha, con su modelo neoliberal ya hace por lo menos dos décadas y media. Las preferencias a favor de Andrés Manuel de López Obrador para volverse el próximo presidente de México es el resultado directo del fracaso de los gobiernos de PRI y PAN, que se han alternado en el gobierno, sin cambiar la política económica neoliberal, llevando México a una situación catastrófica, desde todos los puntos de vista. El país que iba a marcar la senda para los otros países del continente, habiendo sido el primero en firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos (y con Canadá, en ese caso) representa, al contrario de lo propuesto, el fracaso de esos tratados y esas políticas. Los dos partidos de derecha sumados no tienen las preferencias de López Obrador, que aparece como la ruptura con la corrupta oligarquía tradicional en México. Pero el retorno de la derecha al gobierno en Argentina y en Brasil podría significar una actualización de las propuestas de la derecha. Sin embargo, en los dos países se ha aplicado el mismísimo modelo que ya había fracasado en los años 90. El mismo diagnóstico de que los problemas de nuestras economías son los gastos excesivos del Estado tuvieron el mismo tipo de respuesta: la centralidad del ajuste fiscal. Con las desastrosas consecuencias apraejadas: profunda y prolongada recesión, desempleo, recorte, desindustrialización de la economía, fuga de capitales, alza del déficit público. ¿A eso vinieron las derechas en Argentina y en Brasil? ¿Eso prometen? ¿Por ello han luchado contra los gobiernos populares, valiéndose de acusaciones falsas, campañas de mentiras, cerco a los gobiernos desde los medios y desde los capitales especulativos? Ello demuestra, para México, Colombia, Bolivia y otros países que están o tendrán procesos electorales, lo que pueden esperar de los partidos y candidatos de derecha en América Latina, cualesquiera que sean sus promesas. En Venezuela se llegó a prometer la dolarización de la economía. En Brasil se privatizan los mejores bienes nacionales, los de Petrobras. En Argentina se vuelve a la entrega a los brazos del Fondo Monetario Internacional, volviendo a comprometer el futuro del país. Las alternativas de retomar el desarrollo económico con distribución de renta suponen la ruptura con el modelo neoliberal, lo cual solamente gobiernos de izquierda pueden hacer, como se ha demostrado en este siglo. De la capacidad de la izquierda para unificarse donde está dividida, a superar los obstáculos jurídicos donde la derecha se vale contra líderes de izquierda, de la reformulación de los proyectos que han resultado, adecuándolos a las condiciones internas y externas actuales, y del rescate de los valores solidarios, cooperativos, humanistas, depende una solución positiva de la crisis actual que afecta a todo el continente.

Fuente: Luis Britto García* | luisbrittogarcia.blogspot.com Fecha: 18 de MAY 2018 Alguna vez dije que vivíamos en la época del imperialismo humanitario y el genocidio filantrópico. Prueba de ello, el plan Masterstroke, del almirante Kurt Tidd, comandante en jefe delSouth Command, sección del ejército de una potencia del Norte que nada tiene que hacer en nuestro Sur (http://www.voltairenet.org/article201091.html.). Lo publica Voltairenet; lo comenta Stella Calloni, especialista en operaciones de genocidio, y su contenido es coherente con anteriores políticas y documentos de Washington.  Si el dueño del circo “no descarta” la intervención armada contra Venezuela, es creíble que los payasos disparen papelillo. El solo título, “Plan to overthrow the Venezuelan Dictatorship” (Plan para derrocar la dictadura venezolana), es ya una confesión delictiva. En términos  de la Carta de la ONU y de la de la OEA, ningún Estado puede ni debe intervenir en las cuestiones internas de otro, y mucho menos derrocar su gobierno. A confesión de parte, relevo de pruebas. Tidd confiesa desvergonzadamente en el texto  la implicación de su gobierno en las acciones contra Venezuela: “Es tiempo de que Estados Unidos pruebe, con acciones concretas, que está implicado en el proceso de derrocar la dictadura venezolana, lo cual significará un punto decisivo”. Pero también admite con mayor cinismo todavía que ese proceso no va a ser cumplido por venezolanos, pues las fuerzas opositoras “no tienen el poder de poner fin a la pesadilla”, ya que “las disputas internas, la supremacía de los favoritismos particulares, la corrupción similar a la de sus rivales, su escaso arraigo, no les garantizan la oportunidad de aprovechar la situación y dar los pasos necesarios”. Mayor desprecio no puede caber hacia los opositores en cuyo beneficio se pretende destruir un país. Esta oposición perniciosa es además minoritaria, pues  el plan está dirigido contra “los ciudadanos de menores ingresos -quienes apoyan a los gobernantes actuales” –o sea, la mayoría democrática. El almirante  desarrolla su plan para exterminarla:“-Obstruir completamente las importaciones, y al mismo tiempo, desalentar a los potenciales inversionistas extranjeros a fin de contribuir a hacer más crítica la situación de la población -sobre todo en lo relativo al combustible, esencial para cualquier intento de recuperación de la economía nacional”. A fin de agravar la crisis que supuestamente quiere solucionar, el humanitario Comando Sur propone: “Alentar la insatisfacción popular incrementando la escasez y el alza en precio de los alimentos, medicinas y otros bienes, con la intención de provocar la deserción de los ciudadanos por todas las fronteras, poniendo en riesgo así la seguridad nacional de los países fronterizos. Causando víctimas y haciendo responsable al gobierno de ellas. Exagerando ante el mundo la crisis humanitaria a la cual ha sido sometido el país”. No se olvidan detalles: hay que estructurar un plan para lograr la profusa deserción de los más calificados profesionales, a fin de “dejarlo absolutamente sin profesionales”, lo que agravará todavía más la situación interna, y culpar de ello al gobierno. Un “Golpe Maestro” no ahorra crímenes: “Incrementar la inestabilidad interna hasta un nivel crítico  intensificando la descapitalización del país, la fuga de las divisas extranjeras y el deterioro de su base monetaria, provocando la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen su deterioro y que simultáneamente provoquen a los ciudadanos de menores ingresos -quienes apoyan a los gobernantes actuales- y a aquellos que están en mejor situación, a ver su status social como amenazado”. No se le escapa al aprovechado almirante que a pesar de todas estas fechorías,  una oposición minoritaria, sin poder, “de escaso arraigo”, sumida en “disputas, favoritismos y corrupción” seguramente será incapaz de arrebatarle el gobierno a la mayoría democrática. Por tanto, se impondrá la democracia minoritaria con los métodos más antidemocráticos: “Usar a los oficiales del ejército como una solución alternativa o definitiva… endureciendo las condiciones dentro de las Fuerzas armadas para que ejecuten un golpe antes de que acabe el año  2018”. Pero Estados Unidos y cierta oposición llevan veinte años fraguando un golpe de Estado   que nunca cuaja. Habrá entonces que derrocar al gobierno con fuerzas foráneas.  A tal fin, urge Tidd “Apelar a los aliados domésticos, así como a otras personas insertas desde el exterior en la escena nacional a fin de que generen protestas, motines e inseguridad, saqueos, robos, asaltos y secuestros de transportes de naves y de otros medios de transporte, con la intención de sumergir al país en una crisis a través de las fronteras y otras posibles vías, dificultando de tal modo la Seguridad Nacional de los países fronterizos. Causando víctimas y haciendo al gobierno responsable de ellas. Magnificando ante el mundo la crisis humanitaria a la cual el país ha sido sometido”. “Avanzar en la instalación en bases de aeroplanos de combate y helicópteros, vehículos blindados, posiciones de inteligencia, y unidades militares especiales y logísticas (de policía y militares, fiscales de distrito y prisiones)”. O, para hablar más claro: la imposición por la fuerza bruta de ejércitos de ocupación extranjeros, pues los estadounidenses generosamente están dispuestos a sacrificar como carne de cañón ciudadanos de otros países latinoamericanos: “Comprometer a Brasil, Argentina,  Colombia y Panamá para contribuir con un mayor número de tropas, para utilizar su proximidad geográfica y su experiencia en operaciones en regiones selváticas. Fortalecer su condición internacional con la presencia de unidades de combate de los Estados Unidos de América y los países citados, bajo el comando de un Estado Mayor conjunto dirigido por Estados Unidos”. Los estadounidenses estarán allí para fortalecer y comandar: que los desechables hispanos se quemen el pecho por ellos. Se engañan entonces los opositores que anhelan  una fotogénica invasión de rubios marines airosamente uniformados. Estados Unidos utiliza actualmente en sus guerras sucias los más inmundos mercenarios. Planea Tidd “Reclutar paramilitares principalmente en los campos de refugiados en Cúcuta, la Guajira y el Norte de  Santander, áreas densamente pobladas por ciudadanos colombianos que emigraron a Venezuela y ahora regresan huyendo del régimen, para intensificar las actividades desestabilizadoras en la frontera común entre ambos países. Hacer uso del espacio vacío dejado por las FARC, la beligerancia del ELN y las actividades en el área del Clan del Golfo. Preparar la involucración

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 19 de MAY 2018 El domingo 20 tendrán lugar las elecciones presidenciales en Venezuela. El proceso electoral se ha desarrollado en el marco de una feroz ofensiva de Estados Unidos para quitarle legitimidad, deteriorar su economía —a través del bloqueo económico y el ahogo financiero— y amenazar su soberanía mediante provocaciones militares fronterizas. Los candidatos que disputan la presidencia para el periodo 2019-2025, son cuatro: Nicolás Maduro, Henri Falcón (propuesto por una alianza compuesta por Avanzada Progresista, Copei y el Movimiento Al Socialismo, MAS). El tercer candidato es el pastor evangélico Javier Bertucci (Esperanza por el Cambio). Cierra la lista Reinaldo Quijada (Unidad Patriótica Popular). El resto de los partidos opositores se sumaron a un boicot promovido desde Washington y Miami, pese a que todos sus referentes habían llegado a un acuerdo político de participación en las elecciones con el MUD (Mesa de Unidadad Democrática), como resultado de acuerdos políticos alcanzados bajo la mediación del ex jefe de gobierno español José Luis Zapatero. Fue este último quien informó a los medios, mediante una carta pública, el 7 de febrero de 2018, mostrando su sorpresa y desazón frente al abandono de las conversaciones de Santo Domingo, en las que se debatían los formatos de participación electoral y se había alcanzado un principio de acuerdo de todas las partes. En aquella ocasión Zapatero señaló que: “De manera inesperada para mi, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición”. A última hora, los referentes del MUD habían sido comisionados desde Miami –específicamente a través de integrantes del staff del senador Marco Rubio— para evitar cualquier compromiso con el chavismo. Frente a esta certidumbre, Rodríguez Zapatero señaló en su carta pública dirigida a la comunidad internacional: (…) Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno [de Maduro] se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”. El MUD no suscribió los acuerdos de Santo Domingo porque el gobierno de Trump y su encargado de monitorear las políticas de América Latina –Marco Rubio— lo impidieron, exigiendo a sus líderes el abandono de las conversaciones so pena de limitar o suprimir el financiamiento otorgable a la oposición al chavismo, a futuro. El MUD está conformado por los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia y desde esa renuncia se sumaron a la tarea de deslegitimar el proceso electoral, llamando al boicot de las mismas. Las elecciones de este domingo están enmarcadas en una guerra no convencional entablada por las compañías petroleras, las elites económicas de Caracas articuladas con corporaciones trasnacionales —gran parte de ellas refugiada hoy en Miami—, el Comando Sur del Pentágono y el Grupo de Lima, integrado por países miembros de la OEA a instancias de Estados Unidos. Uno de los voceros y activistas de este grupo es Mauricio Macri, quien ha repetido en los últimos meses que no reconocerá el resultado de las elecciones. Mas de 20 millones de electores están convocados a sufragar en el marco de una situación económica crítica que incluye hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, cortes de agua y luz, migraciones hacia países vecinos y altas tasas de delincuencia persistentes. Estos penosos desajustes son parte de una estrategia liderada por el Pentágono, cuyas especificaciones tácticas han sido filtradas en 2012. Se trata del Manual de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales, conocido como TC-1801, inscripto en la doctrina de Guerra No Convencional del Departamento de Estado. [1] Guerras No Convencionales Esa guía de acción operativizada –entre otros destinatarios— contra la República Bolivariana de Venezuela, dice textualmente: “Las intenciones en los esfuerzos de guerra no convencional de los Estados Unidos buscan explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil, mediante el desarrollo y el sostenimiento de fuerzas de resistencia que cumplan con los objetivos estratégicos de los Estados Unidos”. [2] Eso supone tanto la “producción de fragilidad” como el aprovechamiento de las debilidades endógenas del país a ser atacado. Hugo Chávez fue el iniciador, dentro de América Latina, de una oposición frontal al neoliberalismo, con posterioridad a su implantación a sangre y fuego con el golpe de estado contra Salvador Allende en 1973. Su liderazgo motorizó proyectos de integración regional y el acompañamiento del “No al ALCA” en conjunto con Néstor Kirchner, Lula y Evo Morales en 2005. Esa Guerra No Convencional (GNC) incluye aspectos políticos, mediáticos, jurídicos, económicos y financieros. Uno de sus soportes es el que cuestiona el sistema electoral que llamaron a boicotear. Sin embargo, las razones institucionales no parecen ser de fondo a la hora de cuestionar a Caracas e intentar incluso (frustradamente) su reciente expulsión de la OEA. La preocupación de Estados Unidos sobre el sistema electoral de Venezuela no parece ser compatible –por ejemplo— con los cuestionamientos dirigidos a sus aliados de las autocracias teocráticas del Golfo Pérsico donde no abundan los modelos de representación política, desde hace casi un siglo. Ese rasero no se hace visible frente a los sistemas institucionales de los países cuya estructura y fortaleza militar generan respeto, como es el caso de la República Popular China. Tampoco,  frente a ninguna de las dictaduras sangrientas (presentes y pasadas) con las que Washington ha entablado beneficiosas relaciones económicas, políticas y diplomáticas. El Departamento de Estado nunca ha solicitado la expulsión de la OEA del Chile de Pinochet, de la Argentina de Videla, ni de la Guatemala de Efraín Ríos Montt, donde se asesinaron a 200.000 personas, mayoritariamente integrantes de pueblos originarios. El Departamento de Estado monitorea los sistemas políticos de acuerdo con el beneficio o perjuicio para sus intereses estratégicos y geopolíticos. En ninguna ocasión han juzgado un sistema sobre la base de meros parámetros institucionales, basados en el derecho local o internacional. El problema de Washington con Caracas no es de representaciones o de votos. Es de políticas emancipatorias que desafían los intereses que Estados Unidos considera parte de su patio trasero. La doble vara