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Fuente: Ricardo Aronskind | El cohete a la luna Fecha: 17 de JUN 2018 Los tropiezos encadenados bajo la conducción imprevisible e incomprensible para propios y extraños de Federico Sturzenegger lo convirtieron en el candidato ideal para ser eyectado en nombre de la “buena praxis” financiera. Como si hubiera una buena política financiera que acompañara una política irresponsable de desregulación externa, que le provocó al país un déficit de divisas de aproximadamente 50.000 millones de dólares anuales. Lo financiero es principio y fin en el neoliberalismo argentino, y la producción, apenas un detalle del que se ocupan los que no entienden por dónde pasa realmente la cosa. Así, en el macrismo lo principal fue desregular lo financiero en línea con los deseos del capital financiero: entrar y salir a voluntad, sin controles, administrando a su favor la conexión central entre la economía local y el resto del mundo. Fue, no cabe duda, una transferencia de poder no sólo económico sino político, desde las instituciones públicas hacia el sector privado local y externo. Apenas se pudo se sacó la flamante chequera en dólares, ahora que se podía disfrutar del respaldo de la comunidad financiera internacional: ¿buitres, cuánto quieren? ¿9.300 millones? Tomen (y cuéntenlo). Y se adoptó la teoría adecuada para este gobierno, la arcaica y primitiva teoría cuantitativa del dinero sobre las causas de la inflación, esgrimida por el eyectado Sturzenegger, que se dedicó consecuentemente a reducir la cantidad de dinero en circulación para supuestamente hacer bajar la inflación emitiendo LEBACs. Mientras tanto, en otro despacho, otro ministro a quien también le conviene creer en la teoría cuantitativa del dinero avanzaba con gigantescos impulsos a todo el sistema tarifario argentino, simulando que eso no tendría ningún impacto inflacionario relevante. La combinación de ambas zonceras desembocó en persistencia de la inflación, la creación de una explosiva deuda en LEBACs y el atraso cambiario que se logró gracias a la abundancia de los fondos externos que venían a disfrutar de las teorías de Sturzenegger y de los enormes montos de fondos prestados que conseguía el ex ministro Caputo. Vale recordar que esa masa enorme de fondos no eran presentados por la prensa dominante como una gravosa deuda, sino, en sintonía completa con el discurso oficial, como manifestaciones de la confianza internacional de “los mercados” hacia tan racional y profesional gobierno. Todas las formas de gastar dólares fueron promovidas, combinando atraso cambiario con apertura comercial. Se facilitó y promovió la demanda de dólares por el público, que próximamente podría comprar la preciada divisa en un supermercado, en una cadena de electrodomésticos, en un hotel o cualquier otro comercio. Como si fueran mandarinas. La salida del “cepo”, o sea autorización para vender dólares –un recurso clave y escaso— con total desaprensión, fue festejada como el avance de las libertades republicanas. Y se abrió la economía hacia la importación, habilitando el ingreso de todo tipo de productos del mundo. Argentina pasó a ser, de la mano del ideologismo macrista, la góndola de los productos importados del mundo. La consigna parecía ser: ¡gasten dólares!, apelando al viejo truco de que la mayoría de la población jamás ha percibido peligro en el momento en que se producen los endeudamientos masivos. En síntesis: el gobierno hizo todo lo necesario para crear volatilidad y fragilidad financiera, en un contexto internacional que difiere sustancialmente de los años ’90. Pareció seguirse un manual de cómo generar condiciones de riesgo, imprevisibilidad e incertidumbre. Se apareció en los rankings internacionales entre los campeones de toma de deuda, al mismo tiempo que se subía al podio de los países con abultado déficit en la cuenta corriente del Balance de Pagos. La temeridad de un gobierno irresponsable asustó a los propios financistas globales, que en el primer trimestre de 2018 mostraron creciente reticencia a seguir acompañando el festival de deuda del gobierno argentino. Habría que ver cómo pesaron en la actitud de esos actores –que no se han caracterizado tampoco por la prudencia en décadas anteriores— dos antecedentes históricos significativos: el de la posición de otro gobierno republicano norteamericano, el de George W. Bush, quien se endureció con la Argentina en 2001, retaceando el apoyo en otra gran corrida cambiaria y bancaria para proteger a los acreedores financieros, y la actitud de negociación dura del posterior gobierno kirchnerista, que no se allanó dócilmente a las demandas inmediatas de los prestamistas externos. En la construcción de ese escenario participó Sturzenegger con plena convicción, pero el cuadro general lo excedió ampliamente, porque esta crisis en el segundo semestre de 2018 es una creación colectiva. No sólo de un gobierno específico, el de Cambiemos, sino de un sector social, que es el que viene promoviendo este tipo de políticas desde Martínez de Hoz hasta hoy, y que es quien nos vuelve a reenviar a los funcionarios de las gestiones neoliberales fracasadas precedentemente. No fue Sturzenegger el único aportante al desorden actual. Todo el gobierno es así y es eso: irresponsabilidad política, ignorancia teórica severa y primacía de los negocios particulares en cualquier circunstancia. Pucha, se deterioró mi credibilidad Claro, Federico hizo lo suyo, sumando una incongruencia detrás de la otra. Dicen algunos economistas que rescatan su ser neoliberal, que lo que lo dañó fue la conferencia de prensa del 28 de diciembre, en la que fue obligado a cambiar la estimación de inflación para este año del 10% (!!!) al 15% (!!!). Dicen que eso lo desautorizó y que puso en entredicho la famosa y ridícula “autonomía del Banco Central”. A los monitos de la periferia les gusta mucho imitar cosas que en otras comarcas parecen serias, sin considerar en qué lugar habitan ni quiénes son ellos mismos. Nadie lúcido puede creer en serio en la patraña de la autonomía del Banco Central. La autonomía es la forma astuta de nombrar, en la época de la financiarización global, la entrega de esa institución clave a representantes directos o indirectos de los intereses del capital financiero aquí, en Suiza o en Estados Unidos. Se sustrae la institución del control democrático

Fuente: Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 17 de JUN 2018 En medio de una nueva ronda de tensión cambiaria, el reciente comentario del ministro Nicolás Dujovne despeja cualquier duda: «a pesar del cambio de nombres el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo». Pasó desapercibido en la conferencia de prensa del día viernes, pero da a entender que los cambios en la cúpula del BCRA no obedecen a mala praxis. Más bien expresan los límites intrínsecos del actual modelo, que se profundiza y se rubrica formalmente mediante el acuerdo con el FMI. En una economía como la argentina, es la restricción externa la que está en la base de la constante tensión alrededor del dólar. José Del Río (La Nación, 15 de junio) señala, por ejemplo, que «un 65% de las drogas que tienen como insumo las farmacéuticas para la producción de remedios no hablan castellano y el 90% de los celulares y LCD que dicen fabricados en Tierra del Fuego cuentan con tecnología del exterior (…). Seis de cada diez insumos que se importan no tienen un proveedor local que pueda abastecerlos. A eso se suman los combustibles con su valor liberado, entre tantos otros ejes que demuestran que el tipo de cambio afecta a todos los segmentos y no puede ser minimizado”. Ante esta situación estructural, desde que asumió, la respuesta del gobierno ha sido la de liberar la entrada de productos del exterior, interrumpir el largo pero necesario proceso de sustitución de importaciones en la industria y eliminar la obligatoriedad de liquidar las divisas de las exportaciones, entre otras decisiones desacertadas. Y encima ahora, acuerdo con el FMI mediante, ha reforzado la estrategia de dejar flotar al dólar libremente. Lo que está ocurriendo no es inevitable. Remite en última instancia a la disyuntiva entre Estado y mercado, algo que siempre he sostenido. Poco tiempo atrás hemos sido testigos de la importancia de administrar el valor del dólar y la utilización de las divisas –que son bienes públicos–, de tener una política activa de gestión de las importaciones, de regular los flujos de capitales. Sin embargo no son opciones bien vistas por el establishment. Con el apoyo de los grandes medios, los grupos hegemónicos lograron instalar durante la anterior gestión el concepto de «cepo», haciendo alusión a un instrumento de tortura que no permitía acceder al dólar. Sin embargo, hoy podríamos decir que el concepto de cepo está vinculado al elevado precio de la divisa, que lo fija el mercado y que además incide directamente sobre el poder adquisitivo del salario, estableciendo una verdadera restricción al acceso de bienes y servicios esenciales para el conjunto de la población. La letra chica del acuerdo En línea con lo planteado en la anterior columna, el eje del acuerdo del gobierno argentino con el FMI no es más que una profundización de las medidas que ya venía implementando y respeta a rajatabla lo que pretende el organismo. En cuanto a la actividad económica, ya se empieza a proyectar el fuerte impacto negativo de las políticas, con una estimación de crecimiento que estará entre el 0,4% y el 1,4% para este año. Este último valor implica, teniendo en cuenta el alto valor del primer trimestre, que la actividad debería caer un 1,7% entre el segundo trimestre y el último de 2018. Bajo la lógica actual, una economía en virtual recesión es esencial para contraer el consumo, la inversión y las importaciones: una manera pírrica, pero típica de los programas del FMI, de tratar de reducir el desbalance comercial. Una de las principales herramientas para contener el gasto interno es el recorte fiscal. En el memorándum presentado en sociedad el jueves se habla, por ejemplo, de que el gobierno nacional alcanzará en 2020 el «déficit cero», en tanto las provincias deberán alcanzar un superávit primario del 0,25% del PBI hacia mediados de 2021, cuando finalizaría el stand by. Como expresa el FMI en uno de sus pasajes, estas condiciones «sirven para asegurar que el país podrá saldar el préstamo». Bien lejos de representar un auxilio para la economía real y el empleo. En materia cambiaria y de política antiinflacionaria, los funcionarios están «completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado» y con un esquema de metas de inflación. El gobierno se compromete «a hacer lo que sea necesario para cumplirlas». Esto último significa que las altas tasas de interés y sus impactos negativos se mantendrán en el tiempo. Las autoridades consultarán al FMI qué hacer en caso de que la inflación supere las bandas máximas, toda una muestra de resignación de soberanía, que trata de condicionar a futuros gobiernos. Un aspecto esperable que aparece en el texto es el previsional. El gobierno argentino se compromete a financiar parte del gasto previsional con la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Cabe recordar que ya en mayo de 2016, cuando se aprobó la bien conocida Ley de «Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados», se había comenzado a preparar el terreno legal para llevar a cabo esta medida. Dentro de su extenso articulado se incluyó la eliminación de la Ley 27.181, que declaraba «de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del FGS», al tiempo que se modificaron las restricciones que existían para vender estos activos. Dos años después, y con el «aval» del FMI, se termina de plasmar esta posibilidad bajo el paraguas de hacer «financieramente sostenible y más justo» el sistema previsional. Como en otros rubros de análisis, no es la única alternativa posible. En vez de vender las participaciones, lo deseable sería apoyar la actividad económica y la generación de empleo, fundamentales para otorgarle fuentes genuinas de financiamiento a un sistema previsional público y de reparto. La decisión de desprenderse de estos activos implica la pérdida de una importante herramienta en poder del Estado. La composición de la cartera de acciones que posee el FGS incluye a grandes

Fuente: Adrián Murano | Revista Zoom Fecha: 15 de  JUN 2018 El gobierno se dispone a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El plan no es nuevo: la maniobra fue habilitada por la ley ómnibus que en 2016 posibilitó el “blanqueo” impositivo. La novedad es que el desguace fue ratificado por escrito en el memorando de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, reza la carta de intención. “Las autoridades y el staff del FMI acordaron una misión de asistencia técnica del FMI para fines de 2018 que recopilará la información necesaria y asesorará a las autoridades sobre el registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios subsiguientes en el sistema de pensiones que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en las Manual de Estadísticas Públicas. Si las recomendaciones de la misión llevan a cambios en la medición del resultado presupuestario no se aplicarán medidas de política adicionales para los fines del programa respaldado por el FMI”, precisa el documento. En criollo: en el memorando con el prestamista, el Gobierno se compromete a liquidar el FGS para hacer frente al programa de reparación histórica a los jubilados. Esto implicará que el Ejecutivo se desprenderá no sólo de los títulos públicos que heredó de las AFJP sino también de las acciones de empresas privadas que aún tiene en sus manos. A los empresarios amigos de Macri le gusta esto. El proceso de venta de activos y saqueo de los recursos del FGS (como su nombre lo indica, creado para ser un reaseguro del delicado sistema previsional) lleva más de un año, y ya generaron media docena de causas judiciales. Por una denuncia del legislador nacional Rodolfo Tailhade, por ejemplo, el juez Claudio Bonadio lleva la demanda por la venta de bonos de la empresa EPEC, que le entregaban una tasa del 12,5% al Estado, para la suscripción de deuda de la provincia de Córdoba por U$S 150 millones a diez años, a un interés anual del 7,25%. Por ese caso se denunció una pérdida de U$S 75 millones para el organismo. La diputada Victoria Donda, por su parte, denunció la venta del 11,8% de las acciones que el FGS tenía en Petrobras. Se las entregó a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, a $ 10,37 cada una y tan sólo algunos días después el precio bursátil se disparó a cerca de los $ 18. El caso también está en manos de Bonadio. La Unidad Fiscal de la Seguridad Social (UFISES) inició una demanda por presuntos negociados entre el FGS, Petrobras y Pampa Energía, que por conexidad se unió también al expediente originado por Tailhade. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Luis Rodríguez, denunció posibles negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y violación de los deberes de funcionarios públicos vinculados al fondo. El expediente está en manos del juez federal Claudio Casanello. Otra denuncia de la UFISES cuestiona la colocación de fondos en un fideicomiso de la financiera Axis, fundada por el ex ministro de Finanzas y flamante titular del Banco Central, Luis Caputo. El 80% de los $ 450 millones transferidos se destinaron a la compra de Lebacs, que el FGS bien podría haber adquirido sin pagar la comisión a la compañía creada por un funcionario. Esa causa transita, con el típico andar cansino que los jueces federales le otorgan a los expedientes que involucran a funcionarios en funciones, en el juzgado de Luis Rodríguez. La tercerización de las colocaciones financieras -con el consiguiente pago de comisiones a los colocadores- se convirtió en una práctica habitual durante la gestión cambiemita de la Anses, que conduce Emilio Basavilbaso. Según detectó y difundió el periodista Ari Lijalad, la Anses colocó millones de pesos en Fondos Comunes de Inversión (FCI) con tres tipos de maniobras: compra de Lebacs, inversiones en fondos donde ANSES representa casi todo el capital y la colocación de dinero de ANSES en fondos que luego invierten en empresas de allegados a Macri, como su “hermano de la vida”, Nicolás Caputo, y Marcelo Mindlin. El desvío de los recursos del FGS hacia la especulación financiera se inició apenas el PRO tomó posesión de una de las cajas más voluminosas del país. Y como es usual, la maniobra incluyó beneficios adicionales personales para funcionarios del Gobierno. En este caso, el beneficiado fue Luis Caputo: en lugar de que la ANSES comprara las Lebacs en forma directa, Caputo hizo que el FGS invirtiera en el fondo Axis, fundado por él y donde, según su última declaración jurada, conserva varios millones invertidos. Según reveló Lijalad, las inversiones de ANSES en Axis aparecen por primera vez en el acta 133, de julio de 2016. Puso, de un saque, 292 millones de pesos en el fondo Axis Ahorro Plus. Al mes siguiente, según el acta 134, rescató 236 millones pero puso 427 millones más. “Le quedaron un total de 498 millones en el fondo Axis Ahorro Plus”, concluyó el periodista. Según informó Axis a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el 99,9% de ese fondo luego se invertía en Lebacs. O sea: ANSES gastaba millones en comisiones para que el fondo fundado por Caputo hiciera algo que el organismo podía hacer por sí mismo. El caso fue denunciado por el fiscal Gabriel De Vedia, que estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social (UFISES). Luego de la denuncia, el Gobierno quiso primero eliminar la UFISES y luego, hace unos días, ordenó el desplazamiento del fiscal De Vedia. En paralelo a la persecución de los denunciantes, Mauricio Macri decidió premiar a los denunciados. El viernes, Luis Caputo fue designado al frente del Banco Central en lugar de Federico Sturzenegger, quien ofició de fusible por el incendio cambiario que lleva más de dos meses