Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 15 de JUL 2018 El aniversario número 24 del atentado contra la AMIA, este miércoles, se produce en medio de una ofensiva de la Casa Rosada en varios terrenos. En primer lugar para debilitar la investigación del atentado, instalando una secretaría anti-terrorista que seguramente pondrá en la mira a organizaciones mapuches y agrupaciones sociales, mientras que ya está desactivando a los fiscales que investigan el atentado. En segundo lugar, son evidentes las presiones del Ejecutivo para lograr la absolución o penas muy menores a los que entorpecieron o desviaron la pesquisa. En el banquillo están el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales, los mandos de la SIDE y el policía favorito del Presidente, Jorge El Fino Palacios. Bajo cuerda exhiben un argumento burdo: que las condenas podrían favorecer a los acusados iraníes del atentado contra la mutual judía. Y, en tercer lugar, usan a los jueces de la coalición Comodoro Py-Cambiemos para avanzar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman en la burda causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán y el expediente por la muerte de Alberto Nisman. En los actos del miércoles también llama la atención la marginación de la DAIA, que en estos años funcionó casi como una sucursal de la administración de Mauricio Macri. En la interna comunitaria, la DAIA está impactada por los escándalos de su ex presidente y por la forma en la que recauda dinero. El nombre de la DAIA no figura en el cartel de convocatoria al acto ni, de acuerdo al anuncio, tendrá orador propio (ver aparte). Secretaría El viernes se difundió una resolución del Procurador de la Nación, Eduardo Casal, anunciando la creación de una Secretaría Integral de Análisis del Terrorismo Internacional (SAIT). Casal ha hecho todo lo que le pide la Casa Rosada, tal vez para quedarse en el cargo. Sin embargo, el anuncio es llamativo por varias razones: Casal es procurador interino y en las próximas semanas el Senado tendrá que evaluar la propuesta del Ejecutivo de designar a Inés Weinberg de Roca. Es curioso que un interino se lance a establecer una estructura semejante. Casal no designa a un fiscal al frente de esa Secretaría Anti-Terrorista, sino que la ubica en la Procuración ante la Corte, a cargo de él mismo. O sea arma una estructura que él mismo va a conducir y usufructuar. El Ministerio Público, es decir los fiscales, deben actuar ante delitos cometidos. Para prevenir ataques están las policías y los servicios de inteligencia, no los fiscales. Cuando se armaron procuradurías contra la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico fue porque había muchos expedientes sobre esos delitos y se buscaba tener expertos. En este caso, los hechos terroristas que vivió la Argentina son dos, la AMIA y el atentado contra la Embajada de Israel, y no es la situación que tiene por ejemplo Europa, con las secuelas de ISIS y otras organizaciones. Como el texto de la resolución es difuso y habla de “abordar de manera integral el extremismo violento entendido como conducto hacia el terrorismo internacional”, parece cantado que juntarán materiales e información sobre mapuches y organizaciones sociales, a los que la Casa Rosada y la ministra Patricia Bullrich han señalado como terroristas, incluso financiados desde el exterior. Otra jugarreta en linea con Washington. Sobre el final del texto hay una mención al caso AMIA y se señala, en forma difusa, que la flamante Secretaría colaborará con la Unidad Fiscal AMIA que es la que encabezaba Alberto Nisman. Tras su muerte se designaron tres fiscales que dieron pasos importantísimos en la pesquisa. Ahora, la Casa Rosada, haciéndose la distraída, está desmontando esa fiscalía. No investigar I Hace ya cuatro meses, el 22 de marzo, presentó su renuncia Mario Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Ese organismo, creado durante el gobierno de la Alianza, tenía como objetivo coordinar a todos los organismos del Estado en la investigación del atentado y en las causas derivadas. Por ejemplo, la Unidad debía ayudar en el análisis de los documentos encontrados en la SIDE, facilitar búsquedas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, acelerar los estudios genéticos que se necesitaban y cualquier otra tarea relacionada con la investigación, juicios y causas. Cimadevilla denunció en forma ruidosa al ministro de Justicia Germán Garavano, por presionar a los abogados de la Unidad AMIA para que no acusaran a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por las maniobras en la causa del atentado. El ministro ya había ordenado el desplazamiento de abogados y mandó interventores a las reuniones donde se debatía la estrategia en el juicio. Lo concreto es que Garavano disolvió, de hecho, la Unidad AMIA aún antes de la renuncia de Cimadevilla. El paso siguiente fue trasladar el organismo ya inexistente a la órbita de la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj, ex funcionario de la DAIA durante la gestión del imputado ex presidente de la entidad, Rubén Beraja. En síntesis, el Ejecutivo exhibió su voluntad de des-jerarquizar y diluir el esfuerzo estatal en la investigación del ataque contra la mutual judía. No investigar II La investigación judicial del atentado contra la AMIA está en manos de la Unidad Fiscal AMIA, ya que el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, delegó la instrucción en la fiscalía. El que estaba al mando era Alberto Nisman. Tras su muerte, la procuradora Alejandra Gils Carbó designó un equipo de tres fiscales y un coordinador. Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini, con Juan Murray como coordinador. Ese grupo dio pasos muy significativos en la investigación. Los familiares habían acusado a Nisman de “trabajar poco y viajar mucho” y el nuevo equipo demostró que se podía avanzar. Por ejemplo, confirmaron con sofisticados estudios de barrido electrónico que se usó la camioneta Trafic en el atentado, establecieron la existencia de restos de una persona