Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces
Fecha: 27 de JUL 2018
Una masiva marcha rechazó ayer el decreto del presidente Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior bajo el lema de “No a los militares en las calles”. Detrás de ese proyecto se encuentra Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales, y coordinador de la denominada “Mesa de Seguridad”. El subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, completa el elenco de asesores que le dieron forma al regreso de los militares a las calles.
Por escenografía, un inmenso hangar en penumbra. Allí, con tres helicópteros artillados a su espalda y flanqueado casi en un segundo plano por cuatro jefes militares ya demasiado maduros para los uniformes de combate que lucían, el Presidente, desde un estrado negro y brillante como un féretro, desgranaba con frases escolares –que leía en un telepromter– una declaración de guerra contra los peores enemigos de la humanidad.
Parecía una escena de Dr. Insólito, esa comedia de humor negro sobre la Guerra Fría realizada en 1964 por Stanley Kubrick. Pero su protagonista no era Peter Sellers sino Mauricio Macri.
Así anunció lo que insistía en llamar “reforma del Sistema de Defensa Nacional”. Un eufemismo decorado con inapelables abstracciones: desde los “desafíos del siglo XXI” a “objetivos estratégicos claves”, no sin mencionar “operaciones de apoyo a la comunidad” y la “protección de los recursos del Atlántico Sur”. También esgrimió variadas hipótesis de conflicto: el “impacto del delito transnacional” y los “peligros cibernéticos sofisticados”, entre otras calamidades. Recién entonces supo abordar la solución: “una estructura militar de despliegue rápido” y “unidades conjuntas con personal de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército”.
En realidad se refería a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Aquella noticia sacudió al país el lunes 23 de julio. Una noticia que, por cierto, había comenzado a gestarse cinco semanas antes.
El superministro en la sombra
Tono sombrío. Mirada grave. Así se mostró Macri el 29 de mayo, durante la celebración del Día del Ejército en el Colegio Militar. Fue cuando oficializó el gran anhelo que ahora acaba de concretar.
Sus palabras al respecto traían cierta reminiscencia de lo expresado ya en 2010 por la Escuela de Guerra de los Estados Unidos en cuanto a cómo se desarrollaran los conflictos armados en el siglo XXI: “La guerra estará en las calles, en las alcantarillas, en los rascacielos y en los caseríos expandidos que forman las ciudades arruinadas del mundo”.
La frase resume el corpus teórico de la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas”, que incluye situaciones tan variadas como el terrorismo, el narcotráfico, los reclamos sociales y las catástrofes climáticas.
En aquella simpleza conceptual Macri fue amaestrado al pie de la letra. Y ese martes, con cara de entendido, justamente recitó: “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las nuevas amenazas”. Aplauso de los presentes.
El mandatario habló rodeado por delegados militares extranjeros, todos de uniforme y tiesos como piezas de ajedrez. A un costado permanecía el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini. Al tipo se lo notaba muy consustanciado con lo que oía. No pudo ser de otra manera.
Este general de 58 años es un referente del sector castrense que reclama la amnistía por delitos de lesa humanidad. Pero nadie le festeja tal prédica más que su propia esposa, María Laura Renés, hija de Athos Renés, un ex coronel condenado a perpetuidad por la Masacre de Margarita Belén. Ella pertenece al grupo de Cecilia Pando. El marido no le va a la zaga. Por lo pronto, al opinar sobre el nuevo “desafío”, soltó: “Estamos preparados para muchas tareas”.
También se deleitaban con el fraseo presidencial los jefes ministeriales de Defensa y Seguridad, Oscar Aguad y Patricia Bullrich, junto a funcionarios de segunda línea. O desconocidos, pero influyentes; entre éstos, un sujeto alto y delgado que observaba dicha escena con fruición. Era Fulvio Pompeo, nada menos que secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete.
Bien vale reparar en este personaje.
Se trata de un politólogo y relacionista internacional con título obtenido en la Universidad de Belgrano y algún postgrado en Londres. Supo pertenecer al duhaldismo; de hecho, fue funcionario de Carlos Ruckauf en la Cancillería cuando el ex bañero de Lomas ejercía la presidencia interina. Ahora es muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales. Y se lo considera el “cerebro” del revuelque entre los conceptos de Defensa y Seguridad. Eso lo sitúa en un nivel “supra-ministerial”. Tanto es así que aquel hombre coordina la denominada “Mesa de Seguridad” del Gobierno, en donde Bullrich y Aguad –entre otros– se nutren de nuevas ideas.
Allí –por caso– se urdió en abril la ocurrencia de reemplazar las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional, inspirada en las de Panamá y Costa Rica, un proyecto que incluso mereció el rechazo de los socios radicales del PRO.
Desde allí Pompeo también delineó las importantes tareas locales que ahora el régimen macrista asignará a los uniformados.
A continuación, la siguiente escala de este viaje hacia el terror.
El general del siglo XXI
Dos semanas después, el Poder Ejecutivo ordenó enviar personal militar –500 efectivos– a la frontera norte, entre Salta y Misiones, en apoyo logístico a las tareas que allí desarrolla la Gendarmería.
El asunto fue decidido durante la mañana del 12 de junio por Macri, quien –bajo absoluta reserva– recibió a los principales actores del “proceso (nunca mejor usada esta palabra) militarizador”; a saber: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Defensa y Seguridad, Aguad y Bullrich, el jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, el de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, el titular de Asuntos Estratégicos, Fluvio Pompeo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa.
Ese es el elenco estable de la “Mesa de Seguridad”.
Ahora conviene detenerse en Autiero y Del Valle Sosa.
El primero –un ejemplar prácticamente desconocido para el público– es brigadier retirado. Y suele jactarse en las sobremesas de haber puesto fuera de combate, piloteando un Skyhawk, a una fragata inglesa durante la guerra de Malvinas. Y que en el repliegue creyó que su avión ardía, cuando en realidad era una línea de fuego formada por la concentración de proyectiles ingleses. También, con un dejo de resignación, reconoce que esa escena se le aparece en los sueños de manera recurrente.
¿Qué otras pesadillas arrastrará de la última dictadura?
Pero despierto, su bestial incompetencia es una muestra palmaria de lo que es la seguridad en manos castrenses. Autiero, por cierto, tuvo a su cargo el “mando táctico” del operativo represivo del 18 de diciembre en la Plaza de los Dos Congresos durante el debate parlamentario por la reforma previsional.
La idea del tipo –con 1500 mastines humanos a su cargo, entre policías federales, gendarmes y prefectos– fue lisa y llanamente militarizar el centro de la ciudad para así impedir que los manifestantes llegaran hasta las vallas del palacio legislativo. No fue una buena idea. En vez de establecer un comando táctico unificado –con monitoreo televisivo de cada ángulo del teatro de las operaciones y diálogo permanente con los jefes de calle–, el brigadier prefirió desplegar las tres fuerzas sin comunicación entre sí y con el gatillo libre para actuar. Como si estuvieran en la batalla de Stalingrado. Así transcurrió aquel festival del garrote y la pólvora.
A su vez, Del Valle Sosa –ascendido recientemente a teniente general– es para Macri y Aguad poco menos que el mariscal Rommel. Lo cierto es que se trata de un individuo muy didáctico y envolvente; fue director del Colegio Militar y rector del Instituto Universitario del Ejército. Asimismo presume ser –chapeando, como Autiero, con Malvinas– un hombre de acción.
En realidad ese infante de 59 años tiene una personalidad muy compleja e indescifrable. A diferencia del comandante del Ejército, quien no oculta sus ensoñaciones de “reconciliación” para así concluir con los juicios a represores, Del Valle Sosa –sin sepultar ese reclamo– privilegia la “reconversión” de las Fuerzas Armadas “para así satisfacer –tal como deslizó en Diálogo-Revista Militar Digital– las exigencias y desafíos que enfrentará la Argentina del siglo XXI”. Un planteo –ya se sabe tomado del evangelio norteamericano de las “Nuevas Amenazas”. Aunque semejante visión del mundo él ya la acarrea con anterioridad a esta centuria, dado que fue uno de los oficiales jóvenes que hace casi dos décadas revoloteaba en torno al general Daniel Reimúndez, el sinuoso lobbista del entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, y precursor de aquel discurso en los cuarteles del país.
Ahora el poder de su discípulo en notable: desde el Estado Mayor tiene un absoluto control sobre las estructuras de inteligencia de las tres fuerzas que la conforman. Y cuenta con el aval de Macri para ser el responsable “técnico” de la readecuación castrense a las nuevas labores de cabotaje.
En la reunión del martes, ante la imposibilidad inmediata de anular las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia que impiden tales tareas –y que fueron fruto del más importante consenso multipartidario de la democracia postdictatorial–, el Presidente evaluó con sus colaboradores la modificación del decreto 727/06 –firmado por Néstor Kirchner y Nilda Garré– que redondea aquel escollo. Para eso sólo bastaba con una rúbrica.
El teniente general lo disuadió. “Podemos avanzar con la legislación así como está”, fueron sus palabras.
Y explicó el método: “Decimos que el envío de tropas es para custodiar sitios de interés estratégico de la Nación, mientras la Gendarmería combate al narcotráfico. ¡Y listo!”. Era su manera de sacar la soldadesca a la calle.
A Macri le gustó la idea. Aunque se inclinó por la posición de Pompeo, quien insistía con anular del decreto kirchnerista.
Esa enmienda fue finalmente suscripta el 23 de julio por Peña y Aguad.
Este último con solemnidad, le dijo después a Macri: “Señor Presidente, no dude de que hemos dado un paso histórico”. Así es él.
En este punto no está de más poner en foco su calaña.
El visionario
Desde el 10 de diciembre de 2015, esta alhaja septuagenaria del radicalismo cordobés engalana el “mejor equipo de los últimos 50 años”. Primero al frente del Ministerio de Comunicaciones (con la misión cardinal de pulverizar la Ley de Servicios Audiovisuales, además de deshacer su autoridad de aplicación) y, luego, a partir de julio del año pasado, en su cargo actual (con desafíos no de menor importancia, como ya se mencionó). En ambas funciones supo resaltar por su exquisito intelecto.
Basta recordar que el debut ministerial del doctor Aguad estuvo signado por su gran entusiasmo ante las perspectivas de Internet. “Es la tecnología que se viene”, fueron sus palabras. Y anticipó: “Usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un médico en Boston”. Aquella fue su percepción del asunto ya en plena era de las interconexiones globalizadas del espacio cibernético. Y como titular de Defensa será siempre recordado por el tweet que difundió al cumplirse seis meses de la desaparición del submarino ARA San Juan: “Seguiremos haciendo todos los esfuerzos por encontrarlo y traer con vida a sus 44 tripulantes de vuelta”. Un genio.
Lo cierto es que en la jungla de la política él siempre se impuso por el fuerte peso de su personalidad. Y desde sus inicios.
Siendo un abogado de poca monta en su Córdoba natal, su bautismo de fuego en la función pública se remonta a 1984, cuando el entonces intendente Ramón Mestre lo puso en la Secretaria de Gobierno. En 1995, con su mentor ya en la Gobernación provincial, él fue nada menos que ministro de Desarrollo Social y Asuntos Institucionales. Desde tal puesto ordeno una feroz represión a las protestas por los ajustes de esa época, que incluían un recorte del 30 por ciento del salario de los estatales.
Ya entonces lo llamaban “El Milico” por su gran amistad con el general Luciano Menéndez y otros genocidas, además de ser notoria su simpatía por el extinto régimen militar.
Ahora –tras haber mitigado la era kirchnerista con candidaturas fallidas y algunos mandatos legislativos– ya está inmerso en su epopeya más gloriosa: militarizar la seguridad interna del país. Pasta para eso no le falta.
El desafío
Marcos Peña fue el encargado de minimizar las suspicacias causadas por la iniciativa la cuestión. “Esa visión conspirativa y paranoica en un disparate”, sostuvo con una sonrisa sobradora. Entonces, al igual que su jefe, se refirió a los ya recurrentes “desafíos del siglo XXI”.
¿Sabrá este hombre o que es jugar con fuego?
Tal vez la experiencia histórica más calamitosa en tal sentido haya sido la de México. Las consecuencias están a la vista. Desde el 1º de diciembre de 2006, cuando, presionado por Washington, el recién elegido presidente Felipe Calderón convocó a las fuerzas armadas para lanzar su guerra contra el narco, la ola de violencia en el país causó hasta la actualidad –habiéndose extendido con los mismos actores a la gestión de Enrique Peña Nieto– más de 300 mil muertos y –según conteos de la ONU– alrededor de 40 mil desaparecidos.
Aquella es la contabilidad de una tragedia humanitaria inducida desde los despachos oficiales. Porque la inclusión de los uniformados multiplicó esa guerra en tres contiendas bélicas simultáneas: la de los cárteles entre sí por el control territorial, la de los Zetas (integrados por ex policías y desertores del Ejército) contra el resto de las organizaciones criminales y la de los militares contra los propios ciudadanos”.
Esto último es una constante en todo país y tiempo donde la estructura castrense es volcada a operaciones dentro de sus propias fronteras. Aún sucede en Colombia, también en América Central y ya empezó a pasar en Brasil. Un patrón genocida desatado por una tara doctrinaria; porque según los manuales de entrenamiento, en las llamadas “guerras no convencionales” la fortaleza del enemigo (en estos casos el enemigo siempre es “interno”) se encuentra en la retaguardia, o sea en la sociedad civil. La táctica entonces consiste en atacarla para –según una metáfora castrense– “dejar al pez sin agua”.
Los buscadores locales del Santo Grial tienen en tal aspecto un pequeño problema: su dificultad en hallar al “enemigo interno”. En la Argentina no hay mafias como las aztecas ni milicias como el Isis. Pero hay mapuches.
Prueba de eso es el delirante paper de 180 páginas producido a fines de 2017 por el Ministerio de Seguridad –siempre con el invalorable know how del señor Pompeo– que define a la fantasmagórica Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como el eje del mal. Una construcción argumental fundamentada –así como después se sabría– en datos groseramente falseados por la Dirección de Inteligencia (Dipolcar) de los carabineros chilenos.
Cierta prensa también hace lo suyo. Lo demuestra un artículo publicado el 23 de diciembre en el portal Infobae con la firma de un individuo llamado Dardo Gasparré; su título: “¿Nace la nueva guerrilla urbana?”. Y se refiere al pequeño grupo de manifestantes que enfrentó con piedras a la policía en la movilización contra la reforma previsional en la Plaza de los dos Congresos.
La farsa ahora desfila hacia la tragedia.
