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Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 23 de SEPT 2018 Cuando Maurizio Macrì pisa el umbral del último año de su mandato, los aprontes para la sucesión, tanto en la Alianza Cambiemos como en los peronismos, coinciden con el debate de las distintas posiciones ante el proyecto de presupuesto elaborado bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional y con las cambiantes tácticas oficiales para contener la disparada del dólar. El vocero del Fondo, Gerry Rice, dijo que ese presupuesto es “una parte fundamental del plan de las autoridades para fortalecer la economía argentina y dar confianza”.  Extraoficialmente el gobierno hizo trascender que además de adelantar los desembolsos previstos en el acuerdo de mayo, el FMI ampliaría el préstamo a 65 o 70.000 millones de dólares y esto bastó para que el dólar se tomara un respiro. El acuerdo se anunciaría el lunes 24, cuando Lagarde reciba a Macrì en Washington. La tradición nacional Incrementar entre el 30 y el 40% los ya insólitos 50.000 millones del FMI es una desmesura que recuerda la admiración con que hace 130 años la revista británica The Banker sostuvo en su artículo Gaucho Bankingque “en materia monetaria, la imaginación de los argentinos no tiene límites”. Un cuarto de siglo más tarde, el viajero francés Jules Huret escribió sus impresiones sobre el país: “Hay una elite de hombres, entre el Jockey Club y el Club del Progreso, entre Florida y la Plaza de Mayo, que irradia hacia todos los centros de la actividad nacional. Tiene los ojos puestos sobre las buenas oportunidades de compra y venta de tierras, los datos confidenciales de la Bolsa y los precios que le llegan. Conoce las grandes empresas que se van a crear, las concesiones forestales que restan por otorgar, los proyectos de construcciones de fábricas, de molinos, los ingenios, las concesiones de ferrocarriles, de puertos, los contratos proyectados para proveer maquinarias y herramientas, las grandes obras públicas a emprender. Esta élite sabe todo esto y cuenta con los medios más seguros —y a veces los más oscuros y torcidos— para adelantarse a los competidores, bajo el ojo vigilante del capitalismo inglés y del capitalismo belga”. En 1911, cuando Huret firmó estas observaciones, el primer Macrì no había llegado a la Argentina, donde se casó con la heredera de una de las mayores familias terratenientes, ni habían nacido los primos Toto y Nicky, todos ellos entusiastas cultores de la tradición nacional. La ampliación a 65 o 70.000 millones de dólares surgió durante las negociaciones del ministro Nicolás Dujovne con la madame del FMI, Christine Lagarde. La solicitud inicial del gobierno fue que se adelantaran los desembolsos previstos en el acuerdo stand-by para 2019 y 2020. La objeción obvia fue que quien sucediera a Maurizio Macrì encontraría secas las pilas de todos los timbres financieros por apretar. Esto es grave, dado que nadie cree que en medio de una profunda y duradera recesión la inversión privada pueda entibiar la era del hielo económico. Así se realizara el 100% de las obras viales licitadas con el régimen de participación público-privada (PPP), sería apenas una gota en el terreno reseco por el derrumbe del consumo privado, cuya incidencia en el PIB es del 75% contra menos del 20% de la inversión. El tercer componente de la demanda agregada es el saldo comercial. La proyección de crecimiento en el presupuesto es inverosímil, dada la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el proteccionismo generalizado y la caída de los precios de los productos que exporta la Argentina. De hecho, lo que sigue creciendo es el monto de las importaciones. La única verdad es la economía real El presupuesto merece un análisis detallado, que se realiza en otras notas de esta edición. Aquí basta con señalar esas inconsistencias. Suponer que dentro de 15 meses se podrá comprar un dólar por los mismos 40 pesos que la última semana, cuando la inflación prevista para este año se acerca al 50% y para el próximo oscila entre el 20 y el 30%, es un prodigio de imaginación de cuyo cumplimiento los técnicos del FMI no pueden tener ninguna expectativa de cumplimiento. Si simularan lo contrario (y hasta ahora no hay más que expresiones genéricas de buena voluntad y versiones sin fuente responsable) habría que buscar en otro lado las razones. Por vía de hipótesis: en noviembre sesionará en Buenos Aires la cumbre presidencial del G20 y hasta entonces el sistema financiero global hará todo lo necesario para sostener al actual gobierno argentino, porque cualquier cambio en menos de dos meses sería una complicación que las potencias mundiales prefieren ahorrarse; la burocracia del Fondo ató su suerte a la de Macrì, de modo que un nuevo default daría lugar a una purga implacable; cada dólar que ingresa al barril sin fondo del Tesoro y el Banco Central sirve para proveer la materia prima indispensable para la fuga, que es una pieza central del régimen de valorización financiera del capital que reapareció en 2015. el gobierno estadounidense está aprovechando la permeabilidad del argentino para avanzar temas centrales de su agenda, como el control de la producción de petróleo y gas no convencionales y de la presencia china en la región; la militarización de las fronteras con el pretexto del narcotráfico y la criminalización de la protesta social alegando que se utilizan métodos terroristas. El horrible proyecto de ley antiterrorista de Macrì fue inspirado por los amigos norteamericanos. En los últimos meses han pasado por Buenos Aires tres oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: el secretario de Defensa, general James Mattis; el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Mark Milley. más recursos implica lubricar la bicicleta financiera (su nombre más elegante es carry trade), con nuevos productos surgidos de la imaginación sin límites que asombraba a la revista de los banqueros ingleses en 1888. Después de las LEBACs y las LETES ahora es el turno de las LECAPs, Letras del Tesoro Capitalizables que ofrecen ganancias suculentas a quienes

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 23 de SEPT 2018 Una de las partes más tristes de perder a alguien que querés y con quien conviviste, es ese momento espantoso en el cual no tenés más opción que reacomodar y deshacerte de las cosas que dejó ese otro tan querido como ausente. Nunca estás más solo que en ese momento en que sos el único que toma decisiones en un espacio que supo ser común. Y que ya no lo es. Cuando abrís un cajón para vaciarlo y todo tiene un olor que reconoces como cotidiano y que sabes va a desaparecer con el correr de los días. Doblar la ropa de otro que ya no va a usar. Seleccionar qué conservar y qué no, entre papeles y objetos que aun guardan el rastro de esas otras manos. El dolor infinito de desarmar lo cotidiano. Recuerdo la última vez que me separé. Recuerdo con especial dolor el momento en que tuve que sacar de la mesa de luz los libros de él, que habían quedado ahí. Fue lo último que hice. Pasé meses sin poder tocar esa mesa de luz ni los libros que ahí estaban. Dormía de espaldas a esa mesa de luz hasta que pude hacerlo. Y cuando conseguí juntar fuerzas, valor y resignación y sacar esos libros, lloré desconsoladamente durante horas. Y yo era afortunada. Solo era una separación. Sabía —y sé— que sólo se trataba de un desarmar un mundo de dos que se había acabado. Pero que en el mundo aun estábamos los dos, intentando volver a ser felices. Cada uno por su lado. Me consoló saber que estábamos vivos. Que ese final, por doloroso que fuese, era también un principio. Cuánto más terrible y triste de modo irremediable si hubiese tenido que hacer todo esto en el contexto de una muerte. Yo no sé si CFK es una sentimental. Pero el fin de semana pasado me acordé del dolor de sacar los libros de la mesa de luz, cuando ella mostró lo que Bonadío había hecho en su casa de Calafate. Porque recordé que en esa casa es donde Néstor murió. Deseo fuertemente que CFK no haya tenido las memorias de su cotidianeidad con Néstor ahí, a merced de Bonadío. O que no le tenga apego a ese tipo de cosas. Que lo que hizo ese juez, por el modo en que lo hizo, sólo haya sido un ultraje a la propiedad y no a la memoria. Esta semana como pocas quedaron de manifiesto las múltiples facetas del Poder Judicial. En Mendoza se dictó sentencia por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 86 víctimas de la última dictadura militar. Fue el Tribunal Oral Federal Nº 1. Mientras tanto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza tuvo una efímera secretaria, cuya designación fue tan dura y públicamente cuestionada en virtud de carecer de los antecedentes y la experiencia mínimos para ser designada en ese cargo, que finalmente renunció a su sorprendente promoción. Más lejos de las montañas azules con las que crecí y que extraño, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py está a punto de recibir a su más flamante miembro. Tampoco concursó para ocupar ese lugar, sino que fue trasladado por el Consejo de la Magistratura. Que en estos días parece más una agencia de turismo interno de jueces que el órgano que constitucionalmente tiene a su cargo seleccionar mediante concursos públicos postulantes a las magistraturas. Y no es que los concursos sean una maravilla, a decir verdad, pero parecen un poquito menos caprichosos que estos traslados a dedo, sin mayores justificativos que la voluntad política de colonizar instancias judiciales. El flamante miembro de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py será uno de los jueces que deberá resolver las apelaciones que como catarata cayeron sobre la resolución del doctor Claudio Bonadío, que ordenó los procesamientos de muchos en la causa de la fotocopias del cuaderno de Centeno, el chofer con aspiraciones literarias. Las 551 páginas de la resolución de Bonadío son claro ejemplo de dos cosas: de lo mal que funciona una parte de la justicia federal sin controles y sin límites constitucionales y de las muchas veces que escribo Bonadío en esta computadora, tantas que al olvidarme del acento, me aparece el corrector señalándome que está mal escrita la palabra Bonadío. La coincidencia, puedo afirmar, no es casual. Sé que muchos no han podido leer la resolución. Entre otras cosas porque estuvo sólo un breve lapso disponible en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema. Señalan los que conocen los pasillos de la Corte que es eso una consecuencia del pequeño golpe de estado que sufrió Lorenzetti y que impactó también en la conducción del CIJ. He sido siempre muy crítica con el funcionamiento del CIJ pero señalo que en cualquier caso, la publicación de las sentencias es un aporte imprescindible al ejercicio del derecho a la información de la sociedad. Prefiero que exista el CIJ a que no exista. Y prefiero que publique las sentencias a que no las publique. La directora del CIJ explicó que son los jueces de primera instancia quienes deciden qué sentencias se publican en la página del CIJ y cuáles no. La breve publicación de la sentencia me hizo sospechar, en un arranque de optimismo carente de fundamento, que Bonadío tuvo un atisbo de vergüenza por lo que había escrito y por eso prefirió que nadie más lo pudiera leer. Sé que no fue así. Bonadío sabe que su sentencia es un verdadero mamarracho y que la única forma de validarla es que las personas no la puedan leer y sólo pueda leer lo que otros dicen de esa sentencia. Va una última reflexión estúpidamente optimista. Bonadío tiene más confianza en los múltiples house organs que en la solidez de sus escritos como juez. Ante esa falta de confianza, la solución del poder fue nombrar jueces de apelaciones que estén dispuestos a olvidar lo que saben

Fuente: David Iud* | Revista Convergencia Fecha: 07 SEPT 2018 Cómo funciona en el derecho el “arrepentimiento” de un delito? En estos días en que tanto se habla del asunto, vamos a explicarlo en los términos más simples posibles. La primera “Ley del Arrepentido” (Ley Nº 25.241) que tuvo el país, la sancionó el Congreso el 23/2/2000 “con miras a esclarecer los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel”, (diario “La Prensa” 11/9/2000). Fue infructuosa, no se esclarecieron esos atentados. Y escandalosa, aquellos tiempos eran los del “pago” de cuatrocientos mil dólares a Telleldin para que delate a varios policías de la Provincia, después sobreseídos. En la Ley Nº 25.241, solo podían arrepentirse terroristas y traficantes de droga. La Ley 27.304, del 19 de Octubre de 2016, amplió la aplicación a una variedad de delitos, entre ellos, al cohecho contra la administración pública. Si una persona imputada de un delito aporta datos con los que, “contribuye a averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito”, al “arrepentido” se le reduce la escala penal que le corresponde. El “arrepentido” firma un “acuerdo de colaboración” con el Fiscal, que es presentado al Juez para su homologación. El Juez solo puede homologarlo si “el imputado hubiera actuado voluntariamente”. El “arrepentido” es una persona que admite y confiesa haber cometido un delito. Queda procesado y debe recibir condena. Logra, reducción de pena. Es inconstitucional, por los Arts. 18 y 120 de la Constitución El Art. 18 dice que nadie “puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” Es el “Principio de Legalidad”, complementado por el límite impuesto en el mismo artículo “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. Por eso dice la Ley que el Juez solo puede homologar el acuerdo si “el imputado hubiera actuado voluntariamente”, ya que de lo contrario se violaría la clausula constitucional antes citada. Pero, en la práctica, hay vehementes indicios de que no ha sido así en la causa “cuadernos”. Se ha detenido gente solo porque aparecieron unas fotocopias donde dice que estuvieron involucrados en tal o cual hecho. Sin que se haya encontrado el original. ¿Es voluntaria la declaración de alguien detenido, al que se le dice que lo van a soltar si declara… “tal cosa”? Pero además el Art. 18 tiene “otra cara” y es que debe ser penado quien resulta responsable de un delito en un juicio basado en Ley anterior al hecho del proceso. Y, por el Art. 120, los integrantes del Ministerio Público Fiscal están obligados a perseguir a los autores de los delitos que ellos conozcan. La vigencia del principio de legalidad en la Argentina impide a los fiscales firmar “acuerdos de colaboración” con los acusados. No pueden comprometerse a pedir menos pena de la que la Ley dice que deben pedir. Por supuesto el lector se remitirá a la práctica de los acuerdos entre fiscal e imputado vigente en los Estados Unidos, dramatizada en infinitas series y películas. Lo que ocurre es que el sistema legal norteamericano es completamente distinto al nuestro. La Constitución de los Estados Unidos no contiene el principio de legalidad. Las garantías judiciales y procesales, tienen una expresión distinta de la de nuestra Constitución. Como no existe la cara afirmativa del principio de legalidad, tampoco existe su contracara, la obligación de los fiscales de perseguir todos los delitos de los que tengan conocimiento. Por eso, los fiscales pueden elegir que delitos persiguen y cuáles no, y también, pueden pactar con los imputados reducción de pena a cambio de colaboración. Esta práctica de elegir qué delito perseguir y cual no, o pactar reducciones de pena, se conoce como “Principio de Oportunidad”. El Principio de Oportunidad es opuesto al principio de legalidad. Pero eso la Ley, al instalar en nuestro sistema el “Principio de Oportunidad” viola nuestra Constitución, que establece el Principio de Legalidad. La Ley del Arrepentido, quiebra la congruencia del sistema legal, rompe su lógica. Pero no es todo, en materia constitucional. El caso “cuadernos” nos ha mostrado a un Fiscal y un Juez asociados en conseguir el mismo objetivo, el “arrepentimiento” de la mayor cantidad posible de empresarios –incluyendo a un par de ex funcionarios del Estado-, con el manifiesto objetivo de incriminar a una persona, la ex presidenta de la Nación. Esto, produce otra violación a la Constitución. Existen en el universo del derecho penal comparado dos grandes grupos que corresponden uno al sistema penal “inquisitivo” y otro, el del sistema penal “acusatorio”. En el sistema inquisitivo (llamado así por su remoto origen en las prácticas de la inquisición española), que fue nuestro sistema hasta la Constitución de 1994, no hay separación neta entre las funciones del Juez y el Fiscal, y por lo tanto, el Juez no es imparcial, sino que se confunde con la acusación. Pero, en la Reforma Constitucional de 1994, se incorpora el Art. 120 que establece la independencia del Ministerio Publico Fiscal como “órgano extra poder” (se entiende extra poder judicial). Pasamos al sistema “acusatorio” El Fiscal y el Juez deben actuar en forma independiente, con funciones distintas. El Fiscal tiene el deber de acusar ante cada delito que sea de su conocimiento. El Juez, debe juzgar de manera imparcial. No puede acusar, debe juzgar, es otra cosa. Sin embargo, el asunto “cuadernos” nos está mostrando a un Fiscal coligado con un Juez. Se ha instalado en la opinión pública nacional, a través de los medios, una interpretación viciosa de la “Ley del Arrepentido” Se naturaliza que el Juez “está para perseguir al delincuente” aún antes de que haya sentencia que establezca como conclusión razonada del derecho que el imputado tiene responsabilidad penal. Estas violaciones constitucionales transforman en nulo todo lo actuado en este sonado caso. Finalmente, es interesante observar que, según la Ley, no solo aplica “el arrepentido” a los casos de cohecho. También aplica al prevaricato, al contrabando, y a los “funcionarios de instituciones financieras” (el BCRA es una institución financiera) “que