Quién es Pettigiani, el fiscal facho que quiere salvar a Stornelli
Fuente: Juan Alonso | Nuestras Voces Fecha: 29 de ABR 2019 El fiscal de Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, realizó un dictamen que busca apartar al juez Alejo Ramos Padilla de la investigación de la causa que involucra al presunto agente de la DEA Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli. Sus antecedentes: favorecer a neonazis, a acusados de trata y de delitos de lesa humanidad. El vínculo de Pettigiani con el nefasto fiscal general Fabián Fernández Garello, sospechado de participar de operativos ilegales en la dictadura. Detalles de los vínculos oscuros de D’Alessio en el Conurbano y sus operaciones. Son días de inquietud en los despachos de la Casa de Gobierno, los tribunales federales de Comodoro Py, y el piso 5 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El trastocado silencio aparente de “La Casa” de los espías y del Ministerio de Seguridad, se manifiesta a través de sus comunicadores oficiosos, agitados por el latido de las encuestas, que dan a la senadora Cristina Fernández de Kirchner como primera en intención de votos, pese a la insistente ponzoña mediática y judicial de los pregoneros del odio. Y es llamativo que la actriz Mirtha Legrand, quien ameniza almuerzos televisados hace 51 años en un país donde el 35,8% de sus habitantes es pobre por culpa de su Gobierno, hable justo ahora de “venganza”. ¿Será la humedad del otoño? El pasado vuelve por la serpentina del viento que posa las hojas amarillas en el refugio de la memoria para dolor del olvido. Dictamen El fiscal de Cámara de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani realizó un dictamen que busca apartar al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, de la investigación de la causa por el escándalo institucional de las andanzas delictivas del presunto agente de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio y sus amigos fiscales Carlos Stornelli, Juan Ignacio Bidone, los comisarios bonaerenses, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, y el agente de la AFI, Hugo Rolando “Rolo” Barreiro. Además, de los vínculos inasibles con los periodistas Daniel Santoro, Eduardo Feinmann y Rodrigo Alegre del Grupo Clarín y el canal América donde en estas horas se agitan las banderas del desamparo y el aire eléctrico presagia fuertes tormentas. En esta nota que publiqué el 27 de abril en Nuestras Voces realicé un resumen del informe de 122 páginas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) donde quedó muy expuesto el vínculo de la banda de espionaje ilegal y extorsiones de D’Alessio con el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich y la AFI. Aquí está publicado también la resolución del fiscal Juan Manuel Pettigiani que quiere enviar la causa D’Alessio a un Juzgado de Comodoro Py, cuando los delitos de espionaje ilegal, extorsión, y lavado de dinero se desarrollaron en Pinamar, Corrientes, Rosario, CABA, Neuquén, Mercedes, Quequén, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, África, India, México, Filipinas, China, Hong Kong, Alemania, Inglaterra, Turquía, Canadá, Estados Unidos y Liechstenstein. ¿Cuál sería el Juzgado de los 12 que existentes en Comodoro Py que tendría jurisdicción en todos estos países y ciudades de la Argentina a la vez? A no ser que el magistrado Claudio Bonadío y su fiscal en rebeldía, Stornelli, fuesen alquimistas avezados, la situación es surrealista. Los procesistas El fiscal Pettigiani llegó al Poder Judicial de la mano de su padre, el actual magistrado de la Suprema Corte de Justicia provincial, Eduardo Julio Pettigiani. En 2006 el fiscal Pettigiani fue repudiado luego de sentenciar que los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), no serían delitos de lesa humanidad y los señaló prescriptos. Como era obvio, los organismos de Derechos Humanos lo recusaron y su dictamen resultó anulado. ¿Conclusión? Siete de los nueve integrantes de la CNU fueron condenados. Según el portal de noticias judiciales Perycia de La Plata, “en las causas de trata de personas suele pedir juicio abreviado”. Por ese motivo, en marzo de 2017, el Movimiento de Mujeres y la Diversidad Mar del Plata pidió su destitución. Los empleados y el dueño del prostíbulo “La Posada” fueron absueltos. Porque el fiscal Pettigiani se ocupó –tal como hizo su colega Germán Moldes en el reino de Py con la causa Papel Prensa-, de retirar la acusación-: evaluó que cinco imputados serían “personas vulnerables”. La postura del fiscal fue tan lejos, que en el caso de Aníbal Soria, presunto financista del prostíbulo, Pettigiani pidió su absolución. Pasó un año y la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio oral. Pero el colmo de Pettigiani (hijo) sucedió en junio de 2017, cuando avaló un juicio abreviado con una banda de neonazis, que produjo ataques brutales a jóvenes homosexuales en las calles de Mar del Plata. Por presión de las víctimas, el juicio se desarrolló y Pettigiani pidió las penas más bajas con el argumento de no se habría probado la existencia de una “organización criminal”. ¿Se dan cuenta? La causa de espionaje paraestatal, extorsiones, seguimientos, coacciones, y amenazas, que instruye el juez Ramos Padilla está repleta de pruebas contundentes con más de 1500 fojas de documentación sensible acumulada en las primeras semanas, con el juez como el garante de la cesación de los delitos. A pesar de ello, Pettigiani reclamó que le arrebaten la causa a Ramos Padilla para que sea trasladada a los dominios de Bonadío. Parecería que el fiscal Pettigiani tendría una debilidad con los espías, torturadores del Ejército de la dictadura, proxenetas, y militantes nazis y fascistas. Finamente, un tribunal oral condenó a los neonazis a 15 años de cárcel. Esa presunta fascinación por la extrema derecha la heredó de su padre, el juez de la Corte provincial, Eduardo Julio Pettigiani, quien se caracterizó por negar los habeas corpus a las víctimas de la represión ilegal de la dictadura cívico-militar y hasta excarceló a un amigo del represor y agente de la SIDE, Raúl Guglielminetti en 1984. En una nota de archivo del periodista Horacio Verbitsky, que fue publicada en el semanario El Periodista de Buenos Aires, en enero de 1986, recordó el accionar público del papá del fiscal que