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1969: El mayo argentino / A propósito de El Cordobazo y sus conmemoraciones

Fuente: Mariano Pacheco | Resumen Latinoamericano Fecha: 27 de MAYO 2017 El 29 de mayo de 1969 las dos fracciones de la Confederación General del Trabajo de Córdoba convocaron a un paro de 37 horas, iniciando un día antes las protestas convocadas por la CGT a nivel nacional para el día 30. La jornada pasó a la historia bajo el nombre del Cordobazo. ¿Qué pasó durante esos días? ¿Qué queda hoy para rescatar de un mayo que no fue francés? El 29 de Mayo la tensión podía respirarse en el ambiente desde temprano. A las 11 de la mañana el movimiento obrero cordobés se dispuso a efectivizar el paro, la movilización y la concentración en el centro de la ciudad, que tenía prevista para ese día. Las columnas obreras parten desde sus establecimientos laborales. Smata y Luz y Fuerza, dirigidos por Elpidio Torres y Agustín Tosco, son los gremios clave de la jornada. Al mediodía, luego de varias escaramuzas, los trabajadores logran “ocupar” el centro de la ciudad. Los vecinos aplauden desde los balcones a los manifestantes que agitan banderas y entonan cánticos de protesta. La Guardia de Infantería y de Caballería de la Policía de la provincia, junto con efectivos de distintas seccionales, intentan sin suerte detener la marcha de los trabajadores. Pasado el mediodía se producen enfrentamientos de los manifestantes con las fuerzas represivas. Entre barricadas y combates callejeros se inicia la represión. Máximo Mena, obrero de Peugeot, es el primer asesinado sobre Bulevar San Juan. Güemes, Observatorio y Bella vista son “tomados” y erigidos en focos de resistencia popular. El barrio Clínicas se transforma en el epicentro de la lucha estudiantil. En el centro de la ciudad, lugares emblemáticos del poder son atacados con furia por quienes protagonizan la jornada de lucha. Se queman las confiterías “Oriental”, en Colón y Avellaneda y “Xerox”, en Colón y Fragueiro, acusadas de ser lugares de “explotación”. También se destruye la concesionaria Citroën, de donde se sacan automóviles que son utilizados como barricadas y se incendian “pagarés”, para que “nadie deba nada”, según comentaron más tarde testigos/protagonistas del hecho. Durante cinco horas, obreros, estudiantes, empleados y vecinos de la ciudad, libraron intensos combates callejeros contra la policía de la provincia, que al verse desbordada solicitó el auxilio de la Gendarmería Nacional y del Ejército, quienes ingresaron a la capital provincial, con 3.000 hombres, pasadas las cinco de la tarde. La jornada culminó, según cifras oficiales, con 400 personas heridas, 2.000 detenidas y otras 34 asesinadas. Y con la renuncia del gobernador. Al día siguiente, Tosco (junto a otros dirigentes sindicales) fue detenido en la sede de Luz y Fuerza y condenado por un Tribunal Militar a 8 años y 3 meses de prisión, acusado de organizar un “comando de guerrilla urbana”. Aunque por la presión popular, Tosco debió ser liberado apenas unos meses después. El Cordobazo, Córdoba y el país Mayo del 69 terminó con el Cordobazo, pero empezó sus días con un clima social de hartazgo ante la dictadura (la autodenominada “Revolución argentina”, tercer Golpe de Estado en tres décadas, llevaba ya tres años en el poder), que había anunciado la derogación del sábado inglés (por el cual se trabajaba medio día pero se cobraba por las 8 horas de la jornada laboral) y había congelado sueldos, aumentado la edad para jubilarse y paralizado la comisión de salario mínimo, vital y móvil, todas medidas tomadas por el entonces ministro de Economía Krierger Vasena, orientadas a “disminuir el costo laboral”, es decir, favorecer las ganancias de los empresarios. Estas medidas, sumadas a las políticas autoritarias y represivas que afectaban a los estudiantes y jóvenes en general, encontraron en varias provincias manifestaciones de protesta, que fueron reprimidas por orden directa del entonces presidente de facto, Juan Carlos Onganía. Fue así que en Corrientes, el 15 de mayo, fue asesinado el estudiante juan josé Cabral. En Rosario, el 17 y el 21 del mismo mes, otros dos jóvenes fueron asesinados en manifestaciones: Alfredo Bello y Norberto Blanco. Entre tanto, en Córdoba, bajo la excusa de “peligro subversivo”, el gobierno había ordenado por esos días cerrar la Universidad. Tal vez como nunca antes, los estudiantes confluirían con el movimiento obrero en una jornada que marcaría la historia de la provincia, y del país. Cuatro años después, acompañando la candidatura a presidente de la Nación de Héctor J. Cámpora, la fórmula provincial Obregón Cano-Atilio López ganaba las elecciones. Las primeras en 18 años en las que el peronismo participaba sin proscripciones. Agustín Tosco, qué duda cabe, se erigió desde entonces como emblema del movimiento obrero cordobés y argentino. “El Cordobazo fue el principio del fin de la dictadura”, había dicho Tosco a un periodista que lo entrevistaba. De la insurgencia obrera al “desarrollismo neoliberal” Apelando a un cinismo exacerbado y ramplón, tras el “cordobzo en las urnas” por parte de la Alianza Cambiemos, el Ingeniero Mauricio Macri hizo su jocosa referencia al “Cordobazo del desarrollo”. Este año los amarillos buscan dar otro cordobazo en los comicios en las elecciones de medio término, pero ni propios ni ajenos pueden aún afirmar demasiado al respecto, aunque todos intentan capitalizar ese conservadurismo llamado cordobesismo que desde 1974 viene reinando en las tierras de la Reforma Universitaria. ¿Cómo acercarnos entonces a El Cordobazo, siendo que hay todo un mundo, un país, una dinámica social que ya no existen más? Una posibilidad es la del posibilismo: “ese país en el cual el clasismo emergió ya no existe. Hagamos ahora lo que podemos”. Eso sí: ante cada fecha emblemática, un homenaje… Claro que se puede ser un nostálgico de buenas intenciones, pero ya sabemos, pedreado de buenas intenciones está el camino hacia el infierno. Por eso no se puede más que afirmar en estas líneas que toda referencia hacia el pasado “glorioso” como algo siempre mejor que nuestro presente es una postura reaccionaria. Por más que se ensalce un “pasado revolucionario”. Cada generación debe medirse con su tiempo, y si de revoluciones se trata, habrá que ver, que descubrir, que

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La utopía de la ciudad compartida

Fuente: Alejandra Dandan | Página 12 Fecha: 24 de MAYO 2017 El ex decano de la Facultad de Arquitectura (UBA) reflexiona sobre el Cantri, ciudad construida por la organización liderada por Milagro Sala, y lo define como una experiencia donde “la vivienda se trabajó como un problema integral de inclusión”. “Si este gobierno lo entendiera, la experiencia del barrio de la Túpac le aportaría muchísimo, porque lo que hizo la organización fue hacer realidad los objetivos del milenio establecidos por la Unesco.” Jaime Sorín es arquitecto, ex decano de Arquitectura de la UBA, y en esta entrevista reflexiona sobre la ciudad construida por la organización que lidera Milagro Sala en el Alto Comedero: el Cantri de la Túpac Amaru, visitado por especialistas europeos –cuenta– que la vieron como posible modelo de ciudad poscapitalista. El entramado de casas con escuela, centro comunitario, centro de salud y parque acuático tiene como mirador el templo Kalasasaya, réplica del espacio sagrado de las comunidades aymara en Bolivia. Sorín está convencido de que ese punto en lo alto del valle también explica por qué fue posible hacer esa ciudad. “Al convertir un instrumento de política de vivienda en ‘otra’ política, que ponía el centro en la reivindicación de derechos sociales y económicos de sujetos hasta entonces estigmatizados por un ordenamiento jerárquico, étnico y social, la Túpac impuso el derecho a la ciudad como espacio socialmente compartido, introduciendo la posibilidad de construir una ciudad en la que todos tengan derecho a transformarla para vivir dignamente”, dice Sorín. –¿Cuál fue su primera impresión en el barrio? –Fue una sorpresa encontrar una estructura urbana nada común en barrios tradicionales de planes federales, pensados como barrios dormitorio. Pero lo segundo es que al entrar en el barrio no sólo ves una trama urbana, sino una estructura social que sostiene un proyecto de vida. Además de viviendas, hicieron fábricas, talleres que contribuían a la aparición de las casas. Pero al fondo encontrás el Parque de los Dinosaurios, por ejemplo, que es realmente impresionante porque nadie espera que en medio de un barrio exista un parque de diversiones para chicos, con actividades para familias, con espacios de sombras y quinchos. Luego, la enorme explanada de agua, que no tuvo profesionales que la piensan a través de geometrías. Y al subir al templo, lo que se ve desde arriba es notable, porque habla sobre todo de otra manera de mirar la vida, que no es la de los profesionales, ni del Estado. Desde allí, se ve el valle con los tanques de agua con imágenes de Túpac, el Che y Evita. Y luego están las frases que van apareciendo en las paredes. Cuando te metés en la textil –donde hay una disciplina de trabajo que envidiarían muchos talleres comerciales–, una pared tiene un enorme cartel que dice: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Todo es sumamente impactante, una ciudad hecha por desocupados, porque el Colegio de Arquitectos pasó honorarios muy elevados y tampoco hubo una universidad para articular el trabajo. La gente se autoformó. –Recién habló del templo. ¿De que habla una ciudad cuando está atravesada por esa dimensión simbólica? –El templo es el lugar desde donde se ve la ciudad. Pero también, el lugar para la celebración (NdR: del Inti Raymi, del día de la Pachamama, entre otras ceremonias). Ahí te dabas cuenta por qué se pudo hacer este barrio. Cuando ves la planimetría de un barrio hecho por el Estado, notás la mano profesional. En cambio, acá notás la mano de la vida. Te aparece la escuela. El centro social. El centro de salud. Esa escuela impresionante para quienes tienen capacidades diferentes. Y después, los lugares de trabajo. Creo fue lo que impactó muchísimo afuera, por lo que fue tomada como ejemplo por revistas europeas. –Usted opuso este modelo a los barrios dormitorio y al paradigma del viviendismo, de pura construcción de metros cuadrados. ¿Hay otros modelos así? –No. Desde los barrios construidos por los ingleses en adelante, tenés barrios dormitorio, algunos más integrados a la trama urbana, otros menos. En los últimos 30 años se hicieron, además, barrios afuera con lógica de operaciones inmobiliarias. Barrios en el conurbano y en el interior del país con viviendas a dos o tres kilómetros de los centros. Cuando la gente tiene un problema de salud, debe ir con urgencia a una ciudad. Lo mismo con la educación. Esto empezó a cambiar en los últimos años con el desarrollo de los centros de integración comunitaria. –Cuando usted conoció el barrio, habló de construcción de ciudadanía. –Es central. El que tiene un problema de vivienda no es el primer problema que tiene. Para llegar a un problema de vivienda es porque hay muchos problemas previos: un problema de trabajo, unido en general a problemas de salud y educación. El problema de vivienda es el último eslabón de una cadena de problemas de una persona que termina excluida. Por eso discutimos la idea de resolver el déficit habitacional a partir de la construcción de una casa. Por eso, la experiencia de la Túpac también es singular, porque la vivienda se trabajó como un problema integral de inclusión. Ahí se ve una apuesta a construir ciudadanía a través de la inclusión. El barrio no sólo resuelve vivienda, resuelve la salud, la educación, el trabajo. Cuando se junta todo eso, la persona se siente incluida como ciudadano. En ese sentido, creo que el barrio de la Túpac, a este Gobierno, si lo entendiera, le aportaría mucho porque lo que hizo la Túpac Amaru fue hacer realidad los objetivos del milenio, que fueron establecidos por la Unesco. Se trata de ocho puntos entre ellos, vivienda, salud, educación. No estaba el trabajo. El trabajo fue el punto 9 y lo incluyó el gobierno nacional en 2004, como “trabajo decente”. Los otros ocho están monitoreados por Naciones Unidas. Y la verdad es que el único barrio, la única obra, que puede tener una puntación positiva en todos estos años, dado que cumple con la totalidad de

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La crisis de la Corte Suprema y la diferencia argentina

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 21 de MAYO 2017 El vértigo de la agenda política argentina tiende a envejecer prematuramente acontecimientos cruciales y de alcance histórico. No es, claro, un vértigo inocente. La coalición política gobernante —la verdadera, no la cada vez más irrelevante alianza con el radicalismo sino la que conforma el macrismo con los grandes medios de comunicación y con la corrupción judicial— maneja los ritmos y los relieves de los acontecimientos. Por eso parece que el tsunami político que provocó el fallo pro-indulto de la mayoría automática de la Corte Suprema hubiera pasado hace mucho y no hubiera dejado ninguna huella importante en la política argentina. Sin embargo, está muy claro que estamos ante una larvada crisis institucional, cuyo curso y desenlace forma parte central del futuro de la democracia en nuestro país. La cúpula de uno de los tres poderes constitucionales está hoy absolutamente vaciada de legitimidad. Su decisión ha impactado en uno de los consensos políticos centrales construidos en nuestro país durante los dieciséis años de vigencia ininterrumpida del estado de derecho: el de la necesidad de la memoria, la verdad y la justicia respecto de los crímenes del terrorismo de Estado. Lo revelaron todos los estudios de opinión que señalan una masa absolutamente mayoritaria de rechazos al fallo. Pero ante todo, lo puso en escena la multitudinaria plaza de Mayo del pasado 10 de mayo. Algunas de las consecuencias político-institucionales están a la vista, otras insinúan escenarios problemáticos a corto plazo. La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público postergó la convocatoria a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Como es de práctica, se ensayaron excusas formales para la postergación, pero no hay forma de desligar el cambio, impulsado por el macrismo, de la tormenta que se desata sobre la cúpula judicial. El simulacro de juicio político preparado contra la procuradora no está rodeado hoy de un clima político favorable; perseverar en la agenda prevista hubiera sido exponerse a convertir el espectáculo parlamentario que se había montado en un escenario donde resonaran muy fuertes los argumentos contra la prepotencia del gobierno en su intento de apoderarse de todos los resortes judiciales decisivos: imponer a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz (lo que se intentó perpetrar por decreto con la posterior conformidad de los designados), facilitar la violación a la Constitución que comporta la continuidad de Elena Highton de Nolasco como jueza de la Corte y después destituir de modo fraudulento a Gils Carbó hubiera aparecido claramente como la evidencia de una política dirigida a homogeneizar el Poder judicial en respaldo de las decisiones de gobierno. No quedaría de la independencia judicial más que una retórica gubernamental claramente desmentida por los hechos. Pero a la crisis institucional le esperan nuevos episodios. Tal vez el más inmediato y dramático es el papel que los cortesanos han recibido justamente de la procuradora general, el que fundamenta con sólidos argumentos jurídicos la necesidad de poner en libertad a Milagro Sala, cuya ilegal detención dura ya más de dieciséis meses. Además esta decisión estará precedida por la presencia de una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya decisión de condenar el atropello no deja ninguna razón para la duda. Es una decisión muy dramática para la cuestionada Corte. Si ratifica su prisión habrá reforzado su divorcio de la ciudadanía. No sirve, en este caso, detenerse a calcular si las encuestas mostrarían el mismo abrumador consenso negativo que expresaron frente al fallo del nuevo indulto: el sesgo autoritario y represivo de las decisiones de la cúpula judicial quedaría convertido en una certeza política y las consecuencias de esto no podrían reducirse a un escrutinio circunstancial de la opinión pública. Se habría sellado de ese modo la atadura irreversible de la Corte a la imprevisible suerte del gobierno de Macri. Para aflojar la tensión social a su alrededor, la Corte podría validar el dictamen de Gils Carbó y ordenar la liberación de la luchadora social. Pero en ese caso estaríamos ante una circunstancia crítica para la coalición formal entre Macri y el radicalismo, casi inexistente en la práctica de gobierno pero de importancia crítica en las muy próximas elecciones legislativas. Claramente el impacto sobre la figura del gobernador Gerardo Morales, sobre la realidad política de la provincia de Jujuy y sobre las relaciones entre el PRO y la UCR sería muy considerable. ¿Puede la Corte sencillamente no hacer nada y aplicar la terapia política del paso del tiempo? Eso ya hubiera sido problemático antes del fallo a favor de los genocidas; luce muy problemático en medio de la incierta situación político-institucional en la que está hoy la Corte. Además el fallo, la réplica popular y las consecuencias institucionales han dejado la situación de la justicia frente al castigo a los criminales de la dictadura en una especie de limbo. El Congreso, recordemos, sancionó en tiempo record una ley que impide explícitamente la aplicación del beneficio del 2×1 a los culpables de los crímenes de lesa humanidad, con el llamativo apoyo de los partidos que vienen militando en el negacionismo del genocidio y en el rechazo de la política de justicia de los años anteriores a la asunción de Macri. La ley no es aplicable al caso Muiña ya beneficiado por el fallo, obviamente irreversible, del supremo tribunal. ¿Qué pasa con la larga fila de criminales formada después de ese veredicto en reclamo de recibir el mismo beneficio que el indultado Muiña y con los fallos contrarios al de la Corte que se han multiplicado en los últimos días? La mayoría macrista del tribunal podría ampararse en la ley recientemente aprobada para borrar el antecedente que su propio fallo inconstitucional creó y, en consecuencia, mantener el cumplimiento legal de las condenas de los represores; la tentación de hacerlo para disminuir el aislamiento social sería muy grande. Sin embargo, como lo demuestra el artículo publicado por Aníbal Fernández en este diario (“Corregir el dislate con un desaguisado”, PáginaI12, 17 de mayo), ese lavado de cara del

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Brasil y sus enseñanzas

Fuente: Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 20 de MAYO 2017 Los sucesos políticos que atraviesan la coyuntura de Brasil no pueden ser desvinculados de la precaria situación económica que allí se observa desde hace un par de años, con importantes caídas del PIB en 2015 y 2016. Sin embargo, la debilidad de fondo de esta economía no es nueva y tiene raíz en las medidas ortodoxas que se implementan. Mucho de esto tiene que ver con los límites que impone la estrategia de metas de inflación que se adoptó en 1999 e involucró la existencia de una de las tasas de interés reales más elevadas del mundo. Esto generó un significativo ingreso de capitales especulativos, bajos niveles de inversión productiva, una fuerte pérdida de competitividad y una significativa primarización de la economía. El reciente congelamiento del gasto público real por 20 años, la idea de avanzar con la flexibilización laboral y la propuesta de reforma de la seguridad social completan un complejo panorama a futuro, aunque ahora son más escasas las posibilidades de que lo pueda llevar adelante un gobierno con tan poco consenso como el actual. De allí que el «círculo rojo» de Brasil decidió que Michel Temer ya realizó «el trabajo sucio» al avalar el «golpe blando» contra Dilma Rousseff, y ahora requiere ser reemplazado por un político potable para la sociedad, que pueda continuar con las reformas de Temer, requeridas también por el FMI. Brasil es, además, otro ejemplo acerca de cómo los modelos económicos neoliberales impactan en la sociedad y terminan afectando al propio sistema político, algo por lo que ya atravesó con grandes costos nuestro país en 2001. Una enseñanza que el gobierno de Mauricio Macri no debería minimizar. En lo coyuntural, se verá amenazado el (exiguo) crecimiento de Brasil y ello afectará en alguna medida a nuestra economía, fundamentalmente por la vía comercial, ya que se trata del principal destino de nuestras exportaciones (16%). En el caso de las exportaciones de manufacturas industriales (MOI), el 32% del total se destina a Brasil, siendo la mayoría de ellas del sector automotor. En tanto, los efectos del canal financiero son mucho más automáticos. Son los riesgos que imprime el esquema de desregulación de los movimientos de capitales al que adscribe nuestro gobierno. Los bajos niveles de deuda heredados hacen que el panorama financiero luzca por ahora menos complicado, pero no deja de ser una luz de alerta de cara a los próximos años. En este marco, cabe mencionar el título de El Cronista en la portada del viernes: «El caso Temer revive la crisis brasileña y complica el repunte de la economía en la Argentina». Una excusa que no extrañaría escuchar en un futuro próximo por parte de nuestras autoridades para justificar la ausencia de «brotes verdes», aunque en realidad la economía no reacciona por las propias políticas del gobierno nacional. En la semana se conoció el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres (un indicador con similar espíritu al estimador de actividad económica del Indec, EMAE) que registró un crecimiento para abril del 3,3%. Pero esto mucho tiene que ver con el derrumbe que dicho índice mostró en abril de 2016, con una baja interanual del -4,9%. Entonces, si comparamos los datos de abril de 2017 con los del mismo mes del de 2015, aun presenta una baja del 1,8%, lo cual es otra muestra de que se está muy lejos de los mentados «brotes verdes». Algo parecido ocurre con la facturación de los supermercados y centros de compra, que en marzo subió un 18,2% y un 10,6% interanual. Estos datos indican una fuerte caída real, considerando el 35% de inflación que para dicho período indica el IPC-CABA. No podía esperarse otra evolución teniendo en cuenta la política salarial que promueve el gobierno. Al respecto, cabe mencionar el acuerdo paritario entre el Estado y los trabajadores de la administración central. El aumento será del 20% en tres tramos (5% desde el 1 de junio, otro 5% en julio y finalmente el 10% en agosto). Además habrá una cláusula gatillo para cuando la inflación supere el 20% en el año. Lo más grave es que se convalida la pérdida por la inflación del período anterior. También se acordaron metas bastante exigentes por presentismo y por productividad. En paralelo, el gobierno anunció la entrega de subsidios a las grandes compañías electro-intensivas, con uno especial para las ultra-electrointensivas que parecería tener nombre y apellido. Son $ 2250 millones que se destinarán a las grandes empresas, bajo la forma de descuentos del 20% en la factura de energía. Mientras, a las pymes y las empresas de la economía social no se les reduce en nada las fuertes subas de tarifas energéticas. Una clara idea de para quiénes gobierna el macrismo. Tren sojero El presidente Macri estuvo de gira por Asia y obtuvo un reconocimiento del primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien le dijo que «Argentina tiene el papel de locomotora en el continente». Claramente no es por la potencialidad industrial ni por la envergadura de su economía; tal vez sí lo sea por su legalidad y su orientación marcadamente neoliberal, atributos que hoy brillan más aun ante la fuerte crisis política en Brasil. Incluso podría pensarse que, de ser una locomotora económica, encabezaría un gran tren sojero y cerealero. En tanto, durante su visita a China el presidente Macri ratificó varios compromisos firmados por el anterior gobierno, que rechazó cuando era oposición. En 2015, por caso, le envió una carta al embajador chino en Argentina en la cual justificó su rechazo a los acuerdos por contener conductas «violatorias de la Constitución Nacional y contrarias al más elemental principio de transparencia en el manejo de la cosa pública». Parece que este no es más el caso. La presión de China para que se respete lo firmado no fue menos importante. En abril el gobierno chino había exigido «firmemente» a la Argentina —para «estimular la confianza de las empresas chinas»— respetar los convenios anteriores, específicamente los relacionados con el proyecto

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La ONU pidió la libertad de Milagro Sala

Fuente: Tali Goldman | Nuestras Voces Fecha: 19 de MAYO 2017 Un grupo de especialistas de Naciones Unidas recorrió el país para analizar los casos de detenciones injustificadas. Denunciaron la persecución de minorías, la represión policial en las marchas de pueblos originarios y la detención arbitraria de Milagro Sala. Ayer presentaron el informe preliminar. El Gobierno nacional tuvo otro trago amargo en materia de Derechos Humanos. Todavía masticando la masiva marcha, consecuencia del polémico fallo de la Corte por el 2×1, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria se mostró “preocupado” por la situación de privación de la libertad en Argentina. Es paradójico, porque es el propio gobierno de Mauricio Macri el que invitó a este grupo de expertos de la ONU, que estuvo diez días recorriendo el país y se llevó nada menos que una pésima evaluación. Si bien el informe preliminar que se presentó ayer en una conferencia de prensa no hace mención explícita a la situación particular de Milagro Sala, casi el cien por cien de las preguntas de los medios nacionales e internacionales hicieron foco en eso. Sin dejar la diplomacia de lado, y sabiendo que todos los cañones apuntarían a ese caso, los especialistas en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi, de Beni y Elina Steinerte, de Letonia ratificaron que la Opinión 31 emitida en octubre de 2016 según la cual el Estado Nacional debe liberar en forma inmediata a Milagro Sala no está sujeta a revisión y debe ser cumplida. Y aclaró que en el caso de que eso no suceda se va a reflejar en el informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “El Grupo de Trabajo tiene la intención de continuar el diálogo constructivo con el Gobierno respecto de los temas presentados en el informe”, advirtieron. Es decir, si bien lo que recomienda este grupo no es de carácter vinculante, se espera que si el país ofició de anfitrión, es porque le otorga la envergadura que le merece. Por eso, los expertos remarcaron constantemente durante la conferencia de prensa que dieron ante medios nacionales e internacionales, que no tienen dudas de que el Gobierno tomará nota del informe. El Informe preliminar Las observaciones que se presentaron ayer —y que también se entregaron al Gobierno— constituyen los hallazgos preliminares ya que el informe propiamente dicho se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones en septiembre de 2018. Del 8 al 18 de mayo ambos expertos mantuvieron reuniones con autoridades federales y provinciales y además con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil. Pasaron por la Capital Federal, la Provincia de Buenos, Chubut y Jujuy. Fueron a diecinueve centros de privación de la libertad y se entrevistaron con 200 personas alojadas en las cárceles: una de ellas fue Milagro Sala. En primer lugar, sostuvieron que “aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGTBI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”. Y agregaron: “Resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden, ante las manifestaiones realizadas por los pueblos indígenas”. Por otro lado, y este es otro de los puntos en el que hicieron el mayor hincapié es en el “exceso de prisión preventiva, con un 60 por ciento de los detenidos en esta categoría”. Por caso, en el informe preliminar explican incluso que “la cifra es superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, el 75% de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza lo estaba en calidad de prisión preventiva”. Además, el Grupo de Trabajo notó que muchas veces se excedía el límite de dos años para la prisión preventiva, lo que constituye de por sí un período excepcionalmente largo, y encontró personas que pasaron de cuatro a seis años en prisión preventiva, incluso hasta diez años. Otra observación tuvo que ver con la cantidad de menores de edad en las cárceles: “Recibimos testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad”. En se sentido, al Grupo de Trabajo le resultó alarmante recibir manifestaciones sobre el supuesto uso de celdas de aislamiento o castigo en algunos establecimientos carcelarios. Durante una de las visitas in situ realizadas, encontraron una celda pequeña, sin ventanas y barrotes en la puerta. También les llamó la atención la privación de la libertad en el contexto de protestas sociales y públicas por parte de miembros de distintas comunidades, entre las que se incluyen pueblos indígenas, sindicatos y movimientos políticos y sociales. En relación con la detención de migrantes, el Grupo lamentó la “adopción» del DNU 70/2017 que modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina y eliminó salvaguardas importantes. “La detención de migrantes debe ser excepcional y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria y cuenta con el control judicial apropiado”, concluyeron. Las consecuencias “Por un lado el derecho internacional se desarrolla no a partir de una sanción sino que se construye a partir de una relación de buena fe. Y el dato que destaca el Grupo de Trabajo es que es Argentina quien los invita”, explicó a Nuestras Voces Diego Morales, director del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Eso es muy importante porque no es una comisión que llega de la nada y decide criticar la Argentina. Fue el propio Estado el que pide que se que le haga una evaluación. Entonces es muy difícil que Argentina no cumpla con las recomendaciones que hicieron”. Por su parte, la abogada de Mialgro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, indicó a este portal que “las consecuencias de no cumplir son en términos diplomáticos, es decir que el Estado Argentino sea considerado un país que incumple compromisos

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«Este gobierno está haciendo lo mismo que hizo Rivadavia»

Fuente: Mónica López Ocón | TiempoAR Fecha: 19 de Mayo 2017 El historiador Norberto Galasso acaba de publicar un nuevo libro. Se trata de Triunfo Buitre. La deuda externa argentinas de los Kircher a Macri (Colihue). Se presentará hoy, viernes 19, en Paisaje Rivarola 154, CABA y participarán del acto, además del autor, Andrés Asiain y Alejandro Vanoli. El libro toma el período comprendido entre la declaración del default en 2001 hasta marzo de 2017. “En algún momento había que darle un punto final, —aclara Galasso— a pesar de antes de ayer mismo el gobierno volvió a endeudarse por 20.000 millones de dólares. Como sigue contrayendo deudas, era difícil tomar la decisión de terminarlo. Esperemos que algún día se pueda poner ese punto final y se revea lo que se hizo, porque se ha contraído ya una deuda impresionante cuyo pago afectará a las futuras generaciones». -¿Y cuál sería la forma de ponerle un punto final a este endeudamiento ya que es una política de este gobierno? -Creo que todo depende de la movilización popular, la correlación de fuerzas que tenga un gran movimiento popular con respecto a la minoría. Casi todos los integrantes del gobierno pueden ser impugnados y enfrentar un juicio político porque tienen cuentas offshore, no están legalmente ubicados y las negociaciones fueron ruinosas para el país. El kirchnerismo logró desendeudar el 92,4 de la deuda total y quedaba un 7, 6 que estaba integrado fundamentalmente por fondos buitres, Paul Singer y Cart quien tiene una empresa que fabrica vasos de telgopor, es multimillonario, tiene bienes en diversas partes del mundo y una nave espléndida y larguísima que se parece a las de los piratas. De ese 7, 6 de los fondos buitres se presentó nada más que la mitad. Lo que reclaman son títulos o bonos que han comprado sobre todo en la época del default en que la Argentina estaba muy mal. Los han comprado a 20 o 30 centavos y ahora exigen que se les paguen al valor nominal del título que es un dólar, es decir, cinco veces lo que pagaron. Cuando se iniciaron las negociaciones, dado que era sólo la mitad la que se presentaba, se pensaba que había que lo que había que pagar en el caso de aceptar la situación de que eran mafias financieras internacionales, eran 2.500 millones de dólares. Como se negoció cuando asumió Macri, que representaba los mismos intereses que los buitres, se pasó a una cifra de 6 000 o 7000 millones de dólares y luego a una cifra de 12.500 millones de dólares. Eso se aprobó pero el Congreso luego reconoció que había que emitir deuda por 15.000 millones de dólares. Le encargaron a Caputo, íntimo amigo de Macri que hiciera las gestiones y se terminaron emitiendo bonos por 16.500 millones de dólares. -Es decir que la deuda aumentó de manera exponencial en poco tiempo. -Si, Axel Kicilloff dice que se ha pagado 3 o 4 veces lo que se debía. Néstor Pitrola, que a veces es un poco exagerado en esas cosas, dice que se pagó 11 o 12 veces más de lo que se debía. De todos modos el acuerdo es muy parecido al que se hizo Rivadavia en 1824. A eso ahora agregaron que la Argentina da en garantía sus recursos naturales como Vaca Muerta. En su momento, Rivadavia había hipotecado las tierras de la provincia de Buenos Aires como garantía del empréstito. Esto es lo mismo que hizo Rivadavia. Las tasas de interés de la deuda reconvertida que se pensó que podían ser de un 3 o 4 % anual se pactaron en 7,5. Ha sido toda una operación ruinosa que se va a pagar endeudándose más. Con la intervención del Fondo Monetario se va a establecer una política para que todos los argentinos que no recibieron un bono ahorremos con nuestro trabajo para que todos los años se llegue a un presupuesto que por lo menos permita pagar los intereses. -Se paga con el sacrificio del pueblo. -Claro. Hay que bajar los salarios, lo que significa también una baja del consumo. Esto es un círculo vicioso porque esto provoca cierre de negocios, desocupación y la desocupación hace que los empresarios puedan pagar salarios bajísimos. Ya dijo Prat Gay cuando era ministro que la opción era muy fácil y que los sindicalistas debían saberlo, -¿Cuál era esa opción? – Era salarios muy bajos o despidos. Esto sumado a una serie de negociaciones espurias que fueron identificadas y son retenidas por una justicia que en gran parte está pervertida como son las más de 40 empresas offshore que tiene el grupo Macri. El joven diputado Daniel Martínez ha revelado que ha habido giros entre esas empresas para instalar Pago Fácil en Brasil, por ejemplo. Esto se vincula también con los giros que ha recibido Arribas que ahora está en dificultades con los reclamos que le hace el Gobierno para que explique cómo ha recibido giros por 10.500 millones. Él dice que no los ha recibido. -¿Ve en estas políticas un retroceso? -Sí, hemos vuelto a la Argentina tradicional, a la Argentina colonial en la que el poder está en manos de una oligarquía fundamentalmente financiera. Ellos hablan de inversiones, pero las inversiones que entran van a la bicicleta financiera. Se utilizan las tasas de interés altísimas para obtener grandes beneficios y luego se aprovechan las facilidades que da el gobierno para fugar eso hacia el exterior por las dudas, no vaya a ser que un día el pueblo argentino explote ante tanta canallada. -¿Qué similitudes y diferencias ve usted con la situación del 2001? -La situación del 2001 era de crisis generalizada. Antes de eso hubo un voto bronca en que un 25% no participó y un 20 % votó en blanco. Prácticamente se ganó por la negativa. Hubo un rechazo, un repudio total a la dirigencia política. Esta dirigencia no ha mejorado mucho, pero hay compañeros correctos y combativos, por supuesto y también los hay a nivel gremial. Pero, de

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Crímenes y delitos de Donald Trump

Fuente: Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now Fecha: 19 de MAYO 2017 El presunto intento del presidente Donald Trump de socavar la investigación del FBI sobre su ex asesor de seguridad nacional, el teniente general Michael Flynn, y su posterior despido del director del FBI, James Comey, ha inspirado un sin fin de especulaciones en los medios de comunicación hegemónicos sobre la posibilidad de que sea sometido a juicio político. Sin duda, las pruebas presentadas por el periódico The New York Times, junto con todo lo ocurrido durante los primeros meses de gobierno de Trump, amerita una investigación independiente. Tal vez, como en el escándalo de Watergate de 1974, que forzó al presidente Richard Nixon a renunciar caído en desgracia para evitar el proceso de juicio político y destitución, el encubrimiento del delito termine siendo mayor que el delito mismo. ¿Pero qué pasaría si a Donald Trump se le hiciera rendir cuentas por sus verdaderos delitos, como matar civiles en ataques con aviones no tripulados, causarles sufrimiento o la muerte a los refugiados al negarles asilo y conducir el planeta hacia una catástrofe climática? ¿Qué sucedería si Donald Trump mantuviera sus promesas de campaña, tan indignantes como incendiarias, que, de ser implementadas, en su mayoría constituirían crímenes? Lamentablemente, el poder presidencial excesivo, y a menudo letal, ahora se considera algo normal. A los pocos días de asumir el cargo, el presidente Trump, durante una cena con su yerno Jared Kushner y otros asesores, aprobó un operativo militar del equipo especial SEAL 6 de la Marina estadounidense en Yemen. El ataque le costó la vida al integrante de los SEAL “Ryan” Owens, así como la pérdida de un helicóptero estadounidense. ¿Pero qué se supo de las bajas civiles? Pese a las declaraciones del gobierno de Trump de que la ofensiva recopiló amplios datos para inteligencia, han surgido informes de al menos 30 muertes de civiles; entre ellos, varios niños. Según Reuters, autoridades militares de Estados Unidos dijeron: “Trump aprobó su primera operación encubierta de antiterrorismo sin suficiente información de inteligencia, apoyo terrestre ni preparativos de respaldo adecuados”. Esto fue solamente un operativo militar en Yemen entre miles, en una devastadora guerra civil exacerbada por el armamento y apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudí, que está arrasando Yemen. Trump visitará Arabia Saudí esta semana, el primer país extranjero al que irá como presidente. Donald Trump es el comandante en Jefe, y su orden casual en medio de esa cena condujo a la muerte violenta de decenas de personas inocentes. ¿Acaso no se trata de un crimen? A mediados de abril, el ejército estadounidense lanzó una bomba sobre un presunto objetivo del autoproclamado Estado Islámico (ISIS, por su sigla en inglés) en Afganistán, que estos días no atrae la atención de los medios, a pesar de que la guerra más larga en la historia de Estados Unidos ha llegado a su 17º año, con promesas de Trump de extenderla y enviar miles de tropas terrestres más al terreno. Pero esta no era una bomba común. Trump dejó caer sobre territorio afgano lo que el Pentágono ha calificado como “la madre de todas las bombas” (MOAB, por su sigla en inglés). La bomba GBU-43/B es la mayor bomba no nuclear del mundo. Se encuentra en el arsenal estadounidense desde principios de la guerra en Irak, pero nunca se había usado hasta que el comandante en jefe Donald J. Trump asumió el cargo. El Dr. “Hakim” es un médico que ha hecho trabajo humanitario en Afganistán durante más de una década. Hakim trabaja en Voluntarios por la Paz en Afganistán, un grupo interétnico de jóvenes afganos dedicados a crear alternativas no violentas a la guerra. Recientemente dio su opinión sobre el primer despliegue de la MOAB en una entrevista con Democracy Now!. En declaraciones desde Kabul, se mantuvo de espaldas a la cámara por temor a sufrir represalias si era identificado: “Creo que es un insulto llamarla ‘La Madre de Todas las Bombas’. Esta mañana, cuando estaba hablando con un integrante de Voluntarios por la Paz en Afganistán, Ali, él dijo: ‘¿Alguna madre le haría eso a la Madre Tierra? ¿O se lo haría a algún niño?’ El efecto es lo que el ejército estadounidense o lo que los ejércitos de todo el mundo quieren infligirles a los ciudadanos comunes; es decir, miedo, pánico, hambre, ira”. Los medios de comunicación hegemónicos han asumido un tono más opositor desde que Donald Trump asumió el cargo, sin embargo, vuelven a alinearse cuando Trump se involucra en acciones militares. Entonces, los medios declaran, que Trump está actuando como un “presidente”. El mismo artículo del periódico The New York Times que sostenía que Trump interfirió en la investigación sobre las relaciones entre Flynn y Rusia contenía otra sorprendente revelación. El medio informó que “según uno de sus asesores, el señor Comey debería considerar encarcelar a los periodistas por publicar información clasificada”. La libertad de prensa es la base de nuestra sociedad democrática. Trump también se ha comprometido a ampliar las leyes de difamación para que sea más fácil perseguir a quienes lo critican. Rod Rosenstein, vicefiscal general, acaba de nombrar al ex director del FBI Robert Mueller como asesor especial para supervisar la investigación en curso de la presunta influencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Mueller debería evaluar los hechos enérgicamente y hacer públicas sus conclusiones. Pero la investigación completa de los crímenes de Donald Trump debería ir mucho más lejos. Traducción: Inés Coira

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«Necesitamos directas ya y de un plan popular de emergencia»

Fuente: Jaoana Tavares | Brasil de fato Fecha: 18 de MAYO 2017 João Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y del Frente Brasil Popular, analiza en el escenario político brasileño, el papel de Globo, las divisiones en el campo golpista y habla sobre la necesidad de construir un gobierno de transición y la construcción de un proyecto popular para Brasil. ¿Cuál es el interés de O Globo en divulgar esos audios y por qué ellos insisten con elecciones indirectas? La red Globo se transformó en el principal partido de la burguesía brasilera (PBB). Ella cuida de los intereses del capital utilizando su fuerza de manipulación de la opinión pública y articulando los sectores ideológicos de la burguesía, o sea, el poder judicial, algunos fiscales, la prensa en general, etc. Ellos saben que Brasil (y el mundo) vive una crisis económica, social y ambiental causada por el modus operandi del capitalismo. Y eso aquí en Brasil se transformó en una crisis política, porque la burguesía precisaba tener hegemonía en el congreso y en el gobierno federal, para poder aplicar un plan de colocar todo el peso de la salida de la crisis sobre la clase trabajadora. Por lo tanto, O Globo es la mentora y gestora del golpe. Sin embargo, la salida Temer fue un tiro en el pie, ya que su banda, como reveló Eduardo Cunha, era un bando de lumpens, oportunistas y corruptos, que no estaban preocupados con el proyecto burgués de país, sino solo con sus billeteras. La operación carne podrida fue otro tiro en el pie, que ayudó a desacreditar esa banda del Pmdb, pues varios de ellos estaban involucrados y provocaron a un sector de la burguesía agro-exportadora. Ahora ellos necesitan construir una alternativa a Temer. La forma de salir se decidirá en las próximas horas y días, si por una renuncia, si lo detienen en el Tribunal Supremo Electoral o si aceleran el pedido de impeachment en el Congreso. Y en las próximas semanas decidiremos a quién colocar en el lugar. Muchos factores incidirán y el resultado no será algún plan maquiavélico de algún sector, mismo de la Globo, sino que será el resultado de la lucha de clases real, de cómo las clases se comportarán en las próximas horas, días y semanas. ¿Cómo se organiza el campo golpista? El campo golpista está dividido desde 2014. Y eso nos ayuda. Porque en los golpes anteriores, de 1964, y después en el gobierno de Fernando Hernique Cardoso de 1994, la burguesía estaba unida, tenía un comando único, tenía un proyecto de país y tenía una retaguardia importante en la capital estadounidense. Ahora ellos no tienen proyecto para el país. Perdieron la retaguardia gringa pues se alineaban con Hillary Clinton. Quieren salvar sólo sus intereses económicos particulares. Como dice el sociólogo tucano (N.E. por el tucán que tiene el logo del PSDB, el partido de Cardoso y Aécio) Jose de Souza Martins, “la reforma previsional y laboral son las medidas capitalistas que aumentan la explotación de los trabajadores pero son contradictorias con un proyecto capitalista de país”. Ellos no tienen comando único. Están divididos entre el poder económico (Meireles, JBS) el grupo de lumpens del PMDB (Juca, Padilha, Temer, Moreira Franco), que tienen el poder de las leyes, y comienzan a tener fisuras, como el caso de Renan. Y el grupo ideológico de Globo – poder judicial. Hay muchas contradicciones internas entre ellos. Y por eso también ellos no tienen claro, ahora, a quien colocar en el lugar de Temer. Lo ideal para ellos sería proscribir a Lula, tener un gobierno de transición, que fuese aceptado por la mayoría de la población, podría hasta ser la ministra Carmen Lucia (N.E. Presidenta del Supremo Tribunal Federal), hasta octubro de 2018, y ahí intentar ganar las elecciones. Además, esa división aparece también en las candidaturas de ellos, aún no consiguieron construir un FHC, un Collor. Están tanteando a la opinión pública presentando a Doria (N.E. Intendente de San Pablo, empresario perfil Macri), Huck (N.E: Luciano Huck es un presentador televisivo), etc., pero ellos saben por las encuestas de opinión pública que son inviables y sólo pospondría aún más la crisis política. ¿Qué pueden hacer los trabajadores y organizaciones populares en este momento? Nosotros estamos debatiendo, ya desde el año pasado, en el ámbito de los más de 80 movimientos populares y organizaciones políticas que forman parte del Frente Brasil Popular, que la salida que interesa a la clase trabajadora son un conjunto de medidas complementarias. Primero sacar a los golpistas y suspender todas las medidas legislativas que vienen tomando contra el pueblo. Después tener un gobierno de transición, que convoque a elecciones presidenciales para octubre de 2017. Y que se discuta una forma de hacer una reforma política inmediata, que garantice la voluntad del pueblo, y se elija un nuevo congreso. Y el nuevo gobierno, asuma el compromiso, ya en campaña de convocar para 2018 a una asamblea constituyente exclusiva, a parate del congreso, para constituir un nuevo modelo democrático de régimen político – electoral en el país. Paralelamente a eso, construimos un PLAN POPULAR DE EMERGENCIA, que priorizó más de 70 medidas de emergencia que el gobierno de transición y el nuevo gobierno deberían impelemntar, que en nuestra opinión, sacaría al país de la crisis económica, social y política. Y después, durante la campaña electoral, discutir un nuevo proyecto de país, que tome en cuenta la necesidad de reformas estructurales de mediano y largo plazo, como la reforma tributaria, la reforma de los medios de comunicación, la reforma agraria, los cambios en el pago de los intereses y del superávit primario y la propia reforma del poder judicial. Pero para que todo eso suceda, los trabajadores, las masas, necesitan urgentemente ganar las calles. La fuerza del pueblo sólo se ejerce en las calles, en las movilizaciones, ocupaciones y presión de masa. Creo que en las próximas horas y días habrán varios plenarios para debatir fechas concretas de movilización. De nuestra parte, creemos que

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Milagro Sala y el niño de diez años

Fuente: Jorge Elbaum | La Garcia Fecha: 17 de MAYO 2017 La escena es conmovedora. Un niño llamado Fernando de apenas diez años intenta bajar la cabeza para no ver el espectáculo truculento que la autoridad ha decidido escenificar para aleccionar y disciplinar a todo un pueblo. Fernando Condorcanqui, la criatura que llora desconsoladamente y que intenta no ver la cruel representación punitiva es hijo y hermano de las personas que van a despedazar y asesinar frente a sus ojos. El chico baja la cabeza y un funcionario del imperio español se la sostiene forzadamente con el objeto de que las imágenes queden grabadas como pedagogía del horror y del sometimiento. Fernandito es forzado a presenciar la ejecución de dos de sus hermanos mayores y la muerte por garrote de su madre, Micaela Bastidas. Luego, como capítulo final de la perversidad, se le exige ver el intento —frustrado— del descuartizamiento de su padre, José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru. Mientras los cuatro caballos cinchaban hacia los puntos cardinales de la tierra, al niño se le sostenían la cabeza para que fijara su vista en el cuerpo de su padre. A Fernando, de diez años, se le escucho esa mañana, en la Plaza de Armas de Cusco un gemido penetrante y agudo que es considerado por difundidas supersticiones como causa de los movimientos sísmicos que han asolado a Perú en los últimos doscientos años. La escena es del 18 de mayo de 1871. El día de dicho aniversario, 18 de mayo de 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Personas (GTDA) entidad de las Naciones Unidas que se dedica a investigar denuncias sobre penas carcelarias indebidas y a elaborar recomendaciones a los Estados, abandonará nuestro país después de relevar durante diez días el caso de la Diputada electa del PARLASUR (Parlamento del MERCOSUR), Milagro Sala, —entre otros— quien se encuentra privada de libertad desde enero de 2016, en el marco de diferentes causas apócrifas iniciadas por testaferros judiciales del actual gobernador provincial. En una de esas causas, un ex integrante del Movimiento Barrial Tupac Amaru, Rene “Cochinillo” Arellano, empleado de la actual gobernación provincial, denunció a Milagro Sala como instigadora de un “escrache” realizado el entonces diputado Gerardo Morales, del cual la propia Milagro Sala no participó y por la cual —sin embargo— fue condenada. José Gabriel Condorcanqui, el padre de Fernandito, fue detenido en 1780 por liderar una sublevación contra los responsables del sometimiento de los pueblos originarios a formas de esclavización conocidas como la mita y el yanaconazgo. La primera acción de José Gabriel, que tomó el seudónimo de Tupac Amaru II en homenaje a uno de los líderes de la resistencia contra la invasión española en el siglo XVI, fue exigir a la Audiencia de Lima, mediante pedidos escritos, la eliminación de la utilización de niños, ancianos y mujeres en las minas, donde morían diariamente miles de personas por el contacto con el mercurio. La indiferencia del imperio -que nunca contestaron las requisitorias de José Gabriel- impulsó la sublevación, que incluyó un admirable decreto en el que Condorcanqui declaraba la abolición de la esclavitud de los afrodescendientes, el 16 de noviembre de 1780. Milagro Sala fue parte de la construcción colectiva de un movimiento orientado a brindar trabajo y dignidad a decenas de miles de ciudadanos desempleados y excluidos por el neoliberalismo que arrasó con América Latina en los años´90. Milagro lideró un modelo de empoderamiento popular cuyo éxito más relevante fue enorgullecer a sujetos colectivos acerca del significativo poder con el que contaban si eran capaces de mostrarse unidos. Su organización puso en evidencia que podían canalizar demandas hacia el Estado y visibilizar su existencia social, oscurecida durante décadas por la agenda púbica. El Movimiento Barrial Tupac Amaru cambió la escenografía jujeña a fuerza de piquetes, marchas y rebeldías. Gran parte de la conservadora y pacata sociedad jujeña catalogó a la “Tupac” como el paradigma del desorden social y la consideró un “insulto a la moral, a las buenas costumbres y al libre tránsito”. Tupac Amaru II fue traicionado por un integrante de su grupo tupamaro, Francisco Santa Cruz, al igual que Sala fue vendida por Rene “Cochinillo” Arellano, quien se garantizó empleo y retribuciones veniales. Al hijo de Milagro Sala, Sergio Chorolque, en el marco de una brutal campaña para destruir emocionalmente a la dirigente popular, se lo acusó de inexistentes delitos ligados a sus tareas como integrante del movimiento barrial. La rebelión de José Gabriel tomó como bandera los colores del arco iris, la “Wipala” que flamea hasta hoy en las casitas rugosas de piedra y adobe donde late el ancestral orgullo que Tupac le legó a quienes se enfrentaron al usurpador colonial. El encargado de torturar y condenar al descuartizamiento a Tupac fue el Doctor en Derecho Canónigo, José Antonio de Areche. Su heredero es el gobernador de Jujuy quien fue interpelado por Milagro Sala en su declaración ante los tribunales, en ocasión de las tantas acusaciones a las que se vio sometida: “Siento que la molestia es porque los negros conseguimos organizarnos e inculcábamos que no teníamos que bajar la cabeza por nada del mundo (…) En todas las localidades la Tupac comenzó a trabajar con las escuelas y crear aulas precarias. Esas cosas le molestan a Gerardo Morales: poder construir nuestro propio futuro, vivir mejor, y que no dependan de sectores políticos”. El pecado estructural del colectivo barrial Tupac Amaru fue dirigir una organización que no ha comulgado con el sometimiento económico y simbólico. Para superar la postración, ha utilizado los escasos dispositivos que el establishment no controlaba. Ese hecho que implica quebrar un adocenado status quo es lo que supone un pecado imperdonable para el modelo de dominación provincial jerarquizado. Tupac fue juzgado por la inquisición, que permitía unificar el derecho terrenal con la legitimidad “divina”. El veredicto incluyó el desgarramiento público bajo la atenta contemplación de su hijo de diez años. La persecución sistemática a Milagro Sala todavía continúa. Pero los tribunales de la nueva inquisición

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