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Fuente: Jorge Elbaum | Página 12 Fecha 17 de JULIO 2017 El pasado 11 de julio, un conjunto de legisladores ligados al oficialismo se reunieron en el Congreso de la Nación para firmar una “Declaración en memoria de las víctimas del terrorismo internacional”, bajo el patrocinio de la DAIA. La actividad se realizó en referencia al 23º aniversario del atentado en el que fueron asesinadas 85 personas, el 18 de julio de 1994. En la representación gráfica del evento divulgada por la DAIA, se observa una llamativa y unánime sonrisa en los rostros de los firmantes, incluidos el presidente de la entidad, Ariel Cohen Sabban y su vicepresidente, Alberto Indij. La paradojal alegría de los retratados en las pulcras escalinatas del Congreso de la Nación refiere indudablemente a los variados usos mediáticos y político generados por diversos sectores en relación a la masacre de 1994. Desde esa fecha fatídica, el gobierno del Estado de Israel, apenas sucedido el hecho, presionó para responsabilizar al Estado de Irán, sin contribuir con evidencias empíricas que permitieran juzgar a sus eventuales responsables. Dicha atribución de responsabilidad, gestionada en forma ajena a pruebas judiciales, que el gobierno menemista asumió como designio geopolítico propio, generó el empantanamiento de la investigación y la posterior implantación de pistas falsas. Su consecuencia fue el derrumbe de la Causa AMIA y el inicio del denominado “juicio de encubrimiento” donde son juzgados en la actualidad el ex juez Galeano, la SIDE menemista, y el presidente de la DAIA de entonces, Rubén Beraja, los fiscales de la causa, el comisario Fino Palacios, entre otros. Ese escándalo aparece como la primera intentona para utilizar el atentado, en este caso, al servicio de exigencias foráneas desligadas de la investigación jurídica local. Una segunda utilización del atentado estuvo orientada a saldar oscuras negociaciones por venta de armas, triangulaciones de pertrechos militares y sombrías vinculaciones entre servicios de seguridad nacionales e internacionales: Menem se había comprometido con Siria e Irán a colaborar en el desarrollo del primitivo programa nuclear persa, y una vez en el gobierno olvidó sus promesas, ante las repetidas presiones y exigencias del gobierno estadounidense. El atentado se convirtió –además de generar una masacre dirigida hacia los argentinos judíos– en una devolución de atenciones por “mejicaneadas” que no suelen ser dispensadas en el mundo de los traficantes de artefactos bélicos. Una tercera utilización del atentado fue vehiculizada por los sectores más conservadores de la colectividad judía argentina que pretendieron, desde el inicio, manipular sus consecuencias para hegemonizar una identidad histórica, obviando y ocultando los antecedentes progresistas ligados tanto a la tradición nacional y popular como al progresismo y la izquierda. El atentado fue usado por las instituciones AMIA y DAIA para sepultar todo vestigio de contacto con el pasado migrante y trabajador, optando por desplegar una alianza que había prologada por Rubén Beraja en su doble carácter de presidente de la DAIA y presidente del Banco Mayo. El atentado llevó a que ambas instituciones, ubicadas en Pasteur 633, se convirtieran en furgón de cola de la más rancia derecha argentina, la misma que otrora los humillaba, perseguía y despreciaba con lenguaje y etiquetamientos judeofóbicos. Esta tercera utilización incluyó la grosera exigencia de trasladar sin mediaciones el conflicto de medio oriente a la Argentina, imponiendo la agenda del gobierno del Likud (la derecha) israelí, consistente en la defensa de sus políticas coloniales y la continuidad de la ocupación de Palestina. Esto se llevó a cabo a través del intento de resignificar “lo judío” para adecuarlo funcionalmente a los intereses de Aipac, el lobby de la ultraderecha judeo-estadounidense, ligada al partido republicano y a los “fondos buitre”. La obvia externalidad de esta utilización los llevó a aceitar amistades reaccionarias de toda laya, incluso con quienes justifican a represores y defienden la teoría de “los dos demonios”. La provisión de cuadros orgánicos al servicio de la restauración del orden conservador, como los casos de Claudio Avruj, Sergio Bergman y Waldo Wolff, supone una de las más fuertes evidencias del giro con el que se pretende ocultar (y sepultar) la existencia de otras formas argentinas de ser judío, ligadas –por ejemplo– a los 1700 desaparecidos de ese origen. La cuarta y última utilización se relaciona con el ex fiscal Natalio Alberto Nisman, quien fingió que se dedicaba a la investigación del atentado para articularse con quienes le declararon la guerra política a los gobiernos progresistas de América Latina. En esa trayectoria, se unió con agencias de inteligencia extranjeras y con grupos de seguridad aliados a estos últimos. Se vinculó además con quienes desataron una campaña de desprestigio –basada en tergiversaciones y falsedades– sobre el accionar del gobierno anterior, en relación a la firma del memorándum con Irán. La muerte del fiscal se convirtió, hasta el día de hoy, en una disparatada cuña jurídica que incluye la acusación de “traición a la Patria” contra el ex canciller Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner y la delirante sospecha de homicidio del fiscal, decidida y/o ejecutada por el gobierno. Para que el atentado siga brindando oportunidades de utilización es necesario que nunca se llegue a saber a ciencia cierta quiénes fueron sus planificadores, sus ejecutantes y sus cómplices. Quizás la necesidad de seguir usando a las víctimas para beneficiar a los sectores más privilegiados de nuestra sociedad, o para lograr adscripciones geopolíticas ajenas a la realidad latinoamericana, expliquen por qué el actual gobierno decide proteger a los acusados del encubrimiento –que están siendo juzgados en la actualidad por el Tribunal Oral Federal Número 2– y por qué intentan motorizar un juicio en ausencia, que evita la indagatoria de los acusados, contribuyendo a decretar condenas ajenas a los procedimientos jurídicos, legitimados internacionalmente. Se cumplen 23 años. Mientras el atentado sea utilizado para resolver situaciones ajenas al hecho específico de la explosión sucedida el 18 de julio, continuaremos siendo rehenes de una impunidad que solo podrá ser enfrentada con las herramientas simbólicas desarrolladas por nuestro pueblo en las últimas décadas: Memoria, Verdad y Justicia.

Fuente: Eduardo Aliverti | Página 12 Fecha: 17 de JULIO 2017 Cristina en Mar del Plata, Massa en Tigre, Randazzo en Bolívar y Cambiemos en Pepsico. Así largó. Hasta que las imágenes de la represión ganaron el centro mediático, el foco oficial estaba puesto en otra de las llaves presuntamente maestras para ratificar y atraer voluntades electorales. Barrer a la situación económica del debate, según se supone que ya sabe cualquiera que no viva en un potus, es instrumentado a través del denuncismo anti K. Los protagonistas eran, y en ese rol retornarán una y otra vez, la procuradora general Alejandra Gils Carbó y el ex ministro Julio De Vido. En el caso de la primera, tal como lo habían adelantado voceros de prensa oficialista que reciben información de primera mano desde las usinas judiciales del macrismo, se pidió la indagatoria por eventuales irregularidades en la compra de un edificio y sospechosas comisiones pagadas a una inmobiliaria. Lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal no pagó comisión alguna porque justamente lo estableció como una de las condiciones; y que fue la propia Gils Carbó quien ya había separado de su cargo al funcionario incurso en una irregularidad, que ella reconoce. La obsesión del Gobierno y de su aparato mediático por enchastrar mediante las falsedades y manipulaciones que sean necesarias llevó, incluso, a presionar para que la procuradora general fuese destituida mediante decreto, en lo que hubiera sido un escándalo anticonstitucional prevenido hasta por sectores amigos de la oposición y la denunciadora serial Elisa Carrió. Al advertir que semejante tensado de la cuerda no funcionaría, Casa Rosada dio marcha atrás y ahora espera el favor de las urnas para que la fuerza parlamentaria le habilite juicio político. En lo jurídico, el episodio quedará como otra de las bombas de humo que se lanzan con una frecuencia espeluznante pero, en términos propagandísticos, el Gobierno conjetura que taladrar permanentemente acerca de la corrupción kirchnerista acaba por redundar en más beneficios que riesgos. Mentir y mentir porque algo quedará, que en su última versión académica, un tanto más sofisticada, se denomina Posverdad. La secuencia reciente sobre De Vido abona el laboratorio práctico, con mucha más fuerza todavía porque el ex responsable de Planificación —después de Cristina— es un cuco prioritario respecto del que nadie pone las manos en el fuego, sin que por eso deba desatenderse una mínima rigurosidad en cómo se brindan y procesan los datos duros. Se venía de un show mediático espectacular en torno de supuestas y graves anomalías por contrataciones en la mina de Río Turbio, que ni siquiera consistían en acusaciones de soborno, ni sobreprecios, ni facturas truchas, sino en que los estudios de viabilidad del proyecto de Yacimientos Carboníferos Fiscales fueron puestos en mano de una universidad nacional y no de una consultora privada. Más aún, pobladores y mineros reclamaron por el cumplimiento de la obra que el gobierno de Macri paralizó, apenas asumido, enmarcado en la estrategia de ahorcar a Santa Cruz. A poco de andar el espectáculo, Luis Rodríguez, juez de la causa, informó que las pruebas reunidas no llegaban hasta el momento ni apenas para conformar el estado de sospecha, y dispuso el secreto de sumario en implícita referencia al desquicio del manejo mediático. Entonces, con esa acusación arruinada, ¿quién podía aparecer que no fuese Claudio Bonadio, para que (síntesis perfecta del título de Página|12 en la nota firmada por Raúl Kollmann el martes pasado) “el comité de Cambiemos en Comodoro Py” rescatase la mecánica de una denuncia por día y por lo menos? Bonadio dictaminó procesamientos contra De Vido y los secretarios de Transporte entre 2003 y 2014, esta vez por presuntos vueltos en los subsidios a líneas de colectivos. Como destaca el artículo, la hilacha política de la resolución del juez se percibe a simple vista, aunque cabría agregar que, “posverdad” mediante, la única simple vista que corre es la convicción previa de que cada quien se muna. Bonadio tomó la decisión cuando falta que declaren 251 empresarios del transporte en la misma causa, y no imputó a ninguno de los funcionarios provinciales del área que estaban encargados de certificar los kilómetros recorridos por los colectivos que fueron subsidiados. La medición de que se pagaron subsidios de más, por parte del juez, toma un puñado de líneas de colectivos a las que les aplica un cálculo de GPS que estaba derogado, y la usa para extenderlo a todas las líneas como si todas ellas hubieran recorrido menos kilómetros que los declarados. La nota de Kollmann es redonda en el señalamiento del artilugio inventado por Bonadio para sostener esta nueva avanzada de la coalición judicial-mediática. Pero, de vuelta, ¿a quién le importan los datos, siquiera para sospechar o curiosear que pueden emplearse con una intencionalidad manifiesta? También en la edición del martes de este diario, el sociólogo Gonzalo Arias (autor de Gustar, ganar y gobernar, de Editorial Aguilar) cita una frase de Doug Stamper, personaje de House of Cards que obra de mano derechísima del perfecto hijo de puta encarnado por Kevin Spacey como presidente de los Estados Unidos. “Si parece un hecho, es un hecho”, dice Stamper en la última temporada de la serie. Y como agrega Arias sobre, precisamente, “La posverdad en acción”, el peso de las impresiones es cada vez mayor porque vivimos a un ritmo en el que no hay demasiado tiempo para aclaraciones exhaustivas. “Las redes (sobre todo, podría añadirse, porque al fin y al cabo parten de una macro-agenda establecida aún por los medios tradicionales) tienen el potencial de provocar una exacerbación de las noticias falsas, debido a su facilidad para propagar con rapidez cualquier información, ya sea verdad o no (…) Una manifestación podemos interpretarla como un grupo de trabajadores reclamando por la situación económica o, desde otra óptica, un grupo de militantes violentos que afectan la paz”. Esa última provocación analítica es particularmente atendible tras los sucesos en Pepsico, pero por razones que desmentirían a la probabilidad de interpretar los hechos objetivos desde otra

Fuente: Horacio Lutzky* | Perfil Fecha: 15 de JULIO 2017 Hoy, 23 años después, sólo dos cosas sabemos con certeza: que el 18 de julio de 1994 volaron la AMIA causando 85 muertos y centenares de heridos, y que desde los más altos estamentos del Estado se propició una actividad sistemática de encubrimiento de la mecánica de los hechos. La causa del atentado a la AMIA es, desde la foja 1, el más increíble muestrario de la actividad delictiva de funcionarios y personajes influyentes, encaminada a limpiar las huellas y evidencias, y a construir una historia falsa para cerrar el expediente y dar una “explicación” a la sociedad. En ese camino, se tiraron los restos de la explosión al borde del Río de la Plata; se omitió preservar la zona del desastre; se plantaron pistas falsas; se perdieron pruebas; se borraron grabaciones telefónicas a sospechosos, mientras además se “extraviaron” las transcripciones —por duplicado— obrantes tanto en la SIDE como en la Policía Federal (algunas realizadas a sospechosos iraníes antes y después del atentado). Se quemaron cintas de filmaciones. Se suspendieron escuchas judiciales y allanamientos, sin dar razón. Se coaccionó a testigos para que callaran y a otros para que mintieran y, a uno de ellos, el entonces preso Carlos Telleldín, se le compró una declaración falsa por casi medio millón de dólares. Todo ese coherente accionar no puede sino obedecer a una lógica superior, impuesta por necesidades ajenas a la verdad. Una verdad que puede resultar intolerable para el público, y a la vez afectar la diplomacia secreta de varios países. Se persiste en tratar el atentado a la AMIA como un evento a-histórico, desconectado de lo que por aquellos años ocurría en nuestro país, y de los otros dos tremendos atentados perpetrados en los ’90 (Embajada de Israel y Río Tercero). Lo cierto es que desde unos meses antes del atentado a la Embajada, en marzo de 1992, y hasta unos meses después del atentado contra la AMIA, en julio de 1994, un gigantesco operativo clandestino de transferencia de armamento se desarrolló desde el puerto de Buenos Aires hacia los Balcanes, bajo directivas de Carlos Menem. El presidente peronista, reconvertido al neoliberalismo y bajo una política de sumisión al gobierno norteamericano, realizaba el trabajo sucio que los Estados Unidos no podían asumir: el contrabando de armas y explosivos para Croacia y los musulmanes bosnios apoyados y financiados por Irán, operativo que violaba el embargo dispuesto por la ONU para la región. Se acusa a Irán de haber puesto la bomba, pero se prohíbe investigar los negocios de armas con los iraníes realizados en la misma época. Triangulaciones de armas israelíes y norteamericanas para Irán se llevaban a cabo con participación argentina desde la década anterior, en el marco de la guerra que enfrentó a Irak e Irán entre 1980 y 1988. Así fue que otro 18 de julio, pero de 1981, fue derribado por cazas soviéticos un avión de carga de Transporte Aéreo Rioplatense (TAR) piloteado por el capitán argentino Héctor Cordero. Era uno de los vuelos de la TAR, cargados de armas israelíes para Teherán. Luego, unos años antes de los atentados, fueron los propios norteamericanos quienes -a cambio de liberación de rehenes y de dinero negro para la “contra”– enviaron armas a los iraníes. El 3 de noviembre de 1986, el periódico libanés Ash-Shiraa reveló el tráfico clandestino de armas entre los Estados Unidos e Irán, dando comienzo al escándalo conocido como “Irán-contras” o “Irangate”. En 1992 el presidente George Bush —ex jefe de la CIA— indultó a los funcionarios que habían sido condenados por el “Irangate”. Y no dejó de mostrarse sonriente con su “gran amigo”, el presidente argentino Carlos Menem. Todo volvía a comenzar. *Abogado, escritor y periodista. Autor de Brindando sobre los Escombros-La dirigencia judía y los atentados: entre la denuncia y el encubrimiento, y La Explosión (Sudamericana).

Fuente: Pedro J. Kesselman* | Página 12 Fecha: 07 de JULIO 2017 De manera reiterada, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y distintos funcionarios de su gobierno, vienen cuestionando a los Jueces del Trabajo y a los abogados laboralistas. Denuncia a aquellos como integrantes de un Poder Judicial que no es “equitativo”. En buen romance, que no favorece a los empresarios. Y a los segundos, como integrantes de una mafia que lleva a la quiebra a las empresas, especialmente a las pymes, genera desempleo e impide las inversiones. Es evidente que con sus palabras, Macri, como también el jefe de Gabinete, Peña Braun, y otros funcionarios de menor rango, pretenden condicionar a la Justicia Laboral para que deje de lado el principio protector que impera en materia de Derecho del Trabajo. Suman a sus dichos las amenazas y pedidos de juicio político a los magistrados que dicten resoluciones y sentencias que den razón a los reclamos de los trabajadores y sus organizaciones gremiales. El dirigente opoficialista Sergio Massa, sumó también su voz para denostar a los abogados laboralistas, calificándolos de “zánganos” que “se afanan la plata de las empresas y la plata de los laburantes”. Es bueno recordar que quien le acompaña en la lista para las próximas elecciones, la señora Stolbizer, fue quien, como diputada, en el año 2000 defendió fervorosamente la sanción de la ley 25.250, luego conocida como “ley banelco” de flexibilización laboral por los oprobiosos procedimientos utilizados a fin de comprar votos en el Congreso de la Nación. Estas conductas abiertamente antiobreras y propatronales, tratan de preparar el camino para derogar toda la legislación protectora de los derechos sociales e imponer una flexibilización laboral que vaya mas lejos aún que la impuesta por el menemismo en la década del 90. Como entonces, se pretende encubrir las imputaciones y amenazas con el disfraz de “modernizar” esa legislación. Diversos editoriales del diario La Nación, y notas de Clarín, así como dichos cotidianos de periodistas partidarios del Gobierno, pretenden hacer creer que “flexibilizar”, es decir, terminar con el Derecho del Trabajo, es sinónimo del modernidad, y que así llegarán las inversiones tan prometidas semestre a semestre. Agregan también que es necesario terminar con los reclamos laborales, causantes ellos, y no las políticas gubernamentales, de los cierres de empresas y la desocupación creciente. Este discurso es falso, y no resiste el menor análisis a la luz de la historia. El 29 de agosto de 1940 el diario La Prensa publicó una nota: “La legislación del trabajo y la desocupación obrera”, en relación a la presentación de una entidad empresaria ante el Poder Ejecutivo, ejercido entonces por Roberto M.Ortiz. Afirmaba allí que “algunas normas legales dirigidas a favorecer a los obreros de acuerdo con la intención con que las sancionó el Congreso conspiran, en realidad, contra el comercio y la industria, y ocasionan desocupación”. Más adelante decía: “Hay una crisis de empleo, un retraimiento de la locación de mano de obra. Sin embargo nuestras autoridades persisten en desviar la orientación de los capitales con la oferta de títulos de deuda pública, mucho más interesante sin duda que cualquier otro destino en el que abundan riesgos, como los que la nota ya mencionada resume, al hacer un examen detenido de los efectos que sobre el trabajo tienen algunas de nuestras leyes. La ley 11.317 sobre capacidad y ocupación de los menores, impide la formación de obreros especializados; la 11.729 dificulta la colocación de los que tienen 18 años pero no cumplieron el servicio militar y otras sobre despidos, vacaciones pagas, indemnización etc., importan, “no sólo un aumento insoportable de la carga fija sino también una permanente fuente de sorpresas que acompañan a cada nuevo fallo judicial” sobre su alcance. Existe, pues, lo que muchos denominan la desocupación del capital y del espíritu de empresa que no encuentran ubicación porque las leyes los comprometen y los asustan…Cualquier actividad se ve afectada por trabas e imposiciones que absorben todo posible beneficio. Las relaciones entre el capital y el trabajo se acrecientan día a día y cada nueva exigencia en materia de indemnizaciones, conservación de empleos, disminución de jornadas y subsidios, contribuye al aumento de la desocupación…”. Me permito recordar que en agosto de 1940 no habían nacido Néstor y Cristina Kirchner; Perón era un ignoto oficial del Ejército; el peronismo no existía; las leyes protectoras de los trabajadores eran escasas, y algunas, como las leyes 11.317 y 11.729, habían sido sancionadas, la primera, durante la presidencia del radical Marcelo T. de Alvear, y la segunda, siendo presidente el General Agustín P.Justo, es decir, un gobierno conservador. Tampoco existía la Justicia del Trabajo, pues los juicios laborales se ventilaban en tribunales civiles y de paz. Pero es llamativo y mueve a reflexión que el discurso empresario –hoy también gubernamental, pues grandes empresas y gobierno se identifican–, no haya variado y sea el mismo después de setenta y siete años. Según ese discurso, las leyes laborales y los juicios en defensa de los derechos que esas normas conferían y confieren a los trabajadores eran y son culpables de la desocupación y la falta de inversión del comercio y la industria. La realidad se encargó, durante mas de setenta años, de desmentir al diario de los Paz. Desde agosto de 1940 el país atravesó crisis institucionales y económicas diversas; tiempos de bonanza y tiempos de caída de la actividad industrial y comercial; tiempos de ocupación casi plena y tiempos de mas elevadas tasas de desempleo. Pero a nadie se le ocurría culpar por esas crisis a las leyes laborales, a los jueces y a los abogados laboralistas. Las palabras de la añeja publicación parecen haber sido fuente de inspiración para quienes durante la última dictadura cívico militar; en la década del 90 y hoy con el poder político y económico unificados tras el empresario Macri, estuvieron y están empeñados en descargar sus responsabilidades por las crisis que ellos mismos generan, atribuyéndolas a la legislación laboral, a los jueces que deben aplicarla y a los abogados