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Fuente: Horacio Verbitsky | www.elcohetealaluna.com Fecha: 16 de DIC de 2017 El pase obligatorio a retiro del jefe de Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur, al cumplirse un mes de la desaparición del submarino, conduce hacia anécdotas personales lo que debería tratarse como una crisis estructural. Lo que se ve por ahora es una riña entre los altos mandos para atribuirse la responsabilidad por la tragedia. La revista The Economist subestima en 70 por ciento el porcentaje del presupuesto de Defensa aplicado en la Argentina a salarios y jubilaciones (se acerca al 90 por ciento en el presupuesto 2018), y lo compara con el tercio del gasto estadounidense que va al pago del personal activo y pasivo. La diferencia es lo que cada uno puede volcar a material y operaciones. Como el octavo país del mundo en superficie (y eso sin contar su porción marítima, que supera la territorial) la Argentina necesita aviones, buques y submarinos para disuadir a potenciales enemigos. Pero The Economist añade que para “algunos expertos en defensa”, las Fuerzas Armadas también deberían enfrentar el tráfico de drogas, el terrorismo (que afortunadamente aquí no existe) y la pesca ilegal, y es consciente de que ello requeriría una reforma legal, porque Macrì considera muy restrictivo el marco vigente desde el decreto de Kirchner de 2006. Concluye The Economist en su primera edición de diciembre de 2017: “Expandir el rol de las Fuerzas Armadas requeriría gastar más de lo que el gobierno se puede permitir, mientras trata de reducir el déficit fiscal, que es el 4,6 por ciento del PBI antes del pago de intereses de la deuda. La búsqueda de una estrategia militar y de Fuerzas Armadas capaces de llevarla a cabo llevará más tiempo que la del submarino San Juan”. Tanto el presidente como los altos mandos navales se apegaron a las fórmulas burocráticas para afirmar que la nave no hubiera zarpado de no estar en óptimas condiciones. Sin protocolo, la esposa de uno de los submarinistas atrapados en el tubo metálico dijo: –¡Mandaron una mierda a navegar! ¿Cómo no van a pasar estas cosas? Otra reveló que su esposo y padre de sus tres hijos le había contado de un incidente previo que no fue reportado y que ella le rogó que no embarcara, que era un suicidio. Varios denunciaron que en la cuenta bancaria de los héroes, como se los llama para desviar la atención de los crudos hechos, se acreditaron como paga por la última navegación, 297 pesos, lo que el ministro Aguad deja de propina después de una comida con amigos. El Excel es más elocuente que el Word, como diría un bloguero críptico. La pretensión de Macrì de fortalecer el rol del Estado Mayor Conjunto está inspirada sólo por la reducción del ya raleado presupuesto de Defensa y es contradictoria con las tareas policiales, para las que no están capacitadas y en las que cada fuerza tiene características propias. Antes que la coordinación entre las distintas fuerzas el Estado debería preocuparse por la comunicación entre el Ministerio de Defensa y las distintas jefaturas. La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, señaló que la Armada, la AFI y el Ministerio de Defensa no se ponían de acuerdo sobre el nivel de clasificación de los informes que el tribunal solicitó para encuadrar la investigación. Por estas cuestiones pidió el pase a retiro la plana mayor de la Armada, y desde la conducción les respondieron que si querían irse, que se fueran. También debió correrse el jefe de Estado Mayor. Aún así hasta ahora no ha habido ninguna información oficial acerca de la misión que cumplía el submarino cuando comenzó a hacer agua. Tanto la infografía que difundió la presidencia argentina como la que incluyó en uno de sus informes la BBC británica muestran que luego de zarpar de Tierra del Fuego el submarino se dirigió hacia el norte pasando muy cerca de las islas Malvinas. Pero nada se informó acerca de las razones de ese curso. Y tanto las imágenes que utilizó el vocero de la Armada en sus conferencias de prensa cuanto las que se publicaron en los principales medios, centraban la atención en el último punto donde hubo contacto radial, frente al golfo San Jorge. Estas son cuestiones que no pueden pasarse por alto, sobre todo a partir de los mensajes de texto difundidos por familiares de dos submarinistas. Uno dijo poco antes de perder contacto que “nos buscaba un helicóptero inglés”, el otro contó que en julio los había perseguido un submarino nuclear.

Fuente: Daniel Kupervaser | daniel.kupervaser.com Fecha: 15 de DIC 2017 ¿A quién le conviene el fallo de Bonadio? se pregunta Gabriel Ziblat en una concisa y muy acertada nota referida a la reciente resolución del juez en la causa por “traición a la patria”[1]. El autor descarta todo beneficio posible de Cristina Kirchner, del gobierno de Mauricio Macri, e inclusive, personalmente del mismo juez Bonadio. Su conclusión es totalmente estremecedora. “No está claro quién se beneficia con este fallo. Lo que sí queda claro es que la Argentina suma un papelón más en torno a la investigación del atentado a la AMIA, con 85 almas a las que sólo les queda reclamar memoria, porque la Justicia parece cada vez más inalcanzable”. No hay duda que la descripción de “papelón” es muy apropiada, solo que Ziblat pasó por alto un detalle muy significativo de esta saga en el análisis de la búsqueda de beneficiarios del discutido fallo. El autor de la nota no prestó la suficiente atención a la conveniencia de DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y ciertos sectores del liderazgo judío argentino en el enjuiciamiento de la ex presidenta argentina por traición a la patria. Mientras que Macri guardaba silencio y el gobierno mostraba síntomas de incomodidad por considerar un exceso las solicitudes de detención del Bonadio[2], DAIA daba su asentimiento escondiéndose detrás de la farsante excusa que seguramente “Bonadio conocerá algo que no conocemos”[3]. Sepultar la justicia Desde el momento en que el fiscal Nisman presentó la acusación original por traición a la patria argentina, esta institución judía, que dice ser “la representación política de la comunidad judía argentina” y presiona reiteradamente al gobierno nacional argentino en favor de intereses de Israel, no dejó de ser una de las partes mas activas en el frente y en la retaguardia del empuje de la acusación en contra de la ex presidenta de los argentinos, su ex canciller y otros funcionarios y vinculados. Estos esfuerzos comenzaron de inmediato con la decisión del juez Rafecas de desestimar la acusación de Nisman en febrero de 2015 y continuaron con un permanente fogoneo de la causa a distintos niveles. En forma paralela, el juez Rafecas recibió el trato según la conocida tradición judía que la valoración de todo dictamen de encumbrados personajes o jueces no judíos se mide con la regla de la conveniencia. En tanto y en cuanto Rafecas se dedicó a investigar y publicar obras referidas al holocausto judío, la colectividad judía local lo alabó y condecoró. La desestimación mencionada ya es otro cantar. Como consecuencia de ello, Waldo Wolf, Diputado Nacional y ex vicepresidente de DAIA, solicitó su juicio político en virtud de «supuestas maniobras realizadas para “desacreditar” al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien antes de aparecer muerto en confusas circunstancias había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los iraníes acusados de volar la AMIA”[4]. O eres mi amigo incondicional, o eres mi enemigo. No hay medias tintas. El trágico acontecimiento de la dudosa muerte del fiscal Nisman determinó que, tras una década de investigación del difunto fiscal, las pesquisas del atentado de AMIA pasen a jurisdicción de un nuevo grupo de fiscales. Transcurridos casi 3 años de trabajo de la nueva Unidad Fiscal AMIA se puede decir, con alto grado de certeza, que el proceso de esclarecimiento del caso está estancado e inclusive da pasos atrás en relación al legado de Nisman. A principios de este mes la FBI de EE.UU. informó que los restos recuperados por esa unidad de investigación argentina de ninguna manera pertenecen a Ibrahim Ferro, mencionado como el conductor suicida en el atentado de AMIA por el fallecido fiscal. Este resultado, por el momento, tira por el suelo una de las principales hipótesis del dictamen de Nisman que culminó acusando a los iraníes[5]. Esta histórica constelación en el devenir institucional argentino se presentó como una oportunidad imperdible para que DAIA logre uno de sus encubiertos objetivos: convertirse en un significativo factor de poder en el ámbito nacional de ese país. Dar un escarmiento al gobierno anterior frente a toda la sociedad local se convirtió en el cometido mas importante, a tal punto, que la investigación del atentado de AMIA pasó a un segundo plano. Desde el momento que se les cruzó la gran e inmediata oportunidad de meter presa a Cristina, no hay ninguna urgencia ni mayor importancia en invertir grandes esfuerzos en dilucidar lo ocurrido hace más de dos décadas. DAIA y Cristina en tiempos de romance Sin que reconozcan la deliberada intención de deslindar responsabilidades de una misión que los desconcierta, directivos de DAIA comenzaron a barajar el proyecto de procesar judicialmente a los acusados por Nisman en un juicio en ausencia. En pocas palabras, cerrar el caso por conveniencia, inclusive, a costa de sepultar históricos principios de la justicia argentina. Con el objetivo de nacionalizar este proyecto, en el ambiente judío se llegó al absurdo de proponer la disparatada idea que ese nuevo marco judicial es lo más apropiado para juzgar prófugos de la dictadura militar argentina. Lo mas descabellado de la proposición lo constituye el ejemplo en que se basan. Aníbal Gauto es un argentino imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina en la década del 70 del siglo pasado. Gauto es un prófugo de la justicia argentina y hoy reside en Israel con ciudadanía local, país que por el momento se niega a ponerlo a disposición de la justicia argentina. El juicio en ausencia “permitirá avanzar en causas como las que se mencionan (atentado a la Amia y Aníbal Gauto) y lograr destrabarlas y avanzar a una sentencia, logrando lo que parece no ser posible de otra forma procesal”[6]. A la justicia la sepultan, pero se sienten muy satisfechos de cerrar el caso. En otro aspecto, no solo se trata de un proyecto desatinado, mucho peor es la equiparación intrínseca en el proyecto de las conductas de Israel a Irán. La conclusión no da lugar a dudas. O se debe dar tratamiento indulgente

Fuente: Diego Sanchez | Revista Zoom Fecha: 11 de DIC 2017 El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, recibe a Zoom horas antes del blitzkrieg judicial de Claudio Bonadio contra Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini y otros dirigentes kirchneristas. En la calle, el sonido de los redoblantes y las vuvuzelas, banda de sonido habitual de un centro porteño que no escatima su conflicto diario, evoca como un eco lejano la multitudinaria movilización que Palazzo junto a otros líderes gremiales, como Pablo Moyano y Hugo Yasky, realizaron hace poco más de una semana, en protesta por el paquete de reformas impulsado por el gobierno nacional. Una movilización tan masiva como ambivalente que no pudo evitar la media sanción en el Senado de la reforma previsional pero que fue lo suficientemente estruendosa como para que el triunvirato de la CGT le quitara su apoyo a la reforma laboral, colocándole un manto de duda al paquete de leyes que el gobierno quiere sancionar antes de las fiestas y que será la última batalla política de un 2017 en el que ni el oficialismo ni el sindicalismo más combativo quieren quedar como derrotados. En esta entrevista, Palazzo afirma que “si logramos concentrar esfuerzos vamos a evitar que se sancionen estas leyes” y asegura que esta alianza gremial con el moyanismo y las dos CTA, suerte de remake del MTA, es un nuevo actor político que tanto el gobierno como la oposición deberán tener en cuenta a la hora de hacer política en el futuro. Además, habla de las detenciones en Independiente, club del que Palazzo no solamente es hincha sino también candidato en las próximas elecciones en la lista que encabezan Hugo y Pablo Moyano, y confiesa que la movilización que reunió a la crema del sindicalismo más combativo fue un mensaje tanto para Casa Rosada como para la CGT. “Este gobierno no se va a frenar por la vía del diálogo” La movilización que convocaron desde la Corriente Federal, el moyanismo y las dos CTA fue multitudinaria pero no logró evitar la media sanción en el Senado de la reforma previsional. ¿Fue una primera batalla perdida? Nosotros ya ese mismo día suponíamos que la votación iba a resultar de ese modo. Porque más allá de la gran concentración de compañeros que se dio en esa marcha, no menos cierto es que el gobierno había avanzado en un acuerdo con los gobernadores, que son los que en algunos casos, no en todos, dieron los votos para que se apruebe semejante par de leyes. No obstante eso, sabemos que la pelea no se agota. Todavía falta que se trate en Diputados y, si logramos concentrar esfuerzos, quizás podamos volcar voluntades para que no se sancionen estas leyes. De todas formas, independientemente de que aspiramos a tener un buen resultado, creo que el hecho más novedoso es que se ha ampliado un espacio de confrontación con las políticas del gobierno. Y a partir de ahora no es tan fácil para el oficialismo sacar leyes, ni para los legisladores de la oposición prestarle los votos. Han terminado pagando un costo político altísimo, tanto el gobierno como los legisladores de la oposición que acompañaron la iniciativa del gobierno, porque con esta marcha logramos visibilizar que lo que hicieron fue votar para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. De otra forma, esto hubiera pasado sin pena ni gloria, y con el silencio de gran parte del Consejo Directivo de la CGT. ¿Este nucleamiento gremial se piensa como un nuevo actor político, como un espacio que excede el debate puntual de estas reformas? Me parece que a partir del momento de la conformación de este espacio, lo que se ha generado es un espacio de pensamiento y de resistencia que va a ser tenido en cuenta y que va a ir agrandado su poder de influencia en la medida en que pase el tiempo y el gobierno continúe con este tipo de política. Mientras un sector de la CGT siga dialogando, y ese diálogo sólo sirva para que le quiten derechos a los trabajadores, y los trabajadores vean que hay otro espacio en el que puedan referenciarse, creo que vamos a ser un actor importante dentro de la confrontación y las problemáticas que se van a vivir en el país en los próximos años. No es sólo lo legislativo lo que tienen que mirar cuando discuten algo. También ese núcleo social que se ha conformado y que empieza a tener incidencia en la calle. ¿La marcha fue un mensaje para el gobierno pero también para la CGT? Fue un mensaje para ambos. Para el gobierno para que interprete que hay un modo de pensar distinto dentro del movimiento obrero y que se manifiesta en una expresión de rebeldía del poder orgánicamente establecido. Y para los compañeros de la CGT es decirles que nosotros no estamos dispuestos a la unidad a cualquier costa. La unidad tiene que ser con contenido y con una vocación de confrontar cuando se afecten intereses de los compañeros trabajadores y de los compañeros jubilados. Si la CGT no entiende ese camino, nosotros estamos en nuestro derecho de conformar este espacio con otras expresiones sindicales y otras expresiones sociales para confrontar con el gobierno. ¿Hoy ustedes no barajan una ruptura con la CGT, pero tampoco la descartan? No estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa en la CGT, este es el tema central. No estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa que una mesa chica de dirigentes decida acordar con el gobierno, más cuando se quitan derechos de los trabajadores y de los jubilados. Ese es el mensaje que tienen que interpretar. ¿Y cree que la CGT interpretó ese mensaje? Creo que ambos lo hicieron. Por un lado la oposición, que salió a frenar la reforma laboral. Y por otro la CGT, que no había abierto la boca y de golpe salió a decir que se opone a la reforma previsional. Bueno, si se oponen salgan a la calle y protesten, o hagan las medidas que tengan que hacer para que no prospere.

Fuente: Juan Manuel Bassus | Hamartia Fecha: 09 de DIC 2017 Hay quien cree que el paso de los años tiende a volver a la gente más conservadora y basta una mirada al currículum de muchos de los que peinan canas para comprobarlo. Pero también hay excepciones que rompen los estándares: el caso de Eduardo Salvador Barcesat es uno de ellos. Su historia de vida revela una línea de conducta que se mantuvo incólume con el pasar de los años. Como joven profesor de derecho, renunció a su cátedra ante el arribo de cada una de las dictaduras. Fue miembro fundador y primer Secretario General de la Asociación Americana de Juristas,  co-Presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, integrante del Secretariado Internacional de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, experto UNESCO en Derechos Humanos y Convencional Nacional Constituyente en 1994. Hoy, a sus 77 años, aboga por una nueva reforma constitucional que rompa con el viejo texto que, a su entender, está hecho a medida de un país agroexportador y para pocos; y llama a ponerle límites desde el estado a la “mano invisible del mercado” porque siempre termina “posándose en el trasero del pueblo”. Usted participó de la reforma constitucional de 1994, ¿cómo fue esa experiencia? Efectivamente, participé integrando lo que por entonces era el Frente Grande. Cuestionamos judicialmente la reforma, fundamentalmente por dos aspectos. Uno, el de votar en paquete 13 iniciativas, denominado técnicamente núcleo de coincidencias básicas, que no era más que el Pacto de Olivos. Éste era producto de la desconfianza recíproca que se tenían los dos caudillos políticos de aquel entonces, Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín. Me parecía una brutalidad, porque uno no puede apoyar ciertas iniciativas con las que está de acuerdo al precio de votar aquellas con las que desacuerda. Ellos temían que, de hacerlo de otra manera, no se respetase el acuerdo y el equilibrio —o el negocio, como le decían— se rompiese. Es más, llegamos a proponer en la convención constituyente que preservaran ellos el pacto y que los restantes convencionales que no éramos firmantes pudiésemos votar una por una las iniciativas. No se aceptó y eso motivó que nos levantásemos junto con varios partidos provinciales para abstenernos. De ahí que el núcleo de coincidencias básicas es la cláusula que logró menor número de votos. El otro tema de la impugnación, mucho más profundo, es sobre la lectura que se hizo del artículo 30 de la Constitución Nacional, que es el que regula el mecanismo de la reforma. Yo invito al lector a que lo examine y verá que dice que la competencia del Congreso es la de declarar la necesidad de la reforma, pero ésta será efectuada por una convención o asamblea constituyente convocada al efecto. Es decir que el Congreso no tiene más atribución que declarar la necesidad; es la asamblea constituyente la que decide si la reforma va a ser total o parcial y con qué contenidos. Esto responde al pensamiento de Alberdi, que entendía que la reforma constitucional debía ser una tarea por fuera de la coyuntura. Es decir, quienes están en los poderes constituidos tenían que dedicarse a sus propias funciones, mientras que el poder constituyente tenía que tener una amplitud y una visión diversa, tenía que regular para el futuro, para dar un cauce de crecimiento a la Nación. Esto ha sido tergiversado a lo largo de nuestra historia, ya que siempre el congreso se ha metido a definir los alcances y naturalezas de las reformas. El Pacto de Olivos fue, tal y como lo definieron sus actores, un negocio. Menem se llevó la reelección y los radicales, once senadores sin pasar por ninguna elección. Pero en el Congreso se habilitaron temas y esto dio lugar a lo mejor de la reforma constitucional del año 1994. Lo más fenomenal que tuvo la reforma es que se incorporaron algunos mecanismos de democracia participativa, la señera cláusula del artículo número 36 que condena al golpe de estado y la usurpación del poder político, y la incorporación de los principales tratados de DD.HH. con jerarquía constitucional. Es decir, que la ley suprema de nuestra nación hoy es el texto de la Constitución más el de los tratados internacionales de DD.HH. Es muy novedoso que se hayan habilitado incorporaciones constitucionales a través de la ratificación de tratados internacionales de DD.HH. La Constitución argentina se ha ido enriqueciendo con esos textos que fueron votados después de la reforma del año 94. En ese aspecto, es una de las constituciones más modernas. ¿Qué falló en aquella reforma? Un gran error fue el voto en paquete de las 13 iniciativas que conformaban el núcleo de coincidencias básicas para radicales y peronistas. Por otro lado, la intervención del Congreso más allá de sus atribuciones implicó que no se pudiese tocar la parte dogmática del texto constitucional. Fue atávico y cavernario declarar intocable la primera parte de la Constitución, que es el texto de 1853/60, que obviamente está hecho a la medida de un país agroexportador, rentístico y fiduciario que no tiene nada que ver con los requerimientos del siglo XXI. Pareciera que en este sentido hubiera una tara en las principales fuerzas políticas argentinas, porque también cuando Alfonsín, en el período 1985-87, intentó sin lograrlo la reforma constitucional, se declaraba intangible el primer capítulo de “declaraciones, derechos y garantías”. ¿Por qué le parece necesaria una nueva revisión del texto constitucional? Para enfrentar los desafíos del siglo XXI se hace necesaria una reforma constitucional totalizadora que arranque por la parte dogmática de la Constitución. Los retos fundamentales de una nueva Constitución son: La integración de Latinoamérica y el Caribe. Si esa integración no tiene inscripción constitucional, ocurre lo que está pasando ahora, que vienen gobiernos regresivos y tiran abajo la unidad poniéndose de furgón de cola de la potencia hegemónica dominante. Necesitamos unirnos con quienes tenemos una historia en común, también hay razones geográficas y geopolíticas. En comunidad con los pueblos y gobiernos progresistas de Latinoamérica, debemos enfrentar temas como la deuda