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Fuente: Eduardo Barcesat | DERF Fecha: 11 de ENE 2018 Se trata, cuando no, de un decreto nominado como de “necesidad y urgencia”, que invoca, pero no cumplimenta los recaudos establecidos por el art. 99, inc. 3º de la C.N. Recordemos el texto de esta norma, en cuanto aquí concierne: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…” Ahora bien, con un Congreso de la Nación convocado a sesiones extraordinarias por el propio PEN, ¿qué es lo que impide que ambas Cámaras del Congreso de la Nación se avoquen al tratamiento de un proyecto de ley que modifica —y derrumba— la estructura institucional del Estado de Derecho, cuyo pilar basal es la división de poderes? La respuesta es sencilla: no hay ninguna razón de necesidad y urgencia; simplemente que es más efectivo, brutalmente efectivo, apropiar la potestad legisferante conferida al Congreso de la Nación que, valga recordarlo, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, y que es el que mejor expresa, por la representación proporcional, el mapa de la voluntad política de la República Argentina y el principio de la soberanía del pueblo. El art. 36 de la C.N., una de las incorporaciones más señeras de la Reforma Constitucional del año 1994, establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, condenando de la forma más severa posible en el ordenamiento jurídico, los golpes de estado. Y si bien es claro cuando la usurpación del poder político se comete desde fuera de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal bien cabe, en la interpretación constitucional, examinar cuál es la situación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cuando el quiebre del respeto y resguardo a las incumbencias de los poderes que integran el Gobierno de la Nación, es cometido desde un Poder Ejecutivo que transgrede, franca y abiertamente, los límites de sus incumbencias constitucionales, para apropiar, usurpar, las que le competen a los otros poderes; en el caso, las del Poder Legislativo de la Nación. Es un grotesco institucional la justificación que se ensaya en el DNU 27/2018: “…que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto…”   Pareciera que la desmemoria del conjunto integrado por el Presidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros, y el conjunto de los Ministros que, necesariamente, deben refrendar la firma del Presidente, lleva a que olviden que el Congreso de la Nación se encuentra en sesiones extraordinarias por lo que no existe urgencia alguna para “puentear” el trámite de debate y sanción de las leyes. Ni mucho menos habilitar que un simple decreto postergue o suspenda la vigencia de la Constitución Nacional. Además, de una primera lectura del extenso DNU, surge evidente que introduce modificaciones en normativa penal, procesal penal y tributaria, que le están expresamente vedadas al Poder Ejecutivo Nacional, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3º, C.N.). Estamos, indudablemente, ante un golpe de estado institucional, perpetrado en el momento más lábil para las instituciones de la república, y cuando el Gobierno Nacional acusa el impacto de su creciente descrédito por el debate sobre la reforma previsional, la represión ejercida sobre el pueblo de la nación, y el ineluctable fracaso del proyecto económico. Recordemos, finalmente, que el propio art. 36 de la C.N. reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia cuando se avasalla la supremacía de la Constitución  Nacional.

Fuente: Atilio Borón | atilioboron.com.ar Fecha: 11 de ENE 2018 En épocas de crisis como los que vive la Argentina se clarifican las posturas de los actores políticos y sus representantes intelectuales. Si en tiempos de paz social estos pueden ocultar con la ayuda de los medios las contradicciones sociales recurriendo a alambicadas argumentaciones y a las abstrusas categorías teóricas del posmodernismo, cuando el orden social comienza a crujir los intelectuales del sistema arrojan por la borda toda pretensión de imparcialidad y objetividad y se embanderan sin recato alguno en la defensa de uno de los gobiernos más conservadores y oligárquicos que haya tenido la Argentina a lo largo de su historia. Si se solía señalar la experiencia de la década infame o de los gobiernos oligárquicos a partir de 1880 para ilustrar lo que era una dictadura clasista —dictadura no tanto por su forma como por el contenido de sus políticas— con el macrismo se produce una reencarnación de aquellos modelos anteriores al proceso de democratización fundamental que, pese a sus contradicciones, trajo aparejado la irrupción del peronismo en la Argentina. Lo anterior viene a cuento de una nota publicada días pasados por Luis A. Romero en La Nación en donde nos alerta sobre los peligros que el resurgimiento de la violencia entraña para la democracia argentina. [1] La rigurosidad que este autor exhibe en sus escritos académicos se desvanece por completo en este verdadero panegírico del macrismo. ¿Cómo puede decirse, por ejemplo, que “( E)n la plaza, grupos de manifestantes agredieron a las fuerzas de seguridad y pretendieron invadir el recinto donde deliberaban los diputados” ¿No vio acaso que, pocos días antes, el Jueves 14 una manifestación completamente pacífica fue acosada y brutalmente agredida por la Gendarmería y cuyo desproporcionado despliegue de fuerza desató la respuesta violenta de una fracción minúscula —infiltrada por algunos agentes provocadores como se constató al día siguiente— de los centenares de miles que habían asistido a expresar su rechazo al procedimiento profundamente anti-republicano empleado por el gobierno para sacar “de prepo” una ley fundamental. El maniqueísmo o la ceguera de que hace gala nuestro autor se horroriza por la violencia cuando un condenado por el sistema arroja una piedra pero contempla con buenos ojos cuando el gobierno militariza por completo la zona del Congreso, reprime manifestantes indefensos y extorsiona a gobernadores, senadores y diputados para conseguir una votación favorable a su proyecto. Esto no es violencia (simbólica, política, institucional), lo otro sí. Mal que le pese a Romero y a los intelectuales y publicistas amigos de la Casa Rosada quien promovió este infausto espiral de la violencia fue el gobierno de Mauricio Macri. Para vergüenza de la bancada oficial fue ésta quien solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que impidiera la presencia de organizaciones sociales de jubilados y pensionados y de excombatientes de Malvinas en las galerías para que el pueblo fuese testigo directo del debate. Cuando se discutió la famosa Resolución 125, en el 2008, hubo público en las galerías pero, claro, en ese momento según los apóstoles del macrismo la Argentina vivía bajo el influjo de una asfixiante dictadura. Ahora que supuestamente estamos en democracia el público no pudo hacerse presente en la Cámara, se quedó afuera y encima lo apalearon y gasearon. Es por eso que, estrictamente hablando, este gobierno debe ser caracterizado como una “democradura”, híbrido que contiene algunos elementos de carácter democrático (el acceso a la Casa Rosada se realizó por la vía electoral) pero con crecientes inclinaciones de sus principales personeros para adoptar las metodologías autoritarias de control político propias de las dictaduras. Por ejemplo, el avance en el amordazamiento de la prensa y, desgraciadamente, operaciones como la realizada la noche del Lunes 8 de enero cuando una reedición de los siniestros grupos de tarea de la dictadura irrumpieron con violencia en las oficinas de abogados defensores de los derechos humanos, destruyeron equipos y archivos, robaron laptops y documentación, y dejaron un claro mensaje: quienes se opongan a los designios del gobierno deberán estar dispuestos a sufrir esta clase de represalias y otras aún más severas. Desde los tiempos de la dictadura no se había producido un hecho de estas características, frecuentes en aquella época pero desterrados desde 1983. Sin duda, estamos en presencia de una tenebrosa involución que ha sido cuidadosamente ocultada ante los ojos de la opinión pública por los medios hegemónicos. [2] Por eso la distinción entre las múltiples formas de la violencia es un requisito fundamental para realizar un análisis serio del asunto. Se dirá que esto es un anacrónico reflejo setentista, pero tal insinuación sólo mediría la magnitud de la ignorancia de quien opine de esa manera. En la tradición socialista, comunista y anarquista hace más de ciento cincuenta años que se maneja esa distinción entre la violencia “legalizada e institucionalizada” del Estado que acalla, somete, encarcela o liquida a sus enemigos siempre “apelando a la ley”, y la violencia reactiva, defensiva, del pueblo, que a veces se rebela y no se resigna a ser enviado al matadero. Hay que recordar además que la violencia “legal” del estado se ejerce casi siempre con el acompañamiento de formas paralegales de violencia privada, tolerada y en muchos casos subrepticiamente promovida y amparada por el estado. Tal fue el caso en la Argentina de la Liga Patriótica que realizó pogromos y matanzas obreras en la primeras décadas del siglo veinte; o en la Alemania de finales de la Primera Guerra Mundial la actividad de los Freikorps que apaleaban a militantes socialistas y comunistas y que luego asesinaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht con la complicidad del gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert; y en Estados Unidos, esa vibrante democracia tan admirada por los voceros del macrismo, fue el Ku Kux Klan (ahora informalmente rehabilitado por Donald Trump) quien se encargó de “poner en su lugar” a los negros que luchaban contra la herencia de la esclavitud y postergar por cien años su incorporación a la vida política del país. Esta violencia oficial y paraoficial, decíamos, no puede ni

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 31 de DIC 2017 ¿Quienes fueron los autores del supuesto homicidio de Alberto Nisman, uno que habría disparado y otro que lo acompañaba? Desconocidos, no se los pudo identificar. ¿La forma en la que entraron al edificio Le Parc? Desconocida. ¿El método con el que entraron al departamento del fiscal? No se sabe. ¿La forma en la que salieron del baño, sin dejar ni una pisada, sin que hubiera una mancha de sangre? Se ignora. ¿El método con el que salieron del departamento dejando trabas del lado de adentro en la puerta principal y en la de servicio? Tampoco se sabe. ¿La forma en la que salieron del edificio sin cruzarse con nadie, sin que nadie los viera, sin que los capte ninguna de las cien cámaras que sí funcionaban? No hay ni siquiera una hipótesis. Las 656 páginas del juez federal Julián Ercolini sobre la muerte de Alberto Nisman no aportan ni una prueba ni una evidencia de lo que ocurrió. Lo único que queda en pie son interrogantes y preguntas para las que ni el magistrado ni el fiscal Eduardo Taiano tiene respuesta alguna. 1 Diego Lagomarsino fue procesado como cómplice del supuesto homicidio. ¿Cómplice de quién? No se sabe. El juez dice que el informático fue parte de un plan criminal, que integró una especie de organización con los supuestos homicidas “que no han podido ser identificados”. En el texto del juez no hay ni siquiera una teoría sobre los asesinos. Y lo más llamativo es que no menciona contactos de Lagomarsino, ni llamadas ni whatsapp con los que podrían ser sus colegas de banda. No hay un testigo que mencione que lo vio en una reunión rara, sospechosa. ¿Lagomarsino era parte de un servicio de inteligencia? El juez no lo afirma para nada. No encuentra ni un vínculo. 2 ¿Cuál fue el móvil del supuesto crimen? Según dicen los teóricos, si un homicidio se produce delante de diez testigos o si hay una filmación, el móvil no tiene la menor importancia: está claro quién fue. Pero si un homicidio tiene un autor dudoso o desconocido, el móvil pasa a tener mucha importancia. Hay que determinar la relación entre el homicida y la víctima. El móvil llena los huecos de una descripción incompleta, afirma la teoría. En las 656 páginas de Ercolini no hay móvil alguno. ¿Por qué Lagomarsino habría de participar del asesinato de Nisman? ¿Porque Nisman denunció a Cristina por el Memorándum? Está claro que no era kirchnerista. Basta mirar sus posteos anti-K en Facebook muchísimo antes de la muerte del fiscal y muchísimo antes de que Nisman pegara la voltereta de estar muy cerca del gobierno de Néstor y Cristina para pasar a denunciar al mismo gobierno que antes elogiaba. ¿Participó del crimen porque era parte de una organización o servicio de inteligencia? No hay una sola prueba del juez en ese sentido. Ni en ningún sentido. Y eso que la investigación está en la justicia federal desde hace 15 meses y, si se suma toda la pesquisa anterior, ya pasaron casi tres años sin que apareciera evidencia alguna de un móvil. De esos tres años, dos fueron bajo administración macrista que se desespera por encontrar alguna prueba que involucre al gobierno anterior. 3 ¿Por qué Lagomarsino aportó su arma? La participación que el magistrado le imputa al informático es haber aportado la pistola, sabiendo que se iba a usar para matar a Nisman. Pero el dato relevante es que se trata de una Bersa que estaba inscripta en el Registro a nombre de Lagomarsino. O sea que entregó el arma inmolándose. En minutos se sabría que estaba a nombre suyo. No tiene el menor sentido ni explicación. Ercolini dice que se necesitaba un arma “amiga” para simular un suicidio, pero si la pistola hubiera sido de origen desconocido, nada cambiaba la situación: se diría que tal vez Nisman compró el arma muchos años antes. Basta mirar la Bersa para ver que se trata de una pistola viejísima. En cualquier caso, nuevamente el juez hace especulaciones y no explica por qué Lagomarsino habría puesto el cuerpo, inmolándose, en el supuesto plan criminal. No hay otro ejemplo igual en el mundo de alguien que deja una pistola a su nombre en un homicidio de repercusión nacional e internacional. 4 ¿Nisman no pidió el arma? El fiscal y el juez sostienen que es inverosímil que Nisman le haya pedido el arma a Lagomarsino. En primer lugar, desconocen un hecho probado: las llamadas, ese sábado, fueron siempre de Nisman a Lagomarsino. Fueron varias llamadas, reiteradas, porque en dos oportunidades el informático no atendió. Exhiben insistencia de Nisman, no voluntad de contacto de Lagomarsino. Pero, además, el custodio Rubén Benítez contó que también a él Nisman le pidió un arma, exactamente con el mismo argumento: que era para defender a sus hijas, que la custodia podía ser interceptada. El magistrado dictamina que no le cree a Benítez, que se contradice en sus versiones y sugiere que él y Lagomarsino fueron parte de un mismo plan. Sin embargo, no hay una sola llamada entre ellos, no hay testigos ni siquiera de un encuentro entre custodio e informático. Ercolini supone que fueron cómplices, no presenta una sola prueba. 5 Simular un suicidio. Ese es el centro de las 656 páginas del fallo de Ercolini. Según él, los homicidas, hicieron todo para armar la escena de un suicidio. Sin embargo, no explica lo más elemental ¿por qué el arma aparece en el hombro de Nisman? ¿por qué no se lo pusieron en la mano o cerca de la mano? No hay mejor indicio de un suicidio que el arma en la mano o al lado. 6 La mecánica. La Gendarmería, fuerza que depende del gobierno de Mauricio Macri y específicamente de Patricia Bullrich, dictaminó que a Nisman le dieron una tremenda paliza, le fracturaron la nariz, casi le partieron el labio, le pegaron en el hígado y en una pierna. Recién después le dieron ketamina, no se sabe

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 31 de DIC 2017 En los últimos días del año ha vuelto a cobrar impulso la demanda de unidad del peronismo. Trascendió una reunión en la que Agustín Rossi, Alberto Fernández, Felipe Solá y Daniel Arroyo coincidieron en una agenda política dirigida a ese objetivo. Un texto del artista plástico Daniel Santoro, que circuló en las redes, afirma la urgencia temporal y la racionalidad de ese objetivo y abrió un importante debate. Claro que no se trata de un tópico totalmente novedoso: desde el triunfo de Macri en 2015, la unidad del movimiento quedó colocada en un lugar clave en la perspectiva temporal que concluye con la elección presidencial en 2019. Sin esa unidad parece poco probable un cambio de signo en el gobierno nacional. Por otro lado, los vientos de este diciembre han sacudido la nave macrista y conmovido el agresivo triunfalismo con el que se interpretó en esas orillas el resultado electoral de octubre. El capítulo del manotazo contra los jubilados, los pensionados y los beneficiarios de asignaciones solidarias sacudió la modorra política y produjo un nuevo impulso a la movilización popular, una vez más enfrentada con violencia desde el Estado. La novedad política principal fue la confluencia, en la calle y en el Congreso, de la oposición al gobierno macrista. Todo esto refuerza la demanda de unidad y sube el costo de quienes se resisten a avanzar hacia ella. Claro que la unidad no es una alquimia aritmética. No es tan sencillo como la suma de los votos que tienen distintos espacios que se reconocen bajo el paraguas peronista, o en sus alrededores. La división actual no es el resultado de un malentendido, ni la consecuencia exclusiva de personalismos o mezquindades de tal o cual dirigente. Asumir esa complejidad parece ser un requisito para la viabilidad del objetivo unificador. Los juicios morales sobre unos y otros tendrían que subordinarse a un enfoque político de las diferencias. Y en última instancia ese enfoque lleva a un examen del significado del peronismo en la época que vive el país. Habría que discutir qué significa el gobierno de Macri. ¿Es una experiencia de alternancia regular en el gobierno nacional o es el proyecto de una contrarrevolución político-cultural cuyo sentido último es el de terminar con la Argentina creada por el primer peronismo? Es cierto que no es la primera experiencia neoliberal que triunfa en el país y que no es el primer intento de cerrar definitivamente la época de los sindicatos, el derecho laboral, la movilización popular, los intentos de industrialización y todos los elementos que miran al país desde adentro y desde abajo. Hubo muchos intentos y ninguno logró consolidarse en el tiempo. Pero este tiene una especificidad: asumió sobre la base del voto popular en una elección libre y sin proscripciones. Y como tal se siente en una condición de legitimidad y de fuerza suficiente para avanzar en la reconfiguración cultural del país. Su modo de lectura de los acontecimientos que rodearon el debate legislativo reciente muestra la radicalidad del objetivo. Lo que ocurrió, dicen, fue un manotazo de ahogado de los que quieren seguir viviendo en la “vieja Argentina”, los que quieren revivir el caos de diciembre de 2001 para defender sus prebendas, para sostener los nichos mafiosos que impiden que el país se modernice y se desarrollen sus fuerzas productivas. Y de lo que están hablando es de una inmensa movilización popular, de sindicatos, organizaciones sociales, culturales y científicas que ganaron la calle en forma alegre y pacífica, con pequeñas excepciones que fueron provocadas y/o infiltradas y luego utilizadas para desvirtuar al conjunto. Están hablando de una tradición, de una diferencia argentina, que radica en la capacidad de resistir activamente las políticas antisociales y antinacionales; una tradición que no pudo ser destruida aún cuando se la sometió a una experiencia de terrorismo estatal con pocos antecedentes. A la hora de pensar la unidad peronista, no puede dejar de decirse que el peronismo es, ante todo, el gran productor histórico de esta activación de la movilización popular. Su propio origen no es un congreso partidario ni una mesa de arena entre políticos de distintas capillas, dicho esto con el máximo respeto por los partidos, por las roscas y los cálculos. Pero el peronismo nació en las calles de la ciudad capital y del conurbano bonaerense cuando una multitud se reunió con su líder. No está mal volver a esa referencia histórica, porque en los orígenes suelen estar las claves del sentido de una identidad popular. Y el núcleo de la contrarrevolución cultural en marcha es el borramiento de esa huella profunda de la historia argentina. Claro que el peronismo no es solamente esa referencia histórica de origen. Hoy es un partido político sujeto a las reglas de la democracia liberal. Actúa en la legalidad y en la institucionalidad. Tiene un régimen interno como partido y una fluida vinculación con la sociedad, particularmente con los trabajadores y los sectores más vulnerables. Y lógicamente en el peronismo hay muchos hombres y mujeres que desarrollan lo que se llama una “carrera política”. Como supo decir Angelo Panebianco, no sólo tiene incentivos colectivos (la ideología, los mitos de origen) sino también incentivos selectivos (los cargos, los recursos, todo lo que se reparte de manera no igualitaria entre sus miembros). La vida política no es solamente los grandes momentos fundacionales; necesita rutinas, reglas y rituales más o menos permanentes. Es natural que un proceso que busca la unidad sepa recorrer los caminos del regateo, el cálculo, la toma en consideración de intereses particulares generalmente difíciles de articular. Si no, la unidad es imposible, vence la desunión y lo que queda es una mutua asignación del daño, un intento de cada uno por hacerle pagar al otro los costos de esa desunión. Pero al mismo tiempo la discusión de la unidad no termina en las cuatro paredes de un local partidario. Está obligada a conectarse con el estado de ánimo popular, tal como se mostró