Portada

Fuente: Carlos Raimundi* | La Tecla Eñe Fecha: 08 de MAR 2018 En una conferencia, en 2013, se puso a prueba ante 500 personas la posibilidad de que alguno de los asistentes acertara el peso de un buey que el conferencista había conducido hasta el escenario. Votó cada persona presente y ninguna dio con la verdad. Pero, curiosamente, fue el promedio entre todos los votos la cifra que se aproximó casi con exactitud al efectivo peso del animal. Esta introducción es solamente un ejemplo aleatorio de eso, por momentos intangible, pero real, que podríamos llamar “sabiduría popular”. Macri no le habla al Pueblo. Ni saluda al Pueblo, como quedó corroborado con esa escalofriante imagen en que desde las puertas del Congreso agitaba su mano hacia la nada. Es un presidente sin Pueblo. Habló en su discurso de “crecimiento invisible”, y, lejos de lo que algunos creen no se equivocó. Era una metáfora más de esas que se elaboran en las cápsulas de ensayo del poder, para agradar al mundo de las empresas, que es el destinatario de sus trastabillantes palabras y deshilvanadas oraciones. Su preocupación no es la pobreza, sino la tasa de ‘riesgo país’, porque de ella depende que pueda seguir endeudándonos y haciendo pingües negociados. Pero, por un lado, las consultoras internacionales y los diarios especializados ya hablan de la insustentabilidad de su política económica. Por el otro, la inflación, las tarifas, los despidos, los recortes salariales y jubilatorios, tienen su reflejo en el creciente malestar de la gente. La macroeconomía comienza a decirle “no te presto más”, y el Pueblo comienza a decirle “no te aguanto más”. Cuando esas coordenadas se encuentren, tendrá lugar el punto de inflexión que han tenido históricamente las políticas de ajuste en la Argentina. Hace tiempo señalamos que nadie puede anticiparse a los procesos populares, ni enunciar de antemano qué forma adoptarán. Sólo podíamos decir que sabíamos, por experiencia, que un modelo basado en el endeudamiento externo, centralidad de la ganancia financiera, apertura comercial indiscriminada, cierre de fábricas y talleres, destrucción de la industria, fuga de capitales, concentración de recursos en pocas manos, no podía terminar de otra manera que en el hartazgo de gran parte de la población. Pero no sabíamos con precisión ni cómo ni cuándo éste se manifestaría. Debido a esa convicción nos opusimos y no consentimos desde un principio el acuerdo con los fondos buitre, la eliminación del cerrojo que limitaba el endeudamiento, la eliminación de retenciones, la re-primarización de nuestra economía, el ajuste social. Aun cuando tantas voces nos dijeran que no debíamos poner obstáculos a las primeras medidas adoptadas por un gobierno democráticamente votado. No se trataba de un antojo, ni de un oposicionismo caprichoso. Lo hicimos porque sabíamos que eran precisamente aquellas primeras medidas las que sentarían las bases de un modelo socialmente insustentable. El cansancio colectivo se hizo esperar, pero no tiene retorno. Se hizo esperar no sólo debido al ocultamiento mediático de las verdaderas características y consecuencias del modelo, sino a todo un complejo dispositivo de persuasión cuyo inicio data de varios años, y se propuso una capilaridad muy profunda, contó con elevados recursos financieros y estrategias de penetración altamente estudiadas, y trasciende las fronteras nacionales para extenderse por toda la región. Un dispositivo de persuasión diseñado más allá de nuestras fronteras, que cuenta con organizaciones intermedias creadas al efecto y que ha gastado mucho dinero en el entrenamiento de políticos, empresarios, jueces, editores, periodistas y otros formadores de opinión. No se trata sólo de un monopolio mediático. Se trata de todo un sistema de interpretación como el que inculca la publicidad de una trabajadora de una fábrica de pastas o de un trabajador de una fábrica de hielo que atribuye los cortes de luz a la conducta de las y los ciudadanos de a pie que poseen aire acondicionado, y no a la desinversión de las empresas, que gracias al aumento de tarifas han incrementado ostensiblemente sus ganancias pero no han invertido para mejorar el servicio. Este sistema de falsedades había penetrado profundamente en el registro simbólico de partes muy importantes de nuestra población. Se creó así todo un clima de desprestigio respecto del gobierno anterior, basado en asociarlo con la corrupción y el despilfarro, frente a lo cual el macrismo vendría a poner orden, pese a lo doloroso que ello resultara. Mucha gente de buena fe creyó, durante todo este tiempo, en el mensaje de que lo principal era odiar al kirchnerismo. Gente trabajadora y honesta para la cual, como consecuencia de aquella profunda estrategia de persuasión que va mucho más allá de lo mediático, le pasó inadvertido el clásico modelo de saqueo neoliberal vigente, porque el objetivo central se reducía a saturar la agenda con la idea de que el kirchnerismo “se había robado todo” y que de esa “pesada herencia” no se podría salir sin sacrificio. Supongamos que fuera verdad que el kirchnerismo “se robó un PBI”. De ser así, hoy, que estamos gobernados por personas supuestamente probas, estaría disponible para acciones de gobierno y políticas públicas aquel dinero del presupuesto que nosotros robábamos y ellos no, más los 200.000 millones de dólares ingresados en concepto de deuda externa. Es decir, tendrían que agregarse miles de escuelas a las 2.000 construidas por el kirchnerismo, decenas de universidades populares a las 19 creadas por el kirchnerismo, millones de computadoras para las y los estudiantes, fabricadas en el país al igual que las autopartes y los electrodomésticos. La mentira es inocultable, como lo es para cientos de comerciantes que votaron a Macri influenciados por el odio impuesto a su interpretación simbólica, pero que en su realidad concreta sufren el marcado descenso de sus ventas. En fin, cada vez más gente se está dando cuenta de la mentira. Durante todo este tiempo estuvieron centrados en odiarnos, debido a una supuesta ruta de dinero jamás encontrada, y que en todo caso conduce a las guaridas fiscales donde Macri y los funcionarios de su administración esconden el dinero que evadieron del país. Y mientras

Fuente: Carlos Rozanski | Página 12 Fecha: 07 de MAR 2018 La descabellada iniciativa del Gobierno, de mandar a su casa a 96 genocidas, con la excusa de que eso “descomprimiría” las cárceles, hiere a una parte importante de la sociedad. Si bien es cierto que las cárceles federales y provinciales, en violación de la Constitución Nacional, mantienen hacinados a decenas de miles de detenidos, es falso que al Poder Ejecutivo le interesen esos presos. No al menos los presos sociales –que son la inmensa mayoría- y los presos políticos, que sólo están encarcelados por decisión del régimen. Lo que en realidad les importa son aquellos procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, cuya prisión colisiona con la ideología de quienes, por el momento, conducen la política oficial. No podemos soslayar que, desde el primer día de gestión, la banalización y negacionismo de las violaciones a derechos humanos cometidas por la dictadura de los 70, fue la regla y el precedente de este nuevo atropello. En ese sentido, cabe recordar que los delitos de lesa humanidad, que son aquellos cuya gravedad trasciende al daño individual ya que afectan a la humanidad toda, son los que, en nuestro sistema legal, reciben la mayor sanción prevista por el Código Penal. En nuestro país, los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar configuraron, además, el delito internacional de genocidio. A partir del año 2003, se dieron en la República Argentina las condiciones para que numerosos genocidas fueran juzgados y condenados por los tribunales locales, en un proceso histórico que no reconoce antecedente en el mundo. En ese proceso, cientos de represores han sido condenados por delitos gravísimos como homicidios, desaparición forzada de personas, apropiación de bebés, violaciones, torturas y robos calificados. Por la magnitud y características de las penas aplicadas y los delitos cometidos, los procesados y condenados, han permanecido en cárceles de nuestro país, ya sea durante los procesos, o bien cumpliendo sus condenas. Ante esa realidad, como sucede con todos los avances sociales que generan pérdida de privilegios o el fin de la impunidad, como la que gozaron durante décadas los genocidas, se producen reacciones. Esas reacciones pueden traducirse en amenazas o daños concretos a víctimas y testigos que los incriminen, llegando en el trágico caso del testigo Jorge Julio López a su desaparición forzada en el año 2006 durante la última etapa del juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz. El nombrado ex jefe policial – hoy en su hogar- resultó en esa oportunidad condenado a reclusión perpetua, pena máxima prevista por nuestro ordenamiento jurídico. Otro aspecto de las citadas reacciones reside en las estrategias llevadas adelante para lograr una impunidad de hecho, conocida como “prisión domiciliaria”. Se trata de un instituto regulado en la Ley 24660, que implica una opción y no una obligación de los jueces de conceder ese beneficio. Esto resulta fundamental porque pone en evidencia que esas prebendas son otorgadas por clara y explícita voluntad de los magistrados y no por obligación legal. La razón sistemáticamente esgrimida en las resoluciones favorables -en los casos de lesa humanidad- es la de que se otorga por “estrictas razones humanitarias”. Se impone explicar sintéticamente la falacia de esa argumentación. Las personas mayores de 70 años de edad suelen presentar algunos problemas de salud derivados de la etapa etaria que atraviesan. En diversos casos llegan a afecciones que incluso ponen en riesgo su vida, de no contarse con ayuda médica inmediata o lo más rápida posible. En ese sentido, algunos casos de detenidos por delitos de lesa humanidad ayudan a tener claro el tema. En el caso del nombrado Etchecolatz, se tramitaron –previo a su actual libertad domiciliaria- diversos pedidos de ese beneficio. Allí, el Hospital Penitenciario Central (HPC) respondió en su momento a preguntas específicas del tribunal actuante que el condenado en cuestión –o cualquier otro allí alojado-, en caso de requerir auxilio médico urgente, lo recibiría en el plazo aproximado de 5 minutos. Para situaciones de mayor riesgo que requirieran una complejidad de atención superior a la que dispone el HPC (que de por sí es bastante alta y competente), se podría trasladar al interno a un nosocomio de alta complejidad en un lapso de alrededor de 15 minutos. Resulta obvio que un detenido que gozara del beneficio de cumplir su pena en su casa en ningún caso estaría en condiciones de recibir ayuda médica en lapsos tan reducidos de tiempo. Esto, no por obvio deja de ser impactante, ya que da por tierra la excusa “humanitaria” en el caso de detenidos enfermos, sean leves o graves. Resulta claramente más humanitario proveer condiciones de ayuda médica rápida a quien la necesita, que mandarlo a su casa. Una prueba dramática de lo dicho es el caso del represor Miguel Colicigno, quien durante 1976 fue jefe del centro clandestino de detención y tortura «Protobanco» que funcionó en Camino de Cintura y Autopista Riccheri. El represor había estado prófugo de la justicia durante 2 años antes de ser detenido. El 16 de junio de 2016, ya apresado, Colicigno se encontraba en su casa gozando de la denominada “prisión domiciliaria” por su edad (86 años) y alegadas condiciones de salud. Sin embargo, su deceso se produjo a raíz de un suceso ocurrido mientras se encontraba subido a una escalera, podando un limonero. Desde allí cayó hacia una pileta de natación que no tenía agua y como consecuencia de las lesiones de la caída falleció. Emblemático desenlace para el tema en análisis. Está demás aclarar que la casa de Colicigno no fue precisamente un espacio seguro para su salud. En segundo lugar, su estado le permitió subir a una escalera para podar un árbol. Finalmente, los limoneros y la pileta de natación dan cuenta claramente del nivel de vida de quien, luego de permanecer dos años prófugo de la justicia, acusado de gravísimos delitos, es enviado a su casa por “razones humanitarias”. Si bien el tema permitiría un desarrollo más extenso, baste para finalizar este breve análisis, efectuar algunas conclusiones que considero oportunas. Los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad deben afrontar el proceso y una eventual condena en prisión. Lo contrario viola el compromiso

Fuente: Carlos Heller | Página 12 Fecha: 25 de FEB 2018 El Gobierno, y muchos de los comunicadores que funcionan en su órbita, intentaron presentar el acto de este último miércoles como un evento aislado y como la expresión del interés particular del líder de uno de los gremios convocantes. Por eso, se intentó concentrar todo lo relacionado con el acontecimiento en la figura de Hugo Moyano, como si éste fuera el protagonista excluyente de la medida de fuerza. No fue lo que se vio en el escenario. No fue lo que se observó en la multitud movilizada. Los discursos fueron cortos y similares en extensión. Ninguno de los oradores sobresalió sobre los restantes. Hubo un protagonismo cuidadosamente distribuido: sectores diferentes hablándole a la muchedumbre. En las calles, repletas de manifestantes, se pudo observar a dirigentes y militantes de muy diversos espacios políticos, sindicales, sociales y culturales a los que hasta hace poco tiempo hubiera sido impensable verlos participar en un espacio común. Se intentó aislar el acontecimiento definiéndolo como el acto de Moyano pero el dirigente camionero lo presentó como el acto de todos. Y fue una manifestación diversa y plural. En el transcurso de la concentración hubo repetidas convocatorias a la unidad. Se sabe: para que un llamado a la unidad no sea un contrasentido debe haber varios sectores que lo justifiquen. No es posible ese llamado si hay un único sector: a la vez, el que convoca y el convocado. Por eso, esa convocatoria define las características del acto: sectores muy diversos, con posturas diferenciadas, con matices entre ellos, confluyendo en una acción común contra la aceleración del proyecto neoliberal. De allí la importancia de este acontecimiento: fue un punto de inflexión en los procesos de construcción de una  oposición amplia y diversa al gobierno nacional. Se han constituido dos relatos en pugna en torno al acto del miércoles. En uno de ellos, el hecho no tiene historia ni futuro. No es un punto en una línea con un atrás y un adelante. Es un hecho aislado. No expresa los intereses múltiples de una amplia confluencia de fuerzas sindicales, sociales, políticas y culturales. Expresa el interés individual de un dirigente. Por supuesto, es el relato del gobierno, fiel a su postura individualista: no hay historia, no hay procesos sociales ni políticos, sólo hay individuos que expresan y defienden intereses particulares. En el otro relato, del que nos sentimos parte, el acto del miércoles fue un nuevo mojón en la confluencia de un frente opositor amplio y  diverso, el punto más alto, hasta ahora, de una línea histórica de movilización social y política que se profundizó con la sanción de la reforma previsional, que perjudicó a los jubilados y a los trabajadores en general. Desde esta perspectiva, el acto del miércoles abrió un espacio nuevo para la articulación de un discurso alternativo. La movilización no fue sólo expresión de las luchas del pasado sino un envión hacia un futuro con propuestas y nuevas iniciativas. No fue sólo un acontecimiento defensivo: abrió también mayores posibilidades para un discurso propositivo. Más aún: el llamado a la unidad difícilmente será efectivo si no es acompañado de propuestas alternativas con relación a las implementadas por el gobierno nacional. Estoy convencido de que hay que ir a fondo y avanzar hacia una reforma constitucional. Es imprescindible modificar el funcionamiento de las instituciones de la República para que éstas acompañen procesos de transformación impostergables en nuestro país. También habrá que definir  muy claramente el modelo de inserción  en el mundo globalizado, el rol del Estado, la política de derechos humanos, civiles y sociales, la política de defensa del mercado interno, de las pymes, el manejo de las importaciones, la administración del tipo de cambio, entre otros. Hay veinte o treinta puntos que requieren de un acuerdo previo. El actual gobierno ganó las elecciones presidenciales con una ajustada mayoría de algo más del 51 por ciento. A ese resultado se llegó con el aporte de un  sector fluctuante de la sociedad que se entusiasmó con las propuestas macristas de transparencia y de calidad republicana frente a toda la instalación que se hizo para descalificar la gestión del gobierno anterior. Esos sectores hoy han comenzado a transitar el camino del desencanto. A ellos también debemos convocarlos a que se sumen a la construcción de un nuevo espacio. Pero este desencanto no es el único problema con el que se encuentra el gobierno: en el interior de la coalición gobernante han comenzado a manifestarse crecientes tensiones que se suman a las previas dificultades para lograr mayorías parlamentarias, lo que deriva en una preocupante utilización de decretos de necesidad y urgencia. Hubo un reciente pasado de movilizaciones populares. En esa línea se produjo el acto del miércoles. Desde ese día hay más futuro. Se ampliaron las posibilidades de construir un frente amplio y diverso. No sin contradicciones y tensiones, por supuesto. Pero con la plena convicción de que es necesario diseñar y llevar a la práctica una propuesta alternativa para, por lo menos, poner en pausa a la meritocracia neoliberal. Ese es el desafío que tenemos por delante los que soñamos con construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. * Presidente del Partido Solidario. Ex diputado nacional.