La justicia en los tiempos de Macri
Fuente: Luis Kon | Revista Convergencia Fecha: 28 de MAR 2018 Hace casi tres siglos, un aristócrata conservador, llamado Charles de Secondat, conocido por sus títulos de nobleza como Barón de Montesquieu, diseñó un sistema tripartito de gobierno, que habría de conformar las bases de los regímenes republicanos. Sin sustraerse a los intereses de su clase, Montesquieu estaba animado sin embargo, por desterrar los regímenes absolutistas. Aun confrontando con la monarquía, le otorgó la facultad de ejecutar las leyes, pero delegó en otros grupos de la nobleza o de los estados llanos, la misión de elaborarlas estableciendo que un tercer estamento, el judicial, sería el encargado de interpretarlas. Un siglo después, desaparecidas o restringidas substancialmente las funciones de la nobleza, gobiernos civiles, estrictamente republicanos, comenzaron a gestionar las políticas públicas, subordinados a esta separación. Viene a cuento este antiguo antecedente, fundante para las democracias modernas, porque en una de sus frecuentes muestras de sincericidio, el Presidente Macri declaró el año pasado, en la Bolsa de Comercio, que necesitaba jueces que lo representen y que si eso no se cumplía, saldría a buscarlos. Es posible que Macri desconozca estas cosas diseñadas por Montesquieu, porque no es su fuerte el conocimiento del pasado. Sobre esos principios tal vez es posible que registre su existencia, pero así como tuvo la ocurrencia de mandar en un cohete a la luna a unos quinientos sesenta opositores, alumbre la idea de que con los jueces que emiten fallos que lo contrarían podría hacerse lo mismo y mientras tanto, ir nombrando a adherentes de su espacio. La composición y orientación del Poder Judicial con la que se encontró el macrismo en diciembre de 2015, mantenía las tendencias dominantes de signo regresivo que lo caracterizan desde los primeros años de la organización nacional y desde 1890, mucho no han cambiado, tanto convalidando gobiernos de facto desde 1930 en adelante, respaldando la violación de derechos humanos o produciendo todo tipo de obstáculos a las políticas pùblicas de signo progresista de inclusión social o profundización de la democracia. Tendencias dominantes, que afortunadamente, tuvieron siempre segmentos disidentes que aùn minoritarios dentro de la corporación judicial, generaron alguna esperanza renovadora. El kirchnerismo iluminó este panorama negativo con los nombramientos que entre 2003 y 2005, conformaron la nueva Corte Suprema y la denuncia de aquellos que habían conformado la mayoría automática del menemismo. Sus propuestas fueron de un pluralismo tan amplio, que habilitaron cortesanos autores de estrategias alineadas con corrientes opositoras, a pesar que su llegada a la Corte no provenía de opciones de esos sectores. En 2013, logró sancionar una suma de proyectos democratizadores que entre otras cosas intentaban que en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, la voluntad popular se expresara electoralmente para designar alguno de los cargos. Estas leyes naufragaron ante la reacción desplegada por la corporación, que se sintió atacada en sus privilegios y en sus modos de irse nombrando entre ellos, con mayorías donde magistrados y abogados articulaban los mecanismos para nombrar nuevos jueces, permitiendo reciclar eternamente esa composición del aparato judicial. Varios fallos decretaron la inconstitucionalidad de esas reformas y a partir de ese momento, los ataques se incrementaron, particularmente en el ámbito de la justicia federal, con resonantes procesos como el del memorándum con Irán, la causa Ciccone, la trágica muerte del fiscal Nisman, los allanamientos espectaculares en la Patagonia, la recepción de cualquier denuncia por más disparatada e infundada que fuera y otros notoriamente conocidos. Siempre con gran apoyo mediático de los medios tradicionales y un contorno periodístico más propio de la farándula que de la investigación informativa. *** En esas condiciones, asume el nuevo gobierno. Una de sus primeras medidas fue el intento de completar la integración de la Corte, con dos jueces adictos, a través de un DNU. Una fuerte resistencia cívica lo hizo desistir de esa variable de urgencia, pero no de sus objetivos finales. Con mayores precauciones, luego de ese traspié, las estrategias para ir cooptando el Poder Judicial y particularmente la justicia federal, se desenvolvieron con más cuidado. Muchísimas medidas dan cuenta de ello. Para las limitaciones de espacio que tiene este trabajo, podrían seleccionarse dos demostraciones inequívocas de ese proceder invasivo. La primera fue y es el hostigamiento y la persecución de magistrados independientes que no producían fallos a la medida del gobierno. Entre otros Gils Carbo, Rozansky, Freiler, Rafecas, Arias, Ballesteros, Farah, varios del fuero laboral y otros que fueron obligados a renunciar o se los removió, con la mayoría adicta al gobierno que pasó a comandar el Consejo de la Magistratura, con mecanismos poco claros. Algunos se agotaron y así renunciaron Gils Carbo, Rozansky y Maria Laura Garrigos de Rebori. El caso de Gils Carbo es emblemático. Desde el año 2000, cuando era fiscal general ante la Cámara Comercial, mantuvo enfrentamientos constantes con jueces de ese tribunal que observaban una conducta muy laxa en los procesos concursales que obtenían enormes licuaciones de pasivos en concordatos logrados con mayorías espurreas y otros procedimientos abusivos. También en desenmascarar a las sociedades “off shore” que pretendían encontrar protección jurisdiccional para encubrir lavado de dinero o evasiones impositivas. Eso le ganó la antipatía de los grandes estudios corporativos y su nombramiento no fue bienvenido en la misma medida que abrió un sendero renovador en el resto del aparato de las fiscalías. El establecimiento de varias unidades de acción, con dotaciones aptas para abordar la trata de personas, el lavado de dinero, la evasión, la violencia de género, el tráfico de drogas y los juicios vinculados al terrorismo de Estado, caracterizaron su gestión. Para un gobierno de empresarios ligados al mundo de las off shore, con causas pendientes como la del vaciamiento del Correo Argentino o radicación de activos en paraísos fiscales, Gils Carbo resultaba incompatible en ese mundo de negocios. Le inventaron una comisión inmobiliaria con la que no tuvo ninguna vinculación y al fin, incapaz de continuar resistiendo un bombardeo mediático incesante, renunció. Hoy no se habla más de la inmobiliaria y una jueza de