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Fuente: Alejandra Dandan | El Cohete a la Luna Fecha: 25 de MAR 2018 Podés patearla o tirar directo, dijo la piba de La Poderosa. El niño agarró la pelota con una foto pegada de Juan Miguel “El Nazi” Walk, comisario mayor y director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con prisión domiciliaria en su casa de Mar del Plata. ¡Vamos!, volvió a decir la piba. El niño pateó directo a un arco de cancha, armado en medio de la Avenida de Mayo. No le falló la puntería. La piba dijo: ¡Adentroooo! Y el niño volvió a meter a Walk, de alguna manera, adentro de esa red callejera, esa suerte de prisión social de la que pese a todo, los genocidas ya no pueden escapar. La conmemoración del 42 aniversario del golpe de Estado volvió a tener ese aire de fiesta de la democracia. El pedido de cárcel común y efectiva para los responsables del horroroso exterminio de este país atravesó cada una de las postales del día: stencil en la calle, cartones transformados en pecheras, pasacalles con la palabra genocidas, remeras y hasta enormes retratos tamaño real preparados por primera vez por un grupo de sobrevivientes de la ESMA con todos los ‘malos’ más simbólicos sobre los que sobrevuelan vientos de impunidad. La calle abrió así su diálogo con el escenario, donde las domiciliarias aparecieron como parte de las consignas de la convocatoria del 24M de los organismos de derechos humanos. “A 42 años del golpe cívico-militar —decía—, denunciamos el mismo plan económico y sostenemos la misma lucha: por eso, hoy marchamos contra el ajuste, la represión y la impunidad. ¡Por una democracia sin presos y presas políticos ni genocidas sueltos!” Cientos de miles de mujeres y varones acudieron a la cita cuyo punto de encuentro fue la cabeza de la bandera de los detenidos desaparecidos, que ingresó alrededor de las tres de la tarde a la Plaza de Mayo, con la primera mitad liberada contrarreloj para esta marcha. Desde el escenario, integrantes de Madres, Abuelas, Hijos, Familiares, CELS y la Liga, entre otros organismos, leyeron el documento consensuado que tuvo entre sus subrayados muy especialmente el diálogo con la calle. Allí entró el 2×1 y las domiciliarias: “El pañuelazo de un millón de personas en todas las plazas del país”, que frenó el intento de liberar con el 2×1 a los genocidas encabezado por el gobierno y la Corte Suprema. Y el reconocimiento a “la lucha del pueblo”, volvió a oírse en fragmentos que recordaron que fue la movilización “la que posibilitó que se revocara el privilegio que permitió al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz pasar el verano en una casa con pileta en Mar del Plata”. Ese pueblo que desde hace dos años sale a la calle para frenar intentos de retroceso en todos los frentes, volvió a ser evocado desde el escenario. “A los ciudadanas y ciudadanos que están en las calles —dijo Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo—, queremos decirles que las Madres los abrazan”. Por ahí arriba también pasaron nombres que marcaron la agenda política del último año: Santiago Maldonado y su familia, su madre Elena y su hermano Sergio pisaron el escenario. Rubén, el hijo de Julio López. Y Carlos Zannini, recién liberado de la cárcel. Y el diálogo con la calle retumbó transformado en un silbido cuando el documento recordó la participación de la cúpula de la Iglesia sentada en la mesa de Videla o a los grupos económicos beneficiados por la dictadura. Dijeron Clarín, La Nación. Y la calle dijo: —¡¡Uhhh!! La Nueva Provincia de Massot, la editorial Atlántida, la Sociedad Rural Argentina. Y la calle repitió el silbido. Ledesma de Blaquier. La Ford, ahora en juicio. La Fiat. Mercedes Benz. La embajada de Estados Unidos detrás de todo, dijeron. Y la corporación judicial, que rechazó “miles y miles de hábeas corpus”. El Mundial. Malvinas. Y en el presente, las políticas de vaciamiento de los programas de memoria, verdad y justicia. Y la calle volvió a silbar. “También queremos destacar que cuando hay voluntad política, los derechos humanos pueden ser políticas de Estado”, dijo Estela Carlotto en el tramo de su lectura. “Así quedó demostrado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde muchas de nuestras banderas se hicieron realidad. Hace 14 años, un 24 de marzo, Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. Esos genocidas murieron juzgados y condenados a prisión perpetua y en una cárcel común gracias a la lucha del pueblo. Por eso le reiteramos al gobierno que no permitiremos ni un retroceso en Memoria, Verdad y Justicia”. A las dos de la tarde Ramiro Pérez se compró su remera de Juicio y Castigo. Delegado del Ferrocarril Urquiza, parte de la Juventud Sindical, llegó con su organización pero también hizo recorrido aparte. Dijo que estaba ahí porque sí, porque es una fecha clave en su rol como delegado gremial. Cuando tenía 19 años y empezaba medicina, de lo que más se acuerda es de su madre diciéndole: No te metas en el centro de estudiantes. “Creo que me dio mucha vergüenza por mi vieja, yo terminé militando, pero entendí que ellos pertenecen a una generación que miró para el costado, criados por familia de milicos”. No dijo si su madre era una de cientos de señoras muy grandes que anduvieron por las calles enganchadas entre las multitudes, porque había muchas, pero perfectamente podría serlo: pasó el tiempo y la vida, su madre ahora es delegada de sanidad. La vendedora de las remeras del Juicio y Castigo tenía otras con 30.000, otras con pañuelos, ese símbolo una y otra vez recuperado por la calle. Y en una esquina puso a flamear bien a la vista una con la cara de Cristina y el Vuelve. Dijo que le sobró de la época de la campaña, pero, ¿viste?, agrega: Volvió. —¡¿Ustedes vieron a ese grupo de senegaleses tocando batucadas adelante de la Chilinga?!—, pregunta emocionada Ana González, antropóloga y militante—. ¡Acabo de decirles: ¡Massar

Fuente: Ailín Bullentini | Página 12 Fecha: 25 de MAR 2018 “Considerar que Carlos Zannini y Luis D’Elía deben estar presos es violentar el principio de igualdad ante la ley”, concluyó la fiscal general Gabriela Baigún. En diálogo con PáginaI12, la representante del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 8, que dirigirá el juicio oral por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la promoción del memorándum de entendimiento con Irán, explicó los argumentos de su dictamen, que propició la libertad del dirigente social y del ex secretario de Legal y Técnica, detenidos hasta ayer en Ezeiza. “Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley”, remata. –¿Cuáles son los elementos fundamentales de su dictamen?  –El primero es que el proceso se vive en libertad salvo excepciones que hagan indispensables medidas de coerción como la detención. Por otro lado está la garantía de inocencia que plantea que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia condenatoria. Pero además existen normas procesales que regulan estrictamente la excarcelación y que determinan que todo aquel que está imputado por un delito reprimido con una pena que no sea superior a los 8 años de prisión puede ser beneficiado con la excarcelación. En este caso, y esto es lo más importante para que la gente no se confunda, el delito con el que quedó elevada a juicio de todos los imputados de la causa que investigó el memorándum de entendimiento con Irán, es el delito de encubrimiento, previsto con una pena de 1 a 6 años de prisión. El delito por el que originalmente estas personas fueron indagadas, el de traición a la patria penado con entre 10 y 25 años de cárcel, fue descartado por la Cámara. Entonces, esa pena ya no es más la que afrontan. Si afrontan una pena inferior a los 8 años de prisión, pueden salir. –¿Qué sucede con el peligro de fuga o de interferencia en la investigación, razones por las que se les ha dictado la prisión preventiva a Zannini y a D’Elía? –Yo concluí que no hay razones para presumir que estando en libertad los imputados pueden eludir la acción de la justicia, es decir fugarse, o entorpecer la investigación, frustrarla. En el caso de Zannini, porque su calidad de ex funcionario no le da un poder residual parecido al poder que tenía cuando era funcionario. No puede entrar más a la Casa Rosada, ni a la Secretaría Legal y Técnica, ni acceder a documentación ni a funcionarios. También demostró arraigo, un trabajo y una residencia en Santa Cruz y familia en Argentina. Cuando fue citado a declarar no había intentado fugarse. En el caso de D’Elía, consideré que estuvo a derecho siempre. Y eso que yo fui la fiscal que lo acusó por el copamiento de una comisaría de La Boca, solicité pena de 4 años y 8 meses de cárcel. Cuando alegué no pedí su detención ya que sabía que debía quedar la sentencia firme para eso. Lo condenaron a 4, pero la sentencia fue recurrida. Cuando quede firme seré la primera en pedir su detención. Más allá de estos argumentos, hice una reflexión posterior: si en la actualidad, como pasa, los acusados que afrontan el juicio por el encubrimiento del mayor atentado en la historia argentina que por cierto aún sigue impune, pasaron todo el proceso penal en su contra y ahora el juicio en libertad, estoy hablando del ex presidente Carlos Menem, varios ex funcionarios de su gobierno y compañía, considerar que Zannini y D’Elía deben estar presos es violentar el principio de igualdad ante la ley. –No hay razón para un trato diferenciado ante la ley. ¿Qué consecuencias acarrea violar el principio de igualdad?  –Yo no pienso violar el principio de igualdad ante la ley. No voy a opinar sobre lo que hicieron los demás funcionarios judiciales. Actúo como actué durante toda mi carrera judicial como fiscal, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Si los demás violan la ley, actúan en una misma situación de diferente forma frente a personas de diferentes partidos políticos, raza o religión el problema está en los otros. Hoy pueden ser partidarios del gobierno de turno pero, ¿y si mañana les toca juzgar a integrantes de ese gobierno? Por supuesto que no corresponde actuar de esa forma y entonces esa es la diferencia entre un funcionario independiente y uno que no lo es. Aquel que es independiente actúa y se pronuncia ante una situación igual de la misma manera sin importar a quién tenga enfrente como acusado. Sería terrorífico que sea de otra forma, de ahí la necesidad de jueces y fiscales independientes y de que el Estado los garantice. Aseguro que el día que se confirme la pena de D’Elía en la causa por el copamiento de la comisaría pediré su detención como vengo pidiendo hace años la del ex titular del PAMI Víctor Alderete, cuya pena de 3 años y 6 meses de prisión está firme pero se resisten a efectuarla. Fui desde 1995 hasta 2007 fiscal de juicio de San Isidro y renuncié por tener diferencias sustanciales con la forma en la que venía trabajando el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, que terminó luego en juicio político. Durante los siguientes tres años y a pesar de haber ganado los concursos para la fiscalía general en Capital, no me nombraban así que me quedé sin trabajo por no querer trabajar con alguien que era deshonesto. –¿Cuáles son las consecuencias de aplicar mal las prisiones preventivas? –Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley. La ley es clara y establece condiciones precisas. –Se ha descalificado su dictamen bajo la “acusación” de que usted integra Justicia Legítima. ¿Lo entiende como una presión? –Parto por asegurar algo: no pertenezco a Justicia Legítima ni nunca lo hice, pero conozco a gente que sí lo ha hecho. Partir del prejuicio de que un funcionario judicial, por pertenecer a Justicia Legítima,

Fuente: Jorge Elbaum | lilianalopezforesi.com.ar Fecha: 25 de MAR 2018 La DAIA comunicó el día de ayer que solicitará la investigación de los antecedentes de los jueces y la fiscal que ordenaron la libertad de Carlos Zannini y Luis D´Elía. La razón fundamental de la persecución instrumentada por la derecha de la colectividad judía tiene dos componentes centrales: por un lado, la defensa de intereses empresariales concentrados que —al igual que Clarín o los CEOs corporativos— requieren de la desaparición de todo modelo político (por ejemplo, el kirchnerismo) que desafíe privilegios. El segundo aspecto es el alineamiento desvergonzado con las políticas colonialistas y belicistas de la derecha israelí. Representada por el Likud y asociada a los republicanos estadunidenses. Esta adhesión busca, además, invisibilizar todo vestigio del judaísmo humanistas y popular asociado –en la historia de nuestro país—a las luchas sociales, el cooperativismo, el mutualismo, el anarquismo, el sindicalismo, la izquierda nacional, el nacionalismo popular y la memoria de 1800 desaparecidos argentinos-judíos, comprometidos por una Patria para Todxs. La DAIA soslaya (como era de esperar) la evidencia sobre el origen argentino-judío de la Fiscal Federal Gabriela Baigún y de la Jueza Federal del Tribunal Oral Federal Número 8, Sabrina Namer. Las posiciones de ambas ponen en evidencia la pluralidad de visiones y perspectivas al interior de quienes descendemos de esa colectividad. Transparenta además la incapacidad que posee la DAIA para extorsionar (identitariamente) a esos mismos integrantes, que desprecian crecientemente los turbios manejos elaborados en conjunto por Cambiemos, la DAIA y la AMIA. La DAIA ha demostrado que no duda en negar cualquier principio de veracidad con tal de malversar la identidad hebrea al servicio de intereses geopolíticos y corporativos funcionales con los sectores más concentrados de la economía argentina. La DAIA ha intentado constituirse en la única forma de ser judeo-argentino, engañando a la sociedad argentino acerca de su verdadera representatividad: no expresan a más que un 20 por ciento del colectivo judeo-argentino existente en nuestro país. Han montado una gran falacia tergiversadora que aprovechó la indiferencia de gran parte de la colectividad para apropiarse de la etiqueta “judía”, dada su inscripción en otras pertenencias identitarias. La DAIA fue parte, institucionalmente, del encubrimiento del atentado de 1994 al ser parte de una asociación ilícita destinada a acusar a policías de la provincia de Buenos Aires como partícipes de la masacre dl 18 de julio. Por ese motivo varios inocentes permanecieron años encarcelados. Beraja, Corach, Menem, Anzorreguy, Jorge “Fino” Palacios, Mullen y Barbaccia, han sido cómplices para tergiversar la causa y han impedido que la sociedad argentina sepa qué es lo que realmente pasó. La DAIA vuelve a participar de un segundo encubrimiento al intentar negar la obvia participación de Beraja en esa maniobra que requirió de 400.000 dólares de fondos reservados de la SIDE, entregados a Telleldín para que finja responsabilidades. La DAIA fue el artífice prioritario a través del cual se viabilizó la reapertura de la denuncia de Nisman, luego que ésta fuese desestimada por seis jueces. También fue el ariete con el que se pretendió establecer un Jury de enjuiciamiento a Daniel Rafecas. Los dos ejes de la acusación del fiscal fallecido se centraban en (a) la supuesta intención de “dar de baja” las alertas rojas, y (b) la existencia de negociaciones económicas justificatorios de dichas indulgencias. Ambas acusaciones fueron parte de una misma falacia destinada a contribuir al éxito electoral del macrismo.  La DAIA insiste en el entramado de camuflaje al sumarse a la denuncia fantasiosa de Natalio Alberto Nisman, cuya querella ha sido desestimada por el entonces titular de Interpol, Ronald Noble, quien afirma taxativamente que el fiscal fallecido mintió sobre la supresión de las alertas rojas. La DAIA suma un nuevo capítulo a su desfachatada búsqueda de impunidad al convertirse en cómplice del ministro Germán Garavano quien impidió que se desarrollen las acusaciones contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, tal cual lo ha denunciado –una semana atrás– el ex funcionario (de la eliminada secretaria de la Causa Amia) Mario Cimadevilla. El nombramiento por parte del ministro de justicia Garavano de Mariano Fridman —ex abogado de al DAIA y además adscripto durante casi una década al estudio de la Dra. Marta Nercellas, responsable de la defensa de Rubén Beraja— es un baldón más en la desvergonzada acción destinada a garantizar la impunidad. Los estatutos de la DAIA señalan que es una entidad cuyo objetivo central es la lucha contra la judeofobia y todo tipo de discriminación. Las tareas de persecución a exfuncionarios de gobiernos populares y militantes supone una tergiversación de sus propias motivaciones fundacionales. Los directivos de la DAIA Rubén Beraja, Alfredo Neuburger, Jorge Kirzsenbaum. Jorge Knoblovits, Claudio Avruj, Sergio Bergman y Waldo Wolff son los baluartes de una persecución (y una saña) claramente macartista, bajo un escudo artificiosamente identitario. La utilización de una historia social milenaria, el indecente blindaje tras un holocausto y/o el disfraz de legitimidad inscripto bajo los escombros de dos atentados sucedidos en nuestro país nunca podrán borrar la inmoralidad, el cinismo y la desvergüenza de haber usufructuado, comercial y políticamente, con el dolor y el sufrimiento de otr@s. La Memoria, la Verdad y la Justicia también serán pregonadas —frente a sus rostros— en las jornadas en las cuales tendrán que rendir cuentas frente a los tribunales, la sociedad y la historia de nuestra Patria.

Fuente: Néstor Espósito | TiempoAR Fecha: 24 de MAR 2018 La sensación general es de «desbande». El diccionario de la Real Academia Española define el término como «desparramarse, huir en desorden» pero también «apartarse de la compañía de otros». Desde hace algunas semanas, la aparentemente sólida relación que había construido el gobierno con el Poder Judicial pareció comenzar a crujir. La Corte Suprema (al menos dos de sus miembros tienen pavimentada una avenida de ida hacia la Casa de Gobierno) busca una nueva independencia. La expresión gestual de Ricardo Lorenzetti el día que Mauricio Macri abrió las sesiones del Congreso no era la misma que cuando el líder del PRO asumió como jefe del Estado. Desde el propio seno de los jueces surgieron propuestas para reformar la Justicia que sostienen, básicamente, que la responsabilidad por el mal funcionamiento es del poder político. Y, como respuesta símbolo, descartan modificar las ferias judiciales y extender los horarios de atención al público (dos reclamos del presidente) a menos que haya un aumento de salarios del 30% por esas dos horas adicionales. En medio de ese clima pesado, el extitular de la Unidad AMIA, el exsenador radical Mario Cimadevilla (quien abrazó fervorosamente la creación de Cambiemos) denunció penalmente a su jefe hasta hace poco, el ministro de Justicia Germán Garavano, por encubrimiento de dos ex fiscales sospechados, a su vez, de haber encubierto la denominada «pista siria» del atentado contra la AMIA. Lo que hizo Cimadevilla es similar a lo que denunció el fiscal Alberto Nisman contra el anterior gobierno cuatro días antes de morir. De la misma gravedad, aunque sin la tragedia posterior de la muerte.  Hay otra diferencia: por aquella denuncia de Nisman hay gente presa; pero la de Cimadevilla casi no existe en las páginas de los principales medios. El presidente Macri, quien empujó con una presión insoportable la renuncia de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, porque era «militante del kirchnerismo», eligió para sucederla a Inés Weinberg de Roca, cuyo perfil y antecedentes la muestran afín al gobierno. En sintonía con estos tiempos, parece necesario recordar que como jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal, durante el gobierno local de Macri, firmó un fallo que avaló la facultad de la policía para pedir documentos a transeúntes en lugares públicos como forma de «prevenir delitos», aun cuando no mediare sospecha sobre el interceptado. Un tribunal de segunda instancia había determinado que «la policía no se encuentra autorizada a exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo». Weinberg hizo trizas ese criterio. «La policía tiene entre sus funciones la de prevenir delitos», dijo, e incluyó en esa figura a toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles”. ¿Sostendrá Macri a Weinberg contra viento y marea? Por lo pronto, ya lo hizo para instalarla como jueza de la Corte porteña, pese a que uno de sus aliados, de la UCR y exprocurador del Tesoro, Ernesto Marcer, la cuestionó por «incompatibilidad en sus funciones», «omisiones» en relación con sus remuneraciones informadas cuando fue jueza en un tribunal en la ONU y  «sospechas con la designación en el poder de amigos y parientes». A ello se sumaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el exlegislador porteño por Proyecto Sur Rafael Gentilli. Macri fue paciente, y cuando tuvo asegurados los votos en la Legislatura consiguió que aprobaran el pliego. Weinberg también podría resultar funcional para otro debate que se viene: el aborto. Como camarista en lo Contencioso Administrativo y Tributario, firmó en 2012 un fallo en el que sostenía que no es necesaria la intervención de un juez para autorizar esa práctica cuando está permitida por excepción en el Código Penal.Defendiendo el artículo 86, sostuvo que la interrupción artificial del estado de gravidez «por un médico y con el consentimiento de la mujer encinta», no es punible «si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre». El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, sostiene que Weinberg no está en condiciones de ser procuradora y especula con que podría tratarse de un globo de ensayo para finalmente nombrar al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee, quien aparece hoy relegado en esa carrera. No es el único herido. Un allegado al fiscal federal Guillermo Marijuan, quien aspiraba también al cargo, contó que en un diálogo con el Presidente, Macri le habría dicho que su momento como procurador podía ser tal vez en un segundo mandato, a lo que Marijuan replicó que entendía que su momento era ahora porque en el futuro, «con las cosas que están pasando, no sé si van a querer que sea el procurador».