Politica

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 12 de septiembre de 2020 Una rebelión policial de signo claramente desestabilizador devino en un conflicto de intereses económicos entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es lo que realmente quedó en pie después de una exhibición obscena desplegada por cuadros macristas instalados entre los agentes en actividad de la policía bonaerense y alguna mano de obra desocupada de exonerados de la institución, cuyos exabruptos fueron multiplicados hasta el ridículo por la cadena mediática a esta altura muy expuesta ante los ojos de la población. Sin embargo, el daño institucional que este episodio produce no puede ser ignorado ni subestimado. No se conocen antecedentes del espectáculo producido por cientos de agentes policiales apostados en las inmediaciones de la residencia presidencial que reclaman ante el presidente y llegan a negarse a su invitación al diálogo en esa misma sede. Lo macabro, lo perverso y lo ridículo se combinan de un modo que es inusual. Es completamente comprensible el efecto desconcertante de la situación. ¿Cómo separar la comparsa mediático-policial de una situación política que viene de vivir el patético espectáculo de una oposición que se niega a participar en el trabajo parlamentario en el único modo en que la racionalidad del cuidado frente a la pandemia lo permite? El curso de los acontecimientos se presta a la elemental sospecha sobre el intento de un sector  –por otra parte muy visiblemente comprometido- de envenenar la atmósfera política argentina. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. ¿Globo de ensayo? ¿Fase 1 de un plan desestabilizador en consonancia con los formatos actuales de las agencias de Estados Unidos contra gobiernos no confiables? ¿Opereta descartable de una logia de exonerados de la policía manipulados por el macrismo? Todas las hipótesis son aceptables, y lo son también aquellas que combinan dos o más de esas hipótesis. Pero lo que merece colocarse en el centro de la mirada es la audacia de la movida. Su disposición a desafiar hasta el más modesto sentido de legalidad democrática en el ejercicio de un reclamo, por más justo que este pudiera presentarse. No hay tampoco antecedentes de una situación como ésta en la que la oposición política permaneciera callada durante tanto tiempo. No guardaron las formas más elementales de la decencia. Cualquiera que hubiera prestado atención a la insólita reaparición de Carrió en su diálogo televisivo con Morales Solá podría establecer entre sus dichos y los hechos policiales una causalidad absoluta. Es decir, hay una provocación pública y explícita, un accionar abiertamente desestabilizador contra las autoridades constitucionales. La decisión de rodear la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires y la del presidente no parecen ser el fruto de una resolución de algún oscuro y clandestino sindicato policial sino el designio de una provocación urdida en sedes mucho más poderosas. El uso de armas como parte de la rebelión El trasfondo es, claro está, una situación social que afecta gravemente al personal policial. Los salarios del sector han caído verticalmente, ni más ni menos que los de la inmensa mayoría de los trabajadores del sector privado y del sector estatal. Ahora bien, ¿vamos a normalizar un modo de reivindicar derechos sindicales y sociales que incluya en su metodología el uso de armas y de patrulleros que son patrimonio público? Está muy claro que la respuesta del gobierno ha optado por una visión pragmática dirigida a desactivar el conflicto con los menores costos posibles. La esgrima de un legalismo extremo que imponga castigos a diestra y siniestra aún con pleno sustento legal no parece ser un camino aconsejable. Pero el desfiladero entre el justo castigo legal y el olvido del episodio como si fuera una escena sin importancia es muy angosto. Parece, más bien, que la ocasión para una profunda reforma legal y estructural de la policía bonaerense debe considerarse en forma prioritaria. Un capítulo muy interesante de estos hechos es el que concierne a la discusión interna que sobre ellos tuvo lugar en el espacio militante favorable al gobierno. La conmoción, reflejada en las redes sociales y en reuniones virtuales, fue muy importante. Expresa la explicable preocupación que existe en el interior de este espacio por la continua y creciente actividad desestabilizadora de la oposición macrista, amplificada como está por el trabajo de los grandes medios de comunicación concentrados. El fantasma del golpe de estado empieza a habitar la conciencia de nuestra población. La rebelión policial se coloca claramente en ese contexto. Sin embargo, el deseo de los grandes grupos económicos locales y globales no se transforma automáticamente en realidad política. Un operativo directamente golpista a pocos meses de un triunfo electoral contundente, con el amplio respaldo popular que revelan los sondeos de opinión y en el marco de una emergencia sanitaria y económica aparece impensable, salvo que quien lo urda esté dispuesto a ejercer niveles inéditos de violencia. Y aun así su posibilidad de consolidación sería muy problemática. Es evidente, sin embargo, que en algún lugar se trabaja en la acumulación de elementos para ese objetivo. Por lo pronto, el “final de la grieta” vaticinado por algunos analistas, es un nuevo pronóstico fallido que ocupará su lugar -al lado del “triunfo de una derecha moderna y democrática” y del “regreso al mundo” de la mano de Macri y su pandilla- en el álbum de las zonceras contemporáneas. El núcleo provocador y antidemocrático de la derecha no está dispuesto a ninguna reconciliación y su respeto por la legalidad democrática no será el resultado de ninguna resignación de su parte a no ejercer en plenitud el gobierno efectivo del país. En el mejor de los casos la convivencia del antagonismo político con la institucionalidad democrática solamente puede ser resultado de un ejercicio responsable y firme del gobierno legal, basado sobre un fuerte espíritu transformador de la realidad argentina. La etapa socialmente reparadora del daño social producido por el capítulo neoliberal recientemente derrotado es el comienzo de una ruta difícil y compleja que tiene en su horizonte transformaciones profundas en la estructura económica, social, política e institucional de la república. Esa será la única garantía de que la democracia auténtica –y no el

Fuente: Carlos Heller| Tiempo Argentino Fecha: 27 de septiembre de 2020 El viernes se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto de Ley de “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Se trata de una herramienta que cuenta con fuerte respaldo de la población y de gran parte del arco político, y con la que se espera recaudar algo más del 1% del PIB, recursos importantes para mitigar las consecuencias del Covid-19. El aporte no deja de ser un esfuerzo, aunque en nada cambiará el nivel de vida de quienes deban realizarlo, que son todas aquellas personas con un patrimonio declarado igual o superior a los 200 millones de pesos. No obstante, se llegó a decir que “están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos” y que “200 millones de pesos es tener un poco más de patrimonio que el promedio. No estamos hablando de grandes fortunas”. Cuesta creer que alguien que posea bienes declarados por el equivalente a unos 2,5 millones de dólares sea el ciudadano “promedio”. Basta conjugar este dato con la realidad de quienes engrosan el 13,1% de la tasa de desocupación o el 9,6% de la de subocupación, según los últimos datos del INDEC, para el segundo trimestre. También se habló de que se castiga a quien tiene un galpón y maquinarias compradas “en Europa”, cuando el proyecto es claro respecto de que la contribución es para personas humanas, no para empresas. Con el aporte solo se pide que las personas más ricas ayuden a alivianar una situación de emergencia, como es la derivada de la actual pandemia. El rechazo pareciera obedecer no tanto al monto que deberán pagar, sino a la intención de que no se instale precedente. Pero no hay país viable, económica y socialmente, si se deja de lado la idea de la solidaridad entre sus habitantes. Para responder a muchos de los planteos resulta útil el informe que elaboró la AFIP a pedido de los diputados de la Comisión de Presupuesto. Según el organismo recaudador, el universo potencial de aportantes calculado es de 9.298 personas, compuesto por 7.438 que ya realizaron la declaración jurada del periodo 2019 y otros 1.860 contribuyentes que, aunque todavía no lo hicieron, debieran estar alcanzados. Es apenas el 0,02% de la población del país. Un dato interesante: del total de personas alcanzadas que presentaron su declaración hay 253 que son las más ricas y poseen patrimonios valuados en más de 3 mil millones de pesos. Bien lejos del ciudadano típico, y más todavía si se considera que el promedio de riqueza declarada en este segmento supera los 15 mil millones de pesos. Este grupo de personas contribuirá con casi la mitad de lo que se espera recaudar, siguiendo el espíritu de la progresividad. En cambio, las 2.774 personas que integran la primera escala, con una riqueza de entre 200 millones y 300 millones de pesos, representan alrededor del 5,5% del aporte total que se alcanzaría. Los datos de la AFIP también son contundentes a la hora de dimensionar los problemas de desigualdad y concentración de la riqueza que tanto nos afectan: las personas alcanzadas equivalen al 0,8% de los contribuyentes que declararon sus patrimonios de 2019, pero poseen el 49,2% de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior. También se entregó información importante para reflexionar sobre cuestiones relativas al mercado de cambios, ya que los 9.298 contribuyentes potencialmente alcanzados poseen un 42% del total de su riqueza en activos y bienes “dolarizados”. Y la mayor parte de dichos patrimonios, el 92% del total, son activos y bienes declarados en el exterior. Es un dato a tener en cuenta a la hora de pensar en cuáles son los sectores que podrían estar interesados en presionar por una devaluación del tipo de cambio. Sirve para valorar todavía más el accionar del Estado, regulando la evolución del mercado de cambios, en un contexto de fuertes presiones especulativas. Lo que se busca es cuidar las reservas internacionales y evitar una suba del dólar que, por su impacto en la inflación, terminaría afectando al grueso de la población. Es en parte lo que acaba de afirmar el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien señaló que las últimas medidas cambiarias “no son simpáticas” pero se priorizaron frente a la posibilidad de que se verifique una devaluación. A su vez, también hizo referencia al límite para las empresas con vencimientos mensuales por endeudamientos financieros que superen el millón de dólares, que sólo podrán acceder al mercado cambiario por el 40% de los vencimientos, mientras que el resto deberán refinanciarlo, o usar divisas propias. En el actual contexto no es posible que las empresas puedan acceder a comprar todos los dólares que desean. Según Guzmán, “el problema es que si todos hacen lo mismo no se puede: el país se queda sin reservas y termina habiendo un salto cambiario mayor”. Queda claro que no hay ningún espacio para que el Estado deje que las principales decisiones queden en manos de los mercados. Observar el contexto global Disparadas por los efectos de la pandemia, que incluso incrementó fuertemente la concentración de las mayores riquezas, hay ideas que siguen ganando terreno en el debate y la política global. En cuanto a la región, por ejemplo, Oxfam señaló tiempo atrás que “Latinoamérica, la región más desigual a nivel mundial y una de las más golpeadas hoy por la pandemia, experimentó durante los últimos cuatro meses un significativo ensanchamiento de la brecha entre los más ricos y el resto de la población (…). En promedio, la región vio surgir un nuevo «milmillonario» cada dos semanas”. Por eso recomienda reformas fiscales de urgencia. Entre ellas, un impuesto a los resultados extraordinarios que han obtenido algunas de las grandes corporaciones durante la pandemia. Estas propuestas también figuran en una publicación especial sobre políticas fiscales del FMI, donde se llega a hablar de una “sobretasa solidaria” para dar

Fuente:  Ricardo Ragedorfer| Tiempo Argentino Fecha: 30 de agosto de 2020 El vía crucis de la modelo Florencia Cocucci, cuyo pecado fue haber tenido una relación con el fallecido fiscal. El escritor alemán Heinrich Böll, en su novela El honor perdido de Katharina Blum (1974), puso al descubierto la dinámica difamatoria de la prensa amarilla al mostrar cómo, en alianza con los servicios de inteligencia y algún juez, puede pulverizar la reputación de una persona. Su personaje principal es una mujer común e intrascendente que pasa una noche con un individuo, sin saber que es un prófugo del grupo guerrillero Baader-Meinhof. Ese simple dato, en manos de un reportero que manipula la verdadera raíz de los hechos, termina por hacer añicos su vida privada. Tanto es así que el fugitivo pasa a un segundo plano y entonces es ella quien copa la escena por esa simple circunstancia. Así funciona la criminología mediática.    A veces la realidad imita a la literatura. Un ejemplo: el vía crucis de la modelo Florencia Cocucci, cuyo pecado fue haber tenido una relación con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Esta historia integra la pesquisa efectuada actualmente por la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre 30 “precausas” tramitadas por la AFI macrista entre 2016 y 2019, sin otro propósito que hacer espionaje ilegal. Cabe decir que ese término alude a un recurso de legitimidad dudosa–y, en teoría, solo aplicado a hechos muy excepcionales–, que permite poner bajo investigación a una persona sin tener un delito concreto que probar. “Salir de pesca”, así como se dice en la jerga tribunalicia. Un gran número de magistrados federales solía aceptar con sumo beneplácito la invitación a semejantes excursiones, pero con el compromiso de destruir los registros obtenidos–audios e imágenes– tras un plazo razonable, en el caso de no haberse encontrado ninguna trapisonda. Una obligación de incumplimiento recurrente. A simple vista, la dinámica del asunto era de manual: los agentes de la AFI grababan al prójimo, los medios afines difundían sus dichos, y los fiscales los llevaban a indagatoria. Tal circuito se cumplía a rajatabla. El caso más paradigmático en la materia fue la pinchadura al teléfono del ex jefe de la AFI kirchnerista y actual senador, Oscar Parrilli. La excusa: averiguar si se había llevado documentación del organismo. El objetivo real: registrar sus diálogos con CFK. La jueza federal María Servini de Cubría se prestó muy gustosa a la maniobra, al igual que los jerarcas judiciales a cargo del área encargada de interceptar comunicaciones: Martín Irurzun, Javier Leal de Ibarra y Juan Rodríguez Ponte. Las charlas en cuestión comenzaron a ser televisadas en enero de 2017 por todos los programas amigos del gobierno, sin excepción. Y sus editorialistas, casi a coro, enumeraban un cúmulo de actos inmorales y graves delitos por parte de la ex presidenta: desde pronunciar malas palabras hasta urdir una conspiración contra el célebre espía Horacio Stiuso, además de presionar a jueces del fuero federal e incurrir en el tráfico de influencias. Lo cierto es que aquel material tuvo una excelente acogida por parte del público Lo de la modelo Cocucci recién ahora salta a la luz en toda su magnitud. Bien vale reparar en su operatoria. Comenzaba agosto de 2016. La causa por la muerte de Nisman, después de serle arrebatada a la fiscal ordinaria Viviana Fein, ya estaba bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini. Una garantía para satisfacer un preciado deseo de Mauricio Macri: demostrar que el suicida había sido asesinado. Con tal fin hubo que presionar a esa mujer de 25 años para que su testimonio favoreciera aquella impostura. La solicitud de la AFI al juez federal Sebastián Ramos para iniciar esa precausa no tuvo desperdicios. Y se refería a la planificación de “un atentado terrorista a ejecutarse en España y Francia” por un grupo “Yihadista (sic) que estaría integrado por personas de diferentes nacionalidades”. Agregaba que el plan fue denunciado a la policía española por “un individuo identificado como Juan Carlos” y que “se encontraría implicada la ciudadana argentina Florencia Cocucci”. El formulario fue firmado por dos cabecillas de Asuntos Jurídicos del organismo: Hernán Martiré Palacios y José Padilla. El fisgoneo sobre ella fue arduo: seguimientos, escuchas e imágenes que se extendieron a familiares y amigos. Todos vinculados –según la AFI– con la presunta red islámica. Como parte del hostigamiento, recibía llamados telefónicos en las que voces anónimas le soltaban datos privados obtenidos en las escuchas: lo que había cenado anoche, que al día siguiente iría a una óptica y que el perro tenía un problema urinario, entre otros detalles. Tales informaciones se encontraban debidamente asentadas en los denominados “Legajos de investigación”. En tanto, alguien distribuía en algunas redacciones una denuncia falsa en su contra por estafa, firmada con un nombre de fantasía. Sobre tal asunto el portal Infobae dedicó tres “informes exclusivos”. Y la revista Noticias, el siguiente título: “La extraña dama de Nisman”, con la siguiente bajada: “Se recluyó en Mar del Plata y está paranoica”. En tanto, los esbirros de la AFI no le perdían el rastro. Además era extorsionada con un video íntimo. Y recibía amenazas de muerte, mientras que en los alrededores de su domicilio merodeaban vehículos ocupados por sujetos de mala traza. Su vida se había convertido en una pesadilla. Delicias del macrismo explícito. «

Fuente: Carlos Heller | Página/12 Fecha: 30 de agosto de 2020 Con el arreglo con los bonistas privados se reducirán los requerimientos de dólares para el pago de esas deudas en los próximos años. Además acaban de comenzar los contactos formales para avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional por una deuda insostenible. Por Carlos Heller «El tipo de cambio oficial es competitivo», afirma Carlos Heller.  Con argumentos de los más variados, pero sin ser muy explícitos en sus planteos, desde ciertos sectores se está tratando de generar el consenso para validar una fuerte suba del tipo de cambio.  La idea: volver a alterar de manera regresiva la matriz de distribución del ingreso y la riqueza, el gran efecto inmediato que tiene toda devaluación. Es la agenda de unos pocos. En un reciente artículo de investigadores del Fondo Monetario Internacional, entre quienes se encuentra Gita Gopinath, su economista jefa, y que tiene por título “Monedas dominantes y ajuste externo”, se analizan los efectos que tienen las devaluaciones. Se señala, por ejemplo, que dado que los precios del comercio exterior se encuentran en general denominados en dólares, el efecto de una devaluación en los volúmenes exportados es “tibio”, en especial en los países emergentes. También se comenta que con la devaluación se encarecen las importaciones y se contrae la actividad económica. El problema es que dada la tenue respuesta de los volúmenes exportados al tipo de cambio, según el Fondo, para tener algún efecto la devaluación debería ser muy grande, lo que tendría consecuencias negativas en “los balances de las empresas o en la inflación”. No parece ser un buen camino para elegir. Algunos analistas llegan a plantear que para reducir la brecha cambiaria (la distancia entre el dólar oficial y el contado con liqui, o el MEP) el que tiene que subir es el oficial. Un error, dado que el tipo de cambio oficial es competitivo.  Cabe aclarar que el segmento del dólar oficial es el que se usa para las operaciones del comercio exterior, mientras que los otros son marginales y están vinculados a la fuga y la especulación. Funcionan, tal como en su momento lo hizo el riesgo país, como una auténtica herramienta de presión para que se implementen ciertas políticas. Por ejemplo, se estimó en una nota periodística que existiría una retención de cosecha en silos por unos 12.200 millones de dólares, en parte porque “la brecha desincentiva las operaciones”. Una devaluación incrementaría los márgenes de ganancia de manera rápida, y en este caso el impacto no sería nada “tibio” (luego la inflación derivada de este aumento del dólar reduciría el supuesto aumento de competitividad logrado).  Además, en la nota citada se menciona el lobby que realizan las empresas agroexportadoras para que se restablezca el diferencial de retenciones para los derivados de la soja, una rebaja de 3 puntos, a cambio de incrementar las liquidaciones. También proponen que se considere a parte de las retenciones como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Es decir, ya sea a través de una devaluación o por la vía fiscal quien pagaría la cuenta es el conjunto de la sociedad. Lo descripto refuerza la necesidad de contar con un Estado que regule y priorice cómo se asignan los recursos estratégicos. En paralelo, es preciso seguir fortaleciendo los márgenes de soberanía y avanzar en la reconfiguración del aparato productivo para superar el limitante estructural de la restricción externa. Revertir estos términos es un proceso largo y complejo, aunque el gobierno ya ha empezado a dar pasos importantes a pesar de las resistencias y de los problemas que representa la pandemia. Por caso, con el arreglo con los bonistas privados se reducirán los requerimientos de dólares para el pago de esas deudas en los próximos años. También, mediante diversas operaciones de deuda, desde principios de año, se ha logrado reducir unos 17 puntos porcentuales la participación de los bonos soberanos en dólares, incrementando la porción de moneda local. Además, al otorgarle un trato equitativo a la deuda bajo legislación local se fortalece nuestro mercado de capitales y se le da mayor robustez a nuestra moneda. A su vez, acaban de comenzar los contactos formales para avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional por una deuda insostenible desde su concepción, que fue tomada en 2018 como puente para pasar las elecciones o, en su defecto, para condicionar a la siguiente administración. En resumen, el actual gobierno ha venido dando sobradas muestras de que negocia sin resignar soberanía. * Diputado Nacional Frente de Todos. Presidente Partido Solidario.

Fuente: Daniel Feierstein | El Cohete a la Luna Fecha: 16 de agosto de 2020 La historia nunca se repite dos veces igual. La trayectoria que sigue el Covid-19 en la Argentina no se parece a ninguna de las que hemos visto (China, España, Italia, Estados Unidos, Suecia, Brasil, México, Irán, Rusia). Tampoco los pronósticos aciertan, ya que siguen sin tomar en cuenta el papel de los comportamientos sociales, sus cambios en el tiempo o las características de cada sociedad. Logros y problemas de la cuarentena temprana El establecimiento de una cuarentena temprana en la Argentina (producto de la demora en la llegada del virus) permitió fortalecer un sistema de salud devastado, evitando decenas de miles de muertes de abril a julio. También acumular conocimiento, lo cual mejora los tratamientos y baja la tasa de letalidad. Pero no se logró detener el ciclo de propagación. Poco ayudó en ello la insistente felicitación de las autoridades políticas argentinas a una población que en el AMBA fue multiplicando la circulación desde bastante temprano. Eso solo pareció cambiar en la penúltima conferencia de prensa, donde el Presidente, ante una pregunta de los medios, mostró por primera vez enfado y preocupación. En las primeras semanas se ralentizó mucho la propagación, pero jamás se logró que los casos bajaran en el AMBA, aunque sí en casi todo el resto del país. La eficacia de las cuarentenas no radica en su extensión en el tiempo sino en su carácter estricto. Con un ciclo de vida del virus de 2 a 3 semanas, para lograr reducir la propagación del contagio se requiere detener muy significativamente la circulación de población por dicho período, algo que ciudades con menos casos iniciales pudieron efectivizar pero nunca se logró en el AMBA. Al producirse una apertura muy amplia antes del pico, se generó en la Argentina un efecto casi único, construyendo una representación de que «lo peor ya pasó» justo en el momento en que «lo peor está por venir». Ello dificulta el registro perceptivo social del aumento de los contagios, contribuyendo de ese modo a las estrategias de negación psíquica. Cuando las muertes están aquí, los medios de comunicación (y con ellos las representaciones colectivas) ya no se centran en la visibilización de los casos sino en el hastío ante la cuarentena y los modos de salir de la misma. Esto vuelve complejo e incierto pronosticar el desarrollo de la pandemia en el país en los meses por venir hasta la producción de la vacuna. Las madres patrias lo lograron Países con comportamientos de sectores medios similares a los argentinos (España e Italia) lograron controlar el crecimiento vertiginoso de los contagios no solo por las cuarentenas sino por la comprensión de la necesidad de cumplirlas por parte de la población. Esto solo ocurrió al superar las decenas de miles de muertos, cuando cada familia se encontró con un caso conocido que había tenido dificultades para acceder a la atención por el colapso del sistema de salud y con los gritos de las autoridades políticas en los medios intentando hacer comprender a la sociedad la magnitud de la crisis sanitaria. El investigador Roberto Etchenique ha bautizado a este efecto «inmunidad de cagazo» y, pese a que existen términos más amables, creo que ninguno condensa la potencia del lunfardo argentino para dar cuenta de su incidencia en los comportamientos. Pero esa «inmunidad de cagazo» se basó en respuestas sociales que no se observan en nuestro país: visibilidad y personalización de las víctimas, presencia mediática de los casos, indignación popular ante la muerte. Habiendo superado los 200 decesos diarios, el prime time mediático no parece estar dominado por la enfermedad sino por la reapertura de actividades y un clima de «post-pandemia» que no se condice con ninguna de las cifras existentes: ocupación de camas en terapia intensiva, niveles de duplicación de casos y duplicación de muertes. El R de 1,0x que publicita Fernán Quirós no se condice con ninguno de los otros indicadores y, siempre que sea superior a 1 implica la continuidad del crecimiento de casos, más allá del debate sobre su velocidad. Algunos números A diferencia de lo ocurrido en lugares que han tenido picos muy altos como Estados Unidos, Brasil o México, la tasa de duplicación de muertes en la Argentina no baja desde el mes de mayo. Dicha duplicación de muertes es cercana a 20 días (25 en los mejores momentos, 21 esta última semana), en tanto que han subido a 91 días en Estados Unidos, a 46 en Brasil y a 44 en México y a niveles mucho más altos en España e Italia. Esto muestra que las conductas de resguardo que existieron en algunos países (con o sin cuarentena) no parecen estar ocurriendo en la Argentina, con lo que resulta un ejercicio de confianza en los hados del destino suponer que sin cambio alguno la tasa de duplicación de muertes en la Argentina bajará. De seguir la corriente que lleva desde mayo, las muertes en la Argentina llegarían a 10.000 el 1° de septiembre, 20.000 el 22 de septiembre, 40.000 el 13 de octubre y 80.000 el 3 de noviembre. Los matemáticos siguen alertando sobre el sentido de la expresión «crecimiento exponencial» pero parece que el resto de los argentinos no queremos comprender. Uno de los exponentes de dicha argentinidad (el exquisito escritor e irresponsable opinólogo Jorge Asís) hablaba de «muertos imaginarios» y pronosticaba apenas hace dos meses que los decesos por Covid-19 «no superarían los 500». Más allá de no haberse retractado nunca ni ofrecido disculpas a las familias de los deudos, la continua irresponsabilidad de Asís (que ahora habla de «muertos al tuntún») ilustra las dificultades para comprender el sentido del término «exponencial». Las lógicas de la negación Atravesadas las etapas de «acá no va a llegar», «es una gripe» o «los muertos son imaginarios», los mecanismos de defensa y los procesos de negación psíquica que llevan a no querer confrontar la realidad se han transmutado en formas de naturalización. Aun cuando cada vez resistan menos las comparaciones con

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Web Fecha: 15 de agosto de 2020 Alberto Fernández no quiere terminar con la propiedad privada de los medios de producción; simplemente pretendía rescatar una empresa vaciada de modo fraudulento por sus propios dueños. El oficialismo no pretende terminar con las grandes fortunas en el país; solamente pretende convertir en ley una contribución de esos privilegiados al esfuerzo que todo el país está haciendo para enfrentar una complicada situación económica que es en parte producto de la pandemia, pero sobre todo la consecuencia de una política de despojo social y nacional promovida por el anterior gobierno. Un gesto y un aporte de las grandes patronales –dicho sea de paso- que, en otros países, éstas hicieron voluntariamente.  No se quiere terminar con el poder judicial sino reformarlo, de modo de hacerlo más justo y más accesible para los sectores populares. En todos los casos se trata de propuestas “minimalistas”, no guiadas por ideologías revolucionarias sino por un sentido básico de justicia social. Sin embargo, la respuesta de sus adversarios adopta un lenguaje de radicalidad que por momentos se acerca peligrosamente a un repertorio “antisistema”. Se promueve la ocupación de la calle en abierto desafío al sentido común que lo desaconseja en tiempos particularmente críticos de la lucha contra la pandemia. Se impulsa una política parlamentaria muy particular, que solamente acepta discutir en sesiones virtuales aquellos proyectos con los que están de acuerdo los diputados de la oposición. Es decir que el sistema virtual no es un problema, en la medida en que el ejecutivo no pueda avanzar con su agenda propia: un gesto imposible de ser fundamentado con razonamientos, es pura deslealtad política. La derecha agita la libertad, supuestamente conculcada por el gobierno del frente de todos, y practica lo que todos los manuales de ciencia política (inspirados casi de modo absoluto por una visión liberal) llaman “oposición desleal”. Así califica el liberalismo lo que, desde esa visión, se considera un trabajo de zapa contra la legalidad democrática, promovido desde visiones revolucionarias. Los (neo) liberales realmente existentes rechazan esa doctrina. Se han convertido, ellos mismos, en “antisistema”.  La élite de la derecha argentina sostiene, en su defensa, que el mandato que le dio su electorado es el de representar a quienes están en desacuerdo con el gobierno. El mandato vendría “desde abajo”, desde su electorado. Decía Gramsci “no es verdad que el peso de las opiniones sea exactamente igual. Las ideas y las opiniones no “nacen” espontáneamente en el cerebro de cada  individuo: tuvieron un centro de formación, irradiación, difusión, persuasión, un grupo de personas que las elaboró y las presentó en la forma política actual”. Es decir que Juntos por el Cambio es responsable de su conducta política. Entre otras razones porque su prédica y, sobre todo, su práctica de gobierno contribuyeron intensamente a la creación de este microclima antinacional y antipopular que hoy se expresa en la forma de la indiferencia por la vida de los argentinos y argentinas.  Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE  ¿Qué ocurre, mientras tanto con la otra élite argentina, la que se reivindica en términos democráticos-nacionales y populares? Son ostensibles los gestos que esa fuerza política realiza en la dirección de un apaciguamiento del clima de enfrentamiento en la sociedad argentina. El punto de partida de esta conducta no está en la gestualidad del presidente, sino en la decisión política y estratégica asumida por CFK en su discurso público del 18 de mayo del año pasado. Allí se evaluó la nueva realidad mundial, regional y nacional en la que estaría involucrado el gobierno argentino recuperado de manos de la derecha. La unidad amplia y plural no se planteó entonces en términos exclusivamente electorales sino también como condición de viabilidad y premisa de éxito de un gobierno cuya naturaleza sería de reconstrucción nacional después de un nuevo y vertiginoso desastre neoliberal: la coalición de gobierno deberá ser aun más amplia que la unidad electoral, se dijo entonces. De modo que a la intensidad rayana en el delirio del discurso de la oposición macrista se opone hoy no una radicalidad de signo contrario, sino un discurso de contención y convocatoria. Es natural que a muchos simpatizantes del frente de todos les moleste la gestualidad del presidente con su “gran amigo” Horacio Rodríguez Larreta, quien reprime duramente las manifestaciones callejeras que exigen el esclarecimiento de los crímenes macristas, mientras tolera gustosamente las expresiones violentas e intolerantes de su propia masa de apoyo. Pero el problema está en distinguir estados de ánimo legítimos de dolor o de impaciencia con estrategias y tácticas políticas. La pasión política es un componente esencial de un movimiento popular, pero solamente si se integra con los cálculos y las decisiones que, obligadamente, deben ser tomadas por la dirección del movimiento. Tanto en esta afirmación como en la cita de Gramsci, bien puede percibirse un aroma “elitista”. Más en un momento histórico en el que las élites políticas globales ceden su lugar de conducción a las grandes corporaciones financieras. Pero, hasta hoy, las experiencias “horizontalistas” de la política popular han terminado siempre en el vacío y la frustración. Y nada indica que de aquí en adelante puedan terminar de otra manera.   La intensidad irracional de la derecha –como siempre arropada por los monopolios de la información- tiene la apariencia de la fuerza. Grupitos de algunos cientos de personas producen hechos con un impacto comunicativo mucho mayor que el que suelen tener las multitudes populares más significativas. El clima de guerra civil en potencia que pretenden crear está lejos de representar el estado de ánimo de las mayorías. Duele, eso sí, ver el lugar social y político al que han ido a parar personas que, en otros tiempos, han hecho importantes aportes a la cultura y al pensamiento popular y que hoy compiten con pequeños personajes de la política para ocupar el lugar del ridículo social.  Nada de eso debería oscurecer la conciencia de que el

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la luna Fecha: 2 de agosto de 2020 El último miércoles 22 de julio, el juzgado número 13 del Tribunal Federal de Curitiba, a cargo del magistrado Luiz Antonio Bonat, condenó por conspiración, corrupción y lavado de dinero a Leonardo Meirelles. La pena estipulada por el juez fue de 40 años y 7 meses de cárcel, pero terminó siendo reducida –en el marco de la figura de arrepentimiento del imputado– a 4 años, con detención domiciliaria. Para acceder al beneficio de la delación premiada, Meirelles tuvo que brindar documentación probatoria de sus ilícitos, efectuados en sociedad con el máximo jefe de la distribución de sobornos de la empresa Odebrecht, Alberto Youssef. Durante las audiencias previas a que fuera comunicado el veredicto, los 9 imputados –entre los que estaban los hermanos Leonardo y Leandro Meirelles– escucharon los cargos y asumieron su status de informantes premiados. La inmensa disminución de la pena, en el caso del denunciante de Gustavo Arribas, fue concedida porque fue capaz de validar las transacciones ilegales efectuadas a diferentes destinatarios. Según uno de los abogados defensores presentes en las audiencias, no existe posibilidad de que Leonardo Meirelles fuese a falsificar los documentos entregados al juzgado, dado que esto implicaría la inmediata pérdida de su condición de arrepentido premiado. Para obtener la reducción de la pena, Meirelles tuvo que validar, ante la jueza federal suplente Gabriela Hardt y a quien la sucedió, Luiz Antonio Bonat, que las transacciones eran verídicas, so pena de perder el derecho a la reducción de la pena. Esa disposición incluyó la cesión de la documentación probatoria capaz de acreditar la totalidad de los desembolsos ejecutados durante los años que trabajó para Alberto Youssef, responsable máximo de coordinar los desembolsos del esquema de corrupción ligado a Petrobras y a Odebrecht. Para corroborar la veracidad de las delaciones premiadas, los abogados de los 9 imputados –incluido Leonardo Meirelles– debieron suministrar al Tribunal Federal de Curitiba las certificaciones de las transferencias bancarias y los resúmenes bancarios avalados por las autoridades financieras. Entre esa documentación, los abogados de los hermanos Meirelles proporcionaron los comprobantes de las comisiones recaudadas por su defendido (sufragadas por Alberto Youssef), luego de certificar que los sobornos habían sido depositados en las cuentas de los corrompidos, para garantizar la adjudicación de obras de infraestructura. Meirelles cobraba entre el 0,5 y el 1 % por cada transacción de soborno. Y en el expediente apilado en el Tribunal No 13, se acumulan los comprobantes de los pagos hechos por Youssef, correspondientes a cada giro realizado al exterior. Entre ellos figuran las 5 comisiones pagadas en retribución a las transferencias realizadas a la cuenta 373645-5 que Gustavo Arribas poseía/posee en la sucursal Zurich del Credit Suisse. En todos los casos, dichas transferencias fueron certificadas por el Standard Chartered Bank Hong Kong, desde la cuenta Meirelles RFY Import & Export Limited, bajo la numeración 313-0-025652-9. Uno de los abogados defensores presente en las audiencias certificó que en el expediente figuran –en forma detallada– las comisiones recibidas por Meirelles por las 5 transacciones giradas a Arribas, incluso la de 70.500 dólares que Arribas reconoce como recibidos. En una investigación realizada por los periodistas Fabio Serapião, Beatriz Bulla y Fausto Macedo para el portal Estadao, se reproducen los mensajes de la casilla de mail de Mauricio Couri Ribeiro, uno de los directivos máximos de Odebrecht, en los que se consignan las coimas relacionadas con la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En uno de ellos, de junio de 2010, se cita una reunión para debatir el pago de un soborno con Javier Sánchez Caballero, quien por entonces era director de IECSA. La información incluida en el expediente del  juzgado de Curitiba contiene documentación provista por la organización dedicada al relevamiento internacional del lavado de activos, The Financial Action Task Force (FATF), que intercedió para detectar las transacciones en diversas partes del mundo, en el marco de un acuerdo previo con la división de Fraude Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La trasnacional brasileña asumió frente a las autoridades de Washington que abonó a sus socios en Argentina un total de 2.900.000 de dólares en coimas y el “pago de retornos adicionales por aproximadamente 500.000 dólares a cuentas privadas”. La documentación remitida por FATF incluye el relevamiento de los giros hechos por Meirelles a la cuenta de Arribas, que los periodistas argentinos del portal El Disenso, Mariana Escalada y Agustín Ronconi, difundieron en enero de 2017. Gracias a la documentación cedida a la Justicia y aceptada como válida por el tribunal, los abogados de los hermanos Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Junior y Haroldo Nater, aceptaron de buena gana la condena y renunciaron a la apelación, situación que le permite a su defendido la obtención de la prisión domiciliaria por 4 años.  A pesar de las certificaciones bancarias aportadas ante el juzgado número 13, validadas por exhortos y las informaciones provistas por FATF, el ex jefe de la AFI fue sobreseido en Argentina. Según dos de los abogados de los condenados en Curitiba, dicho dictamen podría constituirse  en una clara muestra de cosa juzgada írrita, nominación con la que se define la posible (o necesaria) reapertura de una causa ante la aparición de nuevas evidencias procesales. En ese marco, la Justicia argentina debería explicar: Arribas reconoce haber recibido 70.500 dólares en su cuenta radicada en un banco suizo. ¿Cómo pudo acceder Leonardo Meirelles al número cifrado de la misma, en el Credit Suisse (cuyo titular es/era Arribas), cuando ese país dispone de un cerrado mecanismo de secreto bancario? Arribas aduce que dicha transferencia provino desde RFY Import & Export Limited, sucursal de Hong Kong, una cuenta catalogada por el juez Luiz Antonio Bonat como perteneciente a una empresa ficticia destinada íntegramente al pago de coimas, lavado de activos y evasión. El titular de la cuenta, como atestigua el exhorto solicitado por el Tribunal Federal de Curitiba a Hong Kong, es Leonardo Meirelles. Dictamen de sobreseimiento de Gustavo Arribas del 31 de marzo de 2017. Página 6. Arribas afirma haber recibido los 70.475

Fuente: Carlos Zanini | El Cohete a la Luna Fecha: 2 de agosto de 2020 En los últimos años en toda Latinoamérica se ha desplegado una fuerte ofensiva neoliberal para tratar de excluir del mapa político e institucional a líderes que expresan posturas favorables a la inclusión social, la disminución de la concentración económica en manos de unos pocos sobre el hambre de otros muchos, la soberanía política local y la amplia participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. La herramienta más usual ha consistido en rabiosos ataques mediáticos que precedían el urdido de causas judiciales y las decisiones tomadas bajo presión, miedo o convencimiento basado en prejuicios ideológicos, por jueces que han parecido obedecer libretos fraguados en los sótanos oscuros de los servicios de inteligencia (aunque los libretos se esparcieran desde el despacho mismo del Ministro de Justicia o desde las cercanías, si no desde el propio despacho Presidencial, como se ha visto). El amparo mediático pretende presentar ello como parte de una supuesta lucha contra la corrupción, incitando a obtener castigos ejemplificadores junto con la proscripción política de los supuestos autores. La secuencia, partiendo de una “investigación” supuestamente periodística, recala en la denuncia ante la Justicia, que dispara un proceso judicial verdaderamente kafkiano, para conjugarse con la construcción mediática de un escenario público de demonización del denunciado, desde donde el acontecer jurídico de normalización, si prospera, se presentará a la sociedad como “el triunfo de la impunidad”. Resultó central en esas operaciones mostrar cierta apariencia de legalidad para desprestigiar a la actividad política como tal, sobre la base de trasladar nombres, desde la política, que implica representación popular, a las páginas de policiales. Ese ha sido el mecanismo desplegado en América del Sur, contra ex Presidentes como Rafael Correa en Ecuador, Luiz Inácio “Lula” Da Silva en Brasil y a la ex Presidenta y hoy Vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y, últimamente, al depuesto Presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Esa herramienta se conoce por estas latitudes con un nombre en inglés, que resulta de la contracción de dos vocablos: ley (law) y guerra (warfare). Se trata en el decir periodístico cotidiano del “Lawfare”. El concepto viene de los manuales de estrategia militar. Me parece importante indicar la inconveniencia del traslado automático del concepto desde su plano original, la guerra, así sin más, a la política. Charles Dunlap Jr., General de División (R) de la USAF, inaugura la utilización moderna de este vocablo en 2001. Define la “guerra jurídica” como “el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional”. Y agrega que: “puede utilizarse la ley para socavar a los adversarios”. Como conclusión de su trabajo descriptivo del concepto, aconseja que, así como los comandantes están familiarizados con el concepto de preparación de inteligencia del campo de batalla, necesitan agregar la preparación jurídica a su lista de tareas pendientes, y “un elemento clave en esta iniciativa es el uso de los auditores”, así como “educar a las tropas sobre la guerra jurídica”. Como se ve, el concepto tiene una referencia específica a los conflictos militares, y constituye una de las respuestas al problema que presenta para las democracias modernas, tratar de obtener una base de apoyo público considerable para un conflicto armado aún limitado, sobre todo si los ciudadanos creen que la guerra se está llevando a cabo de una manera injusta, inhumana o inicua. Este nombre, trasladado sin más a la arena política, se adoptó como un neologismo que resume en una palabra un muy amplio conjunto de acciones persecutorias hacia los adversarios políticos. Pienso que basta una mirada un poco más detenida para advertir que llamar de ese modo a este accionar sistemático, un verdadero modelo de dominación y entretenimiento de la sociedad, es, por lo menos, benévolo. Así, ese nombre tapa la verdadera naturaleza de la implicancia política e institucional que tuvo y tiene esa práctica. Resulta equívoco llamar así al hostigamiento y la persecución de los adversarios políticos contrarios al establishment, concretado con la utilización profusa de los medios de comunicación y los servicios de inteligencia. Tratándose de una acción judicial violatoria de derechos básicos como el estado de inocencia, el derecho a la defensa en juicio, la prohibición de la creación de tribunales especiales y el derecho al debido proceso y al imperio de las leyes, no constituye una guerra precisamente jurídica. Paradójicamente, a medida que se van develando los tramos más escabrosos de esa ilegal persecución, los medios de comunicación dominantes pretenden presentar el ejercicio de la defensa en juicio como “ardides” o “chicanas”, y la aplicación correcta de las leyes y el respeto a los derechos consagrados constitucionalmente como una supuesta consagración de la impunidad. En la Argentina, fueron muchas las normas violadas en los últimos cuatro años para poder dar forma a esta persecución. En cualquier resumen que se practique de los ejemplos locales, se verá que buena parte del Código Procesal Penal Nacional se tornó letra muerta. Lo que es aún más grave, para llevar adelante ese accionar debieron dejarse de lado garantías consagradas en la Constitución de la Nación Argentina y en los pactos internacionales que la integran. No se trata de una guerra jurídica. Es una violación de las leyes y de las más elementales garantías constitucionales. Está claro que los mecanismos de dominación y disciplinamiento aplicados contra opositores en la República Argentina, que han consistido básicamente en violaciones a la ley y al texto constitucional, no pueden ser benévolamente asimilados a aquella definición que hace Dunlap del término “Lawfare”. Al contener el anglicismo un vocablo que refiere a la “ley”, da la equívoca idea de que se trata de una “guerra jurídica”; cuando la guerra, si es que la hay, es contra el imperio del Estado de Derecho. Es decir, antijurídica por definición, en cuanto se desarrolla violando toda normativa. El linchamiento mediático que expone una política como corrupción, busca confirmación en personeros