Politica

Fuente: R. Kollmann e I. Hauser | Página 12 Fecha: 26 de AGO 2018 Pese al desfile de arrepentidos, a un mes de la aparición pública de las fotocopias de los cuadernos el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio tendrán que recurrir a la nada misma, en términos jurídicos, para procesar a Cristina Fernández de Kirchner. Fiscal y magistrado dirán que los arrepentidos confesaron que llevaban bolsos con dinero al departamento de la calle Uruguay. El argumento será que esa era una propiedad del ex presidente y la ex presidenta. Fuera de eso quedará poco: que la vieron en pijama, que ella estaba al tanto, o versiones de ese estilo. Está cantado que la defensa responderá cuestionando lo que dicen los “arrepentidos”, dirá que no tienen credibilidad, pero tendrá además como base un hecho testificado también por el encargado del edificio: Cristina no estuvo nunca en el departamento entre 2003 y 2015, el período en el que el matrimonio presidencial vivió en Olivos. Como es obvio, las defensas de CFK, Julio De Vido y Roberto Baratta además señalarán que no integraron ninguna asociación ilícita para enriquecerse –como dice el juez– y la prueba está, según afirman los abogados, en que no se encontró ni una cuenta ni una sociedad ni bóvedas ni dinero ni bienes no declarados. En la medida en que fue avanzando la tramitación del expediente, se siguen planteando los interrogantes. 1 ¿Cuál será la imputación del procesamiento? Como siempre, se utilizará la figura de la asociación ilícita para tapar todos los baches. Una asociación ilícita insólita de la que participan, por ejemplo, el chofer Oscar Centeno y dos presidentes de la Nación. Según lo formulado hasta ahora el objetivo de la asociación ilícita fue recaudar fondos de manera ilegal para enriquecerse. Como es público, los empresarios y funcionarios llegaron a la fiscalía y al juzgado con una consigna simple: si niegan los cargos, quedan presos, si nombran bolsos, valijas, Cristina, Néstor, recuperan o mantienen (según el caso) la libertad. Carlos Wagner, que “confesó” el mayor desfalco de la historia argentina –arreglo de las licitaciones de la obra pública– volvió a dormir a su casa. Los “arrepentidos” Wagner y Uberti acusaron a los Macri por coimas pero en el juzgado no corrieron a allanar ni los domicilios ni las empresas de la familia presidencial. Lo que prima es la política, no la justicia. 2 ¿Cuáles son las cuatro “confesiones”? Una parte de los imputados dijo que aportaron para las campañas electorales, entregándole dinero a Baratta. Alegaron que fueron extorsionados. La contraparte, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete, admitió haber recibido bolsos para gastos de campaña electoral. Se trata, supuestamente de un delito menor, de una infracción electoral. Los segundos “confesos” fueron los directivos del grupo Techint. El “confeso” que más “confesó” es el ex titular de la Cámara de la Construcción, Wagner, quien dijo que arreglaban las licitaciones, decidían quién ganaba, a qué precio y que, a cambio, pagaban coimas del 10 por ciento o más del valor de la obra. La cifra en cuestión sería descomunal: 10.000 millones de dólares. Entre otros, Wagner involucró al grupo Macri, aunque intentó mantener la impunidad de los empresarios porque no especificó en qué obras ni cuánto fueron los sobreprecios que pagaron los constructores. El club de la obra pública, del que siempre se habló, y el delito sería defraudación contra el Estado. La cuarta acusación fue la de Claudio Uberti, el “confeso” que habló de las coimas que pagaron los concesionarios de rutas, unos 150.000 dólares por mes que, según dijo, le entregaba a De Vido y a Néstor Kirchner en persona. Todo indica que el juez procesará a todos, incluso a los que negaron las acusaciones y fueron presos. A los que dijeron que aportaron para las campañas electorales, sin extorsión; a los que probaron que estaban en Estados Unidos cuando Centeno afirma que fue a retirar bolsos o a los que sostuvieron que la oficina no era la suya, todos por igual entrarán en el bondi de la asociación ilícita. 3 El objetivo Cristina Finalmente el procesamiento a Cristina, como en todas las anteriores oportunidades en que Bonadio fue instructor, será como jefa de la asociación ilícita. Según el informe publicado en el Centro de Información Judicial, que monitorea Ricardo Lorenzetti, la organización era dirigida también por el fallecido Néstor Kirchner y Julio De Vido. Entre los arrepentidos hay muy pocas referencias a la ex mandataria. Centeno dijo que “Cristina estaba en Olivos cuando Baratta llevó bolsos” y que incluso la vio una vez en pijama. En otra parte de las fotocopias de los cuadernos, el 6 de mayo de 2013, figura “porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. De Kirchner en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”. No hay precisión de cómo Centeno accedió a lo que se dijo en una reunión en la que no estuvo. Uberti no dijo nada de Cristina, pero se ve que le exigieron que la involucre porque cuando amplió su declaración mencionó que había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Uruguay. El ex funcionario se fue del gobierno en 2007, o sea antes de la existencia de la asociación ilícita (2008–2015), antes de que Cristina fuera presidenta y mucho antes de octubre de 2010, cuando murió el santacruceño. Pero dejó el terreno preparado como para que Bonadio pueda invocar esa anécdota en el procesamiento con el argumento de que ese departamento era del matrimonio. Quien aparece más en el centro de la escena es Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, renunciado en 2009 y que falleció en 2016. Nadie está para corroborar la versión de Uberti o de Ernesto Clarens, el financista, que dice que le entregaba al secretario parte del dinero que le cambiaba a los constructores. Hoy se investiga a la viuda de Muñoz y supuestas propiedades que tendría en

Fuente: Rodolfo Yanzón | La Tecl@ Eñe Fecha: 24 de AGO 2018 El 22 de agosto pasado el Senado debatió si autorizaba el allanamiento pedido por el juez Claudio Bonadío a las propiedades de Cristina Fernández y el proyecto como “extinción de dominio”. La medida solicitada por el juez no tiene ningún objetivo investigativo ni judicial, sino el exclusivo propósito de cincelar el monstruo diabólico —del que días atrás habló el funebrero Luis Barrionuevo— para exhibirlo por todos los medios de comunicación con miras a las próximas elecciones. Se trata de una acción más en el entramado que se dio en llamar el “caso de los cuadernos”, iniciado a partir de la gestión de un periodista del diario La Nación con el Fiscal Carlos Stornelli –relacionado con Mauricio Macri, Daniel Angellici y Rafa Di Zeo- para introducir irregularmente copias de cuadernos en una causa preexistente. Lo que se conoce como “fórum shopping”, elegir el juez de manera irregular. Y nada mejor que Bonadío, que acumula cinco procesos contra la ex Presidenta y una clara animadversión de la que todos los jueces de instancias superiores se han hecho los tontos. A través de Bonadío, la DAIA y dirigentes del PRO reabrieron la causa por el acuerdo con Irán. Y nadie en su sano juicio podía pensar que no derivaría en procesamientos a granel, entre los que se encuentra el de CFK, además de su pedido de detención por el que pidió su desafuero. Mas allá de que el delito principal de traición a la patria fue dejado de lado por la Cámara Federal al confirmar los procesamientos, habrá un juicio oral en el que CFK deberá sentarse junto a sus consortes de causa, aunque se trate de un juicio condenado a la absolución de los acusados, porque no hubo delito, y todos lo saben, pero también se hacen los tontos para mantener con vida la operación mediática y judicial. Más grave aún es que después de esa causa todo es posible en el mundo judicial mediático, sobre todo si se cuenta con los esfuerzos de Bonadío. Los cuadernos que no existen son una muestra, sobre todo porque Bonadío y Stornelli cuentan con que en lo sustancial sus actos serán confirmados por los camacristas federales. Regresando al debate en el Senado, aunque CFK revalidó títulos con un sector importante de la sociedad que la considera su líder política, hay puntos que CFK no puede, no quiere o se le hace difícil explicar. Al lanzar la pregunta al resto de los senadores acerca de si creían en serio que la cartelización de la obra pública había comenzado en mayo de 2003, CFK reconoció que la cartelización continuó durante los doce años posteriores, ocho de ellos bajo su mandato. Entonces la pregunta es qué hizo por terminar con esos nichos apetitosos de corrupción. Y la segunda pregunta es por qué motivos se mantuvo como ministro del área a Julio De Vido y su equipo, desde el primero hasta el último día kirchnerista (para limitarnos a las preguntas directamente relacionadas con la causa de los cuadernos que no son cuadernos). CFK señaló a los responsables de esa cartelización, entre los que incluyó a los Macri; se refirió a la interna peronista sin dejar de deslizar que unos cuantos jamás llegarían a presidente por el voto popular aunque a ella la partiera un rayo. También recordó la reunión que mantuvieron Stornelli, Macri y su primo Angelo Calcaterra para hablar de los acuerdos espurios preexistentes. Algunos dicen que comenzó su periplo como candidata, reivindicando puntos de su gestión y resaltando sus objetivos políticos para contraponerlos a los del macrismo. Miguel A. Pichetto le dijo que no se preocupara, que iba a poder ser candidata, adelantando la opinión de todo el PJ en cuanto a que no prosperaría ningún pedido de desafuero en su contra. Otros dicen que al macrismo le conviene que CFK continúe en libertad. CFK, como contestándoles, dijo que no era ella el problema del gobierno, sino ellos mismos y sus políticas espantosas. Este cuadro podría alimentar en un sector del oficialismo la idea de trabajar por un escenario con CFK presa (Pichetto tendría la llave), sobre todo si funcionarios como Mario Quintana dicen que es buena noticia la caída del salario real, pero que no se puede anunciar porque los perjudicaría en lo político. A esta altura y según encuestas de los últimos días, Macri perdería en un ballotage con CFK, a pesar de su imagen negativa. El proyecto llamado de extinción de dominio fue modificado y volverá a Diputados. El macrismo insistió en su propio proyecto con fuerte tufo videlista. De hecho, uno de los que habló en el recinto para sostener la postura de su bloque fue Federico Pinedo, quien durante los ochenta y ya en gobierno de Raúl Alfonsín, iba por los programas de televisión reivindicando a la dictadura genocida. La causa de los cuadernos que no son se sostiene a partir de un método extorsivo utilizado desde hace tiempo con los pobres y ahora Stornelli y Bonadío lo usan con los del poder real, que nunca pensaron ir en cana, tanto como que jamás las cárceles fueron creadas para ellos. La extorsiva invitación a declarar a cambio de libertad dejó una frase que navegó las redes sociales, balbuceada por el abogado Cúneo Libarona: “Si Sergio Taselli no sale en libertad en breve va a mentir o involucrar a alguno”. Después de la causa por el pacto con Irán todo es posible. De este modo, que se encuentren o no los cuadernos es sólo un detalle baladí, que no por ello impide al macrismo a ponerse la cocarda que no merece, la de honestidad, y echar culpas a esos cuadernos que no son por la situación imperante o a la pesada herencia, que en definitiva para ellos es lo mismo. Pero no es la pesada herencia ni CFK el problema, sino sus políticas espantosas y elitistas, desinvirtiendo en áreas sensibles como la investigación científica y la educación, y vilipendiando a sindicatos y

Fuente: Irina Hauser y Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 12 de AGO 2018 La ex presidenta estará mañana, a las 10, frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Como anticipó Página/12 entregará un escrito, no aceptará preguntas porque considera que ni el magistrado ni el fiscal están habilitados para llevar adelante la causa dado que ya han sido denunciados en forma reiterada por enemistad manifiesta. En el texto, CFK describirá la persecución que sufre desde hace más de dos años, volverá a insistir en que se debe hacer una auditoría de la obra pública —ya lo planteó reiteradamente— para verificar si existe alguna irregularidad y repetirá que no integró ni lideró ninguna asociación ilícita. Tras cartón, se irá sin saludar al juez porque, como ya tiene dicho, «no lo saludo ni por escrito». La senadora es prácticamente la última en la lista de indagados, aunque falta que declaren algunos de los recientes detenidos. Esto hace pensar que en unos diez días Bonadio dictará los procesamientos —siempre que llama a indagatoria, procesa— y todo indica que volverá a pedir la detención de Cristina en esta causa. El titular del bloque el PJ en el Senado ya ha dicho que no habrá desafueros sin que exista un juicio y una condena, pero volverán a presionar, porque en el trasfondo está la idea de sacar a Cristina de la carrera electoral. Puerta giratoria Resulta curioso que los comunicadores que se pasan las horas quejándose de la supuesta puerta giratoria que existe para los sospechados de delincuentes, ahora no se quejen por la puerta giratoria de los empresarios. La realidad es que la prisión de los dueños de las empresas se ha utilizado pura y simplemente como extorsión: el que se arrepiente, aunque no presente prueba alguna, se va a su casa. Los otros se quedan en Ezeiza. El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que es también profesor universitario de derecho penal, se indignó esta semana con el uso de la alegoría de la sortija. O sea, que el fiscal haya conminado a los empresarios a arrepentirse porque las sortijas son pocas. «Esto es muy grave. ¿cómo se va a hablar de que uno tiene que ser hábil o veloz para agarrar una sortija –-dijo Fernández–. ¡Estamos hablando de justicia!» Club Uno de los empresarios que durmió en su casa fue Carlos Wagner, titular de Esuco, y ex presidente de la Cámara de la Construcción. Según lo que hicieron trascender desde la fiscalía y el juzgado, Wagner dijo que entre los empresarios pactaron quién ganaba cada licitación, qué precios se ponían y el ganador pagaba una supuesta coima a Julio De Vido. Habrá que ver el texto real de su declaración y no lo que fiscalía y juzgado filtraron. Lo que llama la atención es que con ese «arrepentimiento» Wagner se haya ido a su casa, si se compara con los que todavía siguen en el penal de Ezeiza. Supuestamente confesó que en la Cámara se reunían, decidían quién ganaba cada licitación de obra pública y a qué precio. O sea que, según él, le robaron al estado en cada una de las obras, manipularon cada licitación y estafaron a la sociedad con sobreprecios en cada adjudicación. El delito se llama fraude en perjuicio del estado: de dos a seis años prisión. A eso se suma el grotesco delito de la asociación ilícita. Desde ya que no corresponde que ninguno esté preso sin juicio y sin sentencia, a menos que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, y más grave todavía es que utilicen las detenciones como extorsión, pero a simple vista se ve que el que afirma lo que sea contra el gobierno anterior duerme en casa, mientras que el empresario que dice que no pagó nada o que aportó a la campaña por voluntad propia, se queda en la celda. Supuestamente confesaron la existencia del club del fraude en la obra pública; no pidieron ninguna prueba sobre las obras en que funcionó ese fraude, y con eso le extendieron el pasaporte a casa a Wagner. Orígenes La manipulación del expediente impresiona, empezando por el origen espurio, relatado en detalle por Diego Cabot, el periodista de La Nación. Se juntaron con el fiscal en un bar, luego en una casa y luego se hizo la denuncia. Todo porque Cabot conocía a Stornelli. El punto nodal es que debió sortearse, como corresponde, pero Stornelli –uno de los adalides anti-K de Comodoro Py– decidió quedarse con el expediente. Típico forum–shopping, elegir fiscalía y juzgado como en un shopping. Es verdad que las fotocopias de los cuadernos son un indicio. Pero resulta extraño que no hayan podido dar con ellos, siendo que tienen el material desde hace meses. Sería de importancia encontrar los cuadernos para peritarlos. El chofer dice que los quemó, pero no hay por qué creerle. Los periodistas Darío Villarruel e Iván Schargrodsky revelaron que Centeno fue declarado inimputable por la Cámara Federal de San Martín. Como contó este diario, el chofer fue exonerado del Ejército por haberle tirado una granada a un compañero que le hacía bullying en 1992. Fue juzgado por un tribunal militar, lo condenaron, pero apeló. Por eso intervino la Cámara Federal de San Martín que lo absolvió tras hacerle un examen físico y mental. Lo consideró inimputable. O sea que estamos ante una causa iniciada de forma irregular, con un grosero forum shopping, sobre la base de fotocopias del cuaderno desaparecido, de un chofer que anteriormente fue declarado inimputable en una causa. Aún así no deja de ser un indicio. De primera A partir de ese inicio irregular, detuvieron, por ejemplo, al número 2 de Iecsa, la empresa que fue del grupo Macri. No tiene explicación por qué no detuvieron al número 1, Angelo Calcaterra. Tampoco se explica cómo es que paseó por Comodoro Py después de hablar con el Presidente y pactar con los operadores judiciales que no lo iban a demorar más de una hora. Al día siguiente declaró Héctor Zabaleta, el número 3

Fuente: Ricardo Aronskind | La Tecl@ Eñe Fecha: 10 de AGO 2018 Hace unos pocos días el diputado nacional Felipe Solá, miembro aún del Frente Renovador, formación política que apoyó buena parte de las decisiones claves de este gobierno, se presentó en la Casa Rosada y entregó un documento con un breve análisis y 35 puntos de propuestas concretas para enfrentar la actual crisis financiera, externa, productiva y social. Sin duda se trató de una acción política para realizar una aparición pública llamativa, positiva desde el punto de vista propositivo –está en espejo con el verso macrista que el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas- e instalarse como uno de los candidatos diferenciados del macrismo, y al mismo tiempo no embanderados en la pura crítica al actual gobierno. En la confección de la propuesta presentada por Felipe Solá colaboraron diversos especialistas, académicos e intelectuales del campo nacional y popular, que lograron abarcar un conjunto de puntos importantes para la coyuntura. Se trata, por supuesto, de una propuesta que no está destinada a ser aplicada. No hay ninguna posibilidad de que un gobierno de las características retrógradas y con compromisos estrechos con los principales factores de poder como el actual adopte este conjunto de medidas, aunque quizás se vea obligado, para controlar el caos que generó, a establecer algunas regulaciones y medidas de emergencia parecidas a las del documento. Las ideas generales: Sin pretender reseñar el documento, hay ciertos puntos que merecen atención. Se destacan tres rechazos muy significativos por su carácter estratégico: No al acuerdo con el FMI; No al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y No a la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trata de definiciones muy fuertes, que contradicen los planes estratégicos de la elite económica local. El objetivo de fondo de estos acuerdos con factores de poder externos (FMI, UE) es condicionar en forma permanente las políticas económicas argentinas más allá de quien gobierne en el futuro. La liquidación de FGS apunta tanto a vaciar el ANSES para preparar un nuevo negocio con las jubilaciones, como devolver a las grandes corporaciones las participaciones accionarias que aún posee el Estado en las mismas. Ya dentro de los aspectos afirmativos, aparecen propuestas redistributivas por la vía fiscal que implican aumentar y ampliar los impuestos a los sectores de altos ingresos (minería, IVA mayor a consumos suntuarios, patrimonio neto, ingresos, bienes personales), y disminuir la carga impositiva a los asalariados (incluyendo la famosa eliminación del impuesto a las Ganancias cuarta categoría). Es decir, un rebalanceo impositivo progresista, destinado a promover el consumo popular e indirectamente a ampliar el debilitado mercado interno. Estas propuestas contradicen toda la filosofía neoliberal de concentrar el ingreso para que los de arriba “inviertan” y así se genere crecimiento y empleo para los de abajo. Nada de eso se ha verificado en los dos años y medio de macrismo. Las mayores ganancias empresarias alimentaron una mayor fuga de divisas hacia el exterior. Complementando el impulso redistributivo, se promueven paritarias sin techo, alza del salario mínimo, paritaria nacional docente, y estrategias públicas para sostenimiento del empleo y el relanzamiento de “precios cuidados”. Además un incremento y mayor eficiencia en el gasto en salud. Estas medidas son absolutamente razonables y necesarias, porque se ha demostrado en este tiempo que aunque el salario caiga y el consumo popular se deprima, la inflación continúa por otras razones que tienen que ver con el poder de mercado de actores que concentran muy fuertemente la oferta. En materia de sector externo, se propone “cuidar los dólares” con mucha mayor intervención pública tanto en la administración del comercio exterior, como en el manejo del dólar por parte del BCRA; las divisas producto de las exportaciones tienen un plazo para ser ingresadas al país, además de proponer medidas para alejar a los capitales especulativos de muy corto plazo y un impuesto a los viajes al exterior. Se trata de medidas de mínimo sentido común, luego del despilfarro y el descontrol provocado ex profeso por el gobierno macrista. La actual crisis cambiaria, que no ha terminado, es el efecto directo de todo lo que el macrismo promovió desde el primer día de gobierno. Y aún hoy el gobierno persiste en no adoptar las regulaciones necesarias para enfrentar con más posibilidades el volátil escenario auto-generado. Para estimular la actividad económica, además de mejorar los ingresos de los asalariados, se propone destinar más fondos para obras públicas con fines sociales, habilitar más fondos para créditos y con tasas preferenciales a las pymes, y aplicar desde el Estado el “compre argentino”. Nuevamente se orientan recursos para promover y estimular el mercado interno, satisfaciendo al mismo tiempo necesidades sociales como la vivienda, la producción y el empleo. No perder actividades industriales es hoy muy importante, porque las restricciones a las importaciones producto del endeudamiento, harán muy necesaria la provisión local de determinados bienes. Como medidas en relación a los servicios públicos, se propone la desdolarización de las tarifas, lo que implica un severo conflicto con las empresas energéticas, y para las empresas que reciben subsidios, compromisos de estas empresas en materia de inversión. Ambas medidas se apartan de la práctica habitual argentina de no animarse a establecerle exigencias a las empresas privadas, en reciprocidad a los importantes apoyos que reciben desde el Estado. La desdolarización es otra medida sensata y razonable ya que el actual esquema de tarifas indexadas al dólar, a la inflación y a un precio elevadísimo del BTU, es explosivo y confiscatorio de usuarios y pequeños empresarios. Las implicancias políticas de las medidas: Una vez pasada una somera revista a los principales puntos, algunas reflexiones más generales: Se trata de medidas de emergencia, no de un plan de desarrollo. Apuntan a sostener una situación social sumamente preocupante, y de poner bajo control la grave situación fiscal, externa, productiva y social provocada por la actual gestión. Las medidas tienen un evidente sesgo popular, que apunta a socorrer a asalariados y pequeños empresarios, sostener el mercado interno y

Fuente: Nilda Garré | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 El pasado lunes 23 de julio, el Presidente anunció una “profunda” reforma del sistema de Defensa Nacional, que tuvo su primera expresión en el Decreto 683/2018, que modificó el 727/2006 (reglamentario de la Ley de Defensa) y derogó el 1691/2006 (Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas). Esta decisión trascendental –que, a diferencia de las directivas sancionadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, va a contramano del espíritu de las leyes vigentes– vulnera el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983. Representa, en efecto, el punto de partida para intentar quebrantar el ordenamiento jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional N° 23.554 (1988), de Seguridad Interior N° 24.059 (1992) y de Inteligencia Nacional N° 25.520 (2001), compendio normativo que fue alcanzado con el más importante consenso multipartidario del que se tenga memoria y que se mantuvo a lo largo de treinta años. El tema fue prolíficamente analizado en los últimos días, de modo que simplemente conviene recordar cuáles son los ejes estructurantes de la medida y sus posibles consecuencias. En cuanto a los criterios ordenadores, cabe señalar que el decreto: habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a “amenazas externas”, aun cuando estas no provengan de un Estado, como podría suceder con el delito organizado transnacional, tal como es el caso, por ejemplo, del terrorismo. De este modo se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”; promueve la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones de seguridad interior, lo que está vedado por nuestro sistema legal; y habilita que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad. En este último caso, se realiza una interpretación forzada del artículo 31 de la Ley de Defensa, que señala que es una misión de la Gendarmería y de la Prefectura la custodia de esos objetivos de valor estratégico para la Nación. En lo que hace a las previsibles consecuencias de la medida, resulta clave enfatizar que asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las labores antiterroristas o de lucha contra el narcotráfico que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad– supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y su consecuente desprofesionalización. Con respecto al caso puntual del terrorismo –el “caballito de batalla” sobre el que se montó la propaganda oficial para marcar la supuesta desactualización de los artículos modificados del Decreto 727/2006 y del derogado decreto 1691/2006–, no resulta claro qué tipo de acciones y organizaciones serán consideradas de este modo por parte del Estado nacional. En consecuencia, los cambios efectuados podrían resultar funcionales, como bien ha indicado recientemente un colectivo de expertos y organizaciones no gubernamentales (https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/fuerzas-armadas-en-seguridad-interior/), a la “deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”. Los nuevos lineamientos impulsados por Macri constituyen un elemento de especial preocupación ante el actual escenario de deterioro económico y conflictividad social. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la mayor parte de las naciones latinoamericanas que han emprendido una reasignación de misiones para sus Fuerzas Armadas en dirección a “combatir” las denominadas “nuevas amenazas” han fracasado en su objetivo. La consecuencia de ello fue la creciente desprofesionalización de los uniformados y su involucramiento repetido en violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos como así también en hechos de corrupción. Los casos de México y Colombia constituyen referencias ineludibles, dado que sus actuales dirigencias –independientemente de posicionamientos políticos y concepciones ideológicas– están empezando a revisar sus políticas, atento a los fracasos obtenidos como consecuencia de la “militarización de la seguridad pública”. Precisados estos puntos, convendría estar muy atentos al resto de los anuncios que realizó Macri, puesto que en el medio de la discusión legal y doctrinaria algunas cuestiones podrían pasar desapercibidas.   Una nueva Directiva de Política de Defensa Macri comunicó la inminente aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que sería el instrumento con el cual el gobierno reemplazaría a las dos DPDN sancionadas durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner (Decretos 1714/2009 y 2645/2014). La directiva anunciada se enmarcará –según adelantó el presidente (https://www.youtube.com/watch?v=Z7OK8wnMlB4)– en una serie de criterios que se enumeran por ahora sin apreciaciones valorativas: modernización de las Fuerzas Armadas; atención a la misión principal del instrumento militar; apoyo a la política exterior del país (con énfasis en las operaciones de mantenimiento de la paz, la cooperación con los “países amigos” y la contribución a la política antártica); apoyo a las actividades de seguridad interior; protección en “eventos de carácter estratégico”; custodia de objetivos de valor estratégico e infraestructuras críticas; desarrollo de capacidades para la defensa en el ciberespacio; apoyo a la comunidad ante catástrofes y desastres naturales; actualización de la doctrina; accionar militar conjunto; mejora de los salarios; defensa de la “familia militar”; sanción de una nueva Ley de Personal Militar; y desarrollo de un nuevo sistema de reservas. El discurso del Presidente –a partir de la información provista por un teleprompter– no entró en detalle en ninguno de los puntos señalados, sino que se limitó a “leer los títulos” en unos siete minutos. A pesar de esa carencia expositiva y de no haber profundizado los ejes enumerados, pueden efectuarse algunas reflexiones: no hubo ninguna referencia a la desaparición del submarino ARA San Juan ni a las tareas de búsqueda. Tampoco mencionó el conflicto del Atlántico Sur y el enclave colonial que Gran Bretaña mantiene en Malvinas; y mucho

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 27 de JUL 2018 Una masiva marcha rechazó ayer el decreto del presidente Mauricio Macri que habilita a las Fuerzas Armadas a actuar en seguridad interior bajo el lema de “No a los militares en las calles”. Detrás de ese proyecto se encuentra Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales, y coordinador de la denominada “Mesa de Seguridad”. El subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, completa el elenco de asesores que le dieron forma al regreso de los militares a las calles. Por escenografía, un inmenso hangar en penumbra. Allí, con tres helicópteros artillados a su espalda y flanqueado casi en un segundo plano por cuatro jefes militares ya demasiado maduros para los uniformes de combate que lucían, el Presidente, desde un estrado negro y brillante como un féretro, desgranaba con frases escolares –que leía en un telepromter– una declaración de guerra contra los peores enemigos de la humanidad. Parecía una escena de Dr. Insólito, esa comedia de humor negro sobre la Guerra Fría realizada en 1964 por Stanley Kubrick. Pero su protagonista no era Peter Sellers sino Mauricio Macri. Así anunció lo que insistía en llamar “reforma del Sistema de Defensa Nacional”. Un eufemismo decorado con inapelables abstracciones: desde los “desafíos del siglo XXI” a “objetivos estratégicos claves”, no sin mencionar “operaciones de apoyo a la comunidad” y la “protección de los recursos del Atlántico Sur”. También esgrimió variadas hipótesis de conflicto: el “impacto del delito transnacional” y los “peligros cibernéticos sofisticados”, entre otras calamidades. Recién entonces supo abordar la solución: “una estructura militar de despliegue rápido” y “unidades conjuntas con personal de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército”. En realidad se refería a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Aquella noticia sacudió al país el lunes 23 de julio. Una noticia que, por cierto, había comenzado a gestarse cinco semanas antes. El superministro en la sombra Tono sombrío. Mirada grave. Así se mostró Macri el 29 de mayo, durante la celebración del Día del Ejército en el Colegio Militar. Fue cuando oficializó el gran anhelo que ahora acaba de concretar. Sus palabras al respecto traían cierta reminiscencia de lo expresado ya en 2010 por la Escuela de Guerra de los Estados Unidos en cuanto a cómo se desarrollaran los conflictos armados en el siglo XXI: “La guerra estará en las calles, en las alcantarillas, en los rascacielos y en los caseríos expandidos que forman las ciudades arruinadas del mundo”. La frase resume el corpus teórico de la doctrina norteamericana de las “Nuevas Amenazas”, que incluye situaciones tan variadas como el terrorismo, el narcotráfico, los reclamos sociales y las catástrofes climáticas. En aquella simpleza conceptual Macri fue amaestrado al pie de la letra. Y ese martes, con cara de entendido, justamente recitó: “Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las nuevas amenazas”. Aplauso de los presentes. El mandatario habló rodeado por delegados militares extranjeros, todos de uniforme y tiesos como piezas de ajedrez. A un costado permanecía el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini. Al tipo se lo notaba muy consustanciado con lo que oía. No pudo ser de otra manera. Este general de 58 años es un referente del sector castrense que reclama la amnistía por delitos de lesa humanidad. Pero nadie le festeja tal prédica más que su propia esposa, María Laura Renés, hija de Athos Renés, un ex coronel condenado a perpetuidad por la Masacre de Margarita Belén. Ella pertenece al grupo de Cecilia Pando. El marido no le va a la zaga. Por lo pronto, al opinar sobre el nuevo “desafío”, soltó: “Estamos preparados para muchas tareas”. También se deleitaban con el fraseo presidencial los jefes ministeriales de Defensa y Seguridad, Oscar Aguad y Patricia Bullrich, junto a funcionarios de segunda línea. O desconocidos, pero influyentes; entre éstos, un sujeto alto y delgado que observaba dicha escena con fruición. Era Fulvio Pompeo, nada menos que secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Bien vale reparar en este personaje. Se trata de un politólogo y relacionista internacional con título obtenido en la Universidad de Belgrano y algún postgrado en Londres. Supo pertenecer al duhaldismo; de hecho, fue funcionario de Carlos Ruckauf en la Cancillería cuando el ex bañero de Lomas ejercía la presidencia interina. Ahora es muy escuchado por el propio Macri, a quien suele acompañar en las giras oficiales. Y se lo considera el “cerebro” del revuelque entre los conceptos de Defensa y Seguridad. Eso lo sitúa en un nivel “supra-ministerial”. Tanto es así que aquel hombre coordina la denominada “Mesa de Seguridad” del Gobierno, en donde Bullrich y Aguad –entre otros– se nutren de nuevas ideas. Allí –por caso– se urdió en abril la ocurrencia de reemplazar las Fuerzas Armadas por una Guardia Nacional, inspirada en las de Panamá y Costa Rica, un proyecto que incluso mereció el rechazo de los socios radicales del PRO. Desde allí Pompeo también delineó las importantes tareas locales que ahora el régimen macrista asignará a los uniformados. A continuación, la siguiente escala de este viaje hacia el terror. El general del siglo XXI Dos semanas después, el Poder Ejecutivo ordenó enviar personal militar –500 efectivos– a la frontera norte, entre Salta y Misiones, en apoyo logístico a las tareas que allí desarrolla la Gendarmería. El asunto fue decidido durante la mañana del 12 de junio por Macri, quien –bajo absoluta reserva– recibió a los principales actores del “proceso (nunca mejor usada esta palabra) militarizador”; a saber: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Defensa y Seguridad, Aguad y Bullrich, el jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, el de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el subsecretario de Coordinación de Fronteras, Vicente Autiero, el titular de Asuntos Estratégicos, Fluvio Pompeo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa. Ese es el elenco estable de la “Mesa de Seguridad”. Ahora conviene detenerse

Fuente: Hugo Presman* | La Tecl@ Eñe Fecha: 26 de JUL 2018 Hay una notable coincidencia entre el gobierno y un sector de la oposición, el que se conoce como peronismo racional, peronismo perdonable, peronismo sensato, peronismo republicano, peronismo amigable y que también podría denominarse peronismo alvearizado, menemizado, descafeinado o descremado. El gobierno tuvo un plan fundacional que implicaba demoler hasta los cimientos el modelo de sustitución de importaciones, volviendo a la Argentina pre crisis de 1929. Es decir, el país  que emergió en el siglo XIX,  después de los 60 años de  guerra civil que concluyó con el triunfo del SUR en términos de la Guerra de Secesión norteamericana. Como la historia es juguetona e imaginativa, los descendientes de los derrotados sobrevivientes de aquel conflicto prolongado encontraron en la industria de sustitución de importaciones su lugar en la sociedad y una adscripción política que los dignificó que fue el peronismo. Los dueños del país, políticamente representados por los conservadores, que con su brazo armado interrumpieron el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, inauguraron la primera década infame, pero tuvieron reflejos de autoconservación que no exhiben con la misma intensidad los actuales gobernantes: ante la crisis de 1929, no dudaron en tomar medidas de intervencionismo estatal y proteccionismo, que originaron un daño colateral para su concepción ideológica: el nacimiento y fortalecimiento de la industria nacional, de resultas de las dificultades para importar y el surgimiento de una nueva clase obrera. Los dueños del país, extremadamente dependientes de las exportaciones a Gran Bretaña, terminaron compelidos a firmar un acuerdo escandaloso, ante la amenaza de la primera potencia de entonces de suspender las importaciones provenientes de nuestro país. El intento de volver aún más atrás, a la Argentina del Centenario, es una reiteración de las intenciones de los golpes de 1955, 1966, y 1976, y con Menem y De la Rúa en democracia. No lo lograron, pero hirieron seriamente a la sociedad más igualitaria de América Latina, llevándola de un 4 % de pobreza y desocupación en 1974, a más de 54 % de pobreza y 21,5 % de desocupación en la crisis del 2001. Pero en el 2015 fue distinto porque el establishment llegaba por primera vez al gobierno en forma democrática y a la Rosada accedía uno de sus integrantes. De ahí el propósito de terminar definitivamente con un empate entre dos modelos de país, que es la originalidad de la Argentina y a su vez lo que determina un camino sinuoso, contradictorio, de avances intensos y retrocesos profundos. En los primeros dos años de CAMBIEMOS la denostación del pasado y de la herencia populista junto con las expectativas de un futuro promisorio, ocultaron que se estaba cortando la rama sobre la que se asienta la vida cotidiana de la mayoría de la población. Una justicia subordinada, una protección mediática abrumadora, abonó un camino que mientras ilusionaba con la felicidad en el horizonte avanzaba con la apertura de la economía, la desregulación financiera sin precedentes, el endeudamiento explosivo, la progresiva anulación de derechos, y una actualización de tarifas pensadas exclusivamente en el cuadro de resultados de las concesionarias. Cuando se cerró el grifo del endeudamiento, que cualquier análisis de los números macroeconómicos aconsejarían,  el gobierno utilizó su bala de plata y dejó el gobierno en manos del Fondo Monetario, al punto que si en algún momento el mismo deja de financiar los diferentes déficits, la suerte de CAMBIEMOS está echada. Si esta realidad no puede calificarse de colonia, es imprescindible resignificar el lenguaje.  La idea de 16 años de gobierno de la coalición restauradora alentada después del triunfo en las elecciones de medio término del 2017,  se alejó en el horizonte y vuelve la posibilidad del regreso del “populismo”, obsesión de las finanzas internacionales, del gobierno norteamericano, del poder económico y sus escribas asalariados, motivo por el que buscan desesperadamente  una carta de reemplazo. Si el macrismo con su perrito faldero, el radicalismo, que ha enterrado lo mejor de su pasado y es una sombra de la sombra que ya era en los últimos años, no garantizan la continuidad del proyecto refundacional, hay que encontrar la alternancia en el peronismo descafeinado. El as de espada hasta ahora, la gobernadora María Eugenia Vidal, no superaría el derrumbe del oficialismo. El macrismo no está aún muerto ni mucho menos, pero en un escenario económico progresivamente muy desfavorable, aplicar el brutal ajuste del Fondo se presenta como la peor solución para ser ganador dentro de un año. Héctor Magnetto como distribuidor del juego busca alternativas en el peronismo blanco que en última instancia es una variante con matices del macrismo, cercado e intimidado por la futura pesada herencia y las cadenas del FONDO, dos circunstancias disciplinadoras. Así se despliega la operación que el columnista de Clarín Fernando González, recientemente reincorporado, escribió el sábado 21 de julio bajo el título “El presidente del 2019, llevará la marca del FMI”: “La novedad de la Argentina es que el protagonista fundamental de las elecciones presidenciales del 2019 va a ser el Fondo Monetario Internacional. El próximo presidente conseguirá la victoria con el FMI o contra el FMI” (traduzco: esta última es la alternativa Cristina, que en el idioma del establishment es el peligro Cristina, que crece lenta pero firmemente en las encuestas, más allá de algunas pagadas intencionalmente por el gobierno, que intentan el doble objetivo: consolidar la base propia y recuperar a los desilusionados cuya bronca hacia el oficialismo cede cuando existe la posibilidad del retorno del kirchnerismo). Más adelante escribió: “Ya se sabe que Cristina culpará al FMI de todos los males y lo arrojará a la misma hoguera donde pretende arrastrar al presidente. El dilema lo tendrán los peronistas que buscan un camino alternativo. Massa, Urtubey o el que se anime a dar batalla deberán mostrar algún plan para gobernar un país emergente sin superávit. La economía tiene muchas utopías. Pero hacer populismo sin plata tal vez sea la más inalcanzable”. En página 20 en Clarín del mismo día, bajo el título “Encuentro en

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 15 de JUL 2018 El aniversario número 24 del atentado contra la AMIA, este miércoles, se produce en medio de una ofensiva de la Casa Rosada en varios terrenos. En primer lugar para debilitar la investigación del atentado, instalando una secretaría anti-terrorista que seguramente pondrá en la mira a organizaciones mapuches y agrupaciones sociales, mientras que ya está desactivando a los fiscales que investigan el atentado. En segundo lugar, son evidentes las presiones del Ejecutivo para lograr la absolución o penas muy menores a los que entorpecieron o desviaron la pesquisa. En el banquillo están el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales, los mandos de la SIDE y el policía favorito del Presidente, Jorge El Fino Palacios. Bajo cuerda exhiben un argumento burdo: que las condenas podrían favorecer a los acusados iraníes del atentado contra la mutual judía. Y, en tercer lugar, usan a los jueces de la coalición Comodoro Py-Cambiemos para avanzar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman en la burda causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán y el expediente por la muerte de Alberto Nisman. En los actos del miércoles también llama la atención la marginación de la DAIA, que en estos años funcionó casi como una sucursal de la administración de Mauricio Macri. En la interna comunitaria, la DAIA está impactada por los escándalos de su ex presidente y por la forma en la que recauda dinero. El nombre de la DAIA no figura en el cartel de convocatoria al acto ni, de acuerdo al anuncio, tendrá orador propio (ver aparte). Secretaría El viernes se difundió una resolución del Procurador de la Nación, Eduardo Casal, anunciando la creación de una Secretaría Integral de Análisis del Terrorismo Internacional (SAIT). Casal ha hecho todo lo que le pide la Casa Rosada, tal vez para quedarse en el cargo. Sin embargo, el anuncio es llamativo por varias razones: Casal es procurador interino y en las próximas semanas el Senado tendrá que evaluar la propuesta del Ejecutivo de designar a Inés Weinberg de Roca. Es curioso que un interino se lance a establecer una estructura semejante. Casal no designa a un fiscal al frente de esa Secretaría Anti-Terrorista, sino que la ubica en la Procuración ante la Corte, a cargo de él mismo. O sea arma una estructura que él mismo va a conducir y usufructuar. El Ministerio Público, es decir los fiscales, deben actuar ante delitos cometidos. Para prevenir ataques están las policías y los servicios de inteligencia, no los fiscales. Cuando se armaron procuradurías contra la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico fue porque había muchos expedientes sobre esos delitos y se buscaba tener expertos. En este caso, los hechos terroristas que vivió la Argentina son dos, la AMIA y el atentado contra la Embajada de Israel, y no es la situación que tiene por ejemplo Europa, con las secuelas de ISIS y otras organizaciones. Como el texto de la resolución es difuso y habla de “abordar de manera integral el extremismo violento entendido como conducto hacia el terrorismo internacional”, parece cantado que juntarán materiales e información sobre mapuches y organizaciones sociales, a los que la Casa Rosada y la ministra Patricia Bullrich han señalado como terroristas, incluso financiados desde el exterior. Otra jugarreta en linea con Washington. Sobre el final del texto hay una mención al caso AMIA y se señala, en forma difusa, que la flamante Secretaría colaborará con la Unidad Fiscal AMIA que es la que encabezaba Alberto Nisman. Tras su muerte se designaron tres fiscales que dieron pasos importantísimos en la pesquisa. Ahora, la Casa Rosada, haciéndose la distraída, está desmontando esa fiscalía. No investigar I Hace ya cuatro meses, el 22 de marzo, presentó su renuncia Mario Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Ese organismo, creado durante el gobierno de la Alianza, tenía como objetivo coordinar a todos los organismos del Estado en la investigación del atentado y en las causas derivadas. Por ejemplo, la Unidad debía ayudar en el análisis de los documentos encontrados en la SIDE, facilitar búsquedas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, acelerar los estudios genéticos que se necesitaban y cualquier otra tarea relacionada con la investigación, juicios y causas. Cimadevilla denunció en forma ruidosa al ministro de Justicia Germán Garavano, por presionar a los abogados de la Unidad AMIA para que no acusaran a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por las maniobras en la causa del atentado. El ministro ya había ordenado el desplazamiento de abogados y mandó interventores a las reuniones donde se debatía la estrategia en el juicio. Lo concreto es que Garavano disolvió, de hecho, la Unidad AMIA aún antes de la renuncia de Cimadevilla. El paso siguiente fue trasladar el organismo ya inexistente a la órbita de la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj, ex funcionario de la DAIA durante la gestión del imputado ex presidente de la entidad, Rubén Beraja. En síntesis, el Ejecutivo exhibió su voluntad de des-jerarquizar y diluir el esfuerzo estatal en la investigación del ataque contra la mutual judía. No investigar II La investigación judicial del atentado contra la AMIA está en manos de la Unidad Fiscal AMIA, ya que el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, delegó la instrucción en la fiscalía. El que estaba al mando era Alberto Nisman. Tras su muerte, la procuradora Alejandra Gils Carbó designó un equipo de tres fiscales y un coordinador. Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini, con Juan Murray como coordinador. Ese grupo dio pasos muy significativos en la investigación. Los familiares habían acusado a Nisman de “trabajar poco y viajar mucho” y el nuevo equipo demostró que se podía avanzar. Por ejemplo, confirmaron con sofisticados estudios de barrido electrónico que se usó la camioneta Trafic en el atentado, establecieron la existencia de restos de una persona

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 14 de JUL 2018 El fin de semana pasado estando en San Juan para abrazar a mis padres, sufrí el ataque de un tiburón blanco descomunal. Hacía una excursión en los abismos del océano, para explorar una misteriosa nave sumergida allí. Cuando descendía en una controlada expedición, el tiburón me atacó. Estaba en una suerte de jaula de seguridad y al principio me sentí segura, hasta que el tiburón arrancó con su poderosa dentadura uno de los lados de la jaula y se abalanzó sobre mí. Grité aterrada, presa del pánico. y me saqué el dispositivo de realidad virtual que mi hermano menor me estaba enseñando a usar. En San Juan, bella –y muy mía— ciudad entre montañas, no hay océanos ni misteriosas naves sumergidas. Lo sé porque ahí crecí y no he dejado de volver llamada por los afectos y los infinitos tonos de amarillos, rojos y ocres que sólo existen allí luego de la vendimia. Pero precisamente en San Juan me atacó un tiburón blanco. Que sólo existía en un dispositivo de cables, pero cuya existencia mis sentidos dieron por cierta. Me quedé reflexionando y llegué a la conclusión de que con la realidad —que los peronistas sabemos que es la única verdad—, hoy pasa en la Argentina y en buena parte de la región algo similar al ataque de tiburones blancos que no existen. Los autores de esos ataques son múltiples. Los medios de comunicación y el imperio de las fake news o noticias falsas. Recuerdo el testimonio de una ex secretaria de Néstor Kirchner que recorrió infinitos canales de televisión contando que había visto circular bolsos con dinero. Pero cuando fue llamada por el Poder Judicial a declarar al respecto, reconoció no haber dicho la verdad, y sólo haber hecho una formidable operación de prensa para publicitar su libro. Cuando la verdad se supo, no la invitaron de los canales de televisión a contarla. Porque la verdad parece no importarle a casi nadie. Al menos en la TV. De ello da cuenta el deliberado ocultamiento de lo real que sucede día a día. Y al escribir esto pienso que el joven periodista Juan Amorín investigó e hizo público un estrafalario y fraudulento sistema de aportes dinerarios para las elecciones llevado adelante por Cambiemos, el partido político que actualmente gobierna este país: alguien tomaba personas beneficiarias de planes de asistencia social, usaba sus datos para afiliarlos al PRO y luego registraba a su nombre aportes económicos para la campaña 2017. La investigación fue creciendo, más de mil personas ya identificadas resultaron víctimas de la maniobra. Personas que contaron estrecheces económicas cotidianas y crueles y que no estarían nunca en condiciones de hacer aportes económicos a ningún partido político. Que jamás se afiliaron al PRO, partido al que muchas de esas personas señalan como el responsable de medidas que han hecho aún mas acuciante su situación de pobreza. Hay testigos, pruebas, causas judiciales, papeles infinitos. Conforme a la ley 26.215 que regula el financiamiento de los partidos políticos, la investigación podría afectar incluso el destino político de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Porque ella es la presidenta del PRO en la provincia, lugar donde habitan las personas afectadas. La ley 26.215 establece en su artículo 63 que el presidente y tesorero de un partido político y los responsables políticos y económico financiero “serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando: …b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. El principal y hoy más oligopólico grupo de medios de la Argentina, el Grupo Clarín, no ha publicado una sola línea de esa investigación. Porque parece sostener el Grupo Clarín que el sol se puede tapar con la mano y la realidad disimular con maquillaje, superchería y titulares falsos. ¿Pero qué pasa cuando el que decide tapar o hacer tapa la verdad es el Poder Judicial? Déjenme contarles un caso. El de Angelina Abbona, ex Procuradora del Tesoro de la Nación. Una de las personas más dignas que conozco. Durante su gestión enfrentó a fondos buitre, reclamos en el CIADI, demandas judiciales. Feroces jornadas de trabajo le dedicó a cuidar los intereses del Estado Nacional. Con humildad, sin prensa, con todos en contra. El poder económico la odia por eso y hoy la persigue con inverosímiles denuncias, para disciplinar a cualquiera que ose alguna vez volver a enfrentarlos. Hace un tiempo surgió la noticia de que Angelina había ocultado prueba de Lázaro Báez. La información surgía, supuestamente, de una auditoría del disco duro de su computadora. Un juez remitió al doctor Casanello, juez que investiga a Báez, la causa por el supuesto borrado de archivos de la computadora de Angelina, sosteniendo que el peritaje sobre archivos borrados demostraba la afectación “a documentos en los cuales obraba información relacionada con Lázaro Báez”. El peritaje se hizo en base a la búsqueda de palabras claves en los documentos borrados: “Lázaro Báez”, “Báez”, “NML”, “Paul Singer”, “Santa Cruz” y “Mosack Fonseca”. Casanello, a quien parece importarle un poco más la Verdad que a otros jueces que conozco, analizó lo supuestos documentos alterados. Llegó a estas conclusiones: del archivo “imágenes” hay, entre otros, una foto de ocho mujeres vestidas de azul, una mujer con un pincel y una publicidad de Frávega. También una foto del debate Scioli- Macri, una foto de un festejo de Macri y los globos y una foto de CFK. Y por cierto una publicidad de la Trump Tower. Entre los supuestos documentos borrados hay un texto de la demanda presentada ante un juez argentino, aparentemente con competencia contencioso administrativa federal, donde se señala que el objeto de la demanda es “promover acción declarativa de inconstitucionalidad contra