Politica

Fuente: Néstor Espósito  | TiempoAr Fecha: 12 de NOV 2018 Otro de los argumentos del peritaje de Gendarmería Nacional que afirman que Alberto Nisman fue asesinado está a punto de caerse. El difunto fiscal no estaba drogado con ketamina al momento de su deceso. Menos aún: si alguien le inyectó esa sustancia, el supuesto asesinato ocurrió antes de que la ketamina hiciera efecto. ¿Entonces para qué le habrían inyectado ketamina? El informe de la Gendarmería sostuvo que Nisman “presentaba el fenómeno denominado como ‘sumisión química’, motivo por el cual el sujeto puede ser sometido contra su voluntad y sin oponer resistencia facilitando la acción de terceras personas que allí se hallarían en la escena del hecho”. Si ello hubiera sido así, el o los supuestos agresores debieron haberle inyectado a Nisman la sustancia por lo menos un minuto antes del disparo que lo mató. Ese es el tiempo que, según coinciden todos los informes científicos sobre la metabolización de la ketamina, tarda en comenzar el efecto anestésico. ¿Por qué se produce ese efecto? Porque la ketamina comienza a metabolizarse en el organismo. Y el primer paso es su transformación en “norketamina”; en términos comunes: cuando metaboliza, anestesia. El reporte de Gendarmería explica que “entre 15 y 30 segundos se manifiestan las sensaciones de disociación e inconsciencia. La analgesia persiste unos 40 minutos. Puede producirse amnesia evidente durante 1 a 2 horas posteriores a la inyección”. La fuente es “A. Gilman (1986) Goodman & Gilman, Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica, Ed. Panamericana, México”. Una decena de trabajos científicos internacionales sobre la ketamina les fueron acercados a los investigadores en las últimas semanas. Todos fueron evaluados aunque todavía no se incorporaron al expediente. Hay trabajos de universidades europeas, latinoamericanas y monografías de científicos que específicamente estudiaron a la ketamina. La teoría de Gendarmería no cierra ni con fórceps. Para dopar, la ketamina debe metabolizar. Pero en el informe de Gendarmería no se menciona a la “norketamina” sino a la ketamina, a secas, y en cantidades que no pudieron ser medidas con el método de detección utilizado en el pool de vísceras, dos años y medio después de la muerte. Una posibilidad de aceleración de los tiempos de efecto sin la metabolización hubiera sido la inhalación de ketamina en estado gaseoso. Pero no existe la ketamina en ese estado. Los tiempos reales no coinciden con los registros científicos. Los forenses que actuaron en la autopsia de Nisman en 2015 no hallaron la sustancia. En el caso de que se les “hubiera pasado”, la sustancia debió permanecer en las vísceras resguardadas durante unos 30 meses, hasta que la halló Gendarmería. Sólo si hubieran estado resguardadas a una temperatura de entre 20 y 30 grados bajo cero habría existido alguna posibilidad (remota) de conservación. Si hubieran sido guardadas en una heladera, el tiempo habría sido mucho menor, de algunas semanas. Y, a temperatura ambiente, no sólo la ketamina no estaría sino que también se habrían podrido las vísceras. No hay en el informe de Gendarmería un solo dato que explique en qué condiciones fueron resguardados los restos de Nisman analizados para el trabajo que arrojó como conclusión “más probable” que fue asesinado. De todos modos, los informes científicos indican que una vez introducido en el cuerpo, aún después de la muerte, las enzimas debieron haber causado algún tipo de modificación en la sustancia. Es decir que aún en el hipotético caso de que el o los agresores lo asesinaran en menos de dos minutos, el cadáver debió haber actuado (con otros tiempos y otros procesos) sobre esa sustancia. Por principio general, toda sustancia química se “biotransforma” en el organismo, con mayor o menor medida o velocidad. En el cuerpo de Nisman debieron haber aparecido, como mínimo, la sustancia madre y también sus metabolitos. Pero ello no ocurrió; sólo se habla de “ketamina”. La defensa del informático Diego Lagomarsino ya había planteado algunos de estos puntos ante el juez Julián Ercolini y ante la Cámara Federal porteña, pero sin éxito. En respuesta a Gendarmería, había subrayado que “no se ha encontrado principalmente Norketamina ni otros metabolitos, como indicio de su biotransformación, que es muy rápida”.

Fuente: Raúl Kollmann e Irina Hauser | Página 12 Fecha: 04 de NOV 2018 Esta semana será la última en la que expongan las defensas de los procesados en el caso de las fotocopias de los cuadernos. El martes lo hará Carlos Alberto Beraldi, en representación de Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria no se hará presente, dando por tierra la versión de que incluso iba a hablar en la audiencia. Su abogado reiterará que CFK nunca recibió dinero de ninguno de los arrepentidos, pondrá el acento en que la inmensa mayoría ni la menciona y en que no existen pruebas. Beraldi además se tomará el trabajo de enumerar las contradicciones entre los arrepentidos. Durante los alegatos se viene reiterando que las declaraciones de los imputados colaboradores deben ser consideradas nulas porque violan lo que dice la ley: debían quedar en un registro técnico –una grabación o videograbación– pero el fiscal y el juez argumentaron que no grabaron porque “con el papel alcanza”. Se ve que quieren esconder la negociación que hubo con los arrepentidos del tipo “decime tal cosa”, “agregame ésto otro”. En fuentes de Comodoro Py afirman que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi recién definirán la situación en diciembre. Cristina Como se sabe, en la causa de las fotocopias están procesados ex funcionarios y empresarios, con CFK y Julio De Vido como jefes de una supuesta asociación ilícita. Todos los imputados apelaron y el martes le toca el turno de exponer a Beraldi ante la Cámara. Se había dicho que existía una posibilidad de que Cristina hablara directamente como lo hizo Roberto Baratta. El ex número 2 de Planificación expuso largamente ante los camaristas ya que está en el centro del expediente: todo se basa en lo que dicen que escribió su chofer Oscar Centeno. La ex mandataria, en cambio, no concurrirá porque considera que se trata de una defensa técnica y que le corresponde hacerla a su letrado. Beraldi pedirá que estén los periodistas –cosa que ocurrió en las audiencias hasta ahora– y se permita la filmación para que todo quede registrado. Todo indica que el abogado responderá como lo viene haciendo: No hay un sólo testigo ni arrepentido que diga que vió a CFK  recibir dinero. El arrepentido estrella, el ex secretario de Obras Públicas José López, ni siquiera dijo que el dinero que tiró en el convento era de Cristina, como publicaron los grandes medios, sino que “creía” que el dinero se originaba en ella. Fue la quinta versión que dio sobre la plata del convento. Según trascendió, Beraldi va a enumerar las contradicciones de los arrepentidos, comparando sus propias declaraciones –cuando lo hicieron más de una vez– y comparado con lo que dijeron otros arrepentidos. Beraldi sostendrá que no hay ninguna evidencia contra CFK. Prácticamente todos los abogados de los imputados vienen reclamando que les exhiban las grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos. También Beraldi hizo el reclamo y finalmente le contestaron que no existen las grabaciones, “que como registro, basta el papel”. La llamada Ley del Arrepentido, en su artículo 6 dice que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. El término “medio técnico” alude con claridad a una grabación en audio o video, de lo contrario ni siquiera haría falta esa mención, porque siempre una declaración se registra, al final, en papel. Por supuesto que la polémica no es de detalle, sino que los letrados desconfían de la manera en que el fiscal Carlos Stornelli fue sacando y poniendo cosas en las declaraciones. Estas manipulaciones fueron denunciadas por numerosas abogados y periodistas, por lo que está claro que Stornelli evitó dejar una prueba como la que exige la ley “que garantice su evaluación posterior”. José López, por ejemplo, cambió su declaración, incluso dentro de este mismo expediente. Baratta Leyendo con mucho detenimiento el alegato de Baratta hay argumentos que llaman la atención: El ex funcionario afirma que nunca recibió dinero ilegal, ni para campañas electorales ni como coimas. Sugiere que hubo un circuito en el que quienes cobraban coimas o dinero eran López y Clarens. Baratta dice que fueron ellos los que le habrían dado dinero a Juan Manuel Abal Medina, quien encabezaba la campaña electoral. Afirmó que cuando Carlos Wagner confiesa que se repartían obra pública, todo se hacía bajo la órbita de López y que buena parte se canalizó a través del Banco Finansur. Baratta recordó que en el dinero que López tiró en el convento había un “ladrillo” termosellado de dólares que, rastreando hacia atrás, salió del Finansur. Mencionó a gerentes y ejecutivos que decían en sus empresas que pagaban coimas y en realidad se quedaban con el dinero. Lo dice respecto de Techint e Isolux y hace referencia concreta a que después esos gerentes y ejecutivos entraron en el blanqueo. Sostuvo que hay empresarios que declararon lo que les pedían, aunque fuera mentira, para no quedar presos. Resulta sospechoso que el fiscal nunca les preguntara a los empresarios de dónde fueron sacando el dinero para los pagos ilegales. También insiste en que se trató de grandes empresarios que hubieran denunciado cualquier extorsión. Baratta redondeó señalando que no tiene cuentas en el exterior ni bienes escondidos, con lo que afirmó tácitamente que no se enriqueció. Esa es la acusación principal. Más allá de los alegatos de la totalidad de los imputados, la situación más grave es la que viven los que están presos sin juicio, sin condena, sin el menor peligro de fuga ni de entorpecimiento de una causa que ya lleva muchos meses de instrucción. Está claro que en la mayoría de los casos, la detención se usó como un apriete para que el imputado se arrepintiera, a tal punto que se llegó al gravísimo axioma que “el que se arrepiente duerme en su casa, el que dice que no cometió ningún delito, va a la cárcel”. Para colmo Bruglia y Bertuzzi

Fuente: Luis Bruschtein | Página 12 Fecha: 03 de NOV 2018 “Ora, sou um ser humano, portanto, não sou perfeito” dijo Onyx Lorenzoni cuando todavía era diputado federal y admitió haber recibido una coima de cien mil reales. En el nuevo gobierno de Brasil, Lorenzoni será el ministro de la poderosa Casa Civil, según ya fue anunciado, aunque el derechista Jair Messias Bolsonaro se jactaba de que en su gobierno no habría corruptos. Junto con Lorenzoni, asumirá como Ministro de Justicia Sergio Moro, el juez de Curitiba que, de la mano del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, investigó a la empresa Odebrecht en el famoso Lava Jato que provocó el golpe legislativo contra Dilma Rousseff, a quien no le pudieron probar ningún delito. Tampoco le pudieron probar nada a Lula, a quien Moro condenó por “íntima convicción”. Habría que agregar ahora: “íntima convicción política”. Es un mundo que se enciende en flamígera lucha contra la corrupción. Pero son llamas de artificio: en la cúspide de esa construcción, el Fondo Monetario Internacional, la gran autoridad financiera mundial aceptada por estos gobiernos, la que establece reglas de juego y el tono moral de las operaciones financieras globalizadas, tiene récord de directores acusados o condenados en causas de corrupción. Desde la actual directora, Christine Lagarde, que fue condenada por el desvío ilegal de fondos en el escándalo de Crédit Lyonnaise, cuando era ministra de Economía del presidente Nicolás Sarkozy, hasta Jacques de Laroissiere, que dirigió el organismo financiero internacional entre 1978 y 1987, y que estuvo involucrado en calidad de cómplice también en la casi quiebra del Crédit Lyonnais. Otro de sus directores durante los ‘90, el español Rodrigo Rato, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las llamadas “tarjetas black”, también referido al desvío de dinero a su favor o a favor de grandes empresas. Pero quizás el caso más estrepitoso fue el del economista francés Dominique Strauss-Kahn que fue director del FMI entre 2004 y 2008 y fue denunciado por agresión sexual y más tarde por proxeneta, al aparecer vinculado con una red de alta prostitución en Europa. Onyx Lorenzoni aceptó que recibió coimas después de aparecer en las declaraciones de dos empresarios “arrepentidos”, pero no se le abrió causa. Onyx pertenece a la “bancada da bala” que representa en la Cámara de Diputados a los intereses de la industria armamentística brasileña. Taurus y CBC, dos de las empresas más importantes de ese rubro, financiaron la campaña de Lorenzoni. El favorito de Bolsonaro para presidir Diputados es Joao Campos, diputado federal por el estado de Goias, que pertenece también a la bancada da bala y además es pastor evangelista, o sea que suma a la “bancada da Biblia”. Estos grupos proponen derogar las leyes que limitan la posesión de armas de fuego. Es un gobierno de derecha. Se puede estar de acuerdo o no, siempre que se respeten las reglas de juego democráticas. Pero el descarado nombramiento de Moro se convirtió en una burla a la democracia. Ni siquiera se preocuparon en ocultar que el juicio y la condena contra Lula se basaron en la parcialidad política del juez. Con Lula en libertad, Bolsonaro nunca hubiera ganado esas elecciones. La derecha llegó al poder en Brasil gracias a la actitud inmoral de Moro, patrocinado por el departamento de Justicia norteamericano. La justicia brasileña quedó expuesta abiertamente y sin disimulos en el barro de los golpistas. Desde la Cumbre de Mar del Plata en 2005, cuando Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez desbarataron la propuesta del ALCA y diseñaron organismos de integración regional que dejaban fuera a Washington, como la Unasur,  la inteligencia norteamericana buscó deponer a los gobiernos populares de la región. Y la forma que encontró fue el lawfare sostenido por fakenews. Un dispositivo que se basa en los servicios de inteligencia que producen contenidos falsos, sobre el concepto de posverdad, que son difundidos por las grandes corporaciones de medios y por granjas de trolls en las redes que, a partir de la repetición y saturación de denuncias crean el clima que justifica el accionar arbitrario de una parte del Poder Judicial contra dirigentes de movimientos y gobiernos populares. Es imposible deslindar la actitud de Moro de la obsesiva persecución judicial contra Cristina Kirchner en Argentina y contra Rafael Correa en Ecuador. El mecanismo diseñado para los nuevos golpes antidemocráticos en los países latinoamericanos se apoya en esas tres patas: servicios de inteligencia, medios y funcionarios judiciales. De los tres, la participación más grave es la de ese sector del Poder Judicial, porque se da por descontado que espías y corporaciones mediáticas siempre responden en última instancia a los intereses del poder económico concentrado. La judicialización de la política no empezó ahora. Lo que es nuevo es la práctica de llevarla a un extremo que la convierte en herramienta de golpes antidemocráticos contra gobiernos y movimientos populares. Antes eran depuestos o perseguidos por elementos de las Fuerzas Armadas formadas en la Escuela de las Américas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Y ahora por estos funcionarios judiciales que aplican mecanismos diseñados por Estados Unidos para forzar al extremo y desnaturalizar instrumentos legales. No se trata de ocultar o disimular hechos de corrupción. Por el contrario, cuando desaparecen los parámetros que permiten investigarlos y juzgarlos, todos o ninguno pueden ser corruptos. No alcanza con que “parezca” que todos son corruptos, porque eso es lo que crean las campañas mediáticas. Tiene que haber una institución imparcial que pueda investigar y decidir con pruebas concretas y no circunstanciales, dudosas o, por la más dudosa y cuestionable “convicción” personal del juez. Tiene que haber respeto a las garantías individuales y a la libertad. No se puede forzar instituciones como el sorteo del tribunal, la prisión preventiva o el secreto de sumario en beneficio del show mediático o para favorecer a determinada fuerza política. La desaparición de la Justicia como parámetro, punto de referencia ante la sociedad, termina por favorecer a la corrupción. Al igual

Fuente: Washington Uranga | Página 12 Fecha: 21 de OCT 2018 El acto que tuvo por escenario la Basílica de Luján tiene que ser comprendido como parte del proceso de acumulación de fuerzas del sector obrero nucleado en el recientemente creado Frente Sindical para el Modelo Nacional y sectores políticos afines. La convocatoria tuvo características ecuménicas, según lo definieron los organizadores, y los mensajes apuntaron también a múltiples destinatarios. Al gobierno sin duda. Hugo Moyano fue explícito al respecto: “Ojalá que el Presidente escuche”. El arzobispo Agustín Radrizzani eligió referirse “al modelo”, sin mencionar al gobierno. El acontecimiento en sí mismo y algunas de las declaraciones de los dirigentes apuntaron hacia el resto del movimiento obrero: aumentaron la visibilidad del nuevo espacio que pretende aumentar su base de sustentación en todo el escenario sindical. Formalmente la dirigencia de la CGT no adhirió a la convocatoria pero, liderados fundamentalmente por Smata y Camioneros, hubo gran cantidad de organizaciones sindicales presentes. También movimientos sociales diversos. Omar Plaini fue el encargado de subrayar el abanico de los presentes señalando que allí estuvieron “todos los sectores, sindicatos, intendentes, movimientos sociales, pequeños comerciantes”. Una iniciativa obrera que concita apoyos de otros sectores frente a desafíos comunes. También la oposición fue aludida. El pedido por “un acuerdo social de todos los sectores en defensa del trabajo” fue dirigido a “oficialismo y oposición” para que  “cambien este modelo económico que pone en peligro la paz social”. Los reunidos en Luján también estarán manifestando frente al Congreso cuando se discuta el proyecto de presupuesto en cuya aprobación o no tendrán un rol importante los legisladores opositores. Tal como se había acordado no hubo banderas políticas partidarias. A pesar de ello entre los políticos la presencia mayoritaria fue de dirigentes del peronismo de diferentes corrientes. El carácter “ecuménico” de la convocatoria habilitó la participación de representantes de distintos credos religiosos, pero no así de la izquierda política como podía suponerse de antemano. No faltó tampoco un mensaje para los jueces. “Sufrimos un Poder Judicial que cree que hacer justicia es desechar la presunción de inocencia”, se escuchó en la lectura del documento que había sido acordado entre los organizadores. Desde la Iglesia -sin cuya voluntad institucional habría sido imposible realizar el acto en el escenario que se eligió- se optó por un punto de equilibrio que, a la vez que dejara en evidencia el respaldo a los reclamos, le permita a los obispos seguir jugando el papel de garantes del diálogo social. Se evitó la sobreactuación eclesiástica y por eso no hubo presencia masiva de obispos y el encargado de la vocería episcopal fue el titular de la diócesis local, Agustín Radrizzani. Evitando el tono confrontativo el arzobispo de Mercedes-Luján pronunció sin embargo algunas frases que resonaron cuando apuntó a la capacidad de organizarse que tiene el pueblo para lograr “un auténtico cambio”. A buen entendedor… También dijo que “la Iglesia no quiere ser ajena” y recordó que sus pastores, y los de otras religiones, “acompañan a los pobres”. Y como no podía ser de otra manera, la figura del papa Francisco estuvo también rondando sobre el escenario de Luján. Porque cuando se mencionó al Papa los aplausos surgieron de la multitud presente. Pero también porque fue aludido por Radrizzani quien se apoyó en ideas fuerzas del magisterio de Bergoglio al hacer su intervención. El arzobispo alentó la construcción de una “alternativa humana a la globalización excluyente” y denunció “un sistema de avaricia, el sistema financiero en su máxima expresión”, dos de los temas centrales en la prédica social de Francisco.

Fuente: Horacio Verbitsky | El Cohete a la Luna Fecha: 07 de OCT 2018 ¿Qué hacía Bonadío de sobremesa con Eskenazi en La Pecora Nera? Las fotos no son de buena calidad y están tomadas desde más lejos que las del encuentro entre Fabián Rodríguez Simón y Martín Irurzun, pero no tienen menos valor. El encuentro ocurrió en el sofisticado restaurante La Pecora Nera, de Recoleta. Los contertulios son el Doctor Glock y el empresario Sebastián Eskenazi. La semana pasada, el diario La Nación consideró “curiosa” la ausencia de los Eskenazi en la causa de las fotocopias de los cuadernos. La observación pertenece a Carlos Pagni, quien tiene una larga historia de antagonismos con Sebastián Eskenazi y su padre, Enrique, que incluyó filmaciones clandestinas y denuncias cruzadas. Para la diputada cívica libertadora Mariana Zuvic, “Eskenazi es Kirchner”. Su protectora, Elisa Carrió, afirma que en la nómina de los encuadernados faltan Enrique Eskenazi y Jorge Brito. En su edición de junio, la revista de negocios Forbes mencionó a Enrique Eskenazi y sus hijos entre las mayores 13 fortunas del país. Sólo son precedidos por Paolo Rocca y familia con 9.700 millones de dólares, Alejandro Bulgheroni, Gregorio Pérez Companc, el desarrollador inmobiliario Jorge Pérez, Eduardo Eurnekian, la familia Werthein, Edith Rodríguez de Rey (de Pluspetrol), los empresarios farmacéuticos Sielecki, Roemmers, Hugo Sigman y Silvia Gold; Marcos Galperín, Javier Madanes Quintanilla y Jorge Brito.  Con 1.300 millones de dólares, los Eskenazi figuran empatados con los Braun, del Banco Galicia y La Anónima, y por encima de otros 36 potentados. Entre ellos los aceiteros Vicentín y Urquía, Héctor Magneto, Luis Pagani, los hijos de Ernestina Herrera de Noble, los Macrì, Nicolás Caputo, los Born, los Blaquier, los Miguens, Alfredo Coto, Alfredo Román, los Bagó, Marcelo Mindlin, Alfredo Tabanelli, los Garbarino y Amalita Amoedo. El viernes 5, Bonadío indagó a Paolo Rocca, quien negó hasta lo que había admitido en un foro empresarial. Según Forbes, los Eskenazi ganaron posiciones en el escalafón de las mayores fortunas del país a partir de la década de 1990. “A través de Petersen Inversiones, tiene el 70% del Banco de San Juan, mediante el cual domina otros tres bancos provinciales, entre ellos, el Nuevo Banco de Santa Fe y el de Santa Cruz. A su vez, es dueño de Petersen Thiele & Cruz, la constructora donde mutó de ejecutivo a dueño en los años ’80 y a partir de la cual empezó a construir su actual patrimonio”. La propiedad real de ese conglomerado se discute desde hace exactos 25 años, cuando revelé en un recordado diario porteño que el paquete mayoritario de la constructora había pasado a manos de Laura Sammartino de Dromi, quien contrató luego a los Eskenazi como apoderados para que el cambio de titularidad no fuera evidente. En su columna dedicada a la causa que Bonadío instruye a la ex Presidente CFK, Pagni mencionó la ansiedad por determinar “dónde está la plata” de las supuestas coimas. Para el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, “Cristina personalmente robó” una suma que estimó en 200.000 millones de dólares, una cifra fuera de escala con la magnitud del Producto Bruto y la totalidad de la inversión en obra pública entre 2003 y 2015, que apenas superó la mitad de esa cifra. La cuenta no cierra, así no se hubiera construido una escuela, un hospital o un kilómetro de ruta y todo el presupuesto hubiera sido apropiado por los gobernantes. De allí la desesperación de todos los operadores oficiales y oficiosos por encontrar la ya mítica ruta del dinero K, y que una y otra vez se topan con los negocios turbios M. Según Pagni, “quienes pueden saberlo son los Eskenazi, a quienes curiosamente nadie llama”. La columna va más allá y alude a tres fuentes distintas, según las cuales Ernesto Clarens los nombró. Pero alguien que Pagni no identifica dijo: “Si querés no estar preso y aparecer como arrepentido, tenés que sacarlos”. La persuasión fue exitosa, porque como dice Pagni “no figuran los Eskenazi en la declaración de Clarens”. Cómo serán las actuaciones del juez Glock que entre los que se declaran escandalizados está el fiscal Carlos Stornelli, quien se reunió con el periodista de La Nación Diego Cabot primero en un café y luego en su casa. Según dijo Stornelli, desde ese momento de marzo “estuvimos trabajando codo a codo con el juzgado durante tres o cuatro meses”, hasta que Stornelli le avisó por teléfono al periodista colaborador que había llegado el momento de hacer la denuncia de los hechos que él ya conocía. Durante esos meses, tanto el fiscal cuanto el juez dejaron pasar la oportunidad de hacerse de los famosos cuadernos, lo que dio tiempo para que el grafómano del volante los quemara. Esto impide cualquier peritaje que explique las incrongruencias cronológicas de las imágenes escaneadas en La Nación. Ya son dos los empresarios que pudieron demostrar que recién ocuparon años después los edificios donde Centeno dijo haber llevado a Baratta: Sergio Tasseli y Jorge Rodríguez. El Corcho Rodríguez es uno de los íntimos amigos de Sebastián Eskenazi. Cuando la investigación se hizo pública, el cronista de escándalos Jorge Rial narró dos encuentros de Angelo Calcaterra, uno con su primo el presidente Maurizio Macrì, y otro con el fiscal Stornelli. En la última semana del año pasado, Juan Manuel Ducler y su abogado Alberto Sánchez Kalbermatten fueron detenidos por intento de extorsión a Sebastián Eskenazi, a quien le pidieron 20 millones de dólares para no revelar información comprometedora. Tal vez no lo era tanto, ya que Eskenazi los denunció, los filmó y les entregó un anticipo en billetes marcados por la policía, por lo cual fueron detenidos y se recuperó el dinero. En libertad a la espera del juicio, Ducler entregó a Bonadío un pendrive con un informe redactado por su padre, el extinto financista Aldo Ducler, en el que acusa a los Eskenazi de una estafa millonaria contra YPF y la Nación Argentina. También apuntaba al ex Presidente Néstor Kirchner, porque decía que los fondos que Santa Cruz recibió por deudas de

Fuente: Ari Lijalad | El Destape WEB Fecha: 03 de OCT 2018 Ángel Jorge Antonio Calcaterra, el nombre completo del primo de Mauricio Macri, siguió vinculado a IECSA y, por ende, a la megaobra del soterramiento del Sarmiento pese a que aseguró que había vendido la empresa. La información surge de la investigación realizada por el fiscal Franco Picardi, que actúa en la causa vinculada a las coimas por el otorgamiento del proyecto que encabezaban IECSA y Odebrecht junto a Ghella y Comsa. La investigación del fiscal Picardi revela que Calcaterra nunca se desligó de IECSA a pesar de que informó que la vendió. De hecho, siguió vinculado a través de una offshore en Delaware, que comparte con Marcelo Mindlin, quien ofició de comprador de IECSA. Esa offshore es la accionista de IECSA, hoy rebautizada SACDE. Si siempre se sospechó que el primo Ángelo actuaba de prestanombre de los Macri, ahora, luego de esta venta ficticia, todo parece indicar que el mismo rol le cabe a Mindlin. La línea, tal como consta en el escrito del fiscal Picardi, es la siguiente: En 2007 IECSA tenía dos tipos de accionistas. Por un lado los mayoritarios, que eran ODS y el propio Calcaterra. A su vez, ODS estaba integrado por Calcaterra y Latifer, una empresa del grupo Ghella, otro de los socios en el soterramiento. Por otro lado, los socios minoritarios eran de nuevo Calcaterra y Latina Infraestructura Ferroviaria e Inversiones (Latifer). En criollo, Calcaterra participaba en IECSA por 3 vías distintas. Por su parte, Latifer lo hacía por 2 vías, por su participación en ODS y como minoritario. En marzo de 2017, Calcaterra anunció la venta de IECSA a Pampa Energía, el holding comamdado por Mindlin, uno de los empresarios predilectos de Macri y a quien muchos indican como otro de los frontman del Presidente. Los Mindlin le cambiaron el nombre de IECSA a SACDE, pero mantuvieron en el directorio a hombres clave de los Macri-Calcaterra como Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone. Macri les dio un beneficio especial. Suspendió la necesidad de contar con financiamiento externo y decretó que la obra la financiara el Estado Nacional. Supuestamente su primo ya no estaba en el medio. Los papeles, ahora, demuestran otra cosa. Fue todo una puesta en escena, ya que Calcaterra nunca salió del juego. El fiscal Picardi detalló que el pase de manos fue de ODS (cuyos socios, vale recordar, eran Latifer y Calcaterra) a la firma Emes Energía Argentina LLC. Esta es una offshore radicada en la guarida fiscal que opera en Delaware, Estados Unidos. Picardi aclara que solo vendió Calcaterra, mientras Latifer continuó como accionista. Un dato clave. “Al respecto -detalla el fiscal Picardi-, cabe destacar que Emes Energía Argentina LLC fue constituida el 3/05/2016 en el Estado de Dellaware, Estados Unidos (…) su directorio se encuentra conformado por Damián Miguel Mindlin, Raúl Warat, Santiago Ramón Altieri, Ghella Spa y Ángel Jorge Antonio Calcaterra”. Según la web opencorporates.com, esa sociedad tiene domicilio en el 251 Little Falls Drive en Wilmington, Delaware. Es la sede central CSC, una empresa dedicada justamente a la administración de firmas offshore. Es decir: casi un año antes de vender IECSA, Calcaterra pasó a integrar esta offshore junto con Mindlin, a quien supuestamente le vendió. Y esta offshore con Calcaterra, Mindlin e incluso Ghella en el directorio es la que se quedó con las acciones de ODS, que tenía el control de IECSA (hoy SACDE). Otros directores, Altieri y Warat, también integran la offshore y la nueva SACDE. “Concretamente, de lo expuesto se desprende que, más allá de la modificación de la denominación social de Iecsa SA a Sacde SA., como así también de la transferencia del paquete accionario de Grupo Ods SA a Emes Energía Argentina LLC, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas, seguirían siendo las mismas”, afirmó Picardi. Pero los vínculos de Calcaterra no terminan ahí. La otra accionista de IECSA es Latifer. El fiscal Picardi cita el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid del 26 de junio de 2017, donde figura que la única socia de Latifer es Emes Energía Argentina LLC, la offshore que comparten Calcaterra y Mindlin. Es decir, otra vez Calcaterra llega por varias vías a IECSA, supuestamente vendida, y, por ende, al soterramiento del Sarmiento. “Había varios que me decían que podía seguir con la empresa, pero la verdad es que iba a resultar muy complicado”, le dijo Calcaterra al diario La Nación cuando anunció que le había vendido IECSA a los Mindlin y sus socios. Cuando le preguntaron por el monto de la operación respondió que era confidencial. Ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos «Storsionelli», Calcaterra afirmó: “Fui accionista desde el año 2007 y hasta marzo de 2017”. Los documentos que ahora revela el fiscal Picardi demuestran otra cosa. Al momento de considerar el rol de Calcaterra en el esquema de pago de coimas, el fiscal Picardi afirma: “Al tiempo en que él poseía la capacidad de tomar decisiones en la empresa, ocurrieron las tratativas para lograr la adjudicación del contrato, se habrían efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuación de la obra, recibidos los desembolsos y materializado el pago de aquéllas”.

Fuente: Ricardo Ragendorfer | TiempoAr Fecha: 23 de SEPT 2018 Corta la sesión legislativa del 27 de marzo de 1910 cuando el diputado del Partido Autonomista Nacional, Lucas Ayarragaray, entretuvo a los presentes con el siguiente concepto: «Este país, que en su población ya tiene elementos étnicos bien inferiores, debe precaverse trayendo elementos de orden superior. Para ello resulta necesario seleccionar la corriente inmigratoria con la idea de incorporar elementos sanos, y poder así tener una raza futura bien construida». A casi once décadas de semejante proclama civilizatoria, recrudecen en Argentina los embates xenófobos del Estado. Pero se trata de una práctica que, en ocasiones, a sus hacedores se les escapa de las manos. Lo prueba el embarazoso episodio desatado el último miércoles por un simple operativo de rutina: la represión a un grupo de vendedores ambulantes senegaleses. El asunto siguió con la cacería de integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quienes reclamaban ante la Comisaría 38ª la libertad de los primeros. El arresto de su máximo referente, Juan Grabois, supo visibilizar tal coreografía, y con un notable bonus track: su imagen viralizada al pronunciar una arenga, ya cautivo con los africanos. En aquel mismo instante, la vereda de la seccional se iba colmando de dirigentes políticos y sociales. Ellos, junto a una creciente multitud, presionaron para que por la noche no quedara ni un solo detenido. La escena final de la jornada tuvo un aura de epopeya. Tales dos extremos temporales del racismo autóctono sugieren que ese trastorno ideológico sobrevuela la historia nacional como un fantasma apenas disimulado. Aunque con sus propios matices. Ocurre que en la Argentina del Centenario la preocupación por el delito se entrelazaba con el miedo a lo desconocido y la aprensión a los cambios de la modernidad. Buenos Aires fue en ese sentido un gigantesco laboratorio. En la Gran Aldea que se asomaba al siglo XX con formas graduales de metrópoli, tales elementos abundaban: la inmigración en profusas proporciones, junto con el aumento demográfico y sus consecuencias babélicas, alentaron ciertos atavismos. Los más recurrentes: el debilitamiento de los valores religiosos, la desintegración de la familia y la caída en picada de la moralidad sexual. De allí –siempre de acuerdo con aquellas creencias– el peligro de una sociedad sometida por el crimen estaba apenas a un paso. Ahora, el espíritu de esas encrucijadas –escoltadas por la construcción del miedo y la siempre febril pugna por identificar un «enemigo público»– aún siguen activas. Sin embargo lo que antes fue una zona brumosa del progreso, en la actualidad es un signo del derrumbe. Un signo que bailotea en torno a las secuelas del proceso económico desencadenado a partir de 1976. Un proceso que aniquiló el tejido social del país, junto con las redes de solidaridad entre sus habitantes. Y que el macrismo resignificó de modo extremo y bestial. De hecho, los pogroms policiales contra migrantes llegados de África ya están naturalizados. Al respecto, basta con retroceder al 5 de junio, día en que –tal como se vio por TV y en las redes sociales– una horda de uniformados inmovilizaba a puñetazos y patadas al senegalés Kane Serigne Dame en medio de un charco de sangre y alaridos; el hombre tenía una fractura expuesta en un brazo. «Voy a mear en un vaso y se lo voy a dar», comentaba jocosamente un suboficial de civil. Eso sucedía en el barrio de Flores. En ese mismo instante se desarrollaba otro operativo de la Policía de la Ciudad en la avenida Pueyrredón, a la altura de Bartolomé Mitre, del barrio de Balvanera. Los mastines humanos del alcalde Horacio Rodríguez Larreta no tardaron en desalojar a los manteros africanos con forcejeos y palazos, además de saquear sus mercaderías, para después irrumpir en 27 viviendas de la zona, habitadas por inmigrantes. En la primera incursión hubo más de 20 detenidos; en la segunda, sólo cinco. Al frente de aquella task force estaba nada menos que el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, acompañada por la sonriente fiscal Celsa Ramírez. Bien vale reparar en este personaje. Al igual que el ministro, la doctora tiene un padrino de lujo: el poderoso Daniel Angelici. Gracias a sus buenos oficios ella accedió –sin antecedentes que la avalen– a la Fiscalía Penal y Contravencional Nº 35, convertida ahora en una especie de sucursal jurídica del PRO. En agradecimiento a su mentor, ordenó el desalojo de una cooperativa que funcionaba en los terrenos de Casa Amarilla. Una grabación de las tratativas ilegales entre el representante legal de Boca, Claudio Lutsky, y ella fue emitido una y otra vez por televisión. Esa fue –diríase– su presentación en sociedad. Después acumuló más prestigio al calificar de «asociación ilícita» al sindicato del Subte; ella también fue quien pidió la detención de Néstor Segovia y otros 15 metrodelegados por el paro a mediados de mayo. Su triunfo procesal más impactante fue haber logrado una condena (30 horas de trabajos forzados y una multa de 500 pesos) para tres «trapitos» arrestados cerca de la cancha de Boca. Pero nada la entusiasma más que hostigar a inmigrantes africanos. En los últimos dos años firmó casi todos los operativos contra ellos. Y la mercadería secuestrada –por ejemplo, unos 70 mil productos en los procedimientos del 5 de junio– se transforman en «botín de guerra» que revende alegremente la policía. Sin duda, una gran discípula del diputado Ayarragaray.

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 23 de SEPT 2018 Es viernes 16 de enero de 2015 a la tarde. Alberto Nisman se pone el piyama y no sale más de su departamento. Baja las persianas, se queda en ese ambiente lúgubre hasta el final. Lo abandonó su principal aliado, Jaime Stiuso, quien no le atiende las llamadas. Tres jueces le bajaron el pulgar a su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner porque “carece de entidad probatoria”, no tiene evidencias y no será tratada hasta febrero. Interpol le dá la espalda y el ex secretario de la organización, el norteamericano Ronald Noble, dice que la denuncia “es falsa”. Las entidades judías no lo respaldan y el kirchnerismo se prepara para confrontarlo en el Congreso el lunes 19: sabe que tiene pocos elementos para defenderse. El mundo se le viene encima. Piensa que lo van a echar de la fiscalía, que van investigar todo el dinero que tiene escondido y que van a exponer su vida fastuosa, rodeado de modelos pagadas, viajes y gastos que no podrá justificar. Hasta su familia rompe con él tras una feroz pelea. Esta es la dramática situación de las últimas 72 horas de la vida de Alberto Nisman que expone el periodista Pablo Duggan en el capítulo final de su apasionante libro: ¿Quién mató a Nisman? La preventa a través del link www.idea.me/nisman se convirtió en un éxito asombroso. Escape El libro de Duggan pinta la desesperada huida hacia adelante de Nisman en sus últimos días. Piensa que lo van a echar de la fiscalía y sabe que ese sería el derrumbe de su pequeño-gran imperio de poder, dinero, prostitución VIP y viajes. Por eso vuelve a las apuradas de Europa para presentar la denuncia por el Memorándum con Irán y esta convencido que nadie se atreverá a echar de su puesto a un fiscal que acusó a una presidenta y a un canciller. En su carrera atropellada, Nisman deja a su hija a solas, sin ropa y sin dinero, en el aeropuerto de Barajas para volverse a Buenos Aires antes de que se reintegre la procuradora Alejandra Gils Carbó. Supone que ella lo va a echar. Desesperado, presenta una denuncia desprolija, sin pruebas, mal escrita, sin las verificaciones más elementales. Los primeros resultados lo ponen en lo más alto. Pasó a ser la figura política–judicial más importante del país, tapa de diarios y revistas. “Más que nunca vislumbra un futuro brillante en donde ser el procurador general de la Nación, jefe de todos los fiscales, aparece en su cabeza. El miércoles 14, día de la presentación de la denuncia, se convierte en una locura, se desata el éxtasis para el fiscal. Todos hablan de él, todos quieren verlo. El fiscal está exaltado, habla por teléfono y tiene numerosas reuniones. Habla a borbotones, sus interlocutores lo miran asombrado. Queda claro que está obsesionado con lo que está haciendo, parece obnubilado, enfervorizado. Durante la tarde ocurre algo que lo entusiasma. (Patricia) Bullrich le escribe para invitarlo al Congreso a informar sobre la denuncia. Se lo nota un poco dubitativo al recibir la invitación. ¿Será bueno ir? Dice que sí, después que no, pone reparos a la presencia de la prensa, luego ensaya una explicación sobre el carácter secreto de su informe. Nisman no está seguro de que ir al Congreso sea una buena idea, pero de a ratos parece entusiasmarse. Imagina a un país pendiente de sus dichos. Finalmente, se decide: acepta ir el lunes”. (Capítulo final). “Muchísimas personas le mandan mensajes, a todos les dice que miren la web de Clarín en donde está en primera plana su denuncia. Todos lo felicitan, Nisman no puede pedir más. De repente es el ídolo de todos los que lo conocen. Los periodistas y los políticos lo buscan incansablemente, aún aquellos que él sabe que no lo quieren”. (Capítulo final) Problemas Pero todo empieza a derrumbarse el jueves 15. El juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, no sólo lo cuestiona por “falta de elementos probatorios” sino adelanta que lo investigará por haber trabajado la denuncia sin ningún control judicial, a escondidas, durante dos años. Es grave porque Canicoba le dice que en lugar de investigar el atentado contra la AMIA, que era su tarea, dedicó tiempo y dinero a otra investigación, sin autorización de un magistrado. El segundo golpe viene de la jueza de turno, María Servini de Cubría, que anunció que no había motivos para investigar la denuncia hasta febrero, por lo que le quitó urgencia e importancia al texto de Nisman. Lo devaluó de un golpe. El juez Ariel Lijo coincidió con Servini y los dos dijeron que el fiscal no aportó pruebas. Alguien que lo podría ayudar, alguien que siempre estuvo detrás de todo lo que hizo, el otrora poderoso jefe de Operaciones de la SIDE, Jaime Stiuso, no le contesta el teléfono. El podría aportar alguna prueba adicional, más convincente: no era fácil una denuncia sobre un Memorándum aprobado por las dos cámaras del Congreso. “Nisman habla con Alberto Massino, mano derecha de Stiuso. Se produce una conversación que lo deja muy preocupado. Massino le cuestiona su denuncia, el fiscal insiste con su idea de que lo iban a echar y le pregunta con insistencia qué opina Stiuso. Massino confiesa que Jaime está enojado porque el kirchnerismo lo señala como culpable de todo esto”. (Capítulo final) Respuesta Ese jueves a la tarde, el canciller Héctor Timerman presenta documentación categórica en conferencia de prensa. Cartas de los primeros meses de 2013, ya firmado el Memorándum, dirigidas por el gobierno argentino a Interpol. Queda claro que las autoridades del país exigían que se mantengan las órdenes de captura con alertas rojas. Todo lo contrario de lo que dice su denuncia. Y está por escrito. “Dijo Timerman: ‘ahora resulta que en vez de investigar a los sospechosos se dedicó clandestinamente a investigar a la Presidenta, es muy fácil desenmascarar las mentiras de Nisman’. El fiscal acusa el golpe. Empieza a dudar de su propia denuncia

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 09 de SEPT 2018 La santa triple alianza compuesta por servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos y fracciones del poder judicial viene montando recurrentes operaciones dispuestas a ocultar el profundo deterioro económico y social generado por las políticas neoliberales del gobierno macrista. Cuánto más profundo es el deterioro económico y social, más columnas de humo se producen para nublar la catástrofe. Entre los manotazos de ahogado irrumpe, desordenadamente, el hedor de las cloacas más espurias, proveniente de los sótanos del espionaje ilegal, asociados a persistentes vínculos funcionales con magistrados impresentables y con agencias de inteligencia extranjeras. El último 13 de agosto, el abogado Francisco Montanaro, letrado defensor del Auditor General de la Nación Javier Fernández, recusó al juez Claudio Bonadío bajo la imputación de ser parcial y de pretender confundir a su cliente con Antonio Horacio Stiuso, alias Jaime. La imputación contra el integrante de la Auditoria se fundamentó en el testimonio del ex juez Norberto Oyarbide, quien sugirió que Stiuso y Javier Fernández le habían exigido que acelere un fallo. La recusación de Montanaro fue rechazada por la Cámara, pero promueve una línea de interrogantes sobre el rol autónomo de los servicios de inteligencia y el entramado orientado a extorsionar al sistema judicial en su conjunto para proscribir (y/o encarcelar) a Cristina Fernández de Kirchner y –con ella— a la referente política de un porcentaje creciente de la sociedad argentina. En el escrito presentado por Montanaro se atribuye a Bonadío –a partir de las fotocopias de los (supuestos) cuadernos del suboficial del ejército Oscar Centeno— haber confundido de ex profeso a Fernández y Stiuso. En las reproducciones publicadas por el diario La Nación aparece una anotación marginal en la que se consigna: “19/10/15. 19.50 hs. lo llevé al Licenciado Baratta y Nelson a Andonaegui 2148, decían que tenían que ver a ´J´ de Javier de inteligencia me parece”. Según Montanaro, el juez Bonadío eludió esas dos relevantes líneas con el objeto de brindarle una cobertura (y salvoconducto) a quien hoy es su aliado en la guerra contra el kirchnerismo: “Entonces recién este profesional –refiere Montanaro— pudo correr el velo de la trama y deducir que la anotación del día 19 de octubre de 2015 inicialmente contenida en las actas indagatorias precedentes y omitida en la que le fuera aplicada a mi asistido, tenía que ver con la presencia de J, resultando de público y notorio en el ámbito judicial y político que J, no es otra persona que “JAIME, nombre de guerra del Agente de Inteligencia y Director de Operaciones de la SIDE, ANTONIO STIUSO.” Otro de los datos aportados por Montanaro remite a que el domicilio de Javier Fernández coincide con la dirección de oficinas cuya titularidad pertenecía al grupo Veintitrés, del cual formaban parte Sergio Szpolski, Darío Richarte y Juan José Gallea. Este último, también con iniciales “J”, fue director de finanzas de la SIDE en época de la primera Alianza, luego gerente financiero del Grupo Veintitrés –del que figuraba Szpolski como titular— y en la actualidad recuperó su anterior puesto de gerente financiero de la AFI, dirigida ahora por Gustavo Arribas y Silvia Madjalani. También, por obra de la más absoluta casualidad, dos de ellos —Richarte y Gallea— fueron socios de varias empresas, entre las que se encontraban Panificadora Balcarce y Magnum Sabores, donde revistió como empleada jerárquica, durante cinco años, la actual esposa de Antonio Horacio Stiuso, María Cecilia Rossero. El escrito de Montanaro asocia la causa de los cuadernos con la intencionalidad de Bonadío de proteger (“desplazar de la escena”) a Stiuso, junto a su entramado político/comercial conformado por el vicepresidente de Boca Juniors (Darío Richarte) adláter del presidente de la comisión directiva, Daniel Angelici, y de Juan José Gallea. Según Montanaro, la protección hacia “Jaime” se encuentra íntimamente ligada al rol cumplido por el ex espía en varias de las operaciones mediáticas acaecidas en los dos últimos años. Por detrás del estrecho desfiladero, entre la prevaricación y la protección de socios, que Bonadío recorre desde hace en su denodado afán por perseguir a CFK y demás funcionarios kirchneristas, se divisa, cada vez con mayor claridad, un entramado de servicios carentes de gloria, de la cual Stiuso parece ser una de las puntas de la madeja.