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Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 10 de MAR 2019 El avance de las investigaciones que lleva a cabo el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla inquieta a no solo a Stornelli y Bonadío, sino también a funcionarios dentro de la delegación diplomática de Washington con sede en Buenos Aires, que temen quedar expuestos en relación a una operación global destinada a saquear una de las empresas más poderosas del mundo. Los documentos encontrados en casa de Marcelo Sebastián D’Alessio, en ocasión del allanamiento realizado en su lujosa mansión en el barrio privado de Saint Thomas, contiene material sensible para quienes participan de la coalición destinada a hostigar al chavismo. El gobierno de Mauricio Macri ha participado dentro del Grupo de Lima en la ofensiva continental dispuesta por Trump, para contribuir a su asfixia económica y disciplinar políticamente a la región. Uno de los objetivos centrales de las políticas del Departamento de Estado hacia Venezuela es el manejo y/o la apropiación de sus formidables recursos naturales, distribuidos básicamente en la cuenca del Caribe. La planificación para lograr dicho objetivo es similar a la operada en Medio Oriente luego de la guerra de Irak, donde los contratistas de las grandes corporaciones texanas lograron controlar las refinerías y erigir una infraestructura hidrocarburífera acorde a las necesidades de Washington.[1] Con la misma concepción estratégica, en la última semana John Bolton, el jefe de asesores de Seguridad de los Estados Unidos, amplió el bloqueo de activos de PDVSA en 7.000 millones de dólares y anunció una asfixia análoga para el año próximo, pero de 11.000 millones. Las sanciones del gobierno de Trump se refieren a la empresa petrolera venezolana SITGO (integrante del grupo PDVSA), que cuenta con tres refinerías en territorio estadounidense.  Dado que el 100 % de sus acciones pertenece al Estado bolivariano, sus autoridades son nombradas por el gobierno de ese país. Su máxima autoridad, hasta el 13 de febrero, era Asdrúbal Chávez, primo del extinto Presidente. El último 30 de enero, el gobierno de Donald Trump decidió violar la sacrosanta normativa de la propiedad y adjudicó a Juan Guaidó el control financiero de la empresa. Esta medida permitirá al sector petrolero de Houston contar con la conducción de una empresa valuada en U$S 10.000 millones, que posee tres refinerías y una red de casi 6000 estaciones de servicio distribuidas en el territorio de los Estados Unidos. Un decomiso legitimado por supuestas razones de seguridad nacional. En forma sincrónica, a 8.000 kilómetros al sur de Washington, un operador adscripto (o líbero) de alguna de sus variadas agencias gubernamentales, quedó expuesto al llevar a cabo operaciones extorsivas contra uno de los ex funcionarios de PDVSA. El ex director de logística Gonzalo Brusa Dovat fue manipulado, con el objetivo de contribuir a esmerilar dicha corporación, en el marco de los objetivos planificados, en forma coincidente y concurrente con el Departamento de Estado, para lograr el naufragio del chavismo. Según la documentación secuestrada por el juez, el falso abogado D’Alessio mantenía una complicidad activa con el fiscal Carlos Stornelli en esos menesteres de incidencia internacional. El fiscal de la causa de los cuadernos se mostraba muy comprometido en favorecer a la deslegitimación de PDVSA. Las numerosas presencias del fiscal en la delegación diplomática de Estados Unidos y su denodado interés por la difusión de malas noticias sobre PDVSA revelan una operación de pinzas a nivel global, en obvia connivencia con el gobierno de Mauricio Macri. La operación ayuda humanitaria con la que se pretendía conseguir, a partir del último 23 de febrero, el estallido de una guerra civil o una deserción en masa de integrantes de las fuerzas armadas bolivarianas, no logró los frutos esperados. En el marco de esa frustración, el Departamento de Estado se vio obligado a volver a su estrategia original de cuatro ejes: Confiscar cuentas del Estado venezolano en territorio estadounidense; Amenazar a terceros países con sanciones a quienes viabilicen formas de cooperación, desplieguen acuerdos comerciales o compren hidrocarburos; Ampliar el bloqueo financiero y el acceso al crédito para evitar la continuidad de su diversificación industrial y la conquista de la seguridad alimentaria autónoma; Propagación global de una crisis humanitaria terminal en la sociedad venezolana y de una corrupción endémica al interior del gobierno chavista. Para colaborar en este último objetivo D’Alessio llevaba a cabo operaciones de espionaje, extorsión y operaciones psicológicas, en connivencia con el aparato comunicacional más extendido de la argentina, el Grupo Clarín, y uno de sus periodista estrellas, Daniel Santoro. La inquietud del establishment jurídico, mediático y de la AFI previa a la (fallida) indagatoria del fiscal Stornelli ante Ramos Padilla, se concentró el último jueves en un simple adminículo tecnológico denominado celular. Dicho aparato fue observado durante la última semana por técnicos recomendados por la embajada de Estados Unidos, que se comprometieron a ejecutar una limpieza parcial en 48 horas. Dado que la información queda también registrada en otros celulares y en la nube de los proveedores de las aplicaciones utilizadas (por ejemplo WhatsApp), la zozobra permanece activa en varios de los contactos del fiscal encuadernado. Sin embargo, según comentaron algunos informáticos con residencia laboral en Comodoro Py, aparece como improbable que los propietarios de las aplicaciones (utilizadas por Stornelli) con servidores ubicados en Estados Unidos, se dignen a responder en tiempo y forma a potenciales exhortos solicitados por la justicia argentina interesada en PDVSA. El esquema develado posee varios antecedentes, coincidentes con el objetivo de Washington de timar un recurso ajeno. En un cable enviado por el embajador estadounidense en Caracas, fechado el 17 de febrero 2009, filtrado tiempo después por WikiLeaks, se describen los interrogatorios especiales y pormenorizados realizados a los funcionarios de PDVSA y CITGO con el objetivo de recopilar información de inteligencia para abonar al futuro control de ambas empresas. Dos años después, gracias a los documentos filtrados por el contratista de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) Edward Snowden que se publicaron en The Intercept, quedó en evidencia la ejecución de una operación conjunta entre la NSA y la CIA para espiar a funcionarios

Fuente: Juan Alonso | Nuestras voces Fecha: 09 MAR 2019 El juez Ramos Padilla señaló que el fiscal Carlos Stornelli está acusado por espionaje ilegal. En un detallado informe enviado al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, indica varios delitos cometidos por Stornelli conjuntamente con Marcelo D’Alessio: operaciones de inteligencia ilícitas, investigaciones paralelas, cámaras ocultas contra abogados e imputados en causas propias, y extorsiones. El presunto espía de la DEA continúa detenido y acusado de integrar una asociación ilícita. El laberinto del fiscal federal. Los detalles del informe. El fiscal federal Carlos Stornelli, el preferido de Mauricio Macri, creyó que de los laberintos se salía por arriba, pero está cada día más cerca del pasto y no se trata precisamente de la cancha de Boca. El juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla envió un informe de 20 páginas al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, señalando varios delitos graves (entre ellos, espionaje ilegal e investigaciones paralelas con coacciones) presuntamente cometidos por el fiscal icónico de  Comodoro Py. Mientras cruje el mecanismo del armado de causas contra opositores políticos y el aparente espía de la DEA, Marcelo Sebastián D’Alessio continúa detenido y acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar a empresarios amenazados con la foto de un cuaderno, y de espiar a periodistas “Animales”; el juez Ramos Padilla sumó más de mil fojas de prueba fáctica (sin arrepentidos), que Stornelli se niega a responder eludiendo la Justicia. La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera diputada y senadora votada por millones de argentinos resultó indagada por ocho delitos en una sola mañana, pero el fiscal Stornelli, que no lo votó ni su tía, le hizo una gambeta torpe a la requisitoria del juez Ramos Padilla. Se negó a recocer su competencia y pretende continuar haciendo uso y abuso de indagados colaboradores llevados a la rastra por su amigo servicial, Marcelo Sebastián D’Alessio, que se cansó de enviarle mensajes telefónicos, gestionó una coima de 300 mil dólares de la cual cobró más de 14 mil y lo embarró con delaciones propias de una saeta de la maldad. Las filmaciones, fotografías, capturas de pantalla, audios de voz, y otras vituallas, que aportó el extorsionado exiliado Pedro Etchebest, más la prueba colectada por el juez Ramos Padilla, conforman el peor escándalo político institucional y jurídico de la historia democrática desde 1983. Veamos por qué. El tiempo Cuentan quienes lo conocen desde que era un pésimo estudiante de Derecho, que el fiscal Stornelli combate el estrés mirando relojes antiguos con paciencia de orfebre. Hasta en eso coincide con el imputado D’Alessio, quien tenía 50 relojes carísimos en su casa del country Saint Thomas del partido de Esteban Echeverría, además de una docena de autos de alta gama parecidos a los que gusta el fiscal de Comodoro. Eso no sería grave. Lo anticonstitucional, antidemocrático, y rayano con la criminalidad organizada y el abuso de la toga y el martillo, es lo que le enrostró el juez Ramos Padilla. A saber: Presuntas maniobras de espionaje ilegal incluso valiéndose de esos supuestos métodos para causas que están a su cargo. Ser supuesto partícipe en la maniobra coactiva en perjuicio del ex gerente de Logística de PDVSA Argentina, Gonzalo Brusa Dovat junto a su amigo el imputado Marcelo Sebastián D’Alessio (presunto agente de la DEA), a quien conoció por medio del periodista de Clarín, Daniel Santoro, con ese cartel de presentación a cuestas. En este caso el mecanismo fue el siguiente: D’Alessio le envió mensajes diciendo que iba a “quebrar” a un empresario de “PDVSA residual”, lo presionaría para que Brusa Dovat le diese una entrevista a Santoro y luego se lo llevaría al despacho en una camioneta de la embajada de EE.UU, con dos sujetos que serían extranjeros. Y lo peor, según el juez Ramos Padilla, sabiendo que Brusa Dovat había sido víctima de maniobras ilícitas por parte de D’Alessio; el fiscal le tomó testimonial con el tono de una indagatoria relámpago. Poco antes, el 30 de enero, el periodista Santoro entrevistó a Brusa Dovat “en exclusiva” para Clarín en un restaurante árabe del barrio de Palermo. La gestión la hizo el experto D’Alessio. La nota salió en la web el 2 de febrero y en papel el 3. La noticia se presentó así: “Denuncian maniobras de lavado de dinero en PDVSA Argentina”. “En complicidad con funcionarios K”. “Un ex directivo de la empresa venezolana afirmó que varios de sus ex presidentes robaban combustible para sacar plata al exterior”.  ¿Por qué el apuro y la anotación de “prioridad” de la “operación PDVSA” del presunto agente de Estados Unidos, D’Alessio? Porque el Gobierno de Donald Trump ordenó el decomiso de los fondos de Venezuela el 29 de enero. El supuesto agente de la DEA y supuesto numerario free lance de la AFI, Marcelo Sebastián D’Alessio le escribió a su conocido fiscal Stornelli un mensaje curioso. “Mañana voy a hacer que se arrepienta un actual director de PDVSA que sigue operando en el país. Si es lo que imagino, además del informe que tengo que armar para Maine (sede de la DEA en EE.UU) y enviarlo por valija diplomática, está el factor argentino, que seguro le vas a sacar provecho”. ¿Qué significaba eso? Afianzar la alianza con la embajada de EE.UU y su carrera intervencionista regional comenzando por la República Bolivariana de Venezuela. En otra comunicación con un interlocutor distinto, D’Alessio le contó que llevaron a Brusa Dovat en una camioneta que sería de la embajada de EE.UU y una vez dentro del despacho de Stornelli, él lo filmó declarando. D’Alessio no es abogado. Nótese la acusación de “lavado de dinero”. ¿Por qué D’Alessio influyó a Brusa Dovat y a Santoro para que escribiese eso? Porque el FBI acaba de abrir una oficina en Miami para investigar presuntos hechos de lavado de dinero producidos en América Latina. ¿Qué hacía D’Alessio? Cumpliría  órdenes de sus presuntos mandantes de EE.UU de Norteamérica. Pese a ello, el periodista Juan José Salinas logró

Fuente: Tali Goldman | Nuestras voces Fecha: 06 de MAR 2019 La Red de Mujeres Policías une a fuerzas de todo el país. Antes del paro de mujeres emitieron un comunicado en el que aseguran que no están dispuestas a reprimir en esa protesta: “No es un delito manifestar por la seguridad y la erradicación de la violencia contra nosotras”. El grupo está conformado por mujeres de distintas fuerzas de seguridad que intentan ponerle un freno a los abusos y violaciones en sus lugares de trabajo y conquistar los derechos que les niegan. El germen de los espacios colectivos suelen ser, en la mayoría, producto de alguna historia personal. En general esa lucha comienza de forma solitaria, con más escollos que caminos allanados, más dudas que certezas. Pero siempre esa historia personal, que parece aislada, se choca con otras historias similares: allí es cuando se produce ese click en el que todas comprenden que luchar en colectivo siempre es mejor que luchar solo. Ese es el caso de la Red de Mujeres Policías, un grupo de mujeres de distintas fuerzas de seguridad de todo el país, a las que de alguna manera, el movimiento feminista también comenzó a interpelarlas y que se juntaron para empezar a interpelar ese statu quo machista, patriarcal y sobre todo, violento dentro de las fuerzas de seguridad. Como colectivo se formó hace algunos años pero que comenzó a institucionalizarse y a hacerse público hace poco. Sacaron un comunicado a principios de 2019, en vísperas del próximo paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. Y lo llamativo es que allí expresan, explícitamente, que no están dispuestas a reprimir, como suele ocurrir, en esas manifestaciones. Vale la pena leer el comunicado de principio a fin: “En representación  de las mujeres policías que estamos trabajando en Red para frenar los abusos y violaciones a nosotras dentro de la Institución. Queremos dejar claro dos puntos que serán parte de nuestro documento a presentar ante el Ministerio de Seguridad Nación. Ante el debate abierto entre el Movimiento Feminista y la situación de las Mujeres policías proponemos, en principio, que no se nos envíe a Marchas de Mujeres porque no es un delito manifestar por la seguridad y la erradicación de la violencia contra nosotras. Creemos que no debe enviarse ni a policías hombres ni a mujeres porque pedir por el cese de la violencia, repetimos, no es delito y no tenemos que estar allí. Y si estamos será para levantar el cartel NI UNA MENOS acompañando, jamás reprimiendo. Estamos totalmente en contra de la represión a Organizaciones de Mujeres Feministas que ante cualquier hecho de violencia siempre estaremos del lado de las mujeres que han sido reprimidas. No todas somos policías por vocación, algunas lo somos por circunstancias, otras por la pobreza, otras porque hemos accedido como profesionales psicólogas, sociólogas que estamos impulsando entre todas esta red. Somos Trabajadoras, nuestro lugar no es el de reprimir, sino el de capacitarnos y promover, como mujeres, una mayor perspectiva de género en las Fuerzas de seguridad”. De lo individual al colectivo Era el año 2016 y Gabriela Macías se había recibido de licenciada en nutrición en Rosario. Quería volver a su provincia natal, Santa Cruz, en busca de trabajo. Los primeros impactos de la crisis económica la llevaron a dejar su currículum por todos lados, incluso, en la policía, lugar en el que trabaja gran parte de su familia. Esperaba que la llamaran de cualquier otro lado, menos del que la terminaron llamando: la policía. Como ella era profesional de la salud, creyó que entrar a la fuerza sería igual que entrar a cualquier otro espacio laboral. El primer baldazo de agua fría lo sintió apenas entró, cuando dejó de ser Gabriela y pasó a ser Oficial General Macías. No importaba que ella estuviera en el sector de bienestar social de la policía de Santa Cruz y su título universitario fuera de algo lejano a una nomenclatura policial. Unos meses después de su ingreso, Gabriela vivió una situación traumática con su entonces pareja y fue víctima de violencia de género en su propio hogar. Después de un tiempo, tomó coraje y fue a la policía—es decir a su propio trabajo— a denunciarlo. Creía que, al ser ella parte de la fuerza, iban a acompañarla y protegerla. “Mi ex pareja era político, entonces cuando yo voy a hacer la denuncia, en principio, no me creen. Vuelvo a ir una segunda vez y ahí me dicen que la única manera de que me tomen la denuncia era que me revisara un médico. Ahí me hacen desnudarme frente a cinco policías varones”, relata aún con resabios de dolor, a Nuestras Voces. Este fue el primer choque que tuvo Gabriela al darse cuenta qué implicaba ser mujer dentro de la fuerza. En principio, que no le creyeran. En segundo lugar, desnudarse frente a cuatro varones para que ellos determinaran si efectivamente su relato era verdad. “Después de ese episodio empiezo un camino judicial y hago pública esta situación, y ahí empezó el verdadero tormento que fue que se me abriera un sumario, es decir, que desde las fuerzas querían expulsarme”.  El episodio ocurrió en reiteradas veces. La policía estaba empeñada en echarla, ella en hacer valer sus derechos como mujer y como trabajadora. Y sobre todo, y aún sin darse cuenta, Gabriela empezaba a destapar una olla dentro de la policía que luego la convertiría en una referente entre muchas mujeres. Porque lo que empezó a notar es que la violencia hacia las mujeres no era solo el abandono a la hora de la denuncia. A nivel laboral, las mujeres dentro de las fuerzas de seguridad son ninguneadas en todo sentido. “Tenemos una gran cantidad de mujeres que entran porque no consiguen trabajo, esto es lo que llamamos la feminización de la fuerza por una cuestión de pobreza. Las mujeres se anotan porque necesitan trabajar. Y esto es algo de lo que no se habla. A nosotras no nos ascienden, no se nos abren lugares para los

Fuente: El destape Fecha: 06 de MAR 2019  Luego de que publicara una nota acerca de un supuesto espionaje al difunto fiscal Alberto Nisman, el periodista ultraoficialista Nicolás Wiñazki fue desmentido de forma categórica. La misma Cecilia Rodríguez, exministra de Seguridad e involucrada en el artículo escrito en el diario Clarín, fue quien se encargó de contradecir la versión. En una entrevista al programa «Habrá consecuencias» de El Destape Radio, Rodríguez aseveró que es «totalmente falso» que durante su gestión se hayan hecho trabajos de inteligencia sobre Nisman. Concretamente, negó su vinculación con una carpeta que tendría datos sobre el exfiscal de la causa AMIA y su familia, tal como había explicado detalladamente Wiñazki en su nota. Además, adelantó que se va a presentar a declarar ante la Justicia para dar precisiones «respecto de los papeles relacionados con alguna actividad de trabajo» durante su gestión, pero aclaró que no se va a encontrar «nada que tenga que ver con espionaje». En la misma línea, el periodista y escritor Horacio Lutzky se explayó sobre la desmentida en una nota publicado en Página 12. A través de un hilo en la red social Twitter, desnudó punto por punto la mentira de Wiñazki.  

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 24 de FEB 2019 Marcelo D’Alessio reveló en su declaración indagatoria información confidencial de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para salvar de la trama de extorsión al fiscal Carlos Stornelli. Dijo que Aníbal Degastaldi (foto) y Ricardo Bogoliuk, ex comisarios bonaerenses, pertenecen a la Agencia que dirige el amigo presidencial, Gustavo Arribas y fueron quienes le encargaron el “trabajo”. Bogoliuk fue una de las últimas personas en hablar por teléfono con el fiscal Alberto Nisman. Fue denunciado por encubrir a piratas del asfalto. Degastaldi actuó en la caso de María Marta García Belsunce y estuvo vinculado a secuestros express cuando era comisario en San Isidro. “Es una de las personas que en Argentina más sabe de seguridad. Va al frente. Este es un tipo valiente”. Así ensalzó alguna vez Alejandro Fantino la figura de Marcelo D’Alessio en Animales sueltos. Nunca fue tan atinado el nombre del programa. Claro que había que ver a ese mismo personaje, lloroso y con las manos en posición de rezo, al implorar: “Déjenme ir a casa y yo les cuento todo”. Fue el 17 de febrero pasado, durante su indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. En su atemorizado empeño por despegar al fiscal federal Carlos Stornelli del episodio extorsivo sobre el empresario Pedro Etchebest, hizo añicos un secreto de Estado: la pertenencia a la AFI de los ex comisarios bonaerenses Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, a quienes les atribuyó el rol de mandantes del chantaje en cuestión. ¿Acaso D’Alessio habrá sido consciente de que aquello era como huir de Hiroshima para refugiarse en Nagasaki? Degastaldi es apenas recordado a raíz de hechos ya desdibujados por el tiempo. Entre éstos, su asistencia al velorio de María Marta García Belsunce, de donde se retiró sin suponer que le habían volado a tiros la tapa de los sesos. Y también por su morosidad en la búsqueda de Hugo Conzi, dueño del famoso restaurante Dallas-Olas Boulevard, quien se encontraba prófugo tras matar allí a un cliente por cuestiones de polleras. En cambio, Bogoliuk –con una trayectoria signada por una discreción casi obsesiva– tuvo la desdicha de haber sido uno de los últimos interlocutores telefónicos del fiscal Alberto Nisman, poco antes de su muerte. Y eso hizo que por unos días su nombre titilara en los medios. Pero ambos son dos viejos pájaros de cuentas, cuyos vidriosos pasos por la función policial merecen ser evocados. Dúo dinámico El 12 de julio de 2002 fue una fecha infausta para el gobernador Felipe Solá y su ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero. Ese día ocurrió el secuestro del joven Juan Manuel Canilla. Aquel hecho fue el primero con epílogo fatal en la modalidad “express”. A la conmoción causada por el asesinato no tardó en sumarse un sujeto petiso y calvo que incesantemente acariciaba su tupido bigote. Era el jefe de la DDI de San Isidro, comisario Degastaldi. Su jurisdicción abarcaba la zona en que se cometió el crimen. A la noche se prestó a la requisitoria periodística con un semblante que lucía entre desencajado y furioso. Entonces, dijo: “Fue un delito aberrante, una cosa absolutamente salvaje”. Y dio por concluida la conferencia de prensa. Deslizaban en su entorno que desde ese momento algo pareció haberlo afectado. El sombrío final de la víctima era un tema que lo ponía sumamente nervioso. “Fue gente que se zarpó”, le confió en esos días al autor de esta nota. Pero no dijo más. Parecía atesorar un gran secreto. Después, alguien vinculado a la investigación sugirió la complicidad en ese secuestro de “policías de la seccional de Victoria, y su participación habría consistido en el encubrimiento”. También aportó el apellido de un sargento. Degastaldi había incrementado su prestigio al investigar los secuestros de Cristián Riquelme (hermano del jugador de Boca) y del rugbier Federico Virasoro, entre otros. Justamente su consagración se produjo el 4 de abril de aquel año, cuando en su oficina de la DDI convocó a la prensa para anunciar la liberación de Riquelme. “El pibe fue liberado a las cuatro de la madrugada, pero no tengo información sobre el monto”. Pronunció la segunda parte de la frase sin atenuar bajo el bigote una pícara sonrisa. “Degastaldi tiene absoluto conocimiento acerca de todos los secuestros en San Isidro”, dijo el hombre, antes de prender un cigarrillo. Y agregó: “Don Aníbal está en todas partes”. Entonces soltó una risita quejumbrosa. Era un tipo de la SIDE que había participado de un operativo conjunto entre ese organismo y La Bonaerense para detener a Félix “El Boli” Díaz, un integrante de la banda que capturó a Riquelme. Conocía al dedillo la cocina de aquella pesquisa y también las sospechas sobre Degastaldi. Según sus dichos, el comisario intervino activamente en las tensas negociaciones entre la familia y los secuestradores por el rescate, a pesar de que la policía trabajaba de oficio por no haber denuncia. En este punto, fue muy detallista: – Él se encargó de llevar el dinero a los secuestradores. O sea, la familia le entregó un bolso con 160 mil dólares, que Degastaldi en la comisaría contó billete por billete. Nunca se supo el destino de esa suma. Aníbal, desde luego, dice que se la entregó a la banda. Pero nadie lo vio. Entonces el espía soltó otra risita, que ceso cuando le preguntaron: – ¿Es habitual que un comisario sea el encargado de entregar el rescate? –No. Salvo en San Isidro. Ahí es tradición. Agregó que en el secuestro de Virasoro, Degastaldi llevó 50 mil dólares del rescate a los captores. El rugbier fue liberado tras cinco días de cautiverio en medio de un mar de dudas. También dijo que la SIDE habría detectado “llamadas efectuadas por los secuestradores a los teléfonos de Degastaldi”. Específicamente, al directo suyo en la DDI y a sus dos teléfonos celulares. A su vez hubo “llamadas entre la banda y cuatro oficiales de Degastaldi”. Claro que tales datos no llegaron a ningún juzgado. Por aquellos días el

Fuente: Irina Hauser y Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 24 de FEB 2019 Los mensajes entre el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio suman decenas, incluyendo algunos posteriores al estallido del escándalo y en los que D’Alessio se ofrecía a declarar a favor del fiscal. Pero no es lo único: hay centenares de comunicaciones por WhatsApp, contactos y llamadas con personajes que, presuntamente, revistan en los servicios de inteligencia. También hay comunicaciones con al menos otro fiscal y con distintos funcionarios públicos. Lo que arrancó como la investigación de una extorsión al empresario Pedro Etchebest para mejorar su situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos está derivando en algo de otro volumen: la investigación sobre una red u organización en la que no sólo fue extorsionado Etchebest sino que padecieron lo mismo otras personas –posiblemente unas 20– y en que los delitos derivaron también en extorsiones por dinero, coacciones, aprietes y hasta la maniobra de “plantarles” droga a imputados. El viernes se presentaron en Dolores dos ex comisarios de la Bonaerense que se estarían incorporados a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que fueron mencionados en los supuestos delitos. El juez Alejo Ramos Padilla no les tomó declaración porque quiere reunir todas las pruebas, pero les dictó la prohibición de salir del país y secuestró sus celulares. Allanamiento El juez federal de Dolores instruye la causa desde el momento en que Etchebest presentó la denuncia, el 28 de enero, porque, tras un encuentro de tres horas con Stornelli, en el balneario CR de Pinamar, el falso abogado Marcelo D’Alessio le pidió 300 mil dólares. Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar. La extorsión consistió en decirle que un arrepentido –Juan Manuel Campillo– lo había involucrado en la causa de las fotocopias y que para evitar problemas había que hacerle “una atención” a Stornelli. Poco después de recibir la denuncia, Ramos Padilla encabezó un allanamiento a la lujosa vivienda de D’Alessio, en el country Saint Thomas. Según se puede ver en el acta, el falso abogado arrancó diciendo que nadie podía acceder a las computadoras ni celulares porque él investigaba a la organización libanesa Hezbollah y también buscaba terroristas en la Triple Frontera. “Es una cuestión de seguridad nacional”, gritaba. En esa primera parte del allanamiento, D’Alessio le dijo al juez que llamase a Patricia Bullrich, a Gustavo Arribas e incluso al Presidente. Pero luego, más sereno, se escudó en Stornelli: “Estoy en la investigación que tiene en este momento Stornelli. Si quiere, llámelo. Es lo de Campillo. Yo estuve con él en Pinamar. Déjeme hablar con Carlos”. Los materiales conseguidos en ese allanamiento son los de mayor importancia porque no están contaminados: fueron secuestrados por el magistrado cuando la investigación no era pública. Desde entonces, en Dolores se reciben decenas de anónimos y se presentan varios denunciantes por día, pero funcionarios judiciales sospechan que las cosas tienen demasiado olor a armado previo. En cambio lo que se encontró en el allanamiento original es la clave de la investigación: una notebook, los dos discos rígidos, los tres celulares, 22 horas de desgrabaciones, cuadernos escritos de puño y letra por D’Alessio y asombrosos legajos de inteligencia. A eso se agregan horas de escuchas ordenadas por el propio juzgado. Conexiones Como ya anticipó este diario ayer, todos los textos de Whats- App y mensajes consignados en la denuncia de Etchebest serían originales, tal cual surgió nítidamente a simple vista en la pericia realizada el jueves. El informe final de la Prefectura no está entregado todavía. Pero Página/12 pudo saber que una primera revisión detectó decenas de mensajes entre D’Alessio y Stornelli. Los que despiertan más curiosidad son tres textos: Un mensaje en el que D’Alessio le dice a Stornelli que “yo me ocupo personalmente de Pedro”. Podría ser una referencia concreta a Etchebest, el extorsionado. Hay un pedido de Stornelli a D’Alessio para que se le haga una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de uno de los imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Hay un cruce de WhatsApp en el que se combina el encuentro en Pinamar, en plenas vacaciones de Stornelli. En una mesa esperaba el empresario Etchebest y en la otra el fiscal hablaba con D’Alessio. Al final del encuentro, Stornelli se fue a dar una vuelta en la flamante camioneta de D’Alessio y al regreso éste le pidió los 300.000 dólares al empresario Etchebest. Las cosas no sólo están grabadas, sino que D’Alessio admitió haber pedido el dinero. Además, cobró 14.700 dólares en dos pagos, uno en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero y el otro en la confitería Selquet. Está constatado que el celular del que vienen y al que van los mensajes es el de Stornelli. Solo falta el informe oficial incorporado a la causa. Un dato asombroso es que, según parece, hay un mensaje del 11 de febrero de D’Alessio a Stornelli ofreciéndose a defenderlo ante el escándalo. El caso explotó el viernes 8 de febrero, es decir que seguía habiendo diálogo entre el falso abogado y el fiscal aún tres días después. D’Alessio le habría propuesto presentarse en la Cámara Federal para desvincularlo del caso. Esta semana también se conoció que el falso abogado declaró dos veces ante Stornelli de manera irregular, a principios de noviembre, en la causa por la compra de Gas Natural Licuado. El fiscal no tenía delegada la causa de manera que correspondía que D’Alessio declare ante el juez, no ante el fiscal. Y lo hizo en un momento clave: habían usado ese expediente para detener a Julio De Vido y Roberto Baratta, pero ocurrió que la pericia que era base de la causa resultó falsa y fraudulenta. D’Alessio fue a llenar ese agujero, declarando sobre los seguros y los costos en puerto. Lo grave es que ese testimonio recién se incorporó a la causa el 14 de febrero y es uno de los argumentos que usará este lunes el juez Claudio Bonadío para imputar en ese expediente a

Fuente: Carlos Romero | Revista Zoom Fecha: 20 de FEB 2019 Para el ex juez federal Carlos Rozanski, la situación del Poder Judicial, al que considera un instrumento en manos de Cambiemos, no registra antecedentes desde el fin de la última dictadura cívico-militar: “En ninguna etapa de la democracia argentina, jamás, se ha cometido la cantidad de delitos que esta gente está cometiendo”, aseguró el ex magistrado. Tampoco dudó en calificar al fiscal Carlos Stornelli como “un delincuente” y en atribuirle al juez Claudio Bonadio “la actividad de encarcelar opositores”. Como presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en 2006 Rozanski condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz y en 2007, al capellán Christian von Wernich. En 2016, presentó la renuncia y se jubiló, denunciando una persecución del PRO en el Consejo de la Magistratura, donde avanzaba una causa en su contra por “maltrato laboral”. En la actualidad, es docente en distintas universidades, incluida la de Madrid. Sobre el escándalo en torno a Marcelo D’Alessio, Rozanski aclaró que si bien siempre hubo “chantas que aprovechan (…) para sacarle plata a algún idiota, esto es otra cosa completamente distinta, es una organización criminal”, en cuya cima ubicó al propio Mauricio Macri. “La figura más trascendente de esta red es el presidente, es él quien ha dicho que tenía una lista de 642 personas para mandar en un cohete a la Luna”, subrayó. – ¿Cómo considera la situación del Poder Judicial en el país? – La justicia en Argentina ha hecho un retroceso de más de 40 años, porque tendríamos que irnos a marzo del ‘76 y los años siguientes para recordar alguna situación similar, en cuanto a un Poder Judicial que, en aquella época, aceptó la suspensión de las garantías constitucionales y los derechos esenciales. Este es un gobierno, en principio, elegido democráticamente, pero de inmediato transformado en un verdadero régimen de supresión de derechos, persecución política, cárcel y un nivel de violencia institucional y simbólica no conocido desde la dictadura. Por lo tanto, es altísimamente preocupante la situación del Poder Judicial, porque se está produciendo en un régimen aparentemente democrático, pero alejado de lo que significa el Estado de derecho, y es algo que no estamos adecuadamente preparados para enfrentar. Aclaro que me refiero al sector más reaccionario y recalcitrante de la justicia, no a la totalidad. El resto trata de sobrevivir y algunos hacen un gran esfuerzo para resistir y luchar contra este régimen. – En este escenario, ¿cómo actúan los distintos sectores judiciales? – Desde mi punto de vista, el Poder Judicial tiene tres sectores: uno, pequeño, es sumamente decente, con gente muy preocupada por el día a día, por trabajar bien y cumplir con lo que significa la responsabilidad de integrar un Poder Judicial que decide la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Después, en el otro extremo, hay un sector criminal, porque está integrado por personas que comenten gravísimos delitos. Son los visibles apoyos que tiene este régimen y que se traducen en la actividad de encarcelar opositores, por ejemplo, del juez Bonadio; y la actividad de extorsionar, como es la banda que lleva adelante el fiscal Stornelli. Es un poderoso y muy influyente, pero no deja de ser también un sector pequeño. Entre ambos extremos, hay una franja enorme que es lo que yo llamo “los diletantes”, es decir, jueces y fiscales que van acompañando los momentos políticos sin mayor compromiso. Obviamente, los más preocupados son esa minoría de gente honesta. Los criminales han tenido históricamente y tienen un nivel de impunidad extraordinario. El sector intermedio tampoco tiene mayor preocupación, no son gente que se comprometa como para correr riesgos. Son diletantes pero causan un daño social enorme, porque su forma de actuar termina siendo completamente funcional a esa otra parte de la Justicia que opera como una organización criminal. – En ese mapa, ¿dónde ubica al juez Alejo Ramos Padilla? – Es uno de los jueces federales más decentes que tiene el país. Por eso es tan importante su situación actual. Es necesario fortalecerlo ante el avance de los ataques que seguramente va a seguir recibiendo y cada vez mayores. – ¿Lo sorprendió lo ventilado en la denuncia contra Stornelli? – A la gente interesada por la actualidad, no la puede sorprender de ningún modo. En primer lugar, porque el fiscal Stornelli es un delincuente, es un hombre que comete delitos. En este caso, el que se denunció no solo es gravísimo desde lo institucional sino que además muestra el nivel de impunidad con que se manejaba. Incluso las respuestas parecen una burla. Burla en cometer los delitos pero también en descalificarlos. Hablamos de delitos ejecutados desde el Estado y no creo que los mandos terminen en Stornelli, creo que hay muchos socios y, además, superiores. Desde el Estado y con ese nivel de crueldad, se recaudan millones de dólares en una operación tan tremenda, que de todos modos no es la operación original. – ¿En qué sentido no lo es? – La operación original no es la extorsión, sino la persecución política, en este caso, en cabeza de la expresidenta Cristina Fernández y del resto de los opositores. No la persecución de un partido en particular, sino de todo el arco opositor. Esa era la finalidad y, al lado, la recaudación multimillonaria que generan estos delitos. Es la punta de un iceberg mucho más poderoso que el que terminó destruyendo al Titanic, porque ese iceberg es nada menos que un pedazo del Estado argentino al servicio del crimen. Es algo que deberíamos tomar con muchísima seriedad y creo que hay gente que lo está haciendo, pero se necesitan muchas instancias, especialmente políticas, y también que acompañen aquellos sectores decentes del Poder Judicial que mencionaba antes. El nivel de criminalidad es tan alto que enfrentarlo va a requerir una suma de voluntades de distintos sectores institucionales. – ¿Cómo se llegó a una situación tan crítica? ¿Qué parte es fruto de esta gestión y qué responde

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 10 de FEB 2019 El lunes 18 de julio de 1994 a las 9.53 estalló una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en lo que es considerado el más brutal atentado que sufrieron civiles en nuestro país luego del bombardeo de Plaza de Mayo del ’55, al cual las crónicas oficiales —inexactas— le atribuyen 308 víctimas. En el atentado de la AMIA murieron 85 personas. Pocas horas después, “el primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al gobierno argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994”.   Comenzó entonces una historia que lleva casi 25 años y que debería avergonzar al Poder Judicial argentino y a buena parte del poder político. En enero del 2013, luego de 19 años sin avances sustanciales en la causa AMIA, la Argentina suscribió un Tratado de Entendimiento con Irán, para obtener, finalmente la declaración de los iraníes imputados por el Poder Judicial argentino de haber participado en ese atentado, que a la fecha permanece sin resolver. Dicho Memorándum fue aprobado por ley en el congreso argentino. Luego fue declarado inconstitucional. El gobierno de Mauricio Macri no apeló la inconstitucionalidad y por lo tanto la misma quedó firme. El Memorándum con Irán, jamás entró en vigencia. Esta es la historia de la infamante causa judicial que surgió a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, en la que acusó a Cristina Fernández de Kirchner, a Héctor Timerman (foto principal) y otros funcionarios y dirigentes sociales argentinos de haber utilizado ese Memorándum como herramienta para encubrir a los responsables del atentado. Esta es la quinta nota de la serie, donde intento contar la historia de la causa judicial que se inició con la denuncia de Nisman. Y también es la historia de uno de los hombres que sufrieron esa causa en carne propia. Se llamaba Héctor Timerman. Junto con Alejandro Rúa, fuimos sus abogados en esa causa. ………………………………….. El Memorándum con Irán se firmó el 27 de enero del año 2013. Y desató el infierno. A decir verdad, las primeras llamas se habían presentado antes de su firma, en el contexto de las reuniones técnicas que se habían acordado para encontrar la solución a la controversia entre funcionarios argentinos e iraníes. La controversia era —y continúa siendo— que la ley argentina exige que sean los funcionarios judiciales argentinos quienes interroguen a los imputados. Sin esa indagatoria la causa no puede avanzar. Por su parte, Irán no concede la extradición de sus ciudadanos. En 2012, la causa llevaba ya 18 años en punto muerto. Los equipos técnicos de ambos países discutían cómo hacer posible la declaración de los imputados iraníes. En dicho contexto, la AMIA y la DAIA solicitaron al fiscal Nisman que “toda vez que dichos acercamientos, o reuniones, podrían eventualmente llevar confusión a las autoridades de Interpol, encargadas de efectivizar las capturas ordenadas en el sumario… evalúe, a los efectos que pudiera corresponder, si deviene necesario hacer saber a las autoridades (locales e internacionales) de Interpol y de manera clara e inequívoca, que dichas capturas oportunamente ordenadas siguen plenamente vigentes y con todo su vigor”. También solicitaron que el fiscal evaluase si correspondía ratificar la plena vigencia de las alertas rojas. Dijeron también que rechazaban “la AMIA, de la DAIA e incluso de un grupo mayoritario de Familiares de las Víctimas del atentado, la intención del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de procurar un acercamiento, negociación, acuerdo o como corresponda llamarlo, justamente con las autoridades de la República Islámica de Irán, país que, en todas y cada una de las resoluciones antes aludidas, ha sido sindicado como responsable último (a través de altos funcionarios de gobierno) de decidir, planificar y ejecutar el atentado”. Hay que señalar que aun no estaba redactado el texto del Memorándum y tanto la AMIA como la DAIA reprochaban ya que la Argentina procurase un acercamiento, o acuerdo con Irán. Pese a que era esa la única forma de permitir el avance efectivo de la causa por el atentado a la AMIA. También solicitaron que Nisman “libre oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de que informe —aún con carácter reservado si ello fuera estrictamente necesario— del trámite y resultado —aún parcial— de los encuentros mantenidos entre funcionarios de dicha dependencia y sus pares iraníes”. Nisman denegó todos los pedidos de la DAIA y la AMIA, salvo el de solicitar a la Cancillería que informase sobre el avance del trabajo de los equipos técnicos. La respuesta de la Cancillería llegó inmediatamente e informó que “embajadores de esta Cancillería integraron la delegación, junto con la Procuradora del Tesoro de la Nación, que mantuvo tres reuniones de trabajo con representantes de la República Islámica de Irán, en Ginebra”. Y que “durante las mencionadas reuniones las delegaciones trabajaron en el propósito de explorar un mecanismo legal que no esté en contradicción con los sistemas legales de Argentina e Irán en los puntos fijados por los cancilleres de ambos países en el comunicado conjunto del 27 de septiembre de 2012, en los márgenes del 67° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU”. Por supuesto, se hizo “saber al Sr. Fiscal General que tratándose de un proceso de negociación diplomática entre Estados las partes han acordado mantener reserva de su contenido mientras dure el mismo”. Lo que fue tenido presente por el fiscal Nisman e informado a las querellas (hojas 132.822 y 132.823). Luego de esa respuesta de Cancillería, la DAIA y la AMIA insistieron en que se le tomase “declaración testimonial a los funcionarios que, según esa información, habrían participado en las reuniones con los funcionarios iraníes”. Y el fiscal Nisman no concretó esa convocatoria, teniéndola presente. ¿Por qué la

Fuente: Irina Hauser | Página 12 Fecha: 10 de FEB 2019 “En un comienzo pensé que (Marcelo) D’Alessio actuaba por su cuenta, pero después me convencí de que hablaba en nombre del fiscal (Carlos) Stornelli”, le dice a PáginaI12 el empresario agropecuario Pedro Etchebest, el hombre que denunció una extorsión y pedido de coima para quedar a salvo en la causa de (las fotocopias) los cuadernos, de la que se considera totalmente ajeno. En esta entrevista cuenta cómo fue abordado por el abogado que se dice agente de la DEA y se jacta de colaborar con Stornelli. “Me fue coaccionando y metiendo miedo”, relata Etchebest. “Podrán decir que es una operación o lo que quieran, pero todo lo que volqué en la denuncia es fehaciente y exacto”, alude a las grabaciones, capturas de pantalla, mansajes, fotos y filmaciones que tomó él mismo, incluso cuando estuvo en Pinamar, por un encuentro gestionado por D’Alessio donde tomó imágenes de él y el fiscal. “Si a mí o a mi familia nos pasa algo, los responsables van a ser ellos”, enfatiza, ya lejos de la Ciudad de Buenos Aires, en busca de resguardo. –D’Alessio dijo públicamente, en algunas entrevistas, que fue usted quién lo contactó a él. –No es así, él me mandó un mensaje el 28 de diciembre a las 14 horas. Hacía más de dos años que no lo veía ni  tenía contacto con él. Yo me estaba preparando para viajar a ver a mis nietos. Me manda un mensaje que dice algo así como “Buen año Pedro, Dios te ha puesto en mi camino estoy en el lugar indicado”, ese era el concepto. Todo esto está en los whatsapp que entregué a la justicia. A partir de ahí empieza el calvario, cuando me dice “tema Campillo” (por Juan Manuel Campillo, ex funcionario de la Oficina Nacional de Control Agropecuario, que se convirtió en arrepentido en causa de los cuadernos). Le pregunto si lo puedo llamar para entender de qué se trataba. Entonces me empieza a decir que Campillo me había involucrado en su declaración, porque quería salir de la cárcel. Que había dicho que yo trabajaba con él, y que era el cajero. Esa primera conversación no la grabé porque no tenía ni idea de qué se trataba. –¿Pero usted conocía a Campillo? –Lo conozco desde fines de 2016, antes de eso no lo había visto ni una vez. D’Alessio me estaba hablando de 2011. Decía que me involucraba a mí. ‘Yo te voy a sacar de ese expediente’, cosas así me decía. Me quería hacer creer que me estaba ayudando. Le dije que estaba sorprendido, sobre todo porque no tengo nada que ver con esa causa. Y me dice que no es una cuestión de ser responsable o no, sino que el hombre tenía que salir de la cárcel y a alguien tenía que acusar. Insisto en que es una farsa, una mentira. Me dice que, bueno, que esa así, la prueba diabólica o algo por el estilo. Esa fue la primera conversación. Ese día me contacté con mi abogado y le comenté la situación. Le muestro la foto de D’Alessio y me dice que es un extorsionador serial, que no le de bolilla pero que grabe todo lo que hablábamos. Me dijo que esa iba ser mi salvación. –¿Y cómo es que usted tenía tanta confianza con D’Alessio, de dónde venía la relación? –Lo conocí en 2013. Tomé un café con él por un amigo, cuando estaba en Enarsa. En 2014 cuando justo alquiló una oficina debajo de donde yo alquilaba la mía, en Alicia Moreau de justo 1150. El estaba en el segundo piso, yo en el cuarto. Me vuelvo a encontrar ahí con él, como vecinos. Nos empezamos a ver más. Cada tanto subía. Yo no sabía mucho de él ni de sus vínculos. Sí lo había visto en televisión, donde hablaba con grandilocuencia. Me llamaba la atención porque no me había dicho que sabía de seguridad y drogas. Lo tenía como un abogado común. –¿En algún momento usted supuso que podían vincularlo con “los cuadernos”? –Jamás, yo qué tengo que ver. Tengo un campo chico donde se producen frutas, frutas orgánicas en Sierra de los Padres. –¿Y qué pasó después del primer llamado el 28 de diciembre? –Desde entonces se comunicaba todos los días. Yo le contesto. Son muchos diálogos.  Hasta el día 7 de enero, que viene Buenos aires. En toda esa conversación que teníamos había me fue coaccionado de manera sutil. Me fue metiendo miedo. A mí y a mi familia. Me decía: ‘Yo te voy a salvar, pero no te olvides de que esta persona te puede hacer mucho daño. Y te va a hacer responsable de algo que no hiciste’. Porque así opera, me insistía. ‘Yo te puedo cambiar por otra persona que este hombre tiene que entregar’, decía. –¿Precisó cómo era la relación con Stornelli?   –Me decía que trabajaba con él, que el fiscal era su jefe. Tal es así que me mandaba las capturas de pantalla de lo que dialogaban. Pero lo que me quitó el sueño fue el día que me mandó una captura en la que él decía: “de este sujeto Pedro, yo me ocupo”. Que estaba bajo control de él. Hasta ese momento, para mí era todo una farsa. Que no debía ser verdad, que me querían sacar dinero. En un comienzo pensé que D’Alessio actuaba por su cuenta, pero después me convencí de que hablaba en nombre del fiscal Stornelli. –¿Qué lo convenció, además de aquel mensaje? –Quizá el viaje a Pinamar y algunos detalles que no puedo decir porque la causa está bajo secreto de sumario. Cuando me dice ‘vení conmigo que vamos a ir a ver a este hombre’ yo no le creía. Me dijo que me pagaba un remís hasta su casa, en el barrio Saint Thomas creo que es. De ahí partimos y tuvimos una conversación extensa durante todo el viaje. Para convencerme me había mandado la declaración de