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Fuente: Adrián Murano | TiempoAr Fecha: 29 de JULIO 2017 Con un documento histórico y rotundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio 15 días al Estado argentino para que Milagro Sala salga de la prisión de Alto Comedero, donde lleva más de un año privada de su libertad. El documento retoma la investigación que un grupo de trabajo de Naciones Unidas realizó en Jujuy. La cautelar hace referencia a esa tarea, convalida sus conclusiones y exige la liberación de la dirigente social. «El Estado Argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales, se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata», dice el artículo 45 de la medida cautelar. La contundencia de la resolución obligó al gobierno a desplegar toda su artillería mediática para manipular los hechos a gusto y necesidad. A través de sus medios afines, el macrismo buscó imponer que «la CIDH recomendó que Milagro siga presa, aunque en su domicilio» (Clarín) y «que pase a prisión domiciliaria» (La Nación). Ambas afirmaciones son falsas. Al tratarse de una medida cautelar, la resolución no aborda la cuestión de fondo —si Milagro está bien o mal detenida—, sino las consecuencias físicas y psicológicas de los apremios que sufre desde que está en prisión. En ese sentido, la resolución detalla los abundantes indicios de maltrato y llega a un desenlace implacable: “La Comisión concluye, al valorar la integralidad de la situación planteada desde el estándar de prima facie, que el requisito de gravedad se encuentra cumplido, al encontrarse en riesgo los derechos a la integridad personal y a la vida de la señora Milagro Sala.» Es por esa situación de riesgo que la comisión insta al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad» de la dirigente. Lejos de ser una recomendación, como sugirió el gobierno de Cambiemos, la comisión describe algunas «medidas alternativas a la prisión preventiva» que el Estado podría adoptar para cumplir con la resolución. Una es el arresto domiciliario. Otra, «que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica». En ningún párrafo del documento la CIDH recomendó que «Milagro siga presa», como inventó el periódico ultraoficialista Clarín. En efecto, en el punto 48.6 la CIDH considera que el hecho de que Milagro «continúe privada de su libertad» a pesar de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, «constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social». O sea: la CIDH cree que hay elementos para considerar que Milagro es una presa política. Como se consigna en el documento, Milagro fue apresada el 16 de enero de 2016 por realizar una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. En las formas, la orden de detención fue emitida por un fiscal. Pero la decisión fue del entonces flamante gobernador, el radical Gerardo Morales, que acumuló volúmen político aplastando a una de las líderes sociales más potentes y, por lo tanto, odiadas por el establishment local. Miembro pleno de Cambiemos, Morales forjó su autocracia al amparo del Ejecutivo nacional: destruyó la obra de la Tupac, cooptó organizaciones sociales, nombró jueces adictos y sembró un régimen que domestica a base de billetes y persecución judicial. Los atropellos de Morales recibieron el repudio de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos del mundo, como Human Right Watch y Amnesty International, quienes identificaron a Sala como una presa política. El informe de la CIDH hace una referencia en la misma dirección: «La Comisión ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición». Argumentos similares expusieron, en octubre pasado, los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de «arbitraria» la detención de Milagro Sala. Fiel a su estilo pendenciero, Morales replicó con una provocación: «A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana. Si los organismos afirman que se viola un derecho, lo que tendrían que hacer es actuar inmediatamente, deberían venir con premura», dijo Morales. Los organismos tomaron el consejo. Delegaciones de la ONU y la OEA estuvieron en Jujuy, comprobaron las condiciones de detención de Milagro, revisaron expedientes y emitieron documentos que detallan el hostigamiento del régimen y piden el cese de la detención. A conclusiones idénticas llegó la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien hace ya tres meses remitió a la Corte Suprema un dictamen donde solicita que se deje «sin efecto» la detención de la dirigente, a la que calificó de «ilegal». Atenta a los intereses políticos del gobierno, la Corte mantiene en suspenso su decisión. En los hechos, esa dilación prorroga el «hostigamiento» que pone en riesgo la «vida y la integridad» de Milagro, según las propias palabras de la CIDH. La resolución de la comisión, sin embargo, podría empujar a la Corte a tomar una decisión, para no quedar expuestos como cómplices de atropellos que suman repudios en el mundo. El gobierno espera, también, que la Corte resuelva el asunto para reducir el costo político que puede sufrir frente a sus fanáticos. Esa fracción de oficialistas, guiada por el odio anti K, considera que las acusaciones contra Milagro son caso cerrado y cree que está «bien presa». Los propios Macri y Morales alentaron esa demonización, que contradice el principio de presunción de inocencia, para hacer uso político de «la grieta» y debilitar a las organizaciones sociales. Si la Corte resolviera que Milagro debiera cumplir prisión domiciliaria, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro: mantendrá detenida a una de las dirigentes que más detesta, pero podrá decir que cumplió con la

Fuente: Aram Aharonian* | Nodal Fecha: 28 de JULIO 2017 Finalmente, el gobierno macrista avanzó contra el único director opositor del Banco Central, el jurista Pedro Biscay y el miércoles 27 de julio oficializó su remoción por “mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Obviamente, el objetivo de su salida forzada fue la de silenciar e invisibilizar su opinión sobre la política monetaria y cambiaria, la que había cuestionado públicamente por su alto nivel de endeudamiento en detrimento del empleo y desarrollo económico con equidad social. “No están dispuestos a tener una voz crítica en el directorio del banco”, afirmó Biscay. La remoción de Biscay refleja la falta de pluralismo y las actitudes antidemocráticas del gobierno de Macri, que en plena campaña para elecciones parlamentarias, el día antes había perdido una dura batalla en el Congreso al no lograr la expulsión del diputado Julio de Vido, exministro de Planificación del gobierno kirchnerista. Pensamiento único, mensaje único El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El mismo, elimina el imprescindible control social democrático de una entidad clave para la sociedad, como es el banco Central y es interpretado por los analistas argentinos como una muy seria persecución política e ideológica La decisión contiene falsedades y refleja el autoritarismo con que se maneja Macri y su gabinete. En la Reserva Federal de EEUU y en los bancos centrales europeos, los Directores hacen públicas sus opiniones, muchas veces disidentes respecto a las políticas a seguir. El mal desempeño no es de Biscay sino de quienes con sus políticas a partir de diciembre de 2015 han aumentado la inflación , provocando inestabilidad monetaria y financiera, generando una recesión, aumentado el desempleo y la exclusión social, en abierta violación al artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, señaló el anterior presidente del mismo, Alejandro Vanoli. Precisamente, el ministro Dujovne informó a la Oficina Anticorrupción que posee un patrimonio de 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones están afuera del país, pero pareciera no tener interés en retornarlos, en medio del “clima de confianza” que según él impera en la Argentina a partir de las políticas macristas. El 10% de su patrimonio (alrededor de 600 mil dólares), dice la Agencia Paco Urondo, son ganancias de su compras de dólar a futuro y las devaluaciones producidas por su gobierno.. Biscay, abogado de 38 años, había sido designado en agosto de 2014 por el Congreso y tenía mandato hasta 2019. Acallando a Biscay, el gobierno pretende tener una voz monocorde (un mensaje único) . “Mala conducta tienen aquellos que no defienden los destinos de la patria”, afirmó Biscay, quien sostuvo que “no hay pruebas que determinen el mal desempeño”. Anteriormente, el jurista fue coordinador del área Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es reconocido como uno de los más serios expertos en la materia en Latinoamérica. Biscay —único Director en ejercicio elegido por el Senado de su país y con un mandato hasta septiembre de 2019— adelantó que iniciará una demanda por entender que “hay una interferencia manifiesta de la independencia del Banco Central” donde dijo que “la gestión del presidente del Central (Federico Sturzenegger) es totalitaria”. El gobierno acusó a Biscay de realizar “afirmaciones que ponen en riesgo los objetivos establecidos” en la Carta Orgánica del Banco, “particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas”. En los últimos meses, el abogado había publicado una serie de artículos en los que analizaba la política económica y monetaria del gobierno y advertía la posibilidad de una crisis, que vive ya el país, cuando el valor del dólar alcanzó su máximo histórico y la inflación sigue avanzando. “Esta situación demuestra que el país atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democráticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepción, donde la ley deja de ser la pauta de actuación de los servidores públicos. Y pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurídicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrática”. El poder fáctico local se subordina al gobierno global de las multinacionales. No admite oposición parlamentaria o en algún organismo del Estado; la aspiración del gobierno es avanzar en una nueva enajenación de empresas públicas de carácter estratégico, entre ella la industria satelital y nuclear. ¿También van a sancionar a la OCDE? El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los firmantes de la destitución, señaló que “no hay ninguna cuestión rara, con lo cual no hay ninguna razón para la victimización que tanto les gusta”. El presidente de la comisión de Finanzas de Diputados, el macrista Eduardo Amadeo, aseguró que “la libertad de expresión es absoluta”, y señaló que el ex funcionario fue “extremadamente imprudente” con sus declaraciones: “Habla de crisis todo el tiempo, del dólar, ha sido extremadamente imprudente”, aseveró. El propio Peña sería responsable por no denunciar oportunamente las expresiones “poco prudentes” de Biscay, ya que así lo establece clara,mente la ley 25.188 de ética pública y sus normas complementarias. Es Peña quien pone en evidencia que la críticas hechas por Biscay son veraces y no sus falsas repetidas afirmaciones de que “no hay nada que preocuparse” con la escapada del dólar en los últimos días. El reconocimiento público de Peña es que han sido “muy sensibles” las críticas hechas por el removido funcionario ya que “Argentina que tiene tanta memoria de las crisis, la gente siempre está mirando el dólar y las tasas de interés”, Si el decadente funcionario está tan seguro de la “excelente” gestión de Sturzenegger al frente del Banco Central. ¿por qué teme tanto a las opiniones

Fuente: Mariana Escalada & Agustin Ronconi | El Disenso Fecha: 28 de JULIO 2017 Título completo: Macri a cada reunión que va se encuentra con un delincuente: en Misiones se fotografió junto a un narco condenado Macri se fotografió junto a un traficante de droga en Misiones. En esta investigación exclusiva de El Disenso te contamos junto a quien sonríe Macri en la foto que ilustra esta nota. Se trata de Carlos Patricio Vedoya, condenado por tráfico de estupefacientes a 6 años de prisión por la doctora Badaro, pero Vedoya también estuvo involucrado en el doble homicidio de El Acuerdo junto a su hermano Patricio, y el tiroteo de Cocomarola entre otros delitos. Hoy Macri estuvo en Misiones y aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a referentes locales. Luego del escándalo en Tucumán donde compartió escenario y presentó como “ejemplo” y “referente de la juventud” a Agustín Romano Norri, denunciado por acoso sexual y que ese mismo día realizó escandalosas declaraciones respecto a Eva Perón a quien trató de “puta” arengando “Que viva el cáncer», hoy en Misiones se encontró con un traficante de estupefacientes que fue condenado a prisión por 6 años y que estuvo imputado y detenido por un doble homicidio. En la causa caratulada: “VEDOYA, CARLOS PATRICIO Y OTROS S/TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES”, Expediente Nº 301/04, Carlos Patricio Vedoya, comerciante y ganadero, fue condenado por la Jueza Lucrecia M. Rojas de Badaro a la pena de 6 años de prisión y el pago de una multa de $500 por haber sido encontrado culpable del delito de transporte de estupefacientes. En esa oportunidad, Vedoya, que viajaba junto a Jorge Ayala, Rodolfo y Ricardo Caferatta, fue detenido en la ruta provincial 41 de Corrientes por Gendarmería, que comprobó que en la camioneta Ford F-150 transportaban 20 kilos de marihuana. Al pedirle los oficiales que abrieran los bultos en la caja, Vedoya, que estaba al volante, se dio a la fuga pero fue interceptado y detenido por los uniformados. Los investigadores trabajaron sobre la hipótesis de que la marihuana secuestrada se cargó en la estancia de los Vedoya en el límite con Misiones. Carlos Patricio Vedoya ya había estado involucrado en el tiroteo de Avenida Cocomarola en Posadas, donde resultó herida una transeunte que pasaba por el lugar. En esa oportunidad fue el juez José Luis Rey quien indagó a Vedoya por los delitos de “abuso de armas en concurso con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego». Respecto al doble homicidio de El Acuerdo, es un hecho reciente que aún se encuentra investigándose pero el 13 de mayo pasado, el juez Fernando Luis Verón, dictó la prisión preventiva para Martín Vedoya, hermano de Patricio, sospechado de haber tomado parte en el doble homicidio de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra, ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2016. Patricio Vedoya fue imputado y detenido por el doble crimen de El Acuerdo en diciembre pero luego la causa fue avanzando y de acuerdo a declaraciones del propio Vedoya, el juez Verón considera que su hermano Martín es el ideólogo del crimen. El pasado 27 de junio, Vedoya asumió como nuevo presidente de Guaraní, equipo de fútbol de Misiones. Durante la visita de Macri, el helicóptero presidencial utilizado partió desde la cancha de Guaraní y Vedoya ofició de anfitrión del primer mandatario. Al papelón de haber compartido escenario y presentado como “ejemplo para la juventud” a Romano Norri en Tucumán, y al escándalo de la narcoreferente misionera de la juventud del PRO detenida con 5 kg de cocaína en Brasil, ahora se suman las fotos con Vedoya. Links relacionados: Macri compartió escenario con referente de Cambiemos denunciado por acoso que hoy dijo que “Evita es puta” y “Viva el cáncer” Para Duran Barba con cariño: detienen a referente de Cambiemos por narcotráfico

Fuente: Irina Hausser | Página 12 Fecha: 24 de JULIO 2017 El fiscal Delgado impulsa una causa penal para investigar si se hizo o no el sorteo para nombrar al juez Irurzun en la Dirección de Captación de Comunicaciones. Una semana antes ya había trascendido quién sería designado. Como buen organismo de espionaje, la Dirección que se ocupa de las escuchas telefónicas está cargada de misterios, que se multiplicaron desde el día uno en que pasó a ser controlada por la Corte Suprema. El fiscal Federico Delgado decidió impulsar una investigación penal para determinar si fue trucho o ni siquiera se hizo el sorteo del titular de esa dependencia, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal. El dictamen de la fiscalía imputa a los jueces supremos que firmaron una acordada con esa designación –que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– y al secretario general de administración, Daniel Marchi, que aparece como fedatario. Se basa en una denuncia que hizo el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en función de una nota publicada por PáginaI12 el 20 de junio último, que revelaba que en el expediente sobre la oficina de escuchas no hay ninguna constancia ni acta de que se haya hecho el sorteo, que es obligatorio según el decreto que dispuso el traslado del área desde la Procuración hacia el máximo tribunal, y que se debe hacer entre las decenas de camaristas federales de todo el país. Hasta hubo publicaciones periodísticas previas al menos en dos diarios que anunciaban que el camarista “sorteado” para el cargo iba a ser Irurzun. Delgado también quiere investigar la prolongación por un nuevo decreto del mandato del mismo camarista, que en un comienzo duraba un año y cuando se le estaba por vencer pasó a durar tres, lo suficiente como para acompañar al gobierno de Mauricio Macri hasta el final. Delgado señaló en su requerimiento que se debe analizar si hubo una falsedad de documento público, ya que el texto de la acordada en la que los jueces supremos nombraron a Irurzun como titular de la llamada Dirección de Captación de Comunicaciones (el 15 de febrero de 2016) dice que lo hicieron por sorteo, pero no especifica qué mecanismo se usó (puede ser con bolillero o un sorteo informático, como se hace por lo general con las subrogancias), ni hay acta adjunta que acredite su realización, y en el máximo tribunal las fuentes consultadas por este diario no tienen noticia de que se haya hecho. El fiscal pidió una serie de medidas iniciales básicas, desde la incorporación al expediente de todos los decretos vinculados con la creación y el funcionamiento de la Dirección de escuchas, las notas de La Nación y Perfil que anuncian la designación de Irurzun el fin de semana previo a que se concretara el supuesto sorteo, los elementos que puedan acreditarlo y la declaración de empleados y funcionarios de la dependencia a cargo del tema. La que suele ocuparse de los sorteos y de la implementación de nuevas estructuras es la Secretaría de Administración, que conduce el contador Marchi, hombre de máxima confianza de Lorenzetti. Parrilli presentó la denuncia en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, porque allí tramita la causa donde se investiga el origen de las filtraciones públicas de sus comunicaciones telefónicas, algunas con Cristina Fernández de Kirchner y otras con funcionarios que lo acompañaban en la AFI, como Juan Martín Mena. Fueron todas intervenciones telefónicas que se hicieron durante la nueva gestión en la central de espías, a cargo de Gustavo Arribas, y desde que pasaron a la órbita de la Corte Suprema. Unas se hicieron en un caso de supuesto encubrimiento del narco Ibar Pérez Corradi y otras, previas, fueron parte de una “precausa” iniciada por la propia AFI con la pretensión de verificar si Parrilli se había llevado material del organismo de inteligencia. Esta escucha se hizo apenas asumió Arribas y mientras el área de intervenciones pasaba a la Corte. Duró cuatro meses pero la jueza María Servini de Cubría cerró el caso, y después empezó la de la causa de Pérez Corradi a cargo de Ariel Lijo. Ninguna de esas conversaciones arrojó nada de interés penal, sólo una pintura de la vida privada del ex funcionario y sus diálogos en confianza con la ex presidenta que fueron mostrados por algunos medios. Frente a la nueva denuncia de Parrilli por Irurzun y los decretos de escuchas, Canicoba Corral prefirió mandar a abrir una nueva investigación. El sorteo informático lo designó a él mismo, junto con el fiscal Delgado. Poder concentrado Durante muchos años, la dependencia que manejaba las escuchas telefónicas perteneció a la ex Side y era conocida como la Ojota (Oficina de Observaciones Judiciales). Su función siempre fue técnica: es el lugar donde se registran las conversaciones, en los casos de delitos que requieren rápida acción se siguen en directo (como con los secuestros extorsivos) y todo se graba en CDs. Las intervenciones sólo se pueden hacer con la orden de un juez o jueza y por el tiempo que éstos determinen. En ocasiones, alguna fuerza de seguridad colabora con la toma de las escuchas o su desgrabación, según indica el juzgado. Pero esa es su única actividad: grabar, horas. Cuando se perfilaba la sanción de un código procesal acusatorio que daría facultades de investigación más fuertes a los fiscales y mientras se reformaba la ex Side, las escuchas fueron mudadas a la Procuración. Con el desembarco de Macri, un decreto las sacó de la órbita de Alejandra Gils Carbó y las mandó a la Corte. Desde que se hizo el traspaso curiosamente empezaron a trascender episodios de espionaje político. Aquel decreto decía que el organismo estaría a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, a designar por sorteo, y señalaba que duraría un año en funciones, sin chances de renovar hasta pasados cinco años. Este año, cuando se estaba por vencer el mandato de Irurzun el

Fuente: Roberto Caballero | TiempoAr Fecha: 15 de JULIO 2017 El modelo oficial no cierra sin represión. El conflicto social ya no es incumbencia del Ministerio de Trabajo, no con este gobierno, sino del Ministerio de Seguridad. Lo que pasó en PepsiCo pasó antes con los trabajadores de Cresta Roja, en la Carpa Itinerante de los docentes, en la 9 de Julio contra el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala y en distintas provincias contra los empleados públicos. Nada de esto puede separarse, tampoco, de la intervención de varios sindicatos y de la criminalización de algunos de sus dirigentes, como ocurrió hace poco con los Canillitas. Pero no son excesos. Se trata de una política. La de sumisión o palo. La Argentina de Macri pretende rebajas salariales directas o indirectas. Directas, con paritarias con techo por debajo de la inflación de las góndolas. Indirectas, con flexibilización laboral presentada como aumento de «la productividad». La desocupación de dos dígitos es funcional a este fenomenal ajuste de los ingresos. Disciplina a los que viven de su trabajo, porque los obliga a elegir entre sueldos miserables o la intemperie de la calle. Atrás quedó el reclamo por el Impuesto a las Ganancias, parte de la airada agenda sindical contra el gobierno de Cristina Kirchner: hoy las protestas son defensivas, en un contexto de deterioro creciente de las condiciones de vida, donde la discusión es por el monto indemnizatorio o la cantidad de puestos de trabajo que se resignan. Para los que no se alinean con estos objetivos existe, de mínima, el despido o el gas pimienta; de máxima, la bala de goma, el palo o, peor aun, el celular policial. No es lo mismo un gobierno neoliberal que otro que desafía las desigualdades del mercado. Nunca lo fue. La lección actual, para algunos, es áspera y angustiante. La memoria de los ’90 quedó paradójicamente sepultada bajo 12 años de distribución positiva de la renta. Este ajuste es hijo de una prosperidad que se suponía eterna. Prosperidad que no era viento de cola, sino fruto de políticas inversas a las que hoy se aplican. Las políticas distributivas y de fomento del empleo generan mejoras del ingreso, consumo interno, condiciones de trabajo en alza y también fortalecen la organización sindical. Actuar al revés, es decir, desatarle las manos al mercado, replegar al Estado en su rol regulador de las voracidades empresarias y naturalizar los despidos y la precarización, como se hace hoy, produce todo lo contrario. Es lo que estamos viviendo. Y todavía falta más. Si Cambiemos gana en octubre, lo que vimos hasta ahora será apenas el prólogo a un calvario mayor. Frente a este panorama, la CGT sorprende por su complacencia con las políticas oficiales. Para reclamar por las Ganancias del pasado, sus dirigentes hacían fila para ver quién hacía el discurso más duro frente a los micrófonos. Ahora que todas son pérdidas, parece que pasaron a la clandestinidad. Pero no para seguir peleando por los derechos de sus afiliados, sino para evadir sus responsabilidades de representación. En toda la historia del movimiento sindical existieron etapas de auge y retroceso, muchos pasajes heroicos y también de los otros, dirigentes combativos y entreguistas. El caso de los actuales triunviros de la CGT ni siquiera los pinta como colaboracionistas (que los hay) de un gobierno que ataca a los trabajadores y sus conquistas. Es peor que eso: son turistas del conflicto social. Pasan, ven y siguen de largo. Las violentas escenas en la planta de PepsiCo merecieron un tibio repudio teatralizado del trío Daer, Schmidt y Acuña, un llamado a escribir un documento crítico que vería la luz en dos semanas y, quizá, una movilización para dentro de un mes y medio. Lloverán millones de atriles por los aires antes de que la actual conducción de la CGT decida ponerle un freno al gobierno de Macri. Porque no hay Toscos, ni Ubaldinis, ni Moyanos en ese triunvirato. Sino un frío cálculo político, no asemejable a la cobardía siquiera. Daer, Schmidt y Acuña son los nombres de una estrategia diseñada en las sombras por expresiones electorales que no tienen un modelo alternativo al actual. No son macristas, quizá, por estética, pero en los hechos, los triunviros acompañan a diputados y senadores que le votaron a Macri las leyes necesarias para desplegar su proyecto de exclusión y ataque al modelo sindical argentino. Desgajamientos en capítulos de la coalición kirchnerista original que entró en crisis cuando el kirchnerismo ya no tuvo oportunidades de reelección. El massismo antes, el randazzismo ahora. La comprensión que tienen con Macri, su mirada de turista sobre los asuntos que queman, es producto de un antikirchnerismo táctico que se volvió maniático con el correr el tiempo. De modo cada vez más inexplicable, como hacen Massa o Randazzo, los dirigentes cegetistas tienen más críticas hacia la oposición K que hacia el gobierno neoliberal. La grieta entre dirigencia y representados aumenta, semana a semana. El vigor de la Corriente Federal de los Trabajadores, liderada por Palazzo (bancarios) y Amichetti (gráficos), se explica porque, precisamente, caracterizaron correctamente al gobierno desde el inicio e hicieron una valorización positiva del modelo anterior, aun con sus insuficiencias. Avanzan también las negociaciones de este sector con el camionero Pablo Moyano, que hoy diluye sus críticas al kirchnerismo y acerca posturas con los agredidos por el ajuste. Las dos CTA y los sectores clasistas y de izquierda, pasado el round electoral, muy probablemente confluyan en modo unitario con este nuevo espacio que tendrá un papel central a jugar después de octubre. El trabajo de la Corriente Federal de los Trabajadores es para destacar, en contraste con la inacción de los triunviros. Buena parte de los regionales de la CGT responden a esta línea combativa, abiertamente opositora a Macri. Pocos los saben, pero muchos de sus dirigentes fueron los tejedores del armado de las listas de la Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires, allí donde había grupos peronistas y progresistas que no podían sentarse a dialogar. Esta nueva