Nacionales

Seccion de Noticias

Nacionales, Portada

No hay lugar para el optimismo

Fuente: Carlos Heller | TiempoAr Fecha: 26 de AGO 2018 El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que se pospone por tiempo indeterminado una de las dosis de la vacuna contra la meningitis: «Se acordó priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años hasta contar con la disponibilidad necesaria». Los laboratorios aseveraron que hay stock suficiente para completar el calendario de vacunación. Este es uno de los resultados más dramáticos del ajuste. La vacuna es importada, y con los aumentos del tipo de cambio, el presupuesto queda corto: no cuadra con los números de la planilla Excel del Ministerio de Salud. Las provincias también están recibiendo el ajuste. Tendrán que soportar los impactos directos sobre sus cuentas: la eliminación del Fondo Federal Solidario por unos $ 26.500 millones (medida que el presidente Macri justificó, argumentando que «también los intendentes tienen que hacer un esfuerzo») y la supresión de subsidios al transporte por $ 45 mil millones (que puede implicar aumento de los boletos, con costo también para la ciudadanía). Los funcionarios nacionales dicen, entusiasmados, que con estas medidas ya están resueltos más de dos tercios del ajuste planificado de $ 100 mil millones para las provincias. Pero para las provincias es un verdadero agujero en sus finanzas. Las soluciones que algunos gobernadores y funcionarios nacionales intentan buscar son preocupantes. Una de las que más se menciona es el otorgamiento de un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por unos $ 25 mil millones: una mala opción porque implica reemplazar recursos genuinos por endeudamiento, y porque podría desfinanciar al FGS ante una eventual dificultad de pago de las provincias. Otra de las alternativas es aumentar la base imponible de algunos impuestos, esencialmente ganancias y bienes personales. En este paquete está la idea de eliminar la exención en el Impuesto a las Ganancias para cooperativas y mutuales. No sólo sería un volumen reducido de recaudación (del cual las provincias recibirán sólo la parte de la Coparticipación Federal) sino que sería consolidar un despropósito: las cooperativas y demás entidades sin fines de lucro no tienen ganancias. También hay, como mínimo, desconocimiento: el gobernador Juan Manuel Urtubey propuso que «paguen los sectores que hoy no pagan», pero las cooperativas están sujetas a un tributo específico para ellas, sobre su capital, además de tributar IVA e ingresos brutos, entre otros. Otra eventual decisión que sería injusta. Estos temas se trataron en una reunión de ministros nacionales con 18 ministros de Economía de las provincias. El objetivo fue, según los medios, avanzar en un acuerdo para aprobar el Presupuesto 2019, intentando condicionar la voluntad de los legisladores, lo cual indica una gran debilidad en el respeto a las instituciones de la República. Es a través del Presupuesto 2019 que se tiene que concretar el ajuste, es la base del acuerdo con el FMI, esos $ 300 mil millones que probablemente terminen siendo más, ya que la meta es un déficit fiscal primario del 1,3% del PBI en el escenario base (optimista). En el escenario adverso, el FMI exigiría más esfuerzo: un déficit de sólo el 0,9% del PBI. De esta forma, el ajuste sigue avanzando sobre las necesidades elementales de la población, tanto a partir de los recortes de los ministerios nacionales, como los que deberán implementar las provincias y municipalidades. La profundización del ajuste puede llevarnos a terminar como Grecia, con una gran suba de la deuda pública, de la pobreza, del desempleo: todos estos problemas para llegar a tener un superávit fiscal que alcance para pagar la totalidad de intereses de la deuda que vencen y dejar de endeudarse. Lograr estos resultados fiscales en el caso argentino significaría pasar de un déficit del 1,3% del PBI (pautado con el Fondo para 2019) a un superávit de cerca del 3,5% (el peso que alcanzarían los intereses) en un futuro cercano. Este paso implicaría un ajustazo adicional a futuro de 4,8 puntos del PBI. Números en rojo Los distintos datos económicos que se conocieron en la semana son una colección de malas noticias, tanto desde lo productivo como desde lo financiero. La caída interanual del 6,7% en el Indicador de Actividad Económica (EMAE) de junio es más que significativa, y completa tres meses seguidos de merma. Si bien en el mes de mayo el Indec asoció la totalidad de la caída (5,2%) al sector agropecuario, en julio este es responsable de la mitad de la caída: contribuyen, además, el sector industrial con una reducción del 7,5%, el comercio mayorista y minorista con una baja del 8,4%, y transporte y comunicaciones con una caída del 6,1 por ciento. Es decir, la recesión está afectando, cada nuevo mes, a más sectores. La construcción, por su parte, está frenada. Este nivel de actividad de julio 2018, en términos desestacionalizados (que nos permite comparar meses entre sí), se ubicó un 2,5% debajo del nivel de noviembre de 2015. Las cifras del comercio exterior no brindan mejor perspectiva. Luego de una reducción del déficit en junio de este año, en julio volvió a recrudecer, y se ubicó en los U$S 789 millones, algo superior al del mismo mes del año anterior. Si tomamos el acumulado de los siete primeros meses, se llega este año a los U$S 5867 millones, mucho más alto que igual período del año anterior (U$S 3363 millones). Las tensiones cambiarias no son una novedad, y los datos lo confirman mes a mes. Entre las operaciones financieras que generan egresos de divisas, una de las principales es la «formación de activos externos del sector privado no financiero», más conocida como «fuga de capitales» y que, en su mayoría, muestra las compras netas de dólares de los residentes. En los siete meses del año, este rubro evidenció un rojo de U$S 20.027 millones, y duplicó la salida de igual período de 2017. Julio es el tercer mes en que las inversiones de cartera arrojan saldos negativos importantes en términos netos (entradas

Nacionales, Politica, Portada

Un mes de los cuadernos, sin pruebas sólidas

Fuente: R. Kollmann e I. Hauser | Página 12 Fecha: 26 de AGO 2018 Pese al desfile de arrepentidos, a un mes de la aparición pública de las fotocopias de los cuadernos el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio tendrán que recurrir a la nada misma, en términos jurídicos, para procesar a Cristina Fernández de Kirchner. Fiscal y magistrado dirán que los arrepentidos confesaron que llevaban bolsos con dinero al departamento de la calle Uruguay. El argumento será que esa era una propiedad del ex presidente y la ex presidenta. Fuera de eso quedará poco: que la vieron en pijama, que ella estaba al tanto, o versiones de ese estilo. Está cantado que la defensa responderá cuestionando lo que dicen los “arrepentidos”, dirá que no tienen credibilidad, pero tendrá además como base un hecho testificado también por el encargado del edificio: Cristina no estuvo nunca en el departamento entre 2003 y 2015, el período en el que el matrimonio presidencial vivió en Olivos. Como es obvio, las defensas de CFK, Julio De Vido y Roberto Baratta además señalarán que no integraron ninguna asociación ilícita para enriquecerse –como dice el juez– y la prueba está, según afirman los abogados, en que no se encontró ni una cuenta ni una sociedad ni bóvedas ni dinero ni bienes no declarados. En la medida en que fue avanzando la tramitación del expediente, se siguen planteando los interrogantes. 1 ¿Cuál será la imputación del procesamiento? Como siempre, se utilizará la figura de la asociación ilícita para tapar todos los baches. Una asociación ilícita insólita de la que participan, por ejemplo, el chofer Oscar Centeno y dos presidentes de la Nación. Según lo formulado hasta ahora el objetivo de la asociación ilícita fue recaudar fondos de manera ilegal para enriquecerse. Como es público, los empresarios y funcionarios llegaron a la fiscalía y al juzgado con una consigna simple: si niegan los cargos, quedan presos, si nombran bolsos, valijas, Cristina, Néstor, recuperan o mantienen (según el caso) la libertad. Carlos Wagner, que “confesó” el mayor desfalco de la historia argentina –arreglo de las licitaciones de la obra pública– volvió a dormir a su casa. Los “arrepentidos” Wagner y Uberti acusaron a los Macri por coimas pero en el juzgado no corrieron a allanar ni los domicilios ni las empresas de la familia presidencial. Lo que prima es la política, no la justicia. 2 ¿Cuáles son las cuatro “confesiones”? Una parte de los imputados dijo que aportaron para las campañas electorales, entregándole dinero a Baratta. Alegaron que fueron extorsionados. La contraparte, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete, admitió haber recibido bolsos para gastos de campaña electoral. Se trata, supuestamente de un delito menor, de una infracción electoral. Los segundos “confesos” fueron los directivos del grupo Techint. El “confeso” que más “confesó” es el ex titular de la Cámara de la Construcción, Wagner, quien dijo que arreglaban las licitaciones, decidían quién ganaba, a qué precio y que, a cambio, pagaban coimas del 10 por ciento o más del valor de la obra. La cifra en cuestión sería descomunal: 10.000 millones de dólares. Entre otros, Wagner involucró al grupo Macri, aunque intentó mantener la impunidad de los empresarios porque no especificó en qué obras ni cuánto fueron los sobreprecios que pagaron los constructores. El club de la obra pública, del que siempre se habló, y el delito sería defraudación contra el Estado. La cuarta acusación fue la de Claudio Uberti, el “confeso” que habló de las coimas que pagaron los concesionarios de rutas, unos 150.000 dólares por mes que, según dijo, le entregaba a De Vido y a Néstor Kirchner en persona. Todo indica que el juez procesará a todos, incluso a los que negaron las acusaciones y fueron presos. A los que dijeron que aportaron para las campañas electorales, sin extorsión; a los que probaron que estaban en Estados Unidos cuando Centeno afirma que fue a retirar bolsos o a los que sostuvieron que la oficina no era la suya, todos por igual entrarán en el bondi de la asociación ilícita. 3 El objetivo Cristina Finalmente el procesamiento a Cristina, como en todas las anteriores oportunidades en que Bonadio fue instructor, será como jefa de la asociación ilícita. Según el informe publicado en el Centro de Información Judicial, que monitorea Ricardo Lorenzetti, la organización era dirigida también por el fallecido Néstor Kirchner y Julio De Vido. Entre los arrepentidos hay muy pocas referencias a la ex mandataria. Centeno dijo que “Cristina estaba en Olivos cuando Baratta llevó bolsos” y que incluso la vio una vez en pijama. En otra parte de las fotocopias de los cuadernos, el 6 de mayo de 2013, figura “porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. De Kirchner en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”. No hay precisión de cómo Centeno accedió a lo que se dijo en una reunión en la que no estuvo. Uberti no dijo nada de Cristina, pero se ve que le exigieron que la involucre porque cuando amplió su declaración mencionó que había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Uruguay. El ex funcionario se fue del gobierno en 2007, o sea antes de la existencia de la asociación ilícita (2008–2015), antes de que Cristina fuera presidenta y mucho antes de octubre de 2010, cuando murió el santacruceño. Pero dejó el terreno preparado como para que Bonadio pueda invocar esa anécdota en el procesamiento con el argumento de que ese departamento era del matrimonio. Quien aparece más en el centro de la escena es Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, renunciado en 2009 y que falleció en 2016. Nadie está para corroborar la versión de Uberti o de Ernesto Clarens, el financista, que dice que le entregaba al secretario parte del dinero que le cambiaba a los constructores. Hoy se investiga a la viuda de Muñoz y supuestas propiedades que tendría en

Economia, Nacionales, Portada

Los flanes con crema de Caputo, el secreto de Stornelli y el camino al “plan D”

Fuente:   Alejandro Bercovich | BAENegocios Fecha: 24 de AGO 2018 Criado en la placidez suburbana del La Salle y con un carácter forjado en la exuberancia metálica de Wall Street, los tironeos del ajuste le son completamente ajenos a Luis “Toto” Caputo. Por eso y por la severa crisis de confianza de los mercados que intenta revertir, momentáneamente sin éxito, pidió que no lo molesten con nimiedades administrativas apenas asumió como presidente el Banco Central. Y por eso también se tomó más de dos meses para saludar al personal del banco, una tradición con la que sus antecesores nunca habían dejado de cumplir en sus primeros días de gestión. Esa presentación formal, que finalmente ocurrió el viernes pasado en el viejo hall del banco, lo exhibió más nervioso que aquel día del papelito en el Congreso, cuando tartamudeó al intentar explicar sus tenencias no declaradas en guaridas fiscales. Quizás consciente del malestar que genera entre los empleados y técnicos de carrera el hermetismo de su despacho, Caputo procuró meterse a todos en el bolsillo. Aun a riesgo de caer en demagogias más propias de un populista que de un republicano, anunció la continuidad de todos los asesores de la gestión anterior, negó que vaya a haber recortes y hasta ofreció sus condolencias “a los amigos y compañeros de Ricardo Torres”, un integrante de la Comisión Gremial Interna fallecido un mes atrás. Los delegados del Central retribuyeron ayer el gesto. Giraron una circular a todo el personal donde cuentan que se reunieron con él y que les prometió evaluar todos sus reclamos. Entre ellos está la restitución de los adicionales para la veintena de choferes cuyos sueldos de entre $120.000 y $200.000 mensuales ordenó podar en enero Federico Sturzenegger. Lo que el anterior jefe consideraba injustificable (que los miembros del directorio los tuvieran a disposición las 24 horas del día los siete días de la semana) al actual no le parece tan grave. Ni siquiera cree que deba ser un beneficio exclusivo del directorio o de los funcionarios de alto rango. Incluso concedió a su secretaria y vocera, Yael Bialos, la comodidad de que uno de esos choferes la traslade a diario. Lo de los colegas de Oscar Centeno son monedas frente a los US$ 3.351 millones que el propio Central admitió que se fugaron del país solamente durante julio y frente a los $ 100.000 millones que Hacienda pretende que recorten las provincias durante 2019. Pero en temas de austeridad, para evitar enojos, siempre conviene predicar con el ejemplo. ¿Qué dirán los gobernadores, enfrentados al riesgo de perder sus puestos el año que viene si atienden a rajatabla el pedido de Nicolás Dujovne de deprimir (más) los salarios y recortar servicios? ¿Y los intendentes, que acaban de paralizar centenares de obras pequeñas pero de alto impacto que financiaban con el Fondo Federal Solidario alimentado por las retenciones a la soja? ¿Qué pensarán los preceptores designados por el FMI, Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, si se enteran de que el mismo Banco Central cuyas autoridades les pidieron en secreto el primer waiver (perdón) del acuerdo firmado en junio son así de dispendiosos a la hora de administrar un presupuesto? ¿Aceptarán igual que la inflación va a ser mayor que el 32% y que el crecimiento no va a llegar ni al magro 0,4% previsto en el programa? Plan D Ante financistas y ejecutivos, en un evento organizado por Balanz Capital, Carlos Melconian insistió en advertir la deriva explosiva del modelo. El expresidente del Banco Nación, eyectado del cargo al año de haber asumido en medio de una dura interna con otros economistas cambiemitas, dijo que el “plan B” (el acuerdo con el Fondo) ya se mostró insuficiente para aplacar la crisis. Deslizó que si no alcanza con seguir devaluando, el Gobierno podría adoptar un “plan C” con medidas heterodoxas para intentar contener la demanda de dólares. Todo para evitar un “plan D” que apenas definió como “coerción”, pero que podría incluir un nuevo control de cambios y hasta canjes compulsivos de títulos o depósitos por bonos a mayores plazos. La incertidumbre entre los hombres de negocios es tal que cualquiera de esas opciones aparece como verosímil. Melconian, de hecho, no solo vierte esos pronósticos en esos foros VIP. También comparte cada tanto esas impresiones con el propio Mauricio Macri, quien lo recibe a escondidas de Marcos Peña y de sus archienemigos Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Avatares del ejercicio radial concéntrico del poder. No en todo cambiamos. Lo que ya nadie discute, ni dentro ni fuera, es que las tormentas globales combinadas con un rumbo impreciso y los golpes de timón al capearlas terminaron por hundir al país en una severa estanflación. El año que iba a coronar el “regreso al mundo” acaba de registrar en junio, según informó ayer el INDEC, el desplome interanual de la actividad económica más pronunciado desde la crisis de 2009: 6,7%. Y justo cuando le toca presidir el G-20 y ser anfitrión de los estadistas más poderosos del mundo, Macri terminó por insertar al país en el G-3 de los estados con mayor inflación del planeta, junto a Sudán y Venezuela. Como si ese parentesco con Nicolás Maduro no fuera suficientemente oprobioso, la CEPAL anotó también esta semana a la Argentina en otro selecto club junto a la tierra de Hugo Chávez: el de los países latinoamericanos que van a ver contraer su PBI durante 2018. El tercer socio es Dominica, una isla caribeña semidependiente de Gran Bretaña cuyos habitantes podrían entrar en un estadio de fútbol. ¿Ayudará a disipar tantos temores juntos que Macri haya decidido viajar en persona el mes próximo a reunirse con dos de los grandes fondos de inversión de Wall Street que le cortaron el chorro a Caputo a inicios de este año? ¿No se leerá como una muestra de debilidad, de ausencia del fusible que suelen representar los ministros de Economía? En cualquier caso, mucha alternativa no queda. El viaje relámpago que emprendieron días atrás junto a Mario Quintana los dos hombres de mayor confianza de Caputo, Santiago Bausili y Gustavo Cañonero, fue como hablarles con el corazón. Les contestaron con el dólar a $31. Me

Economia, Nacionales, Portada

Más recursos y mejor distribuidos

Fuente: Martín Mangas * | Le Monde Diplomatique Fecha: 24 de AGO 2018  En Argentina, el sistema universitario público se financia principalmente con recursos que provienen de rentas generales del presupuesto sancionado anualmente por el Congreso Nacional. Por eso, resulta interesante analizar la evolución de los recursos públicos volcados a la educación superior y conocer el impacto distributivo de esas erogaciones. El andamiaje legal e institucional de la educación superior está dado por la ley homónima (sancionada en 1995) que fue producto de las reformas neoliberales propiciadas en el documento “La educación superior: Las lecciones derivadas de la experiencia” del Banco Mundial. La norma posee una concepción mercantilista del conocimiento, niega su valor como bien público social, abre la puerta al arancelamiento y liga los derechos políticos y la ciudadanía universitaria al rendimiento académico. Por ende, el desafío consiste en revertir las nociones de esa ley, y asumir el compromiso de convertir a la educación superior en “un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado”, como la definió la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe celebrada en junio de 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Decimos que es el principal desafío porque transformar en un derecho lo que hasta no hace demasiado tiempo se vivía como un privilegio es mucho más que un giro retórico. Para garantizarlo de manera plena, efectiva y exitosa, se requiere de un despliegue de políticas públicas y de asignaciones presupuestarias acordes y en línea con ese objetivo. En efecto, entre los años 2003 y 2015 existió la decisión política de ampliar el sistema de educación superior –se crearon dieciocho universidades– y de dotarlo de una mayor asignación de recursos (humanos, presupuestarios, tecnológicos), de manera de ponerlo a la altura del desafío. Esos avances se pueden observar con el indicador que mide los recursos destinados por el Estado a la educación superior y universitaria en términos del Producto Interno Bruto (PIB). En 1985 se destinaba el 0,45% del PIB, en 1995 el 0,57%, en 2004 un 0,69% y en 2015 se alcanzó el 1,32%, según los datos que se desprenden de la Cuenta de Inversión producida por la Contaduría General de la Nación. En treinta años se triplicaron los recursos, en línea con la expansión comentada, y con otro aspecto muy decisivo como fue el aumento sistemático, vía negociación paritaria, de los salarios del personal docente y no docente desde 2005 a 2015. En ese lapso, en promedio, todas las categorías tuvieron un incremento del 1.300%. Ese incremento notable del gasto en educación superior tuvo su correlato a fines de 2015 en una reforma parcial de la Ley de Educación Superior, que incorporó tres aspectos clave: la noción mencionada antes de bien público social y derecho humano universal; la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar la igualdad de oportunidades y la prohibición taxativa del arancelamiento sobre los estudios de grado. La aplicación de la nueva ley fue judicializada, por vía de amparos, por algunas universidades y a casi dos años de su sanción, todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. Financiación y gastos La principal fuente de financiamiento de las casas de altos estudios proviene del Tesoro Nacional. Como hemos señalado al inicio, es la asignación que realiza el Estado a partir de la sanción del presupuesto realizada por el Congreso de la Nación. Otro mecanismo de financiamiento lo constituyen los recursos propios que provienen de la venta de bienes y servicios que realizan las universidades. También cuentan, no siempre, con recursos otorgados por el sector público para ser afectados a un fin específico (en general, obras de infraestructura), y por último, lo que se conoce como “economía o ahorro” de ejercicios anteriores, que es una facultad concedida a las universidades para que aquellos créditos presupuestarios no comprometidos al cierre del año puedan ser utilizados en los ejercicios siguientes sin ser devueltos al Tesoro. Existen otras fuentes, como las transferencias externas o el crédito, que representan un aporte marginal. Del total de recursos de las universidades nacionales, la fuente del Tesoro Nacional representa el 85,7%, los recursos propios el 7,6%, los remanentes (ahorros) el 4,9% y todo el resto de las fuentes, tan sólo el 1,8%. En relación a los gastos, la función de producción de los servicios de educación y ciencia y tecnología presenta una alta intensidad en el uso del factor trabajo. Por esa razón, el 74% del gasto se concentra en salarios. Un 13% en los denominados “servicios no personales” que incluyen honorarios, servicios públicos, transporte y seguros, entre otros y los otros gastos de funcionamiento (bienes de consumo, bienes de uso y transferencias) representan el 13% restante. El 91,4% de los salarios se financia con la fuente del Tesoro Nacional. Tanto porque los salarios tienen un peso muy determinante en el presupuesto, como porque su pago se financia casi enteramente con los recursos del Estado Nacional, es tan decisiva la política salarial. Por esa razón, el conflicto abierto por el gobierno de Mauricio Macri en relación a la negociación paritaria del año 2017 tiene en vilo al presupuesto general del sistema universitario y a los ingresos de los más de 130 mil docentes. El impacto distributivo Si bien es evidente que en tamaño y recursos el sistema universitario público creció sostenidamente en las últimas décadas, resulta pertinente conocer el impacto del gasto en educación superior en la población. Algunos economistas consideran al gasto en educación superior como “pro-rico”, porque se distribuye de modo creciente a mayor nivel de ingresos y porque es el que menor fuerza redistributiva tiene dentro del Gasto Público Social. Entonces, para analizar ese impacto, vale la pena considerar tres datos en diferentes momentos, a saber: 1) en un trabajo de Leonardo Gasparini, “La distribución del ingreso en Argentina”, realizado con datos de 1992 y publicado por FIEL en 1999, se muestra que el quintil más pobre participaba en un 8,5% del gasto en educación superior, y el más rico en un 38,4%; 2) en el documento

Nacionales, Politica, Portada

CFK, el fórum shopping y los cuadernos que no son

Fuente: Rodolfo Yanzón | La Tecl@ Eñe Fecha: 24 de AGO 2018 El 22 de agosto pasado el Senado debatió si autorizaba el allanamiento pedido por el juez Claudio Bonadío a las propiedades de Cristina Fernández y el proyecto como “extinción de dominio”. La medida solicitada por el juez no tiene ningún objetivo investigativo ni judicial, sino el exclusivo propósito de cincelar el monstruo diabólico —del que días atrás habló el funebrero Luis Barrionuevo— para exhibirlo por todos los medios de comunicación con miras a las próximas elecciones. Se trata de una acción más en el entramado que se dio en llamar el “caso de los cuadernos”, iniciado a partir de la gestión de un periodista del diario La Nación con el Fiscal Carlos Stornelli –relacionado con Mauricio Macri, Daniel Angellici y Rafa Di Zeo- para introducir irregularmente copias de cuadernos en una causa preexistente. Lo que se conoce como “fórum shopping”, elegir el juez de manera irregular. Y nada mejor que Bonadío, que acumula cinco procesos contra la ex Presidenta y una clara animadversión de la que todos los jueces de instancias superiores se han hecho los tontos. A través de Bonadío, la DAIA y dirigentes del PRO reabrieron la causa por el acuerdo con Irán. Y nadie en su sano juicio podía pensar que no derivaría en procesamientos a granel, entre los que se encuentra el de CFK, además de su pedido de detención por el que pidió su desafuero. Mas allá de que el delito principal de traición a la patria fue dejado de lado por la Cámara Federal al confirmar los procesamientos, habrá un juicio oral en el que CFK deberá sentarse junto a sus consortes de causa, aunque se trate de un juicio condenado a la absolución de los acusados, porque no hubo delito, y todos lo saben, pero también se hacen los tontos para mantener con vida la operación mediática y judicial. Más grave aún es que después de esa causa todo es posible en el mundo judicial mediático, sobre todo si se cuenta con los esfuerzos de Bonadío. Los cuadernos que no existen son una muestra, sobre todo porque Bonadío y Stornelli cuentan con que en lo sustancial sus actos serán confirmados por los camacristas federales. Regresando al debate en el Senado, aunque CFK revalidó títulos con un sector importante de la sociedad que la considera su líder política, hay puntos que CFK no puede, no quiere o se le hace difícil explicar. Al lanzar la pregunta al resto de los senadores acerca de si creían en serio que la cartelización de la obra pública había comenzado en mayo de 2003, CFK reconoció que la cartelización continuó durante los doce años posteriores, ocho de ellos bajo su mandato. Entonces la pregunta es qué hizo por terminar con esos nichos apetitosos de corrupción. Y la segunda pregunta es por qué motivos se mantuvo como ministro del área a Julio De Vido y su equipo, desde el primero hasta el último día kirchnerista (para limitarnos a las preguntas directamente relacionadas con la causa de los cuadernos que no son cuadernos). CFK señaló a los responsables de esa cartelización, entre los que incluyó a los Macri; se refirió a la interna peronista sin dejar de deslizar que unos cuantos jamás llegarían a presidente por el voto popular aunque a ella la partiera un rayo. También recordó la reunión que mantuvieron Stornelli, Macri y su primo Angelo Calcaterra para hablar de los acuerdos espurios preexistentes. Algunos dicen que comenzó su periplo como candidata, reivindicando puntos de su gestión y resaltando sus objetivos políticos para contraponerlos a los del macrismo. Miguel A. Pichetto le dijo que no se preocupara, que iba a poder ser candidata, adelantando la opinión de todo el PJ en cuanto a que no prosperaría ningún pedido de desafuero en su contra. Otros dicen que al macrismo le conviene que CFK continúe en libertad. CFK, como contestándoles, dijo que no era ella el problema del gobierno, sino ellos mismos y sus políticas espantosas. Este cuadro podría alimentar en un sector del oficialismo la idea de trabajar por un escenario con CFK presa (Pichetto tendría la llave), sobre todo si funcionarios como Mario Quintana dicen que es buena noticia la caída del salario real, pero que no se puede anunciar porque los perjudicaría en lo político. A esta altura y según encuestas de los últimos días, Macri perdería en un ballotage con CFK, a pesar de su imagen negativa. El proyecto llamado de extinción de dominio fue modificado y volverá a Diputados. El macrismo insistió en su propio proyecto con fuerte tufo videlista. De hecho, uno de los que habló en el recinto para sostener la postura de su bloque fue Federico Pinedo, quien durante los ochenta y ya en gobierno de Raúl Alfonsín, iba por los programas de televisión reivindicando a la dictadura genocida. La causa de los cuadernos que no son se sostiene a partir de un método extorsivo utilizado desde hace tiempo con los pobres y ahora Stornelli y Bonadío lo usan con los del poder real, que nunca pensaron ir en cana, tanto como que jamás las cárceles fueron creadas para ellos. La extorsiva invitación a declarar a cambio de libertad dejó una frase que navegó las redes sociales, balbuceada por el abogado Cúneo Libarona: “Si Sergio Taselli no sale en libertad en breve va a mentir o involucrar a alguno”. Después de la causa por el pacto con Irán todo es posible. De este modo, que se encuentren o no los cuadernos es sólo un detalle baladí, que no por ello impide al macrismo a ponerse la cocarda que no merece, la de honestidad, y echar culpas a esos cuadernos que no son por la situación imperante o a la pesada herencia, que en definitiva para ellos es lo mismo. Pero no es la pesada herencia ni CFK el problema, sino sus políticas espantosas y elitistas, desinvirtiendo en áreas sensibles como la investigación científica y la educación, y vilipendiando a sindicatos y

Nacionales, Opinion, Portada

Ana Castellani: “No hay manera de que los empresarios finjan demencia”

Fuente: Carlos Romero | Revista Zoom Fecha: 22 de AGO 2018 A fines de 2015, Ana Castellani –doctora en sociología, investigadora del Conicet y docente– fue una de las intelectuales que adelantó con mayor detalle las consecuencias económicas que tendría la llegada de Mauricio Macri y su proyecto a la Casa Rosada. El 29 de octubre de aquel año, antes del balotaje, publicó un tuit que, visto desde el ahora, sorprende por su exactitud predictiva: presagiaba la devaluación del peso y la suba del dólar, el aumento de precios y tarifas; las caídas del salario, el consumo y el mercado interno, la apertura importadora y el cierre de pymes, la fuga de divisas, el ajuste del Estado, la toma de deuda y el rumbo económico dictado desde el exterior, así como el retroceso en jubilaciones y en políticas culturales, científicas y sociales. De todos modos, Cambiemos logró sorprender a Castellani. “Jamás me hubiera imaginado que, tan rápidamente, iban a llegar a este nivel de inconsistencia macroeconómica, que no sé cómo se puede sostener, no hasta las elecciones del año que viene, no sé cómo se puede sostener hasta fin de año”, advirtió. Coordinadora del Observatorio de las Elites Argentinas y directora de la Maestría en Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín, Castellani integra el Grupo Fragata, donde diversos intelectuales y académicos críticos del oficialismo, analizan la situación del país y buscan aportar a una propuesta opositora. En una escena política, judicial y mediática copada por los cuadernos de Centeno, la investigadora consideró que, en esta oportunidad y a pesar de la estrategia de los arrepentidos, “no hay manera que los empresarios finjan demencia”. Sostuvo que “la colusión público-privada en torno a la obra pública existe desde los 60, no desde ahora”, con “jugadores muy pesados” que no pueden decir que fueron “pobrecitos extorsionados”. – ¿Cuál considera la clave para evaluar a la gestión Cambiemos? – Siempre, para evaluar a un gobierno, miro la orientación de sus políticas públicas, y estas no las comparto para nada, porque veo que benefician exclusivamente a unas pocas fracciones, incluso del capital, y perjudican a otras y a la gran mayoría de los argentinos, que somos los que vivimos de nuestros trabajos, en su múltiples formas y relaciones laborales. Esta orientación de las políticas públicas es el principal problema, porque apuntan a una distribución regresiva del ingreso, hacia un shock de precios relativos que benefician a tres sectores: bancos/finanzas, agroindustria, y energéticas y mineras. Es lo más grave del gobierno de Macri y sus efectos son clarísimos: los grandes perjudicados en estos tres años hemos sido los trabajadores. – ¿Esto tiene que ver con que el deterioro del salario es una condición que le conviene a los sectores favorecidos por la política del oficialismo? – A todos, a la larga, no, porque una parte importantísima de la producción local está volcada al mercado interno. Si estás acogotando la demanda interna, ¿con qué traccionás? En la demanda tenés tres componentes claves para que traccionen: el consumo; la inversión, pública o privada, o las exportaciones. El poder adquisitivo de los salarios en el año uno tuvieron un sablazo; en 2017, más o menos, empardaron a la inflación, pero la mayoría de los trabajadores no recuperó lo perdido en 2016, y en 2018 vamos derecho a una pérdida clarísima, a lo que se suma la destrucción de puestos de trabajo y el reemplazo en el sector privado formal con monotributo social, una instancia mucho más precaria. Si en 2018 ya tenemos esta situación, el consumo interno no va a ser el motor. La gran apuesta era la inversión y tampoco se da, porque el sector público la traccionó en 2017 pero ahora ya no puede hacerlo por el ajuste fiscal que se le impone. ¿Y por qué? Porque la medida número uno, que para mí es el error más grave y además totalmente buscado, es la salida del cepo. – ¿Qué efectos desencadenó esa política? – Significó desregular la Cuenta Capital y todo lo que tenga que ver con tasas de interés, comisiones y más en el sistema bancario y financiero, encareciendo mucho ese costo, asfixiando a las productoras locales. Se le suma la apertura de importaciones, el deterioro del salario real y una política monetaria del Banco Central en 2016 y 2017 de esterilizar la deuda que se toma, emitiendo deuda en pesos a tasas altísimas de corto plazo. Es la bomba de Lebacs que están tratando de desarmar, cambiándola por Letras del Tesoro en dólares, y ni siquiera lo logran por completo y eso presiona sobre el tipo de cambio… – La descripción suena a una tormenta perfecta. – Hoy estamos en el peor de los mundos. Jamás me hubiera imaginado que, tan rápidamente, iban a llegar a este nivel de inconsistencia macroeconómica, que no sé cómo se puede sostener, no hasta las elecciones del año que viene, no sé cómo se puede sostener hasta fin de año. Realmente es muy preocupante. – Sin embargo, el reflejo político y social no es aún un escenario tipo 2001. – Que la estás pasando mal y que esto va mal, no te lo tiene que venir a explicar nadie, porque lo vivís todos los meses. Cómo se traduce ese malestar en términos de interpretación y acción política, eso es otra historia y es donde aparecen los intelectuales, los políticos o los comunicadores sociales tratando de ponerle sentido, brindando alternativas. Porque la persona que va al trabajo todos los días o está angustiada porque lo perdió, ve cuál es la situación, pero no necesariamente tiene por qué saber las causas macro que generaron eso. – ¿Ahí es donde se introducen discursos como el “se robaron todo”? – Habrá algunos que crean que todo es porque se robaron un PBI, cosas insólitas, que ya de por sí son falacias en sí mismas. Nadie se puede robar un PBI, nadie tiene idea de lo que es un PBI. O lo de 60 millones de dólares en bolsos.

Nacionales, Opinion, Portada

Jueces a la carta

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 12 de AGO 2018 Luego de asesinar a varias esposas, Barbazul pidió un juicio justo. El tribunal que debía juzgarlo, a criterio del acusado, debía estar conformado por Carlos Monzón, O. J. Simpson y la madrastra de Blanca Nieves. El abogado de una de las familias de una de las esposas asesinadas le recordó al poder judicial que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “ningún habitante de la Nación puede ser… juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. También le recordó al sufrido abogado que un juez no puede tener interés en el resultado de la causa que juzga. El selecto tribunal conformado por Carlos Monzón, O. J. Simpson y la madrastra de Blanca Nieves rechazó la recusación del abogado en duros términos, llegando a decir que lo dicho por el abogado afectaba su buen nombre y honor como tribunal. Entonces el abogado recurrió a la Cámara de Apelaciones y realizo el mismo planteo y la Cámara razonablemente le hizo lugar y cambio el tribunal por un tribunal que no estuviese tan involucrado en hechos de violencia de género. Lo anterior es un mal cuento de hadas, aun con final razonable. Debo señalar que los refutadores de leyendas – o de cuentos de hadas— de Quilmes han copado el poder judicial argentino. Y es claro que ya no está el único hombre sensible de Flores en ese Poder Judicial. Y ya no hay finales razonables en la Argentina real. No al menos en el Poder Judicial. Voy a contarles una historia de estos días. Que no es razonable. Hay un fiscal que se llama Stornelli. Ese fiscal fue apartado de una causa que se llama Río Turbio, porque imputó a Roberto Baratta con unos convenios que NO estaban firmados por Baratta. Entonces el juez de la causa resolvió apartarlo por haber sido parcial con el imputado. Eso pasó en marzo de 2018. Los diarios de la fecha dan cuenta de que Stornelli no estaba particularmente feliz con la decisión de ser apartado. El 26 de marzo de 2018 Stornelli se tomó un café en su casa con un periodista de La Nación que se llama Diego Cabot, que le contó una historia que involucraba unos cuadernos mágicos que contaban el circuito de la corrupción K, escritos por el chofer de Baratta. Stornelli le propuso que le presentara la denuncia en su fiscalía. De onda. Y Cabot fue y presentó la denuncia. El 12 de abril de 2018. La denuncia señalaba como principal imputado a… Roberto Baratta.  Todo el sistema no parece muy formal, ¿no? No, y no lo es. Tampoco parece correcto que un fiscal apartado por ser parcial  tome una denuncia contra la persona que lo apartó. No lo parece y no lo es. Cabot le dio a Stornelli unas fotocopias de los cuadernos. Con esas fotocopias Stornelli fue a visitar al entrañable juez Claudio Bonadío. Y Bonadío sonrió. Pero dejó de sonreír cuando se preguntó como haría para ingresar esa causa a su juzgado. Entonces se acordó de una mujer, la esposa del chofer que habría escrito los cuadernos. Ya una vez la mujer había presentado una denuncia en lo de Bonadío. “Recórcholis”, habrá dicho al recordar que esa vez no tomó esa causa, sino que, con toda corrección, la mandó a sorteo. “Ves, eso me pasa por cumplir una vez con la ley… la reputa madre… Traela a declarar”, le habrá ordenado a alguien. Y así Bonadío es el juez que se hizo forum shopping a sí mismo. Esa es la historia de como un fiscal que no podía intervenir y un juez que no había sido sorteado como manda la ley se quedaron con la causa. Con lo que no se quedaron, sorprendentemente, ¡es con los cuadernos!, donde el arrepentido se rearrepintió y los quemó, aunque ni usted ni yo ni nadie lo crea realmente. Mi amigo Pablo Slonimsqui en el libro que hay que comprar estos días – Forum Shopping Reloaded—  hace un catalogo de intervenciones más o menos encubiertas de los servicios de inteligencia para influir en la justicia: Querido Pablo, deberías agregar: Escribir cuadernos, fotocopiarlos y luego quemarlos… Pirueta feroz, que no se le ocurrió ni a Mata Hari. Vamos a señalar que las fotocopias no son pruebas en si mismas, son indicios que NO tienen el valor del original, pero que pueden servir como un elemento para orientar la investigación, en palabras de Zaffaroni. El detalle de cómo Stornelli y Bonadío orientaron la investigación es por cierto curioso. Detuvieron a varios ex funcionarios y a varios empresarios. Buscando que un finde en la alcaldía de Comodoro Py los ablandase. Y en efecto lo consiguieron, porque varios empresarios “se quebraron” y solicitaron acogerse al régimen de arrepentido. Mas curioso fue el caso de empresario Ángelo Calcaterra, que no fue detenido y que organizó su declaración en forma conjunta con el fiscal de la causa el sábado anterior a presentarse y declarar (¿?). Deben ser las ventajas de ser un primus – no inter pares, solo un primus—, deben ser. Cosas que si las hubiese sugerido como posibles a mi profesor de derecho procesal penal, me habrían mandado de vuelta a casa con orden de volver en el próximo turno de examen. Detalle delicioso que demuestra lo que es una investigación parcial tanto en lo periodístico como en lo judicial son dos nombres que aparecen en el cuaderno y que fueron omitidos tanto por Cabot como por Bonadío en primera instancia. El primero de ellos es el de Paolo Rocca, dueño de la más importante empresa que actúa en la Argentina que se llama Techint. Sí, en los cuadernos aparece Techint, pero se ve que no revestía interés periodístico el detalle. Ni judicial, para el caso. La convocatoria a un ejecutivo de Techint fue recién efectuada luego que se hiciera publico que aparecían en las fotocopias. El otro nombre misteriosamente no visto ni por La Nación ni por la

Nacionales, Opinion, Portada

La quimera de la transición

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 12 de AGO 2018 No hay nadie en la Argentina que se atreva a augurar un futuro exitoso para el gobierno de Macri. Tal vez si le preguntan a Alejandro Rozitchner puede ser, pero hablamos de gente que interactúe más o menos razonablemente con la realidad. El presidente y la coalición que lo sostiene han entrado en una franja de evidente descomposición política; no hay un solo pronóstico positivo en materia de inflación, salarios, ocupación, balanza comercial, crecimiento industrial. Nada de nada. La política de la mentira y la manipulación toca su límite. Hay algo en la escena política a partir de los últimos días que adelanta, o por lo menos insinúa, un corrimiento táctico de algunos sectores del poder. La explosión de los cuadernos Gloria parece tener algo que decir en esta cuestión. La puesta al rojo vivo de la vieja cuestión de los negocios espurios con la obra pública no puede dejar de ser observada desde un punto de vista distinto de la alharaca mediática: ¿nada menos que la relación entre el estado y las empresas de la construcción es lo que está en el centro de la escena?, ¿en medio del gobierno de una persona de apellido Macri? La verdad es que el gobierno estaba necesitando como el pan algún asunto que lo sacara de la asfixia discursiva y política: ¿cuánto tiempo podría el presidente pasar llamando a conferencias de prensa en medio del derrumbe, en las que sus frases no pudieran pasar el nivel del célebre Chance de la novela “Desde el jardín” de Koszinsky? Hay que reconocer el mérito del ejército de manipulación psicológica que, según es fama, dirige Durán Barba. Pero la mentira puede jugar un papel en un proyecto de dominación hasta un cierto límite. Necesita, tarde o temprano, de algún elemento material y real que le provea cierta legitimidad. Menem hizo una contrarrevolución neoliberal en la Argentina y logró revalidarse y ser reelecto; pero Menem contó con un conjunto de condiciones precariamente favorables. Tenía un sector público de la economía que liquidar a cambio de la apertura de la canilla del endeudamiento. El proyecto (el saqueo) duró todo el tiempo que la canilla se mantuvo abierta. Después voló por los aires, en las lamentables manos de De la Rúa y la primera alianza. Macri no tiene promesas que hacer a la sociedad argentina. No se puede llamar promesa a decir que los argentinos gastamos más de lo que producimos, que hay que gastar menos y producir más. Todo el mundo sabe que cuando escucha en su familia decir una frase así se vienen tiempos terribles. Políticamente la frase equivale, como además se dice enfáticamente, a borrar siete décadas de historia. Pero no es solamente la historia argentina que empieza con el primer peronismo. Es borrar la historia del mundo después de la segunda guerra mundial. La historia del estado social, la historia de los derechos laborales y sociales, la historia de la promesa de que los hijos vivirían mejor que los padres. La memoria no se suprime por una conferencia de prensa. He aquí que el chofer de un ex funcionario público irremediablemente kirchnerista llena de palabras un montón de cuadernos, los difunde a través de un periodista y después los quema, o cree haberlos quemado. El heroico periodista luce como el autor de la investigación. ¿Qué investigación? Lo que siguió -en el momento en que los autores de la operación consideraron oportuno- fue un operativo infernal, de estilo nazi. Muchos presos, muchos “arrepentidos” (ninguno de los cuales se arrepiente tanto de su conducta como de su relación, real o supuesta, con Néstor y Cristina Kirchner). Todo apunta a la prisión de Cristina Kirchner, el móvil principal por el que viene trabajando el establishment argentino y sus referentes globales por lo menos desde principios del año 2008. Hasta aquí todo bien para Macri. Porque hay otro tema del que hablar, sin tener que explicar la caída de la industria, la caída del salario, la caída del empleo, la subida de los precios, la subida del dólar. Más aún algún comentarista económico eufórico por la buena nueva ha escrito (dónde, si no en Clarín) que la economía argentina ha entrado en una zona problemática a causa de la falta de confianza internacional que provocan ¡los cuadernos del remís! Sí, adivinó el lector, lo sugiere Bonelli en su columna semanal, el mismo que llamaba a confiar en Cavallo, en De la Rúa y en el FMI allá por los finales de 2001. Macri participa de la euforia, pero hasta cierto punto. Sabe que no es lo mismo el operativo clamor contra Cristina que su suerte en el futuro inmediato. Encuentra que hay más de uno que se prueba las ropas que va a dejar. Que ha aparecido un nuevo relato en esta Argentina tan relatada. El nuevo relato se quiere parecer a uno viejo que ocupó el centro de la escena en medio del derrumbe de la primera alianza. Dice así: hay un solo enemigo y es la corrupción. Los políticos (todos) agitan falsas banderas para justificar sus injustificables ingresos. Hablan de proyecto nacional y popular, de reivindicaciones sociales. Pero no sólo eso, también hablan de cambio, de transparencia, de pobreza cero… Hay que salir de los gobiernos “ideológicos”. Hay que construir un centro político de naturaleza moral y de pericia técnica. Ese centro político tiene que guiar una transición. Es necesario formar un “gobierno de transición”, un “gobierno técnico” como usaba la política italiana antes de que los italianos castigaran despiadadamente en las urnas a su clase política. Hay que encontrar la figura que encarne ese gobierno que esté por encima de la política. Son muchos los candidatos. Puede ser cualquiera, lo único imprescindible es que no tenga sospechas de cercanía con Cristina Kirchner. Y cada vez es más difícil que tenga chances alguien que forme parte de las cercanías de Macri. Por ahora, es decir mientras las variables económicas se mantengan dentro de un

Nacionales, Opinion, Portada

Derechos y ajuste

Fuente: Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 12 de AGO 2018 Las políticas de ajuste y el incumplimiento (y no reconocimiento) de los derechos son dos caras de la misma moneda. Esta es una de las tantas conclusiones que pudieron extraerse esta semana en torno al debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Un capítulo más de un histórico proceso que no finalizó con el rechazo en el Senado y que seguirá tomando cada vez más impulso. El tema está más instalado que nunca y forma parte de la lucha de amplios colectivos sociales por el respeto a las justas e impostergables reivindicaciones de género. El impulso es tal que hasta hubo manifestaciones de apoyo fronteras afuera. A pesar de la negativa de los senadores, no hay que perder de vista lo conseguido en la Cámara de Diputados, un ámbito donde las votaciones expresan mucho mejor las relaciones de representación y proporcionalidad. Por eso, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de tiempo, y seguramente volverá a tratarse en el Congreso ni bien los tiempos reglamentarios lo permitan. Este debate, finalmente va a terminar instalando nuevos derechos. El balance es positivo, entre otras razones porque deja en evidencia el papel clave que posee la movilización popular para la ampliación y defensa de los derechos. Algo coherente con la importancia de la resistencia ciudadana para el rechazo de las políticas que limitan derechos o recortan beneficios. La relación entre ajuste e impacto en los derechos quedó clara en la postura del gobierno en cuanto a este tema. María Eugenia Vidal afirmó: «Si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada». Según la gobernadora: «Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con la operación oncológica». Sin ánimos de personalizar, ni de discutir sobre los aspectos que pertenecen al plano médico, estas declaraciones no hacen más que escudarse en un típico principio conservador del manual neoliberal, bautizado como «la planilla de Excel»: sostener los límites presupuestarios cueste lo que cueste. A partir de esta visión resulta habitual que en temas como salud y educación, las necesidades compitan entre sí por el presupuesto. Lo que nunca es natural es que ese presupuesto se recorte y subejecute, tal como ocurre actualmente. En el límite, la fórmula es perversa: cuanto mayor sea la pérdida de derechos, más alivio sentirán quienes estén decididos a ajustar. Sin embargo, la política del recorte permanente tiene efectos concretos, tal como lo fue la explosión en la escuela de Moreno, donde murieron la vicedirectora y un auxiliar como consecuencia de estas políticas, que no afectan a todos los sectores por igual. El doble estándar de las autoridades es preocupante. Mientras las menores obligaciones para realizar gastos de tipo social generan alivio entre los ajustadores, no parece que aumente la angustia ante el creciente peso de los intereses de la deuda. Según los números de consultoras privadas, si a fines de 2015 el 7,9% de los recursos del Estado se destinaba al pago de intereses, en 2018 la partida llegará al 15,5%, casi el doble. Es una consecuencia del aumento de la deuda y de la depreciación del tipo de cambio (que repercute en la parte de la deuda en moneda extranjera). El derrotero del ajuste En una semana agitada, en la que el histórico debate sobre la legalización del aborto compartió la portada de los principales diarios con el tema de los «cuadernos», se sucedieron otros hechos que no se pueden dejar de mencionar. Las autoridades del gobierno nacional, en forma unilateral y sin tomar en cuenta las opiniones de sindicatos y empresarios del sector privado reunidos en el Consejo Nacional del Empleo, decidieron un aumento del salario mínimo vital y móvil (SMVM) del 25 por ciento. Como este incremento será abonado en 4 cuotas, este 25% se hará efectivo recién en junio de 2019. De esta forma, el SMVM que se utiliza como parámetro para el cálculo de los salarios docentes, para el haber mínimo jubilatorio por la vía del 82% móvil (excluidos quienes ingresaron por moratoria) y para las asignaciones sociales, queda en un nivel que va bien por detrás de la variación de precios al consumidor. En efecto, mientras que la inflación estimada para diciembre 2018 está por encima del 31%, los salarios mínimos habrán aumentado sólo un 27,5% para ese entonces. Esta situación no es una novedad. Desde diciembre de 2015, el poder adquisitivo del SMVM cayó un 12 por ciento. El haber mínimo de los jubilados también vio afectado su poder de compra con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad, implementada a través de la «Ley de Reparación Histórica». Estas percepciones se habrán incrementado un 27% a fines de 2018. Los más perjudicados serán aquellos que hayan ingresado al régimen de moratoria previsional, una posibilidad que durante la gestión anterior se les brindó a aquellas personas que por alguna razón no pudieron completar sus aportes. En un acto inequitativo, el actual gobierno decidió no incluirlos en el bono extraordinario de $ 750 del mes de marzo, ni tampoco en el régimen del 82% móvil. Así las cosas, estos jubilados tendrán a diciembre de este año un incremento de sólo el 21,7% (es decir unos 10 puntos porcentuales menos que la inflación estimada). El gobierno nacional también decretó el recorte en montos y beneficiarios de las asignaciones familiares que reciben los trabajadores con menores salarios. La medida fue suspendida por 30 días dada la gran resistencia social que generó. Sin embargo, es interesante analizar algunos de los argumentos utilizados para, por ejemplo, recortar el adicional por zona desfavorable. Desde el gobierno se argumentó que las provincias pagan un plus menor a los hijos de un trabajador que está bajo su jurisdicción que si el pago proviene de la ANSES (El Cronista, 09.08.18). A partir de allí el gobierno nacional aprovecha para equiparar eliminando el plus que paga. Una clara idea de «equilibrar hacia abajo», sin

Scroll al inicio