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Fuente: Carlos Heller (*)| Página/12 – Suplemento Cash Fecha: 26 de abril de 2020 Imagen: Guadalupe Lombardo Se busca instalar una discusión falsa para decir que el tipo de cambio real está atrasado, que se necesita una devaluación, y además, para justificar aumentos de precios. El tipo de cambio mayorista, se encuentra estable en torno a los 66 pesos, y el minorista en 68 pesos.  En ciertas noticias publicadas esta semana se podía leer que algunos supermercados y mayoristas estaban recibiendo nuevas listas con aumentos de precios por parte de la industria de alimentos, que en el caso de rubros como las harinas y los aceites llegaban al 10 por ciento. En este marco, cabe preguntarse por los motivos de tal conducta. Desde mi perspectiva, esto obedece a comportamientos vinculados a la puja distributiva. Es que, a pesar de la pandemia sanitaria, no dejan de observarse los rastros de la otra pandemia, una más permanente, que es la de la especulación de ciertos sectores para mejorar sus márgenes o ingresos. ¿Por qué algunos precios están subiendo cuando deberían estabilizarse e incluso bajar? En lo concreto, no existen hoy presiones por el lado de los costos. Empezando por los salarios, no hay reclamos de aumentos e incluso hay algunos sectores o empresas que aplican, o intentan aplicar, reducciones. Hay también moratorias impositivas, tasas de interés a la baja, combustibles y servicios públicos congelados. Los fletes no han aumentado. Entonces ¿por qué hay aumentos de precios? Por su parte, uno de los grandes factores de presión que suele haber sobre los precios, el tipo de cambio mayorista, se encuentra estable en torno a los 66 pesos, y el minorista en 68 pesos. No obstante, algunos operadores y comunicadores siguen tratando de instalar como referencia valores del dólar que nada tienen ver con el funcionamiento de la economía real. Un buen ejemplo es el de un conocido empresario de la industria automotriz que se preguntó: “¿Cuánto vale un dólar?”, aduciendo que si se desea obtener un dólar se paga 100 pesos (por supuesto, en el mercado ilegal) y sosteniendo que nadie vendería un dólar al valor oficial. E interpeló: “¿Qué estamos haciendo, qué distorsiones estamos creando en la economía con estos valores raros?”. Claro que, para este empresario, que siempre ve el tipo de cambio atrasado, la distorsión es la del dólar oficial. Son conceptos que en principio no parecen tener en cuenta el contexto nacional y global que se atraviesa. Así y todo, el razonamiento de fondo es que hay un dólar de mercado que valdría 100 pesos, muy lejos del dólar oficial, y que por eso suben los precios. Es una falacia absoluta. No hay ningún costo que esté influido por aquel supuesto valor de mercado. Entonces, se busca instalar una discusión falsa para decir que el tipo de cambio real está atrasado, que se necesita una devaluación, y además, para justificar aumentos de precios. En el caso de la industria de alimentos también se puede aplicar este razonamiento. Los exportadores, por ejemplo, venden y reciben del Banco Central pesos al cambio oficial. Tratar de tener ingresos por encima de la paridad exportadora, utilizando para ello un dólar alternativo, es una expresión de la puja por apropiarse de ingresos del resto de los sectores y la población, algo que siempre es cuestionable, pero que es aún más grave en tiempos de emergencia como el actual. Hay que decirlo nuevamente. La operatoria de “contado con liquidación” (CCL) que consiste en comprar un activo financiero en pesos en el mercado local y venderlo en dólares en el exterior, es “legal” (aunque a mi entender, ilegítima), y no es representativa de las transacciones de la economía real y las financieras vinculadas a ésta.  El CCL maneja volúmenes muy bajos y su precio refleja una especulación que se expresa en una volatilidad extrema. Desde fines del año pasado el “contado con liqui” evidencia una suba exagerada, y ha estado muy influido por las presiones en el marco de la reestructuración de la deuda. Esta situación determinó que, en la semana, tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Valores tomen medidas para restringir la utilización de estos instrumentos. Por ejemplo, poner límites a la tenencia de moneda extranjera en los Fondos Comunes de Inversión denominados en pesos, o prohibir las operaciones de caución bursátil en los bancos, entre otras. No hay dudas de que la única distorsión que tratan de salvar ciertos sectores concentrados es la de sus potenciales menores ganancias. Por eso, ningún análisis serio de precios debe basarse en un valor altamente volátil como parámetro de competitividad. Es una conducta que podría calificarse de mezquina y antisocial, en especial en estos tiempos de pandemia. (*) Diputado Nacional Frente de Todos. Presidente Partido Solidario.

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 25 de abril de 2020 Qué dicen los medios de comunicación y por qué Macri se acerca a la derecha intelectual en plena pandemia. No se sabe si vendrán muchos o pocos médicos cubanos al país para colaborar en la lucha contra la pandemia. Serán muchos o pocos, vendrán ahora o dentro de un tiempo.  Lo único que se dijo desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires es que no habría obstáculos para que vinieran, en caso de ser necesario. Parece bastante sensato todo… Sin embargo, la campaña contra “los médicos cubanos” ya está lanzada. ¿Por qué no tendrían que venir? Puede empezarse por el siempre desopilante Ricardo Roa : “Si algo se necesita son terapistas y los cubanos son generalistas en el mejor de los casos”, dijo en su columna en Clarín.  Es decir que se rechaza a los médicos cubanos porque son generalistas…Hablando en serio, lo que está clarísimo en estos días es el estado de irritación y agresividad en el que la derecha –a través de los grandes emporios mediáticos- ha entrado en los días del coronavirus.  En ese clima resucita un vocabulario macartista propio de los tiempos de la guerra fría. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. El ex presidente Macri es el militante argentino más intenso de esa irritación y esa agresividad. No hay que olvidar nunca el clima que rodeó su acceso al gobierno en 2015. Era la gran oportunidad  de la derecha argentina de construir una referencia electoral duradera capaz de sostener el tránsito sin regreso al dominio irrestricto del gran capital local y global sobre el territorio argentino. Ahora Macri es, para la mayoría de los argentinos y argentinas, un pasado al que no se quiere volver. No dirige ni a su propio partido. De ahí en adelante los dos caminos que se le abren son el regreso pleno al mundo privado –con el riesgo de que debilitado políticamente, sus asuntos empresariales y judiciales empiecen a no funcionar de modo tan aceitado como hasta ahora-, o la pelea por permanecer en el centro de la escena política. En esa lucha política que ahora insinúa tiene que resolver un problema principal: la parte de su fuerza que tiene poder territorial ha decidido no apostar al envilecimiento del clima político en el contexto de una importante amenaza a la vida de muchos argentinos y argentinas. Por eso alrededor de Macri solamente permanece un puñado de ex altos funcionarios durante su presidencia, que lo secundan en su arremetida contra el gobierno. Gobernadores e intendentes han entendido que una oposición dura contra el gobierno podría distanciarlos irreparablemente del estado de ánimo popular y además Macri no es un compañero de ruta ideal en esta coyuntura. Habrá que ver cómo evolucionará la relación de fuerzas ente los legisladores de la derecha. Por eso Macri prefiere la cercanía con Vargas Llosa y el grupo de políticos e intelectuales que claman contra el populismo y sostienen una visión del mundo completamente funcional a los grupos poderosos del régimen capitalista con centro en el sistema financiero en el que hoy vive gran parte del mundo. Nada de intervención del estado, defensa irrestricta del “mercado”, rechazo de la redistribución, impulso de la precarización laboral son parte del santo y seña de este grupo. El enemigo es el  populismo, concepto que incluye a todos los gobiernos más o menos independientes de Estados Unidos y a las corrientes políticas, intelectuales  y sociales que desafían al neoliberalismo, incluido el papa Francisco. Desde esa trinchera el ex presidente argentino confía en reunir a la parte de la sociedad –hoy circunstancialmente muy pequeña- que está dispuesta a cualquier cosa con tal de derrotar al populismo. Hasta ahora la expresión de este núcleo duro ha sido de resonancias muy pobres: unos pocos caceroleros en reducidos espacios de la ciudad de Buenos Aires. Pero la apuesta de los halcones macristas está en la esperanza del desgaste del gobierno en un proceso que augura grandes dolores completamente inhabituales para la población. Ya la cuarentena es un escenario altamente sensible. Y ya nadie espera que sea una cuestión de días o de semanas como la ilusión de muchos pudo haber imaginado. Y nadie debería confundir un buen desempeño general del gobierno y el pueblo con la garantía contra pérdidas que serán costosas. Hemos entrado en un camino largo y doloroso. Propicio, por lo tanto para mechas que puedan atraer al incendio. El documento de Macri no le interesa hoy a casi nadie, pero nada asegura que no sucedan hechos que puedan ayudar a recuperar su imagen. El país va a ser más pobre en esta etapa. Por lo menos desde el punto de vista del PBI. Pero tal vez sea interesante pensar si no podemos ser más ricos después de esta experiencia. Claro que esto no vale solamente para nuestro país, pero es interesante pensar el futuro global desde nuestro modesto rango de influencia. Y el futuro no es “lo que nos pase” sino lo que estamos en condiciones de hacer y decidamos hacer. ¿Cómo seríamos más ricos y en qué sentido? Tendríamos que proponernos salir de la crisis más ricos en solidaridad, capacidad de acción colectiva, sentido de pertenencia nacional, conciencia sobre la realidad del país, capacidad crítica de nuestro propio modo de vida. Más ricos, políticamente, en el sentido más amplio y más elevado de la palabra. La derecha ha puesto a la libertad en el centro de su discurso. Y tal vez sea la libertad el gran centro de una discusión nacional y global. La civilización capitalista y neoliberal es el modo histórico más antagónico con la libertad y más antagónico con la vida. Es el reino de la libertad de las mercancías (que viajan por el mundo en su forma material o virtual, sin restricciones de ningún tipo). Pero no es la libertad de los seres humanos. Ni la libertad de las naciones. Es, por el contrario, el reino de los automatismos, de lo infinitamente igual aunque se vista de las más diversas formas. Es la civilización

Por EDUARDO S. BARCESAT* El 10 de abril de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta la Resolución 1/2020, donde aborda en su integralidad la situación, mundial y regional del conjunto de los derechos humanos comprendidos y tutelados por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en consonancia con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo hace en tanto existe uniformidad en cuanto a la tutela y resguardo, en los cuerpos normativos, de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad de las personas.- La Res 1/2020 hace particular hincapié en la vigencia y exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA), y en las medidas de acción positiva que deben realizar los gobiernos americanos para asegurar esa efectividad de los DESCA.- En un anterior documento sobre la deuda prioritaria de la salud, transcribimos el punto 18 del resolutorio del pronunciamiento de la CIDH. Corresponde ahora analizar las medidas económicas e impositivas que deben ser adoptadas por los Estados para asegurar, como se dijere, la efectividad de los DESCA.- El punto 13 del texto resolutorio establece: “Disponer y movilizar el máximo de los recursos disponibles, incluyendo acciones de búsqueda permanente de dichos recursos a nivel nacional y multilateral, para hacer efectivo el derecho a la salud y otros DESCA con el objeto de prevenir y mitigar los efectos de la pandemia sobre los derechos humanos, incluso tomando medidas de política fiscal que permitan una redistribución equitativa, incluyendo el diseño de planes y compromisos concretos para aumentar sustantivamente el presupuesto público para garantizar el derecho a la salud. (subrayado, nuestro).-             En el punto 19 del resolutorio, se establece: “Exigir y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos, adopten procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y rindan cuentas ante posibles abusos e impactos negativos sobre los derechos humanos, particularmente por los efectos que los contextos de pandemia y crisis sanitarias infecciosas suelen generar sobre los DESCA de las poblaciones y grupos en mayor situación de vulnerabilidad y, en general, sobre las personas que trabajan, las personas con condiciones médicas sensibles y las comunidades locales. Las empresas tienen un rol clave que desempeñar en estos contextos y su conducta debe guiarse por los principios y reglas de derechos humanos aplicables.-“ Bien, esta es la manda resolutoria de la CIDH, uno de los órganos previstos por la Convención Americana de Derechos Humanos, en su Protocolo Adicional, ratificado por la nación Argentina y convertido en normativa de jerarquía constitucional por la Reforma del año 1994 (art. 75, inc. 22°, C.N.). Si bien esta sola mención satisface la respuesta al porqué de la imperatividad de sus resoluciones, debemos agregar algunas consideraciones complementarias.- Conforme el Diccionario de la Real Academia, el término “resolución”, tiene los siguientes significados: “acción y efecto de resolver; cosa que se decide; decreto, providencia, auto, o fallo de autoridad gubernativa o judicial; resolución judicial firme; resolutorio que por no ser susceptible de recurso, se considera como definitiva.-“ Que sepamos, ningún gobierno americano ha impugnado o  antes bien, podría sostenerse, en el caso del Gobierno Nacional, que ha sujetado su obrar en materia de deuda exterior, suspendiendo el pago de vencimientos de dicha deuda, que debió operar el 20 de abril de 2020, a lo que dispone el punto 18 del Resolutorio de la CIDH invocado en nuestro primer documento público.- Resta examinar un tema más, y es el del modo de funcionamiento del Poder Legislativo  de la Nación. A la fecha de elaboración de este documento, la CSJN aún no se ha pronunciado sobre la acción declarativa de certeza promovida por la Cámara de Senadores, con el apoyo de la Cámara de Diputados. Sólo el dictamen, no vinculante, del Procurador General (interino), ha colectado todos los argumentos doctrinarios decimonónicos para desestimar la presentación. Pero, curiosamente, no ha invocado, nada  siquiera, de lo dispuesto en la Resolución 1/2020 de la CIDH.-             Y es el caso que en el punto II. Estados de excepción, libertades fundamentales y Estado de Derecho, primer párrafo, de la Res. 1/2020 de la CIDH, se dice: “Teniendo en cuenta que la Democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos y que la naturaleza jurídica de las limitaciones a dichos derechos puede tener impactos directos en los sistemas democráticos de los Estados, la Comisión reafirma el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos, y las instituciones de control, en particular los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia” (subrayado nuestro).-             Es de aguardar, y así lo propiciamos, que la CSJN preste mejor observancia a la supremacía constitucional (art. 36, C.N.), y si no lo resolviere conforme ese deber, sepan las autoridades del Congreso de la Nación que tienen el pleno respaldo de la normativa emanada de la CIDH para funcionar con los recaudos del contexto de pandemia.- Profesor Titular Consulto, Fac. de Derecho; UBA Convencional Nacional Constituyente año 1994

Fuente: Carlos Heller (*) | Página/12 Fecha: 12 de abril de 2020 La Argentina es un país que estaba en emergencia antes de esta emergencia. Es decir: es un país con emergencias superpuestas. En el primer proyecto convertido en ley que trató en sesiones extraordinarias el Parlamento en la gestión de Alberto Fernández se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Por eso, la emergencia generada por la pandemia del coronavirus se produce en un país donde ya se habían declarado nueve emergencias previas. Había crisis antes de la crisis. Y, por supuesto, en cualquier país donde hay una emergencia potenciada hacen falta recursos crecientes. Estamos en una situación de alta complejidad que requiere de madurez, serenidad y consensos. No hay que olvidarlo ni un minuto: los mayores recursos que hoy se necesitan están directa o indirectamente vinculados a salvar vidas. En esta perspectiva, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en la antesala de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial, afirmó con relación a los pasos a seguir en el marco de la pandemia: “Primero, continuar con las medidas de contención imprescindibles y respaldar los sistemas sanitarios. Algunos afirman que existe un conflicto entre salvar vidas y preservar los medios de vida. Yo digo que este dilema es falso. Dado que se trata de una crisis pandémica, es necesario derrotar al virus y proteger la salud de las personas para alcanzar la recuperación económica”. Para ello, en el país de las emergencias superpuestas se necesitan más camas, más respiradores, más remedios, más comida. Tenemos en la Argentina un Estado que fue achicado y endeudado durante los últimos cuatro años, y que hoy se enfrenta con una demanda descomunal de recursos para atender las necesidades crecientes en el escenario de la pandemia. Es en este contexto que estamos trabajando en un proyecto para establecer un tributo extraordinario con una asignación específica, es decir, orientado a contribuir a resolver los problemas emergentes de esta crisis y tendiente a ayudar a los sectores más afectados. Como punto de partida estamos trabajando sobre un universo referido a un bajísimo porcentaje de la población con altos patrimonios y grandes ganancias. Ante la enorme necesidad, ese sector de la sociedad puede contribuir sin que ese aporte los afecte demasiado: luego de pagar ese tributo seguirán siendo tan millonarios como antes. En muchos países del mundo se está pensando en este tipo de imposiciones excepcionales. En una nota de hace unos días el Financial Times les pidió a los gobiernos un papel más activo en la economía y reformas de fondo sobre el rol del Estado y la distribución del ingreso. El periódico británico consideró que “será necesario poner sobre la mesa reformas radicales, que inviertan la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía”. Agregó, además, que “la redistribución volverá a estar en la agenda (…) Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla”. En ese sentido, remarcó que “se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos”. En una perspectiva similar, crece la demanda para colocar en la agenda de discusión global el tema de la evasión y las guaridas fiscales. Las cifras son escandalosas. En un informe de CEPAL llamado “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2019” se afirma que “el costo regional de la evasión y la elusión fiscal es el equivalente al 6,3 por ciento del PBI en el 2017, lo que equivale a 335.000 mil millones de dólares. En tanto, los flujos ilícitos, producto de la manipulación del comercio internacional de bienes, llegaron a los 85.000 millones de dólares, es decir, 1,5 adicional del Producto Bruto. “La desigualdad de riqueza o de patrimonio en América Latina es mucho más grande que la desigualdad medida por ingresos”, afirmó Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Y agrega que por eso él entiende que un impuesto a la riqueza es una alternativa válida y un instrumento muy útil dado que los países de América Latina necesitan aumentar la carga tributaria de una manera más progresiva. Según el FMI, en los últimos dos meses salieron de los mercados emergentes aproximadamente 100.000 millones de dólares de inversiones de cartera, monto más de tres veces mayor que en el mismo período de la crisis financiera mundial ocurrida a partir de 2008. También Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una organización integrada por investigadores y activistas preocupados por la evasión de impuestos y los “paraísos” fiscales, afirma que hay entre 8 y 35 billones de dólares en esas guaridas fiscales. En la Argentina, la AFIP acaba de informar sobre la existencia de 950 cuentas sin declarar radicadas en esas guaridas. Se trata de alrededor de 2.600 millones de dólares. La información había sido provista por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2017 pero no fue analizada por la gestión de Mauricio Macri. En los cuatro años de ese mismo gobierno salieron del país 88 mil millones de dólares, una consecuencia de la apertura de la economía que habilitaba a cualquiera a comprar dólares y llevarlos libremente al exterior. La Argentina, por otro lado, pagó 12.400 millones de dólares de intereses durante 2019 sólo por la parte de la deuda en dólares. En esta perspectiva, resolver el tema de la deuda sigue siendo una cuestión fundamental. Finalmente, el Presidente Alberto Fernández, luego de mostrar los resultados de la primera etapa del aislamiento social obligatorio, decidió en línea con los expertos médicos, entre otros sectores consultados, extender la medida hasta el próximo 26 de abril. Es decir: el Presidente mostró que hay un camino y ese camino está dando resultados. Apartarse de él sería una locura. Mantenerlo, dado los costos sociales y económicos del aislamiento, requerirá de todos nuestros esfuerzos y creatividad